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Revista de historia americana y argentina

versión impresa ISSN 2314-1549versión On-line ISSN 2314-1549

Rev. hist. am. argent. vol.57 no.1 Mendoza jun. 2022  Epub 27-Jun-2022

http://dx.doi.org/10.48162/rev.44.026 

Artículos libres de historia americana y argentina

Asociaciones de mujeres agropecuarias, mediación y crisis política en Argentina (Córdoba, 1995-1997)

Associations of agricultural women, mediation and political crisis in Argentina (Córdoba, 1995-1997)

Gabriel Fernando Carini1 
http://orcid.org/0000-0001-6932-1054

1Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Nacional de Río Cuarto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas. Córdoba, Argentina. gcarini@hum.unrc.edu.ar

Resumen

El presente artículo tiene por objetivo analizar la emergencia de asociaciones agrarias de mujeres en el interior de Argentina durante la segunda mitad de la década de 1990. Se priorizan algunas dimensiones de análisis como aquellas ligadas a la estructuración de las demandas de estos colectivos, a su relación con otras entidades agrarias, a las diversas estrategias de mediación política implementadas y a los discursos que se esgrimieron en esos procesos. Para ello recuperamos, desde un enfoque eminentemente cualitativo, un conjunto de fuentes que nos permiten arribar a una mejor comprensión del problema planteado.

Palabras clave: asociaciones de mujeres; mediación política; endeudamiento; agricultura familiar; agronegocio

Abstract

The objective of this article is to analyze the emergence of women's agrarian associations in the interior of Argentina during the second half of the 1990s. Some dimensions of analysis are prioritized, such as those linked to the structuring of the demands of these groups, their relationship with other agrarian entities, the various strategies of political mediation implemented and the speeches that were wielded in those processes. For this we recover, from an eminently qualitative approach, a set of sources that allow us to arrive at a better understanding of the problem posed.

Key words: women's associations; political mediation; indebtedness; family agriculture; agribusiness

Introducción

“Estamos luchando para que no se apaguen las luces de las chacras. Debemos impedir que desaparezcan cientos de empresas familiares agobiadas por pesadas deudas financieras” afirmaba Noemí de Slavagno, esposa de un productor agropecuario de San Basilio, una pequeña localidad del sur de la provincia de Córdoba en Argentina1. Este breve fragmento sintetiza una problemática que atravesó al sector durante la segunda mitad de la década de 1990: el endeudamiento financiero como mecanismo para adecuar las estructuras productivas a los requerimientos del agronegocio. Como es sabido, con la vigencia del nuevo modelo productivo se allanó el camino hacia el predominio de una lógica empresarial que supuso nuevas modalidades de integración de la producción agropecuaria (que trasvasaron lo sectorial) y la necesidad de otorgar flexibilidad a las tareas tanto de planificación y ejecución de las labores agrícolas como a las de gestión de las explotaciones agropecuarias. Estas mutaciones implicaron la transformación de la actividad agropecuaria y la hicieron cada vez más dependiente de los conocimientos científicos y de los insumos, pero también delmanagementy las estrategias de producción, indispensables para sortear las difíciles y ambivalentes condiciones por las que atravesaba el sector. Estos lineamientos cambiaron el manejo económico de las empresas agropecuarias: no solo produjeron un incremento en las escalas necesarias para mantenerse dentro del proceso productivo, sino que además resignificaron las relaciones entre los actores a lo largo del mismo (Gras y Hernández, 2009 y 2013).

En ese marco, nos interesa centrar la mirada sobre aquellos sectores que la denominada reconversión empresaria colocó en el límite de la subsistencia y estudiar un conjunto de acciones colectivas estructuradas por diferentes organizaciones de productores familiares de la provincia de Córdoba. Analizaremos aquellas que estuvieron estructuradas por colectivos que expresaron un componente disruptivo en la estructura de intereses agrarios, dado no solo por sus formatos de protesta sino también por estar liderados por mujeres que hasta ese momento habían ocupado un lugar marginal en el espacio público vinculado al agro2. Partimos de la idea de que las demandas, discursos y formas de mediación política que implementaron estas asociaciones de mujeres posibilitaron el ingreso en la agenda política de la situación de endeudamiento de una parte significativa del entramado productivo de la provincia de Córdoba.

Por una parte, consideramos que su acción -que se desplegó entre la movilización y la negociación- fue la expresión de procesos de heterogeineización social más amplios que tuvieron lugar durante la década de 1990 en Argentina y que se vincularon a la implementación de políticas económicas neoliberales. Por otra parte, la presencia de estas asociaciones y sus modalidades de mediación política sirven de caleidoscopio para estudiar diferentes dimensiones de la dinámica asociativa del agro pampeano argentino de fines del siglo XX. Así, permiten indagar la crisis de los espacios tradicionales de representación de intereses agrarios encarnada en las asociaciones de tipo gremial, las formas en las que éstas procuraron dar respuestas a las demandas de sus potenciales bases sociales y las tensiones que emergieron entre las diversas organizaciones. También, nos interrogamos sobre las implicancias que para la estructura social agraria tuvo la generalización de pautas de producción empresariales vinculadas al agronegocio. Finalmente, expresan las formas en que los diferentes niveles del Estado procesan las demandas de las asociaciones de productores y las alternativas que proponen otras formas de mediación como los partidos políticos.

Sobre esa base, organizamos el presente artículo en cinco secciones. En la primera, exponemos algunas consideraciones historiográficas y metodológicas sobre el abordaje propuesto. En la segunda, reconstruimos la estructura social agraria de la provincia de Córdoba en el período analizado para avanzar hacia una mejor comprensión de la situación material de los actores estudiados. En la tercera brindamos un contexto en el que se inscribe la coyuntura que analizamos; mientras que la cuarta y la quinta sección se encuentran orientadas a estudiar las estrategias, las formas de mediación política y los discursos de dos organizaciones de mujeres del interior de la provincia de Córdoba.

La mediación política de las asociaciones agrarias: dimensiones para su abordaje

El análisis de las asociaciones agrarias durante la década de 1990 registra significativos antecedentes en Argentina. Los trabajos explican la resistencia de los sectores de la agricultura familiar frente a la política económica del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), en particular sobre la alteración de la estructura de costos que introdujo la ley de Convertibilidad. En ese marco, las acciones colectivas impulsadas por la Federación Agraria Argentina (FAA) constituyeron una vía de acceso para estudiar múltiples problemáticas. Así, por ejemplo, fue utilizada para mostrar el efecto de las políticas económicas sobre la composición de la estructura social agraria, evidenciar procesos de heterogeneización de las bases sociales de las tradicionales entidades gremiales y analizar las transformaciones en los perfiles institucionales que históricamente las habían caracterizado (Azcuy Ameghino, 2004; Lattuada, 2006; Lissin, 2010; Pérez Trento, 2015; entre otros). Asimismo, se recuperaron para su análisis acciones colectivas protagonizadas por el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML) que por sus formatos y densidad expresiva marcaron una disrupción no solo en la estructura de representación de intereses agrarios sino también en el campo político (Giarraca, 2001; Lattuada, 2006; Bidaseca, 2003; Manildo, 2009; entre los más significativos). Menor interés despertaron las acciones de protesta de los sectores ligados al empresariado rural que, al igual que los de la agricultura familiar, mantuvieron una sostenida conflictividad durante toda la década (Muro de Nadal, 2009; Salvia, 2014; Carini, 2019). Mirado en conjunto, estos trabajos nos ofrecen una visión exhaustiva de las demandas y reivindicaciones de un sector significativo de los actores del agro argentino. Empero, no han avanzado en la comprensión de la conflictividad que se generó en otras instancias, como las subnacionales, que permitirían, por ejemplo, aproximarnos a la complejidad de los mecanismos de agregación de intereses y a la capacidad de estos actores para trasladar sus pedidos a los estados provinciales.

