RESEÑAS

Nassif, Silvia, Tucumán en llamas. El cierre de los ingenios y la lucha obrera contra la dictadura (1966-1973), Colección Tesis, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2016.

El libro de Silvia Nassif se propone reconstruir una etapa clave marcada por la dictadura militar y el colapso de la economía azucarera; el proceso culmina con los dos tucumanazos, rebeliones populares que contribuyen a abrir un camino democrático en 1973. La principal protagonista de este cuadro es la clase obrera, categoría analítica que nos remite al movimiento obrero azucarero, expresado principalmente por FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar), aunque también se incluye a otros actores sindicales y a movimientos sociales gestados por el cierre de los ingenios como los Comité Pro Defensa, formados en los pueblos con fábricas cerradas o amenazados con la clausura. La investigación, resultado de su Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Buenos Aires, se inicia con el análisis de la lucha de los obreros azucareros castigados por el cierre de 11 ingenios, medida que implicó un golpe rotundo a la economía provincial cuyos efectos económicos y sociales todavía no han sido suficientemente estudiados.
En una primera parte el libro reconstruye el proceso político y social a escala nacional a través de un minucioso recorrido historiográfico sobre las distintas fases adoptadas por la “Revolución Argentina”, designación que adoptó la dictadura militar. Analiza sus postulados económicos y políticos, además de las posiciones adoptadas por los distintos sectores del movimiento obrero nacional. Sobre la base de estos aportes reconstruye la trayectoria del activismo obrero: el trienio 1966-1968 podría caracterizarse como una fase de retroceso sindical y social, aunque los trabajadores de las actividades agredidas por la política del gobierno (azucareros, ferroviarios y portuarios) realizaron medidas de protesta y forzaron la declaración del paro general de la CGT en diciembre de 1966. La respuesta de la dictadura fue implacable, encarceló a dirigentes obreros, quitó la personería a la FOTIA y congeló sus fondos sindicales. En ese contexto de reflujo, afloraron las diferencias entre la dirigencia obrera del azúcar cuyo curso estaba influido por las divergencias en el peronismo. La escisión se formalizó en 1968 con la división de la CGT, entre la CGT de los Argentinos liderada por Raimundo Ongaro, partidaria de una posición más combativa frente a la dictadura y la CGT Azopardo dirigida por Augusto Timoteo Vandor, vertiente más negociadora y alejada de las directivas de Perón. La CGT tucumana integró la primera organización sindical y su representante Benito Romano se ocupó de visibilizar el conflicto azucarero tucumano a nivel nacional. El Cordobazo de 1969 clausuró la etapa defensiva y constituyó un punto de inflexión que puso un freno a la dictadura de Onganía e inauguró el comienzo de la rebelión popular. A partir de esa etapa, entre 1970 y 1972, estallaron los dos Tucumanazos y se aceleró la transición a la democracia, proceso que concluye con el llamado a elecciones condicionadas en marzo de 1973.
La segunda parte del libro está centrado en las condiciones particulares de la industria azucarera provincial. La autora analiza brevemente el proceso de formación del complejo agroindustrial tucumano, específicamente su etapa decimonónica más estudiada por la historiografía azucarera. No obstante, se omite el período que permite comprender los problemas de la agroindustria tucumana de 1a década de 1960: las políticas azucareras desarrolladas por el peronismo (la regulación nacional de la producción fabril y agraria, la comercialización del producto elaborado y la política salarial), la etapa comprendida entre 1955 y 1965, menos explorada, signada por la desregulación, el desfinanciamiento y endeudamiento de las fábricas, claves que permiten comprender el contexto previo en el que operaron los actores sindicales. Se incluye un sucinto estudio de la estructura agraria cañera controlada por los productores desde 1940, participación que se mantiene durante la década de 1960. Este sector agrupaba a un núcleo importante de pequeños productores, propietarios de sus fundos y a un segmento de medianos y grandes cañeros. Los productores de caña de azúcar estaban representado por dos asociaciones la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) formada en 1945 y el Centro de Agricultores Azucareros de Tucumán (CACTU) creado en 1962, como respuesta de un grupo de grandes plantadores a la denominada Marcha del Hambre organizada por UCIT en 1961. La descripción del sector industrial es breve al limitarse a una localización de los ingenios. Un análisis de la situación empresarial azucarera de Tucumán a comienzos de los años 60 hubiera permitido matizar el cuadro al incorporar sociedades industriales de diverso tipo. Los ingenios Ñuñorco y Marapa se formaron como sociedades mixtas, mientras los ingenios La Esperanza y Santa Ana (intervenidos en 1966), estaban bajo la órbita patrimonial del Estado provincial. Tal diversidad expresaba el declive del tradicional empresariado azucarero tucumano, que no controlaba el estadio agrario como ya se ha señalado y registraba un retroceso en el estadio industrial, escenario en el que participaba el Estado provincial y las sociedades mixtas formadas por cañeros. La información debe combinarse con la pérdida de influencia de los tradicionales industriales azucareros tucumanos en el diseño de la política azucarera nacional, falencia que culminó en 1966 con el cierre de los ingenios.
