Introducción

En la historia de América Latina es recurrente la "dependencia" de la economía local con los países capitalistas hegemónicos (^{Fernandes, 2006}). Los conflictos sociales y culturales surgen en el proceso de “adaptación” de la economía latinoamericana al modelo económico internacional. Eric ^{Wolf (1984)}, al examinar las historias mexicana, boliviana y cubana del siglo XX, constata que esos países tuvieron significativas disputas sociales, que culminaron con procesos revolucionarios, en virtud de las contradicciones socioeconómicas generadas por la inserción de esos países en el escenario económico internacional de forma desfavorable.

La globalización de la agricultura, ocurrida a partir de la década de 1950, fortaleció los lazos de dependencia económica de la región frente al capital transnacional ligado a la producción de alimentos. En la base de ese proceso estaba la modernización productiva, consistente en la incorporación de la ciencia, tecnología y de la información, con el objetivo de calificar y aumentar la producción agropecuaria. Para ^{Elias (2002)}, ese conjunto de factores determinó nuevas dinámicas socio-espaciales, de forma que la agricultura pasó a ser realizada de forma globalizada. La naturaleza, especialmente la producción agrícola, se subordinó a la tecnología y al capital a medida que la agricultura se hizo dependiente de los insumos generados por la industria, transformando la producción de alimentos.

Para ^{Porto-Gonçalves (2017)}, a partir de la década de 1960, se inauguró la etapa de globalización neoliberal o período técnico-científico-informacional. Según el autor, el patrón de consumo de los países dominantes demandaba el aumento creciente de las importaciones de recursos naturales de la “periferia”. Y al mismo tiempo, las exportaciones de materias primas a los países industrializados adquirieron una importancia estratégica para las economías del Sur global, como demuestran los casos de Brasil y Argentina:

Incluso países como Brasil y Argentina, que en el contexto de América Latina cuentan con un importante mercado interno, dependen cada vez más de las exportaciones de soja y cereales en general para obtener el superávit primario (^{Porto-Gonçalves, 2017, p. 45}).

De hecho, a mediados del siglo XX, empezó un nuevo período de “amoldamiento” de la sociedad latinoamericana a las nuevas características de la economía mundial. A partir de la década de 1960, el capitalismo mundial inició el proceso de internacionalización de la producción, o sea, las empresas transnacionales pasaron a procurar nuevas áreas de producción que posibilitaran la ampliación de la acumulación capitalista (bajos salarios y nuevos mercados consumidores). Esa expansión del capital industrial y financiero, que modernizó la producción agropecuaria, estableció la inserción del territorio latinoamericano en la globalización de la agricultura.

A su vez, la promoción de la modernización tecnológica de la producción agrícola fue acompañada de la integración de América Latina a los mercados globales. En esa perspectiva, ^{Ploeg (2008)} considera que el avance de la industrialización de la agricultura implica la desconexión de la producción y consumo de alimentos con el espacio. Considera que la agricultura capitalista está íntimamente ligada al fenómeno que denomina imperios alimentarios, pues está extremadamente centralizada y “constituida por grandes empresas de procesamiento y comercialización de alimentos que, cada vez más, operan en escala mundial” (^{Ploeg, 2008, pp. 19-21}).

Las contradicciones generadas con la globalización de la agricultura latinoamericana colocaron en el horizonte de las comunidades campesinas, indígenas, ribereñas y de trabajadores rurales la defensa de derechos y la gestión autónoma de sus territorios. Lejos de la postura pasiva, hay una rica historia de resistencia y construcción colectiva de identidades, así como el proceso dialéctico de construcción de experiencias de organización social y económica inspiradas en relaciones comunitarias. El presente texto analiza dos de las más expresivas resistencias populares en América Latina a la globalización de la agricultura y sus estrategias constitutivas, como, por ejemplo, la modernización productiva, la expansión de capitales sobre el territorio campesino, el aumento de la concentración de tierras agrícolas, etcétera.

De esa forma, el objetivo es analizar la conexión del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el estado mexicano de Chiapas, y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), mediante el examen de los primeros conflictos ocurridos en el estado brasileño Río Grande del Sur, lo que fue importantísimo para la constitución nacional del Movimiento. Partimos de la hipótesis de que las transformaciones provenientes de la modernización capitalista de la agricultura de esos países, sobre todo a partir de la década de 1970, relacionadas con el amplio proceso de la globalización de la agricultura, impactaron directamente en la realidad social de esos territorios, determinando la resistencia popular. De otra parte, percibimos el surgimiento de los sujetos históricos Sin Tierra y Zapatistas como actores sociales que tuvieron un rol activo en la constitución de la identidad colectiva e ideario del grupo a partir de la categoría que denominamos dialéctica de la resistencia o del conflicto. Tal lucha es permeada por la cultura popular, en especial la religiosidad. La dialéctica del conflicto articula saberes representativos del pueblo subordinado latinoamericano con conocimientos científicos y con la experiencia de los sujetos frente a las contradicciones económicas, sociales y políticas relacionadas con la herencia colonial.

Para estudiar el objeto propuesto, utilizamos el abordaje de la Historia Global. En esa perspectiva, la categoría conexión e interacción colabora para la lectura histórica de la reacción popular al proceso de globalización de la agricultura. Para ^{Conrad (2019, p. 83)}, en lugar de centrar el análisis historiográfico en las macro comparaciones, el estudio del global enfoca el análisis en las conexiones, visando contemplar la fluidez y volatilidad con que las interacciones ocurren.

Para ^{Conrad (2019, p. 131)} el abordaje de la Historia Global pone en evidencia el examen de las posibilidades de integración estructural. En esa perspectiva, es posible comprender que el territorio en conflicto fue incorporado a un proyecto nacional de desarrollo, el cual a su vez estuvo inserto en el contexto de internacionalización del capital.

Para analizar esa relación, utilizamos la metodología de la microhistoria, problematizando, por consiguiente, como escala de análisis la conexión/interacción entre lo local y lo global a partir de la experiencia de resistencia de los movimientos al Estado y al mercado. Esa perspectiva teórica posibilita que analicemos las especificidades presentes en el proceso de conexión de la expansión de la modernización capitalista para el territorio en relación con un proceso histórico de globalización de la agricultura. Para Henrique ^{Espada Lima (2015, p. 577)}, la capacidad de integrar la singularidad de la realidad histórica a los procesos sociales de “gran aliento y largo alcance” es una de las principales contribuciones de la microhistoria para el abordaje de la Historia Global.

Modernización de la agricultura brasileña

En Brasil, la dictadura militar (1964-1985) forjó las condiciones políticas y sociales para implementar un nuevo modelo capitalista asentado en el capital extranjero. La agricultura campesina brasileña −que incluye a pequeños agricultores, trabajadores asalariados, ocupantes ilegales, arrendatarios y pequeñas sociedades comerciales-, encontró dificultades para mantenerse con la política agrícola de los militares basada en la modernización de la agricultura brasileña. La agricultura empresarial se articuló con la industria e imprimió un nuevo patrón productivo a partir del cultivo intensivo del suelo, la utilización de insumos químicos y en el empleo de máquinas industrializadas (^{Brum, 1998}).

