Introducción

La historia de las relaciones entre Chile y Argentina ha sido moldeada al calor de las tensiones entre políticas y discursos tendientes a profundizar la cooperación binacional y otros que se centraron en los conflictos fronterizos, nostálgicos de la inexistente “Argentina bioceánica” o el “Chile fantástico” (^{Lacoste, 2003}). Esto adquiere mayor relevancia aún en la Patagonia al tratarse de una región cuya territorialización estuvo atravesada por una multiplicidad de procesos que se vinculan tempranamente a Chile. Entre ellos se destaca la densa trama de relaciones económicas, sociales y culturales que fue gestándose desde el siglo XIX a través de los continuos desplazamientos de trabajadores a ambos lados de la cordillera. Asimismo, esta nutrida y evidente presencia trasandina atizó atávicos temores de un nacionalismo territorial presto a alimentar permanentes hipótesis de conflicto y elucubrar diversas teorías conspirativas (^{Bohoslavsky, 2009}).

Estas tensiones entre discursos integracionistas y aquellos que advertían sobre el “expansionismo trasandino” fueron resignificándose al promediar el siglo XX. En esos años, cobró fuerza la idea de que estaban gestándose en Latinoamérica condiciones para impulsar políticas tendientes a profundizar el proceso de industrialización. Desde la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) se promovía la conformación de un mercado regional¹, que permitiría a las empresas locales alcanzar la dimensión óptima para aumentar su productividad a través de la especialización industrial y el incremento en la demanda². Paralelamente, distintos gobiernos de la región expresaban la necesidad de impulsar la integración de sus economías. En este marco, se destacaron el presidente chileno Jorge Alessandri (1958-1964) y de su par argentino Arturo Frondizi (1958-1962), quienes manifestaban públicamente la existencia de una relación causal entre estabilidad política y desarrollo económico, al igual que sobre la importancia que tendría la integración latinoamericana para la concreción de este último (^{Medina Valverde, 2002, p.261}; ^{Pelosi y Machinandiarena de Devoto, 2012}). La llegada de Arturo Illia (1963-1966) a la presidencia argentina y el posterior triunfo de Eduardo Frei³ (1964-1970) en Chile generaron un contexto propicio para estrechar aún más los vínculos binacionales. Ambos gobiernos compartían una perspectiva económica de base industrialista con fuerte influencia cepalina, en el marco de políticas reformistas en materia social, además de un claro sentido latinoamericanista que cristalizó en las demandas por la profundización de la integración regional (Medina Valverde, 2002; ^{Mires, 1989}; ^{Rapoport, 2005}; ^{Cisneros y Escudé, 2000}).

Sin embargo, el incidente fronterizo de “Laguna del Desierto”⁴ suscitado en noviembre de 1965 expuso el arraigo que conservaba el sempiterno temor al “enemigo expansionista”, no sólo en el universo castrense sino también sobre la opinión pública argentina en general (^{Azcoitia, 2016}). Durante esos días, los sectores nacionalistas lanzaron una fuerte campaña, a la que se plegó una parte significativa de la prensa, azuzando los temas limítrofes pendientes con Chile (^{Cisneros y Escudé, 2000}; ^{Valenzuela Lafourcade, 1999}; ^{Mazzei de Grazia, 2012}). Este clima de hostilidad se exacerbó luego del quiebre institucional de 1966 en Argentina, con la irrupción de una dictadura que adoptó un discurso fuertemente beligerante a la vez que imprimía un profundo cambio en la política exterior, tensionando las relaciones entre Buenos Aires y Santiago.

En función de lo expuesto, el artículo propone analizar los discursos que circularon por las páginas del diario Río Negro para identificar los sentidos contenidos en las representaciones sobre la migración chilena desplegados durante los años que transcurrieron entre la entronización de la “Revolución Argentina” (1966) y la finalización de la guerra de Malvinas (1982).

Se parte de que los discursos no reflejan la “realidad” sino que la construyen a través de la elaboración de representaciones de la sociedad, de las prácticas sociales, de sus actores y de las relaciones que se establecen entre ellos (^{Martín Rojo, 1997}). Estas representaciones configuran imágenes mentales del mundo, que son compartidas por una “comunidad lingüística”⁵ y establecen un marco de referencia para las representaciones individuales (^{Raiter, 2001}). A su vez, los discursos no circulan libremente sino que existen normas y procedimientos que los controlan, establecidas por aquellos colectivos con el poder para hacerlo (^{Foucault, 1999}). Esto implica que algunos adquieren mayor legitimidad social, lo que potencia su eficacia persuasiva y sus efectos normalizadores, en detrimento de otros silenciados o neutralizados (^{Martín Rojo, 1997}). En cuanto a la relación entre prensa y migración, Miquel Rodrigo ^{Alsina (2007}) sostiene que los discursos mediáticos tienen el poder de convertir en manifiestas ciertas representaciones que permanecen latentes en la sociedad, a la vez que marginan e invisibilizan otras. En la misma línea, Celeste Castiglione refiere a los “fragmentos” que circulan por los medios de comunicación como “datos de la realidad”, los cuales “van acumulándose en la conformación de asociaciones que con el tiempo, se endurecen y se solidifican, y por acumulación se piensan como “conocimientos” (^{2013, p.151}). Los medios se constituyen, así, en parte del conjunto de actores que contribuye a la “construcción de estereotipos que demarcan la frontera entre la inclusión y la exclusión” (^{Perret Marino y Melella, 2021}). Cabe destacar también que las empresas periodísticas y sus directivos tienen intereses sectoriales y particulares que pueden defender y/o querer difundir, los cuales condicionan la interpretación de la realidad que circula a través de sus publicaciones (^{Raiter y Zullo, 2008}).

Sobre la elección del diario, resulta pertinente aclarar que a través de este medio no se pretende condensar los discursos de la prensa patagónica, los cuales son tan numerosos como variados, sino centrar el análisis en un periódico cuya influencia sobre la opinión pública regional, principalmente norpatagónica, ha sido indiscutible a lo largo de todo el siglo XX. El Río Negro fue fundado por Fernando Emilio Rajneri el 1° de mayo de 1912 en la ciudad rionegrina de General Roca, demostrando una temprana pretensión de erigirse en un actor político⁶ (^{Borrat, 1989}) regional con capacidad de mediar entre los habitantes y las autoridades territorianas⁷, vehiculizando las demandas de los primeros y ejerciendo un permanente control sobre los últimos (^{Ruffini, 2001}). En 1958 comenzó a publicarse en forma diaria alcanzando el liderazgo regional en el transcurso de la década del sesenta, para convertirse en los años setenta y ochenta en uno de los medios de prensa más importantes del interior. Esto fue posible tanto por los vínculos políticos forjados por la familia fundadora⁸ y propietaria del diario, como por las continuas inversiones en equipamiento⁹ y la permanente actualización de su diagramación, lo que le ha permitido mantener su vigencia a lo largo del cambiante siglo XX. De esta forma, recorrer los distintos sentidos que adquirió la inmigración chilena a través de sus páginas permite develar tanto la posición asumida por un actor político central de la Norpatagonia, como también identificar aquellos discursos que ejercieron mayor influencia en una región cuya territorialización estuvo atravesada por la tensión entre el conflicto y la cooperación con Chile.

