¿Cuáles terrenos? De cuadras, precios y calidades

La compulsa de las fuentes permitió detectar 66 transacciones⁷, de las que la mayor cantidad correspondieron a ventas (36) y donaciones/mercedes (21), seguidas por pocas divisiones de propiedades (3), contratos de arrendamiento y trabajo (4), permuta (1) e hipoteca (1). Si bien estos intercambios se distribuyeron a lo largo de todos los años del periodo se puede apreciar un incremento a partir del momento en que el gobierno intendencial comenzó a interesarse en la zona para obtener recursos, pero también para premiar y compensar servicios prestados a la causa revolucionaria. Así, si hasta 1814 no superaron las 3 acciones anuales (excepto en 1811 que llegaron a 5, aunque hay que marcar que 2 de ellas conformaron divisiones de propiedades adquiridas con anterioridad), desde 1815 superaron la media docena: 6 en 1815; 12 en 1816; 15 en 1817 y 9 en 1818. No obstante, en 1819 volvieron a bajar a solo 2 transacciones.

La intervención del cabildo como ejecutor de las disposiciones del gobernador Luzuriaga y de San Martín (a cargo de la expedición militar a Chile) resultó clave en la dinamización de los terrenos. No es casual que luego de los bandos publicitando las ventas de tierras públicas en Barriales en 1815, sumado al contrato de construcción de la acequia matriz, se generaran al menos 6 compras/solicitudes durante 1816, 9 en 1817 y 3 en 1818. A su vez, las mercedes por méritos patrios (incluyendo a San Martín y su hija), implicaron 3 otorgamientos/solicitudes en 1816, 6 en 1817 y 3 en 1818. La información de la que se dispone es fragmentaria puesto que no se ha conservado toda la documentación de estos procedimientos, de allí que no se puede saber cuántos culminaron en escrituración. Tampoco se dispone de datos específicos sobre la aplicación del bando que disponía el pago de la esclavatura cedida por los vecinos con tierras en Barriales⁸. Así, un vecino que requirió autorización de riego en 1855 informaba que sus 125 cuadras sin agua las había recibido del gobierno en compensación por los 2 esclavos entregados en 1817; sin embargo, no se ha hallado registro que permita confirmarlo. En cambio, el reclamo de José Pescara en 1819 de terrenos que cubrieran el monto de los 3 esclavos entregados generó la inmediata disposición de mensura y otorgamiento, ambas conservadas en el mismo expediente⁹. No obstante, más allá de este déficit de fuentes, resulta evidente que parajes en torno del camino de carretas a Buenos Aires, a 10 leguas promedio al sudeste del casco urbano, comenzaron a ser más atractivos para los negocios personales y públicos al menos desde 1815. (Tabla 1)

Tabla 1: Distribución de transacciones según el tamaño de terrenos en Barriales 

Fuente: Elaboración propia a partir del corpus documental referido al comienzo.

Ahora, si aumentaron las transacciones, disminuyó el tamaño de las propiedades intercambiadas, como se ha mostrado también en un más largo plazo para otros casos provinciales (^{Banzato, Barcos y D’Agostino, 2011}, p. 9). En efecto, hasta 1810 predominaron las de más de 1000 cuadras: Gregorio Villanueva logró por remate público 4000 en 1800¹⁰ y José Herrera vendió a José Vicente Zapata 3871 en 1807, siendo esta última una porción de las alrededor de 8000 que él había adquirido en 1805 o 1806¹¹. En esa primera década del XIX también se comercializaron un casco de estancia de 6500 cuadras y otro de 880¹², mientras que en los siguientes años se multiplicaron los tratos por menor superficie.

Hay que agregar, incluso, respecto de ese deslinde menor a 100 cuadras, que la mayoría (22) fueron por menos de 19¹³. En este sentido, algunas de las grandes propiedades se fragmentaron por diferentes transacciones en varias más pequeñas. Villanueva dividió esas 4000 cuadras realengas obtenidas por remate entre él, Jacinto Godoy y Antonio Villegas, con quienes, al parecer, las había comprado en sociedad¹⁴; luego, Godoy vendió a otros tres vecinos asociados 1089 cuadras que, en 1811, fueron subdivididas según el dinero aportado por cada uno¹⁵. Esta estrategia también la ejecutó José Herrera, un residente procedente de Chile, quien adquirió casi 8000 cuadras en 1805 o 1806¹⁶, las cuales desarticuló en múltiples ventas y donaciones: en 1807 vendió a José Vicente Zapata una buena porción y, en ese mismo acto, reservó 200 para el escribano José Porto y Mariño y 100 para Damián Álvarez¹⁷, en 1809 donó 200 a Luis y José Villegas¹⁸; en 1811 vendió 640 a Andrés Godoy y 114 a la sociedad del Colegio (agregando 30 más gratuitamente)¹⁹; por último, en 1815 enajenó 22 cuadras a Juan Yanzón, donó 180 a su hija Tránsito y 12 a Amite Sarobe²⁰. Semejante proceso de fragmentación fue el que practicó en la zona José Vicente Zapata sobre ese buen trozo que compró a Herrera en 1807: en 1814 vendió a José García Orozco 260 cuadras²¹, en 1815 a Juan de Dios Míguez 216²², en 1816 otras127 a Francisco Xavier Morales, 294 a Juan Jurado y 6 a Gregorio Sarandón²³; de hecho, dos años más tarde enajenó 228 cuadras más al citado Jurado²⁴.

