ARTÍCULOS ORIGINALES

Tres ciclos de la acción sindical durante el primer peronismo (1946-1955). (Re)consideraciones

Three cycles of union action during the first peronismo (1946-1955). (Re)considerations

 

Gustavo Nicolás Contreras*

* Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) / Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Facultad de Humanidades, Centro de Estudios Históricos (CEHis), Funes 3350, Mar del Plata (CP 7600), Buenos Aires, Argentina. Dirección electrónica: [gustavoke@hotmail.com].

RECIBIDO: 11/06/2019
APROBADO: 04/11/2019

 

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RESUMEN

El artículo analiza la participación de los trabajadores durante el primer gobierno peronista a partir de la distinción de tres ciclos de acción sindical, relacionando el contexto económico, la situación política y la protesta obrera. Este primer acercamiento se complementa con datos estadísticos, la bibliografía más importante sobre la cuestión y los resultados de estudios de caso realizados en los últimos quince años. Nuestra hipótesis central sostiene que ciertas miradas de la historiografía sobre el tema deben ser revisadas y replanteadas. Con este fin, en el artículo se recuperan y se relacionan datos estadísticos de salarios, reuniones sindicales, huelgas, huelguistas y jornadas laborales perdidas. A su vez, se revisan críticamente las fuentes y otros tipos de informaciones.  Así, el artículo combina análisis cuantitativos y cualitativos para poder apreciar de la mejor manera posible los ciclos de acción sindical de los trabajadores, dejando planteado como enfoque alternativo del proceso la hipótesis de que la acción sindical se fue incrementando y ganando importancia a lo largo de todo el período.

Palabras clave: Primer peronismo; Acción sindical; Trabajadores; Argentina.

ABSTRACT

This paper analyzes the participation of the workers during the first peronist government based on the distinction of three cycles of trade union action, relating the economic context, the political situation and workers´ protest. This first approach is completed with data on statistics, the most important bibliography and the results of case studies in the last fifteen years. Our central hypothesis sustains that certain aspects of the historiography on the subject must be revised and reconsidered. With this objective, we study statistics mostly on salaries, quantity of trade unions meetings, strikes, strikers, and lost day´s work. We also review criticism of sources and other types of information. The paper combines quantitative and qualitative analysis to appreciate the cycles of trade union action during the first Peronism. The alternative approach to the process sustains that trade union action increased and gained importance during this period.

Keywords: First peronismo; Trade union action; Workers; Argentina.

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Introducción

Nuestro artículo se propone indagar algunos aspectos del devenir de la acción sindical durante el primer gobierno peronista (1946-1955). Entre las múltiples maneras posibles de observar lo señalado, priorizaremos una perspectiva preocupada por reconocer la existencia de ciclos analíticamente delimitables, los que buscaremos visualizar mediante la relación de tres tipos de variables: contexto económico, situación política y protesta obrera.
Utilizaremos la noción de "ciclos" desde una perspectiva simplemente instrumental, es decir, como una manera de entender las variaciones de tendencias en las curvas que se pueden construir sobre la acción sindical de los trabajadores durante el primer peronismo. Así, veremos los ciclos como momentos de cambios (alzas y bajas) dentro de un período particular, es decir, entre 1946 y 1955. A su vez, nuestra apreciación de ciclos de acción sindical se verá nutrida tanto por el análisis de datos cuantitativos y cualitativos como por la consideración del contexto histórico (económico y político en esta ocasión) para la definición de algunos aspectos de su devenir.¹
Partiendo de una mirada general, pretendemos captar las posibles variaciones, continuidades y tendencias que manifestó y se manifestaron en la participación sindical de los trabajadores en aquellos años. Sostendremos como hipótesis inicial que pueden distinguirse tres momentos: el primer ciclo abarcaría de 1946 a 1948, el segundo de 1949 a 1951, mientras que el tercero estaría signado por el pico de conflictividad sindical del año 1954. Si bien la periodización no es del todo original, ya que otros autores y autoras han percibido una diferenciación similar, a través de ella intentaremos tanto aportar nuevos elementos y apreciaciones como problematizar y repensar algunas de las conclusiones sostenidas por quienes ya han estudiado el período.
Para aproximarnos al estudio del tema señalado, en la medida de lo posible, consideraremos datos referidos a salarios, la reglamentación de condiciones laborales, el marco institucional en el que se regulaban las relaciones laborales, el lugar de las propias organizaciones sindicales, huelgas, huelguistas y jornadas laborales perdidas. Para ello recurrimos principalmente a la bibliografía existente sobre el tema y a series estadísticas construidas para la Capital Federal.² Sobre esto último, es necesario señalar que si bien toda construcción de series estadísticas implica una representación y un recorte más o menos arbitrario y limitado de la dinámica de la sociedad (ver al respecto Shorter y Tilly, 1985; Ghigliani, 2009), esta restricción es aún mayor para analizar el período en cuestión dada la ausencia de estadísticas referidas al ámbito laboral que abarquen todo el territorio nacional. No obstante, a sabiendas de las limitaciones señaladas, las cuales, sin lugar a dudas, no son menores, nos proponemos arriesgar algunas hipótesis generales a través de los datos conseguidos y los avances de las últimas investigaciones sobre la temática.

Presentación del problema de investigación

A los efectos de comprender aspectos sustanciales de la acción gremial de los trabajadores en el primer gobierno peronista consideramos relevante examinar las relaciones existentes entre la activación político-sindical y la coyuntura cambiante tanto del sistema económico como del régimen político, aunque en este artículo no podamos hacerlo más que brevemente. Es decir, es necesario enmarcar las actividades sindicales y políticas de los trabajadores en los contextos específicos que les dieron sustento y sentido. Es pertinente, entonces, preguntarnos sobre cómo fueron influenciadas las militancias obreras por ambos aspectos en distintos momentos, y qué determinaciones ejercieron sobre los contenidos de las demandas, los recursos organizativos, las formas de lucha, los repertorios de protesta, las prácticas de negociación colectiva, la dinámica de los alineamientos político-sindicales, etcétera. A su vez, como reverso de la cuestión, es preciso interrogarnos sobre las consecuencias que tuvieron las posiciones y prácticas del movimiento obrero en el devenir de los ciclos económicos y el régimen político. Balancear y precisar estas relaciones de mutuo condicionamiento se presentan como tareas fundamentales para comprender tanto la participación sindical de los trabajadores en el primer peronismo como el desarrollo del peronismo mismo. Si bien la propuesta implica necesariamente un trabajo vasto y de largo aliento, en este artículo nos proponemos realizar un avance en este camino.
La revisión bibliográfica y el trabajo con fuentes primarias nos permiten arriesgar como hipótesis la diferenciación de tres ciclos acción sindical (asociados a cierto tipo de participación de los trabajadores en el primer gobierno peronista), cada uno con sus características propias, y enmarcados en coyunturas económicas y políticas particulares.
Resumidamente podemos señalar que las movilizaciones obreras impulsadas entre 1946 y 1948 se beneficiaron de una economía próspera y un régimen político que se estaba estructurando tanto hacia su interior como frente a la oposición. En cambio las protestas desarrolladas entre 1949 y 1951 se sucedieron en un clima de creciente crisis económica y de polarización de los posicionamientos políticos, y sus resultados fueron definiendo en la coyuntura un nuevo perfil del gobierno de Perón y de las propias fuerzas político-sindicales peronistas. Por último, los conflictos gremiales de 1954 se dieron en el contexto de un régimen político peronista consolidado, que contaba con el apoyo orgánico de la CGT y los sindicatos más importantes, pero que debía renegociar los convenios colectivos de trabajo luego de que estos no habían sido actualizados desde el Plan de Estabilización de 1952. Pese a que los trabajadores seguían siendo el pilar social y político más importante del gobierno de Perón, en la nueva coyuntura el ejecutivo nacional estaba dispuesto a apoyar los planes de productividad y racionalización económica demandados por los industriales, posición que no era compartida por un sector significativo del movimiento obrero, incluida una parcialidad importante de peronistas. Sostendremos como hipótesis, además, que estos tres ciclos de protestas estuvieron íntimamente relacionados al devenir de la alianza social-política peronista en el gobierno.
Moviéndonos en un terreno hipotético, el primer ciclo de huelgas fue auspiciado por las favorables condiciones económicas y políticas del trienio (1946-1948), en el cual los trabajadores mejoraron sus ingresos y sus condiciones de trabajo mientras que los industriales se desarrollaron ventajosamente a través de la sustitución de importaciones y la ampliación de la circulación monetaria interna. Las condiciones favorables que transitó la alianza peronista en este trienio han sido señaladas por numerosos y diversos investigadores (Gerchunoff y Antúnez, 2002; Doyon, 2006; Peralta Ramos, 1978; Luna, 1984; entre otros).En este proceso, el peronismo también fue consolidando su poder político frente a la alianza social-política antiperonista. Aquel fue el momento más auspicioso del peronismo "clásico".
En cambio, el segundo y el tercer ciclo, cada uno con sus propias particularidades, podrían haber manifestado una crisis de la alianza social-política peronista en el gobierno, dada la profundización de las disputas internas por la distribución de los recursos económicos y el poder político en un contexto general de crisis económica y de polarización de posiciones políticas con el antiperonismo. En esta sintonía, Louise Doyon consideró a las huelgas ocurridas entre 1949 y 1951 como "una faceta adicional de la crisis parcial de la alianza nacional-populista" (Doyon, 2006: 309-310), mientras que Fabián Fernández (2005: 85) caracterizó al movimiento huelguístico de 1954 como una manifestación de la crisis de la alianza peronista.
Evaluar las características y los contenidos de la acción sindical con relación a la evolución de la alianza social política peronista en el gobierno se torna, entonces, una preocupación central de nuestra investigación. En este marco, nos detendremos particularmente en la problematización del ciclo de protestas ocurrido entre 1949 y 1951, entendiendo que no sólo ha sido el que menos profundización analítica ha recibido, sino que aquel trienio se constituyó en un momento de fuerte rearticulación y reordenamiento del movimiento obrero y del peronismo en el gobierno. Su conocimiento más acabado nos brindará, a su vez, mejores elementos para comprender el ciclo signado por las protestas gremiales de 1954, que ha recibido la atención de varios investigadores en los últimos años (Fernández, 2005; Schiavi, 2008; Izquierdo, 2008; Kabat, 2013; Nieto, 2013a).
Por último, quisiéramos mencionar que para recorrer las características generales de los ciclos tomaremos como referencia principal el libro de Doyon (2006), Perón y los trabajadores, ya que consideramos que expone la investigación general más completa publicada hasta el momento sobre la participación gremial de los trabajadores durante el primer gobierno peronista. En el mismo sentido, las nuevas pesquisas sobre el tema, que se multiplicaron en los últimos quince años, la tomaron como una referencia central, recuperando muchas de sus apreciaciones, más allá de cierta renovación que se fue generando en el campo de estudios (Contreras y Marcilese, 2013). Partiendo de esta situación, avanzaremos retomando, dialogando y repensando lo propuesto por la investigadora canadiense.