Las políticas públicas desencadenadas por los Gobiernos Militares aseguraron, por medio del crédito y la acción de los órganos del Estado, como, por ejemplo, Supervisión del Desarrollo de la Amazonia (SUDAM), Supervisión del Desarrollo del Nordeste (SUDENE) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), la intensificación del proceso de modernización, lo cual cambió el patrón productivo agrícola del país, sin alterar la estructura agraria, agudizando la concentración agraria. De acuerdo con Brum (1988), los militares invirtieron en el aumento de la productividad agrícola a través de la renovación tecnológica, o sea, utilización de insumos, técnicas y equipamientos modernos, ajustando el país a la estrategia de la agricultura mundial basada en el complejo agroindustrial (^{Brum, 1998, pp. 54-55}). A lo largo del Régimen Militar, el crédito rural subsidiado financió la modernización de la agricultura, connotando una inédita transferencia de capital del Estado hacia la agricultura, a través del Sistema de Crédito Rural, creado en 1965. Entre 1965 y 1970, el crédito agrícola triplicó (^{Houtzager, 2004, p. 67}), mientras que en la década de 1970 se quintuplicó. La agricultura asociada a la industria de insumos químicos, de máquinas y de alimentos tomó un relevante impulso durante este período del Régimen Militar.

En el Cuadro 1, se puede observar que el número de tractores utilizados en establecimientos agropecuarios aumentó significativamente en el transcurso de las décadas de 1970 y 1980. Todas las regiones registran un crecimiento relevante en la utilización de tractores en cultivo. En las del Sur y Medio Oeste el crecimiento del parque de máquinas es superior al de las demás regiones del país, como consecuencia de la concentración e intensificación de la producción de soja en esas áreas.

Cuadro 1 Número de tractores en establecimientos agropecuarios − unidad. 

Fuente: IBGE, Censo Agropecuario de 1996.

La reconversión tecnológica de la agricultura brasileña, que contó con el desarrollo del sector industrial ligado a la agricultura, fue subsidiada por el Estado, a través de incentivos fiscales y financiamientos públicos. La SUDAM, creada para modernizar la Amazonía a través de grandes emprendimientos agropecuarios, entre 1965 y 1977, aprobó un total de 549 proyectos, los cuales recibieron incentivos fiscales del Estado. De esa cantidad, 335 eran proyectos agrícolas, los demás eran emprendimientos industriales, agroindustriales y de servicios básicos (^{Ianni, 1979, p. 75}). La Amazonia se convirtió en frontera de desarrollo extensivo del capitalismo, es decir, la modernización tecnológica y económica fue estimulada por el Estado que articuló capital privado y público en la construcción de un nuevo patrón productivo, asentado en una empresa rural, una agroindustria y una exportación.

Cabe destacar que ese proceso de modernización agrícola efectivado en las décadas de 1960 y 1970 requirió como precondición a su desarrollo la eliminación de proyectos de reforma agraria y el establecimiento de control del Estado sobre la organización social, manteniendo la estructura latifundiaria¹, así, sin cambios (^{Mendonça, 2006, p. 51}).

El área de los establecimientos agropecuarios, según el Cuadro 2, creció durante la década de 1970 y 1980, observando el incremento mayor en la región Centro Oeste², en virtud de la expansión de la soja y de la producción pecuaria sobre esa región. El área involucrada por emprendimientos agropecuarios en el Centro Oeste sube de 81.705.624 ha, en 1970, para 99.122.399 ha, en el año de 1985. Sin duda, ese dato indica el relevante aumento del área utilizada por las actividades agrícolas en la región. Considerando el aumento menor de otras regiones, se puede decir que en las regiones Sudeste y Sur también hubo el aumento del área perteneciente a emprendimientos agropecuarios.

Cuadro 2 Área con Establecimientos Agropecuarios (en hectáreas) 

Fuente: IBGE, Censo Agropecuario de 1996.

Sin embargo, en el Cuadro 3, es posible constatar que, en relación con el total de establecimientos agropecuarios existentes en las regiones Sudeste, Sur y Centro Oeste, ocurrió, en el período de las décadas de 1970 y 1980, el proceso inverso al de aumento del área involucrada por los emprendimientos agropecuarios, o sea, hubo la reducción de los números de establecimientos agropecuarios. Es posible verificar que, en la región Sur, por ejemplo, la reducción del número de establecimientos pasó de 1.274.009 en 1970 a 1.145.480 en 1980, totalizando una disminución de 128.529 unidades, indicando que hubo una concentración latifundiaria.

Cuadro 3 Número de Establecimientos Agropecuarios (unidades) 

Fuente: IBGE, Censo Agropecuario de 1996.

En la observación de los datos del Cuadro 4, queda más visible el proceso de concentración ocurrido durante el Régimen Militar. En la región Medio Oeste, en 1970, los establecimientos con tamaño de diez a cien hectáreas ocupaban un área de 2.910.133 hectáreas. En 1985, el área ocupada por estos establecimientos pasó a 4.416.564 hectáreas. Al examinar las propiedades de tamaño igual o superior a 1000 hectáreas, se observa un aumento muy superior. En 1970, ocupaban un área de 26.199.063 hectáreas. En 1985, ese número saltó a 71.168.273 hectáreas, o sea, incorporando 44.699.210 hectáreas al dominio de establecimientos en el período de quince años. Ese crecimiento territorial no fue acompañado en la misma proporción por el aumento del número de establecimientos, lo que indica que hubo concentración agraria. En efecto, si comparamos la evolución del área cultivada con el número de establecimientos se observa un crecimiento muy superior del área cultivada respecto del número de establecimientos; incluso en las regiones Sur y Sudeste del Brasil, en el periodo 1975-1980 se redujeron la cantidad de establecimientos.

Cuadro 4 Área de los Establecimientos Agropecuarios (en hectáreas) 

Fuente: IBGE, Censo Agropecuario 1996.

Los militares protagonizaron la transición del latifundio para la empresa rural, descartando la reforma agraria. Esa construcción social, producida por el Estado, transformó el terrateniente en empresario rural justificando, de esa forma, la gran propiedad agrícola, ahora sobre la égida simbólica de lo moderno: la razón capitalista. Así,

(...) sería necesario consolidar, igualmente, una categorización social de nuevo tipo: el empresario rural. Más que superar el latifundio, la empresa rural generaría necesariamente la transformación del terrateniente en empresario, dotado de atributos tales como la racionalidad, la creatividad y el espíritu de iniciativa, capaz, por todo eso, de hacer frente a los negocios y a las necesidades de la modernización de la agricultura y al desarrollo de la nación. En esa nueva identidad, no deberían limitarse al papel de meros propietarios de tierra, sino también contar con una mentalidad “evolucionada” y abierta a las innovaciones tecnológicas de que estaría carente la agricultura brasileña (^{Mendonça, 2006, pp. 52-53}).