Otro de los elementos sobre el que conviene llamar la atención respecto de las estrategias patrimoniales²⁵ fue el tiempo que medió entre el uso de las tierras y el acceso a su dominio. La venta que Herrera hizo a Zapata en 1807 fue protocolizada en 1811, detallándose en esa ocasión que venían trabajando cada uno sobre su paño, separados por una pared. Así, en la primera fecha la venta no se otorgó, tal como anotó el escribano actuante, marcándose en la segunda cómo el adquirente había ejercido su posesión explotando su parte²⁶. Del mismo modo, José Villanueva y Antonio Villegas permutaron propiedades en 1805 que solo diez años después protocolizaron²⁷, como hicieron en 1817 Juana y Bernardino Silva, quienes dieron escritura a 8 ventas realizadas años antes²⁸. Incluso, la realizada por Jacinto Godoy a la sociedad de Ignacio Ferramola, Ramón Sánchez y Félix Palma tardó en generar la respectiva subdivisión de propiedades, pues si aquella se concretó en 1808²⁹, recién a fines de 1811 se practicó la partición³⁰, aunque según el censo de 1810 los dos primeros tenían haciendas pobladas ya en ese momento. Para más datos, si Villanueva había adquirido sus tierras por remate público al despuntar el siglo, todavía once años después los límites de su amplia propiedad seguían sin ser claros, complejizando las nuevas denuncias de tierras baldías³¹.

Como se dijo, de las estrategias implementadas por los propietarios la más evidente fue la compra de grandes porciones, su puesta en valor por medio del riego y la labranza, y su posterior venta en fragmentos menores, como muestran los casos de Herrera y Zapata, siendo prácticas ya demostradas en otras jurisdicciones rioplatenses e, incluso, en Mendoza (^{Ferreyra, 2014}, p. 8; ^{Molina, 2016}). Otra modalidad también fue la adquisición de paños contiguos por un mismo propietario para ampliar su unidad productiva o, cuando no era posible, la adquisición de otro con solo un terreno ajeno de por medio. Así, Jurado compró en 1816 a Zapata 294 cuadras y dos años después volvía a adquirir otras 228 para ampliar la unidad inicial³², lo cual le permitiría aprovechar el esfuerzo invertido en la construcción de una acequia realizada para el primero de los terrenos, pero que al ser consecutivos podían regarse con solo una derivación del curso³³. También la permuta de 1815 entre Villegas y José Villanueva seguía esta lógica, pues el primero adquirió dos paños de terreno de considerable tamaño (880 y 528 cuadras) en el mismo lugar, separados por la propiedad de Gregorio Villanueva³⁴; sin embargo, ya con bastante anterioridad parecía tener propiedades allí, pues en la venta realizada en 1808 por Godoy a la sociedad de Ferramola, Sánchez y Palma, las lindes de terreno establecían que al oeste estaba la de Villegas³⁵.

Desde el punto de vista de los precios fue clara la valorización de las tierras de Barriales al pasar los años. Villanueva pagó solo $125 por 4.000 cuadras y Zapata compró en 1807 por $500 las 3871 a Herrera, con la diferencia de que la primera no tenía acceso a regadío alguno, mientras que la segunda incluía el derecho de uso de una flamante acequia que el vendedor había abierto³⁶. Asimismo, 880 cuadras en Barrancas, un sector más cercano a la ciudad (a 8 leguas), era enajenado a $138 en 1805³⁷. De tal modo, durante la primera década del siglo XIX los precios oscilaron en estos territorios entre $0,004 y $1,22, monto que podía llegar a elevarse hasta poco más de $5 solo cuando se trataba de terrenos labrados³⁸.

Para 1814 los precios habían aumentado, variando según la ubicación (más o menos cerca del camino a Buenos Aires y del núcleo poblacional de Barriales), el acceso a riego y la situación de las tierras. Si 260 cuadras eran vendidas a $1,15 la cuadra³⁹, otras 200 lo eran a $20,4 ya que lindaban con el camino de carretas y tenía en producción 54 alfalfares⁴⁰. Sin embargo, la promoción de ventas por el gobierno estabilizó los precios en torno de los $4⁴¹, sin diferenciar la calidad de los terrenos, aunque es claro que todos eran sin cultivar, pues se proyectaba hacerlo con el canal en construcción, comunicándolos con un nuevo camino. En efecto, en marzo de 1816 el gobernador San Martín envió una circular a los decuriones para que colaborasen con la obra de la acequia que llevaría agua desde el río Tunuyán unas 7 leguas hacia el norte, la cual se había contratado con José Herrera (^{Draghi Lucero, 1941}, p. 556). Para 1818 ese curso hídrico había incrementado el precio de los terrenos a su vera, tal como los que José Rudecindo Ahumada vendió al gobierno para la obra del molino de la Nueva Villa, los cuales multiplicaron el monto pagado por él para adquirirlos⁴². También comenzó la apertura de la vía que conectaría a Barriales con la Ciudad (^{Draghi Lucero, 1941}, pp. 558-559), la cual aparece en la propiedad vendida por Francisco Xavier Morales a Zapata que por el lado norte lindaba con el “camino que está haciendo el Estado^”43.

No obstante, hubo casos en que las tierras del Estado se entregaron a mucho menos valor que el publicitado en los bandos, aunque es posible que ello fuera como resultado de una articulación con la moderada composición y el otorgamiento de merced. En efecto, en 1815 Amite Sarobe compró 640 cuadras a $0,03 cada una⁴⁴, mientras que el citado Ahumada adquirió 193 a – de real (se puede suponer que por cuadra), aunque luego, a la hora de venderle 12 cuadras al gobierno para la obra del molino lo hizo a $2 cada una, lo que de todos modos se mantenía por debajo de los $4 ofertados públicamente⁴⁵. Cabe marcar, sin embargo, que al menos en el primer caso se trató de una solicitud de merced que luego se otorgó bajo equitativo avalúo⁴⁶.

Un elemento que confirmaría la estabilización de los precios en torno del monto oficial para terrenos públicos en Barriales lo conforma una serie de escrituraciones de 1817 sobre tierras cercanas a Reducción, al sudeste de Barriales, en la costa del río Tunuyán, 8 pequeñas propiedades (entre 6 y 18 cuadras) que, en general, se vendieron a $4⁴⁷. No obstante, es cierto que ya en 1809 una transacción de tierras labradas en el mismo paraje había sido por poco más de $5 la cuadra⁴⁸, mostrando que quizá la cercanía al río y al antiguo núcleo de Reducción podía aumentar los precios de los terrenos, sobre todo si estaban cultivados. Aunque eso también es discutible porque los cascos de estancias de la misma zona, entre 1801 y 1802, se pagaron a cánones que no llegaban a $0,05⁴⁹, claro que no incluían cultivos ni acequias.

