ARTÍCULOS ORIGINALES

Promover el bienestar rural. Los extensionistas del INTA en el terreno (1956-1980)

 

Alejandra de Arce*
Alejandra Salomón**

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR-UNQ). Buenos Aires, Argentina. aledearce@gmail.com
** Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR-UNQ). Buenos Aires, Argentina. alejandralaurasalomon@gmail.com

RECIBIDO: 07/09/2018
APROBADO: 25/10/2018

 

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RESUMEN

Tras su creación en 1956, el INTA fue una de las principales instituciones que gestionaron el bienestar de las familias rurales, evidenciando líneas de continuidad con políticas gubernamentales anteriores. La documentación de los primeros años sugiere cierta porosidad institucional resultante de las dificultades de los extensionistas en su práctica cotidiana, así como de la influencia de sus propios valores y saberes y de su disposición a efectuar intercambios con las comunidades locales. Todo indica que existía iniciativa y relativo margen de autonomía en las periferias sociales y geográficas respecto del centro metropolitano. En esta dirección, miraremos al INTA “desde adentro”, con el foco puesto en los extensionistas, actores difusamente visibilizados por la literatura.

Palabras clave: Extensión rural; Argentina; Políticas públicas; Técnicos.

ABSTRACT

After its creation in 1956, INTA was one of the main institutions that managed the welfare of rural families, evidencing lines of continuity with previous government policies. The documentation of the first years suggests a certain institutional porosity resulting from the difficulties of extension workers in their daily practice, as well as the influence of their own values and knowledge and their willingness to carry out exchanges with local communities. Everything indicates that there was initiative and relative margin of autonomy in the social and geographical peripheries with respect to the metropolitan center. In this direction, we will look at INTA “from within”, with the focus on extension agents, actors diffusely visualized by literature.

Keywords: Rural extension; Argentina; Public politics; Technicians.

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Introducción

En la Argentina, la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1956 tuvo por objetivo el impulso de la investigación y la extensión agropecuaria, para acelerar  la  tecnificación y mejorar la empresa agraria y la vida rural. Supeditadas al interés por la transferencia tecnológica y la modernización de las prácticas productivas que realizaban las Estaciones Experimentales Agropecuarias, las Agencias de Extensión Rural, distribuidas en todo el territorio nacional atendían las necesidades de los productores. De este modo, en las primeras décadas, el Servicio de Extensión Agropecuaria se fortaleció, instituyéndose como una herramienta que, con singulares esquemas teóricos y metodológicos, trabajó para generar condiciones culturales, sociales y económicas favorables al desarrollo de la comunidad.  El INTA puede ser considerado, entonces, como una de las principales instituciones que gestionaron en bienestar rural, evidenciando líneas de continuidad con políticas de este tipo implementadas por el Ministerio de Agricultura de la Nación (MAN).
La extensión en tanto dimensión social de las políticas agrarias asumió un papel importante dentro del INTA, aunque subordinado a la centralidad de la investigación y su enfoque productivista. Pretendía acortar la distancia entre el Estado y los productores y sus familias, a través de la asistencia educacional técnica y cultural. De estas labores –que antes habían correspondido a la Dirección de Enseñanza Extensiva del MAN– se ocuparon principalmente ingenieros agrónomos, tanto hombres como mujeres.¹ Durante las primeras décadas, recordada por la propia institución como una “etapa dorada”, primó una matriz de intervención estatal regional y descentralizada destinada a las familias rurales de “clase media” y sus comunidades. Dicha matriz comenzó a modificarse hacia los años ochenta, cuando la difusión del neoliberalismo y el quiebre de la estructura social rural desencadenaron debates sobre la necesidad de reconversión de la institución oficial. Bajo las ideas complementariedad público-privada y focalización cambió la modalidad de intervención, orientada a los pequeños productores y sectores más pobres de áreas rurales y periurbanas.
Sobre la extensión rural protagonizada por el INTA se han escrito varios trabajos. Algunos se han ocupado de descomponer los orígenes de la institución, sus antecedentes e influencias extranjeras (Losada, 2003, 2005; León y Losada, 2002). Otros, más interesados por los cambios y continuidades, han abordado la modificación de los contenidos y enfoques de las agendas a lo largo del tiempo en relación con los paradigmas de desarrollo (Alemany, 2003; Carballo González, 2007; Barrientos, 2008) y con las transformaciones socio-económicas y políticas (Gárgano, 2017). En este sentido, se ha puesto el foco en la trayectoria institucional del INTA y su impacto en la conflictiva relación entre las funciones de investigación y extensión (Frank y Torrado, 2006; Albornoz, 2015). Desde una perspectiva simbólica se ha incursionado en la tensión que generó dentro del INTA la introducción de lógicas mercantiles a mediados de los 70 dentro de la primigenia lógica burocrático-estatal, en cuanto a relaciones sociales y prácticas materiales (Calandra, 2009). Por otra parte, un análisis de las políticas extensionistas dirigidas específicamente hacia jóvenes y mujeres rurales demuestra el papel asumido por los clubes “Hogar Rural” y “4 A” (Gutiérrez, 2013 y 2014; Ivickas Magallán, 2016), en tanto que publicaciones oficiales han destacado sus contribuciones con una mirada uniforme y “desde arriba”.
Estos valiosos aportes han permitido comprender la institucionalización de la extensión rural así como la contextualización de sus objetivos y diseño de actividades dentro de los imaginarios vigentes. Sin embargo, la bibliografía nos dice muy poco sobre la etapa de implementación de las políticas públicas, al primar un enfoque panorámico que, centrado en la cúpula dirigente y en la diagramación de las agendas por parte de la agencia central (ubicada en Buenos Aires), no profundiza la dimensión de las prácticas concretas y el rol de los técnicos extensionistas, eslabones clave para la concreción de los fines de una entidad descentralizada. Por un lado, se suele asumir la existencia de una relación lineal entre la voluntad central y su materialización, adjudicando acríticamente uniformidad y regularidad al accionar del INTA en orientación y resultados. Por otro, del corpus de textos se desprende que la ejecución de las políticas estaba en manos de extensionistas pasivos, subordinados e imparciales, que las llevaban a cabo “al pie de la letra”.
Por el contrario, la documentación institucional de los primeros años sugiere cierta porosidad institucional resultante de las dificultades a las que debieron enfrentar los técnicos en su experiencia práctica cotidiana, así como de la influencia de sus propios valores y saberes y de su disposición a efectuar intercambios con las comunidades locales. Todo indica que existía iniciativa y relativo margen de autonomía de funcionarios ubicados en las periferias sociales y geográficas respecto del centro metropolitano. En esta dirección, miraremos al INTA “desde adentro”, con el foco puesto en los extensionistas, actores que pese a ser los efectivos ejecutores de las políticas públicas fueron difusamente visibilizados por la literatura. En base a fuentes institucionales (memorias técnicas, informes de trabajo, resoluciones, publicaciones periódicas, etc.), atenderemos a sus trayectorias formativas, saberes, rutinas laborales y procesos cotidianos de toma de decisiones, para responder dos grandes cuestiones. Por un lado, quiénes eran, cuáles eran sus visiones sobre la situación social del campo y qué alternativas de solución planteaban. Por otro, cuáles eran sus modalidades concretas de intervención, qué recursos disponían y con qué oportunidades y dificultades se encontraron. Para reconstruir la acción de los técnicos, señalaremos primero la valorización de su función en la educación extensiva durante la primera mitad del siglo XX y luego el espacio asignado dentro del organigrama y principios ideológicos (ligados al “desarrollo de la comunidad”) del Servicio de Extensión del INTA en su etapa fundacional.
Para el abordaje de estas temáticas resultan de interés, junto a los trabajos sobre la administración estatal y las políticas públicas (Oszlak y O´Donnell, 1976; Oszlak, 2015 [1977]; Aguilar Villanueva, 1993) y las reflexiones sobre los expertos o técnicos (Neiburg y Plotkin, 2004), cinco propuestas operativas presentadas por Bohoslavsky y Soprano (2010: 23-28). De acuerdo al planteo de estos últimos, el Estado no debe ser considerado como un actor unívoco y auto-consciente puesto que constituye un espacio polifónico. Segundo, es preciso personalizarlo, en el sentido de contemplar las personas que producen y actualizan sus prácticas cotidianas. Tercero, un recorrido de este tipo demanda un análisis tanto macro-social como micro-sociológico de trayectorias y experiencias individuales y grupales. Cuarto, no debe olvidarse que el Estado es el resultado de múltiples presiones, interacciones y tensiones, y no sólo clasistas. Allí intervienen otras lógicas sociales: profesionales, regionales, corporativas, internacionales, de género, partidarias, étnicas, religiosas y nacionales, entre otras. Por último, se trata de descentrar al Estado, desplazando la mirada hacia ámbitos social y/o geográficamente periféricos, para tener una imagen más real de la multiplicidad de rostros estatales. La confluencia de esta serie de lecturas permitirá enriquecer y complejizar las interpretaciones sobre una agencia estatal trascedente para el mundo rural argentino, como es el INTA.

