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Travesía (San Miguel de Tucumán)

versión On-line ISSN 2314-2707

Travesía (San Miguel de Tucumán) vol.23 no.1 San Miguel de Tucumán jun. 2021

 

ARTÍCULOS ORIGINALES

El sueño (roto) de crear una región sin historia. La Patagonia argentina en dos subescalas: el noreste de Chubut y la Isla de Tierra del Fuego

The (broken) dream of creating a region without history. Argentine Patagonia in two subscales: the northeast of Chubut and the island of Tierra del Fuego

 

Gonzalo Pérez Álvarez*

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales (INSHIS, UNPSJB), 9 de Julio 25 (9100), Trelew, Chubut, Argentina. Dirección electrónica: [gperezalvarez@gmail.com].

RECIBIDO: 19/12/2020
APROBADO:
21/04/2021

 


RESUMEN

Este artículo aborda el modo en que los gobiernos argentinos proyectaron la configuración de la Patagonia sur, especialmente desde los años ‘60 y ‘70 del siglo XX. La clave de intervención analizada es la implantación de “polos de “desarrollo”, proyectos de industrialización subsidiados por el Estado nacional, enmarcados en la doctrina de seguridad nacional y la situación general de guerra fría. Estos proyectos se formulaban desde una concepción que presentaba a Patagonia como una región “sin historia”. Desde esa mirada, el modelo desarrollista pretendía configurar una región sin conflictividad social y absolutamente diseñada por los planificadores. El artículo muestra que esa proyección fracasó parcialmente, en especial por la acción colectiva de los trabajadores.

Palabras clave: Polo de Desarrollo; Patagonia Argentina; Clase Obrera; Historia Regional.

ABSTRACT

In this papers investigates how Argentine governments projected the design of southern Patagonia, especially since the 1960s and 1970s. The key to this intervention was the implantation of “development” poles, industrialization projects subsidized by the national State, framed within the doctrine of national security and the context of the cold war. These projects adopted a conception of Patagonia as a region “without history”. From this perspective, the developmentalist model tried to invent a region without social conflict and fully designed by the planners. The text shows that this projection failed partially, especially due to the collective action of the workers.

Keywords: Development Pole; Argentine Patagonia; Working Class; Regional History.


 

Introducción

El presente artículo se enmarca en una línea de investigación focalizada en diversos proyectos de polos desarrollistas, como los implantados en el Noreste de Chubut, en Manaos (Amazonia, Brasil), Vitoria (País Vasco), Huelva (Andalucía), y otras regiones de España. El objetivo central es analizar cómo estos planes transformaron los territorios intervenidos, especialmente a su clase obrera y su historia.
En ese marco, presento aquí una mirada comparativa de los dos territorios límites, al sur y al norte, de lo que defino como “Patagonia Sur” de Argentina1: las provincias de Chubut y Tierra del Fuego. En Patagonia los dos polos de mayor impacto fueron instalados en el noreste de Chubut y Tierra del Fuego: su formulación evidencia que quienes controlaban el gobierno de Argentina2 pensaron a Patagonia como una región que demandaba la planificación estatal para completar su “conquista”. La industrialización, la masiva llegada de inmigrantes, los cambios urbanos y sociales, y el surgimiento de renovadas fracciones de clase obrera en cada región intervenida, hizo que las proyecciones oficiales de crear regiones sin conflicto y diseñadas “desde arriba”, fuese resquebrajada por la acción popular.
Resulta pertinente debatir brevemente la perspectiva que asigna a estudios de estas características la identidad de “historia regional”. Esa referencia, cuando sólo se utiliza para referirse a las investigaciones enfocadas en regiones supuestamente “no centrales” de Argentina, configura una evidente perspectiva de dominación y poder en el campo historiográfico, y también en el político (Nieto, 2010). Así la “historia nacional” sería la ocurrida en las provincias centrales, que imprimiría la dinámica general y fijaría el rumbo del país; el estudio del resto del territorio serviría a modo de ‘particularidades’, para registrar “casos excepcionales” o a fin de completar registros en función de una historia metropolitana que se edificó a modo de historia nacional. La historia regional era, así, articulada como una disciplina auxiliar de la supuesta historia nacional.
Este artículo enfrenta esa mirada. Comparando dos territorios específicos de la Patagonia argentina se explora una hipótesis de índole general: las acciones conflictivas de los sujetos obreros y populares lograron fracturar un modelo de desarrollo impuesto, modulado en base a cánones y actores variopintos, pero con una central incidencia del Estado nacional, quien marcó el ritmo de la transformación. Así, explorando dos regiones aparentemente “marginales”, este trabajo despliega algunos ejes de relevancia general: ¿cuáles fueron las transformaciones centrales generadas por las implantaciones de polos de desarrollo?, ¿qué diversas modalidades de ‘Estado interventor’ son observables en el territorio argentino al descentrar la mirada de los espacios tradicionalmente investigados (Andújar y Lichtmajer, 2019)?, ¿cómo analizar el “éxito” o “fracaso” de estos proyectos?, ¿qué tenían para decir las poblaciones locales y particularmente los colectivos obreros que allí se formaron?, y, quizás la más relevante, ¿qué enseñanzas nos brinda el debate sobre estas dinámicas para proyectar proyectos de desarrollo hacia el futuro que no repitan los errores del pasado?
En la extensión de un artículo es casi inviable responder todos esos interrogantes, pero ese conjunto de preguntas sirve para señalar las principales variables que va a transitar la reflexión y algunos dilemas historiográficos en los que se inscribe. A la vez permite comprender la elección, para este acercamiento, de un enfoque general del proceso, que posibilita comparar ambas experiencias y avanzar en el análisis de la hipótesis de trabajo.
El artículo se estructura en base a una introducción general sobre los polos de desarrollo y los territorios que se pensaban claves para ser intervenidos, una descripción acerca de los mecanismos de implantación en Tierra del Fuego y noreste de Chubut, un análisis de los momentos de “quiebre” en las historias regionales a partir de la irrupción de lo imprevisto por las planificaciones construidas “desde arriba”, y un segmento de reflexiones finales que son, a la vez, agenda de investigación para profundizar las líneas comparativas aquí señaladas.