De todas maneras y aún con la valorización citada para 1816, los precios adquiridos por las propiedades eran bajos comparados con los de terrenos cercanos a la Ciudad: en 1815 José Pescara compró un pequeño terreno tapiado de media cuadra (“con todo lo que contiene en él”) a $ 50 y había vendido el año anterior un paño de 7 cuadras a 4 leguas al sur de aquella a $10 la cuadra⁵⁰, mientras que 5 adquiridas por Antonio Villegas a una legua al sur del casco urbano, labradas y tapiadas, le costaron $100 la cuadra⁵¹.

Propietarios, arrendatarios e inquilinos: relaciones laborales y vínculos comunitarios

La merced⁵² conformó en el periodo uno de los medios de acceso a la tierra, tanto las de origen real, tal como las heredadas por Casimiro Ribas de su padre Pablo Pasambaya, quien las recibió de Su Majestad como poblador de Reducción⁵³, cuanto las dadas por el gobierno revolucionario en mérito a los servicios dados a la causa. Se han logrado detectar 12 solicitudes/otorgamientos de merced, aunque se verificó su efectiva posesión y escrituración en pocos casos, como los de San Martín y su hija (^{Draghi Lucero, 1941}, p. 568), Juan Gregorio de Las Heras⁵⁴, Toribio Luzuriaga⁵⁵ y Pedro Regalado de la Plaza⁵⁶. En otros se puede saber indirectamente que se concretó, como en el de Bernardino Barrueta, a quien le dieron 50 cuadras que luego abandonó por ser terreno “sumamente quebrado^”57.

También hubo obtención por remate, siguiendo el procedimiento acostumbrado: denuncia de tierras, mensura, tasación, oferta, publicación, compra y escrituración, pasos completados por Villanueva en 1800 y declarado como modo de adquisición por Herrera en 1805 o 1806. La venta de terrenos públicos estimulada por el gobierno tuvo un procedimiento similar, detectándose 6 casos⁵⁸. Los interesados solicitaban una cantidad de cuadras, el fiscal de hacienda ordenaba demarcación y mensura con citación de colindantes, se definía el monto final y se otorgaba la escrituración una vez concretado el depósito⁵⁹. La idea del gobierno era estimular la formación de propiedades productivas, como lo expresaba el otorgamiento de una merced aprobada con el fundamento de que el beneficiario, Amite Sarobe, era sujeto de “conocido anhelo al trabajo” y fomento de la agricultura⁶⁰. Cabe marcar, no obstante, que solo se ha hallado para la zona y el periodo una sola solicitud de “moderada composición”, aunque sin suceso ni datos precisos⁶¹, sumada a la recién referida en la cual la merced se articuló con ella, evidenciando cómo se combinaban diversas estrategias legales y jurídicas para obtener tierras públicas (^{Banzato, 2005}, p. 32).

Sin embargo, existían otras formas de uso de la tierra sin dominio que habilitaba el asentamiento de población joven, la cual explotaba un trozo de terreno con mano de obra familiar, como ya ha sido ampliamente estudiado para el área bonaerense y otras jurisdicciones del Interior rioplatense (^{Garavaglia, 1999}; ^{López de Albornoz, 2002}, pp. 108-116; ^{Mata de López, 2005}, pp. 278-279)⁶². En este sentido, los protocolos dan cuenta de pocos contratos de arriendo y trabajo, pues la mayoría se debía realizar verbalmente por su escaso valor monetario (^{Góngora, 1960}, p. 23), pero existen otros indicios de la instalación de una categoría de residente que los testimonios refieren como “inquilino”. Ya el empadronamiento de noviembre de 1810 enunciaba “inquilinos-labradores” en la propiedad de Pescara, solos o con sus familias, una calificación usada en el censo chileno de 1813 para referir a un tenedor precario rural asentado en propiedades más grandes en las que cumplían funciones materiales y simbólicas (^{Góngora, 1960}, pp. 83-104). Y no resulta un dato menor que precisamente en Barriales hubiese una concentración relevante de hombres procedentes de allende Los Andes, lo que se desprende de una causa judicial de 1815 por una acequia, en la que no solo hubo varios testigos de esa procedencia, sino que el mismo término “inquilino” era usado para expresar esa modalidad de acceso físico a la tierra pactada entre trabajadores residentes y propietarios⁶³. Allí se explicaba cómo la expansión agrícola de la zona se había logrado con el asentamiento de labradores que, a cambio de trabajar las tierras del dueño y ofrecer mano de obra para mantener las acequias, podían explotar su propio predio. Pescara aclaraba que eran inquilinos, no colonos como quería hacer creer la parte querellante, ya que no pagaban arriendo. En la misma sintonía semántica, un peón aclaraba que él sí recibía salario mensual porque no quería ser “inquilino-labrador^”64, mientras otro de los testigos contó cómo antes de que la acequia en conflicto fuera construida, la falta de agua había desalentado las propuestas de Clemente Godoy de “dar a su costa todas las tierras a los inquilinos” dispuestos a instalarse⁶⁵. Esta era una estrategia desplegada también en otros espacios rurales rioplatenses en los que dueños ausentes reafirmaban sus derechos de dominio a través del asentamiento acordado de estos actores, disponiendo con ello, además, de mano de obra estacional (^{López de Albornoz, 2002}, p. 112; ^{Mata de López, 2005}, p. 279). En este sentido, mientras el “inquilino” podía hacer uso de la tierra a cambio de obligaciones laborales con el dueño de la propiedad sobre la que se asentaba, el arrendatario pagaba un canon (que a veces también podía estar acompañado de requerimientos según el trato que hubiese realizado), mientras que el peón recibía un salario por su trabajo; no obstante, las diferencias entre una categoría y otra se definían más por las prácticas que por una norma legal determinada.