Una agenda condicionada por el nacionalismo territorial

El golpe de estado de 1966 puso fin al gobierno de Arturo Illia y abrió la puerta al intento de instaurar un sistema autoritario estable enmarcado en la Doctrina de Seguridad Nacional¹⁰. Entre los cambios impuestos, la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) comenzó un viraje en política exterior tendiente a estrechar vínculos con su par brasileña, con la cual compartían tanto el alineamiento con el Departamento de Estado como la voluntad de conformar una alianza militar a partir de la tesis de la “frontera ideológica” (^{Rapoport, 2005}; ^{Zapata y Zurita, 2005}).

En lo referido a Chile, la “Revolución Argentina” profundizó las tensiones evidenciadas durante el conflicto de “Laguna del Desierto” entre los discursos en clave “integracionista”, presentados hasta ese momento como un imperativo histórico para ambas naciones; y aquellos que construían la imagen de un “Chile expansionista”, acuñada por la matriz discursiva del nacionalismo territorial. Este cambio se plasmó en las páginas de Río Negro en la progresiva centralidad que adquirían las noticias referidas a las tensiones limítrofes en detrimento de los procesos de cooperación (^{Azcoitia, 2017}). Esto tuvo su correlato en el sustancial avance de las lecturas negativas sobre la migración trasandina en la región, en el marco de un progresivo endurecimiento de las leyes impuestas por la dictadura¹¹.

En septiembre de 1966 el diario publicó varias notas referidas a los festejos por la independencia chilena. Estas crónicas habituales exponían la relevancia de la migración trasandina en la región. Las mismas recorrían una secuencia que comenzaban con las ofrendas florales en monumentos al General San Martín; seguía con misas donde participaban autoridades locales y referentes de las distintas organizaciones de migrantes, y finalizaba con bailes y comidas típicas de fiestas abiertas al público en general¹². En su espacio editorial, el diario afirmaba que “desde el Plata al Pacífico, la música, las letras y hasta el deporte, mucho menos formales que las relaciones diplomáticas, han tendido un puente de tradicional entendimiento”, para agregar luego que

(…) ni siquiera los conflictos fronterizos -alentados las más de las veces por intereses políticos- han logrado destruir los lazos de amistas forjados en el fragor de Chacabuco, donde la sangre de argentinos y chilenos se ofreció ejemplarizadora en pos de la libertad¹³.

El editorial concluía advirtiendo sobre la necesidad de “atemperar disputas y zanjar incompresibles diferencias”. Al igual que en los años previos, la fiesta patria del 18 de septiembre fue ocasión para que Río Negro destacara la importancia de “los brazos chilenos” que “alzan las cosechas, roturan la tierra virgen, extraen el petróleo y el carbón” en pos del “florecimiento” de Río Negro y Neuquén¹⁴.

Sin embargo, unos meses después, con motivo de vencerse el plazo otorgado por las autoridades para regularizar la situación de los migrantes “ilegales” en el país, el diario publicó un editorial denunciando las “proporciones insospechables y alarmantes” de trabajadores chilenos sin permiso de radicación en la Patagonia. Sindicaba como responsables a la intrincada geografía de la zona que entorpecía los controles fronterizos y a las autoridades argentinas por su complacencia con los empleadores que se beneficiaban de esta situación. Al establecer un juego de espejos invertidos entre la migración “legal” y la “clandestina”, sostenía que mientras la primera era “seleccionada”, propendía a generar “un sentimiento de identificación espiritual con la nación” y alentaba “el deseo de establecerse con dignidad trabajando con tenacidad y viviendo con decoro”; la segunda permitía la contratación “a destajo”, era “vehículo transmisor y difusor de graves enfermedades” como la sífilis y la tuberculosis, de “alarmante progresión” en Río Negro y Neuquén, y favorecía la proliferación de “choza semioculta” del “pauperismo y el vicio”¹⁵. El editorial actualizaba así la histórica antinomia entre civilización y barbarie, construyendo nuevamente al Estado como agente civilizador de la Patagonia al atribuirle, a través de la imposición de la ley, el poder de suprimir la barbarie de la que era portadora la migración “clandestina”, tan nociva y endémica como las enfermedades que transmitía (^{Azcoitia, 2022, p.150}).

De esta forma se evidenciaba la creciente influencia de la prédica antichilena, en el marco de un campo discursivo que profundizaba sus aristas más nacionalistas. A mediados de los sesenta, circularon profusamente narrativas xenófobas y estigmatizantes sobre la migración trasandina en la Patagonia, (re)presentándolos como “analfabetos”, “promiscuos” y responsables de muchos de los problemas que afectaban a la comunidad (^{Núñez y Barelli, 2013}; ^{Baeza y Lago, 2014}). En este tipo de contextos los medios construyen un discurso que desplaza y condensa en el sujeto migrante todo lo que no se quiere ser ni parecer (^{Castiglione, 2012}). Es posible pensar que la opinión favorable de Río Negro sobre la migración chilena, de la que daba cuenta cada 18 de septiembre, comenzara a matizarse al percibirla como un fenómeno masivo e incontrolable que alteraba la fisonomía social que el diario pretendía para el Alto Valle de la provincia. En este punto cabe recordar que durante la década del sesenta se consolidó el modelo agroindustrial en la región, incrementando la demanda de mano de obra estacional para tareas “poco prestigiosas”, lo que intensificó el proceso migratorio (^{Bendini y Radonich, 1999}; ^{Trpin, 2004}). Es probable también, y complementario de lo señalado anteriormente, que el diario intentara hacerse eco de lo que percibía como cierto malestar de sus lectores sobre esa presencia “clandestina” de trabajadores. Más aún si se tiene en cuenta que se especulaba en ese momento con la posibilidad de trasladar trabajadores tucumanos al Alto Valle, resolviendo así la demanda estacional de “braceros”¹⁶.