Los territorios para los polos de desarrollo

La formulación de polos de desarrollo (Hermansen, 1974; Boisier, 1976) postulaba implantar industrias subsidiadas en territorios considerados marginales, buscando garantizar su “progreso” y un mayor equilibrio en la distribución nacional de riqueza y población. Los economistas franceses François Perroux (1955) y Pierre Massé (1965) permearon las iniciativas de polos desarrollistas en Argentina (Cerra, 2018), en especial aquellos proyectados para Patagonia (Pérez Álvarez, 2016).
Argentina receptó parte de esa producción a través del filtro franquista, en una perspectiva de enfrentamiento al “peligro rojo” y en estrecha coordinación con EE.UU. (Figallo, 2018).3 En el contexto de la guerra fría (Hobsbawm, 2008), estas formulaciones proponían planificar un cambio social que abortase la posibilidad de una transformación global, debate que circulaba en Latinoamérica al menos desde la revolución cubana.
Los proyectos formulados desde los gobiernos nacionales para Patagonia en el largo período 1956-1983,4 tendieron a pensar los territorios de Patagonia como sitios donde “no pasaba nada”. Por ello podían funcionar a modo de receptáculos, aparentemente vacíos, que se configuraban como sitios ideales para recibir modelos de planificación desde arriba. Se suponía que por estos lugares no transitaba la historia, y por ello era viable “diseñar” la imposición de un modelo que no correría riesgos de ser alterado por la acción popular, siempre difícil de ser sujetada a una estricta planificación.
Es relevante analizar los vínculos entre la formulación de estos polos desarrollistas, la construcción de nuevos núcleos obreros y la doctrina de seguridad nacional. Se pretendía transformar la región, y más específicamente las ciudades foco de la implantación de polos, en supuestos oasis de la historia liberados de la posibilidad de “extremismos” y hasta del mismo discurrir de la historia. Eric Wolf (2000) y Josep Fontana (2002), han denunciado esa operación de los grupos dominantes, que pretende ocultar la historia de los sectores subalternos.5
Los territorios intervenidos funcionarían cual espacios “asépticos” o imaginarios laboratorios sociales, donde los polos serían implantados a modo de experimentos6 en los cuáles los trabajadores sólo tendrían un rol a cumplir: el de obreros pasivos. Los planificadores imaginaron la posibilidad de construir nuevas ciudades industriales, en regiones que –se suponía– no albergaban tradiciones de luchas obreras. En verdad se construía una narración que ocultaba los conflictos, construyendo visiones históricas idealizadas e interesadas.7
La Patagonia argentina se presentó como un territorio especialmente apto para cumplir esa expectativa. Sólo se guardaba, escasamente, el recuerdo de las huelgas rurales de Santa Cruz, masacradas a inicios de los años ‘20 y que, hasta el comienzo del impulso al polo de desarrollo, habían sido silenciadas.8
La historia “moderna” de Patagonia se reducía, en términos de imaginarios, al discurrir de la naturaleza y la explotación de algún producto regional (el auge lanero a inicios del siglo XX, la extracción de petróleo, más tarde la pesca, etc.). Se sumaba a esa perspectiva la importante cantidad de población indígena que habitaba el territorio: para los grupos dominantes era una población sin historia, sin capacidad de producirla o transformarla.
El nombre dado a la guerra de ocupación de Patagonia por el Estado argentino, ocurrida hacia 1878-1884, así lo ejemplifica: “Conquista del desierto” se nominó la invasión militar. Desierto se impuso, para fundamentar la naturalización del territorio y las personas conquistadas. No eran sujetos, eran parte de la naturaleza hostil que se debía dominar.
Era el sueño de los planificadores, el laboratorio perfecto para experimentar sus “fórmulas”. En Patagonia parecía viable someter el territorio a ese procedimiento: como en un laboratorio se necesita un ambiente de “vacío perfecto” para probar determinados procesos químicos o físicos, aquí sería posible realizar un estudio al vacío perfecto… de historia.