El ciclo 1946-1948

Doyon al referirse al período comprendido entre 1946 y 1950 señaló que durante esos años se desarrolló una gradual concentración de la autoridad y del poder político en la figura de Perón. Sin embargo, frente a esta impresión compartida por muchos analistas, buscó diferenciarse de quienes resumieron toda la historia posterior a 1946 a partir de este devenir político, signado por la disolución del Partido Laborista (PL) y la supuesta "cooptación" de la CGT luego de la renuncia de Luis Gay a la secretaria general de la misma. Doyon indicó al respecto:

La disolución del Partido Laborista cerró, es verdad, la puerta a su pretensión de tener una voz independiente en las decisiones políticas. Sin embargo, no canceló su protagonismo como actor colectivo en las luchas sociales, tal como lo mostró la explosión de una vasta movilización reivindicativa entre 1946 y 1948. El empuje de la movilización no dejó al régimen otra opción que secundar una ola de demandas que afectó, primero, el desenvolvimiento del capitalismo industrial, para complicar, después, la cohesión de la coalición gobernante (Doyon, 2006: XXIII).

La amplia y profunda conflictividad sindical desarrollada entre los años 1946 y 1948, expresaría, ciertamente, la capacidad de las organizaciones gremiales de demandar de forma independiente reivindicaciones, por lo menos, en el plano económico, así como de concretarlas a partir de la lucha y la negociación. Esta perspectiva, incluso, en ocasiones se impuso más allá de los deseos y las directivas de Perón. En este sentido, Doyon afirmó que la disolución del PL terminó con la autonomía política del movimiento obrero, pero no con la dialéctica entre Perón y los sindicatos.
Luego de un sucinto repaso de las huelgas emprendidas entre 1946 y 1948 por los trabajadores azucareros, frigoríficos, panaderos, fideeros, lecheros, molineros, textiles, metalúrgicos, petroleros, de la construcción, de los transportes urbanos, portuarios, municipales, bancarios y recolectores de basura, ocurridas en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Tucumán, Santa Fe, Mendoza y La Plata, Doyon arribó a las siguientes conclusiones sobre las huelgas del período: 1) en la gran mayoría de los casos, fueron motivadas por aumentos salariales, y en este objetivo fueron secundadas por el gobierno; 2) la mayor parte fueron impulsadas en el contexto de negociaciones colectivas de trabajo, buscando no sólo impartirle una "sanción económica" a las empresas, sino, sobre todo, hacer efectiva una demostración de fuerzas hacia las figuras estatales para que legislasen a su favor cuando las tratativas en las comisiones paritarias se trababan; y, 3) desencadenaron una importante legislación sobre las propias relaciones laborales, democratizando la autoridad en el sistema productivo a partir de convenios colectivos, escalafones, estatutos y reglamentos de comisiones internas y cuerpos de delegados.
En este marco, en algunos sindicatos específicos, los logros obtenidos mediante intensas huelgas tuvieron que ser subsidiados por el Estado, ya que excedían las posibilidades o la predisposición de las patronales y encontraban su explicación última en el "peso político" alcanzado por los trabajadores en la conformación del gobierno peronista (Doyon, 2006: 239-292) Los casos de los trabajadores azucareros y frigoríficos se relacionaron claramente con esto último que indicamos.
En aquel trienio, la Secretaria de Trabajo y Previsión (STyP) arbitró generalmente a favor de los trabajadores, siendo notoriamente más permeable a las demandas salariales que a los pedidos que pretendían legislar las relaciones laborales. El año 1949, particularmente, se destacó por ser en el que mayores dictámenes estatales se firmaron (cf. Cuadro 2),³ práctica que fue acompañada por una caída sustancial de la cantidad de huelgas o protestas obreras (cf. Cuadro 1). En cierta medida puede suponerse que el gobierno se proponía frenar la marea huelguista a partir del arbitraje anticipatorio del Estado, sobre todo en el momento que comenzaban a manifestarse los síntomas de una creciente crisis económica y una reacción negativa de las patronales a las prerrogativas ganadas por los trabajadores en los lugares de trabajo y en el cobro de sus haberes. En este mismo sentido, puede pensarse que en el ciclo de crecimiento económico (1946-1948) las patronales fueron más propensas a acceder a los reclamos obreros para no detener la dinámica de un circuito económico que las favorecía, no siendo tan demandada la mediación estatal.

Cuadro 1. Conflictos laborales en la Capital Federal, 1942-1957.

Fuente: elaboración propia en base a Servicio Estadístico Oficial (en adelante: SEO): "Reuniones sindicales y conflictos del trabajo", Boletín Diario Secreto Nº 245 (en adelante: Boletín), Ministerio de Asuntos Técnicos - Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 9.02.1951; SEO: "Conflictos del trabajo en la Capital Federal", Boletín Nº 1.106, 13.08.1954. Los datos de 1954 incluyen hasta el mes de julio; SEO: "Reuniones sindicales y conflictos de los trabajadores", Boletín Nº 988, 19.02.1951; Dirección Nacional de Estadística y Censos: Anuario Estadístico de la República Argentina, Buenos Aires, Secretaria de Estado de Hacienda - Poder Ejecutivo Nacional, 1957, pp. 144-145; Doyon (2006: 252).
Notas: (1) Las estadísticas aclaran que los obreros que han participado en más de un conflicto (por ejemplo: brazos caídos y huelgas), han sido computados solo una vez. (2) Los datos de 1954 que figuran en primer lugar corresponden al Boletín, que si bien incluye hasta el mes de julio, suman más cantidades que las que señalan Doyon y el Anuario de 1957, ambos coincidentes entre sí. Los guarismos de 1955-1957 fueron tomados de este último, mientras que los de 1942 de Doyon (puede consultarse su investigación para visualizar la evolución de la conflictividad desde 1925). Finalmente, resta aclarar que la mayoría de los números son similares a los que presenta Doyon (2006) en su libro, aunque la revisión de varios ejemplares del Boletín y el Anuario de 1957 nos ha permitido sumar nueva información.

Cuadro 2. Instrumentos de regulación del trabajo, 1943-1950.

Fuente: elaboración propia en base a SEO: "Reuniones sindicales y conflictos del trabajo", Boletín Nº 245, 9.02.1951.