Sin embargo, al acercarse la fecha límite fijada por el Ministerio del Interior, y sin traslados de trabajadores en el horizonte¹⁷, el diario comenzó a matizar sus expresiones en torno a la migración “clandestina” a la vez que reclamaba a las autoridades extender los plazos para cumplimentar los trámites de radicación. Los editoriales criticaban ahora la “inflexibilidad de los poderes públicos”, cuando comenzaban las tareas de la cosecha y se registraba “una notoria falta de mano de obra para levantarla y procesarla”. Frente a las urgencias de los productores la distinción entre migrantes “legales” y “clandestinos” empezó a desvanecerse convirtiéndose todos en “ciudadanos chilenos” que regularmente “venden su trabajo a nuestros productores frutícolas”¹⁸. Las notas planteaban incluso la posibilidad de que fueran las propias “organizaciones de fruticultores interesados en la radicación de obreros” quienes brindaran asistencia al Estado para acelerar el trámite¹⁹. A comienzos del año siguiente, el diario publicó las consultas realizadas por las autoridades provinciales a los comisionados del Alto Valle sobre el número de trabajadores que estimaban necesarios. La respuesta de los comisionados, previa reunión con las respectivas cámaras empresariales, fue que era “imprescindible” el ingreso de “braceros chilenos” a la vez que señalaban lo “innecesario” de determinar la cantidad debido a que en la zona siempre se había “auto regulado”²⁰. En este punto cabe subrayar que el reclamo que Río Negro formulara en su momento al Estado por la “alarmante migración clandestina” ahora parecía encontrar respuesta en el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado. Quedaba claro así que la tolerancia del diario respecto al incumplimiento de las leyes migratorias podía variar en función de los intereses de los productores frutihortícolas de la región (^{Azcoitia, 2022}).

No obstante, los cuestionamientos de Río Negro sobre la presencia chilena en la Patagonia no se limitaron a las consecuencias sociales y sanitarias de una migración que definía como “descontrolada” sino que abarcaron también a lo que identificaba como un peligro potencial para la soberanía argentina sobre el territorio. En el contexto informativo del incidente diplomático producido en torno a la cañonera Quidora²¹, el diario publicó un editorial advirtiendo sobre la necesidad de nacionalizar el “éter” para ampliar la capacidad de transmisión de las emisoras radiales patagónicas. Desde esta perspectiva, potenciar su alcance permitiría convertir a la radio en portadora de “progreso” y “resguardo de la soberanía nacional”. Para Río Negro el peligro radicaba en la “concentración demográfica de origen extranjero mucha de ella de carácter clandestino” en momentos en que existían “conocidos conflictos latentes” por la disputa territorial. La situación requería de la “presencia creciente de voces difusoras de la realidad y el sentimiento nacionales” evitando que la ausencia de estas “sean cubiertas por las que proceden, precisamente, de ese país vecino”²².

En el diario reverberaban los ecos de un discurso que carecía de toda novedad pero que había adquirido un fuerte impulso en el contexto de la segunda mitad de la década del sesenta. Parte de la explicación puede hallarse en la influencia de la cruzada moral y cristiana que emprendió la dictadura de Onganía en “defensa” del “verdadero ser nacional” (^{Ponza, 2010}; ^{Terán, 1999}). En este sentido, sostiene Alain Rouquié que la “Revolución Argentina” significó la proyección sobre el Estado y la sociedad de valores del ejército profesional, como el territorio y su defensa (^{1982, p.256}). En relación con la Patagonia, durante esos años se publicaron numerosos trabajos de ensayistas e historiadores que (re)presentaban a la migración chilena como una amenaza para la soberanía nacional. En sus libros El problema de nuestra frontera patagónica (1965) y Despertar de Bariloche (1968) el abogado Exequiel Bustillo, presidente de la Dirección de Parques Nacionales entre 1934 y 1944, advertía sobre el peligro que implicaba de la presencia transandina en la Patagonia (^{Bohoslavsky, 2009}; ^{Núñez, 2014}). En la misma línea, el historiador Ricardo Caillet Bois sostenía, a fines de los sesenta, que Chile era el más preocupante de los vecinos por la inteligente política de penetración territorial que había sostenido a lo largo de los años (^{Cavaleri, 2004}).

Las notas de septiembre de 1968 referidas a la independencia chilena evidenciaban las tensiones discursivas que recorrían las páginas del diario. Una vez más, los festejos patrios trasandinos fueron ocasión para que Río Negro desplegara una amplia cobertura sobre concursos de cuecas, almuerzos, misas, actos y hasta un cuadrangular de fútbol, entre otras actividades que se desarrollaron en las principales ciudades del Valle, en los cuatro días que duraron los festejos²³. Asimismo, el diario dedicó la primera plana al tema, asignándole titulares destacados junto a dos grandes fotos de representantes barriales que entregaban ofrendas florales a los pies del monumento a San Martín²⁴. En la misma semana publicó un “relato histórico” sobre un 18 de septiembre, pero de 1899, que se inscribía en una matriz discursiva contrapuesta a la que había recorrido las noticias sobre las festividades de la colectividad chilena. En la sección dominical de libros y arte, escribía el “profesor” Jesús María Pereyra, tal como lo (re)presentaba el diario, que a fines del siglo XIX la ciudad de Chos Malal estaba habitada por numerosos “pobladores chilenos” que “vivían trasmontando la cordillera”, lo cual les permitía mantener una activa comunicación con sus connacionales además de ser el lugar “donde se les aleccionaba”. Según el “profesor”, estos pobladores “vivía odiándonos y disfrutando de los beneficios de nuestra tierra”. La narración histórica, con el criterio de autoridad que ello le confería, establecía en el marco de la conmemoración de la independencia, unos “revoltosos” comenzaron a “marchar desafiantes” al grito de “viva Chile, carajo”. Sostiene Pereyra que la situación se tornó violenta y descontrolada hasta la intervención del comisario Benjamín Cuello quien, sable en mano, cargó contra la “revuelta belicosa” hasta dispersarla. Concluía esta historia épica afirmando que, sin precisar los motivos, este “apuesto militar” se había fracturado un dedo al abofetear al cónsul chileno²⁵. La visibilidad que el diario confirió a las pacíficas manifestaciones culturales chilenas en la comunidad valletana contrastaba con la “lección” impartida por el “profesor”, la cual apelaba al pasado para “enseñar” a los lectores que los migrantes de ese país siempre han codiciado “nuestras tierras”, las cuales fueron y serán defendidas por los “valerosos militares” (^{Azcoitia, 2022}).

Asimismo, es importante remarcar que estas noticias circularon en el matutino junto a otras que daban cuenta de la persistencia de los continuos intercambios económicos y culturales que históricamente existieron entre la Patagonia argentina y el sur de Chile²⁶. Estas noticias configuraron así una zona del diario que escapaba a la impronta nacionalista que parecía acrecentar su influencia en las otras secciones y temáticas²⁷ (^{Azcoitia, 2022}).

De la integración económica a la ideológica

A pesar del aparente clima de paz social impuesto por la “Revolución Argentina”, hacia fines de 1968 comenzaron a producirse una serie de conflictos que revelaron la creciente combatividad y politización del movimiento obrero y estudiantil, los cuales erosionaron la figura del dictador Onganía como garante del orden público²⁸ (^{Pozzi y Schneider, 2000}). Asimismo, el panorama internacional tampoco se presentaba demasiado favorable para el gobierno de facto. La estrategia de EEUU de transformar los ejércitos latinoamericanos en fuerzas eficaces solo para la lucha antiguerrillera sumado al creciente poder regional de la dictadura brasileña, convencieron al gobierno argentino sobre la necesidad de iniciar un acercamiento con La Moneda (^{Rapoport, 2005}).