De modo que, el libro reseñado constituye un aporte importante en el que se advierten núcleos explicativos ausentes -pero necesarios- para abordar una explicación integral de la crisis azucarera tucumana cuyo desenlace se produce en la década que estudia este volumen. La sobreproducción azucarera constituyó un componente de larga data en el historial de la actividad al manifestarse de manera recurrente (1896-1904, 1919, 1926-1929, 1930-1941, 1961-1962, 1965-1966). La excedencia de azúcar constituyó un ciclo recurrente que no explica de manera mecánica el cierre de los ingenios, sólo constituyó un aspecto que habilitó el golpe perpetrado a la economía provincial durante la dictadura de Onganía, pero no explica por sí misma las causas que contribuyeron a la adopción de esta medida. Sobre este punto la autora presenta dos propuestas destinadas a dilucidar este asunto. La del Consejo Federal de Inversiones centrada en los mayores costos productivos azucareros tucumanos; la segunda es la de Roberto Pucci, quien sostiene que la ofensiva de los empresarios de los ingenios del Norte (industriales salto-jujeños) por el control del mercado azucarero nacional contó con el respaldo de la dictadura, afirmación con la que coincidimos. Esta aseveración abre un amplio campo de preguntas cuyas respuestas deben desarrollarse a la luz de nuevas investigaciones. ¿Cómo se produjo el endeudamiento de los ingenios azucareros tucumanos que los colocó en 1965 a expensas de las decisiones de las instituciones nacionales de crédito?, ¿qué medidas desmantelaron la regulación de la actividad azucarera diseñada por el peronismo y qué papel jugó el Estado Nacional, especialmente la Dirección de Azúcar, en este proceso de transferencia de recursos a los ingenios del norte? Estos interrogantes no constituyen un menoscabo a la investigación de la autora, por el contrario, todo buen libro desata nuevas líneas de indagación.
El libro de Nassif se concentra en el derrotero del movimiento obrero y repasa someramente la situación del proletariado azucarero tucumano, su segmentación en obreros de fábrica y surco –corriente en las economías azucareras– a través de testimonios de trabajadores que enfatizan las malas condiciones de vida, el papel despótico desempeñado por las empresas y sus afinidades políticas identificadas con el peronismo. El análisis se concentra en la experiencia sindical azucarera más contundente, FOTIA, una organización de segundo grado formada en 1944 que se destacó por su combatividad. Precisamente por esa razón fue intervenida en 1949 luego de una prolongada huelga, recuperó su personería en 1954, pero perdió su carácter federativo al restringir su accionar a la provincia de Tucumán, aunque mantuvo su denominación de origen. En 1955 fue nuevamente privada de su personería, que recobró en 1958 durante la gestión de Frondizi. En ese contexto, inició las discusiones paritarias en un escenario azucarero en el que primó la lucha intersectorial entre los distintos factores del complejo agroindustrial. Así, la Marcha del Hambre organizada por UCIT en 1961 no contó con el apoyo de FOTIA como se sostiene en el libro, aunque UCIT y FOTIA registraron acercamientos a partir de 1965, año crítico de la crisis azucarera, expresada en una zafra tardía e irregular generada por la suspensión del financiamiento del Banco Nación.