Al analizar aquel trienio, Doyon señaló que "el grueso de las disputas fue dirigida por organizaciones legalmente reconocidas". Por lo tanto sería un error reducirlas simplemente a la voluntad de Perón. De este modo, los sindicatos fueron un "factor crucial en la expresión del descontento social". En este período, el incremento notable de la conflictividad laboral tuvo una correlación positiva con el aumento del número y el tamaño de sindicatos, la tasa de afiliación así como con la cantidad de reuniones gremiales (cf. Cuadro 3). A partir de esta comprobación, la historiadora canadiense habría refutado las ideas de Gino Germani que postularon que la gran cantidad de huelgas ocurridas en los primeros años del gobierno fueron meramente "expresivas", impulsadas desde el Estado, y no una acción instrumental en pos de objetivos nacidos de las propias filas proletarias.

Cuadro 3. Reuniones Sindicales en la Capital Federal.

Fuentes: SEO: "Actividad sindical en la Capital Federal", Boletín Nº 170, 16.10.1950; SEO: "Reuniones sindicales y conflictos de los trabajadores", Boletín Nº 988, 19.02.1954. Los datos de 1954 corresponden a Doyon (2006: 367). Los números son coincidentes y nuestras fuentes sólo complementan los datos hasta 1947, ausentes en su libro.

El ciclo 1949-1951

La conflictividad sindical entre 1949 y 1951 presentaría características distintas a la que se desarrollaron en el trienio inmediatamente anterior. Doyon siguiendo los números de las estadísticas, concluyó que la caída de la cantidad de huelgas podría explicarse por dos causas: 1) la mayoría de las aspiraciones económicas "prioritarias" de los trabajadores habían sido cumplidas entre 1946 y 1948; y 2) se hicieron patentes mayores controles autoritarios sobre los trabajadores por parte del régimen y la CGT. El gobierno habría dejado entonces de tolerar la formulación independiente de reclamos sectoriales y la central obrera habría perdido la paciencia frente a la indisciplina de sus gremios adheridos y ante los sindicatos que se mantenían autónomos de su estructura. La coyuntura económica y el clima político, a su vez, habría auspiciado este cambio de rumbo. Así, a mediados de la primera presidencia de Perón, asegura Doyon, se dio un eclipse de la iniciativa obrera: "A la luz de estos cambios, la tesis según la cual la historia del sindicalismo como actor social llegó a su término bajo el peronismo parecería tener algún fundamento". A partir de ese momento, el movimiento obrero se habría convertido en un "cuasi apéndice administrativo del régimen peronista" (Doyon, 2006: 292, 294).
Siguiendo a Doyon, es el momento en que se implementaría, finalmente, el "orden corporativista" anhelado por Perón, donde el movimiento obrero obedeció los códigos de conducta oficiales. La nueva disposición se caracterizaría por la inexistencia del derecho a huelga, luego de que no fuera sancionado en la Constitución Nacional de 1949, y por la pauta oficialista que dictaba la imposibilidad de impulsar protestas sindicales sin generar al mismo tiempo una acción de oposición política contra el gobierno. Los sindicatos peronistas por lo tanto habrían canalizado sus demandas por las vías institucionalmente establecidas sin llegar, salvo excepciones, a tomar medidas de fuerza.⁴
En este marco, Doyon concluyó que las huelgas que se realizaron en el período fueron "pocas pero importantes" y en la mayor parte de los casos estuvieron organizadas por militantes opositores al gobierno. La apreciación se sustenta en que las mismas terminaron siendo ilegalizadas, catalogadas de antiperonistas, reprimidas y las organizaciones involucradas intervenidas por la CGT. Aunque luego, aclara, el gobierno y la central obrera accedían "a la mayoría de los fines perseguidos por los huelguistas", manteniendo así sus credenciales pro obreras y, al mismo tiempo, corriendo de los sindicatos a los militantes más confrontacionistas. Esta secuencia se habría dado en los casos de las huelgas gráfica, frigorífica, azucarera, molinera, bancaria y ferroviaria (Doyon, 2006: 302-321).
En este proceso, la CGT se habría convertido en "un agente del Estado", con una misión disciplinadora hacia el interior de las filas obreras y con una renovada función partidaria para promocionar la política del gobierno e impulsar, por ejemplo, la reelección presidencial de Perón. El congreso extraordinario de abril de 1950 sería la expresión institucional de este cambio, fecha en la que la central obrera adoptó la doctrina peronista como su guía y legisló la posibilidad de intervenir gremios adheridos, facultad ausente desde su fundación. Los sindicatos cegetistas asumirían así "deberes específicamente partidarios" y siguiendo esta función habrían disciplinado a los díscolos. El cambio no era menor si recordamos que, para Doyon, su actuación entre 1946 y 1948 se había destacado por una fuerte movilización autónoma en el plano económico. Según su análisis,

las nuevas tareas impuestas al movimiento sindical completarían la cooptación de su dirigencia dentro del aparato político del Estado. Fue a comienzos de los años cincuenta que éste se acercó más nítidamente a la imagen de un sindicalismo de Estado. El espíritu de reforma que una vez había impulsado había perdido intensidad después de 1948 y estaba totalmente paralizado (Doyon, 2006: 353).

Esta imagen sobre el sindicalismo peronista sin lugar a dudas ha sido efectiva para explicar ciertos comportamientos y tendencias del movimiento obrero y la CGT. Además, es compartida por la gran mayoría de los analistas sobre el tema como ya se ha indicado (Contreras, 2015: 112-116). Sin embargo, presentaremos algunas dudas y reparos a ciertos señalamientos realizados por Doyon, aunque más no sea que para proponer elementos y reflexiones que habiliten la posibilidad de una reconsideración sobre ciertas características que se expresaron en el ciclo.
En primer lugar, sostendremos que es más que discutible la idea de que todas las aspiraciones económicas "prioritarias" de los trabajadores hayan sido cumplidas por el gobierno hacía 1949. Ello por varias cuestiones. La creciente inflación erosionaba los ingresos y posiblemente estimulaba pedidos de actualización salarial; de hecho, las categorías más bajas de una actividad generalmente tenían salarios que se ubicaban en el límite de las necesidades básicas y ello podría presentarse como un previsible caldo de cultivo para el reclamo económico. A su vez, en situaciones en las que un sector lograba buenos sueldos, los trabajadores de todas maneras seguían reclamando por mejoras en las condiciones de trabajo, por cierta legislación específica y contra la explotación y el autoritarismo patronal, cuestiones que el gobierno peronista no había erradicado hacia 1949. Es decir, es discutible la idea de que las causas económicas no seguían siendo un motivo que alentaba la conflictividad sindical. Diferente es plantear que las demandas se enmarcaran en un contexto económico y político que había variado. Tampoco es seguro que una vez corridos los activistas opositores por parte del gobierno y la CGT, fueran concedidas "todas las aspiraciones perseguidas por los huelguistas"; habría que distinguir en cada caso. No fue así, por ejemplo, para gráficos, frigoríficos, marítimos y ferroviarios (Contreras, 2012).
En varios análisis de casos pudimos comprobar que los reclamos económicos y por nueva legislación sobre las relaciones laborales tuvieron un peso relevante, e invariablemente fueron presentados públicamente como los motivos principales de las protestas. Incluso, las distintas parcialidades que pudimos reconocer en el interior de cada gremio coincidían en la aceptación de la necesidad de mejorar la situación inmediata de los trabajadores, aunque, claro está, diferían en los montos, los métodos, los tiempos, las formas de negociación y la perspectiva político-sindical al efecto. Es cierto que desde el gobierno se acusó la "infiltración" de militancias opositoras, la persecución de "fines inconfesables", el aprovechamiento de cierto descontento para provocar conflictos artificiales, etcétera. Si bien es probable que varias de las militancias intervinientes podrían llegar a catalogarse de este modo –si se quisiera acordar con la utilización de esos términos por supuesto–, es menos probable que este fuera el factor primordial para explicar conflictos sindicales donde participaron masivamente obreros de distintas ramas de actividad, sobre todo si consideramos que la mayoría de los trabajadores se reconocían en el peronismo. En este sentido, el involucramiento de huelguistas peronistas, y en gran cantidad, es insoslayable y demanda mayores esfuerzos para una consideración más precisa y compleja que la propuesta hasta el momento tanto por los contemporáneos como por los primeros analistas.
La huelga gráfica de 1949, por ejemplo, se enmarcó en la negociación del convenio colectivo de trabajo y el pedido de aumentos salariales, proceso que encabezaba la dirección cegetista de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB). La misma propuso aumentos "de $65 para los operarios de sueldo básico de $530. De $50, a los operarios cuyos sueldos básicos sean de $460 a $529. De $40 a los operarios cuyos sueldos básicos sean de $380 a $449 y de $25 a los operarios cuyo sueldo básico sean inferiores a $380"; mientras que la Comisión Coordinadora de Comisiones Internas (en la que participaban peronistas y no peronistas) acusó de insuficiente la demanda de la dirección de la FGB y reclamó mediante una huelga: "6 horas de labor, 120 pesos de aumento general, salario familiar de 20 pesos por cada hijo, 10% de bonificación por trabajo nocturno y 4 pesos por cada año de antigüedad". Si recordamos que para la época el salario promedio en la Capital Federal era de $515 (cf. Cuadro 4), podemos entender la masiva participación de los trabajadores gráficos en la búsqueda de una solución. Vale aclarar que la propuesta de la Comisión Coordinadora de Comisiones Internas favorecía mucho más a los trabajadores menos calificados y menos remunerados, que probablemente incluía a la mayoría del sector. Quienes cobraban alrededor de $380 con el aumento de $120 se arrimarían al salario promedio de la Capital Federal (Contreras, 2007).

