Introducción

Entre Todos los que queremos la liberación (ET) fue un periódico mensual argentino ligado al Movimiento Todos por la Patria (MTP) que logró aglutinar a un conjunto amplio de ex militantes, académicos y personalidades políticas significativas de la década de 1970 con un signo de izquierda plural y reivindicativo de las bases sociales². A pesar de su amplio repertorio de militantes, sobre todo en los primeros años de su proyecto político, cabe destacar que se trató de un sector puntual de la izquierda trotskista y no de todo el conjunto de la misma. Sin embargo, se torna de vital importancia su análisis dado el alcance político que logró, la significancia de los militantes que formaron parte en sus filas y la gran repercusión que alcanzó el grupo que rodeó sus columnas. Los trabajos que han indagado en cuestiones transversales a esta publicación, como las trayectorias políticas precedentes y su relación con los hechos posteriores de la Tablada³, han sido de corte narrativo con un sesgo más testimonial que analítico, en algunos casos encarados por protagonistas de los hechos en primera persona (^{Salinas y Villalonga, 1993}; ^{Mattini, 1996}; ^{Santucho, 2004}; ^{Gorriarán Merlo, 2003}; ^{Narzole, 2007}; ^{De Santis, 2010}; ^{Augier, 2012}). Estos trabajos constituyen un aporte importante en términos de recopilación de testimonios y fuentes de información sobre la coyuntura política, aunque como lo señaló ^{Carnovale (2013a}) carecen de interrogantes de tipo analítico para el campo académico al estar centrados más bien en una memoria de izquierda militante, reivindicativa y heroica del movimiento o bien en un relato de corte periodístico que abandona la posibilidad de generar interrogantes, reflexiones e hipótesis en perspectiva histórica para contribuir al conocimiento de las ciencias sociales. En un sentido similar podrían mencionarse los trabajos de ^{Montero (2012}) y ^{Celesia y Waisberg (2013)} que recaudan un vasto caudal de crónicas, aunque persiste más acentuadamente, el enfoque narrativo-periodístico centrado en la reivindicación militante.

Posteriormente, los estudios sobre el MTP han suscitado la atención de algunas investigaciones pioneras, como las de ^{Hilb (2008)} y ^{Carnovale (2013b)}, quienes atendieron a la fundación del movimiento o al plano discursivo ideológico de sus fundadores en relación a la organización política⁴. En lo que respecta a ET, esto las llevó a indagar en los debates sobre la democracia y la dictadura, de especial relevancia en aquellos años, la visión político partidaria y la presentación de cuestiones de importancia en torno al MTP como la experiencia de colaboración anterior en el proceso de liberación nicaragüense⁵ por parte de sus miembros y las controversias de la posterior toma del cuartel de la Tablada. En general, el papel del periódico ET no ocupa un lugar tan importante en estos estudios, mucho menos en lo que refiere a la indagación de sus perspectivas político-económicas. Incluso, los trabajos que más generalmente se han ocupado de la toma del cuartel de la Tablada se centran en cuestiones referentes a la violencia política, la memoria histórica (^{Pontelli, 2019}), las violaciones de los Derechos Humanos (Torres Molina, 2019), la cuestión más general de los levantamientos militares durante el gobierno democrático de Alfonsín (^{Masi Rius y Pretel Eraso, 2007}), las acciones y narrativas del MTP (^{Ares Hauret, 2019}; ^{Solis, 2019}) o el análisis regional centrado en el partido de la Matanza o en Córdoba, por ejemplo, desde la historia oral (^{Ledesma y Moyano, 2014}). Los trabajos más recientes dan cuenta de que el tema del MTP, la Tablada e incluso sobre el prolífico contenido de la revista ET siguen vigentes y generan nuevos interrogantes a los que pretendemos aportar. Además, aunque prestando atención a la dimensión económica del Movimiento, recientemente planteamos nuevas controversias en torno a las incertidumbres y ambivalencias que atravesaron a la organización y los involucrados en la revista en torno diferentes temas económicos (^{Rossi, 2022}).

De este modo, en este trabajo analizamos específicamente las ideas económicas plasmadas en el periódico o que en alguna medida involucraron a la política económica argentina, con especial énfasis en la cuestión de la deuda pública externa, que referimos generalmente como deuda externa, de gran relevancia en los debates de la época. Consideramos que la cuestión de la política económica desde una perspectiva histórica ha sido totalmente marginal en los trabajos sobre el MTP y que cobra especial relevancia teniendo en cuenta el basto espacio y contenido que ocupó en las páginas de ET. No nos centramos tanto en constatar o cotejar las aseveraciones económicas pronunciadas en el periódico con la realidad de aquel entonces, ni en ampliar los análisis existentes en este sentido, sino más bien en indagar acerca de las concepciones sobre la deuda externa y los debates que la involucraron a través de la observación de las notas y voces incluidas en los números. Especialmente, centramos nuestra atención en los números de la revista publicados entre 1984 y 1988, periodo en el que advertimos que fue ocupando especial atención la cuestión de la deuda pública. Los debates incluidos en torno a esta problemática fueron tan abundantes que hubo que dejar afuera otros ejes importantes, que en un comienzo habíamos planteado incluir en este manuscrito pero que por su extensión debimos limitar, como los debates que involucraban al campo, al mundo empresario y las concepciones en torno a la crisis económica.

En términos metodológicos, adoptamos un enfoque micro histórico que nos permitirá poner el foco en los posicionamientos personales y públicos (^{Ginzburg, 2004}). En este sentido, a pesar del anonimato o seudónimos con que fueron firmados la mayoría de los artículos, podemos hacer hincapié en un análisis complementario entre las trayectorias sociales de los militantes y políticos que participaban del periódico, así sea de un modo indirecto, y un actor colectivo constituido ya en ET. Esto también nos permitirá entender al periódico como un actor colectivo y parte de una configuración social cambiante en un contexto en donde individuos participan de cuestiones públicas que les deparan los dilemas de su presente (^{Ferrari, 2010}).

