ARTÍCULOS ORIGINALES

La coyuntura de Caseros: grupos políticos, guerra, milicias en Tucumán (1852-1853)

 

María Celia Bravo*

* Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-CONICET). Tucumán, Argentina. mceliabravo@hotmail.com

RECIBIDO: 11/11/2017
APROBADO: 14/03/2018

 

---

RESUMEN

Se propone revisar la coyuntura abierta por la batalla de Caseros en la provincia de Tucumán durante los años 1852 y 1853. El trabajo postula que el desenlace de Caseros activó las acciones de los derrotados en la Liga del norte en 1841, en tanto estos actores promovieron un escenario de confrontación cuyo análisis otorga mayor inteligibilidad a las tensiones que atravesaron a la sociedad tucumana. Se propone delimitar las continuidades y las rupturas utilizando diferentes escalas de observación que revelan la complejidad de la situación tucumana y sus articulaciones con el espacio regional, nacional y transnacional. Asimismo, se examina la militarización de la provincia, el poder de los comandantes, la relación entre jefaturas, mandos intermedios y soldados y las actitudes adoptadas por los vecinos milicianos ante la destitución del gobernador Celedonio Gutiérrez.

Palabras clave: Grupos políticos; Guerra; Milicias; Caseros; Tucumán.

ABSTRACT

Our purpose is to review the situation opened by the battle of Caseros in Tucumán in 1852 and 1853. This paper postulates that Caseros’ outcome activated actions of those defeated in the Northern League during 1841 in the sense that they promoted a scenario of confrontation, which analysis gives us greater intelligibility of the tensions in Tucumán society after this event. We propose to define the continuities and ruptures using different scales of observation that reveal the complexity of the situation and relates Tucumán with regional, national and transnational spaces. Also, we examine the province’s militarization process, commanders’ power, the relationships between headquarters, middle ranks and soldiers and militiamen’s attitudes towards Celedonio Gutiérrez’s dismissal.

Keywords: Political groups; War; Militias; Caseros; Tucumán.

---

 

La batalla de Caseros definió el colapso del orden rosista y abrió el cauce de un conflictivo proceso cuya meta era la institucionalización nacional bajo un esquema de fusión de partidos sustentado en las premisas de confraternidad, paz y olvido del pasado. En esa dirección, la solución política imaginada por Urquiza involucraba a los gobernadores (a quienes se reconoció la legitimidad de sus mandatos) y a los emigrados del rosismo, devenidos en sus aliados recientes. La fórmula propuesta, al pretender combinar la continuidad con el cambio, configuraba una ecuación compleja en tanto los gobernadores, piezas claves del entramado rosista, y los emigrados, a quienes se prometía la integración al juego político, habían protagonizado en el pasado episodios de extrema violencia, las sucedidas en el infausto año 1841,¹ que cimentaron por  una década el poder de Rosas. A corto plazo, los resultados no fueron los esperados por Urquiza en tanto se desató la lucha áspera entre ambos grupos políticos por el control de los distintos espacios provinciales.
En función de lo expuesto, el artículo propone revisar la compleja coyuntura abierta por la batalla de Caseros en la provincia de Tucumán durante los años 1852 y 1853 con el propósito de otorgar mayor capacidad explicativa a las prácticas de los grupos políticos en pugna. El trabajo postula que el desenlace de Caseros activó las acciones de los derrotados en la Liga del norte en 1841 en tanto promovieron un escenario de confrontación cuyo análisis otorga mayor inteligibilidad a las tensiones que atravesaron a la sociedad tucumana durante esos años. En esa línea, se analizarán las continuidades y rupturas desatadas por Caseros utilizando diferentes escalas de observación, local, regional y nacional que confluyeron en dicha coyuntura.
En consecuencia, el trabajo se organiza sobre la base de tres apartados. En el primero se analizan el gobierno de Gutiérrez, su poder militar y su posición en el ámbito regional. El segundo apartado, el plano local centrado en la militarización de la provincia en el ámbito rural, el poder de los comandantes, la relación entre jefaturas, mandos intermedios y soldados, y las actitudes adoptadas por los milicianos ante la destitución del gobernador Celedonio Gutiérrez. El tercer apartado considera el conflicto bélico desde una perspectiva regional y nacional, instancias que determinan el desenlace de la guerra civil en Tucumán.

