ARTÍCULOS ORIGINALES

Las conquistas sociales de los trabajadores azucareros durante el Peronismo. Jujuy, 1948-1949¹

 

Adriana Kindgard*

* Investigadora del Consejo Nacional Investigaciones de Científicas Técnicas (CONICET) en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo Social para el NOA (CIITED) - UNIHR CONICET / Universidad Nacional de Jujuy (UNJu); Ítalo Palanca 10 (CP 4600), San Salvador de Jujuy, Argentina. Correo electrónico: [a.kin@imagine.com.ar]

RECIBIDO: 20/11/2018
APROBADO: 11/03/2019

 

---

RESUMEN

La frontera entre un antes y un después que en Jujuy dejó trazada el peronismo resulta por demás elocuente al fijar la mirada en el mundo del trabajo azucarero. Al igual que otros trabajadores a lo largo del país, los obreros del sector fueron receptivos a la prédica de Perón y sensibles al impacto de subas de salarios, leyes laborales y al reconocimiento político y social dispensado. El conjunto de conquistas sociales y, de modo particular, el mantenimiento de los niveles salariales alcanzados en los años de bonanza, fueron vehementemente defendidos por la acción sindical cuyo estado de movilización fue casi permanente. Los años 1948-1949, signados por el nuevo escenario internacional de posguerra, representaron un punto de inflexión que marcó la reorientación de la estrategia económica del gobierno peronista, lo que a la postre repercutió en el sistema de subsidios estatales a la industria azucarera y tuvo efectos tangibles a nivel de la economía real de sus obreros, que vieron deteriorarse el poder de compra de sus salarios de forma más pronunciada que lo ocurrido en otros sectores. Con el objetivo de contribuir al campo de los estudios regionales centrados en el mundo del trabajo en tiempos del primer peronismo, recorriendo fuentes que permitan complejizar la mirada sobre la experiencia obrera azucarera, ensayamos aquí una aproximación al impacto material y simbólico de la crisis sobre las condiciones de vida recientemente conquistadas por los trabajadores de los ingenios jujeños, quienes en octubre de 1949 protagonizaron una de las más importantes huelgas del sector.

Palabras clave: Trabajadores azucareros jujeños; Peronismo; Crisis de 1948/1949; Experiencia social.

ABSTRACT

The limit between before and after Peronism in Jujuy is eloquent when looking at labor in the sugar industry. Like other workers throughout the country, workers in the sector were receptive to the preaching of Perón and sensitive to the impact of rising wages, labor laws and political and social recognition. The set of social benefits and, in a particular way, the maintenance of wage levels achieved during the boom years, were vehemently defended by the union whose mobilization was almost permanent. The years 1948-1949, characterized by the new post-war international scene, represented a turning point that marked the reorientation of the Peronist government's economic strategy, which finally had repercussions on the system of state subsidies to the sugar industry and tangible effects to the real economy of its workers, who saw the purchasing power of their salaries deteriorate more sharply than in other sectors. With the aim of contributing to the field of regional studies focused on the world of labor at the time of the first Peronism, examining sources that make possible a more complex view of the worker's experience, we attempt an approach to the material and symbolic impact of the crisis on the conditions of life recently conquered by the workers of the sugar mills of Jujuy, who in October of 1949 staged one of the most important strikes in the sector.

Keywords: Sugar workers of Jujuy; Peronism; Crisis of 1948/1949; Social experience.

---

 

La frontera entre un antes y un después que en Jujuy dejó trazada el peronismo, resulta por demás elocuente al fijar la mirada en el mundo del trabajo azucarero. Hasta la víspera, los obreros de ingenio no gozaban de la protección derivada de la legislación laboral vigente en el país, cumpliendo jornadas que sobrepasaban las ocho horas diarias y recibiendo con frecuencia sus retribuciones en vales que sólo podían canjearse en las proveedurías de las empresas. Notorias eran, por lo demás, las carencias en materia de vivienda y salubridad a que estaban sometidos en los pueblos-ingenios donde residían. La situación socio-laboral se agravaba, ciertamente, para los obreros estacionales que acudían cada año a la zafra y que, en el caso de los provenientes del altiplano jujeño, estaban expuestos a los mecanismos coercitivos de reclutamiento, propios del sistema del contratista o "conchabador", quedando en la práctica delimitada su jornada de labor en los cañaverales por la salida y la puesta del sol.
Al igual que otros trabajadores a lo largo del país, los obreros azucareros de Jujuy fueron receptivos a la prédica de Perón y sensibles al impacto de subas de salarios, leyes laborales y al reconocimiento político y social dispensado. El conjunto de conquistas sociales y, de modo particular, el mantenimiento de los niveles salariales alcanzados en los años de bonanza, fueron vehementemente defendidos por la acción sindical, cuyo estado de movilización fue, desde su creación misma, casi permanente.
Cuando hacia 1948 la economía argentina acusó los primeros golpes del cambio en el escenario internacional, no tardó en vulnerarse el modelo de crecimiento sustentado en la transferencia de recursos del agro a la industria orientada al mercado interno. La inflación dejó pronto rezagados a los ingresos, viéndose particularmente afectado el obrero azucarero, debido a las características del sistema regulatorio que el gobierno nacional había diseñado para el sector. A contramano de la estrategia basada en el aumento del poder de compra del salario, ya en 1949 podía advertirse en el discurso oficial el énfasis puesto en la moderación del consumo y en la importancia del ahorro en la economía familiar.
Con el objetivo de contribuir al campo de los estudios regionales centrados en el mundo del trabajo en tiempos del primer peronismo, recorriendo fuentes que permitan complejizar la mirada sobre la experiencia obrera azucarera, ensayamos aquí una aproximación a los procesos aludidos intentando dimensionar el impacto material y simbólico de la crisis sobre las condiciones de vida recientemente conquistadas por los trabajadores de los ingenios jujeños, quienes en octubre de 1949 protagonizaron una de las más importantes huelgas del sector.
Cuando las fuentes lo permitieron, procuramos ir más allá de la escena que trazan las mediciones estadísticas, siguiendo también las huellas de actores concretos. 

En torno a la agroindustria del azúcar en Jujuy

En los valles subtropicales del oriente jujeño cuatro ingenios azucareros conformaban en tiempos del llamado primer peronismo el principal sector económico de la provincia, encabezado por el gran complejo agroindustrial de Ledesma. La década de 1920 había significado para las provincias del norte el afianzamiento de la producción azucara a gran escala, conformándose unidades productivas con fuerte integración vertical. En los años '30 el proceso de proletarización de la mano de obra estacionaria era aún incompleto debido a la predominancia de trabajadores provenientes del altiplano jujeño que, en sus comunidades de origen, seguían manteniendo gran parte del año sus tradicionales modos de vida con eje en la cría de ovinos y camélidos (Rutledge, 1987).²
La necesidad de asegurar la presencia masiva de trabajadores al comienzo de la zafra llevó a las Compañías a promover la integración forzosa del campesinado puneño al sistema de plantaciones, asegurando su reclutamiento a través del sistema del contratista. El comúnmente llamado "negrero" era el encargado de proveer al ingenio cierta cantidad de braceros, recibiendo como retribución una suma de dinero por individuo y, al finalizar el contrato, un porcentaje sobre el trabajo realizado por el peón. Era muy común que el contratista fuera a la vez caudillo político de la zona y desplegara una serie de mecanismos coercitivos para asegurar el conchabo y traslado de los contin­gentes obreros.
El número de trabajadores estacionales superaba ampliamente al de los obreros permanentes. Ian Rutledge, en base a datos del Censo Nacional Agropecuario de 1937, estimó que los dos principales ingenios de Jujuy y Salta (Ledesma y San Martín del Tabacal) requerían, en conjunto, alrededor de diez mil hombres para poner en movimiento a las fábricas en épocas de zafra (Rutledge, 1987: 202), cifra que debió ser bastante mayor avanzada la década de 1940, de acuerdo a referencias identificadas en algunas fuentes. Una vez arribados los contingentes obreros, los ingenios organizaban la explotación de las plantaciones dividiéndolas en unidades productivas denominadas "lotes", al frente de los cuales había un capataz. Los contratistas controlaban la labor diaria de los braceros, a quienes se les asignaba una cantidad de surcos a cosechar, generalmente el equivalente a dos toneladas de caña. La prevalencia del trabajo "por tanto" significaba que la salida y puesta del sol marcaba, en definitiva, la duración de la jornada laboral. Al no existir un criterio pautado se imponía la heterogeneidad en la forma de efectivizar el pago, cuyo monto se calculaba por tonelada de caña que –según las disposiciones vigentes– debía prepararse "hachando por la base, pelando cada tronco, cortando la punta inmadura, apilándola en el surco, para luego transportarla a hombro hasta el carro que ha de llevarla a la fábrica".³
Tampoco los obreros permanentes de los ingenios gozaban, aún en vísperas del golpe militar de 1943, de la protección derivada de la legislación laboral vigente, la que carecía en general de reglamentación a nivel local, pese al funcionamiento desde 1930 del Departamento Provincial del Trabajo, siendo notorias las carencias en materia de vivienda y salubridad. Aunque para esa época la mayoría de los pagos se efectuaban ya en moneda nacional, eran frecuentes las liquidaciones en vales que debían ser canjeados en las proveedurías de los ingenios por mercaderías cuyos precios eran, en general, más elevados que en cualquier otra parte.
Sabemos que en 1934 el jornal de un obrero azucarero permanente se situaba alrededor de los $2,50.⁴ Un "Estudio sobre el costo de la vida y jornal medio del jornalero del Estado" realizado por el Departamento Provincial del Trabajo en 1934, podría brindar una idea aproximada del salario real. El estudio daba cuenta del precio corriente en plaza de los artículos considerados "de consumo básico", a criterio de un grupo de 58 peones jornaleros de reparticiones estatales, a quienes se había encuestado. Estos mantenían en promedio a un total de cinco personas y su consumo diario de alimentos consistía, en general, en un kilo de carne ($0,40), un kilo de pan ($0,30), un kilo de verduras ($0,30), un litro de leche (0,20) y medio kilo de artículos de almacén (0,50),⁵ ascendiendo así el gasto diario en la canasta de consumo a la suma de $1,70.⁶ Si el jornal mínimo de $4 que recibía el obrero estatal en el Jujuy de la época dejaba a éste un remanente de $2,30 diarios, tras cubrir las necesidades básicas de alimentación de su núcleo familiar, podría estimarse (sólo a fines indicativos y haciendo abstracción de diferencias importantes de contexto, tales como los más elevados precios de las proveedurías de los ingenios o la provisión de leche y hortalizas de la que algunos solían beneficiarse) que las necesidades de subsistencia diaria del obrero azucarero insumían casi el 70% de su jornal.⁷
A la puerta de los grandes cambios que la etapa abierta a mediados de 1943 traería aparejados, las firmas azucareras jujeñas gozaban de una relativamente sólida situación financiera. El ingenio Ledesma, emplazado en el departamento homónimo, era el complejo agroindustrial más importante de la provincia y uno de los principales del país. Junto a éste, completaban el cuadro los ingenios La Esperanza y Río Grande –en el departamento de San Pedro de Jujuy- y, a partir de principios de la década de 1940, el ingenio San Andrés en el departamento de Santa Bárbara.
Desde los años del "despegue" azucarero tucumano, la política argentina para el sector se había caracterizado por la decidida intervención del Estado en el mercado, fundamental para sostener la rentabilidad de la actividad. En los años'30 continuarían las políticas regularizadoras, en el marco del impacto de la  crisis económica mundial sobre la economía del país. Las presiones corporativas de los ingenios tucumanos y norteños –acuciados por la negativa relación costos/beneficios– derivó a principios de la década en la conformación de la Comisión Nacional del Azúcar, proyectada durante la gestión de Alvear (Campi y Kindgard, 2006). La salida fue el establecimiento de derechos adicionales a los azúcares extranjeros, junto a la fijación de un precio tope de venta, en resguardo de los intereses del consumidor. Para conjurar los riesgos de la sobreproducción los industriales acordaron,  a instancias de la Comisión, limitar la fabricación a través de la adjudicación de cuotas de venta para cada zona azucarera. Esta modalidad regulatoria beneficiaba a los ingenios tucumanos en desmedro de los de Salta y Jujuy, que habían ido incrementando su participación relativa en la producción nacional. El intento más importante para coordinar una legislación reguladora cristalizó a fines de 1938, en el proyecto de creación de la Junta Reguladora de la Industria Azucarera. Aunque al cabo truncada, la iniciativa avanzaba sobre aspectos de derecho laboral que darían luego el sello a la política social desplegada por el peronismo en las tierras del azúcar.⁸