Esos dilemas se relacionaban, en aquel entonces, con la particular coyuntura que atravesaba la economía argentina desde la crisis latinoamericana de la deuda, especialmente desde la asunción del presidente Alfonsín en 1983. Pero también, los debates económicos en aquellos años se caracterizaban por las controversias que generó la política económica del régimen dictatorial (1976-1983). Específicamente, las discusiones planteaban un dilema entre si el Plan del ministro de Economía Martínez de Hoz (1976-1979) y los sucesivos ajustes practicados habían constituido medidas de tipo liberal ortodoxas en la economía, al estilo de las practicadas por otros equipos económicos anteriores, o si bien se había tratado de una reestructuración más compleja de la economía argentina. ^{Bonnet y Piva (2019)} sugieren que se trató de una reestructuración capitalista a escala mundial, y que en el caso de la realidad argentina hubo un paulatino ajuste a los pilares principales de esta, traducidos, por ejemplo, en la apertura comercial y la financiarización de la economía. Dado que este proceso, se encontraba asociado con la creciente hegemonía del neoliberalismo a escala mundial, que posteriormente tuvo su auge en Argentina de Carlos Menem (1989-1999), puede entenderse la etapa Alfonsín como una de clivaje entre la crisis de la industrialización por sustitución de importaciones en su segunda fase (1960-1970) y el avance de políticas de orientación neoliberal.

Algunas discusiones de la economía nacional en los años de Alfonsín

El gobierno de Alfonsín asumió luego de un periodo de dictadura, una de las más cruentas y violentas de la historia argentina, tanto en términos económicos como en materia de violación a los derechos humanos. En el plano económico, se caracterizó por un programa liberalizador y desregulador que se inscribía en el fin de la hegemonía del ideario que sustentó las fases de la Industrialización por Sustitución de Importaciones desde la posguerra (^{Rougier y Odisio, 2018}). En gran medida, estas políticas sintonizaban con algunas prescripciones del neoliberalismo internacional que eran discutidas desde revistas especializadas y think thanks con la colaboración de importantes figuras promotoras, como los economistas Álvaro Alsogaray y Eduardo Zinn en la Argentina. Las medidas asociadas al neoliberalismo, que tuvieron algún antecedente temprano en los ajustes del ministro de Economía Celestino Rodrigo (1975-1975)⁶ y sobre todo en los años del régimen de 1976, fueron instaladas en el sector comercial, de precios y financiero. Posteriormente, la economía argentina sufrió un golpe de gracia con la crisis de la deuda de 1982, desatada tras la mora mexicana⁷, aunque en la década de 1980 ya mostraba importantes índices de inflación. Con dichos antecedentes, el panorama económico para la Unión Cívica Radical (UCR) de Alfonsín en diciembre de 1983 se tornaba sombrío: un endeudamiento externo de 46.200 millones de dólares (equivalente a casi el 70 % del PBI), un déficit público de casi 15 puntos del PBI, una economía en recesión al menos desde la crisis financiera de 1982, creciente desocupación, una inflación de más del 400% y endebles reservas internacionales calculadas en 100 millones de dólares (^{Rapoport, 2020a}).

Durante el primer año, el equipo económico liderado por Bernardo Grinspun (1983-1985) concibió que la deuda no constituía un problema financiero, sino más bien uno de carácter político (^{Schvarzer, 1989}). En esta línea, se intentó una negociación con los acreedores externos, eludiendo de alguna manera la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI) que comenzaba a imponerse como garante de este tipo de negociaciones, y se exigió que se supeditaran los pagos al crecimiento del país de las exportaciones, entre otras condiciones. Esta postura fue rechazada, tanto por los acreedores como por el gobierno norteamericano, aunque los esfuerzos del equipo económico no se agotaron y, contra las recomendaciones del entonces asesor presidencial Raúl Prebisch, se optó por regionalizar el problema mediante la búsqueda de relaciones con otros países latinoamericanos endeudados. Con la participación del ministro de Relaciones Exteriores Dante Caputo y con la presencia de Brasil, Colombia y México, entre otros, se desarrolló una reunión de cancilleres y ministros de economías de países endeudados con el fin de presionar por cambios en la política financiera y comercial internacional. Al poco tiempo, los países mencionados junto a Ecuador, Perú y Venezuela, redactaron un documento en el que solicitaban un diálogo con los países desarrollados nucleados en el Grupo de los Siete (G7) para aliviar la carga de la deuda externa. Sin embargo, los mandatarios de esos países, entre los que se encontraban Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, insistieron en encarar el problema de la deuda de forma bilateral. Por consiguiente, se realizó en junio de ese año el Consenso de Cartagena⁸, en el que se reunieron once naciones latinoamericanas de los países deudores de la región con el fin de reclamar a los acreedores mejores condiciones de renegociación de la deuda frente al problema que causaba el alza de las altas tasas de interés internacionales y reclamaban, en un sentido de corresponsabilidad, que se revierta la escasa predisposición al financiamiento mostrada por los acreedores internacionales (^{Rapoport, 2020b})⁹. Aunque la apuesta por la regionalización de la deuda externa suscitó esperanzas, con la salida de Grinspun, la escasa colaboración entre países latinoamericanos y los acuerdos individuales que alcanzaban países como Brasil y México, se redujeron los reclamos formales en el orden internacional.

