ARTÍCULOS ORIGINALES

Entre la villa y la fábrica. El pueblo de Santa Ana en la especialización azucarera tucumana

 

Ignacio Sanchez*

* Beca Interna Doctoral del Consejo Nacional Investigaciones de Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto Superior de Estudios Sociales, ISES (UNT-CONICET); San Lorenzo 429 (CP: 4000), San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. Dirección electrónica: [ignacio-nacho@hotmail.com]

RECIBIDO: 02/11/2018
APROBADO: 04/04/2019

 

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RESUMEN

Se propone reconsiderar la conceptualización "pueblos azucareros" desde un abordaje local. La historiografía concibió que las poblaciones desarrolladas al influjo de las fábricas azucareras de Tucumán fueron configuradas según la voluntad de las empresas. El estudio del pueblo de Santa Ana, donde se edificó a fines del siglo XIX el ingenio homónimo, revela la presencia de un entramado vecinal previo que conformó la villa como centro cívico y comercial. Los trabajadores radicados en el complejo habitacional construido en el ingenio realizaban sus trámites cívicos y consumos en la villa, prácticas que limitaron el control de los industriales. En esa línea se postula que los vecinos de la villa afianzaron su autonomía en el territorio al ejercer como funcionarios. Desde ese rol asociaron sus intereses con las pretensiones del Estado Provincial de regular el ámbito local, articulación que operó como limite a prácticas expansivas del ingenio.

Palabras clave: Pueblos de Tucumán; Especialización azucarera; Ingenio azucarero; Villa.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to reconsider the concept "sugar towns" from a local approach. Historiography has proporsed that population developments due to the influence of the sugar factories of Tucuman were arranged according to the will of the companies. The study of the town of Santa Ana, where the homonymous mill was built at the end of the 19th century, reveals the presence of a previous neighborhood structure that formed the town as a civic and commercial center. The workers lived in the housing complex built in the mill and carried out their civic duties and consumption in the village. Such practices limited the control of industry management. Following this line of reasoning, it is suggested that the villagers strengthened their autonomy in the territory by acting as town officials. From that role, they associated their interests with the Provincial State's claims to regulate the local sphere, an articulation that operated as a limit to control by the sugar factory.

Keywords: Population of Tucuman; Sugar specialization; Sugar factory; Village.

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Introducción

Los ingenios mecanizados que impulsaron la especialización azucarera en la provincia de Tucumán de fines del siglo XIX incorporaron dentro de sus propiedades las viviendas para su personal. Los industriales publicitaron esas edificaciones como muestra de los beneficios otorgados por las empresas a sus trabajadores, resaltando la función "civilizadora" de las fábricas. Algunos de ellos alcanzaban a exhibir sus desarrollos en materia de urbanización en exposiciones internacionales: "el ingenio Trinidad cuenta con tres casas de familia para los señores propietarios, casas para la administración y empleados, un gran número de casa para peones, escuela y una hermosa capilla que muy bien podría figurar en cualquier ciudad".¹ El Centro Azucarero, organización que nucleó a los industriales, promovió diversas publicaciones durante el siglo XX que identificaron a esos espacios como "pueblos de ingenios".²
Un primer estudio sistemático sobre los complejos habitacionales circundantes a las fábricas azucareras fue realizado por la arquitecta Olga Paterlini en 1989, quien precisó sus características edilicias comunes bajo la denominación "pueblos azucareros" (Paterlini de Koch, 1989, 1992). La tipología de edificaciones descriptas refleja la pirámide social, desde las lujosas residencias de los dueños, las casas para obreros, hasta los galpones para trabajadores temporarios de fábrica. Una década después, el historiador Daniel Campi restituyó a este esquema el contexto dado por las relaciones laborales. Desde esa perspectiva, las construcción de viviendas fue una más de las estrategias desplegadas por los patrones para fijar la mano de obra e incorporarla al ritmo intensivo de producción (Campi, 2002: 315-358). La marcada diferenciación social en relación con la ocupación laboral dio la tónica a esos complejos socio-culturales generados en torno a los ingenios (Campi, 1999, 2009). Estas investigaciones describieron a los pueblos azucareros como espacios modelados por los intereses patronales, en sintonía con el uso extendido en ciencias sociales del concepto de "fábrica con villa obrera" proveniente de la antropología del trabajo (Leite Lopes, 1979). Ese modelo de análisis fue elaborado por Sergio Leite Lopes en base a sus estudios sobre los obreros azucareros y textiles de Pernambuco durante los años setenta y se extrapoló a unidades industriales de otros rubros, y áreas geográficas con resultados disímiles (Leite Lopes, 1976; Neiburg, 1988).
La conceptualización pueblos azucareros tendió a subestimar las condiciones previas de los lugares en los que se localizaron los ingenios, la incidencia de actores sociales no dependientes de las fábricas en la configuración de esos espacios y la creciente intervención estatal en el territorio. Considerando la relevancia de estas variables pretendemos analizar el desempeño de los distintos agentes productivos, comerciales y estatales en la conformación de los pueblos transformados por la especialización azucarera.
Para verificar esta hipótesis estudiaremos un caso emblemático, el pueblo Santa Ana, considerado modelo entre los "pueblos azucareros" por su "trazado urbano de planificación previa" (Paterlini de Koch, 1989: 55). En una primera instancia se analizará en dos apartados el desenvolvimiento de la villa de Santa Ana como centro cívico previo al paso del ferrocarril. En el primero de ellos se reconstruye el rol de los "vecinos" en ese proceso y en el segundo se considera algunas transformaciones de la producción agraria del departamento. Luego se precisarán, también en dos apartados, las características del complejo azucarero montado en la proximidad de la villa. Finalmente nos abocaremos a considerar las alteraciones introducidas por la industria en la localidad, las iniciativas estatales para regular ese espacio y la reacción de los vecinos de la villa frente a ellas, procurando examinar las interacciones y conflictos entre los diferentes actores sociales en el territorio.

La Villa Santa Ana como centro cívico antes del Ingenio, 1870-1889

Ubicado al pie de las sierras del Aconquija en el sur de la provincia de Tucumán, el pueblo de Santa Ana se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX como uno más entre las decenas de parajes situados en el Departamento de Río Chico (Figura 1).³ Esas minúsculas unidades de población regulaban la dinámica social y el ejercicio del poder local en base a los vínculos de vecindad, relaciones que permitían resolver sus conflictos con escasa intervención estatal (López, 2003: 76-84). Pero esa configuración preexistente comenzó a mudar a partir de la década de 1870 cuando la interpelación de los vecinos de la localidad al Estado Provincial se hizo más frecuente, tanto para dirimir disputas como para peticionar mejoras en la infraestructura de algunos edificios públicos. La mayor interacción con la esfera estatal, acabó por erigir a Santa Ana como sede de instituciones civiles y núcleo de una red de poblados, jerarquizando su posición como cabecera del segundo distrito del departamento.⁴

Figura 1. Ingenio Santa Ana, Tucumán.

El pueblo de Santa Ana tuvo un primer deslinde como Villa en 1870 por solicitud vecinal, que determinó su ejido urbano.⁵ A partir de entonces sus edificaciones debían estar sujetas al plano aprobado por el gobierno, que daría un ordenamiento regular al delimitar las calles y espacios públicos.⁶ La necesidad de diagramar ese espacio central se justificaba en la mayor cantidad de población, según lo había certificado el Censo Nacional de 1869.⁷  Pero la prosperidad de Santa Ana como sede de instituciones civiles estuvo alentada por la iniciativa vecinal y favorecida por la incidencia que ejercieron algunos nuevos residentes en la localidad con mayor influencia en el poder político provincial. En particular Belisario López, quien fuera diputado nacional y gobernador, adquirió en 1863 amplias extensiones de tierras en Santa Ana. Junto a sus hermanos Vicente y Osvaldo, integraron las comisiones vecinales reconocidas por el gobierno para la edificación de la iglesia y la escuela.
A fines de la década de 1860 algunos de los principales comerciantes del departamento asentados en el pueblo de Naschi se trasladaron a Santa Ana a causa de las sucesivas inundaciones que afectaron a esa población (Escandar, 2010: 18). La antigua iglesia construida por el pueblo de indios Naschi debió ser definitivamente demolida, dando motivo a la disputa entre los vecinos de la localidad por fijar una nueva ubicación para el templo.⁸ Parte de los habitantes de Naschi solicitaron autorización para erigir la viceparroquia en Santa Rosa, pero la licencia fue otorgada a quienes propusieron edificarla en Santa Ana.⁹ Para obtener esa resolución fue determinante el apoyo del juez del departamento, quien recomendó el sitio por no haber sido afectado en anteriores inundaciones y por disponer de facilidades para quienes desearan edificar allí su vivienda.¹⁰ La comisión pro-templo designada por el gobierno para ejecutar la obra informó en 1872 los avances en la construcción, peticionando una nueva contribución que permitiera concluir su tarea.¹¹ Dependiente de la parroquia de Medina, la iglesia daría a la villa de Santa Ana el estatuto de centro de culto católico entre los poblados más próximos.
Simultáneamente Vicente López, quien oficiaba de comandante, presentó al gobierno el presupuesto para edificar una escuela en Santa Ana.¹² El proyecto se concretó durante 1870 y las inspecciones escolares consideraron que la demanda educativa de la zona se encontraba mejor atendida en el nuevo establecimiento.¹³ En atención al dictamen la institución se consolidó en los años posteriores y al finalizar la década contaba con 149 alumnos matriculados.¹⁴ En 1882 la Memoria Histórica y Descriptiva de la Provincia de Tucumán se refería a Santa Ana como el más importante centro de población del departamento, destacado por poseer "una iglesia, escuela y varias casas de negocios" (Groussac et al., 1882: 686).
Al igual que en otros departamentos de campaña las autoridades civiles de Río Chico eran el comisario y el Juez de Paz, cuyas jurisdicciones se fueron circunscribiendo paulatinamente a los dos distritos en que se subdividió administrativamente.¹⁵ Ninguno de los estos funcionarios contaban con oficinas propias por lo que ejercían en edificios alquilados o prestados por los vecinos de renombre. De ellos dependió hacer efectivos sus cargos ya que la carencia de recursos persistió a pesar de las reiteradas demandas elevadas.¹⁶
El rol de los funcionarios locales cobraba particular relevancia en el entramado político provincial en momentos electorales, como puede advertirse en las designaciones realizadas durante la intervención nacional de la provincia luego de la revolución de 1887 (Guy, 2008: 131-156).¹⁷ En esa oportunidad, el gobierno provisional designó como Juez departamental de Río Chico al reputado vecino de Santa Ana, Miguel Segundo Peñalva, y como Juez de Paz del segundo distrito a su cuñado y socio Carlos Ferreira.¹⁸ La villa de Santa Ana contó en esa ocasión con 308 sufragantes de los 422 que se presentaron en las mesas del departamento, lo que evidencia su relevancia como centro electoral. La votación definió como electores por Rio Chico para la normalización del gobierno provincial al mencionado juez departamental y al hermano del juez del distrito.¹⁹ Garantizar el orden electoral que hiciera predecible la selección de personas afines al gobierno era parte de los deberes implícitos de estos funcionarios. De tal manera que los vecinos de Santa Ana ejercían como funcionarios entrelazando las necesidades de gobernabilidad del Estado Provincial con su interés por promover la localidad, ya que en el ámbito local las tramas estatales se confundían con la sociedad a la que pretendían regular.²⁰