En este tramo la investigación se torna relevante y minuciosa. Nassif se concentra en el surgimiento de una nueva dirigencia azucarera representada por la figura de Mario Aparicio, reconocido dirigente del ingenio Fronterita y en la emergencia de Leandro Fote, Secretario General del sindicato del ingenio San José que afrontaron las discusiones salariales en el marco de la industria tucumana en crisis, cuyo principal problema eran los despidos, el atraso en los pagos y la falta de concreción de las medidas pactadas en las prolongadas discusiones paritarias. Es destacable el tratamiento de los conflictos de los obreros azucareros durante 1965 que permite a la dirigencia sindical de la mano del peronismo (bajo el rótulo de Acción Provinciana) alcanzar posiciones legislativas. En dicho año se aprobó una ley de incautación de los ingenios (similar a la sancionada en 1961 a propuesta de UCIT) con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la totalidad del parque industrial, concretar el pago de los salarios a los trabajadores y saldar las deudas pendientes a los cañeros. Tal legislación es presentada como un avance de las concepciones obreristas, aunque cabe destacar que también se trató de una demanda lanzada por UCIT, que se reformuló para incluir el pago de los salarios obreros. En ese mismo año es elegido el joven dirigente Atilio Santillán como Secretario General de FOTIA por el voto directo de los afiliados. Al influjo de la crisis, la dirigencia política provincial, además de FOTIA y UCIT, promovieron la sanción de la Ley 16.880 que declaró el estado de emergencia azucarera hasta la sanción de una ley orgánica para la actividad. Tal instrumento legislativo fue reclamado con insistencia por UCIT desde 1955, con el objetivo de proporcionar un marco normativo y regulatorio que ordenara la agroindustria a nivel nacional, al tiempo que bregaba para cobrar las deudas de los cañeros, mientras FOTIA incluyó en dicha legislación la prohibición de nuevos despidos obreros. Por ese motivo, la legislación fue respaldada por el Primer Congreso de Delegados Seccionales, modalidad que ensayó una vida interna más democrática que avanzó con propuestas como el control obrero de la contabilidad de los ingenios, medida también impulsada por UCIT ante la declaración pública de quiebra del sector industrial realizada por el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) a finales de 1965.
Durante el primer semestre de 1966 el sector azucarero y la provincia toda estaban en un callejón sin salida, las ocupaciones de fábrica eran moneda corriente, la ley de emergencia no se aplicaba, las empresas habían interrumpido la cadena de pagos, a los trabajadores se le debían sus quincenas y los cañeros y proveedores no cobraban sus deudas. En ese marco se constituyó un Comité Pro Defensa de la Economía de Tucumán patrocinado por la Federación Económica de Tucumán (FET) que sumó a sindicatos, centros vecinales y de estudiantes universitarios. No tuvo una actuación relevante pero su existencia reflejó la iniciativa del empresariado local de articular un frente de unidad intersectorial para encontrar una solución al conflicto. En junio el gobierno de Illía fue desalojado del poder por el golpe militar y en agosto de ese año se conoció el decreto de intervención de los ingenios Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana. A ese grupo se incorporó el ingenio San Antonio que no molió la zafra anterior y se declaró en quiebra. Para aplacar la conflictividad social el gobierno nacional se comprometía a pagar durante un año los salarios de los obreros de los ingenios intervenidos, al tiempo que anunciaba el desmantelamiento de las fábricas. Tanto UCIT, como FEIA y FOTIA se manifestaron contrarios a esta medida aunque en lo inmediato no se realizaron movimientos de resistencia. Sobre ese episodio, la autora recupera la temeraria afirmación de Roberto Pucci, quien sostiene que la dirigencia azucarera se “había convertido en uno de los puntos de apoyo de la dictadura” sin aportar documentación concluyente, más allá de que la FOTIA consideró factible la intervención de los ingenios pero no para declarar su cierre. También rescata la posición de Julia Ramírez quien considera que la dirigencia obrera quedó desorientada por la contundencia del plan de racionalización de los ingenios. En este punto el lector interesado queda intrigado por conocer la posición de la autora en una cuestión crucial como fue el cierre de los ingenios. Sólo se sostiene que el plan de lucha de la federación no estuvo a la altura de las circunstancias. Sin embargo, es necesario considerar que las primeras reacciones de resistencia obrera se realizaron en octubre, en diciembre de 1966 FOTIA adhirió a un paro nacional y configuró un plan de lucha en enero de 1967. La dirigencia azucarera, enrolada en el peronismo, coincidió con la percepción de gran parte de la población tucumana que recibió con alivio el desplazamiento de un gobierno nacional que no contribuyó a resolver el prolongado problema azucarero (se remontaba a 1955), incluso lo había agravado hasta el extremo de llevar la provincia a borde del abismo como puede desprenderse de la lectura del libro. En ese contexto, FOTIA esperó con cierta expectativa las medidas de Onganía en relación a la agroindustria, al igual que la población tucumana, agotada por sostener durante una década una resistencia activa que había obtenido resultados magros. La opinión de la autora sobre este asunto se devela luego de la lectura de 50 páginas cuando sostiene acertadamente que Atilio Santillán no puede ser considerado un dirigente “colaboracionista”, ni “participacionista” de la dictadura. En esa línea, una de las conclusiones a la que arriba la investigación refiere a que el movimiento obrero de base azucarera se destaca en el ámbito nacional por su resistencia temprana a la dictadura de Onganía.