En un comienzo el gobierno, más preocupado por restablecer la institucionalidad y la democratización social tras años de proscripción, desapariciones y censuras¹⁰, había mostrado poca importancia por las cuestiones económicas, que como se ha mencionado también eran desfavorables en un contexto internacional de proteccionismo europeo, caída de los términos de intercambios y altas tasas de interés impulsadas por la política antiinflacionaria estadounidense. Luego de la postura confrontativa con el capital nacional e internacional que encarnó Grinspun, se llevó a cabo un “giro realista” (^{Rapoport, 2020b}; ^{Escudé y Cisneros, 2000})¹¹ que significó la puesta en marcha de una política negociadora y concertacionista con los poderes internacionales. En menos de dos años, el fracaso del programa neokeynesiano del primer ministro de Economía Bernardo Grinspun¹² como el posterior intento de estabilización con medidas más inclinadas a la ortodoxia económica, el cual había sido concertado con el FMI en septiembre de 1984 (^{Brenta, 2019})¹³, dieron cuenta de que el problema de la alta inflación persistía en niveles inéditos pudiendo alcanzarse un estado de hiperinflación sino se la atacaba con herramientas económicas originales. Finalmente, ante el avance de una inflación multicausal de tres dígitos anuales que se tornaba inercial (^{Heymann, 1986}), la presión de los grupos económicos integrados con capacidad de ignorar los controles de precios que establecía el gobierno, la permanente presión del FMI por implementar un ajuste ortodoxo y renegociar el stand by interrumpido por el régimen anterior; la estrategia económica del radicalismo fracasó en sus objetivos de controlar los índices inflacionarios y renegociar la deuda externa en condiciones favorables para el país.

No se trataba solo de la presión de los acreedores tras el problema de la deuda pública externa, pues también se encontraban en el orden nacional fuertes sectores empresarios denominados en aquel entonces por las izquierdas como patria financiera o contratista. Se trataba de empresas que, surgidas al calor de la ISI de posguerra, habían experimentado un importante crecimiento y poder sectorial bajo la demanda y sobre compras motorizadas desde el Estado¹⁴. En los últimos años, estos empresarios donde predominaban los de carácter nacional, se habían beneficiado del proceso de estatización de la deuda externa. También, y de acuerdo a los cálculos efectuados por ^{Ortiz y Schorr (2006)}, los gastos en concepto de compras estatales y seguros de cambios que percibieron estos grupos empresariales concentrados superaron en más del doble las remisiones al exterior en concepto de deuda externa. De modo que se desarrollaba una puja distributiva a nivel local e internacional que limitaba el accionar del Estado, y condicionaba, a su vez, al gobierno alfonsinista. No menos importantes, fueron las demandas de los sindicatos en manos opositoras, que al controlar la Confederación General de Trabajadores (CGT) realizaron una cantidad récords de huelgas generales en gran medida contra el FMI y la política económica del gobierno (^{Iñigo Carrera, 2001)}. De la misma manera, también eran representativos los sectores agropecuarios que, ante la caída de los precios internacionales de los productos que exportaban, presionaban por la reducción de los aranceles por exportaciones, algo que condicionó al gobierno y quitó recursos al Estado, haciéndose evidente el conflicto en torno al llamado Plan Primavera de 1988. En suma, con la salida de Grinspun la economía marchaba hacia la recesión y la inflación predecía un índice anual de aproximadamente 600% (^{Rapoport, 2020a}). De esta forma el problema de la deuda externa con las conjugadas altas tasas de intereses, caída de los precios internacionales y el escaso financiamiento internacional comenzaban a ser reconocidos como un potencial peligro que juntos incentivaban una posible hiperinflación.

En este marco, un recambio ministerial en economía dio lugar a la instrumentación de un plan antiinflacionario que fue elaborado por funcionarios de una raíz intelectual diferente a la clásica desarrollista que encarnaba Grinspun y su equipo. Se trataba de colaboradores del gobierno que desde la Secretaría Económica elaboraron un plan antiinflacionario con otros métodos para relanzar el crecimiento. Se llevaría a cabo como un “ajuste positivo”, entendido como una combinación de restricciones con incentivos a la mayor actividad económica mediante una inserción exportadora. También el viraje se produjo en el ámbito de la política internacional, especialmente en las relaciones con Norteamérica, acabando con las incertidumbres que había generado Grinspun con sus enfrentamientos con el FMI y la banca privada. Desde la puesta en marcha del Plan Austral, en julio de 1985, acordado y financiado con el FMI, se aceptaron las reglas de juego del organismo como parte del ya mencionado “giro realista” a partir de entonces, el gobierno de Estados Unidos encabezado por Ronald Reagan (1981-1989) y los acreedores apoyaron la gestión del nuevo ministro de Economía Juan Vital Sourrouille (1985-1989).

El cambio de estrategia económica propiciado por el gobierno que integró al ministro Juan Sourrouille, en enero de 1985, también incluyó la participación de otros economistas considerados técnicos extrapartidarios como Mario Brodersohn, José Luis Machinea, Adolfo Canitrot, Ricardo Carciofi y el sociólogo Juan Carlos Torre. La estrategia fue la formulación de un plan antiinflacionario denominado Austral que combinaba medidas ortodoxas como el control del gasto público y de la emisión monetaria con otras heterodoxas como el congelamiento de precios, el cambio del signo monetario y una tabla de desagio elaborada para reacomodar los contrarios luego de la reducción de la inflación. Sin embargo, ante el fracaso del mismo al no contar con medidas destinadas a redimensionar el gasto público de forma profunda (^{Brenta, 2019}), la política económica del gobierno, paulatinamente, adquirió rasgos más ortodoxos centrados en el ajuste fiscal, el control monetario o bien propuestas de reformulación del Estado que buscaban desprenderse de empresas públicas y generar una apertura comercial mayor en sintonía con las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial (BM), aunque de forma tardía (es decir, una vez que el capital político del gobierno se encontraba en declive). ^{Massano (2018)} consideró que en esta etapa se produjo un progresivo avance en torno al “consenso del ajuste” que significó la aceptación de los postulados neoliberales. Este proceso se desarrolló y coincidió con un contexto propicio para dicho avance en el que, a nivel internacional, los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher (1979-1990) en Inglaterra y Ronald Reagan (1981-1989) en Estados Unidos adoptaban y promovían sus consignas (^{Beltrán, 2006}).