1. El gobierno de Gutiérrez: poder militar y su posición en la región

La Coalición del Norte, que nucleó a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja, colapsó en 1841, en un contexto de extrema violencia. Su principal dirigente Marco Avellaneda fue ejecutado, los involucrados emigraron y sus propiedades fueron confiscadas.² Estas experiencias desastrosas constituyeron un punto de inflexión en el derrotero de la élite tucumana.³ En la decisiva batalla de Famaillá (19 de septiembre de 1841) se practicó la guerra a muerte que significaba el ajusticiamiento de los vencidos en el campo de batalla, cuyo encarnizamiento abrió a Celedonio Gutiérrez el acceso a la gobernación de la provincia.⁴ Fue proclamado por una Asamblea Popular, procedimiento plebiscitario de carácter urbano asociado a un pronunciamiento militar que exigía el nombramiento de su jefe como gobernador interino. Esta vía expresaba una arraigada práctica provincial que se legitimaba en la posterior elección por parte de la Sala de Representantes.⁵ Desde 1843, Gutiérrez practicó una política de tolerancia al permitir el regreso de algunos emigrados a los que devolvió sus posesiones e integró a su gobierno.⁶ Los partícipes de la fracasada Liga del Norte toleraron la posición dominante de Gutiérrez sin intentar revertir la situación provincial, aunque la victoria de Urquiza en Caseros constituyó un punto de inflexión que los reactivó como grupo diferenciado.⁷
El prolongado mandato de Gutiérrez aseguró un ciclo de paz y crecimiento de las actividades económicas, estimuladas por el desarrollo del comercio, cuyos principales rubros de exportación fueron el ganado, los cueros y las suelas. A su influjo, se desarrollaron las curtiembres, cuyo número se multiplicó, al igual que los establecimientos de azúcar y aguardiente, que florecieron por la continuidad de las políticas de fomento y protección iniciadas por Alejandro Heredia.⁸ En consonancia, en la Sala de Representantes predominaron los comerciantes exportadores, los troperos, pulperos, tenderos, presencias que revelaban fortunas consistentes alternadas con otras de mediano porte. Estos actores respaldaron los mandatos de Gutiérrez, cuyo poder se expresaba en la práctica de la reelección y en la suma del poder, atribuciones que diluían la división de poderes propia del sistema republicano.
Desde el punto de vista político en la Sala de Representantes se distinguía un núcleo de legisladores que ocuparon escaños durante cinco y cuatro períodos.⁹ Ellos fueron Patricio Acuña y Agustín Alurralde, ambos con cinco mandatos, que se desempeñaron como troperos; los hermanos Méndez (Pedro Gregorio, José María y Agapito, los dos primeros cuatro mandatos y el último uno) que representaban una de las fortunas más consistentes, amasada como transportistas, aunque también eran propietarios de tiendas y pulperías. Sixto Terán, con cinco mandatos, era un empresario ganadero, propietario de tiendas y una curtiembre.¹⁰ Con tres reelecciones se destaca Vicente Gallo, comerciante y tropero, especializado en el tráfico con Rosario. Un caso interesante es el de Manuel Paz, integrante de la Coalición del Norte, quien se desempeñó durante tres períodos en la Sala a partir de 1843 y era propietario de carretas, pulperías, tienda y una curtiembre.
El respaldo de la Sala de Representante no fue el único vector de sustentación del Ejecutivo. Su poder efectivo consistía también en un vasto entramado militar que cubría toda la provincia. Desde los tiempos de Alejandro Heredia cada departamento estaba provisto de un Regimiento (entre 200 y 300 hombres reclutados entre los habitantes domiciliados) dirigido por un comandante departamental, designado por el gobernador.¹¹ Tal organización militar permitió el control y la gobernabilidad en el espacio provincial.
Sin embargo, para consolidar el poder local se requería además de una red de respaldo regional que incluía necesariamente a los gobernadores de las provincias limítrofes y se asentaba en el cultivo de buenas relaciones. Un mandatario confiable debía negar asilo a los opositores de los gobiernos vecinos cuyas acciones podían desestabilizar los gobiernos vecinos. En 1851, la muerte de Juan Felipe Ibarra, gobernador de Santiago del Estero desencadenó el conflicto armado entre sus albaceas por el poder. Gutiérrez  respaldó  a Mauro Carranza como gobernador legal, quien fue vencido por Manuel Taboada en la sucesión del poder santiagueño. Carranza se asiló en Tucumán bajo la protección de Gutiérrez, decisión interpretada por Taboada como un abierto desafío a su administración. En su Vindicación escrita de 1854 desde su exilio en Sucre, Gutiérrez sostenía que desde esa época databa “el odio que implacable tiene hacia mi persona el Sr. Gobernador de Santiago del Estero, Manuel Taboada”.¹²
En febrero de 1852 Crisóstomo Álvarez invadió la provincia con una tropa de 300 hombres, la mayoría riojanos, con el propósito de respaldar a Urquiza y destituir a Celedonio Gutiérrez.¹³ Su intervención estaba vinculada con las actividades de los emigrados en Copiapó que mantenían relaciones con Sarmiento y otros unitarios que secundaron a Urquiza contra Rosas.¹⁴ La incursión terminó con la ejecución de Álvarez quince días después de la batalla de Caseros, aunque su resultado todavía se desconocía en la provincia. El ajusticiamiento generó alto impacto entre la población tucumana por la popularidad de su figura como destacado guerrero.¹⁵ La incursión armada de Crisóstomo Álvarez  no tenía todavía una vinculación aceitada con sus comprovincianos. En esa acción estuvo involucrado Baltazar Bico, integrante de la Liga del Norte y emigrado. Se le realizó un proceso judicial pero fue sobreseído de la acusación de complicidad con Álvarez por Espinosa en mayo de 1852, meses antes de la deposición de Gutiérrez.¹⁶ 
Otro acontecimiento desestabilizador aconteció en marzo de 1852 con la destitución del gobernador de Salta, José María Saravia, por parte de Tomás Arias, un coaligado de 1841. El primero se dirigió a Tucumán a reclamar el apoyo para organizar una intervención armada con el objetivo de recuperar el mando en Salta. Gutiérrez no lo auxilió, acatando la solicitud de Urquiza, quien se limitó a escribir a esa provincia solicitando información sobre la destitución de Saravia.¹⁷
Tales sucesos revelaban que los antiguos integrantes de la Coalición del Norte asociaron el resultado de Caseros no sólo como el punto de partida de la organización nacional, sino también como el momento oportuno para destituir a los gobernadores identificados con el rosismo. Desde esta perspectiva, los postulados de paz, fusión de partidos y olvido del pasado, sostenidos por Urquiza, no formaban parte del proyecto de este grupo político. El gobernador Gutiérrez conocía la lógica del “equilibrio regional” que consistía en sostener administraciones afines, como la de Saravia, como condición necesaria para resguardar su propio gobierno. No obstante, al respetar las directivas de Urquiza desestabilizaba su situación y otorgaba margen de maniobra a los emigrados que se beneficiaron por la política de dilación adoptada por Urquiza, quien se concentró en el conflicto con la provincia de Buenos Aires.