Los acuerdos de servicios también podían crear condiciones de confianza que favorecieran el otorgamiento de la propiedad a algunos trabajadores, aunque en menos casos. Por ejemplo, Juan Jurado donó 14 cuadras de su hacienda al capataz a condición de que trabajase allí por un periodo de 8 años, tras lo cual efectivizaría el dominio, aclarando que la gracia era sin perjuicio del salario mensual de $15 que seguiría cobrando⁶⁶. También José de San Martín contrató con Pedro Moyano el laboreo de las tierras que se le concedieron con beneficiosas condiciones para éste, pues no solo le otorgaba 50 cuadras “en propiedad” sino que las ganancias obtenidas por las utilidades del ganado y la pulpería se las repartirían por mitades⁶⁷.

Ese vínculo laboral con disponibilidad de uso era enunciado por el querellante de la referida causa judicial de 1815 originada por la disminución del caudal de una acequia por la ampliación de la labranza. En efecto, algunos de esos labradores censados en 1810 fueron llamados como testigos durante el juicio, lo que demuestra que no solo estas relaciones potenciaban la radicación de peones debido al acceso a la tierra al que podían aspirar, sino también que algunos lograron obtener una propiedad como consecuencia de ellas. Tal el caso de Pedro Ahumada, de origen chileno, registrado a fines de aquel año en su casa, con familia y 2 peones⁶⁸, quizá incluso en el terreno de 16 cuadras que alquilaba a Porto Mariño (aunque no es seguro)⁶⁹, lo que parece posible porque allí fue comisionado en dos ocasiones para hacer composturas a la acequia disputada, según su testimonio en la causa⁷⁰; de hecho, en 1812 había obtenido de Villanueva 6 cuadras “en compensación de servicios”, donde ya había tapiado y edificado casa⁷¹. Su trayectoria muestra bien cómo un vínculo generado por el laboreo de tierras ajenas favorecía el asentamiento de nueva población que, en algún momento, podía adquirir el dominio sobre al menos una parte de ellas, un proceso de movilidad social ascendente que ha sido verificado en otros espacios bonaerenses a comienzos del siglo XIX, especialmente en los de reciente colonización (^{Contente, 2015}, pp. 90-91).

Otra cuestión que resulta clara es el desplazamiento de estos trabajadores que ofrecían su mano de obra a cambio de diversos beneficios entre distintas propiedades de dueños ausentes. José Manuel Estrella declaró en el referido expediente de 1815 que antes de la construcción de la acequia había trabajado por salario mensual para Godoy, más tarde lo hizo en los potreros de Juan de Dios Míguez y para la fecha del juicio estaba instalado como inquilino del primero⁷². Por su parte, Blas Donoso había sido censado con su esposa en 1810 en la propiedad de Pescara como peón⁷³, pero para 1815 estaba afincado en la hacienda de Godoy, declarando que vivía allí desde hacía 6 años⁷⁴; incluso, quizá hasta llegó a convertirse en propietario, pues integraba el listado de agraciados elevado por San Martín en mayo de 1817 para recibir terrenos en Barriales por sus méritos militares (^{Draghi Lucero, 1941}, pp. 574-575).

Esta intensidad de vínculos generada en este territorio entre propietarios, peones e inquilinos, también se observaba dentro del grupo de los primeros, quienes se unían para la compra de terrenos, acordaban préstamos, pactaban preferencias en ventas o la negociación para el uso, refacción y apertura de acequias. Jacinto Godoy, Villegas y Villanueva formaron una sociedad para repartirse las 4000 cuadras obtenidas por este último en remate, como ya se dijo, pero la confianza se confirmaba en la actuación del segundo como testigo en la división de propiedades derivada de la venta realizada por el primero a otro trío de socios⁷⁵. Estos lazos de solidaridad que se apoyaban en los negocios por tierras pero que se proyectaban hacia otros ámbitos sociales se observan también entre Herrera y Zapata: si la adquisición por éste de una buena porción de la obtenida por el primero evidenció su relación, la escritura de la división de terrenos cuando ya se hallaban cultivados, la fortaleció, pues en ella Zapata se comprometió a defender a Herrera en cierta causa judicial⁷⁶, mientras que, meses después, éste pedía a aquel un préstamo por un monto considerable de dinero⁷⁷; incluso, en 1814, Zapata otorgó fianza ante el alcalde ordinario para que el chileno, acusado de ocultar dos reos en plena Revolución, pudiese salir en libertad⁷⁸.

Por otro lado, Zapata no solo realizó al menos dos transacciones de tierras con Jurado y le prestó $2500 con las mismas condiciones que a Herrera⁷⁹, sino que también Clemente Godoy y Porto Mariño, socios en la apertura y conservación de la problemática acequia para regar sus terrenos, manifestaron estrechez de lazos con un préstamo que otorgó el primero al segundo de $350, usando este último su hacienda de Barriales para la hipoteca⁸⁰. A su vez, Pescara (quien fuera comisionado en el censo de 1810), fue muy cercano a Clemente Godoy, con quien contrató la construcción de aquella acequia para formar potreros que resultó el motivo de su disputa con Estanislao Pelliza en 1815. De hecho, este último expediente describe cómo se fueron tramando las relaciones en el paraje en torno de la actividad productiva y las prácticas hídricas: el propietario original de las tierras de Pelliza, Porto y Mariño, había autorizado a Zapata para utilizar el curso construido por Pescara, pero al fragmentar Zapata su terreno a través de distintas ventas transfirió también los derechos de uso, provocando una disminución del caudal, insuficiente ya para tantos campos de cultivos nuevos⁸¹. Con estos antecedentes, se explica que en 1816 Jurado protocolizara con Clemente Godoy el derecho a una acequia que había construido a través de la propiedad de éste, el cual obtenía en compensación acceso al agua “sin limitación alguna” y el desagüe de sus terrenos⁸².