La deuda externa desde la izquierda: una oportunidad para la movilización popular

Desde los inicios de la actividad de ET, en 1984, fue central la cuestión de la deuda pública como parte de una crítica a la democracia. Sobre esta, se decía que “no es posible deducir del voto por el sí que tal cantidad de ciudadanos haya convalidado también los resultados de la renegociación de la deuda externa y el acuerdo con el FMI”¹⁵. Sin embargo, a comienzos de 1985 ya se advertía el inicio de un año difícil haciendo alusión “a las medidas de austeridad que se apresta tomar el gobierno para cumplir con los compromisos externos de la deuda”¹⁶. Principalmente se cuestionaba el stand by firmado por el gobierno en aquel entonces¹⁷, caracterizado como un “préstamo atado a la dependencia”¹⁸, en tanto el mismo se encontraba destinado a suplir la caída de las exportaciones y no a la producción ni a las inversiones. Así, se consideraba que se trataba de un artificio más para hacer frente al endeudamiento legado por el régimen anterior.

Por otra parte, y al margen de las críticas, ET destacaba que

Grinspun había conseguido en dos áreas muy importantes una negociación que el FMI no está habituado a otorgar: un crecimiento del salario real durante 1985 entre el 6 y el 8 por ciento y otro del PBI del orden del 5 por ciento¹⁹.

A esta cuestión, ET ponía en dudas la concreción de estos objetivos que, a pesar de considerarlos acertados, no se lograrían mientras se contradijeran con “(…) tarifazos, racionalización administrativa, pago atrasado de sueldos, reducida inversión pública y casi nula inversión privada”. Así, como solución ET proponía un plan económico que recortara el poder de la oligarquía mediante una alianza de contrapeso compuesta por “(…) obreros, empleados, profesionales, productores agrarios pequeños y medianos, pequeños y medianos comerciantes, industriales nacionales pequeños y medianos, cooperativistas”, etc. Sin embargo, y de acuerdo con las nuevas reglas del régimen democrático, se aclaraba más explícitamente que “(…) cualquier solución fuera de la democracia sería profundizar la especulación y la dependencia (…)”, de modo que para salir de la crisis hacía falta “(…) voluntad política para entrar en una economía productiva aislando los intereses de la patria financiera”²⁰.

En el mismo sentido, se decía que para solucionar la crisis de la deuda nacional como latinoamericana era necesaria “la adopción de una política externa independiente [que] pasa por la determinación política de plantarse firmemente ante el FMI”. De hecho, en una nota firmada por Miguel Monserrat, entonces Diputado Nacional por el Partido Intransigente, se aseguraba que hay signos claros a nivel nacional e internacional que hacían posible una situación de aquella naturaleza, aunque no se realizaba un recuento de cuales eran aquellas señales. Luego, en otra nota a cargo de Antonio Napoli, entonces Senador Nacional por la UCR, se caracterizaría al problema de la deuda externa como parte de un problema Norte-Sur en medio de una nueva articulación internacional de la dependencia, donde cúpulas del poder económico-financiero mundial buscaban perpetuar el subdesarrollo de los países periféricos y acentuar la dominación de los países centrales²¹. En este marco, proponía una solución política al problema definiendo los sectores específicos que cargarían con el ajuste que proponía el FMI. En complemento, se afirmaba que:

La solución política que creemos más adecuada a esta enorme problemática se encuentra íntimamente ligada a la acción conjunta por parte de los países deudores (…) resulta imprescindible reformular una reprogramación de pagos que minimice en términos reales la transferencia de recursos al exterior [para luego] afectar un monto de las exportaciones, que estimo sea de un quince o veinte por ciento²².

Así, la nota de Napoli aseguraba que el problema de la deuda externa constituía un vector que podría funcionar como un eje movilizador para forjar coincidencias básicas sobre las cuales galvanizar la unidad nacional.

Luego, en una entrevista realizada al jurista Salvador María de Lozada, ET interrogaba sobre el problema de la deuda externa, su condición jurídica y las trabas que generaba al desarrollo nacional. En el testimonio se aseguraba que la cuestión de la deuda interrogaba a todos los ciudadanos y no solo a economistas, que era un asunto jurídico y que los dos partidos más grandes en aquel entonces (el Partido Justicialista -PJ- y la UCR) tenían una:

Implícita vocación pagadora [que] contribuye a eludir el debate jurídico, porque de él muy bien puede surgir la convicción de que la deuda no se puede pagar [en tanto] el pueblo argentino no estuvo representado por quienes contrajeron las obligaciones²³.

Obviamente, estos pronunciamientos hacían referencia a la deuda contraída durante la dictadura militar y, especialmente, a la deuda privada estatizada o hecha pública mediante avales del BCRA que habría formado parte de un “carnaval financiero”²⁴ durante los años de dictadura. Luego, en la edición de julio de 1985, ET destacaba la iniciativa del gobierno en parar la inflación, pero aún se interrogaba sobre la deuda externa. Se decía que “nadie se opone a que se intente reducir la inflación. Tampoco nadie es tan ingenuo para suponer que es un fenómeno aislado”²⁵. También se remarcaba que la deuda externa constituía más de dos quintas parte del déficit público. En este punto, ET consideraba que atacar el problema de la deuda externa, por los cauces ya expuestos, era “no solo una demanda popular, sino el castigo de todos los culpables; es una necesidad de la democracia”. En este mismo sentido, una caricatura de Alfonsín y Sourrouille aparecía en el pie de la nota acompañada por el siguiente diálogo: “Alguna gente dice que en lugar de pagar la deuda tendríamos que cumplir con lo prometido [Alfonsín] y bueno… lo prometido es deuda [Sourrouille]”²⁶. En la misma línea se incluía el testimonio de Carlos Auyero, entonces presidente del partido Demócrata Cristiano²⁷, quien afirmaba que:

Las meras medidas tomadas no van a superar el problema de fondo de la recesión ni de la inflación [en referencia al Plan Austral], por lo que acá está planteado un problema que el gobierno no ha definido: el planteo frente a la deuda externa, que es imprescindible que defina en una política de confrontación y no de sometimiento^.28.