El Golpe Militar promovió reformas políticas y económicas necesarias para el desarrollo del capitalismo agrario transnacional en el país. Para eso, la reformulación de la agricultura era estratégica, o sea, posibilitaba la atracción de capitales externos que podrían ser invertidos en Brasil. La soja cumplió un importante papel de atracción de esos capitales en la proporción que se convirtió en uno de los principales cultivos producidos en escala empresarial e industrial, asociado con capitales externos. Más allá de eso, según ^{Oliveira (1991)}, “(...) el Estado autoritario creó toda la suerte de políticas para implementar la internacionalización de la economía brasileña y, por consiguiente, entregó y continúa entregando de forma vil los recursos naturales del país” (^{Oliveira, 1991, p. 32}).

Las acciones de los militares tenían como objetivo hacer posible la internacionalización de la producción y la extracción de las riquezas minerales del país para convertirse en un actor subordinado en la escena mundial. A partir de esa articulación de intereses, la agricultura brasileña se convirtió en subordinada hacia la industria, que forjó una nueva producción agrícola basada en nueva tecnología e insumos (fertilizantes químicos, máquinas, abonos, semillas).

El impacto de la política agrícola de los militares no podría ser diferente. La modernización introducida generó la degradación de la agricultura campesina, una vez que las políticas públicas beneficiaban la de tipo empresarial, que poseía acceso a nuevas tecnologías, además de la ya citada hegemonía de la industria en el proceso productivo agropecuario.

El Golpe Militar controló las tensiones sociales en el campo (^{Martins, 1995}), donde, por ejemplo, las Ligas Campesinas, en el Nordeste, y el Movimiento de los Trabajadores Rurales (MASTER), en Río Grande del Sur, tuvieron el papel de movilizar los campesinos y trabajadores rurales en torno de la cuestión de la reforma agraria. Tal realidad provocó un enorme malestar en las élites económicas y políticas de Brasil. A partir del Golpe Militar, la perspectiva de organización popular quedó limitada. Martins afirma:

La alianza estructuralmente básica entre capital y tierra, promovida por los militares, debilitó la eficacia de los movimientos sociales que podrían reivindicar reconocimiento y ampliación de derechos sociales en favor de las poblaciones pobres, especialmente en el campo. Esa alianza debilitó la sensibilidad de amplios sectores de la sociedad brasileña, básicamente porque anuló la vulnerabilidad política de las clases dominantes al anular la posibilidad de un conflicto de intereses tan radicales cuanto lo que podría existir en el conflicto entre la racionalidad del capital y la irracionalidad de la propiedad latifundiaria (^{1995, p. 92}).

Inmerso en el contexto de limitación de la ciudadanía y de modernización de la agricultura, en MST se constituyó como movimiento social en conflicto político con el Estado y los terratenientes, cuestionando el modelo agrario de los militares, que exacerbaba la problemática social en el campo. Como un contrapunto a la praxis modernizante, trabajadores rurales, ruralistas asociados, arrendatarios, sin tierra, bajo la identidad de “sin tierra”, se organizaron para mantenerse en el campo.

La resistencia del MST

A partir de 1978, proliferaron varios conflictos de campesinos como consecuencia de las contradicciones creadas por la modernización de la agricultura efectuada por los militares, a los que se agregó, en el caso específico de Río Grande del Sur, la expulsión de colonos de la Reserva Indígena de Nonoai por los indígenas Kaingang (^{Fernandes, 2000, p. 50}). La articulación de esos focos de lucha a través del trabajo pastoral de la Iglesia y de la experiencia significativa de los sin tierra de Encruzijada Natalino y de la hacienda Annoni contribuyeron para la organización del MST.

En Santa Catarina, a partir del trabajo pastoral de la Diócesis de Chapecó, con apoyo del Obispo Don José Gomes, fue ocupada la Hacienda Burro Branco. El 12 de noviembre de 1980, fue desalojada por orden del presidente de la República. En Paraná, en 1981, familias afectadas por la construcción de la Usina de Itaipú, con ayuda de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organizaron el Movimiento de los Agricultores Sin Tierra del Oeste de Paraná (MASTRO). Ya en los años de 1982 y 1983, surgieron nuevos movimientos que empezaron a luchar contra el proyecto del Estado de reubicar a las familias sin tierra al estado de Mato Grosso o para el norte de Brasil: Movimiento de los Agricultores Sin Tierra en el Norte del Paraná (MASTEN), el Movimiento de los Agricultores Sin Tierra del Sudoeste del Paraná (MASTES), el Movimiento de los Agricultores Sin Tierra del Medio Oeste del Paraná (MASTRECO), y el Movimiento de los Agricultores Sin Tierra del Litoral del Paraná (MASTEL). En el oeste del estado de São Paulo, había conflictos en la Hacienda Primavera, disputada por ocupantes ilegales y acaparadores de tierras. En 1980, fue firmado el decreto de desapropiación de la hacienda. También existían varios conflictos en la región del Pontal de Paranapanema, en la cual se registraron históricamente problemas de acaparamiento de tierras, y en la región de Sumaré, en Grande Campinas. En el estado de Mato Grosso del Sur, la práctica de explotar la mano de obra campesina, por la que el propietario arrendaba la tierra al campesino para que talara el bosque y plantara hierba, prescindiendo del trabajo del campesino una vez construida la explotación agrícola, dio lugar a varios conflictos por la tierra. En el municipio de Naviraí, en las haciendas Entre Rios, Água Doce y Jequitibá, campesinos se negaron a dejar la tierra, reclamaron la prorrogación de los contratos de arrendamiento y, como muchos que fueron desalojados, pasaron a exigir la expropiación de la zona (^{Fernandes, 2000, pp. 63-71}).

En Río Grande del Sur, se desarrolló una experiencia paradigmática que sirvió de referencia de resistencia social en el campo para poblaciones de otras regiones del país, dinamizando el proceso de construcción de un actor social nacional, que trascendió los límites de la lucha regional y local. El conflicto agrario en Río Grande del Sur, interrumpido por el Régimen Militar, fue retomado en 1978, cuando cerca de mil familias de pequeños agricultores, que ocupaban la reserva indígena de Nonoai, una región del Estado, fueron expulsados por los indígenas Kaingang. Ante la imposibilidad de adquirir nuevas tierras, ya que con la expulsión se quedaron desprovistos de todos sus bienes, los sin tierras se encontraron obligados a acampar al borde de carreteras o en abrigos improvisados (^{Caume, 2006, p. 116}). Motivadas por esa realidad inhóspita, en 1979, algunas de esas familias ocuparon las parcelas de Macali y Brillante, en el municipio de Ronda Alta (pp.116-117), que formaban parte de la hacienda Sarandi³.