En el diario rionegrino, los primeros indicios del cambio en las relaciones binacionales se manifestaron hacia el final del período de Juan Carlos Onganía. Con Sierra Grande²⁹ como escena de enunciación, el dictador refirió “al principio de solidaridad” para vincular el desarrollo patagónico con el bienestar de los argentinos y de “nuestros hermanos chilenos, que por ser hermanos y ser vecinos deben ser los primeros en compartir” los frutos que se obtendrían en el sur. Afirmaba también que ambos países se encontraban “unidos por igual raíz, e igual geografía, similares problemas, parecidas necesidades e idénticas esperanzas” apelando finalmente al histórico “abrazo de Maipú” como mito fundante de ese destino común³⁰. En la misma línea, publicó una nota sobre las repercusiones que tuvo allende la cordillera la visita de Onganía al sur del país. Construyendo a El Mercurio como expresión de la totalidad de la prensa chilena, podía leerse recortes del diario trasandino donde advertían a los argentinos que los trabajadores chilenos no debían ser motivo de preocupación en torno a eventuales reivindicaciones sobre “territorio patagónico argentino” ya que en Chile nadie pensaba “en semejante idea”. Afirmaba El Mercurio que en esa región los chilenos aportaban al desarrollo a través de su trabajo y que la fusión de las “dos razas” preconizaba “la fundamental armonía que siempre debería reinar” entre ambos países³¹. Unos días después, consultado por la “carrera armamentista”, el ministro de Defensa argentino sostuvo que era una “nación pacífica” y que en “nuestras fronteras” se construían puentes y caminos para alcanzar una “unión más estrecha” con nuestros vecinos³².

A pesar de estas expresiones a favor de la integración, la “Revolución Argentina” no construyó un discurso unificado como el de los primeros años del onganiato. En mayo de 1969, el diario publicó una nota sobre la disertación en el Círculo Militar del Secretario del Consejo Nacional de Seguridad, el general Osiris Villegas, donde advertía sobre la “necesidad de fortalecer la seguridad en las fronteras”. En su intervención enfatizaba especialmente la Patagonia porque estimaba que allí la presencia chilena alcanzaba el cuarenta por ciento de la población. Afirmaba Villegas que ese territorio aún no había completado su “nacionalización”, a la vez que llamaba a comprender el “real y grave problema de desarrollo y seguridad” que subyacía en esa situación. Desde su perspectiva, la integración nacional no sólo debía ser material sino también simbólica, y planteaba la necesidad de “despertar” la “mística” en estas zonas de frontera³³. En su libro Políticas y estrategias para el desarrollo y la Seguridad Nacional, publicado en 1969, Osiris Villegas sostenía que “Comahue y Patagonia” era la región fronteriza a la que debía prestarse mayor atención, entre otros motivos, porque el “elemento étnico” que conformaba la numerosa corriente migratoria trasandina no era “de calidad deseable” por sus problemas de salud, analfabetismo y baja calificación laboral. Advertía también la existencia de un “fuerte espíritu nacional del inmigrante chileno, nutrido permanentemente por un eficiente adoctrinamiento a través de la acción de los cónsules y de algunos líderes radicados en la zona, así como también de poderosos medios radioeléctricos de comunicación trasandinos”. [Así, mantenían vivo] “el recuerdo de las pretensiones reivindicatorias” sobre los territorios argentinos (^{Villegas, 1969, pp.209-210}). Las palabras del Secretario del Consejo Nacional de Seguridad demostraban la pervivencia de un discurso oficial que construía a los migrantes chilenos como una amenaza en la Patagonia.

Con el triunfo del socialista Salvador Allende (1970-1973) y la asunción del dictador Agustín Alejandro Lanusse (1971-1972) se evidenció aún más el profundo cambio operado por la “Revolución Argentina” en política exterior, con el reemplazo del principio de “fronteras ideológicas” por el del “pluralismo ideológico”. En este marco, las noticias sobre el encuentro entre ambos mandatarios en la ciudad de Salta, volvían a destacar la importancia de la integración física, económica y científica, al igual que el compromiso de fortalecer los vínculos de amistad entre los pueblos, basados en la “histórica” resolución pacífica y jurídica de las diferencias y en el respeto al “pluralismo político”³⁴. Este último aspecto adquiría gran relevancia en momentos en que Chile transitaba su particular camino hacia el socialismo. La declaración manifestaba también la necesidad de incrementar los intercambios comerciales entre ambos países destacando el rol preponderante que debía alcanzar el sector industrial. El diario calificó el encuentro de “histórico”, acentuando tanto el “clima festivo” que se había vivido en la ciudad norteña, como la excelente relación personal entre los mandatarios³⁵. La reunión de Antofagasta, realizada en el contexto de la gira del general Lanusse por Chile y Perú, incorporó a la agenda bilateral la firma de un convenio laboral que comprendía a los trabajadores chilenos en la Argentina, tema que Río Negro destacó en su primera plana como uno de los principales logros del encuentro³⁶. Esto no resulta extraño ya que, como se ha visto, para la clase dominante norpatagónica la fuerza de trabajo trasandina constituía un eslabón fundamental del entramado productivo regional.

Las habituales crónicas sobre los festejos de la independencia trasandina visibilizaron una vez más la presencia y arraigo de la comunidad chilena en la zona. En esta oportunidad, las notas dieron cuenta también de la “emotiva ceremonia” a través de la cual una escuela neuquina había sido bautizada con el nombre de “República de Chile”³⁷. Como se ha observado, las noticias sobre los estrechos vínculos binacionales en el espacio patagónico constituyeron una constante en las páginas del diario rionegrino. El rasgo novedoso en relación al período anterior fue la centralidad que volvía a asumir el Estado en tanto articulador de dichas relaciones.

El fin de la dictadura y el triunfo del candidato peronista Héctor J. Cámpora generaron condiciones para un mayor acercamiento entre los gobiernos de uno y otro lado de la cordillera. Las noticias publicadas en Río Negro no sólo mantuvieron el tono cordial de los encuentros de Salta y Antofagasta, sino también revelaron un profundo cambio en los discursos en torno a la integración, evidenciando una densidad política-ideológica mayor a la existente hasta ese momento. Durante la asunción del presidente argentino, circuló en el diario un potente discurso antiimperialista que bogaba por la unidad latinoamericana. En esta línea se inscribían las palabras de Salvador Allende, presente en la asunción, celebrando el “reencuentro de la Argentina con un gobierno popular” a la vez que destacaba la trascendencia de un cambio que permitiría a la región marchar “unida hacia su liberación”. El presidente chileno evocaba el “mandato de los próceres” para afirmar que debía lucharse por una América “integrada, independiente y soberana”³⁸. En su discurso, Héctor Cámpora asumía como propias estas demandas comprometiéndose a impulsar la “cooperación estrecha con los países del Tercer Mundo y especialmente con los de América Latina”³⁹. Durante la efímera convivencia entre estos presidentes pareció cristalizarse en el diario un discurso gubernamental que articulaba frontera, migración e integración sobre la base del antiimperialismo y la equidad social. Sin embargo, el golpe de Estado en Chile de septiembre de 1973 y el avance de los sectores de derecha dentro del gobierno peronista, provocaron un desplazamiento de sentido sobre la cooperación y la integración binacional, la cual fue adquiriendo un marcado carácter “antimarxista”, acentuado a partir del derrocamiento de la presidenta Estela Martínez de Perón, en marzo de 1976.