La valorización de la enseñanza extensiva durante la primera mitad del siglo XX

En la Argentina los primeros antecedentes de extensión rural datan de fines del siglo XIX y principios del siguiente. En 1907, el recientemente creado Ministerio de Agricultura de la Nación (1898) organizó el Servicio de Agronomías Regionales (AR) con la finalidad de incorporar y difundir entre los productores saberes técnicos que mejoraran los procesos productivos y favorecieran el arraigo rural. Unos años después, las escuelas agrícolas y las primeras Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) impartían enseñanza formal, práctica y teórica, que se complementaban con las actividades de extensión (Djenderedjian, 2014; Gutiérrez, 2007). En tiempos en que la valorización institucional de las Ciencias Agronómicas y Veterinarias en el seno del sistema universitario fomentaba la incorporación de sus egresados dentro del Estado (Graciano, 2002), fueron éstos quienes se  pusieron al frente de las EEA. Las demandas de cada territorio modelaban las labores de los agrónomos, quienes remitían anualmente informes estadísticos y llamaban la atención sobre el déficit de personal y presupuesto, en tanto que alteraciones constantes en la estructura del Ministerio multiplicaban sus obligaciones en terreno y, consecuentemente, las dificultades.²
La situación del agro en los años treinta potenció el papel de los agrónomos en las funciones técnicas (y también directivas) de la extensión rural. Legitimados por su formación profesional y sus vínculos con las corporaciones agrarias, más ingenieros se incorporaron a las EEA o se volcaron a la educación agraria, en tiempos en que resultó más evidente que la “cuestión social” constituía también un problema rural (Girbal-Blacha, 2011: 76). Aun cuando no existen muchos datos susceptibles de ser comparados a lo largo del tiempo y entre provincias o regiones sobre las condiciones de vida, otras fuentes permiten inferir que el grueso de la población rural vivía en una situación de necesidad. Vale la pena consignar, de modo esquemático, diagnósticos contenidos en algunos de esos documentos, como el que realiza, por ejemplo, el sociólogo rural norteamericano Carl Taylor. En su libro, Rural Life in Argentina, describe el agro argentino y destaca la marcada heterogeneidad social de sus habitantes (en cuanto a vivienda, salud, educación, recreación, transportes, comunicaciones), aunque reconoce que primaba la aceptación del statu quo (Taylor, 1940). La precariedad no habría sido percibida como tal por buena parte de los trabajadores y pequeños productores. Por otro lado, la escasez de indicadores para medir las deficiencias en el medio rural resulta sintomática de que, al menos para los representantes del Estado, el bienestar rural no constituía una preocupación  central.
Así, en medio del predominio de un imaginario gubernamental que planteaba que el crecimiento del país se sustentaba en la urbanización de la vida moderna, trataba los problemas rurales con una lógica urbana y acompasaba la agenda del bienestar social rural con la agenda productiva (Ortiz Bergia y Salomón, 2017), eran los agrónomos quienes alertaban sobre la necesidad de añadir la dimensión social a las políticas agrarias, en especial a través de la educación (Girbal-Blacha, 1992; Graciano, 2002; Gutiérrez, 2007). Por ejemplo, Antonio Verdejo –quien se desempeñara como Inspector de AR– defendía en los años cuarenta la extensión agrícola como “una parte educativa de la ciencia agrícola que difunde entre las familias rurales las mejores y más eficaces prácticas para hacer la vida rural material, cultural y espiritualmente”, a través de múltiples cauces: chacras, calles de los pueblos, reuniones, oficinas, por correspondencia, publicaciones, circulares, etc. Sus ideas respecto del “deber ser” (y las formas de implementación de la extensión) de los agrónomos regionales anticiparon la “filosofía de extensión” del INTA.³
El mayor reconocimiento profesional de los agrónomos dentro del Estado fue acompañado, a partir de principios de 1940, por la desconfianza por parte de los productores rurales. Este cambio de actitud obedece a que la reformulación de políticas agropecuarias llevó a las AR a cumplir funciones de fomento rural, por una parte, y actividades de control y fiscalización, por la otra (Barrientos, 2008: 138). A partir del ascenso de Juan D. Perón a la presidencia, en 1946, si bien se advierte una acción social más sistemática sobre la población rural, no se habría desplegado una etapa diferente en la trayectoria de la extensión rural. Las AR continuaban abocadas a la asistencia técnica y a la promoción de la mecanización y de la “granja mixta” frente a la escasez de mano de obra y a la emigración a los centros urbanos.⁴ De todos modos, el impulso inicial a las actividades disminuyó progresivamente (probablemente por falta de fondos y otras prioridades gubernamentales) y hacia mediados de 1950 no se contaba con un servicio de extensión integral y orgánico. Por el contrario, anidaba en una suma de esfuerzos relativamente fragmentados.
Por entonces, bajo la influencia de organizaciones extranjeras norteamericanas y francesas, se constituyó una confluencia discursiva entre la extensión y el desarrollo. Si bien con anterioridad ya había quienes pensaban a la primera como un instrumento educativo para elevar las condiciones de vida de la familia rural, desde mediados del siglo XX ganó sistematicidad y especificidad bajo el influjo del nuevo clima de ideas. En tal sentido, a la hora de identificar las causas del subdesarrollo latinoamericano, una corriente tributaria de la sociología rural norteamericana señalaba la primacía de los factores culturales: tanto la mejora de la producción como del nivel de vida de la población rural presuponían la modernización de las mentalidades. En este contexto, la celebración del Primer Curso Internacional de Extensión Agrícola, auspiciado por el IICA (Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas) dentro del “Proyecto 39” de la OEA,⁵ marcó un hito. Técnicos que habían participado del mismo promovieron el Plan de Agronomías Regionales para el Desarrollo Rural en 1954, donde quedó plasmada la filosofía educativa dirigida en forma integral a la familia rural. En años subsiguientes, gracias a la realización de seminarios en Pergamino y Concepción del Uruguay, la extensión ganó mayor visibilidad dentro de las agencias estatales.
De modo que aunque formaba parte de una historia más extensa, la especificidad y sistematicidad que alcanzó a fines de los años cincuenta la extensión rural como política social se vinculó con determinadas circunstancias políticas, económicas, ideológicas y sociales (Altamirano, 1998; Barsky y Gelman, 2009; Rapoport, 2012). En el plano político, el derrocamiento de Juan D. Perón, en 1955, inauguró recambios de dirigencias, elencos técnicos y agendas de gobierno, así como un énfasis discursivo en la descentralización y la democratización, aunque en la práctica esta última no tuvo un cabal correlato empírico. En el plano económico, en un marco de crisis caracterizado por el estancamiento registrado en los saldos exportables de los productos agropecuarios, el imperativo de generar y aplicar tecnología cobró nuevo impulso, tanto para la provisión de alimentos baratos como para asegurar la existencia de divisas orientadas a la industrialización. Estos intereses no sólo encontraron un soporte en la difusión de tecnología, sino también en políticas más favorables hacia el sector, influidas por el  desarrollismo. La idea de que la modernización del país nacería de la promoción planificada por parte del Estado y de una renovación técnica y científica dio como fruto la creación de un conjunto de organismos similares al INTA, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en 1958 y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en 1957. En el plano social, la agudización del éxodo rural –fruto de la atracción urbana y de las deficientes condiciones de vida rurales– motivó la preocupación de algunos elencos gubernamentales. Así, la confluencia de esta serie de factores signó la fundación del INTA. 