El peronismo y el mundo del trabajo azucarero

A pesar de ser esta una industria que elabora un producto tan dulce, no lo es sin embargo para el obrero que trabaja en ella, que no ha visto hasta ahora reconocida su labor y remunerada como corresponde la tarea que desempeña. Y debo hacer mención en este momento de un nombre grato seguramente a vuestros oídos. Me refiero al Vicepresidente de la Nación, Ministro de Guerra, y por sobre todo, Secretario de Trabajo y Previsión y Primer Trabajador Argentino: Coronel Juan D. Perón.⁹

La frontera entre un antes y un después que en Jujuy dejó trazada el peronismo, sería por demás elocuente al fijar la mirada en el mundo del trabajo azucarero, tanto en el microcosmos de los lugares de labor cotidiana como en la proyección ampliada de sus conflictos en el espacio público. Al frente del Departamento Nacional del Trabajo desde octubre de 1943, Perón se dispuso a emprender medidas directas para el mejoramiento social de la clase obrera del país, siendo uno de los primeros pasos la modernización del aparato estatal para facilitar la reglamentación de las relacio­nes laborales. Un decreto del Ejecutivo Nacional creaba a fines de noviembre la Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP), pasando a depender de la misma los organismos provinciales hasta el momento encargados de las funciones de previsión y ahorro y de policía del trabajo.
Las condiciones laborales en el sector azucarero jujeño habían merecido desde un principio la atención de las autoridades de la intervención. Al mes de producido el golpe militar, se aumentaban en un 10% los jornales pagados a los braceros por su trabajo en la zafra. En agosto de 1943 se dictaba un decreto reglamentario de la ley que fiscalizaba el trabajo de mujeres y niños, al tiempo que se notificaba a los ingenios la prohibición de emplear a menores de 14 años. Una de las primeras medidas de la STyP en Jujuy tenía que ver con la contratación de braceros para los cañaverales, exigiéndose a los contratistas el depósito de diez mil pesos como garantía de cumplimiento de sus obligaciones. Se disponía, además, que el traslado de los obreros hasta los sitios de trabajo se hiciera en coches de segunda clase de los ferrocarriles. Al 6 de marzo de 1944 los contratos bajo la nueva modalidad ascendían a 2.388.¹⁰
Jujuy fue la primera provincia a la que Perón envió una Comisión Interventora de la delegación Regional de la STyP con la finalidad específica de estudiar la problemática sociolaboral de la agroindustria azucarera. La misma estuvo presidida por el abogado Arturo Fassio, quien durante veinte años había estado al frente de la Asesoría Jurídica del ex Departamento del Trabajo y era por entonces Delegado de la STyP ante el Consejo de Defensa Nacional. Decía el gobernador provisional Emilio Forcher en ocasión de poner en funciones a los miembros de la Comisión:

El problema fundamental de las relaciones entre el capital y los trabajadores, que solo en la actividad de la industria azucarera en la provincia de Jujuy alcanzan a 17.000, debía ser resuelto teniendo como base y por objetivo la justicia, gracias a la cual los obreros vivirán con el grado de bienestar material y de felicidad a que tienen derecho por su esfuerzo (.) y a la vez se evitará que seres humanos sean arreados en forma de rebaños dando margen, como penosa realidad, a la actividad de los "negreros".¹¹

A pocos días de asumir, las nuevas autoridades fijaban las pautas que debían seguir las Subdelegaciones Regionales, a saber: controlar estrictamente el cumplimiento de las cláusulas del contrato para el trabajo en la zafra; instruir a los braceros, antes del embarque, de sus derechos y obligaciones; recorrer los lotes o campamentos al comenzar la zafra, para verificar su adecuación; confirmar que el racionamiento gratuito brindado por los ingenios fuera entregado en dinero efectivo y no en vales. Debía controlarse, además, que los precios máximos fijados por las Comisiones de Abastecimiento para las zonas azucareras se visibilizaran claramente en proveedurías y almacenes.¹² Entre las varias resoluciones que la Comisión daría a conocer en los días subsiguientes, figuraba la obligatoriedad de las empresas de tramitar con antelación permisos especiales para someter a los obreros al trabajo en horas extras, debiendo la STyP  comprobar su necesidad.¹³ Se exigía a los ingenios remitir a la Delegación Regional la nómina y fecha de las vacaciones otorgadas a sus empleados durante el año en curso, instándolos a otorgar los beneficios de la ley provincial 1.144 sobre sábado inglés.
Como a lo largo del país, también en los ingenios jujeños el pasaje de la letra de la ley a los hechos concretos fue garantizado por la acción vehemente de los sindicatos. Con el patrocinio de la Delegación Regional de la STyP y de la FOTIA tucumana se concretaba, entre 1944 y 1945, la sindicalización en los cuatro ingenios jujeños, dejando atrás una larga historia de intentos frustrados en pos de la agremiación de los obreros del sector.¹⁴ A partir de su fundación los sindicatos azucareros plantearon a las Compañías numerosos reclamos sobre recomposiciones salariales, mejoramiento de las condiciones de labor y prestaciones de servicios sanitarios, respaldados por los informes de los inspectores de la STyP. El antiguo Departamento del Trabajo de la Provincia había contado con sólo seis personas, además del director y el asesor letrado. En 1944 la Delegación Regional de la STyP destinó cuarenta inspectores sólo abocados a controlar  la actividad durante los meses de zafra.
A principios de setiembre de 1945 un conflicto importante estalló en el ingenio Ledesma que derivó en la suspensión de las tareas en las fábricas y en los lotes. La "Unión Obreros del Ingenio Ledesma" había presentado a la patronal un petitorio cuyo punto central era la clasificación del personal tanto de fábrica como del surco, para ajustar de acuerdo a ello la nueva escala salarial que se exigía. Se incluía además el cálculo del tiempo estimado que demandaba cada tipo de tarea, de modo de evitar la recarga de trabajo correspondiente a un jornal. Así, por ejemplo, se fijaba el tiempo que llevaba a los conductores de cal realizar cuatro viajes de carbonilla, o el tiempo en que los peones de cerco podían hacer cincuenta surcos cuando los terrenos eran blandos, lo que equivalía a cuarenta cuando se trataba de tierras duras. Vencido el plazo establecido por los obreros, se inició la huelga. Las negociaciones entre el presidente del sindicato, Baldomero López, y el propietario del ingenio, Herminio Arrieta, de las que participó también un representante de la FOTIA tucumana y el inspector de Trabajo y Previsión, derivaron finalmente en el triunfo de los trabajadores. Durante la semana siguiente se procedería a la clasificación del personal y a la fijación de los nuevos salarios.¹⁵
Siguiendo la tendencia del año anterior, a lo largo de 1946 la agitación obrera en el área azucarera fue casi permanente. Los paros se sucedieron en los cuatro ingenios de la provincia, motivados por peticiones de aumento de salarios, de cambio de condiciones en el régimen de trabajo o ante despidos de trabajadores. En el mes de junio, la prensa anunciaba que

