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Travesía (San Miguel de Tucumán)

versión On-line ISSN 2314-2707

Travesía (San Miguel de Tucumán) vol.20 no.2 San Miguel de Tucumán dic. 2018

 

ARTÍCULOS ORIGINALES

Redes de denuncias políticas y jurídicas por violaciones a los derechos humanos en el plano internacional: el rol de las Madres de Plaza de Mayo (Argentina, 1976-1983)

 

Débora D´Antonio*

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) / Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género,Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Buenos Aires, Argentina. deboradantonio@hotmail.com

RECIBIDO: 10/07/2018
APROBADO: 23/10/2018

 


RESUMEN

Durante la última dictadura militar argentina, la actividad de denuncia contra las violaciones a los derechos humanos se llevó a cabo por medio de la articulación de una serie de acciones y estrategias de grupos que surgieron en este particular contexto de profundización de la represión estatal. Si bien existían antecedentes de defensa y solidaridad hacia las personas apresadas por razones políticas, por los menos desde los años treinta en nuestro país, el estímulo de una opinión pública internacional crítica de los autoritarismos que tuvieron lugar en el Cono Sur a mediados de los años setenta, dio lugar a iniciativas que tuvieron una expresión novedosa y fundacional en el plano internacional. Así se llevaron a cabo denuncias políticas en distintos organismos como Amnesty International, la Cruz Roja o el Comité de Defensa de los Derechos Humanos para los Países del Cono Sur (CLAMOR) u otros de carácter jurídico pertenecientes a la ONU. En todos ellos –especialmente, las madres de las personas desaparecidas– tuvieron un protagonismo destacado ya sea dinamizando denuncias individuales o colectivas o concretando redes de apoyos para erosionar la imagen del régimen militar en el extranjero. Esta intensa actividad, que además tuvo el acompañamiento del trabajo político de las y los exiliados sudamericanos en Europa y Estados Unidos, encontró su resarcimiento con el arribo a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el último tercio del año 1979. Este artículo se propone hilvanar las huellas de este accionar político y trazar puentes entre las labores que llevaron adelante distintas mujeres pertenecientes a los organismos de derechos humanos más destacados de esta etapa por medio del análisis de fuentes documentales del acervo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de entrevistas de propia factura.

Palabras clave: Redes transnacionales; Mujeres; Madres de Plaza de Mayo; Terrorismo de Estado.

ABSTRACT

During the last military dictatorship in Argentina, the activity of denunciation against the violations of human rights was taken over through the articulation of a series of actions and strategies of groups that emerged in that particular context of deepening state repression. Even though there was a record of defense and solidarity towards the people imprisoned for political reasons, at least since the thirties in our country, the stimulus of an international public opinion, critical of the authoritarianism that had place in the Southern Cone during the middle of the seventies, leaded to initiatives that had a novel and foundational expression at the international level. That is how they implemented the political denunciations in different organisms as Amnesty International, Cruz Roja, Comité de los Derechos Humanos para los Países del Cono Sur (CLAMOR) or any other of legal nature from United Nations. In all of them, especially the mother of people disappeared had an outstanding leadership, either invigorating individual and collective complaints or setting support networks to erode the image of the military regime abroad. This intense activity that was also accompanied by the political work of south american exiles in Europe and USA found its compensation with the arrival of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to Argentina in the last third of 1979. This article is proposed to link together the footprints of this political actuate and to trace bridges between the labors that different women belonging to the organisms of human rights more prominent from this stage carried forward through the analysis of documental sources from the archive of Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, the Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) and own interviews.

Keywords: Transnational networks; Women; Mothers of Plaza de Mayo; Dictatorship.


 

Introducción

Durante los años setenta distintos sectores de la sociedad civil en Sudamérica llevaron a cabo intensas actividades de denuncia contra las violaciones a los derechos humanos que cometían las dictaduras de seguridad nacional. Si bien existían antecedentes en defensa de las garantías constitucionales desde fines de los años treinta, por ejemplo, con la labor de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) o por la obtención de derechos para los detenidos gremiales y políticos en los años sesenta, por parte de la Comisión de Familiares de Detenidos (COFADE) o de la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG), el estímulo otorgado por una opinión pública crítica de los gobiernos autoritarios que se encontraban en el poder, dio lugar a una serie de iniciativas que tuvieron expresiones novedosas y fundacionales en el plano internacional.
Buena parte de la bibliografía especializada en estos temas ha hecho ostensible que fue a partir de los golpes de Estado en Chile y Uruguay del año 1973 y de Argentina en el año 1976, cuando en el continente americano advino primero y se amplificó después, una conciencia crítica contra la conculcación de derechos humanos por parte de fuerzas estatales.1 Fue en esta misma coyuntura, además, que se articuló un nuevo vocabulario y una serie de prácticas específicas que le otorgaron a esta problemática una entidad que hasta ese momento era insospechada (Keck y Sikkink, 1998; Sikkink, 1996, 1992; Brysk, 1994).2 El conjunto de estas acciones contra la represión política estatal conllevó un significativo incremento en las afiliaciones de las organizaciones defensores de los derechos humanos sudamericanas a organizaciones defensoras de los derechos humanos en Europa y en los Estados Unidos. Se actualizaron de este modo vínculos con algunas entidades de larga tradición como la Cruz Roja Internacional (1863) o se desarrollaron nuevas relaciones con algunas de reciente creación como Amnesty International(1965). Estos intercambios se produjeron en el contexto de abandono de los términos en los que se había expresado la conflictividad política en los años inmediatamente anteriores. De modo que la antinomia revolución y contrarrevolución dominante durante los años sesenta y setenta dio paso a una lógica del conflicto vertebrada en torno a la denuncia por la vulneración de derechos. Una inteligibilidad política que se volvió clave también posteriormente cuando tuvieron lugar los procesos de transición a las democracias y cuando la sociedad, carente de opciones revolucionarias realistas, consolidó la figura de los desaparecidos como víctimas “inocentes” (Crenzel, 2008).3
El conjunto de factores: conciencia crítica, vocabulario y prácticas específicas y lazos entre organizaciones locales e internacionales redundó en el tendido de redes trasnacionales de solidaridad.4 Las y los activistas que participaron en ellas se ocuparon en primera instancia de influir en la opinión pública organizando y jerarquizando la información proporcionada por quienes lograban salir de los centros clandestinos de detención y revelar los tormentos a los que habían sido sometidos. Prontamente buscaron convertir esos testimonios en materiales de denuncia de carácter explicativo y amplio alcance para sensibilizar a un mayor número de personalidades e instituciones. A continuación, se propusieron revertir el desconocimiento que existía en los foros internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos que tenían lugar en Sudamérica.  
Las redes transnacionales de solidaridad se cimentaron sobre una plataforma de normas y pactos legales preexistentes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que ofrecía un punto de partida para organizar las actividades de denuncia y defensa de los derechos (Sikkink, 1996).
Keck y Sikkink (1998) caracterizaron a estas redes transnacionales como espacios de intercambio político en los que los activistas adquieren un conocimiento experto sobre la problemática de los derechos humanos. Estas redes, señalan también, dieron lugar a distintos tipos de asociaciones y alianzas entre grupos estructuradas por lazos entre los participantes tanto de carácter voluntario y recíproco, como formal e informal A la vez permitieron fortalecer la legitimidad de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Sudamérica y abrieron canales de diálogo entre los gobiernos autoritarios y las organizaciones veedoras en esta materia. En ciertas coyunturas consiguieron además deslegitimar el accionar de las dictaduras en los organismos internacionales (Sikkink, 1996, 1991), y en otras, obligaron a rever aspectos de sus prácticas represivas (Basualdo, 2011). Por otro lado, la apuesta del activismo en las redes transnacionales redundó en oportunidades en formas de repolitización del derecho. De modo que cuando se recurrió a las cortes internacionales para presentar casos testigo sobre violaciones a los derechos humanos se propició, por ejemplo, la revisión de ciertas actuaciones jurídicas del ámbito local (MacDowell Santos, 2007).
El conjunto de esta experiencia política se capitalizó posteriormente en los años de transición al Estado de derecho cuando surgieron nuevas reflexiones sobre la problemática de los derechos humanos y se produjo una reorganización de las demandas de las víctimas de la represión estatal y de las nacientes comunidades de memoria (Jelin y Hershberg, 1996).
El movimiento de derechos humanos que se desarrolló durante los años de la última dictadura militar en Argentina contó desde sus comienzos con una fuerte presencia femenina. A la cabeza estuvieron distintas organizaciones de mujeres que surgieron como respuesta a la desaparición de sus hijos e hijas y/o nietos y nietas como el grupo de Madres o de Abuelas de Plaza de Mayo. Esta presencia, sin embargo, no se agotó en estos grupos, pues alcanzó a otros organismos de derechos humanos como el de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Política, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) o la Liga por los Derechos del Hombre (LADH).
El propósito de este artículo es retomar algunos aspectos del derrotero del movimiento de derechos humanos en esta etapa para centrarse en la contribución que hicieron las Madres de Plaza de Mayo a la construcción de redes de denuncia y de solidaridad internacional.5 Puede adelantarse como primera hipótesis que la participación de este grupo de mujeres en el tendido de redes de solidaridad transnacional resultó un elemento central para construir un espacio de escucha para sus demandas. Y como segunda hipótesis, que una vez que se produjo la consolidación de estas redes, donde ellas tuvieron un rol gravitatorio, el régimen militar comenzó a tallar su incapacidad para renovar los consensos que le habían otorgado su legitimidad inicial.
El período que se examina en este trabajo corresponde a los años de la última dictadura militar argentina fundamentalmente porque en la etapa de transición a la democracia, el movimiento de derechos humanos, y en él el grupo de las Madres, en el marco de negociaciones políticas más abiertas, replantearon sus modos de concebir los derechos humanos tanto a nivel individual como colectivamente. Se indaga y se analiza específicamente la experiencia del grupo de mujeres residentes de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires o de localidades aledañas como la ciudad de La Plata y que desafiaron al poder político desde su centro simbólico: la plaza de Mayo.
En las distintas secciones se realizará una semblanza de las formas que tomaron sus reclamos en el contexto de suspensión de garantías constitucionales y de construcción del Estado terrorista. Se mostrará cómo las limitaciones políticas locales estimularon nuevas acciones y la búsqueda de interlocutores en las diplomacias extranjeras, las iglesias de diversos credos, los tribunales internacionales, y las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos activas en otros países. En las conclusiones se reflexionará sobre los distintos aspectos originales de la experiencia asociativa de este colectivo de mujeres y sobre la contribución que sus performances de género hicieron a la reformulación de los repertorios políticos y los modos de consecución de derechos.
Las fuentes que han sido consultadas para este artículo forman parte de los acervos documentales de las Madres de Plaza de Mayo (Asociación Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y del archivo personal de Emilio Mignone obrante en el CELS. Asimismo, se han examinado diversos artículos de prensa y se han llevado a cabo dos entrevistas, una a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la otra a Evel de Petrini, integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