En lo sucesivo el accionar de FOTIA estuvo marcado por el objetivo de revertir el cierre de los ingenios que había agravado la situación social de la provincia, propósito compartido por las poblaciones azucareras. La organización reclamó la revisión del decreto de intervención de los ingenios por considerar la medida arbitra y anticonstitucional, demanda que contó con el respaldo del Frente Único de Trabajadores Azucareros (FUNTA) que representaba a los sindicatos obreros de las distintas regiones azucareras. Esta federación asumió las discusiones del convenio colectivo de trabajo que concluyó en un arbitraje a cargo del Subsecretario de Trabajo, cuyo resultado fue un escueto aumento salarial que no alcanzaba a cubrir el costo de la vida. Las acciones destinadas a conformar un frente común entre FOTIA, UCIT y FEIA para resistir la política azucarera de la dictadura se diluyeron a medida que se manifestaban las contradicciones intersectoriales, derivadas de la reticencia de UCIT como sector propietario y empleador de trabajadores de surco. En este tramo la autora desliza una afirmación al sostener que la influencia del Partido Comunista en la dirigencia agraria habría determinado la falta de acuerdo de UCIT con FOTIA, posición vertida sin aportar evidencia.
El cierre de ingenios potenció la emigración de trabajadores, situación que coincidió con la disminución de la planta laboral de los ingenios. En ese punto la investigación aborda con prolijidad la información disponible y afirma que fueron entre 40.000 y 50.000 los puestos de trabajo perdidos en el ámbito de la agroindustria, cifra elocuente de la crisis social generada en la provincia. Explora los signos de la pobreza en la campaña azucarera expresados en la deserción escolar y la desprotección médica y asistencial. De su análisis se desprende que el Operativo Tucumán constituyó un proyecto a todas luces ineficiente. Se radicaron empresas textiles, citrícolas, de fósforos de madera, entre otras, cuya capacidad de empleo fue notoriamente inferior a la desocupación generada por el cierre de los ingenios. La investigación se apoya con acierto en testimonios de trabajadores que encontraron ocupaciones en las nuevas empresas o aceptaron labores de pico y pala otorgados por la provincia. De sus relatos se advierte la degradación profesional que siguió a los cambios de empleo y el contraste entre la experiencia laboral en el ámbito azucarero forjada por la tradición sindical y las nuevas ocupaciones conseguidas en un contexto de reacción patronal. Asimismo, explica con agudeza las razones de la utilización del prefijo ex como marca identitaria, en tanto condensaba una trayectoria de trabajo y autoestima que identificaba al obrero azucarero desempleado o con trabajo precario. En ese contexto, FOTIA aceptó la oferta de trasladar trabajadores al Alto Valle de Río Negro, trabajo estacional que convertiría a obreros permanentes en jornaleros, alternativa que fracasó por falta de organización y que se haría efectiva con la implementación del plan interzafra durante la década de 1990.