Sin embargo, también los contratos de arriendo dan cuenta de la intensidad de los vínculos configurados en Barriales, tal como el firmado entre Porto y Mariño y Herrera: el primero alquiló en 1813 al segundo su hacienda con potreros, viñas y casa (aquella que había hipotecado en su referida deuda con Clemente Godoy), con detalladas condiciones de mantenimiento y pago por un periodo de cuatro años, teniendo ya arrendadas de esa misma propiedad 16 cuadras por igual tiempo al citado Ahumada⁸³. Esa propiedad formaba parte de las 200 cuadras que el propio Herrera le había cedido en 1811, que serían vendidas al año siguiente del contrato de arriendo a Pelliza por la ya entonces viuda de Porto y Mariño⁸⁴, y serían también las que, por falta de agua, motivarían el problema con la acequia de Clemente Godoy que terminó en sede judicial.

Lo dicho da cuenta de que se verificaban itinerarios de inversión, producción y transacciones ya observados en el caso bonaerense, aun teniendo en cuenta la excepcionalidad de éste debido al factor que representó la frontera meridional en la configuración de su mercado de tierras, un aspecto semejante al de este espacio mendocino en el que existía una gran cantidad de terrenos baldíos que habilitaron oportunidades de movilidad social ascendente (^{Contente, 2015}, p. 204). Como allí, se pudo constatar tanto el trayecto de militares que se hicieron propietarios como premio a su desempeño en la campaña sanmartiniana, comerciantes que accedieron a tierras como parte de la diversificación de sus actividades⁸⁵, trabajadores que actuaron como poseedores, aunque no tuviesen dominio (como algunos de los inquilinos mencionados) y ocupantes que se convirtieron en propietarios (tal como Pedro Ahumada)⁸⁶. De hecho, esa trama de relaciones entre propietarios, arrendatarios, inquilinos y peones permite también visualizar cómo y cuándo se dinamizó el poblamiento de estos territorios, evidenciando de qué modo el orden político se asentaba sobre una trama determinada de relaciones comunitarias (^{Contente, 2015}, p. 208).

Dinámicas de poblamiento: del padrón de 1810 a los protocolos notariales

Si la multiplicación de las transacciones luego de 1810 da indicio del fortalecimiento de un núcleo de residentes, esto también se confirma por el empadronamiento de ese primer año revolucionario⁸⁷ y la articulación de sus datos con la citada causa por la acequia en disputa de 1815, la cual describía situaciones de un lustro antes. Cruzando la información de ambas fuentes se puede pensar que el paraje de Barriales vivió un crecimiento demográfico relevante entre 1808 y 1810, cuando ya se detectan algunos propietarios, inquilinos y peones cuyos nombres se repetirían años después en compraventas, donaciones y tenencias. En efecto, la mayoría de los 353 habitantes que fueron empadronados al iniciarse la Revolución, residían y trabajan en las propiedades de Herrera, Porto y Mariño, Sánchez, Villegas, Zapata, Ferramola, Jacinto Godoy, Villanueva y Pescara, todos protagonistas de las transacciones de tierras referidas en párrafos anteriores. Estos no residían en sus tierras, sino que las administraban por medio de capataces. El único que parece haber habitado en sus terrenos pudo ser el primero, censado como cabeza de una casa que tenía peones con sus familias y esclavos.

Como se dijo, algunos de los asalariados no solo fueron trabajadores temporarios, sino que llegaron a asentarse en esta zona. Tal el caso de Ahumada, quien en 1810 o 1811 arrendaba una pequeña propiedad a Porto y Mariño y al poco tiempo se convertía en propietario cuando Villanueva le donó otra; o el de Pedro José Olivares, capataz de la hacienda de Sánchez en 1810, quien tendría una intervención posterior en la justicia local como decurión en 1826, lo cual expresaría el capital simbólico acumulado durante su larga residencia⁸⁸. Blas Donoso, a su vez, registrado en el padrón con su esposa como peón en la propiedad de Pescara, todavía residía en el paraje en 1815, cuando fue citado en la causa por la acequia, siendo trabajador en la hacienda de alguno de los implicados. También Cayetano Bogado fue empadronado en lo de Pescara como “inquilino-labrador” y un lustro después fue llamado ante la justicia como conocedor de la situación del curso hídrico disputado, lo que demostró bien al describir cuándo y quiénes habían hecho la compostura anual de la acequia, cuánto habían ayudado algunos y cómo otros habían evadido responsabilidades⁸⁹. Esto último evidencia claramente, como ha planteado Víctor Brangier para el valle central chileno, que la proximidad residencial y afectiva, ponía en circulación saberes e información local clave en la vida comunitaria y en el escenario judicial (^{Brangier, 2019}, p. 149).

Por el contrario, el paraje de Reducción, ubicado pocas leguas más al sur de Barriales (ver Figura 1), no experimentó durante el periodo un crecimiento tan dinámico. Según el padrón de 1810 solo residían allí 83 habitantes distribuidos en 14 casas en las que se reflejaban, no obstante, intensos lazos de parentesco sobre los que se apoyaban las labores ganaderas del lugar⁹⁰. Aun siendo pequeño, el núcleo poblacional logró cierta estabilidad, expresada en el caso de la familia de Juana y Bernardino Silva, quienes protocolizaron en 1817 una serie de ventas de pequeñas propiedades sobre la costa del Tunuyán realizadas en años anteriores a algunos hombres registrados en el padrón de 1810⁹¹; así, Nicolás Ferreyra, Pascual Pereyra e Isidro Gómez adquirieron de la parentela terrenos de entre 10 y 14 cuadras en el paraje en donde fueron censados, de hecho, quizá lo fueron en esas mismas propiedades que compraron⁹². Por otro lado, Pascual Videla, empadronado también en Reducción con su esposa Francisca Cortes, compraba el año anterior, en 1809, poco más de 6 cuadras a Santiago Cortes (¿su suegro o su cuñado?), quien al parecer era un viejo residente del lugar, ya que había obtenido sus tierras por herencia materna, se declaró “vecino” y seguiría residiendo allí en tanto la propiedad vendida limitaba por tres lados con las suyas propias⁹³. La misma Juana Silva fue empadronada con su marido en “la otra banda del Tunuyan^”94, pero, además, la repetición de apellidos y su contigüidad censal se espejaba en aquellas transacciones escrituradas en 1817: Ferreyra estaba casado con Josefa Estrella, siendo un tal Juan Estrella otro comprador de los Silva⁹⁵, mientras que Pereyra y Gómez, también adquirentes, estaban casados con dos mujeres Aravena, viviendo en residencias inmediatas⁹⁶.