De la casa a la plaza: Las Madres de la Plaza de Mayo una novedad en el escenario político local

A partir del golpe de Estado de marzo de 1976 decenas de miles de jóvenes no regresaron a sus casas ni tampoco a sus trabajos. Fueron sus madres quienes comenzaron una intensa búsqueda por instituciones hospitalarias, cárceles, instalaciones militares y morgues judiciales. Recorrieron los despachos del Ministerio del Interior, los cuarteles de las Fuerzas Armadas, las oficinas policiales y distintas dependencias eclesiásticas con el fin de tomar contacto con los responsables de cada una de estas áreas y obtener alguna información sobre el paradero de sus hijos e hijas. Fue en ese contexto de incertidumbre que aprendieron a confeccionar cartas y a elaborar otro tipo de escritos para articular sus reclamos. Se instruyeron, por ejemplo, sobre el uso del habeas corpus comoinstrumento jurídico de control “en teoría” de las detenciones arbitrarias. Recurrieron a todos los contactos personales que pudiesen acercarlas a los miembros de los partidos políticos tradicionales para que intercediesen en favor de sus peticiones.6 Un año de ensayo reiterado de estas prácticas y gestiones les permitió comprender que lo que conseguían en términos del discernimiento del destino de sus hijos e hijas era prácticamente nulo.7 Un peregrinaje que sin embargo no fue tan infructuoso a la hora de comprender el funcionamiento de la estructura represiva del Estado y forjar, a partir de los efectos dislocatorios, un tipo original de identidad política centrada en su condición de madres personas desaparecidas (Barros, 2010).
Algunas de ellas como Azucena Villaflor, una de las dirigentes del grupo, eran o habían sido mujeres trabajadoras (Arrosagaray, 2011). Otras pertenecían a los sectores medios o populares y fungían en los hogares como amas de casa. Cuenta Nora Cortiñas que su esposo se quejaba de que a manos del gobierno militar no solo había perdido a su hijo sino también a su esposa al trastocarse su vida cotidiana (Jelin, 1985). Dice Nora que: “la represión era tan grande que habíamos decidido ir las madres nada más a la Plaza, enfrentarlo las Madres, no dejar entrar ni a los chicos jóvenes, ni a las hijas, ni a las esposas, ni a los maridos, salvo para las tareas de estrategia (…) las Madres asumimos una lucha en donde prácticamente no se necesitaba a los hombres (...).8 De modo que la represión por un lado expulsó a estas mujeres de la casa a la plaza y, por otro, paradójicamente estimuló a que transformasen sus búsquedas individuales y dispersas en las de un colectivo de oposición muy dinámico (Filc, 1997). La protesta política y la supervivencia se convirtió para estas mujeres en las distintas caras de una misma moneda (Sigal, 2006). Una experiencia asociativa que a la vez les permitió delinear nuevas formas imaginativas de la protesta, amplificar sus reclamos e impulsar un itinerario cada vez más politizado de su accionar (Gorini, 2015).
Si inicialmente no fueron más que cien las mujeres que lograron constituir una organización independiente de otras agrupaciones de derechos humanos preexistentes y diferente a la de los grupos políticos afectados de modo directo por la represión, sin embargo, ocuparon rápidamente un lugar destacado por ser las las únicas que lucharon contra la Junta Militar de modo abierto y público.9
El 30 de abril de 1977 se reunieron por primera vez en la Plaza de Mayo y definieron cómo habitarla.10 En agosto de ese mismo año, un jueves por la tarde, burlando la normativa del Estado de sitio que impedía que se congregasen más de tres personas en la vía pública, comenzaron a caminar alrededor de la pirámide. Con ese gesto profundamente político inauguraron su rito más emblemático y simbólico (Bousquet, 1983; Veiga, 1985; Bruno, 1985; Rosemberg, 1985; Oria, 1987; Schmukler, 1997; Belucci, 2000; D´Antonio, 2007; Galante, 2007; Viano, 2009).11 Si hasta ese momento habían cursado formas tradicionales del reclamo a partir del uso de la imago materna consiguieron desarrollar una novedad política con una cobertura, que al menos de modo preliminar, les permitió desplegar acciones performativas que incomodaron al gobierno militar. Con el tiempo resignificaron el uso de ese capital moral legítimo que les otorgaba el ser madres de desaparecidos para alcanzar una nueva conceptualización sobre la maternidad en términos sociales. Hebe de Bonafini sostuvo sobre este punto que “cuando ellos (los hijos e hijas) desaparecen, nosotras nacemos” reponiendo la dimensión política de sus propias trayectorias.12 Con el tiempo, aunque muy rápidamente, las Madres experimentaron el pasaje de la maternidad biológica, íntima e individual a la maternidad política, pública y socializada. Explica Hebe: “nosotras socializamos la maternidad porque nuestros hijos nos enseñaron que todos somos iguales y todos los hijos son iguales, ¡cuántos hijos no tienen fotos!, ¡cuántas madres no tienen fotos de sus hijos!, ¡cuántas madres no vienen a esta Plaza! Entonces tenemos que identificarnos con todos”.13 De modo que luchar por la aparición con vida de los seres queridos introdujo en el accionar de estas mujeres una dimensión ética y afectiva (Jelin, 1985: 34).
Para septiembre de 1977, las Madres comenzaron a explicar públicamente lo que el gobierno militar había logrado ocultar hasta ese momento: las desapariciones masivas de personas. Lograron publicar en el diario La Prensa una primera solicitada con más de doscientas firmas con el nombre de todos los desaparecidos de los que hasta allí tenían conocimiento. Una solicitada por la que abonaron mucho dinero y que es considerada en la memoria del movimiento de derechos humanos un hito que colocó en el centro del debate público un tema hasta allí negado. Poco tiempo después redoblaron la apuesta al colocarse el pañuelo-pañal blanco en la cabeza (Schindel, 2003). Un elemento que les brindó cobertura política frente a la prensa extranjera que comenzaba a interesarse en sus planteamientos.
La repercusión de sus estrategias estéticas y políticas a su vez complejizó sus acciones y las animó a apostar por nuevos apoyos fuera del país. Se organizaron y desarrollaron vínculos con instituciones o personalidades de distintas partes del mundo. Primero dividieron las tareas más urgentes y comenzaron a preparar reuniones que sesionaban en Buenos Aires, un día a la semana, para sistematizar todo lo que se publicaba en los diarios sobre personas que desaparecían o eran asesinadas en supuestos enfrentamientos con las fuerzas militares o de seguridad. Comenzaron a enviar esta información a los organismos e instituciones extranjeras para que pudiesen cruzarlos con los datos que ofrecían los sobrevivientes y los exiliados en sus propios relatos. Estos intercambios se transformaron en la ocasión más profunda para ordenar, poner en agenda y discutir nuevos temas y problemas.
De modo que, en esos primeros años, las Madres lograron convertirse en las precursoras más visibles para revertir los efectos de la “cultura del miedo” y en oponer una “cultura de la resistencia” a las políticas del Estado terrorista (Duhalde, 1984). Alcanzaron sus metas definiendo una forma simbólica y estética que les permitió una clara identificación. Politizaron sus acciones cuando lograron transformarlas en colectivas y públicas e impulsaron un repertorio de prácticas que les permitió amplificar sus reclamos y atraer la atención de los activistas solidarios con su causa en el plano internacional (Brysk, 1994).