Hacia la especialización azucarera. Consideraciones sobre la situación productiva de Santa Aana previo a la llegada del ferrocarril provincial

Los avances de una producción agrícola diversificada en el departamento de Río Chico pueden constatarse en los relevamientos del período. En 1874 el informe del Departamento Nacional de Agricultura registró 2401 cuadras sembradas, con predominio de maíz (48%) y trigo (37%) pero también con plantaciones de tabaco (6%), alfalfa (4%), cebada (2%), arroz (1%), batata (1%) y caña de azúcar (1%) (Terán, 1875). En 1888 los padrones comenzaban a mostrar otra distribución en los tipos de cultivo: 1004 hectáreas de maíz (45%), 491 de caña de azúcar (22%), 294 de trigo (13%), 167 de tabaco (8%), 151 de arroz (7%), 99 de alfalfa (1%) y 12 de cebada (1%).²¹ También allí, como en otros departamentos de la provincia, el cultivo de la caña había comenzado a extenderse, incentivado por la mayor inserción del producto en el mercado nacional a partir del arribo del ferrocarril a Tucumán desde el puerto de Rosario en 1876.
Desde años anteriores la estancia "Santa Ana" perteneciente a Belisario López contaba con seis cuadras de caña, y un trapiche de madera para la producción de azúcar y aguardiente (Granillo, 1872: 99). Otros emprendimientos similares relativamente próximos consiguieron mecanizar el procesamiento de la caña a poco de la llegada del tren a Tucumán. En 1878 el trapiche de hierro que poseía Juan Manuel Méndez en su hacienda próxima al pueblo de Medina, perteneciente a departamento de Chicligasta pero cercana a Río Chico, pasó a constituir el moderno ingenio Trinidad gestionado en sociedad con Juan Heller. Es probable que la mayoría de los 34 cultivadores de caña de azúcar de Río Chico registrados en 1884 hayan vendido su producción a ese establecimiento (Rodríguez Marquina, 1889: 43). Pero en años posteriores, con la radicación de un nuevo establecimiento industrial en el primer distrito de Río Chico –el ingenio Santa Bárbara propiedad del francés Jorge Vergnes– los cañeros contaron con una nueva boca de molienda para ofertar su producción. Hasta 1888 esa fábrica procesó exclusivamente caña de los productores agrarios de la zona ya que no tenía cultivo propio. De manera que los agricultores del departamento comenzaron a percibir los beneficios del mercado azucarero en momentos previos a 1889 en que comenzó a funcionar el ferrocarril provincial que comunicaría el área con la Capital.
Este fue el caso del mencionado Miguel Segundo Peñalva y su cuñado Carlos Ferreira, ambos vecinos de Santa Ana, que conformaron en 1885 la sociedad "Carlos Ferreira y Cía" para explotar conjuntamente sus tierras con el cultivo de caña de azúcar. Según establecían el contrato de la firma, Peñalva aportaba 40 cuadras de terreno en Monte Redondo y 4.000 pesos nacionales, en tanto Ferreira se haría cargo de la administración de los trabajos en la finca, la contribución de 1.100 pesos bolivianos y el contrato firmado con el ingenio Santa Bárbara para la venta de caña.²² Otras sociedades del distrito ampliaron las bases de sus contratos para la producción y venta de caña cuando la llegada del ferrocarril era un hecho.²³ Agricultores y reconocidos vecinos del distrito adaptaron su producción a los requerimientos de la industria modernizada, buscando una participación ventajosa en el prometedor mercado azucarero.
La expectativa generada por la expansión azucarera se manifestó en la nota que los vecinos de Santa Ana elevaron al gobernador 1885 ofreciendo gratuitamente sus tierras para el trazado de las vías y el emplazamiento de las estaciones de la nueva línea de férrea proyectada.²⁴ La misma reacción se suscitó en otros puntos en que se conoció la concesión firmada por el gobierno provincial para la construcción del ferrocarril que atravesaría el pedemonte desde la Capital hacia el sur. La sociedad anónima de capitales ingleses a cargo de la ejecución y explotación de la obra se comprometió a habilitar el servicio en el plazo de tres años, requiriendo la gratuidad de los terrenos atravesados por el tendido férreo y la exención impositiva de todos los bienes muebles e inmuebles utilizados. La empresa contrajo la obligación de garantizar un funcionamiento acorde a las proporciones del tráfico, debiendo construir desvíos a los establecimientos industriales que estuviesen próximos a la vía.²⁵ Bajo estos términos el Estado provincial cumplía con su función de propiciar un transporte que otorgase mayor rentabilidad al comercio y satisficiera las necesidades industriales.
A fines de 1888 el gobernador Lídoro Quinteros inauguró oficialmente la obra que despertaba el interés de amplios sectores. El ferrocarril provincial resultó parte fundamental de la infraestructura en la ampliación de área de producción azucarera hacia el sur de Tucumán. Ese proceso requirió nuevas inversiones por parte de los industriales, pero también involucró a los productores agrarios y comerciantes como los que habían construido el espacio de la villa Santa Ana, quienes alentaron las iniciativas estatales y se incorporaron al mercado azucarero, sin dejar de impulsar otros cultivos y negocios.