En mayo de 1852 Gutiérrez se dirigió a San Nicolás y dejó como gobernador interino al general Alejandro Espinosa, un integrante de la Liga del Norte, quien permitió a los ex-coaligados realizar los trabajos necesarios para la destitución del mandatario regular. A instancias de Salustiano Zavalía, ex-integrante de Liga, se aprobó una ley que otorgaba a los departamentos de Capital y Monteros 8 y 4 diputados respectivamente, en lugar 4 y 2, como había sido la representación usual.¹⁸ Los resultados electorales les fueron favorables al conseguir un importante caudal de votos que superaba los 400 sufragios en el distrito de Capital, mientras que, los candidatos “gutierristas” no alcanzaron a conseguir 200 votos.¹⁹ De modo que, los ex-integrantes de la Liga, protegidos por el gobierno provisorio, demostraron mayor capacidad para movilizar al electorado y controlar a la Sala de Representantes. El efecto inmediato de esta elección se tradujo en la sanción de una ley de destitución del Gobernador Gutiérrez, a quien se acusó de complicidad con el régimen rosista, de ejercicio prolongado de la suma del poder público y de ostentar un mandato de origen ilegítimo, en tanto había accedido al poder con el respaldo militar de Oribe.²⁰
El procedimiento elegido para derrocar al Gobernador mediante la modificación de la representación legislativa para controlar la Sala de Representantes era cuestionable. Bajo tales circunstancias, Urquiza, decidido a impedir la guerra en el norte, se pronunció por la legitimidad del gobierno de Gutiérrez, pero al mismo tiempo, recurrió a la dilación al inclinarse por mantener la situación institucional cuestionada. En consecuencia, ordenó al mandatario destituido elegir el asilo en Catamarca bajo  la protección del gobernador Pedro Segura o el traslado a San Nicolás bajo su protección, al mismo tiempo que se lo compelía a disolver sus fuerzas. Enfrentado a esa disyuntiva Gutiérrez se dirigió a Catamarca, aunque la ambigua decisión del Director Provisorio que aceptaba el statu quo pero negaba legalidad a lo actuado, alentó sus reclamos para recuperar el gobierno respaldándose en la ilegitimidad de la situación tucumana que no contaba con el reconocimiento del Director Provisorio.
En lo sucesivo, la amenaza de guerra se instaló en el territorio tucumano y se extendió a las provincias vecinas. En ese contexto, Espinosa desplegó una intensa actividad que tenía como objetivo el control militar e institucional del territorio: fueron reemplazados los comandantes y los jueces de los departamentos y se procuró vigilar el tráfico de viajeros sin pasaporte hacia Catamarca, donde se había asilado Gutiérrez. Esta provincia le proporcionó los medios para hostigar al gobierno de Tucumán alegando el respeto a lo pactado en el Acuerdo de San Nicolás.²¹ En esa instancia, los antigutierristas lograron sortear el conflicto interprovincial con el tratado de Huacra, firmado entre Tucumán y Catamarca en agosto de 1852. Mediante este acto, el gobierno de Catamarca se comprometía a desarmar a Gutiérrez y se obligaba a expulsarlo de la provincia.²²
Sin embargo, el triunfo diplomático no disipó el estigma de ilegitimidad de la nueva administración. Bajo tales condiciones, la Sala de Representantes sancionó el Estatuto Provincial que otorgaba centralidad política a la Legislatura, cuerpo que además de sus funciones específicas, elegía y eventualmente juzgaba al Ejecutivo. Se acotaron las funciones del Gobernador al prohibir la delegación de las facultades extraordinarias (excepto en situaciones de conmoción interna y por un tiempo determinado) y establecer la reelección luego de dos mandatos legales, cláusulas que expresaban un abierto cuestionamiento a las prácticas institucionales del ciclo rosista. Pero la existencia de ese instrumento normativo (adelantado a la promulgación de la constitución nacional) y el solemne juramento del ejército provincial a respetarlo, no resultaron suficientes para la pacificación de la provincia.
En diciembre de 1852, en el marco de una fuerte disputa por el poder provincial, renunciaron cuatro diputados “gutierristas” a la Legislatura, acto que cuestionaba la legitimidad de la Sala como depositaria de la soberanía provincial. Detrás de este gesto sobrevino un pronunciamiento militar que estalló del 16 de enero de 1853, articulado con una “Asamblea de Ciudadanos” de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El Acta de la asamblea, firmada por 93 ciudadanos, proclamaba “unánimemente” a Gutiérrez como gobernador propietario, ponderaba la paz y el crecimiento económico registrado durante su administración paternal y declaraba impopular la gestión de Espinosa.²³
El análisis del Acta revelaba los dos ejes que articularon el pronunciamiento: el “Pueblo” y la “Asamblea”. La utilización del vocablo “Pueblo” con mayúscula denota la impronta militar en tanto aludía a la participación de los jefes y sus fuerzas, cuya intervención fue reforzada por la voz “unánime” de la Asamblea, entendida como la opinión pública derivada de un todo orgánico.²⁴ Tal visión de la soberanía provincial anteponía el pronunciamiento al acto del sufragio y a la posterior conformación de la Sala de Representantes, espacio donde debían manifestarse de manera atenuada las diferencias políticas. La modalidad elegida revitalizaba prácticas precedentes y revelaba la desconfianza que generaba la vía electoral y el accionar de una Sala de Representantes emancipada de la gravitación del Poder Ejecutivo.
El pronunciamiento en favor de Gutiérrez delimitó un grupo político opositor, integrado por legisladores de pasado unitario que habían participado en la fracasada Liga del Norte y coincidían en su oposición al gobierno de Celedonio Gutiérrez. Integrado por ex-legisladores como Salustiano Zavalía y Hermengildo Rodríguez (Capital); Lucas Alejandro Córdoba (Monteros), José Valladares (Leales), Baltazar Bico (Trancas). Además de su animosidad a Gutiérrez, estos diputados tenían en común sus experiencias como emigrados luego del fracaso de la Liga. Es probable que el exilio operara  como un factor aglutinante que les permitió articularse como un grupo político capaz de disputar la situación provincial.²⁵
La abierta confrontación política desató la puja por el control militar de la provincia que constituía el fundamento efectivo del poder del gobernador. Desde su asunción en mayo de 1852 hasta el pronunciamiento militar del 16 de enero de 1853, el gobernador interino Alejandro Espinosa, depositó toda su energía en el reemplazo de los comandantes y en el reclutamiento de la población, mientras los jefes afines a Gutiérrez se prepararon para resistir su reemplazo y fomentaron la desmovilización las tropas.