Cuadro 4. Salario medio anual por obrero, en todo el país y en la Capital Federal.

Fuente: SEO: "Salario medio obrero en la Capital Federal", Boletín Nº 441,30.11.1951.
Nota: los salarios están expresados en pesos, e incluyen el sueldo anual complementario. Las fuertes variaciones formuladas en promedios nos hacen suponer que ciertos oficios y otros tantos sectores pudieron haber quedado rezagados de la tendencia general y hayan expresado su descontento por medio de protestas laborales.

En el conflicto de los trabajadores frigoríficos de mayo de 1950, por su parte, la peronista pero autónoma Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, Derivados y Afines (FGPICDyA) reclamó "aumento salarial de $1.10 la hora y $180 mensuales para los empleados con o sin cargo, $25 por hijo, $50 por conyugue, $40 por asistencia perfecta", mientras que la cegetista Junta Intersindical de los Trabajadores de la Carnegestionó un incremento de $0,95 por hora; $180 por mes para el personal mensualizado y para el personal femenino el 85% del sueldo fijado para los hombres, mientras que para los menores un aumento mensual de $130. Lamentablemente no conocemos las escalas de sueldos para compararlos con los salarios promedios, pero puede observarse que las demandas económicas eran compartidas por ambas parcialidades político-sindicales referenciadas en el peronismo (Contreras, 2018).
En el caso de los ferroviarios, la Comisión Consultiva de Emergencia (en la que participaban peronistas, no peronistas y antiperonistas) en noviembre de 1950 demandaba para los peones un sueldo básico de $550, con una escala ascendente que llegaría a los $700 a los diez años de antigüedad; mientras que la propuesta del gobierno, apoyada por la dirección cegetista de la Unión Ferroviaria (UF), iba desde $400 a $550 (Contreras, 2011a). Recordemos que para fines de 1950 y principios de 1951 el salario medio, aproximadamente, era en la Capital Federal de $590, y en el resto del país de $582 (cf. Cuadro 4).
En cambio, en la huelga marítima de 1950 la cuestión salarial no parece haber sido prioritaria, y sí la discusión integral del "problema de los marítimos" (regulación de las relaciones laborales en general) que demandaba la Confederación General de Gremios Marítimos y Afines (Contreras, 2008, 2014). De igual modo, en las disputas de los obreros y empleados públicos, los pedidos sobre los sueldos no estuvieron en el centro de la escena, sino una cuestión organizacional y político-sindical (Contreras, 2011b). En estos dos últimos casos, los reclamos remunerativos existían pero corrían por otras vías, secundarias podríamos arriesgar.
Nuestra investigación señala que las consignas principales en los conflictos sindicales remitían a pedidos económicos y demandas legales de regulación de las relaciones laborales (convenios, escalafones y estatutos). Los gráficos luchaban por mejorar su convenio colectivo de trabajo; los frigoríficos sostenían un memorial que excedía largamente el tema salarial, pidiendo también la inclusión de todas las categorías en el convenio colectivo de trabajo de 1946 y la sanción del Estatuto de la Carne; los marítimos reclamaban una solución integral del problema marítimo, donde incluían cuestiones referidas a "régimen de contratación y despido, escalafón, estabilidad, sueldos, dotaciones, alojamientos, asistencia social, etc.". Los ferroviarios, por su parte, situaban su pelea en la discusión del escalafón, proceso que se había iniciado luego de la huelga de 1947, mientras que en los sindicatos estatales la cuestión del Estatuto del Personal Civil de la Nación se mantenía latente. 
En una época de crisis económica, en la que el tema de la productividad del trabajo comenzaba a ser prioritario para el gobierno, la cuestión salarial no era tan problemática para el Estado como las intenciones del movimiento obrero de seguir avanzando en nueva legislación más favorable a sus intereses sobre las relaciones laborales. De modo inverso, era previsible que los trabajadores entendieran que en una coyuntura de creciente inflación, los aumentos de sueldos eran importantes pero no eran un reaseguro eficiente para mejorar su situación a mediano plazo. En cambio, la legislación de estabilidad, vacaciones, salario mínimo, escalafón, indemnización por despido, régimen jubilatorio, reglamento de comisiones internas, etcétera, les garantizaban condiciones más favorables para las labores cotidianas y con miras al futuro, más allá de mejoras en los salarios.
Los sindicalistas no desconocían que el gobierno había accedido a muchas de estas propuestas desde 1944 hasta 1948, aunque, como indicó Doyon, en ese periodo también había mostrado más predisposición hacia los reclamos salariales que hacia las sanciones legislativas. De hecho, muchas de estas últimas seguían pendientes. Pese a ello, el gobierno había sido suficientemente permeable a la presión del movimiento obrero, por las propias fuerzas desplegadas como por las necesidades oficialistas de ganar, estructurar y mantener su apoyo en el plano político. En este sentido, podríamos asistir en el nuevo contexto, abierto por la crisis económica y la polarización de los posicionamientos políticos, más a un cambio de actitud de las patronales y el gobierno frente a las demandas obreras que a una mutación del programa político-sindical de los trabajadores y sus organizaciones. Ciertamente, las demandas salariales y de legislación de las relaciones laborales estaban en el centro de los reclamos más significativos del ciclo 1949-1951. Obviamente, esto no niega que estos reclamos fueran motorizados desde distintos espacios e identidades políticas. 
En segundo lugar, habría que relativizar la sentencia de la pérdida de relevancia de la conflictividad obrera en ese período respecto a los tres años que le precedieron. Doyon sentenció que las huelgas fueron "pocas pero importantes". Pero, ¿en qué sentido fueron "importantes"? En principio podríamos reconsiderar dos cuestiones referidas a "importantes". Por un lado, habría que señalar que fueron relevantes desde un punto de vista cualitativo, ya que en la nueva coyuntura entraron en discusión la política económica del gobierno, modelos organizacionales, perspectivas político-sindicales y fuertes disputas por la dirección del movimiento obrero en el interior de las fuerzas peronistas. Por otro lado, más allá de que el número de huelgas fue menor, no por ello dejaron de ser significativas en términos cuantitativos.
Es cierto que la cantidad de huelgas, huelguistas y jornadas perdidas disminuyó en términos absolutos. Sin embargo, si a estas variables clásicas en el estudio de la conflictividad obrera las relacionamos sacando un promedio por cada huelga, obtenemos resultados diferentes. Al calcular la cantidad de huelguistas por huelga, el año 1950 se ubica solo por debajo de los años 1947 y 1954, mientras que si observamos la cantidad de jornadas perdidas por huelga, 1950 se presenta por encima de los años 1946-1948 y sólo se ve superado por el ciclo signado por las protestas obreras de 1954. Se pueden corroborar datos en este sentido (cf. Cuadro 5). Ahora, si consideramos los salarios perdidos medidos en miles de pesos, en 1950, los números son los más altos del período 1943-1955 (cf. Cuadro 1). El dato sin dudas no es menor. Si sospecháramos de la inflación como una variable distorsiva respecto al período anterior, hay que señalar entonces que de todos modos el valor es superior a los guarismos que indican las pérdidas ocasionadas por los significativos conflictos de 1954.

Cuadro 5: Cantidad de huelguistas y jornadas de trabajo perdidas por cada huelga, 1942-1955.

Fuente: elaboración propia sobre la base del Cuadro 1.