Polos de desarrollo en el noroeste de Chubut y en Tierra del Fuego

Trazo aquí algunas líneas comparativas entre los procesos de instalación de planes de desarrollo industrial subsidiados por el Estado en dos regiones de la Patagonia argentina: el noreste de Chubut9 y la isla de Tierra del Fuego.10 En ambos territorios se instalaron polos de desarrollo, política de planificación estatal que proponían la creación de industrias subsidiadas en regiones escasamente integradas al mercado nacional. El esfuerzo debía concentrarse en implantar actividades dinamizadoras e industriales, a partir del otorgamiento de subsidios estatales a las empresas que allí se radicasen.
Propuestas semejantes visitaron otros territorios patagónicos. La región Comahue (Villegas, 1969) fue receptora de diversas iniciativas que, sin afán de inventario, atraviesa el fracaso de la corporación nordpatagónica (Ruffini, 2014) y distintos proyectos analizados, por ejemplo, por Arias Bucciarelli (2007, 2008), Perren (2007, 2008) y Mazzulla (1974). También Bahía Blanca fue pensada como posible puntal del desarrollo para el sur argentino, con iniciativas exploradas por Zapata (2014), Campetella (2016, 2017) y López Pascual (2016, 2017).
En el noreste de Chubut el inicio formal del programa desarrollista se produjo en 1956, con un decreto-ley que liberaba de impuestos las importaciones al sur del paralelo 42ºS. El impacto de esta política de franquicias se concentró en la región más cercana a Buenos Aires, dentro de la extensa superficie comprendida en la exención impositiva.
En los primeros años del ‘60 se dio impulso a la instalación de fábricas procesadoras de fibras textiles sintéticas (Ibarra, 1997), actividad competitiva con la producción tradicional de la región: la lana de oveja. Estas medidas se decidieron desde la conducción del Estado nacional, con escasa o nula participación de la población local.
Los polos desarrollistas en Patagonia se configuraron como proyectos impuestos desde el gobierno central, a través de los cuales el Estado argentino planificaba la industrialización sobre ese territorio como continuación de la “conquista”.11 Esta frase del dictador Onganía12 lo explicitaba:

El futuro de la Patagonia está en manos de sus hijos. Los argentinos tenemos la suerte de tenerla como un desafío a nuestra creatividad, a nuestra imaginación, a nuestra voluntad de grandeza. Como ayer templamos nuestras armas en la Conquista del Desierto hoy nos toca templar nuestro espíritu de conquista para el progreso.13