2. La escala local: Jefes y milicias  

La inminencia de la guerra civil nos remite a la escala local para examinar la situación de los regimientos en la instancia de cambios de jefaturas, con el objetivo de acercarnos a las posiciones de los milicianos respecto del reclutamiento y de su potencial politización.²⁶ El estudio de las milicias ha sido realizado desde distintas perspectivas, en este apartado se analizará la participación de los milicianos en el marco de la política militarizada.²⁷
El servicio de la milicia era una tarea ardua al exigir la realización de ejercicios militares los domingos a todos los que registraban domicilio en el departamento. Esa  actividad  se superponía e interfería con las labores de la zafra en las áreas azucareras. Tradicionalmente se eximía del servicio de armas a los peones durante la cosecha. El gobierno entendía que ambas tareas suponían una carga excesiva que estimulaba la migración de los trabajadores hacia otros departamentos. La inminencia de la guerra suprimió esa costumbre y generó la protesta de los dueños de los ingenios de azúcar y aguardiente. Los propietarios solicitaron al gobierno que se relevara del servicio de armas a los jornaleros de los establecimientos de caña que integraban el regimiento número 1 de caballería. Alegaban que las obligaciones militares “les restaba los brazos necesarios para  la cosecha y generaba las fugas de los peones hacia otros departamentos”.²⁸
La época de zafra menguaba las fugas de peones debido al incremento del jornal que operaba como un factor de atracción y a la suspensión de los ejercicios militares decididos por el gobierno para no malograr la cosecha. La deserción del servicio de armas constituía una práctica arraigada, considerada un delito contra el Estado que recibía una severa condena, latigazos o pena de muerte según la gravedad del hecho. Sin embargo, su evasión constituía un recurso corriente entre los avecindados que no se combatía sólo con medidas represivas.
En un estado de guerra inminente el gobierno optó por la detención de los fugados e instruyó los sumarios correspondientes sin aplicar penas severas. En la coyuntura adquirió importancia la lealtad de las tropas y en función de ese objetivo se adoptaron diferentes procedimientos. El gobierno gratificó con sumas de dinero a los jefes y oficiales destacados en la campaña contra Gutiérrez, se retribuyó a chasques y espías y se advirtió a los milicianos desertores que estaban cometiendo un delito contra “la patria que se hacía extensivo a toda la república”.²⁹ Para hacer frente a los gastos de la guerra el gobierno tucumano triplicó los gastos de la milicia. En mayo de 1852, antes de la destitución de Gutiérrez, las erogaciones militares insumían 3.495,3 pesos (entre sueldos y gastos) que representaban el 32 % de las existencias de la Tesorería provincial. En el tercer trimestre del año, el mismo rubro había ascendido a 12.577,6 pesos y la caja presentaba un déficit de 2.033 pesos.³⁰
Las prácticas de la milicia prohibían las relaciones de sociabilidad entre los mandos y los soldados. El gobierno se limitó a condonar las transgresiones cometidas con el objetivo de utilizar a su favor la lealtad del miliciano con los jefes intermedios, lazo que se labraba en el trato cotidiano y en los favores o distinciones concedidas por éstos.³¹ El trato social de los mandos intermedios con los soldados, prohibido por generar conductas impropias, fue tolerado por el gobierno en el contexto de la guerra. No se tomaron medidas disciplinarias severas frente a las denuncias realizadas por los jueces departamentales. En el distrito de Monteros el jefe militar, Domingo Araoz, fue apercibido por no intervenir en el cargo realizado al capitán Eustaquio Robles, quien desobedeció la orden del juez al llevar a los soldados a su casa, donde jugaron abiertamente a las cartas, incluso desafió al magistrado al afirmar: “ni el juez, ni nadie, los iba a privar de que jueguen”. Espinosa le advertía que “por ahora tolera y lamenta el desacato y si en lo sucesivo Ud. abusa del destino que el gobierno le ha confiado se le destituirá”.³²
En consecuencia, el gobierno interino mantuvo firmeza en las recomendaciones, pero en los hechos, asumió una posición flexible ante tales situaciones. Fue particularmente indulgente al liberar de la prisión al sargento Julián Pérez y al soldado Zacarías Medina, acusados de sostener una camaradería estrecha entre jefe y subalterno, conducta desaprobada en el ámbito militar.³³ El gobierno interino precisaba utilizar esos vínculos personales en su beneficio, porque la familiaridad entre los oficiales y la tropa remitía a la lealtad y a la obediencia, condiciones indispensables para lograr el alistamiento de los vecinos milicianos. En esa dirección, se prohibió a los jefes departamentales aplicar castigos arbitrarios a los milicianos y se giraron circulares donde se recomendaba sólo la realización del sumario que debía remitirse al juez correspondiente. Esta medida reconocía tácitamente el poder excesivo de las autoridades militares que podían aplicar severas penas, intervenían directamente en la administración de los juzgados, incluso decidían en los asuntos eclesiásticos de sus territorios.³⁴
La tolerancia del gobierno revelaba las dificultades para reconstruir los cuerpos militares. Comandantes departamentales que habían ostentado una cuota de poder considerable durante el gobierno de Gutiérrez, como Pedro Miguel Heredia, del departamento de Burruyacu, no aceptó su reemplazo y apeló a sus relaciones con los milicianos para armar pequeñas partidas armadas en apoyo al mandatario destituido. La rebeldía se manifestó también en los rangos militares inferiores, como el caso del teniente Juan de Dios de Quintana, de la localidad del Mollar, que licenció a los milicianos para evitar que fueran enganchados al regimiento del nuevo comandante Benedicto Robles. Otro parte de los jueces informaba sobre dos alféreces que fueron apresados por esparcir noticias contrarias al gobierno interino.³⁵ Los soldados también participaron abiertamente en acciones contrarias a las disposiciones del gobierno, como se desprende del parte del sargento Luis Gómez que informaba al gobierno de la sublevación de 40 hombres en ocasión de marchar hacia Leales.³⁶ Aunque era habitual la resistencia de los milicianos a trasladarse a otros departamentos fuera de su lugar de residencia para realizar acciones militares.
Los milicianos también participaron en operaciones de espionaje al esparcir noticias contrarias al gobierno, incluso algunos de ellos partieron sin pasaporte a Catamarca para participar en las incursiones armadas hacia Tucumán.³⁷ Se detuvo también a vecinos del Mollar (paraje de valle de montaña) encabezados por el Flaminio López, que habían formado un contingente miliciano y “trataban de plegarse al ex-mandatario llevando caballos”.³⁸ El tránsito sin pasaporte constituyó un factor de preocupación para el gobierno. Procuró controlar el tráfico hacia Catamarca, conformado en función de antiguos circuitos comerciales y de tradicionales manifestaciones religiosas, situación que dificultaba determinar los motivos del traslado. En consecuencia, la vigilancia incluyó también la práctica del culto a la virgen de Catamarca, devoción arraigada en la población tucumana. Así, las peregrinaciones fueron consideradas sospechosas. El gobierno prohibió los movimientos religiosos hacia esa provincia porque disimulaban acciones destinadas a promover “desórdenes y crímenes”.³⁹ En lo sucesivo, sólo se permitió el tránsito de individuos vigilado por jefes departamentales designados por el gobierno. Por su parte, Gutiérrez escribía notas a jefes militares amigos solicitándoles la “reunión de hombres de la mejor tropa y bien montados”, les indicaba “encontrarse en Las Talitas y con toda la tropa a su mando”.⁴⁰
Los partes oficiales de ese año revelaban una multitud de acciones protagonizadas por los vecinos, contrarias al enrolamiento decretado por el gobierno. El escuadrón de Simoca, localidad del sur de la provincia habitada por pequeños hacendados, labradores y jornaleros, se había disuelto y varios de sus integrantes se habían transformado en desertores, algunos fueron detenidos en el camino a Catamarca. El jefe de policía de Espinosa, el coronel Segundo Roca, comunicaba que los habían apresado y amenazado para escarmentarlos. Asimismo, informaba de las dificultades para armar sus exiguas fuerzas. En su parte, el comandante Graneros anunciaba que había conseguido reunir  30 hombres, de los cuáles, sólo 10 estaban armados con lanza; del escuadrón del Coronel Robles de Monteros habían desertado 30 hombres, al referirse a este episodio consideraba que se trataba de un “mal inevitable”.⁴¹ Informaba al gobierno de la necesidad de atraer a la “gente que anda por el monte” y agregaba que “a su paso sólo encontraba en los ranchos del departamento [Monteros] niños y mujeres”. Sin embargo, sostenía que sus trabajos comenzaban a dar buenos resultados porque “recién empiezo a descansar, antes sólo era dueño del terreno que pisaba, pues ya van tres partidas de desertores que después de desarmarlos, me los ha remitido el comandante Guerreros”.⁴² Los partes del gobierno reflejaban numerosas conspiraciones comarcales acaecidas durante el año 1852, como la realizada por el vecino de Río Seco, Ubaldo Díaz, delatado por realizar reuniones sospechosas.⁴³
La información brinda indicios sobre las posturas asumidas por los vecinos frente al derrocamiento de Gutiérrez, quien mantenía su ascendiente entre los sectores populares, a pesar de las privaciones que pasaban los desertores en Catamarca. Según los informantes de Roca “cada dos o tres días reciben ración” y opinaban que Gutiérrez sólo buscaba una capitulación honrosa.⁴⁴ Sin embargo, días después el jefe de vanguardia anunciaba al gobernador que el ex-mandatario rebelde había invadido la provincia con 300 infantes y algunos cuerpos de caballería. La presencia amenazante de Gutiérrez en Catamarca alentó comentarios altivos entre los vecinos. En Monteros, el juez de distrito había apresado a Idelfonso Ríos quien afirmó a viva voz: “cuando venga Gutiérrez ha de asumir la vanguardia para vengarse de todos los males que le hagan”.⁴⁵
Los episodios reseñados, aunque alusivos, remiten a las conductas de los vecinos enrolados en la milicia y pueden ayudar a restituir la dimensión política de un actor, que ha sido presentado como receptor sumiso de las directivas del gobierno, o por el contrario, como un sujeto indisciplinado e insumiso, sin capacidad para formular acciones o discursos que aludan a la toma de posiciones políticas.⁴⁶ Las milicias incluían en sus redes a los hombres avecindados, por lo general reacios a cumplir las obligaciones militares, aunque desde el gobierno se buscaba neutralizar esta posición ponderando positivamente el servicio de armas al asociarlo con altos valores morales y cívicos que sintetizaban la obligación de servir a la patria.⁴⁷
Los casos reseñados demuestran que los vecinos milicianos apelaban a la deserción o a la fuga. Tradicionalmente no se mostraban dispuestos a alejarse de sus departamentos para cumplir con el servicio de armas. Por lo general desertaban o convenían una retribución especial que suscitaba motines en casos de incumplimiento.⁴⁸ Tales conductas revelaban ciertos rasgos del carácter miliciano. Las campañas que requerían el extrañamiento se hacían mediante un pago especial que reconocía el esfuerzo adicional. En este caso, los desertores a Catamarca no recibieron retribución alguna, seguramente existió una promesa de compensación futura, pero la decisión adoptada por los vecinos (sin paga, sin ración completa, ni uniforme) puede interpretarse como un acto de fidelidad a un gobernador con un ejercicio prolongado en el poder, cuya defensa se encuadraba dentro de una práctica de larga data, asociada a la defensa del orden local y provincial. Por otra parte, el cargo de gobernador proyectaba una clara dimensión militar. Era el jefe de la fuerza militar en la provincia, posición que lo convertía en el protector de los milicianos, sobre todo de aquellos que habían realizado un dilatado servicio de armas. En ese carácter, eran usuales las peticiones de soldados de distinta índole que eran resueltas positivamente por el gobierno.⁴⁹
La resistencia de los vecinos milicianos al enrolamiento y las acciones de los desertores que participaron en las incursiones armadas de Gutiérrez exigieron a Espinosa y al grupo político de la Legislatura que lo sustentaba, concertar alianzas con los gobernadores de Santiago del Estero y de Salta, con los que mantenían posturas afines.