Entre los apoyos y las ambigüedades de la diplomacia norteamericana

Las distintas estrategias políticas a nivel internacional de los organismos de derechos humanos argentinos para lograr el interés y el respaldo de otros países en sus demandas contra el gobierno militar argentino se precipitaron a partir de las expectativas generadas por la asunción en el año 1977 a la presidencia de los Estados Unidos de James Carter.
Como se sabe, desde mediados del siglo XX fue predominante la ideología de la Guerra Fría, una etapa donde la URSS y los Estados Unidos delimitaron zonas de influencia, aliados y enemigos. Fue en este contexto que la superpotencia norteamericana encabezó distintas cruzadas anticomunistas con estrategias persecutorias ofensivas y enérgicas en su propio territorio, y articuladoras, con el mismo fin, de alianzas políticas y militares con los regímenes más represivos de Latinoamérica. Incluso, los líderes demócratas como John F. Kennedy que habían apuntalado a las dictaduras latinoamericanas o caribeñas se justificaban en que esto había sido necesario porque había que erradicar a las potenciales experiencias de tipo cubanas o soviéticas en la región (Smith, 2008).
Pero con Carter, sin embargo, se produjo un cambio en la política exterior estadounidense. El líder demócrata en su campaña electoral y en el marco de su “lucha contra los regímenes totalitarios” se había comprometido a combatir las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los gobiernos militares en Sudamérica. Su interés inicial, no obstante, tuvo lugar en un escenario de conflicto político, donde los gobiernos dictatoriales estaban conjurando o ya habían logrado conjurar “los conatos del comunismo” con su expresión más clara en las organizaciones políticos-militares.
Lo cierto es que más allá de sus intenciones, la nueva política exterior norteamericana no obstaculizó, y en oportunidades incluso estimuló, las denuncias por violaciones a los derechos humanos que se cometían en la región. A la vez este viraje en la política exterior incitó al desarrollo de un conjunto de instituciones interesadas en las demandas de esclarecimiento formuladas por las víctimas de la represión estatal de las dictaduras de Seguridad Nacional. Así, por ejemplo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, 1974) o el Consejo sobre Asuntos Hemisféricos (COHA, 1975) se convirtieron en los Estados Unidos en espacios de investigación y denuncia de las prácticas represivas de los gobiernos autoritarios. Mientras la WOLA se dedicó a documentar las violaciones al Estado de derecho en Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay; el COHA se ocupó de amplificar la interconexión entre el norte y el sur del continente en materia de derechos humanos.14 En términos generales, estas instituciones se constituyeron en grupos de presión de la política exterior de los derechos humanos del gobierno norteamericano (Basualdo, 2011). Es de este período también la fluidez de relaciones entre organismos de derechos humanos locales con organismos de gobernanza a nivel global como la Organización de Estados Americanos (OEA), una institución que tenía por misión facilitar la cooperación en asuntos de derecho internacional y de promoción de los derechos humanos por medio de sus respectivas agencias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Engstrom, 2015).15
Cabe señalar también que quienes pusieron en movimiento inicialmente el sistema de protección de derechos humanos de la OEA, fueron los abogados que habían tenido a su cargo, en los primeros años setenta, las defensas de los militantes revolucionarios y que, por su condición de exiliados, habían logrado entablar relaciones políticas con distintos organismos en Europa (Basualdo, 2011).
Angélica Sosa de Mignone, madre de Plaza de Mayo, más conocida como Chela, junto a su esposo Emilio Mignone, quien tiempo más tarde se convertiría en miembro fundador del CELS, se movilizaron por la desaparición de su hija Mónica y lograron desarrollar gestiones de denuncia ante la OEA.16 Facilitó esta posibilidad que Mignone hubiese cumplido durante los años sesenta tareas como asesor en el área de educación de esta institución. El objetivo de la pareja era involucrar a la OEA para poner a sus funcionarios al corriente de lo que estaba sucediendo en la Argentina y hacer cumplir la prevención y la resolución de conflictos que estaba dentro de sus funciones regulares, así como también la promoción de la democracia representativa.17 Angélica y Emilio aseguraban al movimiento a nivel local que Patricia Derian, subsecretaria de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, un cargo creado por Carter, y el secretario de la sección política de esta agencia norteamericana, Ted Harris, estaban interesados en condenar el quebranto de los derechos humanos que agobiaba a la Argentina. Una caracterización política que animó, por ejemplo, a las Madres de Plaza de Mayo, y junto a ellas a otros organismos de derechos humanos, a solicitarles que instasen al gobierno militar a cesar las desapariciones de personas y discontinuar los dispositivos represivos. Es importante reparar en esta confianza que los organismos depositaron en Carter y sus funcionarios, porque en las décadas inmediatamente anteriores, la militancia de izquierda y los sectores peronistas, y junto a ellos muchos familiares que los integraban, se habían mantenido a distancia de cualquier prédica originada en lo que caracterizaban como el “imperialismo norteamericano”. Sin embargo, a partir de esta administración, los organismos de derechos humanos en Argentina creyeron que, en la OEA, por ejemplo, se podía confiar, al menos inicialmente.
Asimismo, es de notar que hasta ese momento la diplomacia norteamericana había mantenido una posición ambigua con respecto a los apoyos al movimiento de derechos humanos. Por ejemplo, durante el gobierno de Gerald Ford (1974-1977), por parte del Departamento de Estado Norteamericano, ni las Madres ni otros organismos consiguieron si quiera, que el subsecretario de Asuntos Interamericanos, Terence Todman, les concediera una audiencia para abordar el tema de la violencia perpetrada por el Estado sobre la sociedad civil. Pero tampoco Cyrus Vance, el secretario del Departamento de Estado Norteamericano, cuando visitó el país a fines de 1977, ya bajo el gobierno de Carter, se interesó en sus reclamos.
Fue en ese marco contradictorio que Patricia Derian y Ted Harris se propusieron dinamizar los reclamos de los organismos de derechos humanos argentinos en los organismos internacionales. Derian, particularmente, desplegó deferencias muy especiales con las Madres. Estos gestos tendieron unos lazos hacia los Estados Unidos que en otro momento político hubieran sido impensados. Allí estaban buena parte de los organismos e instituciones que colaborarían con colocar en la agenda pública internacional el tema de los desaparecidos de la Argentina.