El ingenio Santa Ana. Su población y funcionamiento

A principios de 1889 el entonces gobernador Lídoro Quinteros realizó junto al industrial francés Clodomiro Hileret la compra de la estancia Santa Ana, perteneciente a Belisario López, con la pretensión de erigir allí un ingenio de gran escala. La propiedad adquirida comprendía un extenso terreno demarcado por tres límites naturales, el Río Chico al norte y el arroyo Matazambi al sur y al este las cumbres de las sierras próximas al límite con Catamarca, mientras que al oeste lindaba con los sucesores de José León Aguilar.²⁶ Las tierras compradas se consideraban privilegiadas para la producción de azúcar, tanto por la fertilidad de sus suelos como por los abundantes cursos de agua y los bosques para proveer de leña a las calderas de la fábrica. Pero el aporte decisivo para el éxito de la empresa estuvo dado por el capital social, político y económico que acumularon sus dueños en los años previos.²⁷ La sociedad formada para la explotación de la finca incorporó como socio a Emilio Rodrigué, también de origen francés, y a los pocos meses la razón social pasó a denominarse "Hileret y Rodrigué", debido a la exclusión de Quinteros por no cumplir con el aporte de los 5.000 pesos nacionales como estipulaba el contrato.²⁸
Los primeros registros de producción de azúcar correspondientes a 1893, revelan que el ingenio Santa Ana figuraba entre los ingenios que mayor cantidad de azúcar despachó, con más de tres mil toneladas (Revista Azucarera, 1894: 70). En 1895 el ingenio Santa Ana tuvo una producción de 9.220 toneladas de azúcar, que lo ubicó en tercer lugar, después de los ingenios Trinidad y La Florida (Rodríguez Marquina, 1896: 498-499). Poseía además una destilería que inicialmente produjo un volumen semejante a los ingenios de mediana capacidad de producción, pero en 1896 destiló más de 2 millones, ocupando el primer lugar en el rubro.²⁹ La importante inversión en equipamiento lo colocó desde un primer momento entre los más avanzados, en años en que la afluencia de capitales extrarregionales incrementó considerablemente la capacidad productiva de las fábricas.³⁰
La puesta en funcionamiento del ingenio Santa Ana generó una intensa movilización de mano obra, que es posible mesurar en los datos relevados por el Segundo Censo Nacional de 1895. Al interior de la propiedad del ingenio fueron empadronados 2.329 individuos, mientras que en la villa de Santa Ana y sus alrededores se consignaron 435 habitantes. Resulta evidente que el ingenio introdujo un desequilibrio poblacional en la localidad al asentar la mayoría de sus habitantes fuera del centro cívico.³¹ Aun así debe considerarse que el relevamiento fue realizado a comienzos de la zafra, momento en el que arribaban numerosos trabajadores temporarios con sus familias. Este hecho puede reconocerse en la elevada proporción de migrantes de provincias aledañas dentro del ingenio, que constituían el 60 % del total.³² Como lo han puesto de relieve otras investigaciones la migración interprovincial constituyó un requisito imprescindible para satisfacer la demanda de trabajo estacionaria generada por los ciclos productivos propios de la industria azucarera (Balán, 1976).
Los inscriptos como jornaleros del ingenio en los padrones del censo son 936, clasificación que involucraba múltiples actividades y diferentes tipos de contrataciones mediadas por un jornal o trabajos a destajo, lo que nos impide diferenciar quienes realizaban labores en la fábrica y quienes en el campo. A pesar de esa generalización, se consignaron oficios que requerían mayor especialización: diez carpinteros, siete albañiles, dos herreros, tres mecánicos, un electricista y un maquinista. Al igual que en otros ingenios, el personal técnico concentró la mayor cantidad de extranjeros, también en los trabajos de oficina, siendo franceses los únicos dos contadores y el administrador, Carlos Vallez.
La división de trabajo por género es tan clara como en otras industrias de la época (Campi y Bravo, 1995). Si bien 28 de las 919 mujeres fueron censadas en el ingenio como jornaleras, la mayoría fueron consignadas como lavanderas, cocineras, costureras (22% del total). La remuneración de estos empleos debió ser significativamente menor a la percibida por los oficios masculinizados. También se registran algunas sirvientas, planchadoras y la mucama, pero en ningún caso las mujeres ocuparon cargos técnicos ni jerarquizados dentro de la industria. Sobre ellas recayeron las tareas de crianza y sustento de los más de doscientos menores de 9 años que formaban parte de la población del ingenio. Sus esfuerzos en la gestación y supervivencia de los menores constituyeron parte de las labores no remuneradas que los dueños de la fábrica se apropiaban al fijar la localización de sus trabajadores, asegurándose de ese modo la necesaria reproducción de su mano de obra.
Como lo habían hecho otras unidades industriales en la provincia, el ingenio Santa Ana construyó viviendas para sus trabajadores. Las cédulas censales de edificaciones de 1895 mencionan en los alrededores de la fábrica 178 casas de material y techo de tejas, que poseían una única habitación y una o dos puertas al exterior.³³ Entre estas encontramos algunas cuyo valor se estipula en 400 pesos moneda nacional y otras en 250. Aunque existe una distinción entre estas sencillas construcciones, en ellas encontramos familias de jornaleros, tanto como personal de oficio. Una diferenciación mayor se vislumbra respecto a las  212 casas de adobe y techo de paja, valuadas en 50 pesos, donde se hospedan casi con exclusividad jornaleros, aunque también son utilizadas por carpinteros y albañiles. No conocemos el modo en que los trabajadores accedían a estas viviendas, pero la existencia de 10 casas de ladrillo sin habitar permite inferir que existieron restricciones para ocuparlas, seguramente ligadas al tipo de trabajo desempeñado.
La distinción entre las viviendas del ingenio se percibe con mayor claridad en relación a las cinco consignadas con 10 o más habitaciones, cuyo costo se calcula en más de 10.000 pesos cada una. En ellas se albergan extranjeros, pero estos no eran únicamente los técnicos industriales, encontramos además del electricista y el cobrero, un tonelero y dos colonos. La única construcción que contrastaba ampliamente entre el caserío era el lujoso chalet del propietario, de cuatro pisos y 20 habitaciones. En 1894 la visita del Ministro de Hacienda José A. Terry a los ingenios tucumanos, organizada por los industriales nucleados en el Centro Azucarero tuvo su cierre en la mansión de Santa Ana (Lenis, 2016). En su relato del paseo el ministro destacó las dimensiones de las instalaciones y se admiró de la magnífica residencia de su dueño. Tal reconstrucción permite inferir que en la primera década de funcionamiento del ingenio el diseño del complejo habitacional no tenía el ordenamiento jerárquico que describe la historiografía azucarera (Paterlini de Koch, 1898; Campi, 1999). Los contrastes no son suficientes para diagramar un espacio socialmente organizado según sus funciones y la diferenciación existente parece corresponder en mayor medida a la estabilidad del empleo.
Para orquestar el proceso productivo de la industria se concentró la autoridad del establecimiento en el administrador. La ley de conchabo reformada en 1888 otorgaba amplias facultades a los propietarios en el trato de sus trabajadores, considerando que "el patrón es un magistrado doméstico, revestido de autoridad policial para velar por el orden de su casa, haciendo que sus subordinados le presten obediencia y respeto".³⁴ Esa atribución daba lugar al ejercicio de una primera instancia de poder punitivo, ya que según lo especificaba la reglamentación, "cuando un jornalero incurra en falta que comprometa el buen orden de la casa, puede ser detenido en prisión, hasta dar cuenta a la autoridad policial". Este marco legal avaló la existencia de habitaciones en los ingenios usadas como "calabozo", dando lugar a excesos de autoridad que contó la connivencia o complicidad de los comisarios (Campi, 2002: 236).
Los industriales buscaron el favor de la autoridad policial para disciplinar su mano de obra, consiguiendo en ocasiones la designación de personas de su entorno en ese cargo, pero la autoridad patronal y el ejercicio policial constituyeron esferas de autoridad diferenciadas, no exentas de tensiones. Así lo concebía el Intendente de Policía en la nota elevada al Ministro de Gobierno en 1904, en que solicitaba se aclaren las facultades de la policía en las fábricas azucareras, dado que "algunos ingenios como Santa Ana, Santa Rosa, San Pablo, Los Ralos, han denegado frecuentemente la entrada de agentes a esa repartición".³⁵ La consulta se encontraba motivada por un hecho ocurrido en el ingenio Santa Ana: "habiéndose presentado ante el comisario de Santa Ana el sujeto José M. Altamirano quejándose de que D. Francisco Plaza (hijo), colono del citado ingenio, le retenía indebidamente su cama y otros objetos, no ha sido posible hasta hoy que Plaza comparezca a la comisaría por cuanto el administrador del ingenio ha prohibido la entrada a los agentes que han ido a notificarlo".³⁶ La situación referida revela que la apelación a la intermediación policial fue posible en conflictos acaecidos dentro del ingenio, despertando la oposición de la autoridad de la fábrica.
Los propietarios pudieron pretender cerrar las puertas del establecimiento azucarero al ingreso de la policía, pero debían mantenerlas abiertas para la necesaria interacción de quienes residían allí con los comerciantes de la villa. La existencia de proveedurías en algunas fábricas azucareras y el uso de "vales" como forma de pago, denunciado durante la primera mitad del siglo XX como parte de los abusos patronales, alentó en la historiografía azucarera la consideración de cierta circulación de los salarios percibidos por los peones ceñida al interior del ingenio. En el caso del ingenio Santa Ana la tramitación hecha por Clodomiro Hileret junto al comerciante Adolfo Bugeau para la acreditación en 1892 de una matrícula de "almacén" a desarrollar en la villa de Santa Ana, sugiere que aun reteniendo el industrial parte del rédito generado por el consumo de sus trabajadores, el intercambio comercial no se circunscribió a los límites de sus propiedades.³⁷ En 1895 la firma "Bugeau y Cia." es consignada en las cedulas del censo como una de las tiendas y almacén con mayor volumen de mercadería, pero en modo alguno conseguía monopolizar el negocio, ya que según la misma fuente operaban en la villa otras once casas de comercio que incluían tiendas, almacenes y una botica.³⁸ Con mayor o menor frecuencia los trabajadores del ingenio precisaban salir de las tierras de su patrón para satisfacer parte de sus necesidades.
Por los datos aportados, tanto en lo referente a la relativa autonomía de las fuerzas policiales que actuaban por fuera de los mandatos de los propietarios del ingenio como a la ubicación de las fuentes de aprovisionamiento, Santa Ana no se adscribe la idea de establecimiento fabril como espacio cerrado. Su funcionamiento no se circunscribió puertas adentro del establecimiento azucarero bajo la voluntad omnímoda de los industriales. Por el contrario, la presencia de la villa como centro cívico en sus proximidades suscitó necesariamente el tránsito de los trabajadores del ingenio en ese ámbito vecinal al que acudían en búsqueda de protección y suministro de bienes primarios.