Finalmente, cabe marcar que aquellas estrategias patrimoniales iniciales, sobre todo las surgidas de las fragmentaciones de las grandes propiedades de Herrera, Zapata y Villanueva, tuvieron como eje central el camino de carretas que venía de la Ciudad y se dirigía a Buenos Aires (ver Figura 1). Tanto la gran adquisición inicial como los posteriores desmenuzamientos tuvieron este curso como frente al sur y a las tierras realengas (con la Revolución llamadas del Estado), como fondo hacia el norte. Por otra parte, mientras las de Herrera se iniciaban al oeste, en la costa del río Mendoza, el gran paño adquirido por Villanueva se ubicaba hacia el este, ya sobre los parajes interiores a Barriales conocidos como Rodeo del Moyano y Retamo, “de la otra parte del río de esta Ciudad al Naciente”, según las fuentes⁹⁷. En cambio, las tierras de Clemente Godoy, cuyo desarrollo se debió a la construcción de la disputada acequia referida parece haberse hallado al sur del citado camino, aunque estuvieron bien articuladas con las que se hallaban cruzándolo hacia el norte debido a los privilegios que le otorgaba su ubicación entre el río Tunuyán y esa arteria comunicacional. En efecto, la gestión hídrica que le permitió ese estratégico lugar intermedio le brindó desagües y usos futuros por la servidumbre hídrica que habilitaba, como se entrevé en el citado contrato con Jurado quien le reconoció ambos derechos, transferibles con el dominio de sus tierras⁹⁸.

Esta ubicación del núcleo inicial de Barriales en torno del camino de carretas reproducía fortalecimientos comunitarios similares a los de otras jurisdicciones y muestra un despliegue diverso al analizado por Garavaglia para el área bonaerense, en el cual las propiedades se disponían con su frente a los ríos, dejando terrenos baldíos en el interior del espacio (^{Canedo, 2012}, p. 70; ^{López de Albornoz, 2015}, p.13; ^{Garavaglia, 2011}, p. 35). La trama de propietarios, arrendatarios, inquilinos y peones se extendió, así, primero en torno de la arteria citada, mientras que las tierras baldías quedaron en los fondos de este núcleo, hacia el norte, que sería hacia donde se extenderían las adquisiciones a partir de 1820, cuando las distribuciones del gobierno estimularan su ocupación e intentaran forzar la fundación de la Villa Nueva de los Barriales (^{Molina, 2017}).

Equipamiento político y relaciones comunitarias

Tal como se ha podido observar a partir del análisis del padrón de 1810, las transacciones protocolizadas y el rico expediente judicial de 1815, el mayor impulso poblacional en el núcleo de Barriales (que incluía los parajes de Rodeo del Moyano y Retamo) se dio desde 1808, cuando una serie de mejoras realizadas por los vecinos en la distribución hídrica facilitó el asentamiento de labradores y llamó la atención de inversionistas, tendencia que se fortaleció en los años siguientes, sobre todo, luego de 1815. Así, el mismo Pescara, ya para entonces con un patrimonio diversificado en otros espacios de la jurisdicción de Mendoza, afirmaba en el testimonio de aquella causa que luego de que la acequia por él construida para Clemente Godoy comenzara a mostrar sus beneficios para la labranza, se decidió también él a sembrar, atraído por las condiciones favorables de los suelos⁹⁹. Y si bien en esa declaración judicial dijo haber comenzado a hacerlo dos años antes (en 1813), ya a fines de 1810 en el padrón que él mismo elaboró se anotó con una casa en Barriales, a cargo de un capataz, donde residían un centenar de esclavos, peones e inquilinos, algunos con esposas e hijos.

Este reciente poblamiento en torno de Barriales y el más antiguo, pero bastante menor, en Reducción, explica que esta zona no haya formado parte del proceso de equipamiento político iniciado por el cabildo de Mendoza desde fines del siglo XVIII. En efecto, el nombramiento de alcaldes de barrio comenzado en 1773 sólo equipó los territorios cercanos al casco urbano, llegando como muy lejos en su parte meridional hasta Lunlunta, unas 4 leguas en esa dirección (^{Molina, 2010}).

El primer juez comisionado detectado para estos territorios fue designado a fines de 1810, ya durante la Revolución, debido a la necesidad de empadronar las áreas más alejadas para aportar datos con vistas al enrolamiento militar y la recaudación fiscal para sostener la causa. Así, en noviembre de 1810 los capitulares nombraron una serie de comisionados en seis zonas de la campaña (para ubicación ver Figura 2): al sur en torno del Fuerte de San Carlos en Valle de Uco, al norte en territorios de las Lagunas de Guanacache, al oeste sobre la cordillera en Uspallata, y en el sudeste. Sin embargo, este último sector era dividido en tres jurisdicciones para su registro: una debía cubrir Luján, Compuertas, Lunlunta y Barrancas, otra debía hacerlo desde el río Mendoza hasta La Ramada; finalmente, el tercero actuaría desde esta última hasta el río Desaguadero¹⁰⁰.