Esas dos primeras ocupaciones, al inicio del proceso de reanudación de la lucha por la reforma agraria, obtuvieron una victoria relativa. El gobierno estadual efectivizó los primeros asentamientos de la reforma agraria después del inicio del régimen autoritario, en la propiedad Macali y Brillante. Sin embargo, la zona no podía acoger a todas las familias acampadas. Así, las familias sobrantes acamparon a lo largo de la Encruzijada Natalino⁴ y se sumaron a las familias provenientes de Nonoai.

El campamento de la Encruzijada Natalino es un relevante ejemplo de la militarización del problema agrario en el período del Régimen Militar. El Gobierno Federal utilizó el Ejército, apoyado por la Brigada Militar y por la Policía Federal, bajo el comando del coronel Sebastião de Moura Rodrigues, el “Coronel Curió”, conocido por su participación en la represión a las manifestaciones de lucha social en el Norte y Nordeste de Brasil, para desmovilizar el campamento. La estrategia de las fuerzas represivas consistió en el cerco militar, en el control de entrada y salida del campamento y mecanismos de constreñimiento psicológico que pretendían estimular los sin-tierra a desistir de la lucha y aceptar la transferencia al estado de Mato Grosso (^{Ruscheinsky, 2000, p. 76}).

En 31 de agosto de 1981, en medio la fuerte movilización de la Iglesia Católica, de la Orden de los Abogados de Brasil⁵ y del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos y de la “permanencia” de los colonos, el Coronel Curió se retiró de la Encruzijada Natalino, dejando como balance la sensación de victoria política de los sin tierra sobre la represión del Estado.

El papel de la Iglesia fue destacado no solo en el proceso de movilización de las familias en razón de que acamparon, sino también en el proceso de mediación política. La reflexión acerca de la realidad socio económica y de los derechos de los agricultores era efectuada por agentes de pastoral, cuyo material didáctico se basaba en la Bíblia y en el Estatuto de la Tierra. En el material “Los Derechos de Tierra que el Trabajador Rural Tiene” producido por la Comisión Pastoral de la Tierra, utilizado en el campamento Encruzijada Natalino, se hace explícita la convergencia de la argumentación fundamentada en la teología junto con la constitución del Estatuto de la Tierra, el que expresa el derecho a la reforma agraria y se deriva de la lucha popular:

La Tierra es un don de Dios dado a todos los hombres, para que pudieran sacar de ella su sustento y vivir en paz y fraternidad. Pero en Brasil la tierra siempre fue un bien para pocos. Para media docena de privilegiados, que se apoderaron de las tierras, sin respetar las necesidades del pueblo. (...) Frente tal situación de carencia de tierra, la gente empezó a moverse, y a mediados de 1950, 1960, empezó una gran movilización y los trabajadores rurales pasaron a exigir Reforma agraria. Una Reforma Agraria que garantizase el acceso a la tierra a los millones de trabajadores que son explotados por los patrones, o que fueron expulsados de sus tierras. Como consecuencia del movimiento y la presión que venían ejerciendo los trabajadores rurales, el gobierno se vio obligado a aprobar una ley de reforma agraria. Esa ley se llama ESTATUTO DE LA TIERRA (^{CPT, 1981, p. 55}).

La vinculación de las familias con el catolicismo es muy fuerte. En ese contexto, no fueron agentes representativos de partidos o sindicatos quienes colaboraron de forma efectiva para la concientización y organización del MST, sino agentes de pastoral, sacerdotes y religiosas y religiosos. En el contexto cultural en el que surgió el Movimiento, sobre todo de las familias de inmigrantes europeos, la Iglesia es un importante componente organizador del cotidiano de los fieles. En ese sentido, el testimonio del Padre Arnildo Fritzen, importante líder religioso relevante en el proceso de formación del MST, sintetiza bien la relación de la religión y del papel desempeñado por la Iglesia en la concienciación de dos colonos.

Lo que nos dimos cuenta fue de que, más allá de la Ley de Dios, existe un derecho reconocido en la sociedad y que las personas no conocían. Ahora, conocen sus derechos por la ley, uniendo las dos cosas (la ley de Dios y la ley de los hombres), el trabajador creó toda esa fuerza y esa mística fuerte: “Nosotros no volvemos atrás, nosotros tenemos derecho aprobado. Dios dice y la ley brasileña también dice. Entonces nosotros estamos en el camino cierto y no vamos a volver atrás” (...) Y ahí hacemos toda la discusión por los grupos para que ellos también tengan la claridad del derecho civil que tienen como ciudadanos brasileños (citado de ^{Caume, 2006, p. 121}).

Las Iglesias Católica y Evangélica de Confesión Luterana (IECLB) hicieron una campaña en sus comunidades para la recaudación de fondos para la compra de un área provisional para el asentamiento de las familias. Fue comprada un área de 108 hectáreas en la ciudad de Ronda Alta, originando el campamento Nueva Ronda Alta, abrigando 207 familias. El asentamiento definitivo ocurrió en 1983, con la compra, por el Estado, de 1.870 hectáreas, constituyendo los asentamientos Nuestra Señora Conquistadora de la Tierra y Victoria de la Unión, en Ronda Alta, y Rincón del Ivaí, en Salto de Jacuí. Mientras, el campamento Nueva Ronda Alta se convertía en asentamiento, contando con diez familias que pasaron a producir bajo forma comunitaria, a partir de un proyecto implantado y formulado por agentes de pastoral de la Iglesia (^{Caume, 2006}). Más allá, el proyecto de establecer un asentamiento basado en las relaciones de producción comunitarias y cooperativas surgió en el encuentro de todos los obispos del Río Grande do Sur, en la Asamblea Nacional de la Conferencia de los Obispos de Brasil (CNBB), en el municipio de Itaici, en São Paulo, en 1982. El Presidente de la CNBB, Don Ivo Lorscheider, obispo de Santa María, señaló que la sugerencia de los obispos de Río Grande do Sul era que “los colonos se organizaran en cooperativas, con su propio consejo de administración, que contarían con la asesoría técnica de la Escuela de Cooperativa de la Facultad del Valle del Río de los Sinos (UNISINOS)”⁶.

La repercusión del conflicto de Encruzijada Natalino llevó la discusión de la reforma agraria a la ciudad, atrajo el apoyo de la opinión pública al Movimiento y estableció una praxis que contribuyó par a la organización del MST, que se estaba preparando. Ruscheinsky destaca la disputa ocurrida en la Encruzijada Natalino como paradigma en la formación del MST: “(...) el hecho histórico producido a lo largo de meses cumple un papel único desde el punto de vista cualitativo en la configuración inicial del MST y de su amplitud cuantitativa en los años subsecuentes” (^{Ruscheinsky, 2000, p. 77}).

De hecho, el saldo positivo de la lucha de los colonos acampados en la Encruzijada Natalino impulsó la organización del Movimiento en la región. Con las victorias conquistadas la Iglesia profundizó las actividades de mediación y organización de los sin tierra.