El ingenio y su interacción con los agricultores

Más distante de la fábrica se ubicaban las colonias donde el ingenio organizó su producción agraria. Extensas parcelas de tierras que eran delegadas temporariamente a los encargados de cultivar la caña de azúcar. En 1891 el diario El Orden anunciaba entre los avances tecnológicos de la moderna fábrica azucarera recientemente inaugurada, la organización de cuatro colonias de 400 hectáreas cada una.³⁹ El Censo Nacional de 1895 consignó en propiedad del ingenio 1.400 hectáreas de caña y 20 con otras plantaciones. Los productores de caña registrados como colono era cinco y la disimilitud de sus explotaciones traslucen la diversidad de sus contratos.⁴⁰
Francisco y Bartolomé Recaste, de nacionalidad francesa, tenían a su cargo colonias de 400 hectáreas cada uno, de las cuales 220 ocupaban con plantaciones de caña, que reconocían en 1895 cuatro años de antigüedad. Según el relevamiento ganadero del mismo censo, Francisco Recaste criaba en esas tierras más de 270 animales. Su hermano mantenía una cantidad semejante. De modo que el cultivo de caña era una entre las actividades que realizaban en las tierras a su cargo, aun cuando ésta fuese la más importante para la industria. Distinta era la colonia a cargo de Felix Mothe que cubrió de caña casi el total de las 605 hectáreas asignadas, dejando incultas solo 15 de éstas. Según hemos referido, el ingenio les asignó amplias residencias a estos agricultores y tanto Recaste como Mothe, adquirieron más tarde propiedades en el distrito y se vincularon con los vecinos de la villa, desarrollando otros negocios.⁴¹ La incorporación de colonos al medio apuntaló la presencia de un sector agrario con mayor solvencia económica que desempeñó un importante rol en el desenvolvimiento de la localidad.
Como fue reconstruido por la historiadora Juarez-Dappe, el sistema de colonias fue fundamental para que los ingenios que aumentaron su capacidad de molienda pudieran reducir el precio de la caña y regularizar su entrega (Juarez-Dappe, 2006). Pero desde los primeros años de funcionamiento el mercado de caña que dio abasto a los trapiches del Santa Ana excedió los límites de la estancia comprada. Tal vez los costos que implicaban el desmonte o la dificultad de conseguir la mano de obra necesaria para ampliar el cultivo de caña,  obligaron a la empresa a comprar la producción a los agricultores de la zona y en algunos casos a adquirir sus propiedades ya dispuestas para la labranza. Esa necesidad llevó a la sociedad "Hileret y Rodrigue" a interactuar permanentemente con los productores agrarios locales.
Unos de estos proveedores fue Camilo E. Augier, quien había ampliado sustantivamente sus tierras en el departamento de Río Chico a partir del arribo del ferrocarril.⁴² Según el relevamiento censal de 1895 de una de sus fincas de 350 hectáreas destinaba 100 a la producción de caña.⁴³ Si bien los cañaverales se extendieron en el departamento cubriendo ese año el 48% de la tierra cultivada, los propietarios no se aprestaron a cubrir la totalidad de sus tierras con caña, ya sea porque no contaron con el capital necesario o porque pretendieron reducir los riesgos de abocarse exclusivamente a un negocio que dependía en gran medida de los términos acordados con el industrial.⁴⁴ Por ejemplo, la sociedad "Olivera e hijos" propietaria de 350 hectáreas cercanas a Santa Ana, destinaba 80 a sus cañaverales. La viuda Ercila Ferreira de Peñalva tenía 20 de sus 84 hectáreas plantadas la caña. Otro notable vecino de la villa como Francisco V. Ovejero destinaban al azúcar solo tres de sus 36 hectáreas.
El modo en que algunos agricultores ampliaron sus cultivos evidenciaba los resguardos con que se abocaron a plantar caña, prefiriendo la diversificación o la incursión en el comercio, que consideraron también redituable en el nuevo contexto. En 1892 José María Vázquez, vecino de Santa Ana, arrendó al español Nicasio Olmos su finca de 400 surcos de caña, un potrero y su casa en la villa a condición de que este ampliara el plantío y estableciera allí una tienda almacén con un capital de 6.500 pesos nacionales, comprometiéndose a repartir entre ambos las utilidades de la plantación y del comercio.⁴⁵ La disponibilidad de capitales por parte de Olmos parece ser la clave de este acuerdo pero la amplitud de las cláusulas muestra que el interés de los vecinos propietarios no se ceñía a la producción azucarera.
Como han señalado otras investigaciones, fue necesario que las fábricas incentivaran la conversión productiva de los agricultores a la caña de azúcar para dar abasto a sus modernas maquinarias (Juarez-Dappe, 2010: 68-72). Uno de los procedimientos habituales fue dar crédito contra entrega de caña, pudiendo implicar en ocasiones la hipoteca de las propiedades. En 1894 la firma "Hileret y Rodrigue" concertó un adelanto de 1.600 pesos a Matías Carabajal, que debió ser cancelado con la cosecha de cuatro años, según el contrato de venta de caña de azúcar ya celebrado, y dejando hipotecada su finca en Huasa Rincón ubicado en el segundo distrito de Río Chico.⁴⁶ Carmen Quieto, vecino de Aguilares, utilizó el mismo procedimiento para la devolución de los 2.700 pesos adelantados por la empresa.⁴⁷ Los proveedores del ingenio se encontraban en puntos dispersos del departamento y algunos productores con mayores extensiones de tierras, hipotecaban sus propiedades en otros distritos para acceder a préstamos más elevados.⁴⁸
La capacidad financiera de los propietarios del ingenio Santa Ana le permitió realizar cuantiosos préstamos a pequeños y grandes propietarios en momentos que la crisis de sobreproducción afectaba especialmente a los cultivadores de caña, que vieron reducido el precio de su producto (Bravo, 2008: 123-130). Propietarios de muy diferente escala hipotecaron sus terrenos durante esos años y en algunas ocasiones la empresa se hizo finalmente de sus bienes. La viuda de Fermín Díaz, María Concepción Gómez, vecina de Santa Ana, debió hacer entrega a Hileret de su terreno en Los Lunas de aproximadamente 50 hectáreas al no poder realizar la devolución de un préstamo de 1.000 pesos que su marido había adquirido tres años antes.⁴⁹ En algunas de estas ejecuciones se evidenció la pretensión del industrial de expandir sus tierras en áreas contiguas o próximas al ingenio, que también manifestó en las compras de propiedades.⁵⁰ La principal finalidad de esa concentración de propiedades respondió a la necesidad proveer de materia prima a la fábrica.
A pesar de la vasta producción de azúcar el ingenio Santa Ana obtuvo sucesivamente bajos rendimientos fabriles. En 1895 molió 139.470 toneladas de caña, más que ninguna otra fábrica, y sin embargo produjo menor cantidad de azúcar que el ingenio Trinidad que requirió 110.000 toneladas de caña (Rodríguez Marquina, 1889: 498-499). Uno de los motivos del bajo rendimiento de la caña resultaba del sistema de transporte (Moyano, 2016: 161-178), dado que parte de la materia prima llegaba desde lugares distantes, pero solucionar este asunto no dependía exclusivamente del industrial.
En 1895 los propietarios del ingenio Santa Ana firmaron contrato para la construcción del desvío desde la estación Río Chico hasta su establecimiento. El tendido férreo de 6,5 kilómetros de longitud fue uno de los ramales más prolongados del tren provincial. La empresa ferroviaria se encargó de colocar los rieles y durmientes, cobrando un arrendamiento de cincuenta centavos de peso moneda nacional por metro de vía.⁵¹ Pero las diferencias en la interpretación del contrato no tardarían en llegar. En 1898 la sociedad Hileret y Rodrigué demandó a Ferrocarril Noroeste Argentino por negarse a cargar vagones con caña desde otras estaciones si antes no abonaran el flete y por cobrar una tarifa 10% más caro que el año anterior. El reclamo fue tramitado ante la Dirección General de Ferrocarriles Nacionales, que impuso una multa de 2.000 pesos moneda nacional a la empresa ferroviaria, pero esta se negó a pagar aduciendo que no correspondía a esa repartición pronunciarse al respecto del tráfico local bajo jurisdicción provincial. El administrador del ferrocarril obtuvo el apoyo de la Inspección Provincial de Ferrocarriles, pero el órgano nacional no hizo lugar a este argumento y reiteró la obligación de abonar la multa.⁵² El conflicto ilumina la relevancia del trasporte de la caña para el suministro del complejo industrial, pero también señala las tensiones entre diferentes instancias gubernamentales y empresariales implicadas en la actividad azucarera que distaban de alinearse a los intereses del potentado industrial.
A pesar de la gran capacidad financiera de la empresa, el proyecto industrial requería de la participación de diversos actores sociales del territorio sobre los que por momentos conseguía avanzar, logrando algunos niveles de consenso o desplazando a los más débiles, pero en absoluto sometiendo al conjunto de estos. La organización de colonias aseguró una parte significativa de la provisión de materia prima, pero el ingenio precisó también de los productores agrarios de la localidad para dar abasto a sus modernos trapiches. Estos cultivaron la caña en diferentes escalas sin dejar de lado otras producciones y negocios. Los industriales debieron disponer de créditos contra entrega de caña para incentivar la conversión de cultivos. Propietarios de diferente escala hipotecaron sus tierras para acceder a los capitales que les permitieran ampliar su participación en el mercado azucarero o simplemente conservar su posición. En oportunidades los dueños del ingenio se hicieron con las tierras, pero en general estuvieron obligados a negociar con los diferentes productores del distrito. En términos desiguales, agricultores e industriales se condicionaron mutuamente, en una relación de interdependencia que caracterizó al área de producción azucarera.

La villa y el ingenio. Tensiones e interacciones

Como previeron los vecinos de la Villa Santa Ana, el ferrocarril favoreció sus emprendimientos productivos y comerciales, pero también acrecentó significativamente la conflictividad en ese ámbito. La instalación del colosal ingenio en sus inmediaciones generó nuevas tensiones sociales. El Estado Provincial pretendió regular las transformaciones generadas por el transporte ferroviario dando mayor institucionalidad al desarrollo de los pueblos de campaña, pero su capacidad de intervención en las localidades fue limitada.⁵³ Carente del personal y la infraestructura necesaria, tendió a sobrecargar la función de los comisarios atribuyéndoles un variado espectro de funciones municipales. A sus obligaciones respecto al mantenimiento del orden público y control de las libretas de conchabo se adjuntó: la recaudación de impuestos, la concesión de permisos a quienes desearan construir en la villa, el control de pesas y medidas, y de básculas en los ingenios.⁵⁴
Uno de los motivos recurrentes de conflictos en los pueblos, agudizado por la expansión productiva azucarera, eran las alteraciones o el deterioro de los caminos públicos, ya sea por la construcción de desvíos, acequias sin puentes, trazado ferroviario o el aumento del tránsito (Bravo, 2008: 94-102). Aún carente de un código que regulara con precisión estas situaciones, el gobierno de Lídoro Quinteros procedió en 1888 a la formación de Comisiones de Higienes y Caminos Públicos, encargadas de mejorar los accesos a las poblaciones y ejecutar obras de desecado de pantanos o terrenos cenagosos que pudieran devenir focos de infección.⁵⁵ Su jurisdicción abarcaba las secciones policiales, debiendo ser conformadas por el comisario y dos vecinos designados por el ejecutivo. La legislación continuaba recargando las obligaciones de los policías de campaña, pero pretendía dar injerencia a otros vecinos en el mejoramiento de la infraestructura del poblado. En Santa Ana no se designó en ese momento una comisión, pero conocemos que en 1891 el comisario José María Vázquez elevó la propuesta de incorporar como vocales al presbítero Guillermo Barroco y al comerciante Francisco Casbas.⁵⁶ Aunque la sugerencia no prosperó, expresa el interés por sumar personal en los asuntos municipales con figuras de cierta jerarquía en el entramado vecinal.
En marzo de 1889 un decreto determinó la ubicación de la comisaría correspondiente al segundo distrito de Río Chico en la Villa Santa Ana designando a Francisco Recaste como comisario a cargo.⁵⁷ Conociendo su origen francés y su devenir como colono del ingenio, ese movimiento puede considerarse vinculado al interés por la buena marcha de la fábrica azucarera proyectada. La historiografía ha puesto de manifiesto la relevancia de los comisarios respecto al disciplinamiento de la fuerza de trabajo en momentos de la especialización azucarera de la provincia, funciones que también se vieron recargadas por la legislación del momento (Campi, 1993). La ley de conchabo de 1888 incorporó en sus disposiciones la obligatoriedad de supervisión policial de los contratos, a fin de limitar los abusos de los patrones que tendían a extender el período de trabajo de sus peones.⁵⁸ Bajo la responsabilidad de los comisarios quedó también la confección y renovación de libretas. ⁵⁹
Aun si lo pretendiera, difícilmente la comisaría de Santa Ana podía responder con efectividad a la necesidad del ingenio de controlar y disciplinar su masiva mano de obra, siendo tan diversas sus obligaciones y requerimientos en el segundo distrito de Río Chico. Su jurisdicción no se circunscribió a Santa Ana e incluso allí la preocupación por fortalecer la autoridad policial no fue exclusividad de los industriales. Esa demanda estuvo presente entre los habitantes de la villa según lo expresaron al gobierno:

Los vecinos suscribientes informan que hace un mes y medio que esta población se encuentra en acefalía y en el abandono más grande porque aunque está permanente el comisario carece de todo elemento policial [.], casi diariamente se suscitan pendencia por lo general con peones del ingenio del Sr. Hileret, y con ese motivo los comerciantes de esta localidad (.) se ven obligados a cerrar sus puertas porque cada instante se hacen peleas entre ellos, mismo causándose heridas más o menos graves de manera que aun las casas de familia estamos en inminente peligro de nuestras vidas y hacienda.⁶⁰

La solicitud revela la difícil convivencia entre el contingente de trabajadores del ingenio y el marco vecinal de la villa, separados por sus hábitos y prejuicios.
La utilización de la fuerza policial por parte de los industriales estuvo atravesada de tensiones. Como se trasluce en la contestación de los propietarios del ingenio a la notificación de la restricción de contaminar las aguas con residuos fabriles:

Sr. comisario, tenemos el honor de contestar su apreciable nota fecha de hoy. Necesitamos para nuestra fábrica de 400 a 500 litros por segundo, si encuentra el modo de hacer que en estos terrenos, cuyo subsuelo es más o menos impermeable, se esfume sin mandarlo al río estamos completamente dispuesto a hacer todo el trabajo que se nos indique.⁶¹