La institucionalización de la extensión agropecuaria desde la creación del INTA

El INTA fue creado en 1956 como un organismo autárquico y descentralizado dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, siguiendo la recomendación del prestigioso economista Raúl Prebisch (Losada, 2003, 2005). Su misión consistía en “impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar (…) la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural”, a través de “la asistencia educacional, técnica y cultural del productor rural y su familia y el mejoramiento de las comunidades que integran”. Se combinaban así la investigación y la extensión bajo una novedosa y única dirección de alcance nacional, que contaba con significativos recursos y expresaba un doble interés: el incremento de la productividad agropecuaria sobre la base de incorporación de tecnología y el bienestar de las familias y sus comunidades. No le competían funciones de inspección o contralor.
Los que proyectaron la estructuración del INTA reunían una extensa experiencia en la función pública. Fue el caso del ingeniero agrónomo Norberto A. Reichart, quien tuvo a su cargo la organización del Sistema de Extensión, el cual se basó en un conjunto  de principios (“filosofía de extensión”) que avanzaban sobre las deficiencias de las AR (Reichart, 1971). Este sistema implicó:

1. Desarrollar a las personas antes que a las cosas.
2. Instruir o enseñar a la gente más que materias o cosas.
3. Cultivar la mente haciéndola receptiva al cambio.
4. Ayudar a ayudarse a sí mismo y brindar oportunidades de participación.
5. Mejorar el nivel de vida de la familia rural y fomentar el bienestar de la comunidad rural.
6. Tener como fin al hombre y a la tecnología como instrumento.