El Ingenio Ledesma desde este mes pagará los sueldos y salarios mínimos a sus empleados y obreros; además proveerá de leche a los hijos de los obreros y pagará el salario familiar. Con ello, un obrero cualquiera ganará $ 6 diarios y un empleado 200 pesos mensuales. Cabe preguntar si las reparticiones del gobierno y municipales pagan esos sueldos y jornales (.) Si así siguen las cosas, las reparticiones públicas se quedarán sin empleados y sin obreros, pues suponemos que aquellos no dejarán que se les siga explotando y más aún, viendo que a un ídem de una empresa particular se le paga el doble.¹⁶

Como referencia del nivel de mejora salarial en el campo azucarero, apuntemos que todavía en setiembre de 1946 los trabajadores de la construcción de la capital jujeña bregaban a través de su dirigencia gremial por conseguir un jornal mínimo de $6,50 por día.
Un trabajo reciente cuestiona la interpretación prevaleciente en la historiografía acerca de la notable evolución de los salarios reales en la Argentina peronista, abriendo interrogantes sobre la representatividad de los datos agregados de las estadísticas utilizadas, cuestionando, además, la tendencia a proyectar al conjunto de los trabajadores y al conjunto del país conclusiones obtenidas a partir de fuentes referidas a los obreros industriales del área central (Newland y Cuesta, 2017).¹⁷ En contraste, para Marcelo Rougier los incrementos del salario nominal en aquellos años habían superado la tasa de inflación, lo que habría implicado un alza de alrededor del 60% en el salario real entre 1945 y 1948, "consagrando de ese modo una notable mejora en la calidad de vida" (Rougier, 2012: 43). Como bien señala este autor, diversos mecanismos de política pública convergieron durante el peronismo para acentuar el poder de compra de los salarios, cobrando especial importancia el sistema de control de precios tempranamente implementado, a lo que cabría sumar –al menos para Jujuy– un eficiente sistema de abastecimiento de productos básicos a través de la venta directa al público por parte del Estado.
A días de asumir su mandato, en junio de 1946, el propio Perón había dejado abierta la campaña encaminada a morigerar el encarecimiento de la vida, "que ha llegado a niveles inusitados –decía un diario local– debido a muchos factores de los que no es extraña la especulación".¹⁸ Un año y medio después, el presidente exponía la situación en estos términos: "Lo primordial es crear y reactivar el trabajo para producir: luego se lucha contra la inflación siguiendo los métodos modernos de vigilancia sobre el terreno de cada uno de los agentes provocadores del movimiento inflacionista".¹⁹ Era a la sociedad en su conjunto a la que se instaba a movilizarse sumándose a la "cruzada" contra el "agio y la especulación". "Sobre el terreno" la acción consistió en la continua emisión y divulgación –a veces diaria- en panfletos y a través de la prensa, de listas de precios máximos fijados en base a las evaluaciones de la Dirección de Abastecimientos y Control de Precios (DAyCP), con el fin de que la población pudiese comparar y denunciar, llegado el caso, a los infractores. El comercio minorista debía tener -a la vista de agentes, inspectores y público consumidor- carteles indicando el precio de los productos a la venta.²⁰
A mediados de 1947, la Junta Regional de la DAyCP del departamento azucarero de San Pedro, "ha movilizado todos sus recursos para hacer una eficaz campaña en pro del abaratamiento de la vida [enviando] circulares a los comerciantes mayoristas, advirtiéndoles que deben denunciar toda existencia de artículos de primera necesidad, a fin de asegurar su provisión permanente, como ser aceite, arroz, grasa, papas y jabón".²¹ Los inspectores destacados en el ingenio La Esperanza, constataron que Leach’s Argentine Estates vendía artículos de primera necesidad (frangollo, sebo vacuno, maíz pelado, porotos) a precios mayores que los fijados oficialmente.²² Si las sanciones a los comerciantes que infringían los topes a los precios nos hablan de la tendencia a transgredirlos, revelan también la medida en que los controles efectivamente existieron.
En marzo de 1948 el gobierno jujeño gestionaba ante fábricas de Buenos Aires la compra de grandes cantidades de artículos de primera necesidad, "imprescindibles para la vida diaria, a fin de facilitarlas a precio de costo a las casas distribuidoras de esta ciudad para su venta posterior a los precios máximos oficiales".²³ Los diarios locales dan muestra de la intensa actividad desplegada por la DAyCP, multiplicándose las delegaciones por los principales centros de población del interior provincial. Despliegue cotidiano de una pléyade de inspectores de cuya acción eficaz esperó el gobierno la plasmación real, concreta, en la experiencia popular, de una política que tenía en el aumento del poder de compra del salario –y la consiguiente expansión del mercado interno– uno de sus pilares centrales.
Si por una parte acordamos en otorgar fiabilidad a los datos que nos brindan las listas de precios máximos a la hora de estimar el nivel de vida de los obreros azucareros durante los años del primer peronismo, confiaremos, por la otra, en la información sobre sueldos y salarios disponible en una fuente privilegiada por las circunstancias que rodean su producción, a saber: los expedientes de los Tribunales del Trabajo, conformados en distintos momentos en cada provincia a partir de la invitación del flamante presidente Perón para sumarse a la experiencia del fuero creado en 1944 en la Capital Federal (Palacio, 2018). En Jujuy, el fuero laboral inició su actividad en marzo de 1949 convocando recurrentemente –para instruir cada una de las causas por despidos, accidentes de trabajo, salarios impagos, etc.– la figura del perito contador, quien debía compulsar in situ los registros contables de las empresas y elaborar, en la mayoría de los casos, series de salarios de varios años atrás. Así, por ejemplo, Francisco Carrizo había ingresado a trabajar en el ingenio Rio Grande en mayo de 1934 percibiendo un jornal de $2,50, llegando a cobrar en 1945 un jornal promedio de $4,43; que ascendió a $6,16 en 1946 y a $7,32 en 1947, cuando se desempeñaba como regador de los cultivos en el lote "San Juancito".²⁴ A una categoría laboral superior pertenecía José Manuel Güemes, quien trabajó en el ingenio Ledesma desde mayo de 1938, como "ayudante controlador" en el lote "Florencia", con un sueldo de $132, llegando a cobrar en vísperas del golpe de 1943 $175 por desempeñarse como "ayudante lotero" en el lote "San Antonio", cargo al que había sido ascendido el 22 de agosto de 1942. En julio de 1943 –ya en la nueva etapa política- su sueldo fue aumentado a $200, manteniéndose así hasta setiembre de 1945 en que el triunfo obrero tras la huelga iniciada a principios de ese mes (ver supra) lo llevó a $225. En febrero de 1946 Güemes pasó a ocupar el cargo de "controlador" en el Lote "Fraile Pintado", percibiendo el mismo sueldo hasta julio de ese año en que éste fue fijado en $270. En agosto de 1947 un nuevo aumento salarial le asignó un sueldo de $346. Al mes siguiente la Compañía lo despedía por "abandono de tareas".²⁵ En la planilla confeccionada por el perito convocado por el Tribunal del Trabajo para evaluar la pertinencia de la indemnización se aclaraba que cada uno de los montos salariales percibidos por el obrero entre 1938 y 1947 debía ser acrecentado en un 10%, correspondiente a remuneraciones en especie (casa-habitación, leche, verduras, leña y kerosén).²⁶
En definitiva, al promediar 1947, un obrero azucarero de las categorías inferiores recibía un jornal que rondaba los $7, y un trabajador de escalafón medio percibía un salario que le permitía disponer, aproximadamente, de $12 diarios. Del siguiente comentario sobre un lugar de comida barata en la ciudad de Jujuy, podría inferirse la distancia que los separaba de los niveles básicos de subsistencia en la época:

Ya han desaparecido los locales que ofrecían un plato suculento por 10 o 20 centavos. Ahora el vulgar guiso criollo se paga a 30 y aun a 40 centavos. El asado con su aditamento de escasa ensalada cuesta 50 centavos y un plato de pescado no puede ser ingerido por menos de un peso. Todo esto ocurre en los pequeños establecimientos donde tiene acceso el obrero que resuelve su vida con jornales que nunca son superiores a 4 pesos por día. Hay casas como la Fonda El Obrero donde se ofrece comida barata a la gente de módica economía (.) El plato de sopa, abundante y nutritivo, sólo se paga a 10 centavos (.) el hombre del pueblo que ocupa una mesa resuelve su diario problema del yantar con un gasto que por comida es de 60 y hasta 80 centavos. Esta clase de casas populares, destinadas por supuesto al comensal económicamente ínfimo, debería ser amparada por la Municipalidad.²⁷

El año 1947 sería especialmente fructífero en materia de legislación y control laboral relacionados con los ingenios. Éste se iniciaba con la sanción legislativa del proyecto de creación de un "Registro Único de Empleadores", concebido como un medio de agilizar el control y los trámites burocráticos ligados a la aplicación de sanciones a las empresas. Decía el miembro informante: "con esto cortaremos esos tentáculos del mal intencionado en la avaricia, que no quiere remunerar a sus obreros lo correcto y equitativo".²⁸ También de enero de 1947 era el decreto que reglamentaba las obligaciones de las cuatro Compañías azucareras provinciales en relación a la Ley Nacional 1655 que exigía la provisión de asistencia médica a toda firma empleadora de un número superior a los 200 obreros. En el mes de junio la Legislatura sancionaba la ley que ponía en manos del gobierno el control de las operaciones de pesaje de la caña, a los fines de "disminuir el aprovechamiento que las Compañías o los agentes directos de las mismas hacen de los obreros".²⁹ El cuerpo legislativo cerraría las sesiones de ese año con la sanción de la ley 1814, que obligaba a las empresas proporcionar a empleados y obreros –en concentración permanente o transitoria– viviendas dignas e higiénicas.³⁰ Podía leerse en la Memoria anual del ingenio Ledesma, puesta a consideración del directorio en marzo de 1948:

Se sigue ejecutando el nuevo gran hospital del Establecimiento y la urbanización del Pueblo Ingenio Ledesma y la creación de densos grupos de higiénicas y cómodas viviendas para las poblaciones del centro industrial y de los sectores rurales, con sus correspondientes salas de primeros auxilios, enfermerías, escuelas y otros edificios de función social.³¹

Sobre cuál era el punto de partida en materia habitacional pueden ilustrarnos los resultados de la inspección realizada al Ingenio "La Esperanza" en octubre de 1948, donde se encontró, por ejemplo, que en el lote "San Antonio" existían 165 viviendas ocupadas por un total de 715 personas. El 80% de los obreros con familia habitaban un solo ambiente. De las viviendas, sólo 44 tenían excusados individuales, debiendo el resto hacer uso de garitas colectivas. Únicamente la casa del capataz poseía baño privado siendo, asimismo, la única con conexión domiciliaria de agua. Dada la carencia de baños individuales o colectivos, la gente concurría a bañarse en la acequia que, conteniendo agua con cachaza y melaza, cruzaba el núcleo poblado del lote.³²
Coincidimos con quienes han remarcado que las conquistas sociales de los trabajadores durante el peronismo trascendieron el plano de las condiciones materiales de existencia, expresadas en mejoras salariales y en los beneficios derivados de las políticas de salud, vivienda y educación. Entre las diferencias que el nuevo contexto imprimía a la experiencia popular resaltemos aquí la actitud de quienes irrumpían en el espacio público sintiéndose –y sabiéndose– sujetos privilegiados de un movimiento que desde la cúspide del poder del Estado les ofrecía, además de beneficios materiales concretos, un profundo sentido de dignidad. Para Daniel James, las claves para entender la atracción específicamente política del peronismo debían rastrearse en una retórica que, más allá del claro énfasis en la superación de las desigualdades materiales, se asociaba a una visión particular de la ciudadanía y al papel de la clase trabajadora en la sociedad argentina (James, 1990). "En materia de innovaciones la más notoria, huelga decirlo, fue el acceso de los trabajadores a la Plaza y de los jefes sindicales al palco oficial" (Sigal, 2006, 253), afirmaba Silvia Sigal y no vamos aquí a contradecirla. Decía el obrero azucarero y diputado provincial Manuel López en la Plaza Belgrano de la ciudad de San Pedro, con motivo de la celebración del primer aniversario del 17 de Octubre: "Como representante obrero no puedo estar callado en este Día del Pueblo. No obstante todos los enemigos oligarcas que dicen'no puede ser hoy un día de fiesta’, la clase trabajadora responde con orgullo y honor que sí, de Justicia y Libertad".³³ 

Nubarrones en la economía nacional y anuncios de tormenta en las tierras del azúcar

Siempre he pensado que, en el orden económico, íbamos a vivir sin ninguna crisis en los seis años de mi gobierno. Hoy, como resultado de nuevos estudios que se están realizando, creo que vamos a tener sesenta años sin crisis (.) no creo que ninguna contingencia peligrosa nos amenace (Perón, octubre de 1947).³⁴

El 5 de junio de 1947 el secretario de estado norteamericano George Marshall pronunciaba en la Universidad de Harvard su famoso discurso. A mediados de setiembre 16 países aceptaban, en la Conferencia de París, las condiciones de los Estados Unidos para la reconstrucción europea. El 14 de marzo de 1948 el Senado norteamericano aprobaba el proyecto de ley sobre el Programa de Recuperación de Europa, remitiendo al mes siguiente hacia el viejo continente los primeros embarques. Ya al promediar el año la economía argentina acusaba los primeros golpes del cambio del escenario internacional para la colocación de sus exportaciones de materias primas y alimentos por la caída de la demanda, registrando una sensible baja en los volúmenes de las mismas. Como ha señalado Marcelo Rougier, también la expansión de las importaciones –en gran parte de origen norteamericano– por las necesidades del proceso de crecimiento industrial fue un factor de importante incidencia en la crisis (Rougier, 2012). Decía en referencia a ello una editorial del diario "Jujuy" de mayo del'48, reproduciendo las palabras  de "un conocido economista de nuestro país cuyo nombre reservamos":

los países europeos, agotados por la guerra y con sus economías desorganizadas, no podían enviarnos nada a cambio de los productos que les vendíamos. No tenían ni mercaderías ni medios de pago. Tuvimos entonces que aceptar sus monedas inconvertibles, lo que significó otorgarles créditos por sumas cuantiosas. No quedó entonces a la Argentina otra alternativa que efectuar todas sus adquisiciones en los Estados Unidos (.) Por otra parte, como los Estados Unidos no importan productos argentinos, no hay manera de obtener dólares para compensar lo que se gasta.³⁵

Las medidas adoptadas por el Banco Central para estimular el intercambio, entre las que se contaron las tendientes a colocar productos nacionales en países latinoamericanos o a renovar las relaciones comerciales con Rusia, Checoslovaquia y Hungría, habían habilitado a Miguel Miranda, desde la presidencia del Consejo Económico Nacional, a realizar afirmaciones de este tipo: "si el dólar se encarece tanto que resulta oneroso comerciar tomándolo como moneda de pago o compra, la Argentina puede prescindir del dólar (.) con ellos o sin ellos, el país proseguirá su evolución económica e industrial sin pausa y hacia adelante".³⁶ Algunos meses después, el mismo Miranda decía, esta vez ante los ministros reunidos en Buenos Aires, en la "Tercera Conferencia de Ministros de Hacienda de las Provincias":

nosotros no vamos a disponer de los dólares que acostumbrábamos gastar en EE.UU. Eso es muy sencillo, porque EE.UU. nunca nos compró más que hoy ni nos comprará más de lo que necesita; no podemos pensar que nos compre trigo, maíz y cebada. Nos comprará una parte de la producción de cueros, lana, tanino, quesos, caseína, o sea productos necesarios allí (.) Pretender obtener más dólares en EE. UU. es perder el tiempo. Yo que soy comerciante sé que eso es así, pues nadie compra lo que no necesita.³⁷

Se estimaba que Argentina consumía en dólares alrededor de 1.400 millones de pesos al año. La política que aconsejaba seguir a quienes llevaban el timón de las economías provinciales era, así, "zafarse todo lo posible del área dólar", a la hora de confeccionar los planes de licitación de obras, "porque de lo contrario el Consejo Económico tendrá que negar las divisas porque no puede dar lo que no tiene".³⁸
En esa Conferencia del 22 de noviembre de 1948 estuvo presente Perón, quien resaltó el pasaje, durante los años que llevaba su gobierno, "de una economía de miseria a una de abundancia". Para comprobarlo –decía- "es suficiente ver cómo vive nuestra gente y cuál es el concepto que le merecemos a los que nos visitaron antes y nos vuelven a visitar ahora".³⁹
Lo concreto es que la falta de la divisa norteamericana derivó en la devaluación del peso y en una inflación  que, ya a fines de ese año, se  mostró desenfrenada. La reacción del gobierno incluyó medidas de carácter fiscal, buscando contener el gasto público para eliminar los déficits de presupuesto y tender a prescindir del uso del crédito. Desde el Ministerio de Finanzas de la Nación, Ramón Cereijo recomendaba a los gobiernos provinciales ajustar los gastos de acuerdo a las posibilidades reales de recaudación, postergando la iniciación de nuevas obras y financiando sólo aquellas en curso de ejecución.
En noviembre de 1948, Perón había inquirido a los ministros reunidos: "Quisiera saber si las provincias se arreglan bien con la plata que tienen. No digo si tienen bastante, sino si pueden arreglarse, que no es lo mismo".⁴⁰ A su turno, el ministro jujeño, Jorge Villafañe, respondía:

Yo voy a terminar, y discúlpeme el señor Ministro de Hacienda, en la cierta esperanza de que no en vano he venido a golpear las puertas de su Ministerio para conseguir antes de fin de año, la satisfacción de nuestras necesidades para no interrumpir las obras para la salud pública, para las escuelas, para la vialidad y para la hidráulica, que requiere urgentemente nuestra Provincia.⁴¹ 