3. La dimensión regional y nacional en el conflicto tucumano

En abril de 1852 la Legislatura repuso a Gutiérrez como gobernador con el argumento que la anterior Sala no tenía facultades legales para deponer el mandatario sin previo juicio, ni estaba facultada para imponerle la grave pena de destierro. Por lo tanto, sancionó una ley que declaraba “nula e injusta (…) la anárquica destitución del Sr. Gobernador propietario General Celedonio Gutiérrez”.⁵⁰ La posición del gobierno alcanzó mayor solidez con la batalla de Arroyo del Rey del 21 de febrero de1853. En esa jornada las fuerzas de Gutiérrez integradas por el Batallón de Cívicos, el Batallón de la Guardia Tucumana y los regimientos del ejército provincial vencieron a 1.500 hombres comandados por Espinosa (quien murió en el campo de batalla), provenientes en su mayor parte de las tropas santiagueñas dirigidas por Antonino Taboada.⁵¹
En esa instancia, la suerte de la situación de Tucumán se definió en función de la dimensión regional determinada por la posición adoptada por los gobiernos vecinos. Los mandatarios de Santiago del Estero y Salta no reconocieron a Gutiérrez como gobernador y le impusieron el asedio acercando sus tropas a la frontera. En su momento alegaron que Espinosa había sido reconocido gobernador por el Director Provisorio al aconsejar el mantenimiento del statu quo, entendido por los mandatarios como la aceptación de los hechos consumados. Urquiza no adoptó posición alguna, sólo señaló que la solución del conflicto tucumano sería decidida por el futuro Congreso. La dilación del gobierno nacional sobre la situación de Tucumán precipitó el enfrentamiento armado de carácter interprovincial cuyo resultado definiría la legalidad de los contendientes.
El dilema del Director provisorio era complejo, su prioridad consistía en mantener a las provincias en la órbita de Paraná, por ello era indispensable asegurar la paz en el norte. Aprobó el Acta de la Asamblea tucumana de enero de 1853 y escribió a las provincias del norte solicitando el reconocimiento del gobierno de Gutiérrez, además les recomendó que se abstuvieran de realizar acciones armadas. Catamarca y Jujuy reconocieron oficialmente a Gutiérrez, Salta obedeció parcialmente las instrucciones al retirar sus tropas de la frontera, por su parte, sólo Manuel Taboada se mantuvo firme en su posición bélica. Según su criterio, la presencia de Gutiérrez en Tucumán amenazaba el orden en su provincia y en Salta y se empeñó por convencer a Urquiza de sus puntos de vista.⁵² El Director envió a Miguel Rueda y al coronel Manuel Puch como emisarios confidenciales ante los gobiernos de Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Tucumán con el objetivo de conseguir la paz en el norte. La misión fracasó, según Rueda, por la negativa de Gutiérrez a tener una conferencia con Taboada, si éste no reconocía previamente su gobierno. Hubo una nueva misión por la paz promovida por los gobiernos de Salta y Jujuy que enviaron sus comisionados y otra en la que participó el general Rudecindo Alvarado a propuesta del gobernador de Santiago del Estero. Las iniciativas de las provincias también fracasaron.
En Tucumán el gobierno de Gutiérrez derogó el Estatuto Provincial al considerarlo extemporáneo por anticiparse a la sanción de la constitución nacional y porque sus normativas se proponían obstaculizar la acción del Ejecutivo. Anuló la ley que aumentaba la representación de los departamentos Capital y Monteros por alterar la inveterada práctica de igualdad de los distritos y convocó nuevas elecciones para conformar la Sala de Representantes.⁵³ En esa circunstancia, la provincia juró solemnemente la constitución nacional según las indicaciones de Urquiza. La carta orgánica definió la arquitectura institucional para la formación de un gobierno regular con autoridad para compeler a las provincias a funcionar dentro de ese marco. Sin embargo, a corto plazo, la vigencia de la constitución y la futura elección de las autoridades nacionales no constituían condiciones suficientes para obligar a los gobernadores a tramitar sus enfrentamientos dentro de los cauces institucionales.
En junio de 1853 las tropas santiagueñas, acompañadas por los emigrados antigutierristas, invadieron la provincia de Tucumán en un contexto nacional delicado.⁵⁴ El soborno porteño al jefe de la flota de la Confederación definió el levantamiento del sitio de Buenos Aires y regreso de Urquiza a Paraná. Estos episodios tuvieron un alto impacto no sólo en Buenos Aires, sino también en el espacio confederado. Sobre tales acontecimientos Gutiérrez realizó una lectura política apresurada al advertir a la Sala de Representantes que la “inmediata consecuencia parece ser la guerra civil y la acefalía hasta aquí, de hecho, de la autoridad nacional y el aplazamiento de la constitución de la república”.⁵⁵ En esa línea, la Sala consideró a la incursión santiagueña una violación del derecho público e internacional y coincidió con Gutiérrez al sostener que “de hecho no existen autoridades nacionales que por la constitución deben resolver estas cuestiones” y urgida por la defensa de la provincia autorizó la “guerra defensiva” contra el gobernador de Santiago del Estero, acto prohibido explícitamente por la constitución nacional.⁵⁶
A comienzos de octubre Gutiérrez se internó en Santiago del Estero con 3.000 hombres y ocupó su Capital, mientras Taboada se desplazaba hacia el interior. El enfrentamiento decisivo se produjo en Loreto, en un paraje denominado Tacanitas, que terminó con un desastre para Gutiérrez.⁵⁷
La derrota tuvo consecuencias inmediatas en Tucumán. El 23 de octubre de 1853 jefes militares antigutierristas realizaron un pronunciamiento en la ciudad Capital, respaldado por la consiguiente Asamblea Popular que destituyó a Gutiérrez y designó como gobernador provisorio al cura José María del Campo.⁵⁸ Firmaron el Acta de la Asamblea 175 vecinos, las primeras rúbricas pertenecían a los jefes militares que realizaron el pronunciamiento (Luis A. de Santos, Bartolomé Graneros, Pedro Castillo, Dionisio Andrada, Silvestre Álvarez, Juan Robles), seguidas por los vecinos de la ciudad. Entre los firmantes se destacan los propietarios de establecimientos de destilación, actividad que cobraba un impulso sostenido y requería de gran cantidad de peones, aunque también se registraron los nombres de comerciantes, notarios y jueces departamentales que habían actuado durante la fugaz gestión de Espinosa.⁵⁹ El análisis de los firmantes revela que Gutiérrez había perdido el apoyo de círculos poderosos, los integrantes de la familia Posse y los Colombres, que lo habían respaldado en enero, se pasaron al bando antigutierrista. No estaba equivocado Luis A de Santos cuando escribía a Manuel Taboada: “dígale ahora al Sr. Urquiza que nos conteste que este no es un hecho consumado. Dígale que le mandamos un acta de pronunciamiento en mejor forma que la del 16 de enero y que estas firmas son más conocidas”.⁶⁰
Campo comenzó a cambiar el gobierno tucumano. Los legisladores presentaron sus renuncias y se disolvió la Sala de Representantes. En todo el territorio desplegó una política represiva al declarar “enemigos de la causa del pueblo” a todo individuo de cualquier sexo y condición que no se presentase al llamado del gobierno, refugiase personas o tuviera armas en su casa.⁶¹ Simultáneamente, designó a Luis A. de Santos comandante general y jefe de todas las fuerzas de la provincia, organizó nuevos cuerpos militares al mando de Bartolomé Graneros (jefe del pronunciamiento) y decretó una amplia amnistía para los jefes, oficiales y tropa que desertaran del ejército contrario. Para minar la moral de los cuerpos militares denostó a Gutiérrez por ultrajar la constitución y conminó a sus jefes y soldados a abandonarlo: “en medio de cuatro provincias armadas que os rodean, las fuerzas de las provincias de Salta y Jujuy ocuparán muy luego el territorio de ésta, elegid entre lo bueno y lo peor, sea cuál sea lo que más convenga”.⁶²
Por su parte, Gutiérrez se apresuró a retornar a su provincia y estableció su cuartel general en el Manantial, próximo a San Miguel de Tucumán, mientras Campo se retiraba a Monteros, desde donde negoció el auxilio militar de Santiago del Estero cuyo gobernador designó a su hermano Antonino Taboada general en jefe del ejército aliado. La provincia de Tucumán estaba virtualmente dividida y el conflicto bélico pasó a desarrollarse en su territorio. Se trataba de un antagonismo político local devenido en un enfrentamiento armado transmutado en una guerra interprovincial.
Las elecciones nacionales obligaron a Urquiza a delegar sus funciones ejecutivas en los ministros Salvador María del Carril, Mariano Fragueiro y Facundo Zuviría, nombres que reflejaban el clima político imperante en  Paraná. En ese ámbito se estaba configurando una dirigencia nacional articulada por el objetivo de institucionalizar el país. En el caso puntual de esos nombres, los unía sus experiencias comunes, entre las que sobresalía el exilio por su oposición al rosismo, peripecias que había habilitado el tejido de relaciones personales. Del Carril se había desempeñado como ministro de Rivadavia y se exilió en Montevideo. Fragueiro se había refugiado en Bolivia, luego pasó a Chile donde actuó como recaudador de la Liga del Norte; por su parte, Zuviría se había asilado en Sucre por su participación en la Liga del Interior en 1830, regresó a Salta a comienzos de 1850 y se reintegró a la política provincial de la mano de su primo el gobernador Arias. Así, la oposición a Rosas, el exilio y el desempeño de administraciones provinciales constituyeron los factores comunes en esas trayectorias políticas.⁶³
Decidido a evitar un enfrentamiento armado, el gobierno delegado nacional designó una comisión integrada por el presbítero Benjamín Lavaysse (diputado al Congreso Constituyente por Santiago del Estero) y el coronel Marcos Paz (cercano de los gobiernos de Córdoba, Santiago, Tucumán, Salta, Catamarca y Jujuy) con amplias atribuciones para obrar en su nombre, al tiempo que ordenaba a los gobernadores en conflicto a reconocerla. Las instrucciones eran claras y reflejaban animadversión de los poderes nacionales a la actuación de Gutiérrez, a quien se le exigía su desarme y la derogación de las “leyes sancionadas en agosto para declarar la guerra a otra provincia; leyes derogativas de la Constitución jurada que prohíbe las leyes privadas y las invasiones armadas”.⁶⁴
Campo se apresuró en aceptar la legitimidad de los comisionados y logró su primer triunfo al ser reconocido como uno de los gobernadores en litigio; Gutiérrez, quien no contaba de la simpatía de los comisionados, adoptó similar posición.⁶⁵ Las bases de la paz eran especialmente severas para Gutiérrez. Se decretó la desmovilización de las tropas, pero a Taboada se le daba un plazo de seis días, mientras que a Gutiérrez se le otorgaban sólo dos días para licenciar las tropas; a ambos se les exigía un indulto amplio y generoso, se designaba al ciudadano Molinas como gobernador provisorio y, en el caso particular de Gutiérrez, se le ordenaba marchar inmediatamente hacia Paraná, condición que no se imponía a Campo.⁶⁶ El primero intentó modificar esta última cláusula, pero la comisión fue inflexible en ese punto, declaró el fin de las negociaciones y lo declaró “intruso y rebelde” a la autoridad nacional, conminó a sus jefes a abandonarlo e informó su veredicto a los gobiernos de las provincias limítrofes.⁶⁷
La condena de la comisión nacional tuvo resultados decisivos: negaba legalidad al gobierno de Gutiérrez, ordenaba la defección de sus jefes militares, decisión que minó la moral de las tropas. En tal contexto, aumentaron las deserciones en el ejército de Gutiérrez, como le informara a su compadre Bernabé Marañón:

sólo anoche se han ido 35 hombres y hasta ahora es probable que se hayan ido muchos más (…) Es preciso aparecer con poder. Véalo a su compadre Ríos como cosa nacida de Ud a fin que comboque (sic) a los que estuvieron por venir ayer y los trae, aber si se hace una transacción honrrosa y que nos ofrezca garantías.⁶⁸

En consonancia, Campo decretó dos indultos con el objetivo de generar fugas en el ejército enemigo. Al decretar su segundo indulto Campo reconoció que el primero no había surtido efecto entre los jefes, oficiales y tropas. Aducía que habían sido engañados por Gutiérrez, a quien identificaban próximo a Urquiza, pero ahora era el gobierno delegado, encarnado en los comisionados, el que lo declaraba rebelde e intruso.⁶⁹
La decisión de la comisión nacional definió finalmente la situación de Gutiérrez. Se lo expulsaba del espacio confederado por “rebelde e intruso”; al mismo tiempo, se lo aislaba a nivel regional porque los gobernadores, incluso los más cercanos, obedecieron a las instrucciones de los comisionados y se deslegitimaba su autoridad en el plano local. El golpe final provino del enfrentamiento militar en la batalla de Los Laureles en diciembre de 1853 donde la derrota de Gutiérrez fue completa. El campo quedó cubierto de cadáveres, se tomaron 450 prisioneros, piezas de artillería y fusiles.⁷⁰ El poder de Gutiérrez se descalabró por completo, logró pasar a Catamarca con su familia y se exiló en Tupiza. La derrota resolvió militarmente el enfrentamiento irreductible entre dos grupos políticos antagónicos