El modo displicente de responder da cuenta de la poca deferencia que le merecía al industrial la autoridad local y su escasa predisposición a sujetarse a las normativas.
En el espacio de la villa, recargado por las tensiones sociales generadas con la nueva dinámica productiva, cobraron mayores resonancias los avatares de la convulsionada política provincial en los primeros años de la década de 1890.⁶² Tal como sucedió a principios de 1894 en momentos que el interventor nacional a cargo del gobierno provincial puso al frente de la comisaria de Santa Ana al Sargento Mayor Modestino Pizarro.⁶³ Al asumir sus funciones replicó las denuncia hechas por Camilo Augier "y otras personas respetables de este vecindario", en relación a la sustracción del Registro Cívico Provincial correspondiente al distrito necesario para practicar las elecciones, declarando implicados en el caso al secretario del juzgado y al comerciante Abel Trujillo.⁶⁴ A los pocos días consiguió su devolución con la colaboración de otras autoridades locales. Pero una vez abierta la mesa de inscripciones comunicó por telegrama que una cuadrilla de 44 peones del ingenio con sus capataces a la cabeza amenazó su autoridad y que finalmente consiguió reducirla defendido por algunos vigilantes y ayudado por los vecinos.⁶⁵ El resultado consagró la lista que promovía la candidatura a gobernador de Benjamín Aráoz.⁶⁶ La elección de la representación política del distrito se complejizó notablemente con la incorporación de nuevos actores sociales al territorio: industriales, trabajadores e importantes productores cañeros. La localidad replicó las disputas entre facciones de la política provincial, tensionando el marco estatal sustentado por vecinos de renombre, que se vio desafiado por la ascendencia del industrial sobre el gobierno provincial. La distribución del poder en el espacio de la villa fue motivo de confrontaciones que la débil presencia estatal no consiguió aplacar del todo.
La comisaría continuó funcionando en un espacio alquilado a pesar de la aprobación de proyectos gubernamentales para su edificación.⁶⁷ Pero el incrementó de la dotación policial del distrito puede apreciarse en la cantidad de agentes con que contaba en 1894: en Santa Ana eran ocho, en Los Sarmientos cuatro, en Villa Alberdi diez y Escaba ocho.⁶⁸ Hacer valer la autoridad de esos oficiales frente a los vecinos de mayor reputación podía resultar otra complicación. A fines de 1894 el comisario de Santa Ana, Francisco Díaz, consultó cual debía ser su proceder ante el señor Carlos Ferreira ya que

en momento en que yo no he estado en esta oficina ha venido a dirigir insultos groseros y amenazas a mí y demás empleados, sin más motivo que no haber aceptado poner en libertad un peón que ha cometido la grave infracción de haberle peleado a un soldado. (.) debo hacer presente Sr. Intendente [General de Policía] que este señor está acostumbrado a insultar la comisaría y los comisarios y manejarlos a su antojo cosa que yo veo muy incorrecto.⁶⁹

De modo que la autoridad del comisario resultaba limitada no solo por las carencias de medios, sino por el modo altanero de algunos actores del territorio que se negaban a cumplir sus directivas. Los grandes propietarios y reputados vecinos no se sujetaron incondicionalmente a la autoridad policial que en otras oportunidades demandaban y contribuían a reforzar con su participación.
La denuncia del comisario mencionada evidencia también que el ingenio no era el único urgido de mano de obra. Los productores agrarios tenían igual premura por trabajadores en momentos de la zafra. En 1895, el mismo Carlos Ferreira al remitir al ministro de gobierno la extensa lista con los oficiales de las cuatro compañías de infantería correspondiente al departamento de Río Chico a su cargo, consultaba qué medidas se debían tomar "ante los patrones que se negasen a mandar a sus peones a los ejercicios, en vista de que se hallan en la cosecha de caña".⁷⁰ Cumplir con los deberes cívicos podía significar para algunos productores cañeros retrasar la cosecha, momento crucial de su actividad que requería gran cantidad de trabajadores. Reprimir y castigar la conducta de la peonada podía ser una exigencia de los propietarios, pero ese mandato encontraba un claro límite en la necesidad de levantar la caña a tiempo. Aun así era durante los meses de la zafra en que se registraba el mayor número de detenidos en distrito.⁷¹ Los cargos estatales en la localidad continuaban siendo ocupados por notables del pueblo, pero las normativas a las que debían sujetarse podían contraponerse a sus necesidades como productores, en tal caso la observancia de la regla dependió de la insistencia y determinación de las directivas gubernamentales.
Los vecinos designados como funcionarios locales peticionaban recursos reiteradamente sin dejar de cumplir sus obligaciones con los medios disponibles. En algunas oportunidades desde instancias superiores de gobierno se intentó afianzar un protocolo de procedimientos afín a la jerarquía institucional, cuestionando a quienes resolvían sus asuntos de manera autónoma e informaban sobre hechos consumados.⁷² Pero dar mayor sustento e independencia a la función estatal en la localidad requería aumentar el gasto en salarios para contratar personal con exclusiva dedicación a los cargos y con mayor formación para su desempeño.
Con la pretensión de robustecer el entramado institucional en los pueblos de campaña, el gobierno de Próspero García introdujo modificaciones en la justicia local, plasmadas en la Ley Orgánica de Tribunales de 1893, al incorporar la función de jueces de cuartel en todos los distritos.⁷³ Su competencia era en asuntos de menor jerarquía que la del juez del distrito al que se encontraba sujeta. También para acceder a estos cargos se precisaba ser "ciudadano idóneo, mayor de edad y propietario" nombrado por el ejecutivo provincial. Pero a diferencia de otras reglamentaciones, una cláusula incorporada en 1894 hizo explícito el requerimiento de ser vecino del lugar, tanto para juez de cuartel como de distrito, dando de ese modo pleno reconocimiento a la injerencia de la población de la campaña en la ocupación de los cargos públicos locales. Al igual que la creación de otros cargos, esta disposición demoraría en efectivizarse en el segundo distrito de Río Chico.⁷⁴ Los jueces de Santa Ana fueron insistentes en sus recomendaciones de nombramientos sabiendo que en gran medida dependía de sus sugerencias completar los cargos institucionales correspondientes a su jurisdicción.⁷⁵ En 1897 el Juez de Paz de Santa Ana, Jacinto de la Vega, consiguió las designaciones de los jueces de cuartel, pero estos presentaron inmediatamente su renuncia con diferentes motivos.⁷⁶ Cubrir estos cargos que no contemplaban un estipendio no resultaba fácil, pero el funcionario reiteró el requerimiento de designaciones que permitieran efectivizar sus funciones en un distrito tan amplio. También en el orden judicial el desarrollo de la estructura estatal encontró el límite en la carencia de recursos, apelando a la iniciativa de algunos vecinos para efectivizar sus disposiciones.
Otras instituciones de la Villa reafirmaron su rol como centro cívico, y nos permiten considerar una interacción menos conflictiva con los trabajadores azucareros. La formación de Registros de Estados Civil de las Personas habilitó la creación de una nueva delegación estatal en los pueblos, encargada de inscribir nacimientos, matrimonios y defunciones. La ley provincial de 1890 estipulaba el funcionamiento de oficinas de Registros Civiles en cada distrito, contando con un Jefe de Registro y empleados según su presupuesto.⁷⁷ En la práctica esa tarea fue asumida en la mayoría de los casos por los jueces de distrito dada la carencia de fondos.⁷⁸ Estos y otros actos cívicos y religiosos constatan que algunos trabajadores hacían uso de las instituciones de la villa.⁷⁹
Los conflictos en la villa Santa Ana introducidos con el ingenio se solapaban de modo enrevesado. El ingenio requería la presencia policial en el área para controlar su masiva mano de obra, tanto como lo solicitaban los vecinos en la villa, pero ninguno estaba dispuesto a sujetarse plenamente a esa autoridad estatal, en especial cuando algunas de sus directivas se contraponía a las necesidades de la zafra. El Estado Provincial dependía de los vecinos que ejercían como funcionarios para intervenir en la localidad, pero debía evitar el faccionalismo reguardando cierta imparcialidad y disciplina. En ese marco de tensiones se tendió a desarrollar la estructura institucional en la localidad apoyándose en la iniciativa de los vecinos, que afianzaron el rol de la villa como centro cívico.   

La configuración local: comisiones y petitorios vecinales en el fortalecimiento de la villa