A principios de febrero de 1949, un decreto del gobierno de Jujuy disponía la ejecución como obras nuevas de aquellas "que tiendan a solucionar el problema de la vivienda, las de urgencia notoria y las construcciones destinadas a la educación y a la salud pública", siguiendo –se decía- las recomendaciones de la III Conferencia de Ministros de Hacienda.⁴² Para complementar las emisiones de títulos de empréstitos de la Nación, tramitaba un préstamo de $1.400.000 ante al Instituto Provincial de Previsión Social. Medio año más tarde, recurría por la suma de  $400.000 al Banco de la Provincia.
La salida hallada por el gobierno nacional para hacer frente a la crisis afectaba el corazón de su estrategia económica con eje en la redistribución del ingreso desde los empresarios a los trabajadores y desde el sector agropecuario al industrial. La inflación dejó pronto rezagados a los salarios, viéndose particularmente afectado el trabajador azucarero debido a las características del sistema regulatorio que el gobierno nacional había diseñado para el sector y que, en definitiva, cargaba sobre el Estado el peso de los acrecidos costos de producción de los ingenios tucumanos, fruto de las políticas de recomposición salarial y mejoramiento de las condiciones sociolaborales (Rubinstein, 2001). El precio de venta del azúcar no había evolucionado en igual medida que los costos, y el Estado nacional –ya desde principios de 1945– había implementado una política de compensaciones, subsidian­do a los ingenios de menor productividad.⁴³ Tanto los organismos oficiales como los dueños de ingenios coincidían en resaltar el sensible aumento de los costos de producción del azúcar. Se estimaba que los mismos se habían incrementado, desde 1946 a 1948, en un 46%.⁴⁴ El Fondo Especial de Compensación y Asistencia Social beneficiaría a los industriales tucumanos, despertando resquemor en sus colegas del Norte. Como ha sido señalado, debido a condiciones estructurales específicas, el sector azucarero tucumano acusaba menores rendimientos sacarinos, asentándose, por lo demás, en un sistema regulador de matriz distributiva cuyo trasfondo social le había venido asegurando el favor oficial, marcando esto una diferencia notoria con los ingenios salto-jujeños (Bravo y Bustelo, 2018).⁴⁵ A mediados de 1946, incluso los obreros del ingenio Río Grande elevaban al delegado de la STyP en Jujuy sus reparos al respecto: "es notorio que los fondos recaudados con destino a compensaciones y ayuda social han sido producidos en una proporción muy apreciable por el esfuerzo de los obreros de los ingenios del Norte, cuyo aporte al volumen de la producción azucarera nacional es proporcionalmente creciente año a año".⁴⁶
Desde principios de la década de 1940 había vuelto a estar latente la "cuestión azucarera" en el país. El problema del abastecimiento del mercado interno se agravaría, registrándose durante los años 1944, 1945 y 1946 un notable incremento en la importación del producto. En 1948, la Comisión Interministerial de Estudios Azucareros informaba que la producción de azúcar apenas alcanzaba para satisfacer las necesidades del consumo interno. El Presidente del Consejo Económico Nacional, Miguel Miranda, expresó su preocupación en la Conferencia de Ministros de Hacienda, de finales de ese año:

Estamos ante un hecho grave. Me refiero a la provincia de Tucumán. Por razones equis no se ha producido la cantidad de azúcar que debió haberse producido (.) Estamos en una lucha para no utilizar nuestras divisas en cosas no capitales y por incomprensión de las provincias el país tiene que comprar azúcar por diez millones de dólares para que no falte ese producto. Es un hecho que no quiero calificar porque sería muy duro en mi calificativo.⁴⁷

Preanunciando el giro, no sólo discursivo, que el gobierno imprimiría a su relación con el movimiento obrero del azúcar, Miranda responsabilizaba por la situación a las huelgas habidas en el sector: "¿Así que esos obreros entienden que para ganar más deben dejar de producir? (.) esa intransigencia cuesta millones de dólares al país".⁴⁸ Este argumento quedaba, en todo caso, relativizado ante la evidencia del nivel de productividad alcanzado por los ingenios jujeños cuyos trabajadores, afiliados también a la FOTIA tucumana, secundaron cada medida de fuerza declarada por la poderosa central azucarera.
En 1947 el ingenio La Esperanza había festejado la terminación de una cosecha azucarera "que será el récord en los anales de esta Socie­dad".⁴⁹ Por su parte, el ingenio Ledesma obtenía de la zafra de ese año un rendimiento fabril del 12,14. En la memoria anual elevada por el directorio de la empresa se hacía referencia a la misma como la máxima registra­da por el ingenio Ledesma, alcanzándose a producir 50.872 toneladas de azúcar.⁵⁰ En 1948, los 6 ingenios norteños obtuvieron un promedio de rendimiento del 10,26%; los 28 ingenios de Tucumán (jaqueados por la mala cosecha) alcanzaron un 7,32%, y los 3 de Santa Fe y uno del Chaco llegaron, en conjunto, al 7,88%.⁵¹
La diferencia entre la situación de los ingenios del Norte y la de los tucumanos que provocaba la reacción del "zar de las finanzas" del gobierno de Perón tenía que ver, en lo esencial, con el referido sistema de compensaciones que hacía que los costos por las recomposiciones salariales de los segundos fueran afrontadas, en definitiva, por las arcas del Estado, dando la tónica a la política del peronismo en relación a la agroindustria azucarera (Brennan y Rougier, 2013). No alcanzado por los beneficios del subsidio, el ingenio Ledesma informaba en 1948 a sus accionistas que "durante el transcurso del ejercicio fue necesario afrontar y dilucidar una serie de cuestiones planteadas por los sindicatos obreros, que se tradujeron en nuevas y onerosas mejoras de sueldos y salarios que afectarán aún más los ya elevados costos de producción".⁵²

Dimensiones materiales y simbólicas del impacto de la crisis

"Los obreros del azúcar han ganado tan poco anteriormente que ahora tienen derecho a ganar más", había respondido el ministro de Hacienda de Salta a Miranda, no sin antes dejar en claro sus resquemores por la gravitación de la FOTIA sobre el sindicalismo de su provincia.⁵³
En noviembre –coincidiendo con la Conferencia de Ministros– el trabajador azucarero Mamerto Medina encabezaba una delegación que viajó a la Capital Federal para poner en conocimiento del Comité Central Confederal de la CGT –y del propio Perón– los ribetes que estaba adquiriendo la situación obrera en el área azucarera jujeña. La conflictividad había empezado a exacerbarse en los últimos meses de 1948, al ritmo del deterioro del salario real.
El siguiente Cuadro muestra la evolución del salario nominal de dos obreros azucareros entre 1946 y 1949, comparándola con las variaciones habidas en los jornales de un trabajador minero y de un peón estatal en el mismo lapso, pertenecientes todos a los rangos inferiores de cada actividad:

Cuadro 1. Evolución de salarios nominales (1946-1949).

Fuente: elaboración propia en base a expedientes de los Tribunales del Trabajo⁵⁴

Se advierte la caída en la tasa de crecimiento del salario azucarero jujeño en 1948 (un incremento de tan sólo 1,10%, si promediamos los dos casos considerados) frente al 15% registrado en 1947. Tras el aumento salarial concedido por el gobierno al sector en febrero de 1949, la tasa de  crecimiento ese año respecto del anterior se ubicó alrededor del 23%.
Por otra parte, la pérdida del poder adquisitivo del salario azucarero se insinúa ya al compararlo con el de los otros dos sectores: si en 1946 el jornal de un trabajador de ingenio equiparaba al de un obrero minero y casi duplicaba al de un obrero estatal, desde 1947 aquél había empezado a quedar notoriamente rezagado respecto del jornal minero y muy próximo –a partir de 1948- al jornal pagado por el Estado en Jujuy.⁵⁵
En los primeros meses de 1949, el obrero azucarero Pedro Juárez, que trabajaba en el ingenio La Esperanza, obteniendo un ingreso mensual de $260, solicitaba "carta de pobreza" ante el Juzgado de Paz, a fin de tramitar una beca de estudios para su hija de 18 años, en la Escuela de Manualidades de la capital jujeña, y para su hijo de 14, quien se disponía a cursar sus estudios secundarios.⁵⁶ Su ingreso era similar al percibido por Santiago Jaimez, un oficial sastre de la ciudad de Jujuy que confeccionaba sacos "por tanto", percibiendo en promedio $250 por mes.⁵⁷ Los casi $ 300 mensuales que le reportaba a Pedro Carabajal –obrero oriundo de Quilmes (Tucumán)– su jornal como ayudante práctico de fabricación de azúcar en el Ingenio Río Grande ($9,83 diarios en marzo de 1949) también era considerado insuficiente en la época para costear los estudios de su hijo.⁵⁸
De cualquier modo, sólo la estimación del poder de compra, a través de una aproximación al salario real, permite dimensionar el impacto de la coyuntura en el nivel de vida de los actores que nos ocupan. La insatisfacción obrera frente al decreto nacional n° 2895 que elevaba un 20% el salario azucarero (Rubinstein, 2001), se entiende a la luz de una inflación desenfrenada.
El Cuadro n° 2 compara, para 1948 y 1949, los precios de aquellos productos que habíamos convenido incluir en una canasta básica de consumo diario familiar hacia 1934 (ver supra), obteniendo en cada caso la tasa de incremento sufrido.

Cuadro 2. Precios de productos de primera necesidad (1948 y 1949).