Fuente: Mapa elaborado por el Lic. Pablo Aguilar

Figura 2: Parajes y núcleos poblacionales de la campaña mendocina, 1810-1814 

De todos modos, los registros conservados muestran que a la larga no se respetaron las subdivisiones para el sudeste más cercano, puesto que el padrón realizado por Pescara, originalmente designado para la segunda de ellas, terminó incluyendo Barrancas. Más allá de los motivos que llevaron a ello, la trama tejida por las transacciones de tierras y las estrategias patrimoniales revelan que esa red poblacional que unía Barrancas con Barriales no resultaba extraña a las relaciones comunitarias que se comenzaban a fortalecer en esa época. De tal modo, el límite occidental de la enorme propiedad adquirida por Herrera entre 1805 y 1806 llegaba hasta el río Mendoza, zona inmediata a Barrancas¹⁰¹ y, de hecho, en 1811 vendía una propiedad que limitaba con ese curso fluvial y el camino de carretas a Buenos Aires, extrayendo del conjunto de tierras 200 cuadras reservadas para Vicente Escobedo (quien según el censo de 1810 vivía precisamente en “Paso del Río”)¹⁰²; de hecho, las tierras de la parentela de la Cruz, en cuya división Clemente Godoy intervino a nombre de su hijo Tomás, se ubicaban también allí¹⁰³.

Para 1814 la complejidad comunitaria de estos territorios había crecido lo suficiente como para requerir un juez menor (decurión) propio e, incluso, más de uno. El listado de decuriones de ese año permite observar que ya aparecían como dos jurisdicciones diferenciadas Barriales y Retamo, este último poblado surgido de la posta que en 1810 todavía estaba integrada en el primero. Eran designados como cuarteles 35 y 36, respectivamente, y sus autoridades Andrés Godoy y Francisco de Borja Corvalán (^{Acevedo, 1978}, p. 48). El primero de ellos no aparecía censado en 1810, por lo que se puede suponer que el vínculo con su territorio de ejercicio se produjo desde 1811, cuando compró 600 cuadras a Herrera¹⁰⁴.

El segundo, a su vez, vio registrada su casa a cargo de un capataz, ubicada inmediata a aquella en la que residían quienes estaban a cargo de la posta. Además, en el citado listado de decuriones también Barrancas era consignado como cuartel 33, demostrando cómo desde la percepción de las autoridades citadinas era evidente una necesaria segmentación jurisdiccional para optimizar el acceso de la población a la justicia; de hecho, este paraje lograba conservar el juez menor que, como comisionado, había sido anotado (aunque no censado por estar ausente) en el padrón de 1810¹⁰⁵. Por el contrario, Reducción, que contaba entonces también con un comisionado¹⁰⁶, ya no lo tenía en 1814, como tampoco poseía decurión (^{Acevedo, 1979}, p. 48)

El referido expediente de 1815 da otros indicios sobre el ejercicio de la justicia menor en Barriales. Por una parte, aporta el nombre de dos jueces menores más. Mateo Godoy lo había sido en 1814, quizá en los meses previos a que se designara al enunciado en el listado de decuriones referido o por reemplazo ante su renuncia. En la causa dijo que hacía dos años vivía en el lugar y, de hecho, entre mayo y junio del año en que dijo comenzar a hacerlo (1813) compró a Jacinto Godoy 8 cuadras y recibió en donación de éste otra, todo en Rodeo del Moyano, paraje de Barriales¹⁰⁷. De hecho, el apellido homónimo da indicio de algún lazo familiar en tanto la cesión de dominio se justificó “por el afecto que le profesa”, y no por servicios como se ha visto en otros casos. Por otra parte, en 1815 fue decurión Juan de Dios Míguez, cuya residencia no era mucho más antigua que la del anterior a la hora de asumir el oficio, pues recién en 1812 aparecía su nombre entre los colindantes de una hipoteca de terreno¹⁰⁸, aunque sus relaciones con los más antiguos dueños de tierras era clara, como lo evidencia no solo la autorización que se le dio para usar del curso de agua en conflicto, sino también cuando Zapata le vendió 216 cuadras durante el mismo año del proceso judicial¹⁰⁹ e, incluso, firmó como testigo en el arriendo de hacienda que Porto y Mariño contrató con Herrera¹¹⁰. Conviene agregar que todavía en 1816 Míguez era decurión, pues junto con un comisionado y el mismo Herrera como representante de San Martín, presenció la puesta en posesión de la propiedad de éste donada por el cabildo mendocino (^{Draghi Lucero, 1941}, p. 568). Todo ello muestra que la justicia menor era encargada a actores bien integrados en la vida comunitaria sobre la que se desempeñaban, siendo pequeños o medianos propietarios.

En este mismo sentido, en 1819, el juez poblador para ordenar las poblaciones de Barriales, Pedro Regalado de la Plaza, a quien el gobernador otorgó amplia jurisdicción para cumplir con ese objetivo¹¹¹, había sido uno de los agraciados con entrega de tierras en compensación de sus servicios militares. De hecho, recibió la jurisdicción de aguas local que por entonces ejercía Lorenzo Morón, comprador de tierra pública en 1816, mientras que uno de los tenientes designados para la conservación de la acequia principal fue José Vargas, otro posible adquirente de terrenos del Estado (^{Draghi Lucero, 1941}, p. 556)¹¹². Como se ve, la proximidad residencial y relacional conformaba un elemento clave para el ejercicio de la justicia menor, en tanto implicaba manejar valores, costumbres e información acerca de la trama comunitaria de derechos sobre la tierra y el agua (^{Brangier, 2019}).