Durante agosto de 1985, a poco tiempo de haberse lanzado el Plan Austral, ET compartía párrafos de un documento lanzado por los miembros de la juventud de los entonces partidos Radical, Intransigente y Comunista firmado Hugo Gorgone, Carlos Farabollini y Anabel Longinotti, respectivamente. Allí, los políticos aseguraban que “este esquema de dependencia tiene en nuestros días su expresión más agudizada en la deuda externa”. En el texto reproducido y recreado en ET al respecto, se entendía que, en el marco de una crisis capitalista mundial, la deuda externa representaba el principal problema de la democracia y convocaba así “a la unidad frente a la deuda externa”. Especialmente, destacaban que “(…) el pueblo argentino, en consonancia con todos los pueblos de América Latina, solo está dispuesto a pagar aquello que el pueblo deba y en las condiciones que pueda, a fin de no frenar su desarrollo”²⁹. También se reivindicaba la unidad de los sectores populares como la solidaridad latinoamericana que mediante la movilización estarían en condiciones de definir un proyecto nacional teniendo como baluarte el rechazo a la deuda externa. En la misma edición, se reproducía una exposición del sindicalista telefónico Julio Guillán quien, en la Conferencia de la Habana convocada por Fidel Castro para discutir la renegociación conjunta de la deuda, afirmaba que “(…) no la pagamos, no porque haya elementos técnicos que lo digan. No la pagamos porque no vamos a admitir, la clase trabajadora latinoamericana, que se pague la deuda con más hambre, con más muertos y con más injusticias sociales”³⁰.

En la misma edición, ET compartía una declaración conjunta firmada por intelectuales, sindicalistas y periodistas, entre los que figuraban columnistas de ET como Puigjané y Burgos, donde se asentaba que el problema de la deuda externa minaba la institucionalidad política del país, comprometía la transición a la democracia y establecía la hegemonía del capital financiero en aras de establecer un modelo exportador ajeno a cualquier atisbo de justicia social³¹. Además, la manifestación entendía que el movimiento popular se encontraba debilitado tras la dictadura militar y que, a pesar de estar mostrando signos de reactivación, su fragmentación constituía un problema para enfrentar la cuestión de la deuda. Así, pesar de las mancomunadas críticas al gobierno, se decía que:

Si el estado represivo alentó [en referencia a la dictadura de 1976], en nombre de la eficiencia económica la especulación y la concentración -liderada por los grupos nacionales y transnacionales más poderosos de nuestra economía- es injusto que un gobierno fundado en la voluntad popular deba continuar haciéndose responsable (…) de una deuda ilegítima”³².

Luego, en el mismo suplemento, ET afirmaba que la deuda era responsable de las tasas de mortalidad infantil, el analfabetismo, el desfinanciamiento en educación, la desocupación y subocupación, la caída del salario real por voluntad de la oligarquía y el imperialismo. En este último grupo, se aglutinaban al gobierno de Estados Unidos, las multinacionales y la banca internacional, de quienes se aseguraba que su objetivo era mantener la dependencia de los países latinoamericanos: “…su negocio es mantenernos endeudados”. Por otra parte, también se decía que “(…) existe el proyecto encubierto de agotar el aparato productivo, achicar el Estado y condenar al hambre y la miseria a millones de trabajadores y familias”. Específicamente, ET se refería a una estrategia de las multinacionales en alianza con la banca internacional y el FMI donde se buscaría “(…) sustituir el desarrollo industrial sobre el retorno de un modelo agroexportador como reserva potencial de sus proyectos imperialistas”³³.

En 1985, una nota firmada por Carlos Vadillo (entonces presidente del Comité de la Capital de Buenos Aires del PJ) afirmaba que la deuda externa era el principal obstáculo para satisfacer las necesidades básicas del país. Destacaba que “(…) el carácter inmoral de la misma, toda vez que este endeudamiento fue provocado y promovido por el imperialismo”. Además, volvía a señalar otros puntos en torno a la deuda como su ilegalidad jurídica originada en las irregularidades de la mayoría de los préstamos contraídos durante la anterior dictadura y el tutelaje del FMI para efectuar los pagos. A su vez, recreaba un escenario de conflicto compuesto por aquellos actores “proimperialistas y pro-oligárquicos que pretenden infundir temor sobre las distintas formas de no pago” y, por otro lado, “tenemos a los sectores vacilantes, como el caso de la administración radical permeable a las presiones imperialistas y oligárquicas”³⁴. Como síntesis, afirmaba que la solución al endeudamiento se haría con una democracia firme compuesta por la participación y la movilización popular.

De la pluralidad de voces al apaciguamiento de los debates en torno a la deuda externa

A comienzos del año 1986, ET cuestionaba con dureza, en torno a la cuestión de la deuda, tanto al oficialismo (UCR) como al justicialismo (PJ) por no considerar “(…) los terribles peligros que nos asechan si seguimos pagando”. Como solución, además de una moratoria, se recreaban las palabras de Oscar Alende, fundador del Partido Intransigente, al decir:

Una propuesta concreta. Hablamos de nacionalización de la banca [porque] las políticas nacionales y sociales tienen que estar al servicio de los pueblos (…) nacionalización del comercio exterior y de un profundo cambio en la vida de país, que pretendemos sea revolucionario³⁵

No obstante, y a pesar de las críticas voces incluidas en sus páginas, la ruptura con el gobierno aún no era del todo clara en tanto se decía:

Creo que de una buena vez debemos dejar de confundir a los enemigos. Podemos ser adversarios políticos, levantar nuestras propias proclamas y banderas, pero debemos estar unidos para luchar contra los poderosos enemigos que nos subyugan, que no se hayan dentro del país³⁶.