Acciones de propaganda política y visibilización en el escenario local

La visibilidad que alcanzaron las Madres de Plaza de Mayo en los primeros años de gobierno militar tuvo efectos contradictorios. Si, por un lado, les permitió reforzar y difundir sus reclamos ante la opinión pública mundial, por otro, provocó reacciones violentas por parte del gobierno militar. Una importante expresión de ello, aunque no la única, fue el secuestro y asesinato entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, de siete activistas que se reunían periódicamente para realizar acciones de denuncia sobre la vulneración de derechos en la Iglesia de la Santa Cruz. Entre algunas de las personas secuestradas, y posteriormente asesinadas, se hallaban tres madres de desaparecidos que contaban con trayectorias políticas y sindicales como Azucena Villaflor de De Vincenti, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, una activista que había huido de la dictadura de Higinio Morínigo del Paraguay.
Estos dramáticos hechos no impidieron, que tan sólo dos días después, las Madres junto a otros familiares publicaran una solicitada, ahora en el diario La Nación, en la que habían logrado juntar más de 800 firmas. En este texto se interpelaba, y se le pedía al presidente, a la Junta y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas que dieran a conocer el paradero de las personas desaparecidas estuviesen ellas vivas o muertas. La solicitada contó con una gran repercusión justamente porque se difundió a través de medios internacionales que se solidarizaron con lo que allí se denunciaba.18
A comienzos del año siguiente, al desarrollarse en la Argentina el Campeonato Mundial de Hockey, sucedió otro hecho significativo. Hans Jorritsma, uno de los jugadores más destacados de la selección holandesa, se apersonó en la Plaza de Mayo en el momento de la ronda, y tomó una fotografía de las Madres marchando alrededor de la pirámide. Jorristma logró que esta imagen se publique en un diario de su propio país.19 La foto provocó interés entre distintos grupos de mujeres holandesas y de otros lugares de Europa que se comenzaron a respaldar de diferentes modos los reclamos crecientes de las Madres por la desaparición de sus hijos.
Prevenido el gobierno militar por las agencias de inteligencia sobre las actividades de denuncia que se estaban llevando adelante, en este caso durante el Mundial de Fútbol de mediados del mismo año, contrató a una agencia de publicidad internacional que montó la triste y célebre campaña de “Los argentinos somos derechos y humanos”.20 Esta campaña tenía por objetivo limpiar la imagen del gobierno en materia de violaciones a los derechos humanos ya en conocimiento de numerosos grupos y personas en distintas partes del mundo.21 Las Madres lograron denunciar lo que estaba sucediendo frente a la prensa extranjera e impactar a decenas de turistas que desfilaban por las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. En ese contexto específico fue que la Junta ofuscada por estas acciones clausuró la Plaza de Mayo e impidió que estas mujeres prosiguieran con su ronda. Frente a ese cada vez mayor estrechamiento de las posibilidades de dar con el paradero de sus hijos, a las Madres sólo les quedaba profundizar su apelación a la solidaridad internacional para quebrar el aislamiento de modo definitivo.

Las controversias con la Iglesia Católica, la CELAM y el Papa

Un nuevo impulso obtuvo este grupo de mujeres para volcarse a la construcción de redes de solidaridad internacional cuando advino la negativa de Iglesia Católica local de oír sus reclamos. Fue allí donde optaron por entrevistarse con Paulo VI, el Santo Pontífice, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) que sesionaría en la ciudad de Puebla en México hacia fines de 1978. Para ello escribieron una nota que dirigieron al presidente del Consejo Episcopal, monseñor Aloisio Lorscheider, arzobispo de Fortaleza en Ceará, Brasil donde le explicaban quienes eran, qué les estaba pasando y qué le solicitaban:

Representamos a muchos millares de madres en igual situación. Se calcula que, en la Argentina, en los últimos tres años, alrededor de 30.000 habitantes han sido arrestados en forma clandestina por las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad y se desconoce su suerte (…) los obispos argentinos presentes en Puebla podrán corroborar los miles de pedidos de ayuda recibidos en el Episcopado, emitidos por familiares de “desaparecidos”, como así también las infructuosas gestiones realizadas. Estamos desesperadas y dispuestas a correr cualquier riesgo, por eso los diarios nos llaman “Las Madres locas de Plaza de Mayo” (…) apelamos a V.E y por intermedio suyo a todos los obispos de América Latina para pedirles, en nombre de Cristo, a quien representan, como último recurso un pronunciamiento solemne y público, exigiendo al gobierno argentino que nos proporcione información circunstanciada sobre el destino de nuestros hijos. El gobierno argentino posee esa información que hasta ahora ha negado.22

El nudo de la carta se concentraba en la denuncia por la desaparición de personas a manos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y en su preocupación por la negación insistente del Estado de reconocer el accionar de sus tropas. La exigencia de un pronunciamiento solemne y público por parte de la Iglesia Católica y de que ésta se colocase a la cabeza de exigir toda la información posible sobre el paradero de los “desaparecidos” tuvo por finalidad obligar a esta institución a definirse en ese escenario crítico.
Las Madres dieron por hecho que eso sucedería y tramitaron para ello un subsidio a la Fundación Argentino Holandesa de Solidaridad (SSNA) por medio de un escrito en el que fundamentaban la importancia del viaje y del encuentro con el Santo Pontífice.23 La SSNA les confirió un capital para que algunas de ellas pudiesen viajar a la reunión.24 Como el desplazamiento era muy costoso las Madres decidieron amortizarlo, sumándole la visita a algunas ciudades de los Estados Unidos donde pautarían entrevistas con distintas personalidades. Sin embargo, la CELAM no sesionó porque unos días antes de su inauguración falleció el papa Paulo VI. Las Madres descartaron visitar México, pero decidieron seguir adelante con los encuentros previstos en las ciudades de Washington y Nueva York.
Viajaron en esta oportunidad Hebe de Bonafini, María del Rosario Cerruti y Élida Galetti. Ya en Estados Unidos se reunieron con Chela Mignone y Reneé Epelbaum, que habían ido primero Canadá para reunir otros apoyos. En Washington fueron recibidas por exiliados latinoamericanos que les ofrecieron alojamiento y contactos políticos. Y en poco más de una semana, con la ayuda de Ted Harris, presentaron algunos escritos en distintos organismos internacionales denunciando lo que sucedía con los desaparecidos. Llevaron a cabo, además, una serie de entrevistas con Patricia Derian y Jimmy Bumpus, el encargado de las relaciones internacionales con Argentina. Ambos funcionarios les sugirieron ponerse en contacto con miembros de la CIDH. Y les facilitaron un vínculo directo con el Secretario Ejecutivo, el diplomático de origen chileno, Edmundo Vargas Carreño. El objetivo de ese encuentro era que este organismo tome en consideración la propuesta de hacer una visita de inspección a la Argentina: algo que estaba previsto en los estatutos de la entidad pero que no había sido evaluado en términos políticos. Por lo que las tratativas que entablaron en ese momento con distintos miembros de la CIDH fueron decisivas para la histórica visita del año siguiente.25 Fue en este viaje también que intercambiaron información y discutieron distintos temas sobre el funcionamiento de la represión estatal en el Cono Sur con integrantes de la WOLA, de la Conferencia Católica de los Estados Unidos y de la Organización de Mujeres por la Paz. Asimismo, aprovecharon esta oportunidad para llevar a cabo encuentros políticos con otros funcionarios de la Casa Blanca vinculados también con la problemática de los derechos humanos y con personalidades de medios periodísticos importantes.
Las Madres decidieron desde los Estados Unidos entrevistarse con el flamante papa Juan Pablo II. Viajaron a Roma, pero no lograron verlo. Fueron recibidas, sin embargo, por el presidente italiano Sandro Pertini, el cardenal primado de origen argentino Eduardo Pironio, el subsecretario de Relaciones Exteriores Franco Foschi, y la diputada comunista Tulia Carretoni. En cada una de estas entrevistas difundieron y explicaron lo que se imponía como el hecho político más significativo: la desaparición de personas como práctica de terror de Estado. A la vez advirtieron sobre las implicancias y el impacto que la misma tenía sobre cientos de argentinos que portaban también la ciudadanía italiana.
A fines de enero de 1979, Marta Vásquez y Chela Mignone, junto a otros integrantes de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, participaron de la postergada reunión de la CELAM. Elaboraron un comunicado en el que exhortaban a que la Conferencia se expida sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos en Argentina, y en particular, sobre la desaparición de personas. Tras varias negociaciones internas los obispos respondieron con un mensaje que fue visto por los militantes por los derechos humanos como un gesto sumamente favorable: “La iglesia católica asume la defensa de los derechos humanos y otorga su solidaridad a todos lo que luchan a su favor.”26 Este pronunciamiento escueto de la CELAM les permitió a las Madres que Juan Pablo II se interesase en el tema, y que tan solo unos meses después, exhortase en su homilía de la Plaza San Pedro, al gobierno argentino a que dé respuesta a quienes sufren diariamente por la desaparición de sus seres queridos. Con unas pocas excepciones, como la de los obispos progresistas Jorge Novack, Jaime De Nevares y Miguel Hessayne, las madres, hasta ese momento, las Madres nunca habían logrado que la cúpula de la Iglesia católica a nivel local se expidiese en su favor. Pero la construcción paciente de las distintas relaciones a nivel internacional les permitió abordar directamente a las más altas jerarquías eclesiásticas y conseguir nuevos y mayores apoyos.27