A propósito de la extensión, en la argumentación esgrimida por sus precursores se expresaba la inquietud por el “bienestar de las familias” y el “desarrollo de la comunidad”.⁶ Si bien esta última expresión había comenzado a circular a fines de los años cuarenta, fue una década después cuando se incorporó al uso internacional para designar aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos de una población se sumaban a los de su gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades.⁷ El papel del gobierno, que consistía en planear, organizar, ofrecer servicios técnicos y garantizar recursos básicos, exigía como contrapartida la iniciativa, el esfuerzo y la ayuda mutua de la población interesada.
En esta línea, el bienestar rural presuponía la  integración de la familia en una comunidad que le otorgara la posibilidad de educar y capacitar a cada uno de sus miembros, recibir los auxilios necesarios para gozar de un elevado grado de salud física y espiritual y participar en la vida recreativa, social y física.⁸ Tras esta premisa subyace una concepción integral del bienestar, que trascendía la mera remuneración y enaltecía los aspectos psico-sociales. La FAO, un organismo de referencia en la misión de  mejorar las condiciones de vida de la población rural, definía al bienestar rural como un extenso e interdependiente conjunto de elementos, tanto  materiales (salud, nutrición, educación, vivienda, niveles de ingreso y consumo, condiciones de trabajo, alumbrado, abastecimiento de agua, transportes, comunicaciones, participación el gobierno, etc.), como intangibles (códigos morales, creencias religiosas, normas estéticas y reglas de conducta).  Aun más, lo pensaba en términos esencialmente subjetivos, si bien muchos de sus componentes eran de origen material.⁹ La atención depositada en los aspectos extra-económicos que intervenían en la promoción de actitudes y aspiraciones explica el valor asignado a la educación y al desarrollo de talentos a través de actividades de recreación, trabajo, vida social y liderazgo. Así, el fomento de la participación comunitaria, por medio de referentes sociales y entidades representativas, se revelaba como una preocupación excluyente para el logro del  bienestar, dado que éste era pensado como producto del quehacer común. La extensión era comprendida, en este sentido, como “una función educativa que responde a un método de enseñanza y aprendizaje (…) para promover un cambio de actitud”.¹⁰
La estructura directiva centralizada del INTA se combinaba con una estructura regional, que tornaba descentralizada la ejecución de tareas. El Servicio de Extensión coordinaba la labor de los siete Centros Regionales en los que se dividió el país. A estos Centros Regionales respondían las EEA, unidades de trabajo encargadas de la organización y coordinación de la investigación de los problemas agropecuarios regionales y de los respectivos programas de extensión. Como ha sido mencionado, muchas de ellas ya existían antes de la creación del INTA y luego pasaron a su órbita.¹¹ Cada EEA dio cauce a la participación de los productores mediante la constitución de consejos asesores locales, a través de los cuales se facilitaba a los técnicos y al director el conocimiento de las problemática y las inquietudes locales (Calandra, 2009: 195).
De cada EEA dependían varias Agencias de Extensión Agropecuaria (AEA), en cada una de las cuales debía trabajar –al menos– un asesor técnico, una asesora del Hogar Rural y un asesor de Juventud Rural.¹² Como dato indicativo, vale destacar que hacia 1960 había 40 EEA, 87 AEA y 302 técnicos para atender a más de 500.000 explotaciones.¹³ Si bien los lineamientos generales eran estipulados por el nivel nacional, eran las AEA las que diagramaban sus propios cursos de acción, en base al diagnóstico de la realidad local. Para ello eran valiosas las reuniones de grupos y las visitas a explotaciones, tal como ocurría en las AR.
Como en tiempos anteriores, la percepción del hogar rural como una unidad de carácter agrícolo-ganadera y a la comunidad rural como un agrupamiento social, natural y político, llevó a la extensión a trabajar con las familias, siguiendo el modelo en boga por esos años: el norteamericano. Bajo el “paradigma educativo” (Alemany, 2003), los integrantes de las familias fueron abordados de manera especializada. Mientras los técnicos alentaban a los varones a reunirse con otros productores en el seno de consejos asesores locales, las técnicas hacían lo suyo con sus congéneres, instituyendo la división sexual del extensionismo agropecuario. En este caso, los Clubes del Hogar Rural constituían espacios femeninos de sociabilización e instrucción en “economía doméstica”, como lo habían sido los cursos del Hogar Agrícola hasta mediados de siglo. Por su parte, por medio de los Clubes Juveniles 4 A los extensionistas impartían educación no formal a los jóvenes. Esta homogénea modalidad de trabajo para todas las regiones y producciones no contemplaba las particularidades de cada estructura social agraria. Pero si bien suponía cierta uniformidad en el tratamiento de los interlocutores, redundaba en el establecimiento de vínculos comunitarios por parte de los técnicos, que lograban trascender los lineamientos emanados por la cúpula. Sus metodologías, similares a las utilizadas por las AR, comprendían contactos individuales y grupales, comunicaciones masivas (publicidad, informes con medios gráficos, radiales) y valerse de referentes locales.

Ser el INTA: los técnicos en el terreno

¿Quiénes eran los agentes del INTA en el territorio? Y, entre ellos, ¿quiénes eran los extensionistas? Desde su creación, la estructura organizacional apuntaba a la centralización directiva y a la descentralización operativa de la ejecución de las tareas. De esta manera, articula con los lineamientos generales de las políticas agrarias nacionales del período como impide “crear una burocracia esterilizante o un centralismo absorbente y paralizador”. El objetivo de los primeros años será realizar un “ejercicio auténtico y real del federalismo y regionalismo” que contemple las características singulares y generales de la producción agropecuaria y sus expresiones locales.¹⁴
Los cargos administrativos básicos fueron cubiertos por profesionales que trabajaban en iguales funciones en el MAN.¹⁵ En septiembre de 1957 se abrieron los concursos de cargos directivos, administrativos y técnicos para cubrir puestos en los centros regionales, estaciones experimentales, servicios de extensión y fomento agropecuario.¹⁶ En diciembre del mismo año, una nueva convocatoria buscaba proveer de personal idóneo a los Servicios Centrales Auxiliares de Extensión Agropecuaria, de Fomento Agropecuario, Investigaciones Agrícolas e Investigaciones Ganaderas.¹⁷ Se especificaba que el personal se incorporaría al Escalafón Técnico¹⁸ y tendría dedicación exclusiva. La inscripción requería la entrega de un formulario de antecedentes y contemplaba la posibilidad de consignar la localidad en que se deseaba trabajar, aunque una modificación del Escalafón resuelta por el Consejo Directivo en diciembre estableció que las designaciones no implicaban un destino permanente. De esta manera, los traslados se justificaban por necesidades de servicio por parte de la superioridad.¹⁹
Los concursos se dirigían a ingenieros agrónomos y veterinarios “de probada experiencia y acreditada capacidad técnica y experiencia”. La jerarquía de cargos privilegiaba a estos profesionales,²⁰ aunque también admitía técnicos con título no universitario, especializados en escuelas del ramo (peritos agrónomos, agrotécnicos, administradores rurales, etc.). Para asesoras del Hogar Rural, el llamado incluía ingenieras agrónomas, veterinarias, profesoras o visitadoras del Hogar Agrícola o títulos habilitantes similares.²¹ Las evaluaciones de antecedentes y méritos evidenciaban la pretensión del novel Instituto de conformar un plantel de agentes capacitados, que respondieran a los intereses que motivaron su formación.
Para enero de 1958, el Centro Regional Pampeano y sus pares, Mesopotámico, Andino, Chaqueño y Patagónico, tanto como el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, contaban con directores designados. Lo mismo para las estaciones experimentales asociadas a cada centro. Los seleccionados eran mayoritariamente ingenieros agrónomos.²² El mes siguiente, los resultados del concurso de antecedentes para cargos técnicos en los centros regionales fueron publicados en la Gaceta del INTA. Más de un centenar de agentes fueron escogidos y destinados a las diferentes estaciones experimentales y agencias de extensión agropecuaria.²³ Las designaciones continuaron a lo largo de ese año y el siguiente.²⁴
En mayo de 1959, el INTA contaba con una estructura descentralizada de sus recursos humanos (Cuadro 1). El 69% de su personal trabajaba en los Centros Regionales.

Cuadro 1. Recursos Humanos del INTA, 1959.

Fuente: INTA (1959): “Una etapa en las realizaciones del INTA”, Boletín informativo, Buenos Aires, 1, p. 27.