Consciente de la limitada capacidad de intervención del Estado Provincial en la promoción de los pueblos de campaña, el gobierno de Lucas Córdoba intentó revitalizar las comisiones vecinales con funciones municipales.⁸⁰ En 1896 conformó nuevamente las Comisiones de Higiene y Caminos Públicos, y al año siguiente amplió sus funciones como supervisora del finalmente sancionado Código Rural y de Riego (Bravo, 2008: 93-122). En el segundo distrito de Río Chico se designó como vocales a los grandes propietarios y productores cañeros Roberto Scott y Justo Salas, pero esa designación no se replicó en años posteriores y su incidencia en la ejecución o regulación de obras se mostró reducida, tal vez por falta de financiamiento.
Mayor éxito en la prosecución de sus fines tuvo la comisión organizada en esos momentos para la apertura de cementerios públicos.⁸¹ En la Villa Santa Ana estuvo presidida por el colono Felix Mothe, quien comunicó desde un primer momento la insuficiencia de los fondos recaudados.⁸² Aun así el proyecto consiguió avanzar con la donación del terreno por parte de Clodomiro Hileret.⁸³ El industrial mostraba con esa contribución su interés por mejorar algunos servicios públicos de la villa que podían satisfacer necesidades de la población residente en su ingenio. A principios de 1899 la comisión informó que la obra estaba terminada.⁸⁴ A pesar de considerar que la nueva edificación no respetaba las condiciones pautadas, el Departamento Topográfico decidió hacer entrega de las llaves al comisario a cargo de su funcionamiento. La villa reafirmaba con estos modestos avances su lugar como proveedoras de servicios públicos a la población de la localidad.
Los vecinos se involucraban en la promoción del pueblo cumpliendo con las designaciones y participando en las comisiones designadas por el gobierno, pero también peticionando colectivamente como lo habían hecho tradicionalmente. En parte dependían de ese tipo de acciones para garantizar mejoras en las condiciones de la infraestructura de la localidad, ya que la dinámica económica del ingenio no las contemplaba. En septiembre de 1898 una veintena de ellos enviaron una nota:  "la villa se encuentra situada a muy pocas cuadras de la estación, pero por estar cercadas todas las propiedades nos vemos obligados a cruzar distancias enormes para llegar a ella, atravesando lagunas y bañados peligrosos (.) todos los vecinos nos vemos incomunicados con grave perjuicio para el comercio."⁸⁵ El pedido describe las dificultades de conectividad de la villa, que dificultaban el flujo económico en el área.
A un año de aprobado el Código Rural y de Riego, los frecuentes problemas de reparación y apertura de caminos encontraron una vía legal para su resolución, que la población de la campaña supo aprovechar con sus demandas. En ese marco el gobernador atendió el pedido de los vecinos de Santa Ana enviando un agrimensor del Departamento de Ingenieros para estudiar el camino más conveniente. La propuesta elevada por el técnico comentaba los problemas para realizar el camino más corto: "los dueños de terrenos opusieron dificultades. En primer lugar Emilio Rodrigue (miembro de la sociedad Hileret-Rodrigue) observome que este proyecto le acarrearía perjuicios dejando inútiles fracciones del terreno". Ante la imposibilidad de avanzar sobre esta propiedad el profesional recomendaba componer el camino habitual, siendo éste de utilidad para el vecindario, tanto como para el ingenio, además de beneficiar a una población situada al sur llamada "Los Luna". Aún así una de las pequeñas modificaciones del trayecto suscitó la oposición de Rodrigue, quien declaró que pensaba cerrar ese camino porque destinaría los terrenos para plantar caña. En ese punto, el funcionario no se privó de opinar: "no se debería permitir al señor que obstruya el camino porque si esto se efectúa la villa quedaría muy encerrada".⁸⁶ La necesidad de los vecinos de la villa se encontraba en este tema contrapuesta con la pretensión de los industriales. A pesar de la recomendación por parte del funcionario de endurecer la posición estatal frente a la pretensión del empresario, no se consiguió en ese momento los fondos para reparar el camino sino una resolución parcial con la habilitación de un camino alternativo. En este caso, si bien el nuevo marco jurídico y la burocracia estatal señalaron las irregularidades, sería la persistente demanda del núcleo de vecinos la que en años posteriores concretó las mejoras materiales valiéndose de nuevos instrumentos institucionales.⁸⁷
En 1900 el gobernador Próspero Mena propuso dar nuevo aire a las mencionadas comisiones vecinales con atribuciones municipales. Según asume el decreto que las puso en vigor, la recaudación de impuestos por estos órganos estipulada por la ley no se cumplía. Consideraba esa inobservancia de la normativa producto de la imposibilidad de la policía de campaña de ejercer las funciones municipales, juzgando conveniente "dar participación los vecinos de cada localidad en el manejo y aplicación de los fondos (.) con lo cual se preparan los hábitos de la vida comunal".⁸⁸ Por esta razón las comisiones conformadas a partir de la norma cumplirían las funciones municipales relacionadas con la higiene, edificación urbana, alumbrado, limpieza, inspección de matadero, cementerios y demás servicios de este carácter que sean interés del vecindario.  Explícitamente el decreto determinaba que para ser miembro era preciso ser vecino de la localidad, mayor de edad, tener bienes raíces, ejercer alguna profesión o industria y gozar de buen crédito. Los nombramientos se harían anualmente por el ejecutivo, pudiendo sus miembros ser reelegidos. De las multas cobradas por infracción del Código Rural, la comisión debía elevar el balance, estando habilitada para invertir esos fondos en mejorar los servicios.
En Santa Ana la comisión la integró Eugenio Juárez, Felix Mothe y Nicasio Olmos, siendo su jurisdicción el radio de la autoridad policial y sus funciones municipales se circunscribieron al perímetro urbano.⁸⁹ En clara muestra de su iniciativa, al mes de asumir sus funciones solicitaron al ministro de gobierno la suma de 1.500 pesos para el arreglo de caminos que unían a la villa con las poblaciones Los Sarmientos, El Molle, Villa Alberdi, Callejones y Los Ríos. Efectivamente la revitalización de ese órgano de gobierno local, contribuyó a dar un cauce a las demandas de los vecinos del distrito, que fortalecieron su posición intentando avanzar en la refacción de los caminos transitados por la población de la villa Santa Ana. Como evidenciaron, estos itinerarios no coincidían con el trayecto privilegiado por el ingenio que recorría desde la estación de tren a la fábrica. Si bien la dinámica económica de la localidad fue pautada por la producción azucarera, continuaban existiendo otras explotaciones agropecuarias y vinculaciones comerciales entre los poblados que los propietarios y comerciantes de la zona no se resignaban a perder.
En 1902 más de cincuenta vecinos de Santa Ana exponían al gobierno las razones por las que urgía la designación de una nueva Comisión de Higiene y Fomento. Sus argumentos reseñaban parte de los obstáculos que encontraba su desenvolvimiento económico: "El desarrollo de Santa Ana como consecuencia de su importancia productora la obliga a estrechar relaciones comerciales con sus departamentos limítrofes, pero no tanto como debiera por la sencilla razón de que los caminos que los unen se encuentran en malas condiciones".⁹⁰ La solicitud permite observar la relevancia que los vecinos daban a los instrumentos institucionales para gestionar mejoras en la infraestructura de la localidad. Secundar las propuestas gubernamentales era motivo de orgullo y honra que los vecinos exhibían para mayor sustento de sus propuestas: "el celo por asuntos de interés público nos induce a solicitar la creación de una comisión, para la cual existe en esta un núcleo de personas entusiastas dispuestas a secundar la labor del gobierno (.) adoptando algunas medidas profilácticas para la higienización de esta localidad considerada como una de las más mal sanas". La necesidad de mejorar las condiciones de salubridad del distrito sería una preocupación recurrente en sus pedidos que enfatizaban la urgencia de sus demandas. La localidad conservó parte del tránsito entre los pequeños conglomerados de población que la caracterizaban. La persistencia de esa interacción habilita a considerar la continuidad de márgenes de autonomía resguardados por los vecinos, que apelaron a diferentes instancias estatales en defensa de sus intereses.

Conclusión

Esta reconstrucción de la historia de la localidad en que se instaló el ingenio Santa Ana permite reconocer la relevancia que tuvo la iniciativa vecinal en el desarrollo de la villa como centro cívico del distrito. Su persistente actividad durante la primera década de funcionamiento de la industria habilita a revisar los consensos historiográficos respecto a la dependencia de los pueblos de las fábricas azucareras. Los trabajadores asentados al interior del ingenio constituyeron la mayoría de la población en la localidad, pero ese espacio careció durante el periodo relevado de una dinámica institucional y comercial propia, por lo que sus habitantes acudieron a la villa para satisfacer parte de sus necesidades. La construcción de numerosas viviendas en torno a la fábrica tampoco evidencia durante los primeros años de funcionamiento una diagramación del espacio claramente diferenciada según jerarquías de trabajo como existe en épocas posteriores. Los dueños del ingenio concentraron la autoridad dentro de sus dominios en manos de los administradores, expandieron sucesivamente sus propiedades y generaron dependencia a sus abastecedores de materia prima. Pero no anularon la actividad de los vecinos involucrados en el crecimiento económico e institucional de la localidad. Estos se valieron de la presencia estatal en el medio para fortalecer su posición, desempeñándose en los cargos públicos y comisiones, al tiempo que peticionaban mejoras en la infraestructura.
A partir de la década de 1870 los propietarios y comerciantes de la localidad incentivaron la jerarquización del pueblo de Santa Ana como centro cívico, con la construcción de una iglesia y una escuela,  enlazando sus requerimientos vecinales con las necesidades de gobernabilidad del Estado Provincial. Algunos de ellos promovieron la conversión productiva que experimentaba la provincia, formando sociedades comerciales para explotación y comercialización de la caña de azúcar. Los vecinos permanecieron expectantes del funcionamiento del ferrocarril provincial e incentivaron su paso por las inmediaciones de la villa. La construcción del ingenio remarcó la prosperidad de la localidad, pero acrecentó significativamente la conflictividad en el medio, contraponiendo por momentos los intereses de la fábrica a las necesidades de vecinos propietarios. Esas tensiones se canalizaron con peticiones al poder político provincial que las atendió según sus posibilidades en cada momento.
Carente de la estructura burocrática que permitieran al Estado provincial administrar y gobernar con mayor eficacia el espacio local, el gobierno asignó funciones municipales a los comisarios. Efectivamente los oficiales desempeñaron la tarea de controlar y contener a los trabajadores azucareros que afluían al ingenio, demanda que fue compartida por productores agrarios, comerciantes e industriales. Pero la localización de la comisaría en la villa, la diversidad de sus obligaciones, la amplitud de su jurisdicción y la designación de reputados vecinos como policías, impide considerar la subordinación del poder policial al interés privado del ingenio. Siendo posible reconocer situaciones en que su autoridad fue desafiada tanto por el industrial como por renombrados vecinos. En ese removido ámbito local las disputas entre facciones políticas agudizaron las tensiones y generaron una creciente toma de partido de los comisarios. El gobierno pretendió controlar estos funcionarios ampliando la estructura judicial en los distritos de campaña, pero sus avances fueron limitados por la falta de recursos.
El crecimiento institucional de la villa requería la atención de la conectividad, el  desarrollo de infraestructura cívica y la gestión de mejoras en las condiciones de salubridad. La dinámica y el uso del espacio reformularon las necesidades locales que se definieron al influjo de la iniciativa de los vecinos. Quienes hicieron uso del marco legal habilitado por el Código Rural y de Riego que otorgaba mayor legitimidad a sus petitorios.  En reconocimiento de la falta de personal y recursos para implementar las reformas necesarias en estos espacios, el Estado Provincial procedió a la formación de comisiones vecinales y municipales encargadas de obras de infraestructura. Esos instrumentos institucionales fortalecieron la posición de la villa como parte constitutiva de la configuración local.
Tales actividades diseñaron la construcción de identidades propias de la localidad gestadas por la interacción entre los pobladores residentes en el ingenio y los vecinos de villa. Esta relación cargada de conflictos y tensiones entre diversos actores sociales en el territorio configuró sentidos comunitarios en el pueblo de Santa Ana, ligados a la producción azucarera. Tales identidades, como afirma el historiador Bernard Lepetit, no fueron un hecho acabado, sino que "adoptaron diferentes modalidades y efectos de redescubrimiento parcial, de recortes y de exclusiones, de los elementos que componen su paleta" (Lepetit, 1992). La reelaboración de estos sentidos identitarios construidos por los actores sociales de la localidad, tuvieron una incidencia creciente en las problemáticas generadas por la especialización productiva y la dinámica industrial. Las solidaridades podían manifestarse en la preocupación de los vecinos contra posibles ataques de la "peonada del ingenio", en el uso compartido de las instituciones civiles o en la petición de la mejora de caminos públicos. En cualquier caso la conformación de esa identidad local vinculada al ingenio azucarero distó de ser un proceso controlado por la patronal a puertas cerradas.

NOTAS

1 Exposición de Chicago (1892): Estadística Gráfica. Sección Tucumán, Santa Fé, Rosario (s/n). Buenos Aires.

2" Un ingenio, el más modesto que se quiera (.) contiene (.) casas cómodas para el personal superior de empleados, casitas higiénicas y ventiladas para obreros y peones, con su terreno para el cultivo y huerta; locales para escuelas, policía sanitaria, hospital, capilla, chalets con magníficos jardines (.) constituyendo todo ello un verdadero pueblo, de mil hasta dos mil casas, lindas, aseadas, bien construidas" (Álbum Argentino, 1910: 74).