Si focalizamos la mirada sobre estos procesos para el caso de la provincia de Córdoba el panorama se torna más fragmentario dado que la centralidad de las explicaciones estuvo dada por el análisis de aquellos sectores que, como las asociaciones gremiales de trabajadores estatales, fueron los más afectados por las medidas de ajuste fiscal impulsados por el gobierno provincial (Arriaga, 2008; Closa, 2010; Natalucci, 2011; Gordillo, Arriaga, Franco, Medina, Natalucci y Solis, 2012). En ese marco, se destaca el libro dirigido por Gordillo (2012), donde se realizó un abordaje integral de la dinámica del conflicto en toda la provincia. De esta obra se puede inferir que la conflictividad estuvo protagonizada por actores urbanos, en su mayoría por sindicatos estatales afectados por los intentos de reforma de las empresas provinciales. Así, del total de las protestas registradas en el período 1989-2003, más de la mitad (52,49%) fueron realizadas por los sindicatos, mientras que las vinculadas a sujetos rurales ocuparon un 6,52% del total. No obstante estas apreciaciones, la centralidad que ocupaba (y ocupa) el agro en la economía de Córdoba -como lo mostraremos en la siguiente sección- lo torna relevante como foco de análisis. Es decir, la escasa representatividad de la protesta rural no implica la inexistencia de momentos conflictivos, por lo que se hace necesario indagar sobre lo acontecido en ese espacio.

Sobre la base de lo anterior, seleccionaremos aquellas que comprendieron la participación de pequeños y medianos productores de la pampa cordobesa, dado que representaban a los sujetos sociales predominantes dentro de la estructura social del agro de Córdoba. En general, se trataba de capas de productores previamente ‘incluidas’, los que ya habían entrado en el proceso de capitalización y tecnificación (Murmis, 1998, p. 234). Este sector se componía de un conjunto heterogéneo de productores que constituían un factor decisivo en el mantenimiento de formas de vida rural modernizada pero con presencia local. Estos productores conservaban bajo su propiedad los espacios de producción y mantenían el control sobre el proceso productivo, lo que no excluía la contratación de maquinarias ni la ampliación de superficies productivas mediante el arriendo. Podía tratarse de empresas de pequeña, mediana o gran escala, algunas con cierto grado de diversificación territorial por lo que poseían vínculos con distintos territorios, es decir, que dependían de distintas dinámicas locales (Gras, 2010). Estos sujetos dieron forma institucional a organizaciones que históricamente estructuraron sus demandas y las trasladaron al espacio público.

De esta forma, por un lado, tomaremos como referentes empíricos las intervenciones públicas de la dirigencia rural de las principales organizaciones que operaron en el sur de la provincia de Córdoba y que se caracterizaron por defender, reivindicar y representar los intereses de los pequeños y medianos productores. Entre ellas otorgaremos centralidad a las del Movimiento de Productores Autoconvocados de San Basilio y la Asociación de Mujeres de Coronel Moldes (AMCoM) que se conformaron en el lapso estudiado y que supusieron una disrupción en el espacio público dado que promovieron formatos novedosos de mediación política. El período que reconstruiremos se corresponde con la gobernación de Ramón Mestre y abarca los años que van desde julio de 1995 a julio de 1999. Este lapso señaló la agudización de la conflictividad entre el Estado provincial y diferentes actores socio-económicos.

Para ello, nos serviremos del periódico comercial con mayor circulación neta paga del sur de la provincia, según el Instituto Verificador de Circulación, Puntal. Esto nos permitirá, además de reconocer los ciclos e intensidad de cada conflicto, vislumbrar la diversidad de actores, formatos y demandas que se constituyeron y transformaron a lo largo del marco temporal de estudio. El empleo de la prensa, a pesar de que simplifica la complejidad de la información en relación con la que circula para otros públicos (especializados) y a otras escalas de la política, posibilita indagar las acciones colectivas y las protestas sociales en las que participaron los sujetos objeto de análisis, puesto que entendemos que este medio constituye el canal por el cual la acción contenciosa se expresa y se transforma (Schuster, Pérez, Armesto, Pereyra, Armelino, García, Natalucci, Vázquez, Zipcioglu, 2006). Asimismo, emplearemos información estadística generada por organismos nacionales y provinciales e informes técnicos de asociaciones agrarias para facilitar la comprensión de las transformaciones de la estructura social agraria del territorio de Córdoba.

Una radiografía del agro cordobés

La producción agropecuaria de la provincia de Córdoba era central para el desenvolvimiento de la economía argentina. Hacia la finalización del período estudiado su espacio económico era el que contaba con mayor superficie implantada de oleaginosas en todo el país, con 3.710.543 hectáreas, seguida por las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En ese rubro, era la soja el principal cultivo con el 88% de la superficie implantada seguida por el maní y el girasol. Cabe advertir que el cultivo de maní se concentraba en Córdoba dado que alcanzaba 221.658,4 hectáreas sobre un total de 223.827,6 hectáreas sembradas en la totalidad del territorio nacional. Asimismo, Córdoba era la segunda provincia, después de Buenos Aires, con mayor superficie implantada de maíz con casi 850.000 hectáreas. También ocupaba un lugar preponderante la producción pecuaria que llegaba a 6.147.587 de cabezas de ganado, ubicándose en el tercer lugar dentro del total nacional (INDEC, CNA, 2002).

Estos indicadores, en particular aquellos vinculados a la expansión del cultivo de oleaginosas, dan cuenta de un proceso de transformación territorial profundo que se vinculó a los ritmos en que los productores fueron incorporando los imperativos impuestos por el agronegocio. Entre los requerimientos de ese esquema más capital intensivo se encontró la introducción de innovaciones tecnológicas, que -como los cambios que propició la introducción de la siembra directa- ha inducido en las últimas décadas a una gran disminución de los tiempos de laboreo (en especial aquellos que se realizaban previo a la cosecha), lo que se tradujo en una marcada reducción en la cantidad de trabajadores rurales3. En el caso de la provincia de Córdoba se observa una rápida adopción de esta práctica cultural. Para el año 1999 un 42,34% de los establecimientos productivos ya la empleaban, ocupando más de la mitad del espacio económico destinado a las actividades agrícolas, es decir, aproximadamente 2.300.000 hectáreas que en términos porcentuales llegaban al 46,95% (MAGyRR, 1999).