De la reconstrucción realizada por la autora se advierte que los años 1967 y 1968 fueron muy duros. Se cerraron los ingenios Esperanza, Nueva Baviera, Lastenia y Santa Ana, incluso se sumaron fábricas azucareras que no figuraban en el decreto como Mercedes, Los Ralos, San José, Amalia, San Ramón y Santa Lucía. Mientras que Bella Vista, Florida y La Trinidad incluidos en el decreto siguieron funcionando. Aunque no es objeto de estudio de este libro, se observa que cada unidad fabril tuvo una historia particular en lo relativo a su clausura, cuestión todavía pendiente para conocer el cuadro completo del cierre de los ingenios tucumanos. En esos años de destrucción y desaliento las mujeres adoptaron un papel relevante en la protesta. El libro reconstruye la muerte de Hilda Herrero de Molina, esposa de un trabajador azucarero, que realizó ollas populares y participó en la concentración realizada en Bella Vista que tenía como objetivo dirigirse a San Miguel de Tucumán para dar mayor visibilidad al reclamo obrero. Su muerte, producto de la feroz represión desatada, produjo una profunda consternación en la población azucarera, a la vez que revelaba el trato inclemente de la dictadura militar a los trabajadores y sus familias.
El libro se detiene en las diferencias que separaban a los dirigentes de la FOTIA. A comienzos de 1967 la organización había perdido su personería, sus fondos sindicales estaban congelados y se habían suspendidos los servicios de internación y operaciones quirúrgicas. En ese año es reelegido Atilio Santillán como Secretario General cuya gestión estuvo sometida a fuertes presiones derivadas de las fisuras existentes entre los obreros de fábrica y surco. Su candidatura fue propiciada por la dirigencia más combativa identificada con el peronismo e incluía además a un grupo de militantes del PRT, de los cuales Leandro Fote era su figura más representativa. Sus opositores, dirigentes de sindicatos de surco, organizaron la Federación de Obreros del Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSSIAT) en octubre de 1967. En ese marco de represión dictatorial el sindicalismo azucarero transitó sus horas más sombrías, los cuerpos de delegados no funcionaban regularmente y no lograban convocar a asambleas masivas. La reconstrucción de esta etapa es relevante por la calidad de la información que maneja y el análisis de la misma.
A comienzos de 1968, se inició la normalización de la CGT Regional, proceso en el que incidieron las diferencias sindicales que circulaban en el ámbito nacional, reflejadas en la existencia de dos CGT. La influencia de FOTIA fue central para el reconocimiento de la CGT de los Argentinos como única autoridad en la provincia. No obstante tal triunfo trajo aparejado la división de la CGT local y la renuncia del Consejo Directivo de la federación impulsada por Fote, quien tuvo gravitación en la formación de la comisión provisoria presidida por Lazarte. La nueva dirección reveló un predicamento menguado al conseguir un escaso acatamiento al paro de 24 horas fijado para julio de ese año. Paulatinamente afloraron las diferencias entre los dirigentes que pertenecían a ingenios cerrados respecto de aquellos que se mantenían en funcionamiento. En 1969 en las elecciones de la Comisión Directiva fue elegido Ángel Basualdo como Secretario General, de origen peronista pero vinculado a la Democracia Cristiana. La nueva conducción se desplazó a Benito Romano como delegado de la FOTIA en la CGT. Se adoptó una posición más contemporizadora con el gobierno que se reflejó en el avenimiento a reemplazar las fuentes de trabajo y en alejamiento de la CGTA. En ese contexto FOTIA recuperó su personería gremial y modificó su estatuto. El nuevo instrumento impedía la participación gremial de los ingenios cerrados y establecía que la huelga debía ser decidida por el Congreso general. Como contrapartida se revitalizó la Coordinadora de Ingenios Cerrados dirigida por Benito Romano, quien se había desempeñado como un dirigente destacado de FOTIA y trabajador del ex ingenio Esperanza.
La dirigencia azucarera había seguido distintos derroteros, una vertiente más conciliadora se expresaba en la dirección de FOTIA con Ángel Basualdo, otra que representaba un peronismo más combativo se condensaba en la figura de Benito Romano. Sin embargo, no se menciona a Atilio Santillán que presidía el sindicato de base de Bella Vista, un ingenio en funcionamiento y que debería ubicase en esa línea. La entrevista realizada a Benito Romano por Cristianismo y Revolución en mayo de 1969 que se cita en el libro para marcar el viraje en las posiciones de Romano deben leerse en el marco de la profundización de la confrontación del peronismo con la dictadura, derrotero que había sido propiciado por Perón. Otra vertiente es la del PRT, donde militaba Fote, dirigente de un ingenio cerrado, que asumía la legitimidad del uso de la violencia contra la dictadura.