Las notas de Río Negro sobre las reacciones suscitadas en la región frente al derrocamiento y la muerte de Salvador Allende generaban un efecto de unanimismo o consenso en torno al repudio. Los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén, junto a sus respectivas cámaras legislativas; la Confederación General de Trabajadores regional, el partido justicialista; el comunista; la Unión Cívica Radical y el Movimiento de Integración y Desarrollo, entre otras fuerzas, condenaron explícitamente la interrupción institucional en Chile. En esta línea se inscribía también la noticia sobre la Universidad del Comahue rechazando el golpe y bautizando su aula Magna con el nombre de “Salvador Allende”⁴⁰. En el periódico predominaron las expresiones de solidaridad ante la “ofensiva imperialista” contra el proceso de “liberación” iniciado por el pueblo chileno.

Las crónicas de 1973 sobre los festejos de la independencia transandina se transformaron en espacios de denuncia del golpe y de improvisados homenajes a la memoria de Salvador Allende. Neuquén, Cipolletti, Roca, Villa Regina, Cinco Saltos, Viedma y Cutral Co fueron escenario de actos donde las asociaciones de migrantes chilenos y distintas organizaciones políticas argentinas expresaron su adhesión al gobierno de la Unidad Popular y a la resistencia a la dictadura. El diario informaba que en la ciudad de Catriel los asistentes habían mostrado su solidaridad al grito de: “Hermanos chilenos no bajen la bandera que acá estamos dispuestos a cruzar la cordillera”⁴¹. Es importante señalar que no se registraron noticias situadas en la región que refirieran a enfrentamientos entre residentes chilenos, como sí se desprendía de las noticias provenientes de la ciudad de Mendoza. Allí se habían producido tensas discusiones entre ciudadanos trasandinos que se encontraban de paso por la ciudad y otros que festejaban el golpe de Estado, luego de haber emigrado tras el triunfo de Allende⁴². Probablemente se haya debido a la distinta composición social de la migración trasandina en uno y otro espacio. Mientras que la Norpatagonia se ha caracterizado por ser un destino prácticamente exclusivo de trabajadores, la región de Cuyo constituyó históricamente un lugar elegido también por las clases medias y altas chilenas⁴³.

Frente al endurecimiento de la represión dictatorial en Chile, la Patagonia funcionó como una aparente frontera abierta que ofrecía a los perseguidos políticos la posibilidad de salvar la vida. La extensa y porosa frontera cordillerana convertía a Argentina en una de las mejores opciones para los chilenos que escapaban de la dictadura, principalmente para aquellos que carecían de protección y contactos partidarios para organizar la huida⁴⁴ (^{Gatica, 2010}; ^{Azconegui, 2012}). Ante la incesante llegada de exiliados, el gobierno argentino solicitó asistencia al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)⁴⁵, creó la Comisión Coordinadora de Acción Social (CCAS) para asistir a los refugiados y estableció la amnistía de 1974, para regularizar su documentación (^{Azconegui, 2016}). Sin embargo, en agosto de ese año comenzó “la segunda etapa del gobierno peronista”, durante la cual desaparecieron las facilidades otorgadas para la radicación de extranjeros y se aplicó una política decididamente restrictiva, en un contexto cada vez más represivo⁴⁶(^{Casola, 2017}). Este cambio se inscribía en una profundización del giro a la derecha del gobierno peronista⁴⁷. El 28 de septiembre de ese año, el congreso argentino sancionó la Ley de seguridad 20.840 que establecía “penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”⁴⁸. En el caso de los extranjeros, sumaba la expulsión del país al término de la condena. Dos días después, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, era asesinado el general Carlos Prats⁴⁹ y su esposa. La muerte del ex comandante en jefe del Ejército chileno, quien habían contado desde su ingreso al país con la protección de Juan Domingo Perón y del ministro José Ber Gelbard, constituía una muestra más del rumbo que adoptaba el gobierno argentino.

En este contexto se inscribieron las noticias publicadas en Río Negro sobre la detención y posterior liberación de ciudadanos chilenos en el alojamiento para refugiados políticos de Cipolletti por “presunta violación” a la ley de seguridad. Las fuentes policiales informaban que en el allanamiento se había encontrado “bibliografía de ligero tinte extremista” y cartas “críticas al actual régimen chileno”⁵⁰, revelando una de las aristas de la integración que formaba parte de la nueva agenda binacional oculta⁵¹. Asimismo, el diario daba cuenta de la intervención de un miembro del ACNUR, quien se hizo presente en la zona para interesarse por la situación de los “ciudadanos chilenos detenidos”. La nota destacaba también el trabajo realizado por la CCAS⁵² presidida por Jaime De Nevares, emblemático obispo de Neuquén⁵³ e identificado con la defensa de los derechos humanos⁵⁴. A los pocos días, en una de sus páginas más destacadas, Río Negro publicó un extenso artículo en el que De Nevares refería al tema de la detención de los “expatriados por sus ideas políticas” y descartaba totalmente sus “presuntas actividades extremistas”. Apelando a un pasado pródigo en persecuciones autoritarias, el obispo afirmaba que “nuestra historia nos habla de países hermanos que acogieron a nuestros refugiados políticos ¿quién nos autoriza a juzgar hoy, cuando algunos de aquellos cuentan actualmente con monumentos en nuestras plazas y calles?”⁵⁵. Luego de criticar al Congreso argentino por sancionar medidas restrictivas a la migración, De Nevares cerró su intervención con una cita del Evangelio⁵⁶ que rezaba: “Anduve errante en tierra extraña y me alojaste, lo que hiciste a uno de mis hermanos a mí me lo hiciste”⁵⁷. En un contexto cada vez más opresivo en el que comenzaba a arreciar el discurso antimarxista, crecía también el peligro de iniciarse en la región una cacería de brujas contra los inmigrantes chilenos. Cabe recordar que a lo largo de 1975 la violencia política en la Norpatagonia fue in crescendo, especialmente a partir de la llegada a la Universidad Nacional del Comahue del interventor Dionisio Remus Tetu⁵⁸, cerebro ejecutor de la Triple A⁵⁹ en la región (^{Scatizza, 2016}). En el marco de esta “depuración” ideológica impuesta por la intervención se rebautizó el aula Magna de la Universidad sustituyendo el nombre de “Salvador Allende” por el de “Francisco P. Moreno” (^{Gentile, 2013}).