La introducción de estas innovaciones conllevó la necesidad de hacer frente a la adopción del paquete tecnológico, lo que aumentó los niveles de endeudamiento de las unidades productivas y, en muchas ocasiones, fue el motivo por el cual debieron salir del proceso productivo. A pesar de que no existen índices de morosidad, la situación de endeudamiento en el territorio cordobés era una experiencia extendida hacia finales del siglo XX. El 67 % de los productores de soja poseían algún tipo de endeudamiento y el 80% de esos productores registraban una deuda inferior a los $80.000. Los establecimientos con una deuda de $10.000 a $40.000 eran el grupo más representativo con una participación del 38,3% sobre el total de establecimientos endeudados (MAGyRR, 1999). Estos guarismos pueden servir de indicadores de las escalas económicas que se necesitaron a partir de la década de 1990 para garantizar la reproducción de las unidades productivas. Algunos estudios, realizados por los técnicos de CONINAGRO, advertían que la deuda global del sector ascendía a 8.000 millones de pesos lo que representaba un 45,4 % del valor bruto anual de la producción agropecuaria en 1995. Asimismo, destacaban que la deuda había aumento en el orden del 145% entre 1991 y 1995. El 70% había sido contraída con el Banco de la Nación Argentina, pero eran igualmente significativos los montos de las obligaciones en el sector financiero privado. El estudio estimaba que esta última se distribuía de la siguiente manera: con cooperativas y acopiadores unos 800 millones de pesos y con otros proveedores de insumos se calculaba que ascendía a unos 200 millones de pesos. El estudio advertía, además, sobre la gravedad de estas deudas puesto que eran a corto plazo y auguraba situaciones de quebranto entre los productores4.

Asociado a ese fenómeno se dio un acelerado proceso de liquidación y concentración de la tierra que alteró sustancialmente la composición de la estructura social agraria. Para el caso de la provincia de Córdoba, si consideramos el período intercensal que va desde 1988 a 2002, desapareció el 36,05% de las explotaciones agropecuarias, al pasar pasando de unas 40.061 a 25.620 y fueron las unidades de menos de 500 hectáreas (en donde censalmente se ubican los sectores ligados a la agricultura familiar) las que perdieron una proporción significativa de tierra bajo su control (INDEC, 1988 y 2002)5. Una de las consecuencias directas de este proceso fue el aumento de la superficie media por establecimiento, que a nivel provincial pasó de 342,6 hectáreas a 477,9. Ese promedio se incrementó sensiblemente en los departamentos del sur provincial, en donde se expandió el cultivo de oleaginosas y desplazó a las actividades ganaderas que los habían caracterizado. En el caso del departamento de Río Cuarto, la escala promedio de las explotaciones pasó de 371,91 hectáreas en 1988 a 492,05 hectáreas en 2002, con un crecimiento de un 32,30%. El tamaño promedio de las explotaciones en General Roca saltó de 764,1 a 885,6 hectáreas, en Juárez Celman de 446,2 hectáreas subió a 776,1 y en Roque Sáenz Peña de 579,7 trepó a 631,3 hectáreas6.

Esto muestra el pasaje a un esquema que demandó nuevas escalas de operaciones. De hecho, un estudio realizado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) para la provincia de Córdoba para 1995 concluía que, si un productor no tiene deudas de arrastre, la unidad económica de indiferencia de una explotación agropecuaria se ubica en las 250 hectáreas en la zona central de la provincia de Córdoba, si hubiere obtenidos niveles de rendimiento históricos. Es decir, no gana ni pierde, pero tampoco dispone de reservas para enfrentar un nuevo ciclo productivo. Si, en cambio, el agricultor que con esa extensión partió de un cierto endeudamiento para poder encarar el año agrícola su supervivencia está en peligro. Se desprende que las dificultades que venía manifestando la producción rural se han agravado y que resulta imperioso atender una problemática que continuará agudizándose, con la consiguiente expulsión de productores de sus explotaciones que irán a engrosar la tasa de desocupados urbanos, despoblamiento del interior y acrecentamiento de las tensiones sociales. Todo ello debe asumirse como un problema de Estado, concluía el informe, que demanda una política de salvataje de los pequeños productores7.

Como resultado de ese proceso se acentuó la heterogeneización (horizontal y vertical) que históricamente habían caracterizado a la región pampeana del agro de Córdoba cristalizándose una estructura agraria que tiende a la polarización en la que la base está representada por 23.041 explotaciones agropecuarias pequeñas y medianas que controlan casi el 47% de la superficie productiva de la provincia; mientras que el 10% de las unidades grandes, es decir, unas 2.579, tenían bajo su control el 53% del espacio económico de la provincia8.

La emergencia de las demandas por deudas en Córdoba

El volumen del ciclo agrícola de 1994/1995, según las estimaciones de los técnicos del gobierno y de las asociaciones agrarias, oscilaría entre 43 y 45 millones de toneladas, lo que vaticinaba un récord histórico. No obstante las perspectivas optimistas, para una parte de la dirigencia rural “estas expectativas favorables quedaron esfumadas” por la caída de los precios internacionales que no solo hacía presumir escasos márgenes de rentabilidad sino que además preanunciaba considerables pérdidas sobre todo en cultivos como el maíz, el sorgo, el girasol y la soja. El panorama no se presentaba mejor para la ganadería, que soportaba “caídas de precios, alargamiento de plazos de pago e irregularidades en la cobranza” aunque no se habían registrado manifestaciones clínicas de fiebre aftosa, lo que permitía considerar la apertura de nuevos mercados. Asimismo, identificaban otros problemas como el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la reducción de reintegros a la exportación, el incremento de la tasa estadística sobre las importaciones, la escasez de dinero, la elevación de las tasas de interés, el impuesto a los bienes personales que incidían en los costos de las explotaciones agropecuarias y, por ende, en los márgenes de ganancia9. Este cuadro se completaba con severas adversidades climáticas que afectaron entre diciembre de 1994 y mayo de 1995 a una extensión de entre 1.500.000 a 2.000.000 hectáreas en la zona centro de Córdoba, lo que provocó importantes pérdidas en los cultivos y fuertes mermas en los rendimientos10.

A ese contexto productivo, se le sumaba un año agonal en el plano político en el que se disputaban los principales escaños del país y que suponía un escenario de creciente movilización. En ese marco, Carlos Menem buscaba y lograba su reelección presidencial con un considerable apoyo de los “hombres de campo”, al obtener elevados índices de aceptación en la zona núcleo de la pampa húmeda que fueron desde 46,82% en Santa Fe, 48,50% en Córdoba y el 51,76% en Buenos Aires. Si bien estos guarismos reafirmaban la percepción del entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá, para quien “El presidente Carlos Menem cumplió con el país y con el campo (…) instaló definitivamente un proyecto de producción para la Nación que terminó con la cultura de la especulación como medio de vida y dio lugar a un país creíble. Menem fue siempre amigo del campo”11 no dejaban de causar cierto grado de asombro entre la dirigencia rural. Humberto Volando, dirigente de FAA, frente a los holgados resultados se preguntaba “dónde están los que nos pedían que nos opusiéramos a la Convertibilidad”. Con el mismo tono, Manuel Cabanellas de CRA, consideró que “la dirigencia pudo haber cometido el ‘error’ de generalizar las dificultades que afectaban a muchos productores y que se ratificó el “proceso de transformación económica y de la estabilidad”12. Indudablemente, esto expresaba el grado de performatividad política que se había logrado construir a partir de la estabilidad de precios de la ley de Convertibilidad y que posibilitaba no solo la construcción de amplios consensos sobre el rumbo de la política económica sino apelar a la misma como recurso expresivo para deslegitimar toda acción de protesta que pudiesen esgrimir los actores socio-económicos (Carini, 2019).