La llegada de la CIDH y los cambios en la visibilidad de la represión estatal

Entre 1976 y 1979 había existido entre las Fuerzas Armadas un acuerdo para mantener ocultas las formas represivas con las que se llevó a cabo la “lucha antisubversiva”. Sin embargo, a partir de que la magnitud de la violencia estatal empezó a conocerse en el extranjero, los miembros de la Junta comenzaron a creer que tal vez sería más conveniente justificar mejor sus acciones frente a los organismos internacionales de derechos humanos. Un sector, el de los “clausuristas” pensaba que se debía acabar con los rumores sobre la desaparición de personas y “blanquear” la cuestión reconociendo la existencia de algunos “excesos” cometidos en el marco de una “guerra justa” contra la “subversión” (Canelo, 2008:134). Esta posición podría ser sustentada si se ofrecían algunos registros sobre las personas “ausentes”, presas o expulsadas del país y tenía por objetivo frenar la erosión del poder militar. Otro sector, el de los “duros”, por su parte, proponía insistir con la inevitabilidad de tener que darle un escarmiento a la “subversión”, colocándola como la responsable directa de la espiral de violencia desatada en el país. Una versión de los hechos que se seguiría sosteniendo sin dar mayores detalles sobre el destino de las personas asesinadas.
Estas tribulaciones internas devinieron en un nuevo decreto-ley que sustentaba que ante la desaparición de una persona por más de dos años debía declarársela ausente por presunto fallecimiento. Una normativa que generó gran malestar entre los activistas del movimiento de derechos humanos a nivel local y a nivel internacional. Mientras algunos sectores percibían que este era el modo que había encontrado el gobierno para aligerar sus responsabilidades frente a las desapariciones; otros, como el de las Madres de Plaza de Mayo, insistían en que estas muertes no debían ser encuadradas como simples ausencias o fallecimientos porque habían sido provocadas por medio de actos violentos perpetrados por las fuerzas estatales. Para sustentar con nuevos apoyos políticos sus posiciones, las Madres aceptaron, a mediados de 1979, una invitación de Amnesty International. Nora Cortiñas, Chela Mignone y María del Rosario Cerruti participaron de una reunión clave en la que debatieron con varios juristas y otros activistas de derechos humanos la presunción de fallecimiento propuesta por el régimen militar argentino y su perspectiva respecto a la desaparición de personas.
Fue en este marco que la CIDH puso fecha para concretar su visita al extremo sur del continente. Sin embargo, para los jefes militares argentinos formados al calor de la Guerra Fría, resultaba impensado que un organismo de la OEA, sustentado por los Estados Unidos, pudiese condenar la “justa” lucha que habían llevado a cabo contra la “subversión”. Tampoco era imaginable para ellos una opinión pública mundial masiva tendiente a la institucionalización del discurso de los derechos humanos. Por su parte, para las Madres de Plaza de Mayo, como para otros organismos que venían desde hacía más de un año construyendo la posibilidad de que esta visita se efectivice, no hubo mayores sorpresas por lo que se abocaron rápidamente a organizar las numerosas denuncias que habían logrado reunir.
Se decidió que fuese la APDH la encargada de centralizar la información que luego se le entregaría a la Comisión. Esto fue así porque la APDH había desarrollado contactos con distintas provincias del país y porque contaban entre sus registros con testimonios de familiares y de personas que habían estado secuestradas en los centros clandestinos de detención.
Entre los distintos organismos de derechos humanos que se darían cita frente a los miembros de la CIDH se discutía si se debía poner o no a disposición de la Comisión todos los testimonios existentes o solo aquellos que contasen con materiales probatorios adicionales.28 Mientras los miembros de la APDH se inclinaron por esta segunda opción, las Madres consideraban necesario revelar todo lo que habían reunido hasta ese momento. Las Madres aventuraban el impacto político que podrían tener estas masivas acciones de denuncia al mostrar la desesperación y angustia de los familiares y el alcance de la represión en distintas regiones del país. La discusión sobre este punto fue tan concluyente que en un breve plazo se precipitó la separación de algunos miembros de la APDH que no deseaban confrontar abiertamente con el gobierno. De hecho, fueron estas diferencias las que llevaron a la formación un tiempo después de un nuevo organismo de derechos humanos como el CELS que proponía una lógica de denuncia local e internacional junto a la profesionalización de sus abogados en torno al tema de las desapariciones de personas por motivos políticos.29
Para recibir a la CIDH se llegó a un acuerdo que consistía en que cada familia u organismo pudiese aportar todos los materiales necesarios para acreditar la solidez correspondiente a cada uno de los casos con el fin de que el gobierno no pudiese recusar su responsabilidad en ninguno de ellos. La Comisión dispuso de sus oficinas en la avenida de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y en ellas se congregaron miles de personas en larguísimas colas que visibilizaron una vez más el problema que se estaba tratando de ocultar desde hacía más de tres años.
Alrededor de 150 madres fueron recibidas en privado por los miembros de la Comisión, lo que marcó un revelador reconocimiento a su trayectoria de lucha. En ese encuentro donde tomó la palabra inicialmente Hebe de Bonafini, describió a los miembros de la CIDH qué era el grupo de las Madres de Plaza de Mayo y qué actividades desarrollaba. También habló Elida Galetti y fundamentó conceptualmente que significaba la figura de la persona detenida-desaparecida. En sus propias palabras:

La experiencia que nos dio esta lucha diaria, menuda en sus logros, nos hizo madurar. Comprendimos que cada caso era todos los casos, que de lo individual debíamos pasar a lo genérico. Si todos los casos tenían connotaciones similares podía llegar a darse una definición de lo que era un desaparecido. Es tan nueva esa acepción de la palabra que al usarla la entrecomillamos. Urge pues precisar el trozo de realidad que se cubrió con este nuevo uso del término desaparecidos. Y pasar ahora de la norma al sistema”.30