En febrero de 1986 seguían desarrollándose las reuniones del llamado Consenso de Cartagena, ET cuestionaba que, a pesar de la virtud de la iniciativa por parte de los países deudores, “(…) no incluye resoluciones para ser adoptadas en conjunto, menos aún, en bloque [porque] cada uno de los países miembros (…) discute y confluye acuerdos con sus respectivos acreedores de manera bilateral”. No obstante, ET todavía reivindicaba que “(…) al problema de la deuda debe dársele una solución política”³⁷. Más específicamente, se entendía que las reuniones de los deudores no avanzaban con firmeza en acciones concretas en un bloque conjunto, por eso se decía que:

Aunque no se cambia el criterio de bilateralidad de trato entre acreedores y deudores ni se alude a medidas más energéticas específicas (…) no se insinúa como posible una ruptura a la vez que no se brinda un respaldo solidario reciproco³⁸.

También se cuestionaban fuertemente los llamados triunfos que, según ET, anunciaba el secretario de Hacienda Mario Brodersohn, y el subsecretario de la Deuda Externa Juan Sommer, en torno a la renovación de los vencimientos mediante los bonos BONOD y Promissory Notes. Así, ET explicaba que:

Cuando varias empresas privadas no pudieron hacer frente a sus créditos externos durante la gestión del ministro Lorenzo Sigaut [titular del ministerio de economía en 1981] el Estado argentino extendió los BONOD y las Promissory Notes en sustitución de deudas privas (…) Dicho de otro modo, las empresas se comprometieron a pagar al Estado en moneda nacional, constantemente desvalorizada³⁹.

De esta forma, se le daba un contexto histórico a la deuda como parte de la herencia recibida por el régimen dictatorial anterior, y así se decía que, “(…) cuando en 1984 empezaron a vender los títulos, el Estado tampoco pudo pagar [pero] como todo llega en esta vida, ahora empiezan a vencer todos esos compromisos”⁴⁰. Era tanto así que se vinculaba a los funcionarios en democracia directamente con el proceso dictatorial de 1976, y de esta forma se denunciaba que “los antecedentes procesistas de muchos de estos funcionarios [Brodersohn, Enrique García Vázquez (presidente del BCRA), Sommer, Santiago del Puerto, Eduardo Zaldueno, entre otros]⁴¹ no son la mejor recomendación para garantizar los intereses nacionales”⁴². En la misma edición, y en un frente religioso, cuando Puigjané y Dri entrevistaron al fraile brasilero Carlos Alberto Libanio Christo (Fray Betto) y se le interrogó, específicamente, por qué caracterizó a la deuda externa como un pecado social, el religioso afirmó: “(…) porque se paga con la sangre y el hambre del pueblo (…) hay que quitarle al pueblo, no hay otra manera; a través de la recesión, de las presiones que impiden el aumento de salarios”⁴³.

Por otro lado, cuando se discutió la cuestión impositiva, considerada regresiva en aquellos años por las autoridades económicas, y la fuga de capitales registrada desde la dictadura de 1976, ET afirmaba que:

La explicación ilustra inopinadamente sobre una de las características del capitalismo salvaje imperante en nuestro país, y sobre la escasa y nula conciencia social o nacional de quienes sacaron 30 mil millones de dólares, hicieron toda clase de triquiñuelas para aumentar sus capitales sin arriesgarlos y hoy exaltan hasta la guerra si se les reclama un salario que sea de algo menos que hambre⁴⁴.

Esto, a juicio de ET, se encontraba profundamente vinculado con el FMI y los acuerdos con los acreedores en tanto los controles y administraciones de precios y salarios formaban parte del escrutinio y las revisiones del organismo como prerrequisito para acordar con los segundos. De hecho, se diría que:

Apadrinados por las autoridades financieras norteamericanas, nuestro país logró un perdón costoso del FMI por las pautas que no habíamos cumplido. Nos impusieron nuevas condiciones y nos prestaron otros 900 mil millones de dólares, que se suman a los que ya debíamos y que quizás nunca pagaremos⁴⁵.

Como contraparte, se reivindicaba al sector trabajador al sugerir que:

El gobierno sabe la desconfianza de algunos de los dirigentes de la cúpula cegetista [Confederación General del Trabajo (CGT)]. Esta clase trabajadora no es de arrear por la nariz, y si para en contra del Plan Austral, el FMI y por la mora de la deuda, es porque necesita que cambie la política económica actual⁴⁶.

De la misma manera, ET relacionaba las protestas contra la política económica a la defensa del sistema democrático. Es decir, contra el gobierno, pero por con régimen se decía que:

Para defender el régimen democrático contra el golpismo (…) lo permanente es la necesidad de compactar las fuerzas sociales del pueblo (…) para enfrentar a la derecha, para exigir el cambio de política económica o para profundizar nuevas brechas a fin de profundizar la democracia⁴⁷.