Carlos López Saubidet²⁵ apuntó que en los inicios una fuerte corriente de opinión dentro del INTA consideraba que el contacto de los técnicos con el medio señalaría per se los objetivos regionales y zonales, dando por sentado el funcionamiento fluido de la doble vía investigación-extensión.²⁶ Sin embargo, uno de los primeros problemas que enfrentó el Instituto para cumplir con estos lineamientos fue la escasez de personal formado para atender todos los requerimientos. Resulta ilustrativo que en 1965 muchas AEA no contaran con el personal mínimo, en especial en lugares más alejados de la zona núcleo (la región pampeana): un asesor técnico, un asesor de Clubes 4 A y una asesora del Hogar Rural.²⁷ Por eso la capacitación se convirtió en una de las principales líneas de acción, con destacado auxilio de organismos internacionales y fundaciones.
Ya desde 1959, 28 técnicos fueron beneficiados con cursos de especialización o con becas de estudios en el exterior.²⁸ En 1960 se creó el Departamento de Especialización, para capacitar a investigadores y extensionistas. El primer Curso de Formación Integral para Extensionistas se dictó en 1961. Asistieron al mismo 26 profesionales, que fueron -en rigor- los primeros extensionistas agrícolas formados en Argentina desde el punto de vista de la organización y la docencia.²⁹ El curso tuvo una duración de diez meses e incluyó como tópicos Psicología social y educacional, Sociología rural, Administración rural, Metodología y planificación de Extensión, Evaluación y Supervisión. Las prácticas se realizaban en la EEA Pergamino y Corrientes. En los años siguientes, se ofrecieron seminarios similares. Entre 1965 y 1966 una nueva modalidad de prácticas ³⁰ fue complementada con  un sistema de becas e intercambios con organismos internacionales como el IICA, la FAO y la OEA, entre otros (Losada, 2005).³¹ En esta etapa, 63 profesionales fueron becados y comisionados al exterior, 60 obtuvieron certificados de graduación en Master Scientiae, y tres, en PhD.³²
En 1963, el personal que se desempeñaba en el INTA –directa e indirectamente– era de 3.991 personas. La cantidad de técnicos incorporados desde entonces se había incrementado un 78% –y ascendía a casi un millar de profesionales–, en tanto que los auxiliares técnicos nuevos habían crecido un 50% más que en 1958.³³
El crecimiento sostenido de los recursos humanos del INTA puede observarse en los Cuadros 1 y 2. A través de los años, la organización institucional intentó responder a las transformaciones productivas-sociales del sector agropecuario argentino. La capacitación permanente de los agentes en las últimas tecnologías y metodologías formó parte de los objetivos del Consejo Directivo. En 1986, un decreto del Poder Ejecutivo (287/86) apuntó a la descentralización del INTA, al disponer una mayor autonomía relativa de los Centros Regionales que deberían trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales Eficiencia productiva, diversificación, sostenibilidad y equidad en la distribución de los beneficios del cambio tecnológico serían los objetivos y valores de la nueva etapa que se abrió en los noventa (INTA, 1996: 62-65). La tecnología, su (falta de) acceso y sus aplicaciones revelan las desigualdades del mundo rural argentino.

Cuadro 2. Recursos humanos del INTA, 1977.

Fuente: elaboración propia en base a López Saubidet (1977: 6).

Ser extensionista es promover el mejoramiento de la vida rural

¿Cómo se trabajaba en el INTA? ¿Qué tareas correspondían a los extensionistas? ¿Cómo se complementaba la función técnica con la acción social, base del cambio operado en los principios de la Extensión Agropecuaria? En los primeros años, el Instituto buscaba integrar la investigación y la extensión para promover tanto la incorporación de tecnología en las empresas agropecuarias (como medios de producción y de trabajo) como el mejoramiento de la vida rural. En este último escenario, los hogares rurales –comprendidos como “unidades sociales de carácter agrícola-ganadero”– y la comunidad –como “agrupamiento natural y político”– eran los ejes de la intervención de los agrónomos, técnicos y auxiliares que trabajaban en las AEA.
Hasta la década del ochenta, el INTA contaba con 230 AEA,  300 técnicos de asesoramiento agropecuario y 140 técnicos en capacitación y asesoramiento de jóvenes y amas de casa (INTA, 1996: 98). La división entre la dimensión tecnológica y la dimensión social del desarrollo queda expuesta en esta especialización de los agentes. Esta misma segmentación se traducía en la separación por género y generación de las políticas dirigidas a la población rural: las mujeres y los jóvenes eran los destinatarios de la acción social mientras que los varones, ejecutores de la transformación productiva.
Las actividades de las AEA se organizaban en base a la elaboración de programas, integrados a programas regionales (que comprendían a todas las agencias dependientes de una misma EEA). Por ejemplo, el “Programa 34” nucleaba las actividades referidas a la familia y a la comunidad rural. Cada Centro Regional –con sus AEA– intentó adaptar los lineamientos generales a las circunstancias y demandas locales. Con frecuencia mensual, todo el personal técnico se reunía para que los investigadores comunicaran el estado de sus trabajos a los extensionistas y éstos, a su vez, expusieran los problemas encontrados en sus áreas de operación. Como se ha expresado, las EEA estaban distribuidas en la mayoría de las provincias y el número de AEA se multiplicó durante los primeros años (INTA, 1996: 59).
Los extensionistas fueron capacitados para estudiar las condiciones físicas, económicas, sociales y culturales en que se desarrollan las actividades y la vida rural. Su función era pensada como eminentemente educativa, atendiendo a la filosofía antes referida. En este sentido, eran eslabones fundamentales en la formulación de las políticas “desde abajo”. Su apreciación del territorio y las interacciones sociales, es decir de las familias y las comunidades, eran información vital para fijar los objetivos del accionar. Por ejemplo, una valiosa investigación sobre las familias de los sectores medios de la Región Pampeana surgió de la iniciativa de un grupo de extensionistas de la región. Aquí se pone de manifiesto no sólo un sustantivo conocimiento de la realidad social, sino también gran activismo y predisposición de las asesoras del Hogar Rural (Brie, 1977).
La metodología de trabajo incluyó actividades muy diversas, atendiendo a los espacios regionales y a los ciclos productivos. Un primer modo de acercarse a los agricultores era a través de reuniones informativas. Éstas se realizaban en las AEA, en las chacras o en instituciones locales (escuelas, cooperativas, etc.). El sistema educativo implementado, basado en un lenguaje sencillo y, especialmente, en la práctica demostrativa, se complementaba con la utilización de soportes audiovisuales y con la distribución de folletos explicativos de diversa índole. De acuerdo a la región de arraigo de la agencia, contaban con programas radiales fijos o segmentos informativos, así como espacios en TV y en diarios y revistas locales.³⁴
Detectar a los líderes locales, integrarlos en los consejos asesores o para conseguir un trabajo mancomunado era una de sus tareas específicas. Ganar la confianza de los productores y sus familias, compartir sus perspectivas y enseñarles a resolver sus problemas transformaba tanto el rol de los técnicos (en cuanto a legitimidad, autoridad) como la relación con las comunidades. Las publicaciones soporte para la capacitación de los extensionistas así lo demuestran, pero la adaptabilidad de cada persona a la realidad circundante (la movilidad del personal era un hecho recurrente en las AEA) era también un factor decisivo.³⁵ El contacto personal, (radio) telefónico y escrito de los técnicos -incluidos los directores de las agencias- era valorado por los productores, así como la no imposición de los cambios y sugerencias, sino su negociación.³⁶
La dispersión de las agencias requería un fuerte compromiso de los técnicos con la situación local y las adversidades de los territorios. La experiencia del ingeniero  Molina Sánchez, técnico que eligió como lugar de trabajo la AEA Río Gallegos en 1963, lo ilustra:

¿Qué condiciones debería tener el extensionista que viene a la Patagonia? Tiene que ser una persona abierta, muy dispuesta a trabajar, no a hacer trabajar (…) la gente de la Patagonia es resistente al funcionario que dice ¡haga aquello! (…) insisto en que el nuevo extensionista tiene que ser una persona dinámica y saber captar la idiosincrasia del poblador del sur. De esa forma, sabrá bajar al nivel del productor, ponerse a la par y ganarse su simpatía y cuando se tengan confianza y se tuteen, recién podrá decir: ‘¡Vamos a hacer tal cosa!’ (…) el extensionista no puede ser un hombre de oficina.³⁷

En la misma dirección, postulaba una integrante del IICA:

(…) uno de los problemas más difíciles que enfrenta el extensionista es decidir qué hacer y qué no hacer (…) En extensión trabajamos con la gente y para hacer un buen trabajo es esencial conocerla (…) Por eso decimos que un programa de extensión debe basarse en las necesidades de la gente con quien se trabaja (Busquets, 1963: 10).  

Entre las tareas para el ejercicio del año siguiente, un técnico proponía la programación de cursos que “respondieran a las expectativas reales de los jóvenes y asesores (…) aunque no estén dentro de las estructuras agropecuarias”;³⁸ sus dichos evidencian una mirada más compleja de su trabajo como extensionista y expresan cierta autonomía para adoptar decisiones. Como cara visible del Estado en el territorio, y al mismo tiempo, como habitantes del mismo, los técnicos se involucraban personalmente en el planteo de soluciones a problemas diversos y persistentes en regiones alejadas del país. De esta manera, las condiciones medioambientales fueron ganando espacio en sus agendas (evitar inundaciones y promover la conservación de los suelos, entre otras) a la par de la preocupación por problemas sociales agudos como el déficit  sanitario (contaminación del agua, ausencia de dispensarios, problemas alimentario-nutricionales), la falta de fuentes de trabajo, el bajo nivel educativo (estado y acceso a escuelas), precariedad  de las viviendas y la exigua provisión de servicios públicos (caminos, electrificación).
En el INTA, uno de los mecanismos privilegiados mediante los cuales los superiores se mantenían informados sobre las actividades operativas de los técnicos eran los informes y seminarios. Pese a que, como es de prever, el balance de las actividades suele ser ampliamente positivo, aparecen dificultades, algunas explícitamente mencionadas y otras implícitamente sugeridas. Sin dudas, la queja más recurrente era la escasez de personal. Apuntaba el ingeniero agrónomo Castelli: “los servicios son pequeños en relación a las necesidades del país”, fenómeno asociado a “la falta de medios económicos y lo más grave aún por la falta de personal para cubrir esos cargos”.³⁹ Para dimensionar la queja, es suficiente la mención de un dato: el área de influencia de la EEA de Pergamino abarcaba 11 millones de ha con 65.000 familias rurales y sólo contaba con 10 AEA, de manera que cada agencia era responsable de la asistencia educacional de 6.500 familias, cuando en los países de agricultura desarrollada existía un promedio de una AEA cada 500 familias.⁴⁰ Por eso, “el Servicio de Extensión tiene urgente necesidad de personal” y “el personal en funciones debe completar su preparación” llamaba la atención Carmen Sánchez de Peterson, representante del IICA (Sánchez de Peterson, 1960). Junto al alerta sobre las “limitaciones que crea la carencia de especialistas”, se insistía en la formación de Clubes de Líderes a fin de contrarrestar la limitación del personal extensionista.⁴¹ Por cierto, la vacancia de cargos condujo a la sobrecarga de trabajo y a la imposibilidad de cumplir con las actividades pautadas. Al respecto, un técnico justificaba: “no pudieron llevarse a cabo algunos cursos porque los técnicos habían estado abocado a múltiples tareas o no se encontró con personal idóneo que aceptara la retribución ofrecida.⁴²
Otra cuestión mencionada en informes y seminarios es la falta de capacitación de los técnicos. Planteaba la Dirección Nacional de Administración del Hogar: “Hay Estaciones Experimentales que insisten en la necesidad de dar mayor capacitación al personal”.⁴³ Ahora bien, ¿qué capacitación acreditaban los técnicos? Como se ha señalado, los asesores de Clubes 4 A en su mayoría eran técnicos agrónomos, aunque también había veterinarios y egresados de escuelas agrícolas. Las asesoras del Hogar Rural eran casi todas maestras normales, muchas de las cuales habían realizado cursos especiales en el Instituto Superior del Hogar Agrícola de Bolívar o en la Escuela de Visitadoras del Hogar Rural de Tandil, ambos en la provincia de Buenos Aires (Gutiérrez, 2007, 2014; de Arce, 2016). Algunas habían cumplido funciones en los Cursos del Hogar Agrícola dictados por el MAN o el Ministerio de Asuntos Agrarios (de Arce, 2017). Además, debe destacarse la disponibilidad de cursos y becas ofrecidas por organismos internacionales y fundaciones. Pese a ello había quienes advertían la necesidad de elevar la capacitación en forma permanente.
Otra dificultad a la hora de implementación de políticas es la actitud y la recepción de la población destinataria. En relación a esto, si bien los técnicos solían exhibir el éxito de los programas exaltando la interesada participación de los destinatarios, en algunas oportunidades manifestaron cierta apatía. “Se informa que este Plan  no ha tenido mayor repercusión en el medio rural, ya que algunos de sus temas (sobre Administración del Hogar) son tratados a nivel informativo, como complemento de otros temas”.⁴⁴ Por otra parte, junto a las limitaciones económicas (las actividades previstas dependían del presupuesto aprobado), había otro tipo de barreras, asociadas a decisiones de otros organismos y privados, como la falta de créditos accesibles para llevar a cabo los planes (electrificación, saneamiento, etc.), demoras de las cooperativas para formalizar presupuestos o escasez de materiales, por citar algunos ejemplos.⁴⁵ Además, adversidades climáticas, malas condiciones de los caminos, ausencia de electricidad o de agua potable impedían en muchas ocasiones los traslados del personal y la concreción de las actividades proyectadas. En relación a éstas, un técnico subrayaba:

Existe gran receptividad por parte de los participantes, a pesar de los factores limitantes en el desarrollo del mismo (curso sobre nutrición): falta de nutricionista a nivel de la Experimental, escasez de material de divulgación, factores climáticos o de suelo o falta de agua.⁴⁶