Fuente: elaboración propia en base a precios máximos oficiales publicados en la prensa.⁵⁹

Si hacia 1934, alrededor del 70% de los ingresos de un obrero azucarero habría debido destinarse a cubrir las elementales necesidades de alimentación, quince años después, en medio de la crisis, éstas habrían insumido aproximadamente el 45% de los mismos, considerando un jornal promedio de $9.
Lejos de haberse relajado, el celo oficial puesto en el control de precios se reforzó con decretos provinciales que complementaban los de nivel nacional. De las fuentes se desprende la intransigencia a la hora de aplicar sanciones a los infractores. Cuando a mediados de 1949 el presiente de la Federación Económica del Norte Argentino pidió la intercesión del ministro del Interior para que se atenuaran las sanciones impuestas a los comerciantes de Jujuy "dejando sin efecto los arrestos que en centros reducidos toman gran trascendencia, afectando hondamente a arraigados y prestigiosos comerciantes", obtuvo por respuesta, desde la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimientos, que "El artículo 45° del decreto 23.687 es terminante: el arresto se cumplirá en las alcaidías o dependencias policiales en lugares que no estén destinados al alojamiento de procesados o penados por delitos.".⁶⁰ A finales de ese año, los inspectores provinciales levantaban un acta contra Alfredo Andrada, dueño de una carnicería en la barriada popular de "San Pedrito" en la ciudad de Jujuy, porque "a la señora Juana Cruz le cobraron en el día de la fecha por 400 gramos de blando común de la pierna el precio de un peso $1,00, siendo su precio máximo de 2 pesos el kilo".⁶¹
El espectro del consumo alimenticio de "primera necesidad" era en la época ciertamente más variado que el aquí considerado indicativo de niveles básicos. En noviembre de 1949, en el local que la DAyCP tenía en la capital jujeña, se expendía directamente al público (además de aceite, maíz pelado, alcohol y alpargatas) "hasta 2 kilos diarios de arroz por persona a $1,60 el kilo", lo que estaría indicando la importancia de este producto en la dieta de la población.⁶² Natalia Milanesio analizó el fenómeno de la expansión del consumo popular en estos años del peronismo clásico, dando cuenta de la gama de nuevos artículos incorporados por el "consumidor obrero", entre ellos mejores y más alimentos, además de prendas de vestir y aparatos para el hogar, como cocinas a gas y heladeras eléctricas, que podían ser adquiridas en cuotas (Milanesio, 2014). En su "Gran Venta de Fin de Año" la céntrica Tienda Farah de la ciudad de Jujuy –"La Casa del pueblo y de los precios justos"– ofrecía "mercaderías a precios que asombran": hojas para afeitar a $0,40 el paquete; pañuelos de bolsillo blancos a $0,70; camisetas malla a $3,50; camisa sport a $14,50 y zapatos para hombres, entre $38,50 y $98,00.⁶³
En 1947, el obrero azucarero de 51 años Eliseo Reyna, de oficio albañil, decidía comprar un reloj pulsera al empleado contable del ingenio Ledesma, Aniceto Calderón, por la suma de $170 pesos, que Reyna convino pagar en nueve cuotas de $20 mensuales. Alejandro Reyes, por su parte, peón pintor de 28 años de edad, había adquirido un reloj pulsera y un anillo de oro por el monto total de $178, pagaderos en cuotas de $25, aunque "por razones de índole particular no pudo cumplir con su obligación en forma regular", trabándosele embargo sobre el sueldo que percibía en el ingenio.⁶⁴ Llamado como testigo ante el fuero laboral en pleito entablado entre Calderón y la firma azucarera, Reyes declaraba "Que sabe y le consta por conocimiento propio que el señor Calderón tiene para la venta en su domicilio, heladeras, zapatillas, cocinas económicas y todo artículo de relojería y joyería, además de radios, muebles y ropería de confección".⁶⁵ El abogado de la Compañía, abocado a demostrar a los jueces la justificación del despido recaído sobre el empleado-mercader, afirmaba:

Este señor en los seis meses que se pudo investigar, resulta haber negociado seis vagones de vino, algo como sesenta mil botellas, o sea, más que el almacén del Ingenio en igual período, millares de cajones de cerveza y vendiendo además máquinas de escribir, zapatillas, relojes pulsera, máquinas de coser, heladeras, radios, juguetes, triciclos, alhajas, ventiladores, cocinas económicas, muebles, lapiceras, pan dulce, frutas desecadas, etc., es decir, un vasto surtido de mercancías, haciendo las ventas al contado y a crédito (...) Y tan es que la razón de ser era aprovechar su puesto y el personal de empleados y obreros del Ingenio Ledesma y nada más, que cuando se le dejó cesante, cesó también su comercio en la zona, yéndose a vivir a Salta.⁶⁶

Si, como señala Milanesio, la mejora en la calidad de vida de los trabajadores estuvo estrechamente ligada a su incorporación a la esfera del consumo, que a la vez se ubicó en el núcleo de la conciencia del derecho a una existencia digna, ellos debieron acusar el golpe de la crisis también a un nivel simbólico, al ritmo de las mutaciones discursivas del líder y del oficialismo en general.
Coincidiendo con el recambio, en enero de 1949, del equipo económico conducido por Miguel Miranda y la reorganización ministerial  -que llevó a Alfredo Gómez Morales a conducir la flamante Secretaría de Finanzas y a Roberto Ares la Secretaría de Economía de la Nación- podía advertirse en el discurso oficial el énfasis puesto en la moderación del consumo y en la importancia del ahorro en la economía familiar.⁶⁷ Se leía ya a mediados de enero de 1949, en la prensa local: "la labor de justicia social que ha elevado el standard de vida, que ha reivindicado a nuestras clases populares y que levantó a los trabajadores hasta la función de gobierno, debe ser apoyada por el pueblo mediante el ahorro (.) Los aumentos de sueldo tienen un destino: la Caja Nacional de Ahorro Postal".⁶⁸ La campaña pro ahorro –que se prolongaría en los años venideros– se acentuaba en épocas de aguinaldo: AHORRE SU AGUINALDO.'Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen’ (Martín Fierro)";⁶⁹ "es imprescindible la sobriedad y el control en los gastos (.) ya que la previsión presente es la base de la seguridad futura".⁷⁰ El discurso en pos de la austeridad se sumaba, así, al del incremento de la productividad, que el gobierno había empezado a reforzar desde los primeros atisbos de tiempos críticos. Decía el diario oficialista "Jujuy" en marzo de 1948: 

Los gremios obreros, el conjunto de la clase trabajadora, debe asumir el rol de responsabilidad que las nuevas circunstancias imponen. Los tiempos han cambiado. Los derechos del trabajador son ahora respetados y reconocidos con decoro y amplitud. Los salarios son buenos, hay vacaciones pagas, asistencia médica, ley de despidos y otros muchos beneficios de los que antes no se gozaba (.) Hay que decir con dura verdad que algunos sectores obreros no han interpretado su nueva posición. La consigna revolucionaria de producir y producir cada día más y mejor es la clave para que las ventajas conquistadas puedan sostenerse y aumentarse (.) No paros, ni trabajo a desgano. Hay derechos y hay deberes. El deber de esta hora es producir y producir.⁷¹

La más conocida consecuencia de la crisis del '49 en el mundo del trabajo azucarero fue, quizás, la intensidad de las agitaciones obreras. En marzo de ese año los sindicatos obreros de los ingenios jujeños apoyaban la huelga desatada en el área azucarera tucumana, sostenida a lo largo de dos semanas, mereciendo la fustigación de la prensa oficial: "estos trabajadores que, al propio tiempo que disminuyen su producción se quejan del alto costo de la vida (.) el ausentita, el negligente, son tan culpables de la inflación como el especulador y el agiotista".⁷²
A fines de setiembre de 1949 el gobierno nacional emitía un decreto eliminando los subsidios estatales a la industria azucarera, y días después anunciaba un aumento salarial del 18%, muy inferior a las aspiraciones de la FOTIA. El 14 de octubre la federación obrera tucumana llamaba a la huelga por tiempo indeterminado, siendo la decisión secundada de inmediato por los ingenios Ledesma, Río Grande y La Merced (ex ingenio San Andrés) de Jujuy. El administrador del ingenio Ledesma, Julio Rocha, enviaba un telegrama al gobernador Iturbe, fechado el mismo 14 de octubre, pidiendo su intermediación ante la intransigencia del sindicato:

Denunciamos ante V. E. que en este instante horas diez los obreros de fábrica hacen abandono de sus tareas declarándose en huelga negándose a nuestras exhortaciones para terminar proceso productos en elaboración (.) Esta actitud puede significar paralización total de la zafra si la masa cocida existente en los cristalizadores llegase a putrificarse y esto cuando aún falta elaborar cuatrocientas mil bolsas (.) solicitamos su inmediata intervención a efectos de conseguir la declaración de la ilegalidad del movimiento y normalización urgente de las tareas".⁷³

El Ingenio Río Grande estimaba, por su parte, "enormes daños e irreparables pérdidas, teniendo cinco mil bolsas azúcar en proceso fabricación, dos millones kilos caña cortada todo lo cual corre inminente peligro perderse".⁷⁴
Como es sabido, la huelga de la FOTIA fue declarada ilegal, la Federación fue intervenida y varios dirigentes terminaron detenidos, poniéndose fin al movimiento el 29 de noviembre (Gutiérrez y Rubinstein, 2013). Días después los trabajadores de los cuatro ingenios de la provincia fueron convocados por el gobierno para conocer por radio, por boca de Perón, la solución que el líder daría al problema azucarero. Junto a la noticia del 60% de aumento en sus salarios, los obreros escucharon las invectivas del líder contra "los falsos dirigentes y traidores de la clase trabajadora, que pretendieron confundirla, lanzándose –se decía– a una huelga inconsulta sin esperar a que el gobierno de la Nación se abocara al estudio del problema".⁷⁵
Numerosos fueron los despidos de obreros en los ingenios de Jujuy, que siguieron a la gran huelga. "Muchos obreros con largos años de servicio y con una numerosa familia, quedan en la calle (.) La empresa niega derecho al obrero a la indemnización".⁷⁶ Entre ellos a Francisco Carrizo, de 59 años de edad, y 15 de antigüedad en el Ingenio Río Grande. Decía su abogado:

Nadie trabaja. Carrizo, por consiguiente, tampoco (.) Hay ollas populares para asegurar la alimentación de todos. La fuerza obrera es inmensa. Cuando el Ingenio toca la sirena llamando a los obreros al trabajo, hay un fuerte choque con la policía. Frente a esa situación a nadie se puede exigir ir al trabajo ¿Quién podría estar en contra de la decisión de más de tres mil obreros? Toda huelga provoca solidaridad. Es una magnífica virtud del obrero (.) Resulta indignante el papel de rompe huelga para un obrero. No quiere la infamante calificación de krumiro. Sentido de dignidad propia y familiar prima en el espíritu del trabajador. (.) Esta huelga ha sido económicamente justa. El propio Presidente de la República así lo reconoció  en su discurso del 2 de diciembre ppdo. Lo confirma el decreto 2101 del 31 de enero de 1950 sobre aumento de salarios a los obreros azucareros.⁷⁷