En 1969 afloró otro tipo de protesta centrada en los pueblos azucareros que involucró a la población y especialmente a sus personajes más respetados, como los curas. Ese fue el caso de Raúl Sánchez del ingenio San Pablo, que presidió las marchas y ofició la misa en el local del sindicato, acompañados por estudiantes universitarios que participaron en la protesta obrera. Las organizaciones promotoras de estas acciones fueron las Comisiones Pro-Defensa que comenzaron a formarse en los pueblos azucareros. La profundización de la crisis colocó a estas organizaciones en la vanguardia de la resistencia contra la política azucarera de la dictadura y su accionar fue decisivo al concitar la adhesión del conjunto de los vecinos, aunque su organización fue impulsada por los sindicatos azucareros de base y respaldada por la CGTA. La pueblada de Bella Vista constituyó el caso más emblemático. La composición de la Comisión Pro Defensa reflejaba las fuerzas vivas del pueblo y de la localidad. La presidía el cura párroco Francisco Albornoz, su vicepresidente era el industrial panadero Marcelino Ledesma, los secretarios fueron el abogado Manuel Valeros y el contador Raúl Oscar Chabán y su tesorero fue el comerciante Eduardo Yubrin. La integraban Atilio Santillán por el sindicato de obreros de Bella Vista, Víctor Ocaranza por el sindicato de empleados, Julio César Lascano, Luis Zapata, Carlos Corbalán, Damián Suárez, Ramón Vera (médico) y Angel Saifán en representación de los cañeros. En suma, el conjunto de la población de Bella Vista estuvo comprometida en la defensa de la fuente de trabajo, propósito que concitó la solidaridad de los partidos políticos que no estaban incluidos en la Comisión. Esta forma de organización amplió el radio de los involucrados en la protesta y también el arco de las instituciones que se solidarizaron con la lucha del pueblo. La masividad de sus protestas reflejaba, que la reacción de los pobladores contra la política azucarera de la dictadura, convirtió a los pueblos en un actor social, fenómeno que merece un estudio más detenido. Tales rebeliones comunitarias, en la que se evidenciaba su fuerte núcleo obrero, salvó al ingenio Bella Vista del cierre al que estaba condenado, desenlace feliz que no tuvieron otras localidades como Villa Quinteros, cuya comisión también se movilizó en defensa del ingenio San Ramón.
En mayo de 1969 adquirió visibilidad la confluencia del movimiento obrero con el estudiantil. El libro reconstruye esa unidad de acción en el marco de la profundización de las protestas que se expresó en el acto en la FOTIA el 28 de mayo de ese año. Al día siguiente, el Cordobazo operó como catalizador de dicho proceso a nivel nacional y marcó la crisis del Gobierno de la Revolución Argentina. El libro analiza minuciosamente la amplitud geográfica de la protesta tucumana que incluyó a gran parte del territorio provincial, en tanto hubo manifestaciones en la Capital, Tafí Viejo y La Banda del Río Salí. En esas movilizaciones participaron no sólo FOTIA, FEIA y trabajadores de ingenios cerrados, también adhirieron los sindicatos de docentes, mecánicos, municipales, incluso los colegios profesionales. La variopinta confluencia sindical y asociativa constituyó el preámbulo de los tucumanazos. La autora siguiendo a Schneider los caracteriza como acciones de protesta insurreccional que desbordaron a los gremios y dieron curso a la espontaneidad de las poblaciones, abriendo una vía para el empleo de la violencia, tanto popular como de la guerrilla. Podemos coincidir con este concepto señalando además que se trató de explosiones populares que revelaban la ruptura de la sumisión social, en suma, se trató de un proceso de rebelión colectiva que articuló a trabajadores, estudiantes y vecinos con una potencia que marcó el retroceso de la dictadura militar.