A diferencia de lo sucedido en 1973, las noticias sobre la conmemoración de la independencia chilena en la zona recorrieron los tópicos habituales de los actos y festejos sin dar cuenta de las tensiones políticas que atravesaban sus organizaciones. Las crónicas de 1974 y 1975 sobre las “ramadas” en la Norpatagonia mostraban nuevamente un colectivo sin conflictos y unificado en torno a la “chilenidad”⁶⁰. Fabiana ^{Ertola y Melina Soledad Schierloh (2019)} sostienen que al incrementarse el clima represivo las redes que asistían a los refugiados por causa políticas cambiaron su estrategia y optaron por una menor exposición pública. El terror impuesto por la dictadura pinochetista acalló, así, los reclamos en la región al proyectarse a través de la maquinaria represiva desplegada por el gobierno argentino.

Con la guerra en el horizonte

La fraternal convivencia entre gobiernos, sobre la base de la defensa de los “valores occidentales y cristianos” frente a la “infiltración marxista”, se profundizó aún más con el golpe de Estado en la Argentina de marzo de 1976. Sin embargo, la irrupción del fallo arbitral sobre el canal Beagle⁶¹ (1977) configuró un nuevo escenario donde los discursos sobre las fronteras abandonaron el lenguaje de la Guerra Fría para inscribirse en la tradición del nacionalismo territorial, el cual se constituyó en el principal marco interpretativo de la agenda informativa binacional. La visibilidad e intensidad que alcanzó este discurso no encuentra precedentes en el período analizado. En el diario, los enunciadores belicistas fueron desplazando a los “conciliadores” y consolidaron la representación de Chile como una “amenaza expansionista”, apenas esbozada durante los primeros años del onganiato (^{Azcoitia, 2014}). A modo de ejemplo se puede citar los “consejos” del coronel (R) Jorge Rodríguez Zia, (re)presentado por Río Negro como “militar e historiador”, sosteniendo que frente a las cuestiones limítrofes con Chile no cabían las palabras “hermandad” ni “amistad”⁶². No obstante ello, en el marco de esta tensión, la línea editorial del diario bregó claramente por subsumir los diferendos territoriales a los imperativos de la integración y el desarrollo. Desde su perspectiva, el fallo había instalado un diferendo que adquiría características conflictivas, no porque estuviera en juego la soberanía sino por el tono nacionalista que había adoptado el tema en la opinión pública (Azcoitia, 2014).

A medida que se profundizaba la tensión entre las dictaduras, las noticias comenzaron a evidenciar el endurecimiento de los controles sobre la población extranjera. En enero de 1978, Río Negro tematizó la “situación de los chilenos” en la región a través de numerosas notas sobre operativos desplegados en distintas localidades de la Norpatagonia tendientes a “controlar la documentación” de los migrantes⁶³. Paralelamente, las páginas del diario plasmaban la preocupación creciente “en medios rurales y empresarios” ante el impacto que estos “procedimientos” podrían tener en la economía regional. En un informe elaborado por el propio diario, se afirmaba que: “Para los empleadores de mano de obra chilena, propietarios de chacras o empresarios del empaque, la preocupación radica en la eventualidad de que se produzca falta de operarios para la cosecha y empaque de la fruta”. Si bien el informe establecía que la cantidad de personas deportadas era “relativamente reducida”, advertía también que se habían incrementado notablemente las salidas voluntarias de chilenos “que ante el riesgo de ser expulsados por no tener la documentación en regla, optan por irse por su cuenta”. El diario se hacía eco de estimaciones que establecían que entre un 50% y un 70 % de los trabajadores chilenos en el área rural tenían problemas de documentación. La nota describía la secuencia de los “procedimientos” de expulsión, los cuales caracterizaba como “muy sumarios”, que comenzaban con la detención de migrantes chilenos, después se los “concentraba” en la Colonia Penal o en la alcaldía y “luego de comprobar su situación son puestos en libertad o derivados hacia la frontera”⁶⁴.

Bajo el título “Expulsan a casi 400 chilenos sin documentos”, Río Negro publicaba la versión oficial del Comando del V cuerpo de Ejército en la que desligaba completamente los “procedimiento” del conflicto limítrofe. El comunicado establecía que los “procedimientos de control de población” eran “para evitar la subversión por lo que las mismas no tiene ningún tipo de relación con la situación planteada a raíz del conflicto en el área del canal de Beagle”. No obstante lo cual, establecía que a raíz de estos controles

(…) se comprobó la existencia de un gran número de residentes extranjeros en situación irregular, según la legislación vigente sobre radicación, lo que ha obligado a la autoridad militar a ponerlos a disposición de los organismos de migraciones existentes en la zona⁶⁵.

Cabe recordar que la dictadura, a través del decreto 3938/77, definió en 1977 los Objetivos y Políticas Nacionales de Población, estableciendo la necesidad de “organizar un régimen de ingresos que permita la selección y encauzamiento de los inmigrantes limítrofes” (^{Novick, 2000}). De esta forma, los “procedimientos” desplegados en la Patagonia volvían a construir a la población chilena como una “amenaza” que debía ser “controlada”.

Hacia fines de 1978, cuando ambas dictaduras tensaban el conflicto hasta el límite de sus posibilidades, el apellido Menéndez Behety⁶⁶ emergió de las páginas del diario como la voz que expresaba el complejo entramado de relaciones desplegadas históricamente por el capital, a uno y otro lado de la cordillera. Presentado como el “conocido hacendado patagónico”, sin mencionar su nombre de pila, Menéndez Behety caracterizaba el conflicto como un problema “geográfico-político” que “ocasiona grandes perturbaciones” entre los que señalaba los cierres de fronteras y los controles de personal. Establecía que entre la “población sureña los chilenos son mayoría” pero lejos de presentarlo como problema agregaba: “motivo por el cual nos encontramos muy cómodos con esta gente”. Afirmaba también que la mayoría “tienen hijos y nietos argentinos”, incorporando así la filiación como otra dimensión que pretendía dar cuenta del profundo arraigo de las relaciones construidas en suelo patagónico. Concluía el empresario que “el entendimiento de los argentinos y chilenos en la zona fronteriza es total y absoluto. No existe ninguna diferencia para trabajar con ellos”⁶⁷. Se puede trazar una línea de continuidad entre estas afirmaciones y lo analizado por Martha Ruffini en su investigación sobre la revista Argentina Austral⁶⁸. La autora demuestra que en el contexto del avance de la extrema derecha a comienzos de la década del treinta, la revista condenaba abiertamente lo que definía como “un estado de conciencia colectiva hostil frente a los extranjeros”, la cual definía como resultado de una “propaganda retrógrada”. Esta respuesta de la empresa era en realidad una defensa de sus intereses ya que los propios dueños de la firma tenían raíces chilenas y europeas ^{(Ruffini, 2001}). Para el período analizado aquí, podría sumarse las dificultades que representaba toda acción que pudiera entorpecer la libre circulación del capital y la fuerza de trabajo por el espacio en el que se materializaban los históricos intereses de los Braun-Menéndez Behety.