A pesar de ello, a partir de la segunda mitad del año se abriría un nuevo período de confrontaciones entre asociaciones de productores y autoridades nacionales y provinciales. En la provincia de Córdoba estas tensiones cobraron una particular intensidad y fueron motorizadas -principalmente- por las filiales de FAA que poseían una fuerte penetración territorial en el sur y sudeste, es decir, en las regiones más productivas de ese territorio donde predominaban pequeños y medianos productores. La nueva fase de “tractorazos” era motivaba por la “indiferencia de las autoridades frente a la situación de endeudamiento y falta de financiamiento bancario”13. De esa forma, cobraba cada vez más relevancia la situación de ahogo financiero de los pequeños y medianos productores en los programas reivindicativos de las asociaciones agrarias más tradicionales. No obstante, la mediación política propiciada resultó insuficiente y comenzaron a emerger colectivos coordinados por mujeres, hijas y esposas de productores agropecuarios, que demandaban tanto moratorias impositivas a largo plazo, revisión de pedidos de concursos y quiebras como la reducción de la carga impositiva y de las tarifas de servicios públicos. Sobre ese conjunto de demandas estructuraron una serie de discursos y estrategias de alto contenido simbólico, anclados en representaciones históricas sobre la centralidad de la actividad agropecuaria para la economía argentina.

En el departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, se destacaron el Movimiento de Productores Autoconvocados de San Basilio y la Asociación de Mujeres de Coronel Moldes (AMCoM). El primero había surgido en un pequeño pueblo de 3000 habitantes distante a cincuenta kilómetros al sur de la ciudad de Río Cuarto -polo agroindustrial y la segunda ciudad más poblada de Córdoba- y nucleaba a un amplio conjunto de actores del entramado económico local entre los que se incluían no solo los productores agropecuarios y sus esposas sino también contratistas rurales y comerciantes. La demanda central consistía en lograr un acuerdo con los directivos del Banco Provincia de Córdoba que contemplara una refinanciación de deudas a seis o más años de plazo, con un interés no mayor al 1% mensual y quita de punitorios y compensatorios, por considerar que estas sobrecargas financieras “han venido inflando” sus deudas14. Similares eran las demandas de AMCoM salvo que se encontraba compuesta por esposas de productores agropecuarios. Había nacido, como su nombre lo indica, en la localidad de Coronel Moldes, una antigua colonia de arrendatarios que para mediados de la década de 1990 albergaba a más de 8000 personas. Al igual que San Basilio se conectaba hacia el sur a casi 80 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto (mapa 1). Asimismo, la problemática del endeudamiento parecía revestir mayor gravedad por el tipo de acciones colectivas de protesta que estructuraron y que consistían en la interrupción de remates judiciales mediante encadenamientos en las sedes de tribunales, en las tranqueras de ingreso a las explotaciones -para evitar las tasaciones judiciales- o frente a las sucursales de los bancos.

Fuente: Elaboración propia

Mapa 1 Localización del área de estudio 

En ambas asociaciones predominan mujeres con trayectorias familiares asociadas a los procesos inmigratorios de fines del siglo XIX. Es decir, descendían de colonos italianos y españoles que habían llegado en carácter de arrendatarios al sur de Córdoba y que lograron acceder a la propiedad de la tierra durante la primera mitad del siglo XX. En general, poseían un pequeño capital no solo en tierra sino también en herramientas y maquinarias. Se trataba de mujeres de entre 40 a 60 años, hijas y esposas de productores agropecuarios con limitada participación en entidades gremiales, aunque sí la registraban en otro tipo de organizaciones locales como cooperadoras escolares, cooperativas o comisiones de la Iglesia católica. Estas mujeres lograron con relativo éxito movilizar sus recursos para propiciar la intervención de las agencias estatales y se articularon a otras entidades similares para amplificar sus demandas.

Estrategias y formas de mediación política

En el siguiente apartado describimos algunas dimensiones vinculadas a las estrategias y formas de mediación política de los colectivos de mujeres agropecuarias de la provincia de Córdoba. Nos interesa mostrar las relaciones con otras asociaciones agropecuarias, fundamentalmente, con aquellas que compartían base social y también las formas de construcción de espacios de negociación con diversos agentes estatales. Consideramos que estas dimensiones nos aproximan a las modalidades que asumió el liderazgo construido por las mujeres agropecuarias, a su capacidad para convocar y constituirse en una voz autorizada dentro de la estructura de representación de intereses agrarios. Asimismo, nos permiten observar no solo las acciones colectivas de mayor capacidad performativa como las protestas sino aquellas tendientes a mediar con las esferas estatales o con otros actores, que fortalecieron su presencia en el espacio público.

La construcción de espacios de representación alternativos

Para mediados de la década de 1990 la red de representación de intereses de los productores agropecuarios en Argentina reconocía cuatro entidades (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO) que históricamente habían asumido la defensa de los diversos colectivos. Estas organizaciones cumplían una función gremial, es decir, resguardaban los intereses de sus bases sociales. Esta estructura se organizó a partir de la complejización de las relaciones económicas y, consecuentemente, fue fragmentándose.15 La representación de los pequeños y medianos productores fue asumida, de forma casi exclusiva, por FAA. Esta es una entidad de segundo grado, surgida en 1912, que reúne a diferentes delegaciones de carácter local o comarcal organizadas en distritos que poseen representación en el Consejo Directivo Central de la entidad. En la pampa cordobesa las filiales fueron creadas en forma simultánea al desarrollo del ciclo de protesta que dio origen a la entidad federada. Estas filiales se localizaron especialmente en el sudeste de la provincia en localidades -donde abundaban las colonias de arrendatarios- como Villa María, Marcos Juárez, Leones, Inriville, Camilo Aldao, Alejo Ledesma y en otros lugares donde los arriendos también estaban extendidos como Coronel Moldes, Laboulaye y Huinca Renancó. Dicho proceso se completó hacia mediados de la década de 1930 con el surgimiento de nuevas filiales como la en la ciudad de Río Cuarto (Dellavale, 2012). Esta base social inicial constituida por arrendatarios rurales fue mutando a lo largo del siglo XX y terminó por incluir a pequeños productores. Las principales reivindicaciones de la entidad se estructuraron en torno al acceso de la tierra para los trabajadores rurales y la intervención del Estado a partir de la imposición de precios sostén para la comercialización de cereales (Martínez Nogueira, 1988; Lattuada, 2006; Makler, 2007).