En ese contexto, FOTIA (que un año antes tenía debilitada su organización) logró constituir sus organizaciones de base y los cuerpos de delegados. En este tópico la investigación se construye sobre la base de testimonios que dan cuenta de las modalidades adoptadas en la reorganización, además de examinar las formas de vida de los dirigentes sindicales, marcadas por la austeridad y el compromiso con la acción gremial. Entre los sindicatos de base, destaca la organización del sindicato de Bella Vista, cuya Comisión Directiva era elegida por el voto directo de los afiliados, contaba además con delegados por sección que interactuaban de manera directa con los trabajadores. La adopción de este formato revelaba un sentido de democracia gremial, forjado en la organización y la disciplina, condiciones que caracterizaron al sindicalismo azucarero de esos años. Esta ética gremial incidió en la experiencia de la Textil Escalada, establecimiento radicado en Cruz Alta, en el que trabajaban ex obreros azucareros de Los Ralos. Las infracciones de la patronal precipitaron un conflicto respaldado por el sindicato del ex ingenio Los Ralos, que concitó el apoyo de estudiantes, curas y otras organizaciones gremiales. Realizaron ollas populares, una huelga de hambre, toma de la fábrica exigiendo su reapertura (el cierre había sido decidido por su dueño) y en 1972 consiguieron que el gobierno nacional expropiara y reabriera la planta.
En un clima de ebullición social se produjo el estallido del primer tucumanazo en 1970 que expresó una magnificada reacción anti dictatorial en la Capital con el despertar de la lucha de los estudiantes por el comedor universitario, movimiento que confluyó con el paro convocado por las dos CGT. En ese movimiento participaron los obreros azucareros, activos y desempleados, junto con otros sectores sindicales y vecinos de barrios como Villa Alem y San Cayetano. Desde 1972 la CGT provincial adquirió protagonismo sindical y expresó las demandas de FOTIA centradas en la restitución de la producción de azúcar anterior a 1966, la normalización de la Compañía Nacional Azucarera SA (CONASA) y la radicación de nuevas empresas como SCANIA. Las concesiones acordadas por el gobierno nacional como el traslado de la Dirección de Azúcar y los importantes incrementos salariales obtenidos por el sector azucarero no menguaron la efervescencia popular y obrera. El accionar de FOTIA se manifestó además en el terreno político con la formación del partido Frente Único del Pueblo (FUP) que llevó como candidato a gobernador a Julio Rodríguez Anido, que se escindió del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) respaldado por Perón, fuerza triunfadora con el 51,3% de los votos. El FUP, una suerte de vía laborista, fue impulsado por Benito Romano y Atilio Santillán y suscribía el programa azucarero de la FOTIA. Los resultados electorales adversos impusieron un límite al sindicalismo azucarero en su proyecto de capitalizar la lucha obrera en la arena política. No obstante, en el ámbito gremial Atilio Santillán recobró la conducción de la federación y re-estableció el Congreso de Delegados Seccionales, institución que restituía la democracia interna en la organización. El libro se cierra con la última conquista obtenida por los trabajadores del azúcar, la reapertura del ingenio Esperanza y reseña brevemente la huelga por tiempo indeterminado declarada en 1974 para evitar el funcionamiento de las cosechadoras integrales. FOTIA proponía la aplicación negociada de la mecanización de la zafra (el empleo de un obrero cada 3000 surcos), pero la protesta terminó abruptamente con la intervención de la federación. El epílogo refiere al Operativo Independencia y a la terrible represión abatida sobre la dirigencia azucarera que sufrió la desaparición física de su dirección y dirigentes. En resumen, el libro de Silvia Nassif constituye un aporte importante para el conocimiento del sindicalismo azucarero y de los trabajadores del azúcar. Se respalda en una investigación rigurosa que tiene el mérito y el flanco de los pioneros al abordar un período prácticamente inexplorado que necesariamente precisa de investigaciones conexas, referidas a la historia de la política azucarera argentina del período, de las empresas azucareras y del asociacionismo cañero, para comprender la trama relacional entablada por los distintos actores del complejo azucarero tucumano en una etapa signada por la crisis de su aparato productivo. No obstante, tales falencias no empañan una investigación sustentada en un corpus documental exhaustivo, dentro del cual se destacan las entrevistas a los protagonistas de la lucha obrera durante la dictadura de 1966-1973.

María Celia Bravo
Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES, UNT - CONICET)