El director del periódico, Burgos, declararía en la edición de agosto de 1986 que “(…) contra la prepotencia extranjera, vamos todos, militantes de la vida”⁴⁸ [a buscar como representantes de los sectores populares] que nos quiten de encima las cadenas de la deuda externa”. Estas afanosas declaraciones estaban motivadas por las medidas proteccionistas de Estados Unidos hacia las exportaciones argentinas como de sus acuerdos para vender trigo a la Unión Soviética, que también perjudicaban a las exportaciones nacionales. Esto era entendido como una irresponsabilidad porque “(…) nuestro país se verá obligado a condicionar el pago de la deuda externa [y porque] la resolución norteamericana (…) quita la base de sustentación del programa económico”. Ante tales presiones, el director de ET aseguraba que estos descalabros hacían evidente:

La situación de dependencia en la que vivimos. Y termina por darnos la razón a la mayoría de los argentinos que pensamos que nuestra crisis solo se remedia con más independencia, con más democracia, con altivez y dignidad, con ‘aprender a vivir con lo nuestro’, en suma⁴⁹.

Así, los reclamos que hacía la dirección de ET eran adjudicados a “(…) la mayoría de las corrientes políticas populares [lo que legitimaba que] debe el gobierno escuchar la voz de las mayorías (…)” y se revindicaba, así, la necesidad de abrir la participación popular porque “(…) millones de hombres y mujeres de buena voluntad aspiran a que sus reclamos se haga realidad”⁵⁰. Entrado el año 1987, en las vísperas del diseño de un nuevo programa económico y con la inestabilidad que generaban los llamados levantamientos militares “caras pintadas”⁵¹, se declaraba que sobrevendría un ajuste más duro ante el regreso de la inflación post austral y el deterioro de la balanza comercial. Especialmente, se decía que “el pago de la deuda externa consumía prácticamente el superávit de la balanza comercial [a lo que debe sumarse] que nuestra deuda se incrementaba por los préstamos de la banca internacional para completar el pago de los intereses”⁵². Ahora, ante un programa que se establecía sobre los pilares de la presión fiscal, la retracción monetaria, la contracción del salario real y el mejoramiento de la paridad cambiaria, se entendía que:

La sublevación del coronel Aldo Rico venía así a causar esta nueva negociación, más desfavorable que las anteriores [mientras que] el gobierno, ante la gravedad de la situación, en vez de dar batallas e implementar un plan de características nacionales, se adapta a las exigencias y adopta las recetas recesivas⁵³.

Así también, ET resumía la postura de los acreedores internacionales, especialmente de su principal representante el Citibank, al decir que “(…) la deuda externa puede y debe pagarse. Nadie espere créditos en América Latina de ahora en más. Sino pueden pagar transfiriendo divisas, capitalicen”⁵⁴. Pero para ET la deuda era “incontrolable e impagable” producto de que seguía vigente la “doctrina de seguridad nacional” con amplias posibilidades de que, dado la inestabilidad, se desarrollaran golpes de Estado. En este sentido, para ET el problema de la deuda externa y el papel de Estados Unidos, tenía un rol central en tanto:

Argentina, a la que sutil pero firmemente se le ha hecho desistir de sus negocios pesqueros con los países socialistas (…) aceptar la presión militar mediante concesiones cada vez más escandalosas, sobre todo a partir de Semana Santa, e imponer recetas económicas crecientemente antipopulares, no es, como se ve, una excepción al novedoso diseño norteamericano para la región⁵⁵.

Posteriormente, en septiembre de 1987, una misión comandada por Sourrouille y Brodersohn viajó a Estados Unidos para refinanciar con los bancos acreedores 30 mil de los 54 mil millones de dólares de deuda pública acumulada. ET, por su parte, criticó el acuerdo que alargó los vencimientos entre 7 y 19 años. Especialmente, cuestionaba la constante alineación del equipo económico al Norte, aunque otros complejizaban el asunto y señalaban la falta de quitas de capital como el fracaso de la coordinación entre deudores:

Las negociaciones se dieron luego de que el presidente de Citycorp John Reed, echó por tierras las pretensiones del gobierno de lograr una quita importante en el capital de la deuda [y, a su vez] los acercamientos de Argentina a Brasil y Venezuela que pretendían negociar en común⁵⁶.

También se destacaba negativamente que “la deuda externa argentina ha crecido -desde 1983 a la fecha- en 9 mil millones de dólares [y que] las declaraciones del presidente de la Nación pecan así de un optimismo sospechoso de propaganda electoral”⁵⁷.

Sin embargo, se incluyeron otras voces que ponían en cuestión en algunos puntos la sólida, aunque heterogénea, postura crítica de ET en torno a la deuda. Fue el caso de la entrevista realizada en aquel entonces al epistemólogo Mario Bunge. Cuando se le interrogara acerca de cómo solucionar la deuda externa, este haría afirmaciones que, en alguna medida, no se correspondían con las premisas más radicales que ET sostenía:

Por lo pronto, no pedir más préstamos para pagar las deudas (…) destinar un porcentaje de las exportaciones a pagar las deudas (…) seguir negociando la deuda porque en gran parte ella es ficticia. Es dinero que se han robado […] además, los préstamos fueron realizados por banqueros que vinieron, los ofrecieron e hicieron una mala inversión. Cuando un particular hace una mala inversión se embroma (…) y decirles a los banqueros que la totalidad no se va a pagar⁵⁸.

En otro número, también se entrevistaría al senador de Entre Ríos por el radicalismo Ricardo Laferrière, quien cuando se le preguntase por la cuestión de la deuda pública respondería, en cierta alineación al oficialismo radical, aunque desconociendo el viraje en las relaciones internacionales y especialmente el problema de la deuda externa que el gobierno hacía desde el recambio ministerial de 1985, que “el presiente ha calificado de ‘ridículas’ las recetas del FMI, porque lo son. A nadie escapa ni puede negarse la predica, la acción y la lucha del gobierno argentino en pos de la organización de los deudores de América Latina”⁵⁹.