4. Conclusiones

La coyuntura de Caseros reactivó viejos antagonismos cuyas raíces se remontaban al fracaso de la Coalición del Norte en 1841. Los coaligados partieron al exilio a Bolivia o a Chile y como emigrados se mantuvieron atentos a la marcha de los sucesos políticos nacionales y provinciales. La tolerancia practicada por Gutiérrez promovió el regreso de algunos de sus integrantes que ocuparon posiciones destacadas durante su gobierno, pero el desenlace de Caseros precipitó la disputa política, centrada en la recuperación de las situaciones provinciales. En esa línea, se inscribe la invasión militar de Crisóstomo Álvarez desde Copiapó con el objetivo de destituir a Gutiérrez, acción que ilumina la amplia red de comunicación de carácter transnacional tejida por los emigrados. El fracaso de esta incursión y el fusilamiento sumario de Álvarez reavivó antiguos enconos y precipitó la conspiración en la Sala de Representantes que amplió sus integrantes, convocó a las elecciones y destituyó a Gutiérrez.
En el ámbito local, la solidez del nuevo gobierno dependía del control de las milicias, aspecto que señala la importancia de los jefes departamentales, de los mandos intermedios y de los milicianos, necesarios para el dominio efectivo del territorio provincial. En ese contexto, se manifestaron las conductas de los jefes militares rebeldes que propiciaron el licenciamiento de la tropa, mientras los numerosos milicianos, realizaron acciones conspirativas, reuniones secretas, fugas, motines, transporte de ganado o viajes sin pasaporte a Catamarca con el objetivo de reunirse a las fuerzas de Gutiérrez. Tales muestras de movilización pueden ser entendidas como formas en las que se manifestaba la politización popular, además de iluminar sobre las formas de reclutamiento en tiempos de guerra.
La lucha política se expresó también en el retorno de viejas y arraigadas prácticas, los pronunciamientos militares articulados con Asambleas. Este procedimiento revelaba una noción del cuerpo político donde el pueblo, concebido como un todo, se expresaba a través del jefe militar (secundado por sus tropas) que demandaba el cambio de gobierno. El gobernador cuyo poder devenía del alzamiento armado, adquiría visos de legalidad por la acción “unánime” de la opinión pública, representada por las Asambleas de Ciudadanos; posteriormente, se convertía en mandatario regular por la elección practicada por la Sala de Representantes. Así, las exigencias de la confrontación política determinaron el retorno a un estilo de unanimidad, que desconfiaba de las elecciones, a las que consideraba portadoras de la división y las facciones, relegándolas a una instancia de mayor control para conformar el estratégico elenco legislativo.
Desde el ciclo rosista, la gobernabilidad provincial se sustentaba en un sistema de equilibrio regional que exigía la uniformidad política en las provincias limítrofes para asegurar la estabilidad de la propias administraciones. La gestión de Arias en Salta y la de Taboada en Santiago del Estero erosionaron la situación de Gutiérrez, quien sólo contaba con el respaldo activo del gobierno de Catamarca, que la firma del tratado de Huacra neutralizó parcialmente. El clima político de Paraná, donde los emigrados antirosistas tenían predominio, gravitó en la ambivalente política adoptada por Urquiza que reconoció la legalidad del gobierno de Gutiérrez, pero admitió la contundencia de los hechos consumados, posición que otorgó posibilidades a las fuerzas contrarias. En ese contexto local y nacional se desarrolló la guerra interprovincial con Santiago del Estero. La actuación de la comisión nacional contribuyó a definir el desenlace bélico cuando desconoció la legalidad del mandato de Gutiérrez y ordenó la deserción en sus filas. El triunfo de Campo fue tributario de tales factores y se definió en la decisiva batalla de Los Laureles acaecida el 25 de diciembre de 1853, que cerró más de un año de confrontaciones armadas.
El análisis realizado revela que los emigrados por el fracaso de la Coalición del Norte utilizaron a su favor el desenlace de la batalla de Caseros para modificar la situación tucumana en función de sus intereses. Ese marco estuvo condicionado e influido por distintas variables que remiten a la complejidad del conflicto. La dimensión nacional y la regional contribuyeron a dirimir el conflicto tucumano cuyo desenlace definitivo se logró en el campo de batalla con el triunfo de Campo y los anti-gutierristas. La confrontación se prolongó durante dos años y su intensidad comprendió a los sectores populares que participaron en la contienda a través de la milicia. Es difícil llegar a conclusiones firmes respecto del significado de sus acciones (la deserción al servicio de armas podía interpretarse de una práctica arraigada para escapar a los rigores de la vida militar). Sin embargo, las conspiraciones, las fugas a Catamarca, la integración a fuerzas militares sin que mediara la paga y la ración, pueden ser entendidas como evidencias que iluminan sus expectativas y opciones políticas en el contexto de guerra civil e interprovincial.

NOTAS

1 Ese año marca un punto álgido en la violencia de las guerras civiles. El general Mariano Acha fue  fusilado y degollado por orden de Aldao, su cabeza, clavada en un palo, fue sometida a la expectación pública. Igual destino sufrió Marco Avellaneda en Metán por orden de Oribe. Estos hechos generaron una fuerte impresión entre los contemporáneos.

2 La Coalición del Norte que se pronunció contra Rosas y reclamó la organización nacional ha sido escasamente estudiada. Se analizaron sus fundamentos militares y la crisis económica del gobierno tucumano (Macías, 2014), el conflicto bélico desde una perspectiva regional (Parrado, 2009), y los rituales y discursos durante el gobierno de la Liga del Norte y los de Celedonio Gutiérrez (Wilde, 2011).

3 Durante el siglo XIX los enfrentamientos armados formaron parte del repertorio de las prácticas de la élite política rioplatense. Las confrontaciones bélicas tenían diferentes niveles de violencia, podía respetarse al adversario cuando en el bando vencido se “tocaba a retirada”,  situación que significaba el respeto de la vida de los jefes, soldados y de la élite política derrotada, incluso podían incorporarse a estos últimos a las condiciones políticas. Cuando esas convenciones no se respetaban y prevalecía el encarnizamiento con el vencido se configuraron picos de violencia difíciles de procesar a nivel personal y social, cuyos efectos gravitaron en los realineamientos políticos posteriores, como sucedió con el caso de la derrota de la Liga del Norte.

4 Había iniciado su carrera militar como soldado en el Ejército del Norte dirigido por Belgrano, sirvió como comandante de milicias de Medina y participó en la guerra contra la Confederación Peruano Boliviana a las órdenes del gobernador de Tucumán Alejandro Heredia. Se unió a la Coalición del Norte, pero defeccionó del ejército de Lamadrid para unirse a las fuerzas de Felipe Ibarra, gobernador de Santiago del Estero. Combatió en la batalla de Famaillá en calidad de general unido al Ejército de la Confederación, liderado por el general uruguayo Manuel Oribe.

5 Los gobernadores de Tucumán anteriores a Gutiérrez fueron elegidos a través de este procedimiento que expresaba la relevancia de la dimensión militar en el poder de los gobernadores. Sobre este punto ver Bravo (2008).

6 Mensaje del 21 de septiembre de 1843, AHT, AL, 1843. Caja 3, Legajo 192.

7 Los emigrados que tuvieron cargos ejecutivos y legislativos en el gobierno de Gutiérrez fueron José Posse, Salustiano Zavalía, Uladislao Frías, Manuel Paz, Manuel Espinosa. Entre los que sufrieron el secuestro de sus propiedades podemos mencionar a Ambrosio, Javier y José Colombres, Arcadio Talavera, Miguel Carranza, Baltazar Aguirre, Ezequiel Molina, Clemente Usandivaras y Rudecindo Ibazeta. Todos ellos eran propietarios de establecimientos de caña de azúcar y mieles (Campi, 2002: 352).

8 Campi et al. (2016).

9 Sobre la década política abierto por la batalla de Caseros en Tucumán, ver Bravo (2003).

10 Campi (2000-01).

11 Parolo (2009: 179).

12 Gutiérrez (1854: 4).

13 Crisóstomo Álvarez, siendo  muy joven participó en las guerras de 1840-1841 en el marco de la coalición del Norte. Se lo identificaba con el prototipo del guerrero por su valor y heroísmo, reconocido en los partes de guerra por las tropas propias y adversarias. Sobre el papel de la gloria y heroísmo en los ejércitos del siglo XIX ver Rabinovich (2009).

14 Sobre las actividades de los emigrados argentinos, sus vinculaciones con la política chilena y el papel desarrollado por Crisóstomo Álvarez en la política local de Copiapó, ver Blumenthal (2015). La comunidad de Copiapó era muy activa políticamente y uno de sus integrantes, Domingo García, emigrado de Tucumán, sufragó los gastos de traslado de La Madrid y su familia de Potosí a Copiapó, además de aportarle recursos (La Madrid, 1968: 222).

15 La muerte de Álvarez, como otros episodios de las guerras civiles, fue cantada por décadas  y forma parte del Cancionero Popular de Tucumán. La glosa Nº 162 de la que se transcribe un fragmento: “Oh Crisóstomo virtuoso / Álvarez el más valiente / la patria llora tu muerte / noble argentino asombroso”, fue recopilada por Juan Alfonso Carrizo en 1935, en un paraje del sur de la provincia (Carrizo, 2014: 446).