La Iglesia norpatagónica fue otra de las voces que se alzaron desde Río Negro contra el clima de guerra que comenzaba a instalarse en la región. Monseñor Miguel Hesayne, obispo de Viedma, exhortaba a sus fieles a “no quebrar los lazos de unión y fraterno que tenemos como naciones hermanas”⁶⁹. Por su parte, “Don” Jaime De Nevares, se preguntaba ante las deportaciones: “Qué culpa tienen esos padres y sus inocentes hijos de lo que está ocurriendo entre estas dos naciones”. En relación con el “clima que viven los hermanos chilenos” en la región, De Nevares apelaba a una memoria colectiva en la cual dicho comportamiento “nada condice con nuestra tradicional hospitalidad e hidalguía”⁷⁰. Frente al discurso que convertía al migrante en un “otro” que debía ser controlado, vigilado y, en algunos casos, expulsado, las voces que emergían de la Norpatagonia apelaban a argumentaciones que se inscribían en una noción de frontera entendida como espacio de convivencia e interacción, forjado históricamente a través de los vínculos construidos por la permanente circulación de personas a uno y otro lado de la cordillera (^{Azcoitia y Barelli, 2020}).

Finalmente, la oportuna intervención del Vaticano distendió la situación y permitió reconstruir las vías de una negociación que lograría una resolución definitiva en 1984, tras el derrumbe de la dictadura militar en la Argentina. Sin embargo, antes de que la paz se convirtiera en un imperativo que sellaría definitivamente el diferendo por el Beagle, otro conflicto territorial en el sur volvería a condicionar las relaciones argentino-chilenas.

Entre febrero y marzo de 1982 comenzó a producirse un cambio en la escena informativa desplegada por Río Negro. La hipótesis de conflicto con Chile fue desplazada progresivamente por las tensiones con Gran Bretaña en torno a las islas Malvinas. Para ^{Hugo Quiroga (2005)}, el fracaso del proyecto económico sumado al desprestigio de la dictadura y al despertar de la sociedad civil llevaron al régimen militar a lanzarse a una empresa audaz e irresponsable en busca de conquistar el consenso y fortalecer la unidad militar. Por su parte, ^{Marcos Novaro y Vicente Palermo (2003)} agregan a estos elementos coyunturales una cuestión estructural que es el peso simbólico de Malvinas como causa nacional fuertemente enraizada en la sociedad argentina. Durante el conflicto con Chile la dictadura argentina había dado muestra de contar en sus filas con sectores territorialistas agresivos que ahora contaban con una causa cuyos componentes anticolonialistas le conferían una capacidad de movilización de la que carecía el diferendo por el Beagle (^{Guber, 2012}; ^{Novaro y Palermo, 2003}) El influjo de este clima nacionalista se percibió claramente en el discurso de la prensa durante los primeros días de la invasión. La tercera edición de Río Negro del 2 de abril informaba a sus lectores que “Argentina recuperó las Malvinas”, en un gran titular de primera plana junto a la foto de un grupo de soldados izando el pabellón nacional, que tenía reminiscencias de la icónica imagen de los marines levantando la bandera norteamericana en isla de Iwo Jima⁷¹, un símbolo del nacionalismo militarista estadounidense.

El diario Río Negro asumió inicialmente una posición favorable hacia la ocupación que fue tornándose más crítica con el correr de los días. En este contexto la información periodística sobre las relaciones argentino-chilenas adquirió una nueva significación al inscribirse en el escenario de la disputa diplomática entre Argentina y Gran Bretaña. La crisis de Malvinas marcó un quiebre en las relaciones con los países de la región al debilitar el sesgo pronorteamericano adoptado por la diplomacia argentina durante la presidencia del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri (^{Cisneros y Escudé, 2000}). A medida que escaló el conflicto, y que los Estados Unidos evidenciaron su inclinación en favor de Inglaterra, el discurso de la dictadura incorporó y radicalizó sus aristas americanistas y anticolonialistas.

La guerra y la unidad latinoamericana frente a la agresión imperial configuraron el nuevo marco interpretativo en el que circularían las noticias referidas a las relaciones con Chile. Desde el comienzo del conflicto, la dictadura trasandina manifestó su “preocupación” por la marcha de los acontecimientos así como su neutralidad en una disputa que enfrentaba a dos países con los que mantenía “un estrecho lazo de amistad”⁷². En este sentido, la incertidumbre sobre la posición de la cancillería chilena marcó la tónica de las noticias del Río Negro. Allí enunciadores castrenses expresaban su desconfianza sobre la estrategia chilena en la OEA⁷³, o especulaban sobre los beneficios que obtendría en la disputa diplomática por el Beagle si Argentina quedaba como país agresor⁷⁴. Esta inquietud se acrecentaba con las críticas de la prensa trasandina a la invasión de las islas y con las desmentidas de la dictadura chilena en torno al cierre de fronteras, a la ayuda militar a Gran Bretaña e inclusive con la propia aclaración de su cancillería de que Argentina tenía las espaldas guardadas “por una firme y leal actitud chilena”⁷⁵. Si bien estas noticias contribuían a configurar un clima de sospecha, el diario las publicó sin enfatizar estos aspectos, evitando inscribirlas en un marco que propiciara interpretaciones conspirativas. Se puede atribuir esta decisión a la línea editorial de Río Negro, preocupado por evitar que las actitudes de la dictadura derivaran en una oleada “antichilena”⁷⁶.

En este contexto en el que volvían a tensarse las relaciones entre Santiago y Buenos Aires, los migrantes trasandinos emergieron como otro actor de la escena informativa patagónica. En una de las páginas de Río Negro podía verse la foto de un desfile de soldados argentinos en Río Gallegos con un cartel detrás que rezaba “Argentina y Chile unidos en la paz”⁷⁷. En el mismo sentido, otra nota daba cuenta de una manifestación en Neuquén, donde numerosos residentes chilenos acusaban de “traidor” al cónsul de su país por “el voto abstencionista de su gobierno”, a la vez que entonaban el himno argentino con pancartas que decían “Chilenos y argentino unidos en las Malvinas”⁷⁸. Estas noticias revelaban la complejidad de un colectivo cuyo sentido desbordaba los estrechos límites de la política exterior de un gobierno dictatorial.