Las situaciones fueron variadas. Hubieron cesantías masivas y obreros vueltos a contratar, perdiendo la antigüedad laboral que se remontaba, en la mayoría de los casos, a la década de 1930. Los jueces del fuero laboral sentenciaron: "carece de derecho a las indemnizaciones de despido el trabajador que se plegó a una huelga declarada ilegal, desobedeciendo la intimación de retornar al trabajo".⁷⁸

Conclusiones

La orientación redistributiva del gobierno peronista ciertamente favoreció al trabajador azucarero que, como los obreros de otras actividades, vio acrecentada su capacidad de consumo. A los aumentos salariales, que en el sector tuvieron lugar ya en junio de 1943, pronto se sumaron las políticas sociales en materia de vivienda, salud y educación. Como ha sido señalado por la historiografía, la promoción social de los trabajadores durante aquellos años no fue sólo material, involucrando también una dimensión simbólica, ligada a la conciencia del derecho a una existencia digna.
El celo puesto por autoridades provinciales y funcionarios nacionales para hacer efectivo el cumplimiento de la nueva normativa socio-laboral en las tierras del azúcar, se evidenció desde un principio en las sanciones aplicadas sin miramientos a los ingenios que, además, conocieron por primera vez la fuerte gravitación del poder sindical.
Los años 1948-1949 representaron un punto de inflexión tras las bondades iniciales de la década peronista. En el nuevo escenario internacional de posguerra, el país debió afrontar la pronunciada escasez de divisas y la rápida caída de los volúmenes de exportación de sus productos primarios, en momentos en que se hacía evidente el estancamiento en el que estaba sumido el sector agrario. Esta situación llevaría al gobierno de Perón a replantear políticas y prioridades. La reorientación de la estrategia económica, que incluyó la reducción del gasto público para intentar conjurar los déficits en la balanza de pagos, repercutió a la postre en el sistema de subsidios estatales a la industria azucarera y tuvo efectos tangibles a nivel de la economía real de sus obreros, que vieron deteriorarse el poder de compra de sus salarios de forma más pronunciada que lo ocurrido en otros sectores. Junto a las consignas de productividad en el trabajo y austeridad en el consumo, se hizo evidente el giro discursivo del gobierno que asociaba huelgas a ingratitud y negligencia obrera, endilgándoles a estas prácticas reivindicativas cuotas de responsabilidad por la coyuntura crítica que atravesaba el país. Bajo esta luz hemos leído aquí el posicionamiento de los Tribunales del Trabajo frente a la cuestión de los despidos de obreros de ingenio que siguieron a la gran huelga azucarera de finales de 1949.
Al procurar encontrar en las fuentes recorridas, además de información sobre salarios y precios, las huellas de la experiencia social, queremos reivindicar un camino metodológico que confía en la intensidad de la luz que algunos resultados de la historia local puedan arrojar para la comprensión de los procesos históricos que nos han ocupado.

BIBLIOGRAFIA

Bunge, Alejandro (1940): Una nueva Argentina, Buenos Aires, Editorial Kraft.         [ Links ]

Bravo, María Celia y Bustelo, Julieta (2018): "Conflictos interregionales y política azucarera argentina. Los sectores productivos entre el peronismo y la Revolución Libertadora (1950-1957)", Anuario IEHS, Tandil, 33, pp. 61-84.         [ Links ]

Brennan, James y Rougier, Marcelo (2013): Perón y la burguesía argentina. El proyecto de un capitalismo nacional y sus límites (1946-1976), Buenos Aires, Lenguaje Claro Editora.         [ Links ]

Bustelo, Julieta (2015): "Política azucarera del primer peronismo (1943-1955): cambios, continuidades,  respuestas sectoriales", Travesía, Tucumán, 17, 2, pp. 7-31.         [ Links ]

Campi, Daniel (1990): "Política azucarera argentina. 1945-1990: Regulación y crisis", inédito.         [ Links ] 

Campi, Daniel y Kindgard, Adriana (2006): "La política azucarera argentina en las décadas de 1920 y 1930 y la cuestión de la 'justicia distributiva’". En Crespo, H. (Coord.), El Azúcar en América Latina y El Caribe. Cambio tecnológico, trabajo, mercado mundial y economía azucarera. Perspectiva histórica y problemas actuales, México, Senado de la República, pp. 377-403.

Gerchunoff, Pablo y Antunez, Damián (2002): "De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo". En Torre, J. C. (Dir.), Los años Peronistas, 1943-1955, Nueva Historia Argentina, Tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, pp. 125-206.         [ Links ]

Girbal-Blacha, Noemí (2003): "Economía azucarera tucumana, empresarios y crédito en tiempos del Estado peronista (1946-1955)". En Macor, D. y Tcach, C. (Eds.), La invención del peronismo en el Interior del país, Santa Fe, UNL, pp. 265-317.         [ Links ]

Gutiérrez, Florencia y Rubinstein, Gustavo (2013), "Alcances y límites de la autonomía sindical. La experiencia de FOTIA durante el primer peronismo". En Macor, D. y Tcach, C. (Eds.), La invención del peronismo en el interior del país II, Santa Fe, UNL, pp. 245-282.         [ Links ]

James, Daniel (1990): Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana.         [ Links ]

Milanesio, Natalia (2014): Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI.         [ Links ]

Newland, Carlos y Cuesta, Eduardo M. (2017): "Peronismo y salarios reales: otra mirada al período 1939-1956", Investigaciones y Ensayos, 64, pp. 75-98. Consultado el 9.01.2018, en [https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/33804/CONICET_Digital_Nro.f7ff79c3-fe09-4ea0-a584-6485a8b81b73_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y].         [ Links ]

Palacio, Juan Manuel (2018): La justicia peronista, Buenos Aires, Siglo XXI.         [ Links ]

Rapoport, Mario (2000): Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), Buenos Aires, Ediciones Macchi.         [ Links ]

Rubinstein, Gustavo (2001): "Evolución de los salarios de los obreros azucareros durante el   primer peronismo (1946-1949)", Actas del V Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, ASET. Consultado el 9.09.2017, en [https://www.aset.org.ar/congresos/5/aset/PDF/Rubinstein.pdf]         [ Links ]

Rutledge, Ian (1987): Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy: 1550-1960, Buenos Aires, UBA/MLAL.         [ Links ]

Santilli, Daniel y Gelman, Jorge (2016): "Los estudios sobre el nivel de vida. La metodología de la canasta aplicada a la primera mitad del siglo XIX porteño", Folia Histórica del Nordeste, 26, pp. 126-138. Consultado el 11.07.2017, en [http://www.scielo.org.ar/pdf/folia/n26/n26a07.pdf]        [ Links ]

Sigal, Silvia (2006): La Plaza de Mayo, Buenos Aires, Siglo XXI.         [ Links ]

NOTAS

1 Una versión de este trabajo fue expuesta en la II Reunión Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina: Coyunturas de crisis económica desde la perspectiva regional-provincial en la Argentina de los siglos XIX a XXI, organizada por: Asociación Argentina de Historia Económica - Unidad de Investigación en Historia Regional (UNIHR) - Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy (19-20.10.2017).

2 La Puna de Jujuy se extiende hacia el norte y noroeste de la provincia, abarcando los departamentos de Cochinoca, Rinconada, Yavi, Santa Catalina y Susques.

3 Archivo del Poder Judicial de Jujuy (en adelante: APJJ), Fuero del Trabajo, Serie 1.951, exp. 72, 21.06.1951.

4 APJJ, Fuero del Trabajo, Serie 1950, Expediente 59, 29.03.1950.

5 Basándonos en el criterio de Alejandro Bunge, podríamos "traducir" el rubro almacén que aparece en el informe como compuesto por azúcar, yerba, harina y aceite. Para la época en cuestión Bunge incluía estos productos –además, por cierto, de la carne, el pan y la leche- entre los de consumo generalizado (Bunge, 1940).

6 Departamento Provincial del Trabajo y Estadísticas, "Estudio sobre el costo de la vida y jornal medio del jornalero del Estado", 1934 (suelto), Archivo Histórico de la Legislatura de Jujuy (en adelante AHLJ), Caja 1932-1935.

7 Santilli y Gelman han llamado la atención sobre la importancia de la contextualización histórica a la hora de definir los productos que componen, en un tiempo y lugar determinado, la canasta básica de consumo familiar (Santilli y Gelman, 2016).

8 La proyectada legislación obligaba  tanto a industriales como a cañeros a proporcionar a los obreros viviendas dignas e higiénicas. Preveía controles de los precios de venta de las mercaderías de las proveedurías de los ingenios, declaraba obligatoria y gratuita la asistencia médica en los ingenios para atender a los obreros permanentes y transitorios y a sus familias (Campi y Kindgard, 2006).

9 Discurso del Delegado Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Juan F. Moia, El Día, Jujuy, 25.01.1945.

10 Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy (en adelante: AHPJ), Carpeta 1944, exp. 993, 6 de marzo de 1944.

11 Crónica, Jujuy, 5.05.1944.

12 Crónica, Jujuy, 10.05.1944.

13 La ley 11.544 de jornada de trabajo permitía horas extras de labor solamente en casos especiales y como excepción (artículos 3° y 5°).

14 La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) nacía a principios de 1944, llegando a ser el organismo gremial de mayor importancia en el norte argentino (Gutiérrez y Rubinstein, 2013).