La intervención de Elida puso en evidencia el proceso por el que había pasado este grupo de mujeres a la hora de construir sus propias ideas sobre la desaparición de personas. Develaron que la construcción político-colectiva las llevó a transformar el problema de la desaparición de sus hijos e hijas de un plano individual a un plano colectivo más amplio y político de ataque al conjunto de la sociedad. Las Madres le solicitaron a la CIDH el compromiso de esclarecimiento de cada uno de los casos presentados para que sin perder la especificidad conformen entre todos, una denuncia potente articulada en numerosas porciones. La estrategia del gobierno argentino sería por su parte negar la situación a nivel individual a la vez que torcer las pretensiones de una demanda colectiva.
La Comisión recibió un número total de denuncias que ascendió a la espectacular cifra de 5.580. De este total fueron completamente nuevas 4.153 pues el resto remitían a casos que habían sido registrados oficialmente por el organismo antes de su llegada al país.
La actividad de los grupos de derechos humanos fue incesante y se desplegó a través de múltiples acciones en donde se canalizaron las necesidades de los diversos sectores implicados. Un enjambre de prácticas que permitió socializar los problemas que de una u otra manera cada familia tenía, así como dejar atrás la sensación de impotencia e impunidad. Las Madres, los familiares y otros militantes organizados en el movimiento de derechos humanos dieron sobradas muestras ante la CIDH de su capacidad de coordinación y organización colectiva y del aprovechamiento que hicieron de esta visita para visibilizar sus problemáticas.
Al fin de su paso por la Argentina la CIDH confeccionó un escrito que entregó a la Junta Militar y que llamó “recomendaciones preliminares”. En ellas puso de manifiesto las indagaciones recabadas sobre la variedad y amplitud de las prácticas represivas como los secuestros, las torturas y los asesinatos por parte de agentes estatales. Tras las “recomendaciones”, las Madres lograron que el parlamento europeo repudie la represión en la Argentina.
La llegada de la CIDH, y sobre todo el trabajo que los organismos hicieron para presentar las denuncias, marcaron un antes y un después en la lucha contra el gobierno militar, así como un nuevo saber sobre las posibilidades que ofrecía la ayuda internacional. La relación entre los aspectos ocultos y visibles de la represión, una dialéctica que había tenido por objetivo central no afectar de modo directo la legitimidad del Estado represor, se vio modificada a partir de este momento. Y fue el activismo de los derechos humanos que alteró esta ecuación tornando cada vez más visible lo que hasta allí se había procurado mantener oculto. La visibilización de los factores más represivos en estos informes públicos internacionales incrementó la prédica y la escucha de los organismos de derechos humanos a nivel local e internacional. Si anteriormente la violencia había sido instalada con cierta trasparencia pues su relativa exhibición ayudaba a atemorizar al conjunto social, ahora su constatación por un organismo veedor, además de ratificar y dar veracidad a las denuncias de los familiares, se convertía en uno de los recursos centrales que atentaban contra la legitimidad del régimen militar mismo.

El prisma ofrecido por las redes de solidaridad

Sobre esta nueva base de conocimiento sobre el fenómeno social y político que el régimen denominaba “subversión” se produjo un reforzamiento del valor de la palabra de las Madres y del resto de los organismos de derechos humanos. Fue en ese marco que, a comienzos de los años ochenta, Hebe de Bonafini y María Adela Antokoletz fueron invitadas por la CIDH a la ciudad de Ginebra, donde funcionaba la sede central de la entidad. El propósito era disertar ante un grupo abocado a investigar en profundidad la problemática de los desaparecidos sudamericanos tanto en términos de biografías individuales como de novedad jurídica. Ese momento coincidió con la llegada a Europa de varios sobrevivientes de la ESMA que ofrecían su testimonio sobre lo sucedido en los siniestros lugares de encierro. En esas narrativas se sostenía que la mayoría de las personas que habían estado detenidas clandestinamente habían sido asesinadas un tiempo después. Las Madres, sin embargo, disputaron el sentido político de esta posición. Explicaron que no había elementos para generalizar la idea de que todas las personas desaparecidas estuviesen muertas y que esa mirada impedía luchar por sus vidas. El tema adquirió especial relevancia y comenzó a discutirse entre los integrantes de Amnesty, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y entre los militantes de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) y la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM). Mientras Amnesty y CADHU, colocaban el énfasis en el asesinato de los detenidos-desaparecidos; la CIJ, la FIDH y el COSOFAM se inclinaban por interrogarse sobre las implicancias de esta nueva figura de la desaparición en términos político-jurídicos. Las discusiones sobre este punto fueron el preludio del debate que tuvo lugar unos pocos años después, cuando en el derecho internacional se acogió la figura de la desaparición forzada como crimen específico de lesa humanidad de carácter imprescriptible: “El problema de la desaparición es justamente que nunca cesa porque la persona permanece ausente para siempre y no cambia su estatus a excepción de que se hallen sus restos humanos”.31 Esos intercambios trasladaron al plano jurídico por medio de la figura de la desaparición forzada, los sentidos construidos previamente en el plano de la lucha política (Gorini, 2015: 345).
Estos intercambios se profundizaron en encuentros posteriores, por ejemplo, entre los exiliados latinoamericanos de la ciudad de New York que se nucleaban en el Union Theological Seminary, una organización cristiana independiente y no confesional, sumamente reconocida como el bastión de la erudición progresista de esta rama religiosa. Las Madres expusieron en esa ocasión también sus argumentos. Pero entre ellas había diferencias.32 Chela Mignone, por ejemplo, cercana a las posiciones del CELS, sostuvo que creía que los desaparecidos estaban muertos y que reconocerlo permitiría al conjunto de los familiares iniciar el trabajo de duelo que hasta allí se había visto obligados a postergar. Otras madres sostuvieron, por el contrario, que aceptar la muerte de los desaparecidos sin reparar en las condiciones que la habían producido llevaba a soslayar la responsabilidad que el Estado tenía en cada una de ellas. En sus propios términos entendían la aceptación de la muerte de sus hijas e hijos como una claudicación política que se reforzada y se actualizaba permanentemente en la negativa del Estado a brindar cualquier tipo de información fidedigna. La consigna de “Aparición con vida” surgida en los inicios de la década del ochenta expresó de hecho el reclamo por la vida de las personas desaparecidas y la denuncia del Estado por decretar la muerte jurídica sin exponer las razones políticas de las mismas, y por ocultar, además, los cuerpos como prueba de tales delitos (Sonderéguer, 1985; Jelin, 1995).
Las redes transnacionales volvieron a dar prueba de su productividad cuando a mediados de 1980 distintas mujeres residentes de los Países Bajos entregaron a las Madres de Plaza de Mayo un capital que les permitió adquirir el primer espacio para funcionar como grupo. Explica Hebe de Bonafini que fue recién a partir de ese momento que pudieron contar con un sitio autónomo para desarrollar sus actividades políticas: “Antes, siempre en la calle. Todos los organismos tenían casa menos nosotras, porque había miedo de comprarla, había miedo de que… eras más vulnerable teniendo una casa”.33 Y fue también ese momento cuando se comenzó a rumorear que las Madres podrían ser nominadas al premio Nobel de la Paz.34
Para noviembre de ese mismo año se celebró en Washington la Asamblea General de la OEA que debía expedirse sobre el informe de la CIDH. El mismo contaba con más de 300 páginas y colocaba en el centro del análisis la responsabilidad del Estado frente a la generalización de las detenciones arbitrarias en las cárceles del sistema penitenciario federal y provincial, las prácticas de torturas y un sin fin de desapariciones de cuantiosas personas. El escrito construía algunas pocas evidencias sobre las formas clandestinas del funcionamiento del accionar represivo. Lo que la CIDH diagnosticaba no se transformaba, sin embargo, en una orden coactiva de cumplimiento para sus Estados miembros sino más bien en un señalamiento u observancia política. En este sentido, su efectividad estaba centrada en la capacidad de modificar las condiciones que dieron origen a tales denuncias y en hacer valer los derechos que en teoría velaban estos sistemas de protección (Abramovich, 2009).
Para la sesión en la que se iba a tratar el caso argentino fueron invitadas distintas mujeres del grupo de Madres y Abuelas, así como integrantes de Familiares, Emilio Mignone por el CELS y Graciela Fernández Meijide y José María Sarraybarouse por la APDH. Las Madres antes de que comenzase la sesión visitaron las oficinas de las embajadas de los países latinoamericanos con el propósito de lograr un compromiso de condena hacia el gobierno argentino. La delegación norteamericana presentó un proyecto en el que proponía individualizar los nombres de aquellos países en los que los derechos humanos habían sido o estaban siendo violados. El gobierno militar argentino, por su parte, a través del embajador Raúl Quijano, amenazó con retirarse de la sesión si se emitía una condena, sosteniendo que la OEA “debe ser un foro para promover la cooperación entre nuestros países y no un campo de confrontación”.35
La prédica de las Madres de Plaza de Mayo y la de otros organismos de derechos humanos junto a la gestión mediadora de algunos países latinoamericanos en la Asamblea no alcanzó sin embargo para lograr un pronunciamiento contra las violaciones a los derechos humanos descriptas en el informe. De hecho, solo consiguieron una recomendación para que el gobierno argentino se viese obligado a tomar recaudos frente a lo que fueron caracterizados como numerosos excesos represivos. Naturalmente lo que sucedió no conformó a nadie. Ni a los organismos de Derechos Humanos ni al gobierno militar que, a pesar de la benevolencia del organismo se sintió profundamente amenazado.
El régimen militar, sin embargo, advirtió la importancia de estas redes de solidaridad internacional al punto del reforzamiento de una diplomacia agresiva contra la ONU y contra otros organismos que integraban el sistema del derecho internacional de derechos humanos. En orden a la prédica y militancia de los exiliados y a todas las denuncias vertidas en el plano mundial tampoco debe soslayarse el accionar clandestino de las fuerzas armadas organizado en el exterior como, por ejemplo, el del Centro Piloto de París (Franco, 2008), muy importante pero no el único.
A comienzos de 1981 con el recambio presidencial en favor de Roberto Eduardo Viola y con la nueva administración de Ronald Reagan en los Estados Unidos, quienes habían cumplido roles o habían desarrollado acciones en favor de las víctimas de las dictaduras latinoamericanas comenzaron a abandonar sus cargos. Este fue el caso de Patricia Derian que, sin embargo, siguió en contacto con las Madres de Plaza de Mayo y con otros familiares. Derian de hecho conformó un grupo político interesado en trabajar por la recuperación del Estado de Derecho en la Argentina y promovió que las Madres recibieran ese mismo año el premio “Por la verdad y la Justicia” otorgado por The Rothko Chapel deHouston en Texas, como parte de un reconocimiento a su lucha incansable.36
Al cumplirse cuatro aniversarios de la primera ronda en la Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1981, las Madres recibieron adhesiones de numerosas personalidades de Estados Unidos, de Europa y de otros países de Latinoamérica. Y lograron congregar a más de cuatro mil personas en la plaza. Entre quienes estaban presentes se destacan el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la esposa del ex primer ministro holandés, Liesbeth den Ugl, presidenta de la Fundación Argentino Holandesa de Solidaridad que había ayudado a las Madres en distintas oportunidades. Tras la movilización las madres de los desaparecidos ofrecieron una conferencia de prensa que logró amplias repercusiones a nivel mundial.
A comienzos de 1983, ya con un amplio recorrido y reconocimiento en la opinión pública internacional y en los foros y organismos de derechos humanos, las Madres, no obstante, volvieron a llevar sus reclamos a Europa. En esta oportunidad fueron recibidas por el primer ministro de España, Felipe González, y por los presidentes de Francia e Italia, Francois Mitterrand y Mario Pertini, respectivamente. Los exiliados de ambos países impulsaron en honor a su recibimiento distintas movilizaciones frente a las embajadas argentinas de ambos países. Estos apoyos les abrieron nuevas posibilidades para verse con parlamentarios italianos y con dirigentes de las centrales obreras con el fin de seguir amplificando su prédica. Las Madres lograron en esa oportunidad, el tan anhelado encuentro en la ciudad de Roma con el papa Juan Pablo II. Allí le reclamaron que la iglesia Católica “haga más por los desaparecidos”.
Las distintas redes y alianzas construidas garantizaron que la denuncia que se desplegó en el plano internacional se convirtiese en la herramienta más eficaz para debilitar al régimen militar, y tal como afirma Evel de Petrini, en una garantía para sus propias vidas: “Las Madres seguimos considerando hasta el día de hoy que le debemos la vida a la solidaridad internacional”.37