La reflexión de Martha Anuch, Jefa Nacional de Extensión en Hogar Rural, va más allá de los problemas “materiales o del entorno” de la implementación. Afirmaba en 1981 que la extensión rural debía encarar problemas concernientes a las familias rurales. Instaba a los asesores a capacitarse en el trabajo de campo, en el conocimiento vivencial del medio y en las técnicas de dinámica de grupo, a comprender (y aceptar) que “la “familia rural” integra en la práctica los distintos problemas de su medio”. Reclamaba a sus colegas la vinculación interdisciplinar para no pensar al productor como mero agente económico, ajeno a la vida familiar. Desde su perspectiva, la división del trabajo de los extensionistas separaba lógicas intrínsecas de la producción agropecuaria: “la tecnología material, que atiende a los  procesos externos del hogar, y aquella otra tecnología, que llamamos ‘tecnología gestión’ interna al hogar”. De acuerdo a su evaluación de los Seminarios Nacionales de Extensión Rural, la brecha no estaba saldada: “muchos extensionistas agrícolas consideraban que su trabajo con el productor era más importante que aquel que se realizaba con hogares rurales y juventudes” (Anuch, 1981: 3-5). Sus palabras evidencian discrepancias al interior del cuerpo de técnicos.

Reflexiones Finales

La ideología y la actuación del INTA, institución estatal descentralizada cuya misión es la mejora de la productividad agropecuaria y del bienestar rural, han despertado múltiples reflexiones científicas y políticas. Desde sus inicios, el enfoque social de las políticas de extensión rural asumió un papel importante dentro la entidad, aunque en una doble y permanente tensión. Por un lado, con los enfoques productivistas en su interior y, por otro, con la rama de la investigación. En este trabajo procuramos trascender aquellas visiones que posicionan al Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria como un ente monolítico, cuyo accionar es fiel reflejo de las políticas públicas diagramadas por la Consejo Directivo del INTA. Ir más allá de la historia institucional nos ha llevado a ponderar el vaticinio de los años iniciales: “los triunfos que logre el INTA (en virtud de su estructura organizacional) no deben imputarse a sus organismos superiores, pues quienes verdaderamente ‘hacen’ son los técnicos de las estaciones experimentales y agencias de extensión”.⁴⁷ Para ello –y bajo la premisa de que el Estado constituye un actor polifónico, personalizado, descentrado y sujeto a múltiples interacciones y trayectorias– sometimos a las fuentes –algunas ya visitadas y otras no– a un interrogatorio novedoso que la profusa bibliografía no dimensionó como una cuestión primordial. ¿Quiénes eran los agentes extensionistas del INTA a lo largo del vasto y diverso territorio argentino? ¿Cómo era su experiencia de trabajo y qué dificultades obstaculizaban sus prácticas cotidianas?
Con una mirada retrospectiva, anclada entre la creación del INTA en 1956 y los años ochenta, sugerimos algunas ideas para pensar de un modo menos esquemático y prescriptivo las relaciones entre diagramación e implementación de las políticas de extensión rural favorables al desarrollo de la comunidad. El estudio del perfil y de la experiencia cotidiana de los técnicos –rostros visibles del INTA en el terreno– arroja una comprensión más matizada, compleja y diversa, que indica, por un lado, la presencia de continuidades respecto al tratamiento de los problemas sociales del campo que no necesariamente se adecuan a la representación fundacional que define y celebra al INTA como la primera institución abocada a las familias rurales. Durante la primera mitad del siglo XX, no sólo las metodologías de trabajo y los diagnósticos de los técnicos de las AR y EEA desarman las tesis rupturistas respecto a la extensión rural (comprendida como un tipo de educación), sino que también muchos de los técnicos que se incorporaron al INTA ya acreditaban experiencia previa tareas similares dentro del MAN.
Por otro lado, pudimos comprobar la dificultosa –aunque lograda– expansión del cuerpo técnico en los primeros años. La vacancia en los cargos y la movilidad de personal atentaban contra los intentos de conformar un elenco estable y formado, arraigado en el territorio, tal como intentaban las reglamentaciones institucionales (que especificaban perfiles educativos requeridos, modos de acceso cargos y competencias) y los cursos y becas de capacitación tanto dentro como fuera del país gracias al auspicio de IICA, ONU y OEA, entre otros. Desde otro ángulo, la caracterización de los técnicos nos remitió a su capacidad para implementar planes de trabajo y a su autonomía relativa para operar en el territorio. Según evidencian sus informes, el INTA era más que la objetivación de planes ideados por la cúpula. Los contactos de los técnicos con los productores y sus familias, así como con asociaciones civiles, eran sumamente productivos en algunos casos o desalentadores, en otros, para determinar la dimensión material de las políticas de extensión. En este sentido, poner el foco en las realidades locales y los procesos de toma de decisión y las oportunidades o limitaciones de los técnicos resulta una fructífera vía para seguir indagando al INTA “desde adentro”. Esta peculiar entrada al fenómeno atestigua cierta porosidad institucional resultante de los intercambios de los técnicos con otros sujetos sociales y los condicionamientos que ofrecía la realidad en la que se desenvolvían. Por otro lado, la afirmación de que los técnicos no constituían brazos ejecutores de decisiones diseñadas exclusivamente “desde arriba” ofrece otras perspectivas de investigación ligadas a trayectorias individuales y biografías insertas en contextos particulares y regionales diversos. Análisis de este tipo demandan el concurso de enfoques y métodos interdisciplinares capaces de estudiar los márgenes y las particularidades témporo-espaciales de las agencias estatales y funcionarios que se dedican a la extensión rural, tarea que este artículo de modo exploratorio ha iniciado y que demanda esfuerzos de largo aliento.

NOTAS

1 De aquí en más se utilizará el genérico masculino para hacer referencia a ingenieros agrónomos, técnicos y/o extensionistas. Funciones que desempeñaron tanto mujeres como varones.

2 MAN (1924: 79; 1949: 60-61), Verdejo (1946: 23).

3 Verdejo (1946: 4, 8, 25-27).

4 MAN (1949: 61).

5 Dicho proyecto, junto al impulso de la investigación, impartió enseñanza técnica para el mejoramiento de la agricultura y la vida rural a través de cursos intensivos y adiestramiento en servicio a extensionistas (IICA, Informes. Proyecto 39: Enseñanza Técnica para el mejoramiento de la agricultura y la vida rural, Programa de Cooperación técnica de la OEA, Informe trimestral, San José, Costa Rica, enero-marzo de 1963, pp. 12, 24). El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, fue creado en 1942. En la Convención de 1979 ajustó sus objetivos hacia la cooperación entre los países miembros y cambió su nombre a Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, sin cambiar la sigla.