3 El Censo Provincial de 1812 inscriben a los habitantes de Rio Chico en más de treinta pueblos. Algunos de éstos –como Santa Ana, Naschi o Marapa– tenían su origen en pueblos de indios en los que la afluencia de población "blanca" y esclavos libertos durante el siglo XVIII produjo un marcado mestizaje. Hasta 1807 Santa Ana era reconocido como pueblo de indios, según lo certifica la documentación del Archivo Histórico de Tucumán (en adelante: AHT), Sección Protocolo (en adelante: SP), Serie A, Vol. 16, 1807, fs. 75-76, 141-142. Instaurada la república esas poblaciones perdieron su particular condición jurídica, aunque en 1826 los indios de Naschi denunciaron la expropiación de las tierras de su comunidad sin obtener resultados favorables (López, 2006: 231). Posteriormente nuevos parajes se irían desarrollando en el departamento con las subdivisiones de tierras por herencia, designados por el apellido de su principal propietario (Los Luna, Los Ríos, Los Romano, Los Córdoba, Los Arrieta y tal vez Los Aguilares y Los Sarmientos).

4 La Constitución de Tucumán de 1856 reafirmó la organización departamental de la provincia, dando preeminencia en las funciones de gobierno a la Sala de Representantes compuesta por 22 diputados representantes de los 10 departamentos. En respuesta al mandato de la Constitución Nacional de 1853, la Carta Magna provincial estableció el régimen municipal, pero la ley se sancionó recién en 1867, y únicamente la Capital y Monteros fueron reconocidas como municipalidades durante el siglo XIX (Bravo y Ferullo, 2017: 4-5). La regular división de los departamentos en distritos se asentó con los sucesivos nombramientos de funcionarios estatales. Un relevamientos censal de 1858 inscribe la población de algunos departamentos en distritos, pero divide la de Río Chico en dos cuarteles (Resultados reproducido en El Nacional Argentino, 10.11.1858). Posteriormente estos serían designados como distritos al referirse a las jurisdicciones de los jueces y comisarios, tal como lo menciona el Censo Nacional de 1869 (Primer Censo de la República Argentina, 1872: 486). El reglamento de justicia, sancionado en 1860, establecía la existencia de un juez por departamento y otro por cada distrito, aunque el nombramiento de este último demoró en efectivizarse en Río Chico (Sánchez Loria, Horacio y del Moral, Ernesto [Comps.], Compilación ordenada de Leyes, decretos y mensajes del período constitucional de la provincia de Tucumán que comienza en el año 1852, Vol. II, años 1857-1861. Tucumán, 1916, p. 330).

5 Cordeiro, Ramón y Viale, Carlos [Comps.], Compilación ordenada de Leyes, decretos y mensajes del período constitucional de la provincia de Tucumán que comienza en el año 1852, Vol. IV, año 1868-1872. Tucumán, Edición oficial, 1916, p. 102.

6 En 1889 el Departamento Topográfico volvería a levantarse el plano de la villa, reafirmando su diagramación.

7 De los 8.687 individuos censados en el departamento, 1.125 correspondían a Santa Ana y La Calera (Cordeiro y Viale [Comps.], op. cit., 1916, p. 418).

8 En 1867 el cura párroco informó en su visita pastoral el estado deplorable en se encontraban la iglesia (Archivo del Obispado de Tucumán, Notas de los curas de las parroquias de la provincia con el estado de las iglesias, año 1867, folios sin paginar). La construcción de una nueva viceparroquia solía darse en respuesta a este tipo de diagnóstico.

9 AHT, Sección Administrativa (SA), Vol. 111, 1870, fs. 312-315.

10 Según su informe, "en una y otra parte en que se pretende trabajar el templo hay conveniencia para los pobladores, pero más en el lugar de Santa Ana, porque allí se dona a todos los vecinos que quieran establecerse el sitio correspondiente a una casa habitación y a mas toda la madera y demás cosa necesaria para la edificación, más que en Santa Rosa, pues allí se dona únicamente para edificios públicos" (AHT, SA, Vol. 111, 1870, fs. 316-318).

11 AHT, SA, Vol. 119, 1872, f. 161. La subvención llegaría al año siguiente, a través del Ministerio de Culto e Instrucción Pública, por un pedido expreso de Belisario López al presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda (AHT, SA, Vol. 120, 1873, f. 46).

12 AHT, SA, Vol. 111, 1870, fs. 210, 247; Vol. 112, fs. 114, 477.

13 Hasta 1870 la principal escuela de la zona funcionaba en Naschi (AHT, SA, Vol. 110, 1870, f. 343). En ese año comenzó a dictarse clases en Los Lunas (AHT, SA, Vol. 111, 1870, fs. 43, 442). También en Aguilares se fundó una escuela que tuvo mayor continuidad (AHT, SA, Vol. 111, f. 348).

14 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada de Leyes., Vol. VIII, Año 1881-1882, Edición Oficial, Tucumán, 1917.

15 A partir de 1884 el segundo distrito de Río Chico contaba con una Comisaría Auxiliar generada por decreto (Sánchez Loria, H. y del Moral, Ernesto M. [Comps.], Compilación ordenada de Leyes, decretos y mensajes del período constitucional de la provincia de Tucumán que comienza en el año 1852, Vol. IX, años 1857-1861. Edición oficial, Tucumán, 1919, pp. 161-162). El reglamento de justicia de 1860 establecía la existencia de un juez por departamento y otro por cada distrito, aunque el nombramiento de este último demoró en efectivizarse en Río Chico (Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada de Leyes.,1916, p. 330).

16 En 1885 José María Vázquez, vecino de Santa Ana que oficiaba de comisario del segundo distrito de Río Chico, insistía en la necesidad de contar con un pequeño edificio que sirviera de cárcel, "para no dejar el cepo en el mismo lugar que lo tenía mi antecesor, un galpón chico que fue hecho para cocina en casa de Tomás Toscano" (AHT, SA, Vol. 165, 1886, f. 36).

17 A partir de 1883 los jueces de paz de distritos tuvieron incumbencia en la formación de los Registros Cívicos para los comicios, siendo encargados de confeccionar los padrones (Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada de Leyes., 1919, p. 357).  

18 AHT, SA, Vol. 175, 1887, fs. 112-113, 127. En esa oportunidad el Juez departamental elevó una nómina de "personas idóneas" para empleados del departamento de Río Chico, que incluía los comisarios y jueces de ambos distritos. La mayoría de los cuales fueron designados por el nuevo gobierno, la recomendación resultaba una vía de acceso corriente a estos cargos (AHT, SA, Vol. 175, 1887, fs. 453-455).

19 AHT, SA, Vol. 175, 1887, fs. 219-232. El departamento de Río Chico votó por unanimidad a los electores Rafael Ferreira, Miguel Segundo Peñalva y Carlos Beaufrere.

20 De modo similar a la caracterización de la presencia estatal en la campaña bonaerense durante la primera mitad del siglo XIX realizada por Gelman (2000).

21 AHT, SA, Vol. 185, 1889, f. 535.

22 AHT, SP, Serie D, 1885, fs. 362-367.

23 A fines de 1889 Isidoro J. Gómez y Juan José Gómez reorganizaron su sociedad comercial para abocarse al cultivo de caña en el segundo distrito de Río Chico y a principios de 1890 firmaron contrato con el ingenio Azucarera Argentina ubicado en Concepción para regularizar la venta de caña (AHT, Sección Judicial, Serie A, Caja 225, Expte. 11; AHT, SP, Serie D, 1890, Vol. 52, fs. 1098-1100).

24 AHT, SA, Vol. 166, 1885, f. 101.

25 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada de Leyes., Vol. XI, años 1885-1886, 1917, p. 122.

26 AHT, SP, Serie A, 1889, Vol. 61, fs. 104-107.

27 Clodomiro Hileret nacido en Poitiers (Francia) en 1852, arribó a Tucumán en 1876 con los primeros viajes del ferrocarril que ligaba la provincia al puerto de Rosario. Su incursión en la industria azucarera la realizó en sociedad con Juan B. Dermit también de origen francés. En 1879 fundaron conjuntamente el ingenio Lules que contó con una moderna tecnología de la compañía francesa Five-Lille. En 1884 su producción de azúcar superó en cantidad al resto de las fábricas, siendo a su vez la firma que mayor volumen de caña compraba para su abastecimiento.

28 AHT, SP, Serie C, 1889, Vol. 25, fs. 848-852, 1406-1409.

29 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XX, 1896. Datos sobre zafra adjunto al mensaje a la H. Legislatura, pp. 214-259.

30 En particular los ingenios adquiridos por la firma Ernesto Tornquist y Cía. que conformaron a fines de 1895 la Compañía Azucarera Tucumana (CAT) propietaria del ingenio Trinidad, La Florida, Nueva Baviera y Lastenia.

31 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Censo Nacional de Población 1895, Tucumán, Río Chico.

32 Entre esos migrantes una amplia mayoría del 35% era provenientes de Catamarca mientras que los procedentes de Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Salta eran entre un 6 y un 7% en cada caso (ídem.).

33 AGN, Cedulas del Censo Nacional 1895, Sección Complementaria, Edificaciones. Tucumán, Río Chico.

34 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XIII, año 1888, p. 303. 

35 AHT, SA, Vol. 313, fs. 235-239.

36 Ídem.

37 AHT, Sección Judicial, Serie A, caja 235, Expte. 3.

38 AGN, Cédulas del Segundo Censo Nacional 1895, Sección complementaria, Comercios, Tucumán, Río Chico.

39 El Orden, Tucumán, 09.10.1891.

40 AGN, Cédulas del Segundo Censo Nacional 1895, Sección complementaria, explotaciones cañeras, Tucumán, Río Chico.

41 Felix Mothe, nació en Francia en 1852, formó sociedad comercial con su compatriota Simón Decampo en 1891 en la ciudad de Monteros. El registro de disolución del contrato que data de 1895, consigna como parte del activo, la colonia con plantación de caña establecida en Santa Ana (AHT, Protocolo, Serie A, Vol. 122, 1895, fs. 598-602). Su hermano Bernardo Mothe sostenía una tienda almacén en la villa de Santa Ana y también adquirió posteriormente propiedades en las inmediaciones (AGN, Cedula de Censo Nacional 1895, Comercio, Río Chico; AHT, SP, Serie A, Vol. 164, 1900, fs. 3423-3428).