Así, el 1º de octubre de 1983, en el seminario católico del municipio de Tres Pasos, la Comisión Pastoral de la Tierra organizó un encuentro de dos mil agricultores para realizar la Primera Asamblea de los Sin Tierra. Ese encuentro tuvo carácter preparatorio del 1° Encuentro del MST, que se realizaría en 17 y 18 de diciembre del mismo año, en el municipio de Frederico Westphalen. Dicho encuentro ha permitido reconstruir los primeros pasos del Movimiento en ámbito estadual con la creación de la Comisión Estadual del MST.

En ese periodo de formación, la Iglesia continuaba teniendo la función de mediación en la constitución del MST. Con el objetivo de romper con el aislamiento de las luchas locales por tierra en el país, en 1982, en la sede de la Comisión Pastoral de la Tierra en Goiânia, reunió a 30 líderes sin tierra y 22 agentes de pastoral de diversos estados del país. Ese encuentro fue el marco para la organización nacional del Movimiento, pues articuló el trabajo pastoral y los actores sociales para el establecimiento de una “institución” representativa de los Sin Tierra de carácter nacional, capaz de congregar esfuerzos para combatir el modelo agrario de los militares y el latifundio (^{Caume, 2006}). Al final del encuentro, se divulgó la denominada Carta de Goiânia, la cual expresaba la idea de que los problemas enfrentados regionalmente por los sin tierra eran la materialización de procesos que ocurrieron en ámbito nacional y merecía, por lo tanto, una organización más amplia de los trabajadores para superarlos:

Los trabajadores somos víctimas de un sistema que se centra en los intereses de las grandes empresas y de los terratenientes. Si no nos organizamos en nuestros sindicatos y asociaciones de clase, en nuestras regiones, en los estados y a nivel nacional, (...) para enfrentar esa realidad que hoy esclaviza a los débiles, (...) jamás nos liberaremos de esa vida de explotados y de verdadera esclavitud (citado de ^{Morissawa, 2001, p. 137}).

A partir de ese encuentro, ganó cuerpo la estructura organizativa inicial. En 1984, en la ciudad de Cascavel, en el estado de Paraná, con apoyo de la Iglesia, se realizó el Primer Encuentro Nacional de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Partiendo del análisis de la coyuntura, los Sin Tierra delinearon los primeros objetivos del Movimiento: luchar por la reforma agraria; luchar por una sociedad justa, fraterna y acabar con el capitalismo; integrar, a la categoría de los Sin Tierra, trabajadores rurales, arrendatarios, aparceros, pequeños propietarios; luchar por la tierra para quien en ella trabaja y de ella precisa para vivir (^{MST, 1984, pp. 14-15}). Además, la Asamblea decidió que los sin tierra que ya estaban organizados se trasladarían a municipios donde el Movimiento aún no estaba organizado (^{MST, 1984, p. 20}).

En el año siguiente, 1985, el MST realizó el Primer Congreso Nacional, contando con la participación de 1.500 delegados Sin Tierra de veintitrés estados del país. Al final del Congreso, aprobaron un documento para ser remitido al presidente de la República y órganos estaduales, reclamando la reforma agraria y el fin de la política de colonización, a los órganos gubernamentales de política latifundiaria, solicitando la “creación de nuevos organismos federales y estaduales con la participación de los trabajadores en el proceso de creación y administración⁷. También fue reclamada la extinción de órganos:

(...) Ministerio Extraordinario de Asuntos Fundiarios (MEAF), del Grupo Executivo de las Tierras del Araguaia-Tocantins (GETAT), del Grupo Executivo del Bajo Amazonas (GEBAM), de la Superintendencia del Desarrollo de la Amazonia (SUDAM), de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE) y de la Compañía de Desenvolvimento del Valle de San Francisco (CONDEVASF), como también de los institutos de tierras estaduales⁸.

En esta reunión se establecieron los lineamientos y principios político-ideológicos del Movimiento (^{MST, 1989}):

Al final del Congreso, los Sin Tierra eligieron una Coordinación Nacional, compuesta por representantes de doce estados, con el objetivo de expandir y consolidar el Movimiento. Esa Coordinación tendría la función de dirigir el MST en la perspectiva de la consolidación de la organización y la conquista de espacios políticos como medio de transformar la realidad, o sea, alcanzar efectivamente la reforma agraria (^{Fernandes, 2000, p. 93}).

Modernización de la agricultura mexicana

La década de 1970 fue emblemática para México, como de resto para América Latina. El modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones se agotó. Según Diego ^{Piñeiro (2004)}, esa crisis fue seguida por el proceso de liberalización e internacionalización de la economía mexicana:

El proceso de industrialización se estancó, la producción agraria orientada al mercado interno llegó a su límite, los procesos inflacionarios erosionaron los ingresos de los asalariados y con ello la base de apoyo del modelo. A partir de la década de 1970 se inició un proceso de liberación económica, apertura de fronteras, ajuste económico y desregulación estatal (...) (^{Piñeiro, 2004, p. 42}).

La industrialización nacional inspirada por la intervención del Estado dio lugar a la penetración gradual de capital externo. Dicho de otra manera, la concepción de desarrollo económico fue reemplazada por la idea de crecimiento económico, que propagaría sus beneficios a todos los segmentos de la sociedad (^{Piñeiro, 2004, p. 44}). Esa nueva comprensión económica limitaría la participación del Estado en la vida económica del país y descomprometería el sector privado de cuestiones sociales, ya que el simple crecimiento económico generaría mejores condiciones de vida para la población, incluso si inicialmente causara algunas contradicciones como, por ejemplo, desempleo, disputa por tierras, éxodo rural, aumento de la pobreza y violencia urbana y en el campo.

En ese contexto, el Estado de Chiapas no asistió inmune al proceso de internacionalización de la economía mexicana. Los problemas sociales ya existentes se agravaron. El estado de Chiapas representa 3,7% del territorio mexicano. Tiene la extensión territorial de 74.000 Km² y 3.200.000 habitantes. Es una región en que el 80% de las viviendas poseían suelo de tierra (de “piso de tierra batida”). Proporcionalmente, 36,9% de la población ocupada recibía un salario mínimo, mientras la media nacional era de 69,2%. El estado, siendo el productor de 60% de la energía eléctrica del país, el 34% de su población no disponía de luz en las viviendas. Por otro lado, 76% de las tierras estaban en manos privadas. Chiapas era la región del país con mayores problemas en el área de salud. Cada año morían quince mil indígenas víctimas de enfermedades que, en otras localidades do país, ya estaban erradicadas. El indicativo de esa realidad es el índice de 7,3% de mortalidad infantil, mientras la media nacional era de 4%. Las principales causas de la muerte de menores de un año procedían, en 35,1% de los casos, por enfermedades surgidas en el período perinatal; 18,1%, de enfermedades infecciosas intestinales, y 12,2%, de neumonía (^{Urzúa, 1994}).