6 INTA (1959): “Una etapa en las realizaciones del INTA”, Boletín informativo, Buenos Aires, 1; INTA (1960).

7 ONU, Desarrollo de la comunidad y desarrollo nacional, Santiago de Chile, junio de 1964, p. 4.

8 INTA (1960: 17).

9 FAO (1954): Elementos del bienestar rural,Roma.

10 INTA (1996: 92-93).

11 Cf. mapas en INTA (1959): “Una etapa…”, op. cit., p. 24. El INTA recibió del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 28 estaciones experimentales y, un año más tarde, se sumaron otras 9 estaciones (Losada, 2003: 23).

12 Cf. INTA (1971): Memoria Técnica, Buenos Aires, p. 11.

13 Luis Ángel Castelli. Ponencia presentada en Seminario de Economía Doméstica en Extensión Agrícola (INTA, 1960).

14 INTA (1959): “Una etapa…”, op. cit., pp. 20-21.

15 Sin embargo, su designación no era definitiva. Debían rendir una prueba de aptitud, que, junto a referencias y antecedentes, sería evaluada para su incorporación y categorización en el Instituto (Gaceta del INTA, Buenos Aires, 28.04.1958, p. 61).

16 Gaceta del INTA, Buenos Aires, 7.04.1958, pp. 2-5.

17 Ibídem., p. 9.

18 Reproducido en Gaceta del INTA, Buenos Aires, 14.04.1958, pp. 16-19.

19 Gaceta del INTA, Buenos Aires, 7.04.1958, p. 7.

20 También requerían doctores, licenciados o ingenieros en Química o Ciencias Naturales, ingenieros mecánicos, industriales, etc. respondiendo a las especificidades de cada Instituto.

21 Gaceta del INTA, Buenos Aires, 7.04.1958, p. 6.

22 Es notable que no todos los directores del Centro Regional o de Estaciones Experimentales tenían el mismo escalafón: por ejemplo, el Ingeniero Agrónomo Walter Kluger, dirigiría el Centro Regional Pampeano designado como Investigador Principal, con una remuneración básica de $ 4.700. Mientras tanto, su par Horacio Speroni, dirigiría el CR Mesopotámico con el cargo de Investigador de 2da. y un sueldo básico de $ 4.300 (Gaceta del INTA, Buenos Aires, 14.04.1958, pp. 13-14).

23 Gaceta del INTA, Buenos Aires, 28.04.1958.

24 También hubo contratos temporarios, que se firmaban por 6 meses de servicios, con posibilidad de renovación. En 1962, las normas de austeridad dispuestas por el gobierno nacional comprometen tanto la compra de material como los gastos relacionados con becas y capacitación en el exterior (Gaceta del INTA,Buenos Aires, 12.03.1962, pp. 152-154).

25 Carlos López Saubidet. Ingeniero Agrónomo, egresado de la UBA en 1954. Secretario Privado del Ministro de Agricultura y Ganadería, Alberto Mercier (1956-58). Investigador en la Estación Experimental Balcarce y Jefe de Secretaría del INTA (Res. 22, 17.01.58). M. Sc. Especializado en genética animal, becado por la Fundación Rockefeller en 1959. Subsecretario de Agricultura (1962).

26 López Saubidet (1977: 7, Anexo 2).

27 INTA (1965).

28 INTA (1959): “Una etapa…”, op. cit., p. 26.

29 INTA (1996: 59).

30 Otros cursos: Entrenamiento Inductivo de Extensionistas, Administración Rural, Apicultura, Supervisión de Extensión, Dirigentes de Clubes Agrarios Juveniles, Sociología Rural (IICA, OEA), Producción porcina, Detectación (sic) de líderes. El Departamento de Especialización dictó, además, cursos especiales: Estadística, Economía Doméstica, capacitación para estadísticos, entre otros dirigidos a los aspectos productivos de la extensión.

31 Por ejemplo: “Licencia a becarios”, Disp. N° 243, Buenos Aires, 14.10.1958.

32 INTA (1996: 61).

33 60° aniversario. INTA, 1956-2016, p. 33.

34 INTA, Extensión Rural, Buenos Aires, 6, junio de 1976, p. 26.

35 INTA, Por qué trabajamos con la familia rural (folleto), Buenos Aires, agosto de 1970; INTA, Extensión Rural, Buenos Aires, 8, 1976.

36 INTA, Extensión Rural, 9, Buenos Aires, septiembre de 1976, p. 19.

37 INTA, Integración. Investigación y Extensión rural,Buenos Aires, abril-diciembre de 1979, p. 47.

38 Informes de Plan de Trabajo N° 34:6357/41”. En INTA (1971): Informes de Planes de trabajo aprobados, Buenos Aires, Vol. VII, Tomo 3, Período 1.07.1971-30.06.1972. Una interesante reflexión acerca de la relación entre extensionistas y destinatarios de las políticas, en Huergo (2005).

39 Luis Ángel Castelli. Ponencia presentada en Seminario de Economía Doméstica en Extensión Agrícola (INTA, 1960).

40 INTA, Centro Regional Pampeano de Tecnología Agropecuaria, Memoria Técnica 1955-1959, Vol. 7, p. 77.

41 “Informe del Plan de Trabajo N° 34:32”. En INTA (1971): Informes de Planes de trabajo aprobados, Buenos Aires, Vol. VII, Tomo 3, Período 1.071971-30.06.1972; “Informe del Plan de Trabajo N° 34:6354/27”. En INTA (1973): Informes de Planes de trabajo aprobados, Buenos Aires, Vol. VIII, Período 1.07.1972-30.06.1973.

42 “Informe del Plan de Trabajo N° 34:648”. En INTA (1971): Informes de Planes de trabajo aprobados, Buenos Aires, Vol. VI, Período 1.07.1970-30.06.1971.

43 “Informe de Plan de Trabajo N° 34:25”. En INTA (1971): Informes de Planes de trabajo aprobados, Buenos Aires, Vol. VII, Tomo 3, Período 1.07.1971 al 30.06.1972.

44 “Informe de Plan de Trabajo N° 34:6353/27”. En INTA (1974): Informes de Planes de trabajo aprobados, Buenos Aires, Vol. IX, Período 1.07.1973-30.06.1974.

45 “Informe de Plan de Trabajo N° 34:6355/31”. En INTA (1973): Informes de Planes de trabajo aprobados, Buenos Aires, Vol. VIII, Período 1.07.1972-30.06.1973.

46 “Informe del Plan de Trabajo N° 34:635”. En INTA (1971): Informes de Planes de trabajo aprobados, Buenos Aires, Vol. V, Tomo 3, Período 1.07.1969-30.06.1970.

47 INTA (1959): “Una etapa…”, op. cit., pp. 30-31 (destacado nuestro).

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