Consideraciones finales

El análisis realizado aporta elementos para pensar los procesos de territorialización y el peso de las relaciones comunitarias en ellos, permitiendo matizar el rol de los gobiernos y el voluntarismo de sus políticas de espacialización. Por una parte, es claro que la atención de las autoridades intendenciales sobre este sector de la campaña hacia 1815, con el objetivo de obtener metálico para la campaña y ampliar los cultivos para el sostenimiento del Ejército de los Andes, resultó clave para dinamizar las transacciones de tierras. Ello se produjo a través de una intervención directa (vendiendo terrenos públicos u otorgando mercedes), pero también indirecta por medio de su valorización a través de la construcción de un canal matriz que llevara agua desde el río Tunuyán hacia el norte y un camino que comunicara estas poblaciones con el casco urbano. Si a ello se suma la acción de los propietarios y los inquilinos que explotaban haciendas de dueños ausentes, favoreciendo la ampliación e intensificación de los cultivos junto con la construcción y derivación de acequias nuevas, se tiene como resultado el aumento del valor de la tierra en los veinte años analizados. Así, se pasó de los $0,03 por cuadra pagados por Villanueva en remate hacia 1800 a la estabilización en torno de los $4 a mediados de la década siguiente. Las autoridades focalizaron su atención en estos territorios porque los conceptualizaron con potencialidad productiva gracias a un régimen de riego de complejidad creciente, atención que, a su vez, valorizó aún más los terrenos por medio de obras, pero sobre todo atrayendo a inversionistas con intereses laboriosos, no especulativos, en principio. Si los tentados con dinero en mano no fueron demasiados, al menos como se desprende de las fuentes consultadas, sí hubo varias solicitudes de mercedes en compensación de servicios y algunas entregas en pago de esclavos, contribuyendo esto a la publicidad de Barriales como lugar prometedor para la formación de potreros para la cría y engorde de ganado en tránsito hacia el valle central chileno.

Resulta evidente que la consolidación de un núcleo poblacional en Barriales bien articulado en torno de la gestión hídrica y de relaciones laborales basadas en diversas formas de acceso a la tierra fue anterior a los esfuerzos del cabildo y de los gobernadores revolucionarios por equipar políticamente este territorio. El padrón de 1810 mostró una serie de casas con dueños ausentes, pero con capataces, peones y labradores asentados, incluso con sus familias, varios de los cuales serían registrados años después en la misma o en otras propiedades. Situación descripta en 1815 en los testimonios de la causa por la acequia en disputa que, retrospectivamente, relataban lo sucedido desde 1808, cuando comenzó la construcción del conflictivo curso hídrico de Clemente Godoy que permitió la ampliación de los cultivos y la instalación de más hombres para trabajarlos. De algún modo, este desarrollo explica que hacia 1814 el cabildo designara al menos dos decuriones para el lugar, segmentándolo en sendos cuarteles que referían a diferentes jurisdicciones, Barriales y Retamo, delineados como espacios políticos diversos, aunque articulados por las prácticas agrícolas, hídricas y las redes de relaciones personales, nombrando también otro propio para Barrancas debido a esa misma complejidad comunitaria percibida desde la Ciudad.

Sí resulta interesante que no fuera el río Tunuyán el eje de ordenamiento de las propiedades que configuraron esos núcleos reconocidos institucionalmente en 1814, sino el camino de carretas que, desde el casco urbano, se dirigía hacia Buenos Aires. Si bien ese curso fluvial favoreció un asentamiento inmediato en Reducción, este no creció y se mantuvo como núcleo menor, tanto es así que el juez comisionado que se desempeñaba allí según el padrón de 1810, no se conservaba en el listado de jueces de proximidad elevado al gobernador San Martín cuatro años después. Y no resulta casual que haya sido ese camino la columna vertebral del desarrollo comunitario, pues la labranza estaba vinculada a potreros en donde se criaba y reproducía el ganado traído desde la zona del Litoral para ser vendido en Chile, siendo esta ubicación claramente estratégica. De hecho, las fragmentaciones de las amplias propiedades obtenidas por remate de tierras realengas lo siguieron teniendo como frente, mientras que una franja de terrenos baldíos al norte definía su fondo, fortaleciéndose en el centro de ambos extremos, un intenso tejido de redes de relaciones personales. Teniendo en cuenta esto, es llamativo que se pretendiera ubicar la proyectaba Villa Nueva de los Barriales un par de leguas hacia la dirección septentrional, cuando el nudo poblacional y comunicacional se hallaba en las proximidades de Retamo, más al sur del lugar pensado para erigirla. Sin embargo, como los estudios han mostrado recientemente, durante las décadas posteriores el centro neurálgico del espacio político denominado Villa Nueva de los Barriales o de San Martín (en honor a su ilustre propietario), siguió estando de todas maneras en ese sector sur intensamente habitado inmediato a la arteria caminera que conformaba un eslabón clave del circuito comercial, evidenciando que, más allá de la voluntad gubernamental, el proceso de territorialización de este sector de la campaña, tuvo un peso relevante en el progreso de la espacialización política proyectada.

En resumen, el trabajo mostró cómo la configuración de vínculos comunitarios resulta un elemento básico para gobernar ya que impone lógicas de poblamiento, producción y relacionales específicas con las cuales las decisiones políticas deben contar a la hora de diseñar espacios y circuitos administrativos, tal como han revelado también trabajos para Buenos Aires y Tucumán¹¹³. Así, se ha buscado marcar cómo, en menos de dos décadas, los precios de las tierras se cuadriplicaron, generando una creciente fragmentación y un acceso a la tierra a pequeños y medianos propietarios, junto con una pléyade de inquilinos y peones que, en ciertos casos, pudieron protagonizar procesos de movilidad social ascendente expresada no solo en la adquisición de dominio sobre los terrenos cultivados, sino también en el ejercicio de oficios de justicia próxima, lo cual conformó la mejor expresión del capital simbólico acumulado (y que, también, lo reproducía). Con una dinámica productiva específica, apoyada en el cultivo intensivo de forrajeras, este territorio tramó lazos comunitarios fuertes, diversos a los de otros ámbitos de la campaña mendocina, como el Valle de Uco al sur, en el que la crianza extensiva del ganado, aprovechando las pasturas naturales en el marco de estancias, generó otros patrones de asentamiento y, por ende, otros desafíos de gobernabilidad en época de Revolución y guerra (^{Molina, 2014}).