Asimismo, cobraban relevancia en ese espacio las sociedades rurales locales de primer grado que, en general, articulaban los intereses de medianos y grandes productores ganaderos y mixtos del sur de Córdoba. Entre ellas se destacaba la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC) que, nacida en 1937, fue significativa para la organización de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), entidad de segundo grado que luego se nuclearía en CRA. También comenzaba a cobrar relevancia la Sociedad Rural de Adelia María, que había nacido a inicios de la década de 1990 producto de las estrategias de penetración territorial de la SRRC. En líneas generales, las reivindicaciones de estas entidades encontraban confluencia con posicionamientos más liberales, a favor de la no intervención del Estado en la economía (Carini, 2017).

Este entramado organizativo a pesar de que no logró procesar las demandas impulsadas por los colectivos de mujeres agropecuarias fue significativo, dado que acompañó las instancias iniciales de organización, en particular, FAA. En ese sentido, observamos, por ejemplo, cómo esta entidad fue clave para la articulación de estos movimientos a nivel provincial. Así, la acción de Humberto Volando, histórico dirigente de FAA, fue clave en la organización de la primera asamblea provincial, en septiembre de 1995, que desde AMCoM convocó a la participación de delegaciones de mujeres de toda la provincia para analizar la situación sectorial, sobre todo en lo que respecta a los niveles de endeudamiento de los pequeños y medianos productores y las posibilidades de refinanciación y nuevos créditos16. Este encuentro tuvo importancia puesto que las asociaciones presentes decidieron sumarse al MML.

Esta organización emergió el 3 de junio de 1995 en Winifreda, localidad de la provincia de La Pampa, a partir de la convocatoria espontánea -por radio- de Lucy de Cornelis a otras productoras rurales que atravesaban situaciones de endeudamiento y corrían riesgo de que les ejecutaran sus tierras y maquinarias. Rápidamente tuvo acogida y se replicó en gran parte del país, al irrumpir en el espacio público a partir de acciones de protesta de fuerte contenido simbólico. El nacimiento del MML fue una expresión tanto del deterioro de las condiciones materiales de vida de los productores familiares como de la imposibilidad de los mecanismos tradicionales de mediación política de dar solución a esas demandas. En ese sentido, Giarraca (2001) ha explicado que la relación con FAA, más allá de que durante la década hubo coordinación de acciones colectivas, revistió al menos dos tensiones. Por un lado, una en lo referente a la concepción general del papel de las organizaciones gremiales. Mientras que FAA expresaba desde hacía unos años una posición negociadora y mantenía un discurso que ponía el acento en los factores tecnológicos y en la eficiencia para integrarse al mercado, el MML presentaba una posición más combativa, dado que sus demandas cuestionaban a las instituciones que las indujeron a endeudarse para tecnificarse. Por otro lado, aquella que remite a una concepción patriarcal presente en ciertas prácticas y discursos de los dirigentes de FAA. Según Giarraca (2001), las principales dirigentes del MML creían que sus acciones eran cuestionadas por la FAA por haber sido generadas por mujeres. En reuniones gremiales o actos públicos con ellos, se sentían descalificadas tanto por frases que hacían referencia a sus “lugares naturales en el hogar” o a las “funciones femeninas” como por la monopolización de la palabra por parte de los dirigentes en los espacios públicos.17

Es indudable que la irrupción del MML supuso la incorporación de un nuevo actor a la estructura de representación de intereses agrarios, que se caracterizó no solo por lo disruptivo de sus acciones sino también por lograr un rápido proceso de expansión territorial que contribuyó al fortalecimiento del movimiento al incluir actividades grupales, encuentros, incorporación de conocimientos, habilidades, elementos identificadores y construcción de redes de solidaridad nacionales e internacionales (Giarraca, 2001; Bidaseca, 2003; Lattuada, 2006; Manildo, 2009; Telechea, 2009)18. En el caso de las organizaciones de mujeres de Córdoba se incorporaron de forma casi inmediata a la estructuración del MML. De hecho, el Movimiento de Productores Autoconvocados de San Basilio surgió de manera simultánea y una delegación de mujeres participaron de la primera asamblea nacional, llevada a cabo en la ciudad de Pergamino (provincia de Buenos Aires) a finales de septiembre de 1995 y que contó con la asistencia de más de 400 mujeres de distintos puntos de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba y Formosa, entre otras provincias.

Esta reunión fue significativa puesto que contribuyó no solo a dimensionar la magnitud del fenómeno del endeudamiento sino también a estructurar las demandas centrales del MML, entre las que se contaban: 1) Suspender embargos y/o ejecuciones en forma inmediata y proceder al congelamiento de los juicios en trámite; 2) Que se analice la legitimidad de las deudas acumuladas desde su origen y se acelere la reconversión del sistema financiero; 3) Refinanciación de todos los créditos en pesos y a tasas internacionales, y sobre la base de las garantías ya existentes, englobando todas las deudas con plazos no inferiores a 20 años y dentro de las condiciones de cada producción; 4) Favorecer un urgente arreglo de los deudores de la producción, evitando que se malvendan bienes a terceros que gozan muchas veces de créditos blandos y a largo plazo; 5) Que se reformen y dinamicen las leyes sobre emergencia climática que afectan a la producción para que sirvan como alivio al endeudamiento financiero, impositivo y previsional y 6) Se reclama una mejor disposición del Poder Judicial a defender la revisión de injusticias y abusos de los sistemas financiero y fiscal19. Por su parte, las mujeres de AMCoM cumplieron un rol importante al articular los diferentes colectivos de mujeres de la provincia de Córdoba y en decidir su integración al MML20.

La mediación con los agentes financieros y los partidos políticos

Un esfuerzo significativo de la acción desplegada por las integrantes de ambos movimientos se orientó a conseguir la intervención de las autoridades nacionales y provinciales para solucionar el problema del endeudamiento. Desde el inicio las mujeres desplegaron una intensa actividad que consiguió reunir a funcionarios y políticos de diversos partidos. Por ejemplo, en el caso del Movimiento de Productores Autoconvocados de San Basilio su iniciativa contaba con las gestiones del entonces intendente municipal.

Fue la AMCoM la que se caracterizó por una mayor intensidad en este aspecto. Las mujeres aprovecharon diversas instancias: actos de partidos políticos, visitas de funcionarios a eventos rurales o, incluso, encuentros informales, para comunicar sus demandas y gestionar posibles soluciones. Esto no implicó desestimar las acciones de mayor intensidad política como las confrontaciones con agentes judiciales en las oportunidades de remates. Aunque no fueron frecuentes, constituyeron un recurso que tenía por finalidad inmediata suspender la ejecución de los bienes en disputa21. Hacia fines del mes de febrero de 1996 se movilizaron en defensa de varios productores a los que se les estaban por secuestrar maquinarias y herramientas. El despliegue realizado por las mujeres, a quienes se sumaron pobladores y dirigentes políticos y agropecuarios, hizo que los directivos del Banco Nación suspendieran las ejecuciones para dar tiempo a que los productores comprometidos en la emergencia agropecuaria declarada a nivel nacional tramitaran las constancias que les permitiese conseguir un régimen de refinanciación especial. Esta acción derivó en un pedido de audiencia con Eduardo Ramello, representante zonal del Banco, efectuado por directivos de la SRRC que se habían sumado a la movilización. En ese contexto, las autoridades de la entidad se comprometieron a acompañar la gestión y solicitar una salida viable para todos los productores comprometidos por deudas. De la misma forma, la entonces diputada provincial por el Frente País Solidario (FREPASO), Griselda Baldata, destacó el gesto y la capacidad de movilización de los moldenses ante la convocatoria de las agrupaciones de mujeres, para detener acciones que a su juicio eran injustas y fuera del marco legal de la emergencia agropecuaria, ofreciéndose a iniciar las acciones legislativas necesarias si no se llegaba a una solución22.