Por otra parte, no puede evadirse que la cantidad de huelguistas involucrados está aún más limitadaen las estadísticas para los años 1949 y 1950, dado que los gremios más movilizados tenían claramente una jurisdicción que excedía largamente la geografía capitalina; nos referimos a frigoríficos, azucareros, marítimos, bancarios, ferroviarios o la huelga general de Salta en 1949 (cf. Rubinstein, 2006; Sánchez y Abrahan, 2006; Acha, 2008; Gutiérrez, 2012; Contreras, 2012; Gutiérrez, Lichtmajer y Santos Lepera, 2019; entre otros). Si recordamos que los cuatro primeros excedían los 50.000 afiliados y la Unión Ferroviaria superaba los 150.000, su participación difícilmente se haya reducido en conjunto a 29.000 huelguistas en 1949, 97.000 en 1950 y 16.400 en 1951. La carencia de estadísticas nacionales, claramente, limita nuestras posibilidades de captar en toda su magnitud la conflictividad desarrollada entre 1949 y 1951, situación que también fue percibida por Doyon.
Otro aspecto a repensar está vinculado a la notoria caída de los instrumentos de regulación de los conflictos laborales utilizados por el Estado. Ello podría estar indicando una merma de la conflictividad obrera, pero también una menor predisposición del gobierno a acceder a las demandas proletarias; es decir, tal vez el contenido y la forma de los reclamos obreros no varió tanto como lo hizo la orientación del gobierno al respecto. Es decir, podrían haber disminuido más que proporcionalmente las regulaciones estatales de los conflictos que las propias huelgas o protestas obreras. Lamentablemente la serie sobre "los instrumentos de regulación de trabajo" se corta en 1950, impidiendo la visualización del período completo (cf. Cuadro 2).
Siguiendo el sentido de nuestro argumento, es probable que la implacable represión de la huelga ferroviaria en enero de 1951 encuentre su razón última en la decisión del Ejecutivo Nacional de generar un episodio aleccionador que frenase una conflictividad laboral que no disminuía pese a la insistencia de la prédica oficialista en este sentido en un cambio de contexto económico y político. La creciente represión y la acentuación del autoritarismo, entonces, lejos de expresar la caída de la protesta obrera puede estar mostrando, por el contrario, la necesidad de recurrir a fuertes recursos disciplinadores para imponer una línea política en una situación que mantenía altos niveles de conflictividad laboral y sindical.
Desde otra óptica, pese a que los números muestran una caída de la cantidad de huelgas y huelguistas en la Capital Federal, en términos cualitativos los conflictos sindicales de 1949-1951 (gráfico, azucarero, bancario, marítimo, frigorífico, ferroviario y de estales) pueden ser caracterizados como los más complicados que tuvo que enfrentar el gobierno peronista, por el carácter de las demandas, su masividad, su extensión en el tiempo, las jornadas perdidas, las características de las ramas de actividad implicadas, el tipo de sindicatos y los intereses en disputa en un clima económico y político delicado. En este sentido, si fueron "pocas pero importantes", aunque entendemos que Doyon no llegó a calibrarlas en su total magnitud.
Al rastrear el tipo de organizaciones y militantes que participaron de las huelgas, es también discutible la diferenciación que percibe Doyon entre los conflictos sindicales de 1946-1948, asumidos por organizaciones legalmente reconocidas y trabajadores mayoritariamente peronistas, y los de 1949-1951, que habrían sido pergeñados por militantes opositores al gobierno por fuera de los organizaciones legalizadas que eran conducidas por peronistas. Ello habría que revisarlo por dos cuestiones: por un lado, muchas de las huelgas importantes fueron promovidas entre 1949 y 1951 por direcciones sindicales legalmente constituidas; los casos de los azucareros (la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar, FOTIA), los frigoríficos (FGPICDyA) y los marítimos (CGGMA) así lo demuestran. Incluso, no es un dato menor que las primeras dos se identificaban como peronistas mientras que la última, sin hacerlo expresamente, mantenía muy buenas relaciones con el gobierno.
Por otra parte, en las comisiones "paralelas" de huelgas de los gremios gráficos, bancarios y ferroviarios participaban muchos trabajadores peronistas, que junto a activos militantes opositores, se diferenciaban de las direcciones sindicales peronistas de la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Bancaria y la Unión Ferroviaria. No deja de ser cierto el interés de un número importante de militantes antiperonistas por promover conflictos que complicasen al gobierno y al mismo tiempo generaran una contradicción entre la identidad obrera y la identidad peronista, pero ello no niega la amplia participación de trabajadores peronistas motivados por perspectivas propias, como podían ser la actualización salarial, mejoras en la regulación de las condiciones laborales, la crítica a la conducción político-sindical de su gremio o la demanda de una revisión de las políticas económicas del gobierno.
Lo cierto es que múltiples aspectos se cruzaron en las disputas del trienio. De hecho, en el conflicto ferroviario de 1950-1951 es probable que se estuviera discutiendo la orientación y el contenido del sindicalismo peronista en general, donde los dirigentes de los gremios cegetistas se enfrentaron tanto a manifestaciones autónomas del sindicalismo peronista (la FGPIDCDyA, la FOTIA y a su modo la CGGMA) como a un proyecto político sindical particular encabezado por altos funcionarios del Estado (la Confederación del Personal Civil de la Nación, CPCN), que incluía entre sus principales figuras al ministro de transporte, coronel Juan Castro, y al propio presidente Perón, quien era el primer afiliado de la entidad (Contreras, 2011b). En aquella oportunidad, varias figuras del Ejecutivo Nacional intervinieron con su perspectiva propia, incluso con dudosos instrumentos legales para imponer su orientación. En el desenvolvimiento de los hechos, finalmente, fue el secretariado de la CGT el que presionó a Perón para que corriera a Castro y terminara con el proyecto de la CPCN. En esa jugada, la CGT se imponía frente a los jerarcas estatales y ante las fracciones huelguistas, y al mismo tiempo definía un perfil organizativo y político-sindical tendencialmente a su medida. De igual modo, lo había hecho frente a los proyectos de un sindicalismo peronista autónomo a lo largo del año 1950. Para ello no había escatimado en la utilización de los recursos políticos y represivos de un gobierno del que formaban parte.
Con los resultados de nuestra investigación podemos afirmar que la batalla organizativa fue central en aquella conflictiva coyuntura y que su mismo desarrollo pone en cuestión varios puntos nodales de las interpretaciones iniciales sobre la organización del sindicalismo durante el gobierno peronista. Frente a la imagen proyectada de un movimiento obrero monolítico, burocratizado y pasivo constituido en apéndice del Estado, nos encontramos con un panorama sustancialmente distinto. Sin lugar a dudas, varios gremios importantes, la CGT y encumbrados miembros del gobierno tenían conceptos encontrados sobre el rol, la función y la orientación que debían asumir los sindicatos peronistas en aquel momento. Esta situación, sin lugar a dudas, fue un factor de suma relevancia que estimuló la "importante" conflictividad del período 1949-1951.

Tercer ciclo: las protestas obreras de 1954 y el congreso de la productividad de 1955

Para comprender los últimos años de la participación obrera durante el primer gobierno peronista, Doyon resaltó que desde 1948 se había acentuado un proceso de burocratización, acompañado de una significativa caída del número de reuniones sindicales así como de sus asistentes (cf. Cuadro 3 y Gráfico 2). La tendencia a la baja fue interpretada como muestra de un proceso en el que las cúpulas se alejaban de las bases y entraban en una lógica propia, partidaria y estatista. Al mismo tiempo, la tendencia a la baja estaría expresando que se sumaban a una perspectiva oficialista que buscaba desmovilizar a los trabajadores y al pueblo, abogando por el renunciamiento a ocupar espacios de poder y por la disciplina y el verticalismo.⁵ El Plan Político de 1951 así lo establecería con mayor claridad (Eickhoff, 1996).

Gráfico 2. Reuniones sindicales en la Capital Federal.
Fuente: Cuadro 3.