16 Parolo (2014: 161).

17 Nota de Vicente López, encargado de las relaciones exteriores, quien agradece a Gutiérrez por “haberse abstenido de adoptar una resolución” en el asunto de Saravia (AHT, SA, T. 72, Año 1852, f. 464).

18 Ley del 4 de junio de 1852 (Documentos Tucumanos. Actas de la Sala de Representantes, Vol. II, 1939: 342).

19 En el distrito de Capital Miguel López obtuvo 474 sufragios, Jesús María Aráoz 472, Hermenegildo Rodríguez 471 y Arcadio Talavera 462 votos. Los candidatos “gutierristas” Miguel Alurralde, Cornelio Santillán; Manuel Fernando Paz y Miguel Carranza obtuvieron 173, 170, 164 y 168 votos,  respectivamente.   El sistema de elección era directo y uninominal (Archivo Histórico de Tucumán –en adelante: AHT–, Sección Administrativa –SA–, Año 1852, Vol. 73, f. 162).

20 AHT, SA, Tomo 72, Año 1852, f. 191.

21 El artículo 14 autorizaba al Encargado de las Relaciones Exteriores a sostener a las autoridades legalmente constituidas y a solicitar la cooperación de los restantes gobernadores.

22 Bravo (2003: 244).

23 Entre los firmantes estaban Manuel Paz, Vicente Gallo, Juan Manuel Terán, Miguel Carranza, Crisóstomo Villar, Agustín Alurralde, Patricio Acuña, entre otros que secundaron al gobierno de Gutiérrez desde la Sala de Representantes. Entre ellos figuraban cinco miembros de la familia Posse que apoyaron la separación de Gutiérrez, pero luego se plegaron al movimiento de enero (AHT, Sección Administrativa, Tomo 75, Año 1853, f. 104).

24 Guerra (2000).

25 Sobre el rol del exilio en la formación de las dirigencias provinciales, del elenco legislativo del Congreso nacional y de los cuadros  de la administración urquicista, ver Lanteri (2015: 38).

26 “El gobierno ha dispuesto que cesen en el 2° escuadrón del regimiento nro 1 el comandante Villagra, teniente Palomino, teniente Palavecino, capitán de Ranchillos Casimiro Aragón y en su reemplazo sean nombrados de comandante Pedro Alderete, Capitán Félix Cajal, teniente A. Heredia, teniente José Díaz, alférez José Fernández” (AHT, SA, Año 1852, Vol. 72, f. 532). Notas como ésta se giraron a los jefes departamentales.

27 El avance de la militarización durante el período republicano ha sido analizado desde diferentes ópticas: las formas de organización adoptadas por los cuerpos militares y los sentidos atribuidos al servicio de armas; el impacto de los cuerpos militares en la fiscalidad provincial, los efectos sociales de la guerra y la implantación de la normas militares, la disciplina en las milicias, el poder creciente de los comandantes, fueron los tópicos más visitados. La numerosa bibliografía producida excede los objetivos de este artículo. Se mencionan los aportes más relevantes, la mayoría de los cuáles se vinculan con la situación de la provincia de Tucumán. Sobre fiscalidad y guerra ver Parolo (2013) y Schmit (2004); sobre la organización de los cuerpos militares y los significados atribuidos a la guardia nacional, ver Macías (2015), Moroni y Espinosa Fernández (2007); sobre los efectos sociales de la guerra, ver Salvatore (1992); sobre los abusos de comandantes de milicias, ver Parolo (2009); sobre las características del servicio de armas, ver Davio (2010); sobre los puntos de contacto entre el bandolerismo y la política en las milicias rurales, ver Fradkin (2006); sobre el rol de los jefes departamentales y su relación con los gobernadores y la élite política, ver Buchbinder (2004).

28 AHT, SA, Año 1852, Vol. 74, f. 324.

29 AHT, Año 1852, Vol. 72, fs. 590, 593.

30 AHT, SA, Año 1852, Vol. 73, f. 266, Vol. 74, T. III, f. 106.

31 La lealtad a sus comandantes constituía un factor clave para el funcionamiento de las milicias. El comandante Celedonio Gutiérrez desertó acompañado por un escuadrón de 300 jinetes para ponerse a las órdenes de Ibarra. No menos importante era el cumplimiento con la ración y la paga, en sus memorias Benjamín Villafañe señala que la falta de observancia de ambos compromisos desataron numerosos motines y fugas (Villafañe, 1972: 53-54, 58, 67, 92).

32 AHT, SA, Año 1852, Vol. 72, f. 542.

33 Se los eximió de la prisión pero se recomendaba “prohibir las reuniones entre oficial y tropa porque se pierde el respeto que los subalternos deben a sus oficiales, sobre el que está basado el servicio militar” (AHT, SA, Año 1852, Vol. 72, f. 561).

34 AHT, SA, Año 1852, Vol. 74, f. 162.

35 AHT, S A, Año 1852, Vol. 73, fs. 113, 130.

36 AHT, SA, Año 1852, Vol. 73, f. 336

37 AHT, SA, Año 1852, Vol. 72, f. 616 y Vol. 73, Año 1852, f. 155.

38 AHT, Año 1852, Vol. 73, f. 335.

39 AHT, Año 1852, Vol. 73, f. 126.

40 AHT, Año 1852, Vol. 73, f. 199.

41 AHT, SA, Año 1852, Vol. 73, f. 449.

42 AHT, SA, Año 1852, Vol. 73, f. 486.

43 AHT, SA, Año 1852, Vol.74, f. 386.

44 AHT, SA, Año 1852, Vol. 73. f. 486.

45 AHT, SA, Año 1852, Vol. 74, f. 124.

46 En esa dirección coincido con Sergio Grez Toso cuando sostiene que las ideologías políticas pesaron en la constitución de identidades sociales y políticas populares (ver Grez Toso, 2005).

47 Cf. Macías (2015).

48 En sus memorias Villafañe relata un motín en las tropas de Lavalle en 1841 por incumplimiento de paga. Menciona que el sargento Fernando se amotinó afirmando que “nos han ofrecido 5 pesos y por cuatro reales no se va a perder la vida”. Arrojó los cuatro reales y apuntó el fusil, lo siguieron nueve hombres veteranos que apuntaron al general Puch, se hizo un disparo que no llegó a herirlo. El motín se desbarató y los siete promotores fueron ajusticiados. En este caso, la mayor  retribución formaba parte de un trato justificado por el esfuerzo de salir del pago para arriesgar la vida. Por lo tanto, no debe interpretarse este episodio sólo como una simple percepción mercenaria de los conflictos bélicos (cf. Villafañe, 1972: 92).

49 A rigor de verdad el gobernador recibía un amplio espectro de peticiones, de mujeres viudas y desvalidas. Son importantes las solicitudes escritas por los soldados veteranos de las guerras de la independencia o de la realizada contra la Confederación Peruano-Boliviana. Todas se dirigían al gobernador como Padre y protector de los infelices solicitando socorro (AHT, SA, Año 1852, Vol. 74, f. 323). Incluso se registran las de aquellos que realizaban un servicio activo en alguna fuerza militar, que se dirigían al gobernador pidiendo una ayuda económica puntual, por ejemplo se lo ayudase a sufragar los gastos de matrimonio. Por lo general, tales  solicitudes se respondían afirmativamente (AHT, SA, Vol. 72, f. 582).

50 Cordeiro y Viale (1915: 144). 

51 AHT, Año 1853, Caja 7, Archivo Legislatura Provincial, Expte. 419.

52 Taboada mantuvo una intensa actividad epistolar enviando misivas a gobernadores y amigos. La dirigida a Urquiza afirmaba que “la permanencia de Gutiérrez en el gobierno de Tucumán entraña un verdadero peligro para las provincias vecinas, puesto que pretende implantar los métodos retrógrados del sistema de Rosas” (citado por García Soriano, 1968: 74).

53 Cordeiro y Viale (1915: 152-155).

54 En esas incursiones fueron asesinados Calisto López, Gregorio Marañón y otros partidarios gutierristas (Gutiérrez, 1854: 13).

55 Cordeiro y Viale (1915: 157).

56 Esta acta de la Sala de Representantes se extravió, pero el 24 de agosto de 1853 se ratificó la autorización a la guerra defensiva al gobernador de Santiago del Estero (Cordeiro y Viale, 1915: 159).

57 El parte firmado por el coronel Anselmo Rojo informaba que el enemigo había sufrido 20 muertos y 104 prisioneros (García Soriano, 1968: 112).