A partir de esa acción, las integrantes de AMCoM rápidamente coordinaron otra movilización. En esta oportunidad, convocaron a todos los productores endeudados a manifestarse en frente de la sucursal del Banco Nación. El objetivo consistía en efectuar un nuevo llamamiento a las autoridades para refinanciar los pasivos de todos los deudores de la entidad. El comunicado de la convocatoria resumía la situación de la siguiente manera:

Nos declaramos en estado de alerta y movilización ante los secuestros judiciales por deudas contraídas con el Banco Nación. Los productores agropecuarios no podrán resolver sus deudas si se les sustraen sus elementos de trabajo, fuente de ingreso única de un centenar de familias. Ante esta situación, pedimos que el Gobierno nos ampare con un nuevo acuerdo de plazos y refinanciación. Ahora es el momento de que escuchen nuestro pedido, ya que responde a una misma situación económica en la que todos debemos cooperar23.

Estas intervenciones derivaron en tres direcciones que se mostraron efectivas para resolver la situación de los productores endeudados del sur de Córdoba. La primera consistió en una audiencia con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Felipe Solá y con el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Jesús Leguiza, quienes se comprometieron a interceder ante el Banco Nación para solucionar los problemas financieros y a “mantener un contacto directo” con la delegación de AMCoM24. En virtud de estas gestiones, una delegación de mujeres, encabezada por Nora Geiman de Spertino y acompañada por el intendente municipal de Coronel Moldes, Juan Carlos Castro, un delegado de Cambio Rural y directivos de las entidades del campo, fue recibida en la casa central del Banco de la Nación Argentina por el gerente general de créditos del interior, José Anici, y el licenciado Carlos Di Pietro, integrante del directorio de la entidad. Los resultados de la audiencia fueron considerados positivos por las mujeres asistentes, quienes adelantaron que en los siguientes días llegaría a Moldes un funcionario que analizaría la situación particular de cada uno de los deudores cuyas carteras se encontraran más comprometidas en la sucursal de esa ciudad. Esta tarea se realizaría con los deudores de todos los sectores, ya fueran productores agropecuarios, comerciantes o particulares. Según información transmitida por miembros de la delegación, existiría la posibilidad de refinanciar las deudas y condonar los intereses, así como también pagar en cuotas los honorarios de los profesionales intervinientes, siempre en el marco de un análisis puntual y concreto de cada una de las situaciones. Se estimaba que más de un centenar de expedientes esperaban al funcionario del banco para su análisis25.

La difícil situación por la que atravesaban los más de cien productores moldenses fue acogida por los legisladores provinciales y nacionales que intercedieron a partir de la elaboración de dos proyectos legislativos. El primero de ellos fue presentado por los senadores provinciales por la Unión Cívica Radical (UCR), Miguel Angel Abella y Lorenzo Cortese, quienes elaboraron un proyecto de comunicación que solicitaba al Poder Ejecutivo Nacional se instruya al Banco Nación para detener las ejecuciones de los productores agropecuarios de Coronel Moldes y se les brindara una refinanciación acorde a la situación patrimonial de cada uno de ellos; en tanto en la Cámara de Diputados de la Nación ingresó un proyecto de declaración elaborado por el legislador Mario Negri, también de la UCR, donde pedía la suspensión de las ejecuciones y refinanciación para las deudas de los productores moldenses. En sus fundamentos, hacía referencia a la tarea desarrollada por las asociaciones de mujeres y a las adversas condiciones climáticas que soportó la región desde el año 1995 e invitaba a la “búsqueda de arreglos transparentes y a plazos razonables”26.

Estos proyectos se sumaban a otras iniciativas legislativas que proponían soluciones globales al endeudamiento que había requerido la “reconversión empresaria” del campo argentino. Hacia la segunda mitad de 1997 las autoridades del Banco Nación anunciaron un amplio programa de refinanciamiento. Las nuevas estimaciones del Banco Central indicaban que el endeudamiento del sector agropecuario, al 30 de junio de 1997, alcanzaba a 4.062 millones de pesos, de los cuales se encontraban en situación anormal alrededor de 1.420 millones que representan el 9,2 por ciento del total de los créditos tomados entre la banca privada y la oficial27. Si bien esto indicaba que la problemática era menos preocupante que en meses previos, para parte de la dirigencia rural, la situación distaba de estar saldada:

“el endeudamiento se va a transformar en una situación explosiva, porque hay muchos vencimientos postergados y muchos se acumularon para los próximos meses, pero no podrán ser cubiertos (…) Para el caso de Córdoba, es bueno recordar que a pesar de las gestiones realizadas por las entidades ruralistas, recién hace poco menos de dos meses el gobierno tomó cartas en el asunto y decretó el estado de emergencia”28.

Discursos y representaciones en el espacio público

Dentro de las estrategias estructuradas por las asociaciones de mujeres agropecuarias de Córdoba la prensa ocupó un lugar central. La utilización de este soporte les posibilitó amplificar su mensaje, construir solidaridades con distintos actores socio-económicos tanto dentro como fuera del sector agrario y buscar adhesiones de la sociedad en general. En ese proceso, las mujeres construyeron diversas representaciones que expresaban su lugar en el agro pero que también se referían al quiebre del lazo político entre representantes y representados.

La discursividad generada por las asociaciones de Córdoba lejos de representar una ruptura respecto a roles o mandatos heredados reforzaba el lugar de la mujer dentro de la familia agraria. En ese sentido, reafirmaban la idea de acompañamiento, sostén y protección que tradicionalmente se le había asignado. Estos roles no diferían de las construcciones de género que predominaban en la discursividad de las asociaciones gremiales tradicionales (Carini, 2017) o los que les asignaban otras instituciones a las mujeres como la Iglesia católica. Esta cuestión puede deberse a que esos espacios de sociabilidad contribuyeron a estructurar las identidades de estos actores, especialmente en localidades del interior argentino donde las posibilidades de otros consumos culturales eran más limitados.

Las mujeres estamos poniendo el hombro a nuestros hombres y a la familia agraria, en defensa de los bienes que el sistema financiero pretende arrebatarnos y por la dignidad que siempre caracterizó a los productores agropecuarios29.