La citada tendencia desactivadora y el incremento de los controles por parte de las conducciones sindicales establecidas, habrían preparado el terreno para el lanzamiento del Plan de Emergencia, el 18 de febrero de 1952. A través de este, el Ejecutivo nacional aumentó los salarios entre un 40% y un 80% respecto a los valores de 1949 y propuso el ajuste de algunos precios, que llegarían a subir hasta el 38,7% (Mainwaring, 1982). Desde ese momento, por dos años, ni unos ni otros debían variar. En este marco, se suspendieron las negociaciones colectivas de trabajo y se continuó con una fuerte campaña oficialista contra las huelgas.
Era, sin dudas, un plan de estabilización económica. El objetivo era cortar el espiral inflacionario, situación que finalmente se lograría cuando los precios sólo se incrementaron un 4% en 1953 y un 3,8% en 1954 (Mainwaring, 1982). Se promovía, a su vez, el ahorro y la austeridad, mientras se afirmaba que los futuros aumentos de salarios quedarían supeditados al incremento de la productividad del trabajo: "Es que la productividad tiene un don mágico: podía hacer que, al mismo tiempo, los salarios fueran altos y los costos laborales bajos" (Gerchunoff y Antúnez, 2002: 191). Aunque los actores de la época tenían claro que no era lo mismo aumentar la productividad a partir de la innovación tecnológica y la incorporación de nuevas maquinarias, que hacerlo con las instalaciones existentes a costa de un mayor esfuerzo de los trabajadores. La crisis que atravesaban las arcas públicas y las dificultades para obtener divisas, y con ellas materiales importados, auspiciaban la última opción, pero la dependencia gubernamental del apoyo obrero, por lo menos en el plano electoral, la hacía difícil de implementar.⁶Esta dificultad estaba latente, sobre todo en una coyuntura en la que el líder justicialista se había distanciado de importantes sectores militares y eclesiales, recibía reproches por parte de los industriales y donde los partidos políticos opositores habían agudizado sus críticas y su accionar. En este contexto, el movimiento obrero seguía siendo su apoyo político y social más importante (las elecciones vicepresidenciales de 1954 así lo confirmaban) y el gobierno no tenía margen para avanzar demasiado contra sus intereses inmediatos.
En 1952, la caída del salario real había sido del 11,3% respecto a 1949 y ello preocupó a ciertos sectores del movimiento obrero. En 1953, los gráficos emprendieron una notoria huelga y Luz y Fuerza impulsó un congreso contra la carestía de la vida, invitando a la CGT y dejando ver entrelíneas una crítica a la política económica oficial. Por su parte, el 12 de noviembre Perón en un discurso se quejó de que los obreros gráficos negociaron directamente con los patrones para lograr incrementar sus salarios, sorteando de este modo las indicaciones del Plan de Emergencia (Mainwaring, 1982: 521).
Lo cierto es que en 1953 comenzó a transitarse cierta recuperación económica que estimuló notablemente las reuniones sindicales y la participación obrera en las mismas (cf. Cuadro 3). Si entre 1949 y 1952 el PBI había crecido un -0,55% y el consumo un 2,23%, entre 1953 y 1955 los números indicaban que el PBI aumentó un 5,49% y el consumo un 5,36% (Gerchunoff y Antúnez, 2002). Por otro lado, aquel año se sancionaba la Ley 14.250 que reglamentaba los convenios colectivos de trabajo, y los sindicatos tenían muy presente que en marzo de 1954 se abriría la posibilidad de pedir nuevamente negociaciones colectivas. Distintos gremios se movilizaron con este fin y las propuestas comenzaron a proliferar.
Promediando el primer semestre de 1954, las demandas salariales se expandieron en amplios sectores del proletariado y la CGT percibió que no podría frenar el descontento ni evitar los reclamos y las huelgas (si así se lo hubiera propuesto para cumplir con los acuerdos del Plan de Estabilización, aunque éste ya estaba en su plazo final). De hecho, varias de las direcciones de sus sindicatos afiliados se pusieron a la cabeza de las peticiones, al menos inicialmente. La creciente burocratización y el verticalismo, ya referidos, por los que transitaba el movimiento obrero, entonces, no se habrían extendido a toda la estructura de los sindicatos como para impedir que los trabajadores activaran a través de las comisiones internas y los cuerpos de delegados generando propuestas sectoriales.⁷
El gobierno nacional pronto descubrió que se encontraba en una situación incómoda y difícil de arbitrar; los empresarios y los trabajadores tenían posiciones abiertamente encontradas. Además, no podría salir a apoyar a los industriales o a los trabajadores, ya que ello hubiera acarreado un alto costo político y hubiera desvirtuado sus esfuerzos en pos del anunciado desarrollo conjunto y armonioso del capitalismo nacional, la productividad y la justicia social. Más aún cuando los opositores se habían envalentonado y el conflicto social corroía la alianza política de las fuerzas peronistas. Frente al contradictorio panorama, el presidente decidió retirarse de las negociaciones, declarando que el gobierno no intervendría (Mainwaring, 1982: 522). El gobierno nacional adoptó una posición prescindente como no lo había hecho desde sus inicios. ¿Era una muestra de debilidad relacionada a sus pocas posibilidades de disciplinar al movimiento obrero?
En 1954, mediante el trabajo a reglamento, el trabajo a desgano y huelgas, obreros petroleros privados, lecheros, textiles, del tabaco, el calzado, del vidrio, del cemento, metalúrgicos, del caucho, transporte automotor urbano, bancarios, hospitalarios, portuarios y del seguro, por lo menos, presentaron sus reclamos: aumentos salariales, rechazo a las intenciones de aumentar la productividad a costa de mayor explotación obrera, negativa a la propuesta de atar el aumento salarial al aumento de la productividad, defensa de la regulación legal del trabajo vigente y custodia de las prerrogativas obtenidas por las comisiones internas de fábricas y los delegados sindicales. Considerando estas demandas, las jornadas de protesta del año 1954 finalizarían con un resultado global favorable a los trabajadores, más allá que no se cumplieron todos sus anhelos y que en algunos casos los empresarios lograron introducir algunas de sus demandas en los convenios colectivos (Kabat, 2013).
En el análisis de la conflictividad laboral de 1954 debemos señalar que se muestra poco significativa en cantidad de huelgas (18). De hecho sólo en 1952 se registró un número menor de huelgas (14). Sin embargo, el número de huelguistas y la cantidad de jornadas perdidas lo ubican entre los cinco años más conflictivos, mientras que fue el año que más acciones de protesta registró del tipo "brazos caídos", paros y "trabajo a reglamento". Ahora, si sumamos a los implicados en estas últimas acciones junto a la cantidad de huelguistas, 1954 es el año más conflictivo de los transcurridos entre 1943 y 1955. El mismo resultado obtenemos si relacionamos cantidad de huelguistas por huelga y jornadas perdidas por huelga (cf. Cuadro 5), mientras que midiendo salarios perdidos 1954 se encuentra en segundo lugar, luego de 1950 (cf. Cuadro 1).
A juzgar por estos datos, el ciclo de 1954 tuvo un alto nivel de conflictividad. Ahora, ¿cómo relacionar concretamente este panorama con la situación económica y de los propios trabajadores? Es decir, ¿cuál pudo haber sido la incidencia de la protesta obrera? En términos económicos, luego de las huelgas de 1954 los salarios reales aumentarían un 12% respecto a los registrados en 1952. Mainwaring, pensando desde una perspectiva general, resaltó que "si se toma en cuenta la gravedad de la recesión, la política salarial no fue del todo desfavorable. En 1952-55 la participación obrera en el PBN fue significativamente mayor (49,1%) a la del período 1946-48 (41,0%) y algo superior a la de 1949-51 (48,3%). Lo que se estaba contrayendo era la torta y no la participación de los trabajadores en la misma" (Mainwaring, 1982: 519). La tendencia es similar a la señalada por Gerchunoff y Antúnez, aunque los porcentajes varían levemente. Para estos autores, la participación de los trabajadores en el ingreso fue la siguiente: 1940-1945: 37,3%; 1946-1948: 39,42%; 1949-1952: 46,52%; 1953 -1955: 46,72% (2002: 199). Es interesante notar que la tendencia es en alza en ambos registros para toda la década del gobierno peronista.
Volviendo a las protestas y huelgas de 1954, es para destacar que adquirieron notoriedad e importancia, paralizaron distintos ámbitos de la producción e, incluso, estimularon manifestaciones en las calles. En pocos meses se sucedieron conflictos en distintas ramas de actividad, enmarcados en unas negociaciones colectivas de trabajo que se desarrollaron más o menos simultáneamente. Los reclamos se dirigieron centralmente contra los empresarios y no contra el gobierno. Lo cierto es que pocos meses antes lo habían vuelto a elegir por un amplio margen. "Ahora bien –aclara Doyon (2006)–, el hecho de que hubieran ratificado que el peronismo seguía siendo su única alternativa política válida no significó que los trabajadores estuvieran dispuestos a acatar ciegamente su políticas". La aclaración no deja de llamar la atención en el planteo general de Doyon. Si no la hacían en 1954, ¿por qué suponer que los trabajadores lo habrían hecho antes? En todo caso, la afirmación podría pensarse como una constante en la acción de los trabajadores durante todo el gobierno peronista.
Las movilizaciones obreras, entonces, podrían estar expresando también una crítica, al menos implícita, a la reorientación de la política económica del gobierno y a la disminución de su predisposición para acceder a las reivindicaciones obreras de la hora. La historiografía dedicada al tema sostiene que esta crítica, a su vez, probablemente se hizo extensiva a las cúpulas sindicales. Así cuando los dirigentes cegetistas intentaron calmar el descontento laboral para evitarle una parte de los problemas al ejecutivo nacional, las bases obreras también reaccionaron contra este posicionamiento, pidiendo que los líderes sindicales respondieran en primer término a los deseos y las decisiones de las bases obreras. Esta situación motivó a Doyon a identificar un enfrentamiento principal entre las bases obreras y los burócratas sindicales para este último período. Los primeros actuaban siguiendo reclamos nacidos de la discusión con sus compañeros de trabajo, mientras que los segundos lo hacían obedeciendo órdenes estatales y partidarias estipuladas por el líder justicialista. De igual modo, otros autores siguieron el mismo razonamiento para la explicación de los conflictos de 1954 (Mainwaring, 1982; Schaivi, 2008; Izquierdo, 2008).
El esquema bases obreras versus burocracia sindical ha sido suficientemente efectivo para explicar ciertos ejes de los conflictos laborales y de la dinámica gremial, pero entendemos que, por otro lado, encuentra limitaciones para comprender parte de las prácticas y los programas político-sindicales que también habitan en cada uno de estos dos polos, más allá de ciertas características derivadas de su ubicación institucional y cuestiones de método.⁸ Así, en las protestas de 1954 no debería ignorarse la fuerte presencia de militantes peronistas y de izquierda activando en los comité de huelgas basales, que si bien priorizaban consignas económicas, también perseguían fines político-sindicales que excedían la jurisdicción del lugar de trabajo; mientras que tampoco sería justo desconocer que varias direcciones sindicales cegetistas acompañaron ciertas reivindicaciones puntuales compartidas por las bases y en esta acción expresaban representatividad y cierto grado de autonomía respecto al ejecutivo nacional.
Por otra parte, no nos conforma la recurrente formula que plantea que cuando la CGT encabezaba los reclamos obreros lo hacía por presión de las bases y cuando disciplinaba a sus adherentes actuaba como masa de maniobra del líder (del Estado y del Partido Peronista). Entre muchas formulaciones en esta línea, puede citarse un fragmento del libro de Doyon:

Si bien en la mayoría de los conflictos la decisión de pasar a la acción fue promovida por las comisiones internas, los líderes de los sindicatos nacionales procuraron no quedarse atrás, conscientes de que no podían sobrevivir al frente de sus respectivas organizaciones sin un mínimo de respaldo de sus bases. A pesar de lo que se dijo antes con relación a los efectos desmovilizadores del proceso de burocratización sindical, la actitud de los dirigentes en esta coyuntura fue un reflejo de los nuevos tiempos que vivía el movimiento obrero… (Doyon, 2006: 385).

Este tipo de explicación es más bien tautológica: si la CGT toma una decisión que al observador le parece legítima, ello, entonces, es mérito de la presión de las bases (democráticas y combativas); si elige un camino que no convence al estudioso, ello demuestra que es agente del Estado y el capital (verticalista y burocrática), que es ajena a la clase obrera. En todo caso, todavía no ha sido recorrido el camino dialectico que podría recuperar que la dirección de la CGT tenía también sus propias perspectivas frente a sus filiales gremiales y las bases obreras, por un lado, y hacía el interior del gobierno y ante Perón, por el otro. Su rol mediador entre el Estado y las bases sindicales todavía admite mayor complejidad (Contreras, 2015). La CGT no sólo recibía presiones de abajo y de arriba, sino que también ejercía presiones hacia arriba y hacia abajo. La central obrera fue permeable a las presiones de las bases y del gobierno pero, en ocasiones, también pudo imponer su impronta en ambos espacios. Allí su rol de coordinadora de múltiples organizaciones de distintas ramas de actividad y su participación como tal en el gobierno. Podrá acordarse o no con la orientación de la CGT, es licito incluso historiográficamente, pero sería impreciso e injusto negar la posibilidad de este modo de accionar.
La central obrera, de este modo, pudo ser abanderada en la promoción del Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social a pedido de Perón, apostando a recomponer la idea básica del plan de estabilización luego de la extendida conflictividad laboral de 1954 que había provocado retaceos en los apoyos de los industriales al oficialismo; pero también pudo, en marzo de 1955, en las sesiones del mismo congreso, expresar claramente su fuerte negativa a acceder a los reclamos patronales que también auspiciaba el gobierno (Giménez Zapiola, 1988; Bitrán, 1994).⁹ ¿Alcanza con decir que primero fue permeable a las órdenes del gobierno, y luego a la presión de las bases?, ¿o qué primero mostró su esencia burocrática y luego cedió tácticamente ante las demandas de las bases obreras para obtener cierta representatividad que le permitiera seguir ejerciendo su tarea disciplinadora?, ¿no podríamos suponer que la CGT también tenía su propia estrategia hacia ambos espectros, marcando una línea de intervención propia y consensuada en sectores significativos del movimiento obrero?
No es poco probable que la CGT (y a través de ella el movimiento obrero) haya desarrollado con cierto éxito su propia estrategia tendiente a mantener posiciones en el gobierno y a gestionar la defensa y/o mejoras en las relaciones laborales, incluso hacia el final del gobierno peronista. En todo caso, lejos de la pasividad y la mera burocratización, la recurrente conflictividad sindical que pudimos reseñar a lo largo de todo el período parece haber sido un factor necesario, y por lo tanto buscado y recreado por parte de las organizaciones obreras para realizar esta compleja perspectiva que redundó en reivindicaciones concretas, redistribución del ingreso y cuotas de poder a favor de los trabajadores durante el primer gobierno peronista.

A modo de conclusión

Nuestro artículo propone una reflexión sobre los ciclos de la participación sindical del movimiento obrero durante el primer peronismo. Para desarrollar la tarea recurrimos a datos cuantitativos y cualitativos así como a la vinculación de tres variables: la situación política, el contexto económico y la protesta obrera. Mediante este abordaje pretendimos observar continuidades, variaciones y tendencias en los ciclos de la acción sindical de los trabajadores durante el período en cuestión (1946-1955), considerando información referida a salarios, la reglamentación de las condiciones de trabajo, el marco institucional en el que se desarrollaron las demandas, el lugar ocupado por las propias organizaciones sindicales, las reuniones gremiales, las huelgas, las jornadas laborales perdidas y la cantidad de huelguistas. A su vez, nos interesó relacionar de algún modo el devenir de los ciclos de la participación obrera con el derrotero de la alianza peronista en el gobierno.
Desde el inicio aclaramos que el objetivo que nos propusimos es ambicioso y que los materiales para el análisis presentaban importantes dificultades, particularmente los datos provistos por las estadísticas (las que se limitan a la Capital Federal). No obstante, de todos modos nos decidimos aavanzar en el planteo del problema, ponderar los varios elementos cualitativos que nos brinda el estado del conocimiento sobre el tema y relacionar de otra manera los datos cuantitativos disponibles para pensar en la viabilidad o no de ciertas hipótesis y nuevas posibilidades interpretativas. Habiendo avanzado en estas tareas, en este apartado final intentaremos una mirada de conjunto, recuperando algunas apreciaciones realizadas sobre los ciclos de la acción sindical.
Mencionábamos que la historiografía inicial que abordó el tema percibió un notable descenso de la participación de los trabajadores en las actividades sindicales y en la protesta laboral a lo largo de la década peronista. Si observamos el número de huelgas, la cantidad de huelguistas y las jornadas perdidas (cf. Cuadro 1) corroboramos al menos dos situaciones. Por un lado, la activación sindical sigue una línea ascendente en los años 1946-1948, que baja notablemente en 1949 y que solo se recupera en 1950 para volver a caer abruptamente hasta gozar de cierta significación recién en 1954, aunque por debajo de la curva lograda en los años 1946-1948. Por otro lado, si marcamos la tendencia de cada una de estas variables, la línea que obtenemos en los tres casos es de carácter descendente (cf. Gráfico 1). De igual modo, el número de reuniones sindicales reproduce una tendencia similar (cf. Gráfico 2). Con estos registros podemos darle validez a la impresión de creciente pasividad y burocratismo del movimiento obrero, donde su activación gremial se iría apagando lentamente luego de que el gobierno accediera en los primeros años a sus reclamos de carácter económico y aplicara un esquema autoritario y verticalista a medida que se consolidaba en el poder, desmovilizando la militancia obrera.

Gráfico 1. Huelgas, huelguistas y jornadas perdidas.
Fuente: Cuadro 1.