42 En 1889 Camilo Augier compró cinco propiedades en el distrito (AHT, SP, Vol. 65, Serie A, 1889,  fs. 2476-2487; Vol. 69, Serie A, 1889, fs. 4262-4265; Vol. 70, Serie A, 1889, fs. 4539-4541; Vol. 71, Serie A, 1889, fs. 68-70).

43 AGN, Segundo Censo Nacional 1895, Sección complementaria, explotaciones de caña de azúcar, Tucumán, Rio Chico.

44 El 1895 de las 11.847 hectáreas cultivadas en el departamento de Río Chico, 5.743 eran de caña de azúcar (48%), 3.761 de maíz (32%), 1.324 de tabaco (11%), 330 de alfalfa (3%), 197 de frutales (2%), 165 de trigo (1%) y 156 de legumbres (1%) (Rodríguez Marquina, 1896: 468-468).

45 AHT, SP, Vol. 88, Serie A, 1892, fs. 166-168.

46 AHT, SP, Vol.108, Serie A, 1894, fs. 3113-3116.

47 AHT, SP, Vol.108, Serie A, 1894, fs. 3118- 3121.

48 Este es el caso del inmigrante español Rafael Suarez que recibió en préstamo 30.000 pesos comprometiéndose a pagar con sus cosechas de caña en dos años, dejando en hipoteca su casa próxima a la estación de Concepción y las numerosas propiedades que había adquirido en Río Chico (AHT, SP, Vol. 112, Serie A, 1894, fs. 82-86).

49 AHT, SP, Serie A, Vol. 160, 1900, fs. 1380-1384.

50 AHT, SP, Serie A, Vol. 161, 1900, fs. 1795-1799. Hileret compra dos terrenos a Eugenio Luna, uno de ellos de más de 8 hectáreas lindaba con los pertenecientes a Fermín Díaz y también con los de Carlos Ferreira que habían pasado a propiedad de Hileret, el otro de 4 hectáreas lindaba el anterior y con los del ingenio entre otros.

51 AHT, SP, Serie A, Vol. 116, 1895, fs. 2750-2753.

52 AHT, SA, Vol. 284, 1902, fs. 352-362.

53 El gobernador Lídoro Quinteros decretó entre otras medidas levantar planos precisos de las villas, entre ellas Santa Ana (Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XIV, años 1889-1890, pp. 130-133).

54 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XIV, años 1889-1890, pp. 46-48.

55 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XIII, año 1888, pp. 67-70.

56 AHT, SA, Vol. 190, 1891, f. 242.

57 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XIV, años 1889-1890, p. 157.

58 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XIII, año 1888, pp. 297-300.

59 La certificación de los contratos por parte del comisario puede corroborarse en Santa Ana en la existencia de 100 papeletas de conchabos y 52 libretas de peones, junto al libro de peones prófugos (AHT, SA, Vol. 194, año 1892, fs. 180-181).

60 AHT, SA, Vol. 192, 1891, fs. 297-298. Los vecinos firmantes eran José H. Toscano, Jesús Maldonado, Ramón Zelarayán, Francisco Casbas, Jesús Burnez, Manuel Maldonado, Manuel Lobo, Manuel Delgado, Tristán Frías, Miguel Segundo Aguilar, Fermín Díaz, Francisco Guzmán, Tomás Maldonado, Manuel Delgado, Francisco Ovejero, Pastor López, entre otros. La mayoría de ellos ocuparon cargos en las instituciones de la villa.

61 AHT, SA, Vol. 197, 1892, f. 205. El decreto del gobernador Prospero García dictado en septiembre de 1892 prohibía a los ingenios azucareros derramar las vinazas y aguas servidas en los ríos y arroyos, acequias y manantiales, estipulando una multa de 200 $ la primera vez y el doble en caso de reincidir (Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XIV, año 1891-1892, pp. 293-299).

62 La crisis financiera Argentina de comienzos de la década de 1890 afectó directamente a Tucumán, llevando al gobierno provincial a incrementar los gravámenes a la producción azucarera para afrontar su déficit fiscal, medida que profundizó el aislamiento político del gobernador Prospero García. El alzamiento radical a fines de 1893 promovido en la provincia por industriales y grandes productores azucareros, afines a la candidatura de Pedro G. Mendez, dio el contexto para la intervención nacional (Guy, 2008: 157-183).

63 Como en otras localidades de la provincia la supervisión de las elecciones quedaron a cargo de comisionados militares, siendo removidos los comisarios acusados de tomar partido entre "Mendistas y Araosistas". El exgobernador había apresado al Intendente de Policía David Posse por valerse de sus agentes para hacer proselitismo por la candidatura de P. Mendez (Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., pp. 246-249, 517-525). Previo a la elección el Intendente de Policía de la intervención fue remplazado por el Capitán del Ejército Nacional Agustín Carrasco (El Orden, Tucumán, 20.01.1894).

64 AHT, SA, Vol. 202, 1894, fs. 234, 277-278, 438-439.

65 AHT, SA, Vol. 202, 1894, fs. 256-257. La práctica de "patronazgo político" de movilizar la peonada era conocida por Clodomiro Hileret, quien había participado lateralmente junto a otros industriales en la revolución provincial de 1887 llevando a sus trabajadores del ingenio Lules (Guy, 2008: 131-156). Pero en Santa Ana los ataques consumados por la "cuadrilla" afectaron al comercio de Bugeau, quien como se ha dicho explotaba su tienda almacén en sociedad con Hileret, por lo que se adivina cierta independencia en el accionar de estos "jornaleros" del ingenio, que podían canalizar en los desmanes algún resentimiento con los comerciantes, pretendiendo también apropiarse de sus bienes.

66 Según la prensa algunos industriales tuvieron participación en el armado de la lista: "después de un ligero cambio de ideas, y habiendo hecho uso de la palabra los señores Benjamín Aráoz y Silvano Bores se nombró una comisión compuesta de los señores Alfredo Guzmán, Clodomiro Hileret, Prospero Mena, Abraham Medina, Silvano Bores y Brígido Terán, para que consultando los delegados departamentales designaran los candidatos para electores, Diputados y Senadores." Por el departamento de Río Chico fueron electos Diputados: Carlos Ferreira, Pablo Olivera (hijo), Electores: Camilo Augier, Juan J. Gómez y Abraham González (El Orden, Tucumán, 23.01.1894).

67 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XIV, 1889-1890, p. 54.

68 AHT, SA, Vol. 207, 1894, fs. 383-389. Revista de Agentes de Campaña. Intendencia de Policía.

69 AHT, SA, Vol. 207, 1894, fs. 364-365. Según declaraba el comisario Carlos Ferreira no fue apresado en ese momento por sus inmunidades como Diputado en la Legislatura Provincial.

70 AHT, SA, Vol. 211, 1895, fs. 326-327.

71 En 1896 las entradas en la comisaria del segundo distrito de Río Chico pasaban de 23 en el primer trimestre a 68 en el tercer trimestre, siendo las principales las causas por ebriedad y desordenes. En cambio los delitos contra la propiedad o la persona que se produjeron no presentan grandes variaciones durante el año (Rodríguez Marquina, 1897: 31-32; 44-46).

72 En 1895, el comerciante Manuel Lobo que oficiaba entonces de comisario titular en Santa Ana, informó la mudanza de su oficina por no continuar disponible la casa anteriormente en alquiler, solicitaba además el nombramiento Abelardo Goitea a quien había tomado como escribiente. La Intendencia de Policía respondió que debía manifestar los asuntos por separado y que no tenía autorización para contratar ningún servicio (AHT, SA, Vol. 214, 1895, fs. 254-256).

73 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XVII, 1893, pp. 122-167.

74 A principios de1894 el periódico El Orden comentaba sobre el incumplimiento de la designación de los Jueces de Cuartel (El Orden, Tucumán, 25.01.1894).

75 En 1896 el Juez del distrito Pastor López pedía insumos para su dependencia pero además la necesidad de nombrar Jueces de Cuartel como la ley lo estipulaba (AHT, SA, Vol. 224, 1896, f. 328).

76 AHT, SA, Vol. 234, 1897, f. 250; Vol. 236, 1897, f. 259; Vol. 238, 1897, f. 121.

77 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XIV, 1889-1890, pp. 363-376.

78 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XX, pp. 212-213.En 1894 el juez de segundo distrito de Río Chico Manuel Lobo requería la remisión de libros de matrimonios, nacimientos y defunciones (AHT, SA, Vol. 203, 1894, f. 176).

79 La primer acta de matrimonio labrada en la villa corresponde a Ciriano Bermúdez, jornalero de 26 años nacido en la Rioja, casado con Manuela Noriega de 21 años, nacida en Santiago del Estero, tanto ellos como sus dos testigos mayores de 40 años se registraron como domiciliados en el ingenio Santa Ana (Libro de Actas de Matrimonios, libro Nº 1, año 1896, fs. 1-2. Registro Civil Santa Ana). De igual modo, los libros de Bautismo de la Parroquia de Medinas del año 1891 figuran actas de Santa Ana que certifican la recepción del sacramento por parte de trabajadores y empleados del ingenio.

80 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., Vol. XIX, 1896, p. 151.

81 Sánchez Loria y del Moral [Comps.], Compilación ordenada., 1897, p. 354. El reglamento confeccionado por el Consejo de Higiene aducía razones de salubridad en la necesidad de construir nuevos cementerios, pero su laicidad también se encontraba presente entre las justificaciones.

82 AHT, SA, Vol. 234, 1897, f. 392.

83 AHT, SA, Vol. 237, 1897, fs. 26-27, 86-87

84 AHT, SA, Vol. 248, 1899, fs. 136, 205.

85 AHT, SA, Vol. 256, 1899, f. 299.

86 AHT, SA, Vol. 256, 1899, fs. 300-302.

87 AHT, SA, Vol. 316, 1906, f. 215. Una comisión con atribuciones municipales presidida por el presbítero Manuel S. Olaso, consiguió el aporte estatal necesario para reparar el camino de la villa a la estación y al ingenio (AHT, SA, Vol. 317, 1906, f. 167).

88 AHT, SA, Vol. 261, 1900, fs. 328-335.

89 AHT, SA, Vol. 263, año 1901, fs. 45-47. Eugenio Juárez reputado vecino y esposo de Herminia Peñalva (hija de Miguel Segundo Peñalva y Ercila Ferreira), era colono del ingenio y desde 1899 oficiaba de comisario, por tanto la primera Comisión estuvo presidida por un agente policial a pesar de que la reglamentación no lo requería.

90 AHT, SA, 1902, Vol. 279, fs. 533-535.

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Diarios y revistas

Diario "El Orden", Tucumán

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Archivos consultados

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