“todas las mujeres estamos alertas, autoconvocadas e informadas, porque nuestros hombres; esposos, padres, tíos, abuelos e hijos, nos necesitan. Están cansados de soportar injusticias, malos tratos y estafas financieras, provenientes la mayoría de las veces de organismos oficiales, a los que debimos recurrir para seguir produciendo, confiados en discursos de las autoridades nacionales y provinciales que prometían auxilio al hombre de campo”30.

Asimismo, en esa discursividad se puede percibir la idea de dignidad como componente de la personalidad de los chacareros. La dignidad estaba dada por el tipo de oficio asociado al trabajo con la tierra, lo que le otorgaba valores diferenciales a este colectivo.

No podemos ignorar esta circunstancia (…) Algunos subsisten y otros, lamentablemente, ya cayeron o no van a poder salir de esa asfixia económica y financiera en la que están inmersos. ¿y qué pedimos? Esencialmente, refinanciación de pasivos con plazos razonablemente prolongados, atento a las especiales características de cada explotación, y tasas adecuadas a la rentabilidad real esperada, además de una política impositiva razonable, no confiscatoria, para poder desarrollarse eficientemente ¿Y qué ofrecemos? Trabajo, capacidad en una tarea que como la rural exige de hombres hechos al campo, fe, ilusión, futuro. Intentamos tocar la sensibilidad de los gobernantes, movilizando a la sociedad en su conjunto. Mientras nuestros esposos trabajan, nosotras vamos a seguir luchando31.

Asociada a las ideas anteriores aparecía la de trabajo, puntualmente, la de trabajo con la tierra. Tierra y trabajo eran componentes clave en la estructuración de las identidades de las generaciones de chacareros. La tierra para este sector, aparte del valor de uso, era portadora de valores extra-productivos, representaba al linaje y aseguraba su continuidad por lo que la posibilidad de su enajenación parcial o pérdida era asumida como una traición a la historia familiar (Muzlera, 2009).

Hoy pedimos ayuda de todos porque también la ciudad vive y se nutre del campo. Es imprescindible que tomemos conciencia de que esta lucha es la lucha de todos y que, como dije alguna vez, no pretende ser excluyente ni subordinar a otros sectores. Todo lo contrario, es defender los legítimos derechos de miles de ciudadanos argentinos que día a día, de sol a sol, y cualquiera sea la circunstancia climática que tengan que afrontar, le ponen el hombro al país, toman sus herramientas y siguen alimentando la ilusión de construir una sociedad justa, más equitativa y más sensible que reconozca la necesidad de toda esa gente que solo quiere quedarse donde está, ser útiles donde nacimos, seguir con lo que sabemos hacer, en nuestra tierra y con nuestra familia32.

Las dimensiones de esa discursividad transitaban, entonces, representaciones históricas que predominaban en las intervenciones públicas de otros actores del agro y que reforzaban las identidades del colectivo de chachareros. Elementos más disruptivos se podían observar en los que hacían referencia a la incomprensión de la situación por la que atravesaban. Las profundas transformaciones del agro argentino durante la década de 1990 modificaron prácticas históricas de los productores, comenzaron a predominar pautas más empresariales que requerían de nuevos saberes y que, consecuentemente, volvieron obsoletos aquellos que se habían trasmitido generacionalmente. Se produjo, de esta forma, una verdadera ruptura cognitiva entre ‘saber heredado’ y ‘saber experto’. De esa manera, el saber derivado de la experiencia y del trabajo duro, se tornó superfluo. Fue necesaria una complementación de competencias que no se reducía a su experticia agronómica y ni siquiera a su comprensión del mundo rural. Se trató, por el contrario, de despegarse de ese estrecho territorio para orbitar en un universo mucho más ambicioso: el de la economía global, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología, etc. En otras palabras, el saber agronómico debía ser complementado con la capacidad gerencial de un administrador de empresas, con el saber jurídico-legal, el biotecnológico, el informático y todo aquel conocimiento novedoso que sumara complejidad al ‘negocio’ agrícola (Hernández, 2009, pp. 55-57).

Tantas veces hemos escuchado decir a los políticos de nuestra provincia y a muchos funcionarios que no castigaría al productor agropecuario con la espada de Damocles y que no habría bandera colorada para ningún campo de Córdoba, prometiendo créditos que aseguraban crecimiento y rentabilidad para el hombre de campo. Los creyeron y por eso los votaron. Les permitieron gobernar esta hermosa provincia y les entregaron el mayor tesoro: la confianza del hombre de campo. Depositaron sus esperanzas y también, donde los hubo, sus ahorros en la banca oficial. (…) Pero hoy se encuentra con que la deuda que contrajo y como resultado de las distintas operatorias financieras que pusieron en marcha las instituciones bancarias, ya sobrepasa el valor de aquel tractor o máquina y que además le embargaron la casa y le prendaron las vacas. Esas con la que hacía el tambo y se defendía con los gastos del mes. También tuvo que hipotecar el campo, ése que seguramente heredó de sus padres, tíos o abuelos, ése que nuestras autoridades prometieron no “rematar” y dijeron “no castigar”33.

El campo no estaba preparado para el saqueo que se trasluce. Para soportar la poca vergüenza de algunos legisladores. Esos que en su momento prometieron defender y acompañar al productor y ahora - a pocos meses de dejar sus bancas, incorporados al aparato financiero - firman con total alevosía los embargos que día a día llegan a las distintas sucursales de la región, ocasionando un sinnúmero de conflictos en las familias que conforman la doliente clase media y que hoy ven saqueada hasta su dignidad34.

Así, se comenzó a percibir un desplazamiento desde la explotación agropecuaria a la ‘empresa innovadora’. Es decir, comenzar a considerar a la actividad agropecuaria como un negocio fue clave para internalizar las habilidades y prácticas requeridas para garantizar la reproducción de las empresas familiares en un contexto productivo que requería cada vez más capital. Esos discursos contenían, además, una fuerte crítica a la clase política que se plasmaba en dos cuestiones que resultan clave. Por un lado, la pérdida de confianza en los dirigentes políticos y en las instituciones para solucionar los problemas de la sociedad que no solo manifestaban una clara crisis de representación política, sino que asociaban la actividad política a la deshonestidad, falta de transparencia o corrupción. Por otro lado, emergió la noción de la clase media como víctima. Usualmente esta idea era empleada para hacer referencia a la percepción de impuestos por parte del Estado y a la discriminación sectorial que éste ejercía en detrimento del agro (Carini, 2018). Esta idea ahora era usada para cuestionar el lazo político entre representantes y representados.

Es hora que muchos de nuestros legisladores se sinceren y trabajen “para y por el pueblo”, para beneficio de todos. Que los pequeños y medianos productores, contratistas rurales y comerciantes encuentren una solución inmediata, que no solo traiga alivio económico sino también que les permita sobrevivir a un sistema entristecido por la desconfianza, por el atropello y la deshonra en la que ven caer sueños, casi siempre en manos de los poderosos que están allí, a la espera de una “buena” oportunidad para agrandar sus territorios, esos que hoy aprovechan la situación y a los que el sistema encubre35.