Al inicio de la década de 1970, el gobierno federal importó maíz y aceites comestibles para abastecer y fomentar la producción agroindustrial y agroexportadora. De inmediato, provocó la falta de estímulo de la agricultura de alimentos. Así, de forma “pionera”, la región del noroeste de Chiapas, “donde viven los tzeltales, se cultivaba el maíz, el frijol y la caña de azúcar, después fueron sustituidas por el café y, por último, por pastos, cambios que obedecían al nuevo modelo” (^{Arellano, 2002, p. 28}).

El nuevo modelo productivo se basó en los complejos agroindustriales para exportación. El Estado estimuló el establecimiento de esos emprendimientos a través de crédito y tasas de interés favorables, disminución de impuestos a la agricultura, tipos de cambio ideales para la exportación, control de la fuerza de trabajo y desaliento a la organización sindical y rebajamiento del salario real de los trabajadores agrícolas (^{Piñeiro, 2004, p. 46}). Con ese espíritu, el presidente Luis Echeverría empleó, en la primera mitad de la década de 1970, una política de expansión agroindustrial, la cual traía consigo el aumento de la producción pecuaria encima de áreas indígenas, lo que causó enormes conflictos sociales (^{Moreno, 2001, p. 127}).

Vale destacar que ese modelo agroindustrial no se limita a México. Lejos de eso, fue parte del proceso de modernización agrícola y de inserción de las economías latinoamericanas en el escenario de globalización de la agricultura. Esa globalización reorganizó fronteras en el trabajo mundial. Fuerza motriz de ese fenómeno, las transnacionales “planean, tejen, realizan y desarrollan sus actividades por sobre fronteras y regímenes políticos, además de las diversidades culturales y civilizatorias” (^{Ianni, 1996, p. 43}). La integración viabilizó la expansión de capitales financieros e industriales en el sector, valorando económicamente ese segmento, lo cual tuvo el patrón productivo alterado, modernizado, para facilitar la reproducción del capital. Es decir que, en vez de la pérdida de importancia de la agricultura, hubo su revaloración a partir de la reestructuración productiva. Surgieron, así, los grandes complejos agroindustriales, que, de forma verticalizada, determinaron el ritmo de trabajo, la tecnología y la producción en el campo.

Al final de su gobierno, Luis Echeverría no había concluido el proceso de modernización de la economía mexicana. El nuevo presidente, José López Portillo, prosiguió con la adecuación del sector agropecuario del país al mercado internacional. Caracterizó la ocupación de tierra como delito común y criminalizó la organización de los campesinos. De otra parte, favoreció el acceso de terratenientes a tierras expropiadas (^{Arellano, 2002, p. 31}), estableciendo, de esa forma, protección al capital privado investido en el campo mexicano.

En la transición de la década de 1980 a la de 1990, algo “nuevo” emergió en el desarrollo histórico de las transformaciones económicas de México. El Banco Mundial, después del período en que impuso a varios países el ajuste estructural de sus economías, pasó a calificar la cuestión de la tierra como esencial para la estrategia de desarrollo rural de la economía mundial (^{Rosset, 2004, p. 17}).

La reforma agraria, que era polémica en muchos países hasta entonces, fue resignificada por el Banco Mundial. El contenido dado a esa concepción de reforma agraria es la modificación fundiaria mediada por el mercado. En realidad, el Banco Mundial “intenta apropiarse de la expresión, para hacer que tenga el sentido que él quiere − que es básicamente el abordaje neoliberal de mercado aplicada a la tierra − y no lo que los movimientos sociales o el uso histórico puedan sugerir” (^{Rosset, 2004, p.16}).

Como justificación para la nueva práctica del Banco Mundial en relación con la reforma agraria, se aducen tres factores: crecimiento, inversión y reducción de la pobreza. Estudios de economistas del Banco indican que la distribución desigual de las tierras retarda el crecimiento; siendo así, alguna redistribución podría ayudar al crecimiento. Por otro lado, el análisis del Banco Mundial consideró que la inversión en zonas rurales de América Latina, África y Asia era pequeña; por lo tanto, creían que el mayor flujo de inversión privada en estas áreas favorecía el crecimiento económico. En relación con el factor reducción de la pobreza, se puede concluir que es más retórico, una vez que, observados los estudios de casos, estos indican que donde fue aplicada la estrategia de reforma agraria de mercado no hubo reducción de los índices de pobreza (^{Rosset, 2004, p. 17}).

El proyecto de reforma agraria del Banco sigue una cierta orden de encaminamientos. Vejamos (cuadro 5):

Cuadro 5 Reforma agraria basada en el mercado 

Fuente: ^{Rosset, 2004, pp. 18-23}.

En armonía con el espíritu de reforma agraria orientada por el Banco Mundial, en la década de 1990, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, en 1991, anunció la intención de enmendar el artículo 27 de la Constitución de 1927. Ese artículo, como una herencia de la Revolución Mexicana, garantiza el derecho a la tierra a través de los ejidos.⁹ En 1992, la reforma del artículo 27 fue aprobada por 388 votos a favor y 45 contra (^{Tanaka, 2004, p. 124}). A partir de entonces los ejidos podrían ser pasibles de titulación individual de la tierra, y, por consiguiente, podían tener sus áreas comercializadas.

La privatización de tierras comunales en México, viabilizada por la reforma del artículo 27 de la Constitución, operó por intermedio del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE¹⁰. Ese programa cumplió la primera etapa del proceso de modernización de la estructura latifundiaria y agraria propuesta por el Banco Mundial: la titulación de demarcación de las tierras. Una vez realizada la titulación individual de ejido, la propiedad podría ser comercializada.

Como consecuencia del proceso de titulación de las propiedades comunales, se instaló una serie de conflictos entre los ejidos. En algunas comunidades, el PROCEDE introdujo un sentimiento de inseguridad. Para obtener los derechos de la propiedad, el programa tenía que confirmar los límites entre los ejidos y las parcelas individuales, resolver disputas internas y distribuir títulos. El Programa generó debates e inflamó los conflictos por límites de las tierras, particularmente con ejidatarios ausentes, sobre el derecho de herencia de mujeres y niños no ejidatarios y el derecho de propiedad de tierra que había sido ilegalmente utilizada en hipotecas (^{Tanaka, 2004, p.127}).

Por otro lado, tras la certificación de la tierra, la segunda etapa de la modernización puede ser efectuada. El certificado pudo ser convertido en un título de propiedad privada, necesitando sólo de la solicitud a la asamblea general del ejido y su aprobación. Otorgado el permiso, la tierra pasa a ser pasible de comercialización, dejando de pertenecer a un ejido (^{Tanaka, 2004, p. 128}).

La resistencia del EZLN

En la mañana del día 1º de enero de 1994, la perplejidad se instaló en el pueblo de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, en México. Turistas dialogaban, fotografiaban y filmaban los rebeldes que habían ocupado la ciudad (^{Altmann, 1998, p.183}). El grupo denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), constituido por indígenas de la región, desencadenó su acción “coincidentemente” en el mismo día de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC), o Nafta (North American Free Trade Agreement).