15 Proclama, Jujuy, 11.09.1945. El estatuto del trabajador azucarero dictado en enero de 1945 (decreto 678/45) había elevado los salarios del sector teniendo en cuenta por primera vez la diversidad de oficios (Bustelo, 2015).

16 Crónica, Jujuy, 22.07.1946.

17 Lo que estos autores cuestionan es la imagen historiográfica de un "progreso peronista" (especialmente entre 1947 y 1948) argumentando que la misma se basa sólo en la evolución de los salarios industriales nominales y en el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires.  

18 Crónica, Jujuy, 12.06.1946.

19 Jujuy, Jujuy, 7.12.1947.

20 Jujuy, Jujuy, 11.10.1946. En el caso de los empleados públicos el compromiso era obligatorio, debiendo –de acuerdo a un decreto ley– canalizar las denuncias a ellos acercadas por la población.

21 Jujuy, Jujuy, 1.06.1947.

22 AHPJ, Caja 1947, Expediente 1473, 16.061947.

23 Jujuy, Jujuy, 13.03.1948.

24 APJJ, Fuero del Trabajo, Serie 1950, exp. 59, 29.03.1950.

25 APJJ, Fuero del Trabajo, Serie 1950, exp. 71, 9.05.1950. Güemes trabajó hasta el 8.09.1947 (se lo despide por abandonar su puesto de controlador, arguyendo la existencia de un cordón sanitario que le habría impedido volver a su lugar de trabajo).

26 Ibíd., f. 54. Para determinar el monto de las remuneraciones percibidas por Güemes en concepto de "especies", el perito contador había examinado las carpetas de legajos personales de los trabajadores del ingenio Ledesma y las planillas generales de liquidación de sueldos.

27 Crónica, Jujuy, 29.07.1947.

28 AHLJ, Diario de Sesiones de la Legislatura Provincial, 16.01.1947.

29 AHLJ, Diario de Sesiones de la Legislatura Provincial, 3.06.1947.

30 Se entendía por tales (según lo estipulaba el artículo 4° de la ley) viviendas que poseyeran comodidades suficientes para el reposo, las comidas, la higiene personal y la vida de relación.

31 Memoria y Balance de la Sociedad Anónima Ledesma Sugar Estates and Refining Company Limited, 34° Ejercicio, Buenos Aires, 1948.

32 AHPJ, Carpeta 1948, Expediente 119, 28.10.1948.

33 Jujuy, Jujuy, 24.10.1946.

34 Discurso del presidente Perón en ocasión de celebrarse la "Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda de las Provincias" (Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, República Argentina, Ministerio de Hacienda de la Nación, Buenos Aires, 1947, pp. 29-30. Consultado el 25.01.2019. en [http://cdi.mecon.gob.ar/greenstone/collect/confere1/index/assoc/HASH0167.dir/doc.pdf]). Estas Conferencias, convocadas por iniciativa del gobierno central bajo la presidencia del Ministro de Hacienda de la Nación, reunía a los ministros de esa cartera de todas las provincias argentinas y al secretario de hacienda de la Capital Federal, además de a otros funcionarios técnicos, para intercambiar ideas sobre cuestiones económicas, financieras y de ordenamiento administrativo, con el fin de arribar a conclusiones que facilitaran la gestión, tanto en el orden nacional como provincial. 

35 Jujuy, Jujuy, 27.05.1948. La editorial se titulaba "Origen de las dificultades del comercio exterior argentino". Para un análisis de la crisis económica que empieza a insinuarse en Argentina hacia 1948 puede verse también Rapoport, 2000.

36 Jujuy, Jujuy, 24.06.1948.

37 Tercera Conferencia de Ministros de Hacienda, República Argentina, Ministerio de Hacienda de la Nación, Buenos Aires, 1948, p. 121. Consultado el 29.01.2019, en [http://cdi.mecon.gob.ar/greenstone/collect/confere1/index/assoc/HASH65df.dir/doc.pdf].

38 Ibíd., p. 121.

39 Ibíd., p. 20.

40 Ibíd., p. 23.

41 Ibíd., p. 73.

42 AHPJ, Carpeta 1949, Expediente 125, 4.02.1949.

43 Esto convertía al Estado en interlocutor obligado en la negociación sectorial ya que, a través de decretos, fijaba los salarios obreros y el precio del azúcar y la caña, recalculando, cada vez, el monto de las compensaciones otorgadas a industriales y cañeros (Gutiérrez y Rubinstein, 2013).

44 Comisión Interministerial de Estudios Azucareros, Informe General, Tomo I, Buenos Aires, Banco Central de la República Argentina, 1949, p. 29.

45 Para un análisis exhaustivo de las implicancias del régimen de subsidios a la industria azucarera, véase también Campi, 1990.

46 Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11 de julio de 1946, pp. 209-210. Los obreros del ingenio Río Grande defendían en la ocasión el derecho de la Compañía azucarera a percibir el pago compensatorio (del que esperaban recibir una diferencia de aguinaldo pendiente) en base a que el ingenio en cuestión había obtenido durante el año 1945 un rendimiento del 7,80%, sólo un 0,15% superior al límite de 7,65% fijado por el decreto 4861, del 15.02.1946.

47 Tercera Conferencia de Ministros de Hacienda, 1948, op. cit., pp. 122-123. Desde agosto de 1946 se había incorporado la sección "Industria Azucarera" al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) por lo que la cuestión azucarera era incumbencia del Banco Central, presidido también por Miranda e incorporado desde 1947 a la órbita del Consejo Económico Nacional. A través del IAPI, el Estado adquiría la caña de azúcar a cada productor (incluso a los ingenios que, como los jujeños, la producían) pagando luego a cada empresa un precio prefijado por cada kilo de azúcar fabricado que, por último, volcaba al mercado consumidor.

48 Ibíd., p. 123. La dirigencia de la FOTIA venía siendo presionada por las bases, que sentían el impacto del aumento del costo de la vida, a lo que se sumaría la quiebra de algunos ingenios tras la pésima cosecha de 1948 (Rubinstein, 2001).

49 AHPJ, Carpeta 1947, Expediente 474, 25.09.1947.

50 Memoria y Balance de la Sociedad Anónima Ledesma Sugar Estates and Refining Company Limited, op. cit., p. 14.

51 Comisión Interministerial de Estudios Azucareros, Informe General, op. cit., p. 11.

52 Memoria y Balance de la Sociedad Anónima Ledesma Sugar Estates and Refining Company Limited, op. cit., p. 14. María Celia Bravo y Julieta Bustelo han dado cuenta del creciente enfrentamiento entre los industriales salto-jujeños, nucleados en el Centro Azucarero Regional del Norte Argentino, y los industriales y cañeros de Tucumán, defensores los primeros de una política de racionalización de la agroindustria en detrimento del esquema redistributivo garantido por el Estado, defendido por los tucumanos (Bravo y Bustelo, 2018).

53 "Yo creo que no es un problema obrero sino de dirigentes obreros. Una entidad gremial tucumana del azúcar pretende una gravitación política en todo el norte del país, y como tal ha organizado una serie de movimientos por parte de sus dirigentes, tendientes a impresionar a los gobiernos de las provincias" (Tercera Conferencia de Ministros de Hacienda, 1948, op. cit., pp. 124-125).

54 APJJ, Fuero del Trabajo, Serie 1950, Expediente 59, 29.03.1950; Serie 1951, Expediente 80, 11.07.1951; Serie 1951, Expediente 114, 10.09.1951; Serie 51, Expediente 67, 13.06.1951.

55 Un panorama de la situación salarial de los obreros azucareros del país en contraste con la de trabajadores de otras industrias, sobre la base de análisis estadísticos, puede hallarse en Rubinstein (2001).

56 AHPJ, Carpeta 1949, Expediente 115, 5.04.1949.

57 AHPJ, Carpeta 1949, Expediente 65, 8.03.1949.

58 AHPJ, Carpeta 1949, Expediente 102, 20.03.1949.

59 Las cifras resultan de un promedio de precios oficiales publicados en la prensa en distintos meses, para cada año. Como consumo diario de medio kilo de "productos de almacén" incluimos el promedio de los precios de 120 gr. de azúcar, de yerba, de harina y de aceite.

60 AHPJ, Carpeta 1949, Expediente 694, 13.08.1949.

61 AHPJ, Carpeta 1949, Expediente 1101, 17.12.1949.

62 Jujuy, Jujuy, 11.11.1949.

63 Jujuy, Jujuy, 10.12.1949. Milanesio analiza las estrategias publicitarias de acercamiento a la gente corriente, que incorporaban un lenguaje igualitario y típico del peronismo.

64 APJJ, Fuero del Trabajo, Serie 1949, Expediente 13, 21.05.1949, f. 26.

65 Ibíd.

66 Ibíd., f. 31.

67 En la visión de la nueva conducción económica la crisis debía mucho al impacto en la balanza de pagos de la sobre expansión del crédito bancario y el aumento excesivo del consumo, que presionaba sobre los precios.

68 Jujuy, Jujuy, 16.01.1949.

69 Jujuy, Jujuy, 24.12.1949.

70 Jujuy, Jujuy, 29.12.1949.

71 Jujuy, Jujuy, 6.03.1948.

72 Jujuy, Jujuy, 22.03.1949.

73 AHPJ, Caja 1949, Expediente 150, 27.10.1949.

74 Ibíd.

75 La Opinión, Jujuy, 3.12.1949.

76 APJJ, Fuero del Trabajo, Serie 1950, Expediente 59, 29.03.1950, f. 6.

77 Ibíd., f. 7.

78 APPJ,  Libro de Sentencias del Tribunal del Trabajo, 1950, Tomo I, p. 179.