Tras la derrota de Malvinas, las noticias sobre las relaciones argentino-chilenas transmitieron un clima de mayor distensión. Sin resolver la cuestión de fondo, la dictadura argentina anunció que en relación al Beagle prorrogaría el tratado firmado de 1972. Por su parte, el gobierno chileno comunicó que no recurriría a la Corte de La Haya mientras durara la mediación papal. Las noticias sobre la conmemoración de la independencia chilena de 1982 replicaban la estructura de años anteriores, y daban cuenta de actos oficiales en Neuquén, Bariloche y Cipolletti, con izamiento de banderas y ofrendas florales a los pies de los monumentos a San Martín. Las notas referían también a la participación de autoridades civiles y militares, además de residentes chilenos y público en general, y al retorno de las “ramadas” en tanto festejo popular. En esa oportunidad, la misa organizada en la catedral de Neuquén contó con la participación de un pastor metodista chileno, Osvaldo Herrero, quien llamó a fortalecer “los lazos de amistad y compañerismo entre todos los argentinos y chilenos”. Por su parte, el obispo De Nevares realizó una “dramática” defensa de la paz, condenando a los “idolatras del poder y la gloria” que para lograr sus “fines explotan…el sagrado fuego del amor a la patria”. Luego abogó por el avance de la mediación papal para que “se haga realidad en el orden oficial lo que es una realidad a nivel del pueblo: nosotros nos sentimos tan hermanos…tenemos que obtener que en aquel nivel del poder y en la buena voluntad de tantos, se logre también esta unidad en los espíritus que nunca debió separarse”⁷⁹. Una vez más, el discurso de la Iglesia construía un colectivo integrado en el territorio patagónico cuya pacífica convivencia solo podía verse amenazada por un actor ajeno a esa realidad. Reconfiguraba, así, las fronteras que definían la externalidad, no encarnada por el inmigrante chileno sino por quienes se servían del aparato estatal y del discurso nacionalista para alimentar sus ambiciones personales.

Reflexiones finales

Durante los años analizados, circuló por las páginas de Río Negro un discurso que apelaba al mito decimonónico de la hermandad argentino-chilena, pero desde diversas matrices discursivas, resignificando en cada una de ellas su contenido y las implicancias del imperativo que invocaba. En la primera mitad de los años sesenta predominaron discursos que emplazaron a Chile como un “amigo pacífico y americanista” junto con el cual debería alcanzarse el desarrollo económico; a comienzos de los setenta se convirtió en el “compañero” de lucha por la liberación para luego erigirse, en tiempos de dictaduras, en un “aliado” en la defensa de los “valores occidentales y cristianos”. Hacia fines de los setenta y principio de los ochenta, luego de que estallara el conflicto por el canal Beagle, la paz se transformó en el nuevo imperativo, presentando a ambos pueblos como “hermanos en la fe cristiana”. Estas imágenes alternaron con otras que caracterizaron a nuestros vecinos como “poco confiables”, “oportunista” y “expansionista”, las cuales también abrevaron en otro mito decimonónico que fue el de “la patria cercenada”.

En cada una de estas redes semánticas, las representaciones sobre la migración chilena fueron impregnándose de diferentes sentidos. A lo largo de los años relevados predominaron artículos que no sólo visibilizaban y resaltaban la importancia económica de esta migración, sino también la (re)presentaban, dando cuenta de sus tradiciones, como un colectivo enteramente integrado a la comunidad norpatagónica. Esto se plasmó con claridad en las páginas del diario cada 18 de septiembre. Al abordar la particularidad del Alto Valle las referencias se tornaban más pragmáticas y señalaban la importancia de la fuerza de trabajo chilena en tanto constituía uno de los engranajes principales de la economía regional.

Sin embargo, durante los primeros años de la “Revolución Argentina”, la influencia del discurso nacionalista territorial no sólo se manifestó en las diversas secciones informativas del diario sino que incluso alcanzó el propio espacio editorial, donde se advertía sobre los riesgos de la presencia chilena en la región, estigmatizando al migrante “ilegal” e interpelando al Estado sobre la falta de controles. No obstante, en momentos que la dotación de trabajadores no satisfizo la demanda de los productores de la zona, el diario no trepidó en borrar las fronteras establecidas por la legalidad y entronizar al “mercado” como única instancia capaz de regular apropiadamente el flujo migratorio. Pese a ello, la sospecha sobre esa presencia “externa” continuó sobrevolando las páginas del diario, el cual advertía desde su espacio editorial sobre la necesidad de “argentinizar” el “éter”, como si los migrantes constituyeran una suerte de célula terrorista dormida a la espera de ser activada al captar la frecuencia correcta.

Hacia el final del período de Onganía, volvieron a predominar en el diario las lecturas favorables en torno a las relaciones binacionales así como sobre la importancia de la migración chilena en la región. Sin embargo, se evidenció también que no existía un discurso oficial unificado ya que en él convivían las apelaciones a la “hermandad” y la paz con otras que advertían sobre la peligrosidad del “componente” chileno en la Patagonia. Con la asunción de Lanusse esta dualidad tendió a desaparecer en favor de un discurso que ponderaba la integración, con su correlato a nivel regional en la (re)presentación de los migrantes chilenos como trabajadores integrados a la sociedad norpatagónica.

Tras el derrocamiento de Salvador Allende volvió a generarse un contexto desfavorable para los migrantes en la región. Luego de una multiplicidad de manifestaciones contra el golpe, las cuales tuvieron a esta comunidad como protagonista, se produjo un repliegue de estas noticias ante el avance de las medidas represivas del gobierno argentino. La inicial politización de los migrantes en tanto colectivo que se organizaba y manifestaba contra la dictadura de su país, fue mutando en “potencial infiltrado marxista” o en “víctima” de la maquinaria represiva. En este escenario, el diario pareció plegarse a la estrategia de despolitización de los migrantes ante el riesgo de que se los estigmatizara como colectivo en función de sus supuestas orientaciones “comunistas”.

Con dictaduras a ambos lados de la cordillera y el conflicto del Beagle como ordenador de la agenda informativa, el migrante chileno volvió a convertirse en una presencia peligrosa para el Estado, ya no por sus ideas sino por su nacionalidad. No obstante ello, la línea editorial de Río Negro advirtió desde el inicio sobre las consecuencias negativas que este conflicto podría generar en una región estrechamente vinculada a Chile, destacando la importancia del trabajo de los migrantes para el entramado productivo valletano. Esta línea argumental también fue sostenida en el diario por actores religiosos y empresarios, los primeros apelando al sentimiento fraterno entre los pueblos y los segundos a la racionalidad económica. En este punto cabe mencionar a Menéndez Behty, quien desde la defensa de su interés económico recurrirá incluso a la filiación como prueba de la convivencia alcanzada en la Patagonia. Durante la guerra de Malvinas se marcó una escisión entre el discurso construido sobre la dictadura chilena y el referido a la migración trasandina. Mientras la primera era (re)presentada adoptando una posición ambigua frente al conflicto, la segunda emergía de las páginas del diario como consustanciada con la posición argentina y abiertamente critica de la actitud adoptada por el gobierno de facto chileno.

En síntesis, cuando prevalecieron gobiernos que priorizaron la cooperación entre ambos países predominaron las de expresiones sobre los migrantes como trabajadores plenamente integrados a una sociedad que habían contribuido a desarrollar gracias a su esfuerzo. Los contextos signados por los conflictos fronterizos tuvieron su deriva local en la estigmatización del migrante, convertido en potencial agente de una invasión que debía prevenirse a través del control y la “argentinización” de la Patagonia. Sin embargo, cuando los intereses económicos entraron en conflicto con estas posiciones, emergió en el diario un discurso centrado en el valor del trabajo chileno a través de una argumentación más cercana a la racionalidad económica que a las apelaciones emocionales al pasado o al futuro común.