El quiebre del lazo de confianza también se manifestaría en las valoraciones sobre el sistema financiero que, con la crisis del modelo convertible y el congelamiento de ahorros de los ciudadanos, en 2001, pondrían en evidencia que la desconfianza, lejos de ser exclusiva del sector agropecuario, era generalizada en gran parte de la sociedad argentina. Esto abonó no solo discursos más virulentos sobre la capacidad de la clase política para dar respuestas a los problemas de la sociedad sino también sobre la confianza en el sistema financiero.

A modo de cierre

El agro en Argentina fue históricamente un espacio dominado por hombres. A mediados de la década de 1990 la irrupción de asociaciones encabezadas por mujeres produjo un giro radical en esa percepción. Estos colectivos lograron dar sentido y trasladar al espacio público la delicada situación financiera que atravesaba el sector social ligado a la agricultura familiar. La reconversión empresaria asociada a la vigencia de formas empresariales del agronegocio supuso para estos actores hacer frente a una nueva forma de concebir y operar dentro del proceso productivo que necesitó tanto de significativos flujos de capital como de formas organizativas y de gestión del negocio agropecuario resignificadas. Estos requerimientos tecnológicos y organizativos que comenzaban a generalizarse se tornaron indispensables para garantizar la reproducción de las empresas familiares. El endeudamiento como estrategia para llevar adelante los ciclos productivos resultó un cálculo cada vez más ligado a la racionalidad empresaria y, al mismo tiempo, más incierto, puesto que el Estado dejó de lado los mecanismos de intervención y regulación de los mercados que hasta ese entonces lo había caracterizado.

En este contexto de incertidumbre, tanto los vaivenes en las coyunturas económicas internacionales como las inclemencias climáticas resultaron más gravosas que en periodos anteriores, al colocar a vastos sectores del agro en los límites de la reproducción. Así, la segunda mitad de la década de 1990 estuvo marcada por una aceleración en los procesos de heterogeneización social descendente que se cristalizó en una pronunciada liquidación de explotaciones agropecuarias. Este proceso adquirió dimensiones sociales significativas dado que entre 1988 y 2002 no solo desapareció la mitad de las explotaciones agropecuarias de la provincia de Córdoba sino que, además, se puso en riesgo todo un entramado social en los pueblos del interior que tenían su vida social y económica estrechamente ligada a las actividades agropecuarias.

Con formatos novedosos de protesta, pero también con capacidad para movilizar recursos y generar diversas solidaridades, las mujeres agropecuarias de la provincia de Córdoba procuraron enfrentar esa dramática coyuntura. Su presencia en el espacio público fue fundamental para comunicar de forma vehemente una situación de deterioro de las condiciones materiales de vida que afectaba no solo al colectivo de chacareros sino que -como quedaría puesto de manifiesto hacia el 2001- a amplios sectores de la clase media argentina. No obstante lo disonante de su aparición, los discursos que esgrimieron transitaban representaciones típicas del oficio de productor agropecuario y del rol de la mujer en la familia rural que se encontraban anclados en las discursividades de, por ejemplo, otras asociaciones gremiales o de instituciones como la Iglesia católica que habían sido los ámbitos de sociabilidad en los que se habían configurado sus identidades. No cabe duda de que los espacios asociativos que lograron estructurar mediaron -con relativo éxito- con funcionarios estatales, agentes financieros y partidos políticos. La presencia de estas asociaciones en la estructura de representación de intereses agrarios incorporó un nuevo actor que expresaba una doble crisis de representación. Por un lado, la de las asociaciones agrarias tradicionales para captar y dar respuestas a las demandas de sus bases sociales (reales o potenciales) y, por otro lado, la de la política como mecanismo capaz de solucionar las problemáticas de los diversos colectivos de ciudadanos.

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1 Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto (AHMRC), Hemeroteca (H), Puntal, Río Cuarto (en adelante P), 8-3-1996.

2En este trabajo optamos por asumir la nominación utilizada por estos colectivos. Es decir, nos referiremos a su base social como esposas e hijas de productores porque es la forma que asumieron para reconocerse inicialmente en el espacio público. Esto no implica una normalización de las desigualdades de género.

3Existen estimaciones que plantean que en el plazo de treinta años las necesidades de mano de obra para realizar una hectárea de trigo disminuyeron cuatro veces y cerca de diez veces en el caso del maíz (Neiman 2010, p. 409). Para una mirada sobre la conflictividad de los trabajadores rurales en Córdoba puede consultarse Gerbaldo & Carini (2021).

4P, 12-12-1995, p. 8.

5Esto no implica que asumamos una caracterización de las unidades familiares por extensión de sus unidades productivas, antes bien, como ya enunciamos, en estas explotaciones predomina la organización del trabajo a partir de la mano de obra de tipo familiar.

6INDEC, CNA, 1998 y 2002.

7P, 28-7-1995, p. 3.

8Para el espacio productivo del departamento de Río Cuarto esa tendencia se refuerza. Así, las explotaciones ubicadas en los estratos pequeños y medianos representaban un 75,34%, es decir unas 2.279 explotaciones agropecuarias que controlaban un 30,20% (443.492,9 hectáreas) de la superficie productiva del mismo; en tanto los estratos superiores llegaban al 23,63%, con unas 705 explotaciones que tenían bajo su control 1.024.798,3 hectáreas, es decir el 69,80% del total de la superficie del departamento. INDEC, 2002.

9P, 29-03-1995, p. 18.

10P, 28-05-1995, p. 33.

11P, 21-03-1995, p. 18.

12P, 20-05-1995, p. 20.

13P, 18-09-1995, p. 24.

14P, 4-9-1995, p. 18.

15Para un desarrollo más detallado de este proceso se sugiere la lectura de Lattuada, 2006.

16P, 17-11-1995, p. 3.

17No obstante, este argumento requeriría de mayor contrastación dado que en la discursividad generada por algunas de las dirigentes del MML de Córdoba observamos que este tipo de representaciones ocupan un lugar central en la explicación de las acciones.

18Cabe advertir que los análisis que se realizaron sobre la emergencia de este actor distan de ser homogéneos. Algunos autores han pretendido ver en las demandas de la organización el sostenimiento de reivindicaciones de género mientras que otros han señalado que esa cuestión no estaba presente. Sobre este punto volveremos en el último apartado de este artículo.

19P, 6-10-1995), p. 7.

20P, 24-11-1995, p. 2.

21P, 22-2-1996, p. 24.

22P, 24-2-1996, p. 20.

23P, 27-2-1996, p. 20.

24P, 1-3-1996, p. 22.

25P, 5-3-1996, p. 22.

26P, 13-3-1996, p. 23.

27P, 17-10-1997, p. 24.

28P, 31-10-1997, p. 18.

29P, 6-10-1995, p. 2.

30P, 9-10-1995, p. 24.

31P, 8-3-1995, p. 15.

32P, 24-2-1996, p. 2.

33P, 14-7-1995, p. 18.

34P, 13-10-1995, p. 20.

35P, 4-9-1995, p. 18.

Recibido: 18 de Enero de 2021; Aprobado: 26 de Julio de 2021

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