Conclusiones

El grupo de madres de desaparecidos ocupó bajo la última dictadura militar el espacio público y político más significativo de la historia argentina: la plaza de Mayo. Se atrevió a transgredir la figura del Estado de Sitio marchando alrededor de la pirámide situada en el centro del predio. Estas mujeres transformaron su duelo privado en un duelo público y de carácter fuertemente político. Emplearon sus cuerpos para representar a sus seres queridos muertos y desplegaron distintos soportes visuales como el de los pañuelos primero y el de las fotos y siluetas en papel o cartón después para construir sus iconografías y establecer sus propias versiones de la historia que el Estado intentaba ocultar.
Las Madres de la plaza estimularon por medio de una serie de estrategias políticas novedosas distintas formas participativas que se expresaron en marchas, manifestaciones, consignas, cánticos, elaboración y difusión de materiales y en la intervención en numerosos debates en distintos espacios públicos (Kaplan, 2004). Estas formas novedosas se expresaron también en la participación en la construcción de redes transnacionales de denuncia y de solidaridad que contribuyeron tanto a instaurar como a amplificar su propio accionar. En ese marco apelaron a cuanto vínculo tuvieron acceso para colocar en la agenda de los foros internacionales sus demandas y la voz de los afectados por la represión política. El contacto con eclesiásticos, intelectuales, artistas, científicos, parlamentarios, integrantes de organismos defensores de los derechos humanos o de agencias veedoras y también de abogados especializados tuvo consecuencias reparatorias a nivel simbólico. Por un lado, porque a partir de las múltiples presiones políticas lograron quebrar la impunidad del régimen militar, movilizando apoyos y consiguiendo distintos compromisos políticos, y por otro, porque contribuyó a estimular una jurisprudencia internacional atenta a la problemática de los derechos humanos.
Ya en la etapa del Estado de derecho y con el gobierno de Raúl Afonsín, las Madres no quisieron abandonar tampoco sus campañas de denuncia. Seguían creyendo que era necesario saber la verdad sobre lo que había sucedido con el asesinato de sus hijos e hijas por parte de las fuerzas estatales. Allí vieron la posibilidad de que se concretara el juicio y castigo para los responsables de estas muertes y desapariciones de los cuerpos (Sondéreguer, 1985, Brysk, 1994). Sus distintos gestos de creatividad transformaron los modos de hacer política en la Argentina y por medio de las alianzas construidas con otras mujeres también protagonistas de la escena local, como las feministas, las piqueteras o las madres del dolor y del gatillo fácil, inauguraron patrones de resistencia, muchos perdurables en la actualidad.
Guadalupe Basualdo en su indagación sobre el CELS demostró que el derecho internacional de los derechos humanos puede ser utilizado por los grupos subalternos en favor de sus propias causas. Margaret Keck y Kathryn Sikkink señalaron que el concepto de redes transnacionales sirve para comprender también los cambios suscitados en los últimos 50 años en la esfera política mundial donde tiene mayor preeminencia la agencia de los individuos y sus interacciones con los Estados. El conjunto de acciones desarrolladas específicamente por el grupo de Madres de Plaza de Mayo revela en los términos de Temma Kaplan, hasta qué punto el género contribuyó y contribuye a reformular los repertorios políticos de la sociedad civil. Una visión que, apoyada en la perspectiva que ofrece la cultura política de las mujeres, no resulta tan sólo una oportunidad para apropiarse del legado de las investigaciones feministas sino también de la necesidad de revertir el desmembramiento existente entre las indagaciones políticas y las indagaciones de género.

NOTAS

1 Distintas investigaciones repasaron para el caso argentino este derrotero y retomaron este debate. Entre algunas de ellas: Barros y Morales (2017), Barros (2010), Alonso (2006a, 2008), Leis (1989), Cheresky (1987), Bruno et al. (Comps.) (1985), entre otros.

2 Otros autores subrayan, para el caso argentino, la importancia antes del golpe de Estado de 1976 de los derechos humanos como factor de movilización entre los sectores de la izquierda peronista y marxista. Ver Chama(2012) y Eidelman (2008). Copello (2016) señala, en particular, que la “nueva izquierda” ya no percibe como un retroceso o concesión la lucha por las formas legales de la democracia, sino por el contrario, entiende que su defensa coadyuva con los procesos de emancipación social en curso.

3 Para un debate sobre los regímenes de memoria que se consolidaron durante la etapa democrática abierta en 1983, ver además Messina (2014), Ruiz (2011), Sonderéguer (2001), Rabotnikof (2007), Lesgart (2006), Alonso (2006b), entre otros.

4 Keck y Sikkink (1998) reconocen la existencia de redes transnacionales precursoras como las surgidas en torno a los movimientos antiesclavistas y pro-sufragio femenino de mediados y fines de siglo XIX en Estados Unidos y Europa respectivamente, y otras propias del siglo XX, posteriores a las de denuncia por violaciones a los derechos humanos, como es el caso de la de los ambientalistas en los años ochenta y de las mujeres contra la violencia de género surgidas en los años noventa.