Sin embargo, los resultados y los avances logrados por recientes investigaciones nos presentan un panorama algo distinto, y esta situación nos estimuló a retomar la indagación del tema considerando otros aspectos o, tal vez, los mismos aspectos desde otro ángulo. El análisis detallado de distintas huelgas por rama de actividad sucedidas entre 1949-1951 y en 1954 mostró la relevancia de las mismas, aunque esta importancia no se apreciaba en la mirada de conjunto consagrada inicialmente sobre la evolución de la protesta y la participación de los trabajadores en la década del primer peronismo. Partiendo de esta contradicción, y de la insatisfacción analítica al respecto, comenzamos a buscar nuevas relaciones entre los datos disponibles.
Fue en el marco de esta indagación que recurrimos a la consideración de los salarios perdidos (Cuadro 1), la cantidad de huelguistas por huelgas y las jornadas perdidas por cada huelga realizada (Cuadro 5). Sorprendentemente, no sólo variaron las siluetas de las curvas, sino que la recta que dibuja la tendencia de cada variable se torna ascendente (Gráfico 3). Esta tendencia no deja de ser llamativa y sugerente, pero es congruente con muchos de los resultados logrados en los estudios de caso realizados en los últimos quince años. Es decir, durante el primer gobierno peronista, a medida que fueron pasando los años, las estadísticas indican que tiende a haber menos huelgas y menos cantidad de huelguistas, se pierden menos jornadas de trabajo y se realizan menos reuniones sindicales por año. Pero si sacamos promedios por cada huelga, tiende a aumentar la cantidad de huelguistas y las jornadas perdidas (Gráfico 4), y de igual modo lo hace la cantidad de participantes por cada reunión sindical (Gráfico 2). Los salarios perdidos confirman la tendencia, lo mismo que el cálculo sobre participantes en todo tipo de conflictos (Cuadro 1). Podríamos decir entonces que las protestas tienden a disminuir en cantidad y a incrementarse en calidad; tendencialmente cada año son menos pero son más importantes en términos cuantitativos (cf. Gráficos 3 y 4).

Gráfico 3. Salarios perdidos, participantes en todo tipo de conflictos, cantidad de huelguistas por huelga y cantidad de jornadas perdidas por huelga.
Fuente: Cuadro 1.

Gráfico 4. Conflictos sindicales calculados por promedios.
Fuente: Cuadro 1.

Con este panorama, podríamos arriesgar que son menos organizaciones pero más centralizadas y de mayor tamaño las que participan en las protestas sindicales.¹⁰¿Se podrá inferir de esto la creciente importancia que fue adquiriendo la CGT y sus sindicatos adheridos? De igual modo, a juzgar por los salarios perdidos y los participantes en todo tipo de conflictos (Cuadro 1), se puede suponer una extensión más prolongada en el tiempo de cada conflicto sindical. Analizando las demandas que reseñamos como motivos de las huelgas, es probable que las peticiones obreras centradas en el salario, las condiciones laborales y la legislación de las relaciones del trabajo no variaran tanto como la predisposición del gobierno y las patronales a resolverlas con la celeridad que lo hicieron en el ciclo 1946-1948, situación que podría explicar tendencialmente la mayor duración de las protestas. En este sentido, puede presumirse que la crisis económica iniciada en 1949 contextualizó el comienzo o la profundización de una tensión en el interior de la alianza peronista al reducir la predisposición del gobierno y los empresarios para acceder a las demandas obreras, al mismo tiempo que empujaba a los sindicatos a reclamar actualizaciones salariales y mejoras en las condiciones laborales. A la inversa, la polarización política con los opositores antiperonistas habría actuado como un amortiguador de unas tensiones internas en la alianza peronista que parecieron ir agudizándose.
En una lectura posible del proceso, la peronización de los trabajadores se torna compatible con altos y crecientes niveles de conflictividad sindical y con el mantenimiento de cierto contrapunto con el ejecutivo nacional. Sobre todo si reconocemos que las tendencias ascendentes señaladas se correspondieron también con una tendencia porcentual al alza en lo referido a la participación obrera en el reparto del Producto Bruto Nacional, como señalaron Mainwaring (1982) y Gerchunoff y Llach (2002). Así, un mayor grado de conflicto sindical no necesariamente implicaría la antesala del divorcio entre la clase obrera y el peronismo, sino que la situación parece incluso presentarse en sentido contrario. De todas maneras, sigue siendo algo endeble nuestra información para confirmar estas presunciones. No obstante, el ejercicio realizado no deja de ser estimulante para seguir pensando la acción sindical de los trabajadores durante el gobierno peronista.

NOTAS

1 Nos queda pendiente la importantísima tarea de ubicar las tendencias de la época con datos referidos a la mediana y la larga duración así como las discusiones y precisiones teóricas y metodológicas asociadas. Ambas cuestiones exceden las posibilidades de este artículo.

2 Para avanzar en este objetivo será aprovechada la información suministrada por el Servicio Estadístico Oficial del Ministerio de Asuntos Técnicos de la Presidencia de la Nación (a través del Boletín Diario Secreto) y por el Anuario Estadístico de la República Argentina de 1957.

3 Los cuadros y los gráficos que se mencionan a lo largo del texto se encuentran ubicados en un Anexo al final del artículo.

4 Es necesario aclarar que la mayor parte de las veces se ha interpretado que al no ser sancionado el derecho a huelga en la constitución de 1949, su realización sería ilegal. Lo cierto es que la resolución Nº 16 de 1944, de la Secretaria de Trabajo y Previsión, detallaba los mecanismos para decretar una huelga. Se podrá decir que dicha posibilidad estaba muy restringida, pero no que era ilegal. Incluso, la Constitución Nacional de 1949 no sancionó el derecho a huelga pero tampoco legisló su prohibición.

5 De todas maneras es improbable que las conclusiones a las que arriba Doyon puedan inferirse de la variación en el número de reuniones sindicales por año. Por un lado, por las limitaciones de la fuente, y por el otro, porque la relación no necesariamente es directa ya que, por ejemplo, el año con más huelgas y huelguistas (1948) se corresponde con una caída de las reuniones sindicales respecto a los cinco años precedentes, y de los asistentes con referencia a los dos años anteriores. Es cierto que si calculamos la cantidad de participantes por reunión, el año 1948 se ubica en primer lugar, pero también hay que considerar que esta relación se mantuvo más estable, con menos variaciones interanuales e incluso con una tendencia levemente en alza, tendencia que contradice las primeras apreciaciones sobre la cuestión (cf. Cuadro 2 y Gráfico 4).

6 El gobierno nacional buscó resolver el problema de la escasez de divisas mediante la promulgación de una ley que favorecía la radicación de capitales extranjeros. Pero su sanción lejos estuvo de solucionar la cuestión. Por otra parte, cuando en abril de 1955 inició negociaciones con la Standar Oil de California para extraer petróleo del territorio patagónico y con ello palear la crisis de combustible que aquejaba a la industria nacional, el proyecto no prosperó en la legislatura luego del veto de los opositores y los reparos de los sectores nacionalistas del peronismo (Gerchunoff y Antúnez, 2002).

7 La importancia de las Comisiones Internas en aquellas huelgas de 1954 fue visualizada inicialmente por James (1990) y Doyon (2006), y fue retomada por los recientes trabajados de Fernández (2005), Schiavi (2008, 2013) e Izquierdo (2008).

8 Para una discusión interesante sobre el tema ver el dossier "Hacia un debate sobre el concepto de burocracia sindical" publicado en la revista Nuevo Topo Nº 7. Particularmente, ver Ghigliani y Belkin (2010), Pérez Álvarez (2010) y Raimundo (2010).

9 Analizando la conflictividad de 1954 con relación al Congreso de la Productividad de 1955, Kabat (2013) concluyó que "el empresariado observa como el evento concluye sin que se tomara ninguna resolución positiva sobre los puntos que le preocupaban: no se reglamentan las comisiones internas, ni se toman medidas concretas para el desarrollo de sistemas de estímulo a la productividad ni se toman resoluciones contra el ausentismo obrero. Tampoco se avanza en la revisión del sistema de categorías laborales y las normas que frenaban la reasignación de funciones a los obreros dentro de las plantas".

10 Esta situación se corresponde con el desarrollo de las organizaciones sindicales durante el primer gobierno peronista. Según los números del Departamento Nacional del Trabajo, en 1941, 356 asociaciones agrupaban cerca de 500.000 trabajadores (una media de 1.423 afiliados por sindicato). Pero para 1945, llamativamente, este promedio cayó a 545 afiliados por sindicato, dado que 969 entidades gremiales representaban a 528.523 trabajadores. Los sindicatos crecieron más que proporcionalmente respecto al incremento de los afiliados gremiales, incluso la cantidad de estos últimos se mantuvo estable. Para 1954 la tendencia era claramente la contraria: 2.256.580 afiliados se encolumnaron en 114 sindicatos (un promedio de 19.795 por entidad). Para un análisis de estos datos también ver Nieto (2013b).

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