58 Se ordenó sacerdote en Córdoba, se desempeñó como cura párroco de Río Chico, paraje próximo a Monteros, su lugar de nacimiento.

59 Martín Apestey, Clementino Colombres, Zenón del Corro, Luis de los Santos, Delfín García, Vicente Pérez, Luis y Manuel Posse, Ignacio Ríos, Segundo Roca, Arcadio Talavera y Balbín Vázquez figuran en los padrones de patentes de fábricas de destilación. Esta actividad implicaba la posesión de un trapiche de madera y de un terreno cultivado con caña de azúcar para realizar aguardiente. Agradezco esta información a Daniel Campi.

60 AHT, SA, Vol. 76, f. 298.

61 Codeiro y Viale (1915: 167). Según Gutiérrez, se desató un represión feroz en la ciudad de San Miguel de Tucumán que se convirtió en una “vasta prisión en que la venganza dominaba con la lei del terror” (Gutiérrez, 1854: 20).

62 Codeiro y Viale (1915: 166).

63 Lanteri (2015: 33-38).

64 Codeiro y Viale (1915: 170).

65 Benjamín Lavaysse tenía estrechas relaciones con Manuel Taboada, mientras que Marcos Paz, participaba de la misma visión del grupo político tucumano contrario a Gutiérrez, eran solidarios con Urquiza en su obra de organizar constitucionalmente el país, pero eran refractarios a la permanencia de Gutiérrez en el gobierno de la provincia. 

66 La designación de Ezequiel Molina como gobernador provisorio representaba una afrenta adicional, puesto que se trataba de un pariente cercano del coronel  Espinosa, fallecido en batalla contra Gutiérrez.

67 Archivo Marcos Paz, Universidad Nacional de La Plata, 1962, T. I, pp. 167, 168.

68 Archivo Marcos Paz, Universidad Nacional de La Plata, 1962, T. I, p. 161.

69 Codeiro y Viale (1915: 171).

70 García Soriano (1968: 132).

FUENTES

Archivos, fuentes editadas y publicaciones de época

Archivo Histórico de Tucumán (AHT), Sección Administrativa (SA), Años 1852 y 1853.

AHT, Archivo Legislatura Provincial.

Archivo Marcos Paz, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Tomo I, 1962.

Carrizo, Juan Alfonso, Cancionero Popular de Tucumán, Tucumán, EDUNT, 2014 [1937].

Cordeiro, Ramón y Viale, Dalmiro, Compilación Ordenada de leyes, decretos y mensajes del período constitucional de la provincia de Tucumán, que comienza en el año 1852, Volumen I, Año 1852/57, Tucumán, Edición Oficial, 1915.

Documentos Tucumanos. Actas de la Sala de Representantes, Volumen II, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1939.

Gutiérrez, Celedonio, Vindicación, Sucre, Imprenta de López, 1854.

La Madrid, Gregorio, Memorias del General Gregorio Aráoz de La Madrid, Tomo II, Buenos Aires, EUDEBA, 1968.

Villafañe, Benjamín, Reminiscencias históricas de un patriota, Tucumán, Fundación Banco Comercial del Norte, 1972.

BIBLIOGRAFIA

Blumenthal, Edward (2015): “Milicias y ciudadanía de residencia: la revolución chilena de 1851 en perspectiva transnacional”, Illes i Imperi, Barcelona, 17, pp. 91-112.

Bravo, María Celia (2008): “La Configuración del poder en la provincia de Tucumán. Entre el asambleísmo y la institucionalización, 1810-1860”. En Bonaudo, M., Reguera, A. y Zeberio, B. (Coords.), Las escalas de la historia comparada, T. II, Buenos Aires, Miño y Dávila, pp. 125-143.

Bravo, María Celia (2003): “La política ‘armada’ en el norte argentino. El proceso de renovación de la elite política tucumana”. En Sábato, H. y Lettieri, A. (Comps.), La vida política en Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, Buenos Aires, FCE, 243-258.

Buchbinder, Pablo (2004): Caudillos de pluma y hombres de acción, Buenos Aires, Prometeo.         [ Links ]

Campi, Daniel (2000-01): “Aproximación a la génesis de una élite azucarera. Las exportaciones tucumanas en carretas, 1863-1867”, Travesía. Revista de historia económica y social, Tucumán, 5-6, pp. 129-179.

Campi, Daniel (2002): “Espacio mercantil, unidades de producción y actores en los orígenes de la agroindustria en Tucumán, Argentina, 1830-1870)”. En Vieira, A. et al., Histórica do Açúcar. Rotas e Mercados, Madeira, Centro de Estudos de História do Atlántico, pp. 335-364.

Campi, Daniel; Ávila Sauvage, A. Verónica y Parolo, M. Paula (2016): “La producción de azúcares y aguardientes en Tucumán a mediados del siglo XIX. Mercados, actores, unidades de producción”. En: Parolo, M. P. y Herrera, C. E. (Comps.), Estado, impuestos y contribuyentes. La construcción del sistema fiscal en Tucumán durante el siglo XIX, Rosario, Prohistoria, pp. 55-91.

Davio, Marisa (2014): “Entre consensos y ‘seducciones’: jefes militares y tropas en Tucumán durante la primera mitad del siglo XIX”, Andes, Salta, 25, 2.

Davio, Marisa (2010): Sectores populares militarizados en la cultura política tucumana, 1812-1854. Tesis de Doctorado, inédita. Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires.         [ Links ]

Fradkin, Raúl Osvaldo (2006): La historia de una montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.         [ Links ]

García Soriano, Manuel (1968): Tucumán 1852-1853. De Caseros a Los Laureles, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán.         [ Links ]

Grez Toso, Sergio (2005): “Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida? A propósito de dos miradas a la historia social (Chile, siglo XIX)”, Política. Revista de Ciencia Política, 44, pp. 17-31.

Guerra, François-Xavier (2000): “El Pronunciamiento en Méjico: prácticas e imaginarios”, Revista TRACE, México, 37, pp. 15-26.

Lanteri, Ana Laura (2015): Se hace camino al andar. Dirigencia e instituciones nacionales en la “Confederación” (Argentina, 1852-1862), Rosario, Prehistoria Ediciones.

Macías, Flavia (2015): Armas y política en la Argentina: Tucumán, siglo XIX, Madrid, Editorial CSIC.         [ Links ]

Moroni, Marisa y Espinosa Fernández, José Manuel (2007): “El reclutamiento para la Guardia Nacional en la Pampa central argentina, 1884-1902”. En Chust, M. y J. Marchena (Eds.), Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), Madrid, Iberoamérica - Vervuert, pp. 247-262. 

Parolo, Paula (2009): “Juicio, condena y ejecución de Francisco Acosta, ‘consentidor de ladrones’. Alcances y límites del poder de los comandantes de campaña en Tucumán, a mediados del siglo XIX”, Anuario IHES, Tandil, 23, pp. 175-198.

Parolo, Paula (2014): “Los ojos, los oídos y la voz del pueblo. La participación popular en las conspiraciones durante el ocaso del régimen rosista. Tucumán, 1852”. En Santilli, D., Gelman, J. D. y Fradkin, R. O. (Comps.), Rebeldes con causa. Conflicto y movilización popular en la Argentina del siglo XIX, Buenos Aires, Prometeo Libros, pp. 149-167. 

Parolo, Paula (2013): “La fiscalidad extraordinaria de guerra. Gastos e ingresos de la caja de Tucumán (Río de la Plata - Argentina) durante la primera mitad del siglo XIX”, Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, Madrid, 10, pp. 26-47.

Parrado, Emanuel (2009): “La guerra contra Rosas: el gobierno de Tucumán y la Coalición del Norte, 1839-1841. El comportamiento político de la élite local y sus relaciones de poder desde una perspectiva regional”. En López, C. (Comp.), Identidades, representación y poder en el Antiguo Régimen y la Revolución, Tucumán, 1750-1850, Rosario, Prohistoria, pp. 169-195.

Rabinovich, Alejandro (2009): “La gloria, esa plaga de nuestra pobre América del Sud”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [en línea], Debates, puesto en línea el 02.02.2009, consultado el 14.08.2012 [DOI: 10.4000/nuevomundo.56444].

Salvatore, Ricardo (1992): “Reclutamiento militar, disciplina y proletarización en la era de Rosas”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Buenos Aires, 5, pp. 25-47.   

Schmit, Roberto (2004): Ruina y resurrección en tiempos de guerra. Sociedad, economía y poder en el oriente entrerriano posrevolucionario, 1810-1852, Buenos Aires, Prometeo Libros.         [ Links ]

Wilde, Ana (2011): “Representaciones de la política posrevolucionaria. Un acercamiento a la liturgia republicana, 1810-1853”. En Tío Vallejo, G. (Coord.), La república extraordinaria. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX,Rosario, Prohistoria, pp. 79-145.