5 Si bien este texto se enfoca en la experiencia del grupo de madres nucleadas en Buenos Aires, no ignoramos la construcción de un movimiento de derechos humanos y dentro de él de grupos específicos de madres de desaparecidos en distintos escenarios del país, así como tampoco la trama de relaciones políticas que lo posibilitó. Remitimos, por ejemplo, a los estudios realizados en Córdoba (Solís, 2014), La Pampa (Morales, 2010), Tucumán (Kotler, 2006, 2008), Santa Fe (Scocco, 2016; Viano, 2008), entre otros.

6 Ver este proceso en Las Manos de las Madres. Un documento histórico (2011).

7 Entrevista a Evel de Petrini (enero de 2018).

8 Ver entrevista a Nora Cortiñas en Sigal (2006: 331).

9 Las Madres y otros organismos de derechos humanos se organizaron independientemente de los partidos políticos. Sin embargo, no debe soslayarse la existencia de vínculos con los partidos de izquierda como en el caso del Partido Comunista, Vanguardia Comunista, Palabra Obrera y el Partido Socialista de los Trabajadores u otras agrupaciones político-militares que tuvieron actuación en el exilio como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Montoneros y el Peronismo Revolucionario. Los exiliados políticos organizados en Europa y América del Norte conformaron uno de los motores más dinámicos y de contacto periódico con los organismos de derechos humanos a nivel local. Exiliados y exabogados defensores de presos políticos que jugaron un rol clave en esa conexión y en la constitución de redes de solidaridad. La Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) y la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) son expresión de ello. Un texto que pondera el papel de la izquierda peronista y marxista en la formación de los grupos de derechos humanos es el de Alonso (2017).

10 Si bien no se examina en este trabajo, no debe soslayarse el aporte que hizo el grupo de las Abuelas de Plaza de Mayo a la construcción de redes internacionales de solidaridad. Ellas estrecharon lazos con Amnesty Internacional, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos para los Países del Cono Sur (CLAMOR), la CIDH, la OEA, y ya en democracia, con los científicos de la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia para localizar, identificar y restituir a los nietos y nietas apropiados a sus familias legítimas. Ver testimonio de Rosa Rosinblit en Taiana (2007).

11 Clave para comprender la importancia de la Plaza de Mayo como centro simbólico del poder, lugar de memorias, festejos colectivos y manifestaciones plurales es el libro de Sigal (2006), especialmente pp. 323-341.

12 Ver Graciela Di Marco, “Entrevista a Hebe de Bonafini”, UNSAM. Disponible en [http://www.unsam.edu.ar/escuelas/posgrado/centro_educ/bonafini.pdf].

13 Ídem. Ver también reportaje a Hebe de Bonafini en Margulis (2001), versión electrónica en [http://www.ayeshalibros.com.ar].

14 Ver “Consejo de asuntos hemisféricos: Argentina, el más ‘flagrante violador’ de derechos humanos”, El Universal, Distrito Federal, 27.12.1977, disponible en [http://www.unla.edu.ar/greenstone/collect/archived/index/assoc/HASH017b/87652d4e.dir/doc.pdf].

15 Un análisis sobre la red solidaria construida entre académicos, activistas políticos y líderes religiosos en Estados Unidos, que estimuló una nueva sensibilidad hacia los derechos humanos y organizó la presión para implementar los programas especiales de refugiados para chilenos y argentinos puede rastrearse en Calandra (2010); ver también Rama (2017).

16 Carta dirigida a Andrés Aguilar, presidente de la CIDH. Archivo EFM, Correspondencia.

17 Ver el rol de la OEA en Milet (2004).

18 Ver “Por una Navidad en Paz. Solo pedimos la verdad”, La Nación, Buenos Aires, 10.12.1977. Ver, además, este tema en Zucco de Bellochio (2009).

19 Ver la fotografía en [https://www.vn.nl/waarom-hans-jorritsma-de-zilveren-wk-medaille-van-videla-niet-wilde/]. También dio difusión de la noticia el Buenos Aires Herald,un prestigioso diario de origen sajón que, desde los comienzos del régimen militar, se destacó por ofrecer en sus páginas información sobre secuestros y detenciones en Argentina, bajo riesgo de ser clausurado. Ver “Robert Cox, director del Buenos Aires Herald durante los años de plomo. Las notas del ‘Herald’ salvaron vidas humanas”, Página 12,Buenos Aires, 14.05.2001.

20 Para un análisis sobre la vigilancia de los organismos de inteligencia sobre el movimiento de derechos humanos ver D´Antonio (2017).

21 Entre otras iniciativas vale la pena recordar el COBA (Comité para el Boicot de la Copa Mundial de Fútbol) creado por exiliados en Francia y que tuvo por objetivo central denunciar cómo la Junta utilizaba el evento deportivo como instrumento de propaganda política para ocultar la brutal represión. Ver testimonio de Louis Joinet en Taiana (2007) y también Franco (2008).

22 Ver “Carta al CELAM”, 12.09.1978, Archivo Personal Emilio Mignone, CELS.

23 Ver “Solicitud de financiamiento para viaje y estadía en Puebla (México)”, Archivo Histórico de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.

24 Entrevista a Evel de Petrini (enero de 2018). Evel recuerda que en Holanda fueron alrededor de 30 las mujeres que desarrollaron tareas de solidaridad con los exiliados y con los familiares de personas desaparecidas de la Argentina.

25 Una lectura sobre el rol activo de los organismos ante la visita de la CIDH se puede ver en D´Antonio (2010).

26 Declaración de la Conferencia Episcopal Latinoamericana Puebla, 1.02.1979.

27 Otros casos de solidaridad internacional por fuera de la iglesia católica lo constituyen la Ayuda de las Iglesias Libres de Suecia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), una organización de iglesias cristianas y protestantes y el Consejo Mundial de Iglesia (CMI), un organismo que vinculaba iglesias evangélicas y ortodoxas y la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) formado por grupos evangélicos y protestantes. Todas estas organizaciones se ocuparon activamente de la defensa de los derechos humanos en América Latina, y en especial de la asistencia legal y material a los refugiados chilenos en Argentina a partir del 11 de septiembre de 1973, tras el golpe del general Augusto Pinochet. Estas instituciones colaboraban con las Madres y con otras agrupaciones para ayudar a los presos políticos argentinos y a sus familiares (testimonio de Enrique Pochat en Taiana, 2007).

28 Es importante señalar que, por atribuciones de pactos, tratados y convenciones cualquier persona o grupo de personas tenía potestad, una vez agotadas las vías internas de la justicia local, de presentar ante este organismo una presunta denuncia por violaciones a los derechos humanos fundamentales. Por lo que la existencia de estos mecanismos preexistentes y su utilización en su favor fueron vitales para los miembros de organismos de derechos humanos locales.

29 La creación formal del CELS fue recién el 14.03.1980 (cf. Bruschtein, 2002). Guadalupe Basualdo (2011) sostiene que junto con el litigio de casos individuales otro de los objetivos primarios del CELS fue la construcción de redes de apoyo y de denuncia a nivel internacional.

30 Intervención de Elida Galetti, tomada de Gorini (2015: 320).

31 Entrevista a Nora Cortiñas (diciembre de 2017).

32 De hecho, estas diferencias se volverían a expresar años más tarde, cuando el grupo se dividió en dos y surgieron la Asociación y la Línea Fundadora.

33 Graciela Di Marco, “Entrevista a Hebe de Bonafini”, UNSAM, p. 4. Ver [http://www.unsam.edu.ar/escuelas/posgrado/centro_educ/bonafini.pdf].

34 El premio Nobel no quedó finalmente en manos de las Madres de Plaza de Mayo, y fue otorgado a un hombre vinculado a sectores de la iglesia católica sensible a la problemática de las violaciones a los derechos humanos como es el caso de Adolfo Pérez Esquivel que integraba el SERPAJ (1974) un movimiento de inspiración cristiana y ecuménica.

35 “OEA: La Resolución no condena, pero nombra a Argentina”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 28.11.1980.

36 La capilla es un espacio dedicado al ecumenismo y a celebrar ceremonias religiosas de cualquier credo y actividades en defensa de los derechos civiles, de la justicia y de la libertad en todo el mundo. En 1981 se instituyeron los Premios Capilla Rothko de Compromiso con la Verdad y la Libertad y fueron las Madres las primeras en recibirlo.

37 Entrevista a Evel de Petrini (enero de 2018).

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