El estado de Chiapas protagonizó un proceso de modernización económica, en especial a partir de la década de 1960, lo cual ocurrió básicamente en tres líneas. La primera ocurrió con la sustitución de la producción campesina, caracterizada por el cultivo del maíz y consumo propio, por el cultivo del café. La segunda fase se hizo efectiva con la expansión de la producción ganadera. La tercera fase se caracteriza por la intensificación de la explotación del petróleo y de empresas hidroeléctricas, ya que la región posee varias reservas de petróleo y potencial hídrico para la generación de energía eléctrica. Además, el bosque sufre la extracción de árboles nobles para la exportación. ^{Arellano (2002)} resalta que Chiapas fue víctima de una modernización que no alteró la estructura social (p. 21). El desarrollo de las grandes plantaciones de café requería mano de obra indígena, mientras que el tejido social indígena se fragmentaba, profundizaba y empobrecía.

A partir de 1977, el presidente José López Portilla reformó el artículo 27 de la Constitución de México con el objetivo de criminalizar la ocupación de tierras y crear los instrumentos legales para desarrollar la política de represión a los movimientos campesinos e indígenas (^{Arellano, 2002, p. 31}). La agricultura del país pasa por más de una alteración: los segmentos dominantes del campo se asocian a los sectores comercial y financiero, influenciando el proceso de modernización de México.

México, sobre todo el estado de Chiapas, inserto en el escenario de la globalización capitalista y neoliberal, profundizó la explotación privada de los recursos naturales como, por ejemplo, hidrocarburos, represas, bioprospección y minería por empresas transnacionales. El Estado, agente crucial en el proceso de regulación de los derechos de los pueblos indígenas, estimuló la penetración del capital transnacional sobre el territorio indígena, rico en recursos naturales. Las políticas de protección, acompañamiento y defensa territorial de los indígenas fueron desmanteladas (^{Llancaqueo, 2005, p. 81}). Frente a esa realidad, la lucha de las comunidades indígenas por la territorialidad es marcada por un sesgo reivindicativo: la autodeterminación y preservación de la biodiversidad. La contienda de las comunidades autóctonas incorporó la discusión de la biodiversidad e interactuó con los códigos discursivos de los ecologistas para defender y legitimar sus demandas territoriales, hecho que ha enriquecido su conceptualización (Llancaqueo, 2005, p. 91). De esa forma, el zapatismo ha traído en su estructura teórica la cuestión de la autodeterminación de las comunidades indígenas y la preocupación con la preservación de los recursos naturales de la Selva Lacandona.

Pese a eso, no podemos atribuir el origen del EZLN tan solo a la formación de un movimiento de resistencia a la modernización capitalista de la agricultura. A los factores económicos que contribuyeron con la gestación del movimiento se suman elementos étnicos y políticos. El estado de Chiapas está constituido mayoritariamente por indígenas, siendo los mayores grupos los lacandones, tzeltales, tojolabales, tzotziles, zoques y choles, con un tercio de la población que no habla la lengua española. Esa población vive oprimida entre la pobreza de las comunidades indígenas y las grandes haciendas agrícolas de exportación (^{Wasserstrom, 1992}).

La migración de segmentos sociales a la Selva Lacandona, a partir de la década de 1950, es un relevante factor constitutivo de experiencia histórica de las comunidades indígenas que sirvieron de parámetro a la formación del Movimiento. El desdoblamiento social del proceso de migración para la Selva Lacandona fue la configuración de una nueva sociedad indígena, multiétnica, con costumbres y relaciones de parentescos más flexibles. La sociedad formada en la selva, en virtud de la mezcla cultural y de la quiebra del orden social, expresa una nueva cultura capaz de influenciar la organización indígena en defensa de los derechos y de mejores condiciones de vida de las comunidades. En la base de ese proceso está el surgimiento de la práctica del matrimonio entre etnias distintas, lo que en la cultura tradicional no es admitido; la fluidez lingüística¹¹ y la organización política de la región ocupada.

Además de la composición de una nueva configuración cultural, que determinó el establecimiento de lazos más estrechos entre las comunidades, ya que las “diferencias” étnicas se suavizaron debido a los matrimonios y a la interacción lingüística, se puede destacar el factor religioso como un relevante componente en la sociedad que emergió en la Selva Lacandona. La Iglesia Católica acompañó el proceso de migración y constitución de las comunidades indígenas, convirtiéndose una referencia no solo religiosa, sino también política a medida en el que contribuyó en la formación de organizaciones indígenas (^{Womack, 1998}). En 1974, la Iglesia de Chiapas promovió el Congreso Indígena, el que discutió los principales problemas enfrentados por la población y el encaminamiento de presionar al Estado para solucionarlos. No obstante, desde la década de 1960, con la llegada de Don Samuel Ruiz a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, la Iglesia realizó un trabajo pastoral basado en la valoración de la cultura y la promoción de la organización indígena. En esa perspectiva, fueron formados millares de catequistas, los cuales ejercían actividades no solo religiosas, sino también desempeñaron el papel de “líderes” en las comunidades (^{Womack, 1998}).

Ese proceso de concientización de las comunidades indígenas, lo cual hizo proliferar varias asociaciones y cooperativas, sirvió como base para la constitución de un segmento de jóvenes líderes en las comunidades, que descontentos con los resultados de la estrategia de actuación centrada en el diálogo con el Estado, resolvieron adherir a la lucha armada (^{De Vos, 2002}). El encuentro con la "lucha armada”, o mejor, el surgimiento del EZLN, ocurrió en la década de 1980, en una convergencia del interés de comunidades de defenderse de la violencia empleada por los grandes propietarios de tierras y la presencia de un pequeño grupo guerrillero. En el encuentro de esos dos grupos, los guerrilleros se sometieron a la organización indígena (^{Gadea, 2004}). En realidad, entre la llegada de los guerrilleros a la Selva Lacandona, en 1983, hasta la constitución del Movimiento, el grupo liderado por Marcos sufrió un proceso de adaptación e inserción en la cultura indígena, de tal modo que fueron aceptados por las comunidades.

Del vínculo entre la guerrilla y las comunidades por la necesidad de que los indígenas “aprendan” a defenderse, la relación evolucionó hacia la construcción del Movimiento anclado en la cultura de las comunidades. En ese contexto el EZLN se sometió a una instancia superior, el Comité Revolucionario Clandestino Indígena, constituido por los liderazgos comunitarios.

Es pertinente resaltar el valor de la palabra en la cultura comunitaria. Los líderes realizan la mediación política de la comunidad con la sociedad, siendo la asamblea comunal el local apropiado para la práctica del discurso y a las discusiones colectivas, donde se forma el consenso (^{Altmann, 1998, p.190}). Precisamente, esa concepción de actor social, sumándose a ella el proceso de formación política de la Iglesia en las comunidades, “ofreció” las condiciones necesarias al desarrollo de un segmento de liderazgos indígenas que asumieron una postura política más incisiva, mediante la realidad desfavorable: la lucha armada.