En los últimos números, como el cuaderno de octubre de 1988, la cuestión de la deuda no aparecerá tan presente en la agenda. Por el contrario, parecían reavivarse cuestiones sociales que tendrían que ver con la conflictividad laboral, las protestas barriales en torno a los precios y un claro sentido de “vuelta de la violencia política” que impregnaba las notas con noticias sobre roturaciones, secuestros y violaciones de derechos humanos. En este contexto, la problemática del endeudamiento público no mereció la atención que sí tuvo entre sus primeros años de actividad, por el contrario, se avizoraban portadas con leyendas como “pagar los justo”, “vamos a pelear”, “reaparece la cara del terror”, “la gente va a lucha”; “la desaparición”; “los estatales se mueven” e incluso “hasta los radicales salen a la calle”⁶⁰. Es posible que esto preanunciara, en alguna medida, los sucesos posteriores de la Tablada. Lo que quizás es más claro es que la pluralidad de voces en las discusiones analizadas se redujo entre 1987 y 1988. Esto, a su vez, coincidía con un paulatino deterioro del gobierno, dado que para la segunda mitad de 1988 se entraría en un contexto de empeoramiento de la inflación (se había acumulado un 440% en el último semestre), caída salarial (acumulada en 33% desde 1984), creciente desocupación (ascendía a 6,5%) y una deuda que ya alcanzaba los 46.000 millones de dólares y que entraría en una mora de hecho (^{Belini y Korol, 2020}). En este desfavorable contexto económico y social se diseñaba un nuevo plan económico, entonces conocido como Plan Primavera, en acuerdo con las corporaciones empresarias tradicionales como la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina y en concertación con actores internacionales como el Banco Mundial. Visto que las medidas expresaban más agudamente la voluntad de implementar un ajuste mediante restricciones fiscales y monetarias como de alcanzar reformas estructurales en el área comercial y del gasto público (^{Massano, 2018}), es sensato considerar que ET diluyera sus debates para inclinarse por las posturas más radicales de quienes componían sus columnas.

Consideraciones finales

Consideramos posible aglutinar un conjunto de reflexiones que sirvan no solo para concluir este trabajo sino, también, para arribar a futuras reflexiones y propuestas de análisis. En primer lugar, constatamos que la cuestión de la deuda externa aparecía ligada a la democracia y que servía como término legitimador en defensa de todos aquellos que se oponían a una deuda injusta. Sin embargo, las críticas al FMI y a los acreedores externos no resultaron siempre homogéneas en tanto se incluyeron otras voces más moderadas. Por el contrario, el ministro Grinspun y el presidente Alfonsín aparecían como figuras que, atadas al gobierno democrático, buscaban por momentos contrariar a los poderes externos. Con respecto a los poderes económicos, entendidos como enemigos naturales del pueblo, se incluía a los acreedores y al FMI, pero también a una oligarquía local o patria financiera que, en general, aparecía como aliada de un imperialismo internacional conducido por, principalmente, Estados Unidos. La lógica de los enunciados afirmaba que a estos actores económicos debía enfrentárselos mediante una alianza amplia, aunque a la vez, en democracia. Esta última aparecía así un tanto vacía de contenido, dado que para contrariar a los poderes económicos solo se mencionaba la movilización de las mayorías, quedando la forma de gobierno en un relieve retórico al que no se le podría añadir ninguna característica puntual. Como el problema general era leído en términos de una alianza entre el capital internacional y el local para mantener en subdesarrollo a Latinoamérica y que, en Argentina, venía orquestándose desde la odiosa dictadura de 1976; quizás esto se relacionaba con el hecho de que la democracia aparecía como un término correcto. Esto último, teniendo en cuenta el binomio autoritarismo-democracia que el alfonsinismo había instalado exitosamente, y al que amplios sectores progresistas y de izquierda habían adherido.

Naturalmente, la acción conjunta de deudores latinoamericanos aparecía siempre, a pesar del desgaste que esta iniciativa fue sufriendo especialmente con el recambio del ministerio de economía en 1985, como una posibilidad latente. Así, se convocaba a personalidades políticas, intelectuales y hasta religiosas a opinar sobre el tema, quienes desde diferentes ángulos se oponían con diferentes propuestas progresistas. Aunque la historia reciente de la deuda pública, especialmente su estatización en dictadura, aparecían como el principal punto de crítica al FMI y los acreedores, otras voces complejizaron el panorama. Así, hubo desde quienes planteaban mejores condiciones para una reestructuración hasta quienes directamente proponían, aunque en menor medida, desconocerla. La falta de apoyo para avanzar en una iniciativa de este tipo en aquellos años, tanto a nivel internacional como nacional, era entendida por ET como “una voluntad pagadora de los partidos mayoritarios”. En este amplio espectro hubo quienes entendieron que la deuda vulneraba a la democracia, incluso al gobierno, y que la solución era la nacionalización de la banca pública y el comercio exterior con un sentido revolucionario, hasta quienes afirmaran que endeudar al país y mantenerlo en ese piso era un negocio del capital internacional, en gran parte convalidado por una fuerza política “permeable” al imperialismo.

Sin embargo, y a pesar de la heterogeneidad de estas posturas de izquierdas, la cuestión democrática aparecía como un baluarte de la defensa popular, aún más ante los peligros institucionales que los militares carapintadas significaban para el gobierno. Especialmente en este punto se entendía que la conflictividad militar constituía una plataforma para el avance de la ortodoxia económica. Quizás esto fue lo que apagó en los últimos números de ET la discusión económica, particularmente de la deuda pública, que aparecía más como irrefrenable ante el avance de un creciente conflicto social que, si bien existía, no se movilizaba contra las endebles estructuras institucionales recientemente recuperadas. Así, las propuestas de movilización contra el FMI, de planteos al poder político de turno, como de judicializar la deuda pública, bastante marginal esta última, fueron desapareciendo. Quizás esto, como sugerimos más arriba, daba cuenta de una creciente desconfianza vinculada a las posteriores acciones en la Tablada.