Como consecuencia de esa relación del ideario del Movimiento con la cultura indígena, la reivindicación de autonomía política por las comunidades indígenas, juntamente con la degradación de las cuestiones económicas, contribuyeron con la formación del Movimiento. La autonomía indígena significa autodeterminación de las comunidades frente al Estado. En ese proceso la centralidad de las decisiones políticas, para las comunidades indígenas, es el colectivo: la Asamblea Comunal tiene el carácter de elaborar las decisiones y nombrar los liderazgos que hacen la mediación con la “sociedad externa” (^{Altmann, 1998, p. 190}). Por eso, el EZLN es un movimiento heterodoxo. Su pauta reivindicatoria no prevé el cambio de los medios de producción o la toma del poder por una vanguardia organizada. Exige autonomía política para las comunidades indígenas, resignificando el concepto de democracia aristotélica. O sea, cobra la autodeterminación frente al Estado. En realidad, las comunidades indígenas de Chiapas se enfrentan al sistema político mexicano de tradición caciquista, semejante al clientelismo presente en la política brasileña. La democracia se restringe prácticamente a la participación en los procesos electorales, generalmente hegemonizados por los grupos económicos y políticos dominantes, bloqueando la participación de la población en otros espacios de organización de la vida política de la sociedad, como el control de la población sobre el presupuesto, y el Estado y la construcción de políticas públicas en el área socioeconómica.

De hecho, los antecedentes culturales, sociales y económicos, presentados arriba, se hicieron presentes en la madrugada del 1º de enero de 1994 en Chiapas. El EZLN ocupó la sede del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de la Casas, y ocuparon también las ciudades de Las Margaritas, Chanal, Altamirano y Ocosingo¹². Al final de la acción, los indígenas habían ocupado 25% del territorio chiapaneco, un área de 18.400 Km², que poseía 373.000 habitantes, movilizando más de mil combatientes (^{Gadea, 2004, p. 118}). Sin embargo, al final de la tarde del día 02 de enero, el Ejército Federal Mexicano, con un efectivo de 3 mil soldados, retomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

A lo largo de doce días que siguieron a la eclosión de la rebelión, ante la inminente masacre en virtud de la fragilidad del poder bélico de los insurgentes, el presidente Salinas de Gotari ordenó el cesar fuego, abriendo las negociaciones de paz con el Movimiento, la cual fue mediada por el obispo Don Samuel Ruiz, en la Catedral de San Cristóbal de Las Casas. Las discusiones se extendieron hasta junio, pero los Neozapatistas rechazaron los términos propuestos por el gobierno y publicaron la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, en la cual propusieron la realización de una Convención Democrática Nacional para elegir un gobierno de transición, provisorio, hasta la realización de nueva elección.

Se hace necesario una Convención Democrática Nacional de la cual emane un gobierno provisorio o de transición, sea a través de la renuncia del Ejecutivo Federal o a través de vía electoral. La Convención Democrática Nacional y Gobierno de Transición deben desembocar en una nueva Constitución cuyas reglas serán convocadas para nuevas elecciones. El dolor que este proceso provocará al país será siempre menor que el perjuicio que puede ser producido por una guerra civil. La profecía del sudeste vale para todo el país, podemos aprender de lo que ya ocurrió y tornar menos doloroso el parto del nuevo México (citado de ^{Genari, 1999, p. 87}).

La tregua del Estado duró pocos meses. El 9 de febrero de 1995, el presidente Ernesto Zedillo rompió el “cese de fuego”. El Ejército Federal se hizo presente de forma más significativa en la región, ocupando los municipios “rebeldes”. Sin embargo, la ofensiva militar del Gobierno, la cual representó la estrategia del Estado de contestar a las demandas de las comunidades indígenas con la militarización del conflicto, no aisló políticamente el Movimiento. Lejos de eso, contribuyó para el establecimiento de una red de apoyo al EZLN, la cual contribuyó para la continuidad de la resistencia indígena hasta el presente momento.

Por fin, cabe señalar que las reivindicaciones del EZLN expresaban demandas históricas de las comunidades, como, por ejemplo, la constitución de una red de salud y educación que atendiera la población indígena y la revocación de la alteración del artículo 27 de la Constitución, la cual, tras reforma constitucional, pasó a permitir la comercialización de tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. En el campo político, el Movimiento exigía la autonomía de las comunidades.

Consideraciones finales

La globalización de la agricultura impactó directamente en el modelo productivo agrario latinoamericano. La conexión del proceso de expansión mundial del capital financiero e industrial con el sector primario fue crucial para el desarrollo de la agricultura basada en la incorporación de la ciencia, innovaciones tecnológicas, insumos de la industria y financiarización de la producción. Junto a ese contexto, surgen los complejos agroindustriales de los imperios alimentarios, como señala ^{Ploeg (2008)}.

Como resistencia a ese escenario histórico, se multiplicaron los conflictos en el campo en América Latina. El presente trabajo presentó el establecimiento de las dos principales experiencias sociales de la región: el EZLN y el MST. La cuestión puesta en la centralidad de esas luchas sociales fue la problemática de la tierra, puesto que el territorio campesino e indígena fue azotado por el avance de la territorialización de la agricultura globalizada.

Junto a la constitución identitaria del sujeto sin tierra y zapatista, emergió el ideario que orientó las acciones colectivas del grupo. Ese conjunto de ideas que configuran las interpretaciones del pasado, de la realidad vivida y de la expectativa de futuro es mediada por el proceso de dialéctica de la resistencia. Los Movimientos produjeron la inteligibilidad del mundo a partir de la articulación de saberes populares, científicos y sus experiencias de organización colectiva.

En el caso del EZLN y MST la religiosidad fue un elemento central para la cohesión política y desarrollo de acciones colectivas. Catequistas formados en la Iglesia Católica crearon asociaciones y cooperativas en la Selva Lacandona como un instrumento organizativo de las comunidades, fortaleciendo la capacidad de resistencia y creando las condiciones subjetivas y políticas para la radicalización del conflicto. El MST fue gestado a partir de las ocupaciones de latifundios. En la base de esta iniciativa estaba la reflexión acerca de la realidad vivida por los sin tierra en espacios ligados al catolicismo. Con la participación efectiva de la CPT y Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), los Sin Tierra han perfeccionado su ideario.

Por fin, podemos afirmar que los dos movimientos fueron producidos a partir de la interacción con el proceso de mundialización: la globalización de la agricultura. Sin embargo, eso no significa que las explicaciones históricas de esos sujetos sociales sean exteriores al contexto social al que pertenecían. Lejos de eso, el EZLN y el MST son frutos de una historia marcada por el colonialismo que produjo profundas contradicciones agrarias en los territorios, siendo agudizadas por el advenimiento de la modernización capitalista en la segunda mitad del siglo XX.