De 1956 a 1960 se radicaron en Chubut 34 plantas textiles, cantidad semejante a las instaladas entre 1970 y 1974. En 1971 se creó el Parque Industrial de Trelew y para 1973 la rama textil de Chubut ocupaba el segundo puesto a nivel nacional en varios rubros.14 También en 1971 se anunció la instalación de una fábrica de aluminio primario en Puerto Madryn (ALUAR); en todos los casos más del 80% de la inversión fue estatal (Rougier, 2011; Pérez Álvarez, 2020).
En las ciudades receptoras de los polos se produjo un explosivo crecimiento demográfico. En diversos casos analizados a nivel mundial, se observa que la mayoría de los migrantes provenía del interior de la misma jurisdicción, o de regiones cercanas. El componente fundamental era de origen rural o de pequeños pueblos, sin experiencias ni tradiciones de trabajo fabril o vida urbana (Pérez Álvarez, 2016, 2020).
Tierra del Fuego parece, en este sentido, un ejemplo contrastante, ya que sus corrientes migratorias provienen de regiones más lejanas (Hermida, Malizia y Van Aert, 2013; Horlent, Malizia y Van Aert, 2020), entre ellas provincias del centro o norte de Argentina y de diversas regiones de Chile. Esa migración fue de origen más urbano que rural, radicándose allí muchos trabajadores con experiencia fabril: estos elementos pueden ser explicativos de algunas diferencias en el comportamiento de su clase obrera industrial.
El análisis de la historia fueguina no puede limitarse a la arbitrariedad del dibujo sobre el mapa de una aparente frontera. Desde su origen el territorio fueguino hoy asignado al Estado argentino estuvo vinculado a la ciudad chilena de Punta Arenas, que hasta la actualidad ejerce una influencia clave en la región (Bascopé, 2010; Harambour, 2016). Desde 1865 se estableció el contacto regular con Europa, y varias empresas se instalaron en Punta Arenas estableciendo líneas de vapores que atravesaban el estrecho de Magallanes (Bascopé, 2018). Esta localidad se convirtió en eje de aprovisionamiento para los navíos que transcurrían entre el océano Atlántico y Pacífico (Barbería, 1995).
Se desarrolló un sangriento proceso de acumulación originaria (Marx, 1983; Federici, 2010), donde unas pocas familias se apoderaron de miles de hectáreas, sometiendo a los pueblos originarios del territorio (Casali, 2013; Martinic, 1973). Los sobrevivientes de esa violencia sistémica, una vez expropiados del acceso a los bienes comunes de la región (ahora privatizados), no tuvieron otra forma de obtener sus medios de subsistencia que no fuese vender su fuerza de trabajo. Esto profundizó la ruptura de sus formas organizativas, viéndose obligados a desempeñar los empleos con peores condiciones (especialmente peones rurales), ya que su origen indígena los sometía doblemente. Muchos participaron de movilizaciones obreras a inicios del siglo XX en Punta Arenas, Puerto Natales y Santa Cruz,15 sumándose a trabajadores provenientes de Buenos Aires o de ciudades de Chile, a quienes se prometían importantes salarios, para que aceptasen trasladarse a esas tierras.
Luego de ese período de grandes movilizaciones, y cruentas resoluciones estatales-patronales, se inició una larga etapa en la cual no parecen registrarse conflictos de relevancia en la región magallánica y fueguina, aún menos en el territorio argentino de Tierra del Fuego. La escasa actividad económica, y la presencia de pocas ramas con relativa concentración laboral, implicaron un desincentivo a la creación de formaciones obreras que permaneciesen en el tiempo, desarrollando experiencias y tradiciones propias. La permanente migración, hacia y desde la isla, fue otro factor influyente para que las organizaciones sindicales tuviesen un carácter episódico.
Las actividades económicas claves eran la ganadería ovina, la maderera, el frigorífico y un pequeño sector pesquero. En total los establecimientos con relativo carácter “industrial” (eran, en verdad, de carácter manufacturero), no llegaba a integrar 800 personas de los 7.955 habitantes de Tierra del Fuego, según el censo de 1960. En esa época se iniciaron algunas transformaciones, a partir del impulso a la actividad petrolera (Gómez Lende, 2007). Se conformó la CGT16 y se generaron reclamos exigiendo el respeto al “sábado inglés”. La conducción sindical tenía relevante presencia de los trabajadores del puerto, agrupados en el SUPA, así como de militantes de UPCN,  ATE, SUPE y UOCRA.17 
Los años ‘80 generaron el crecimiento demográfico de Tierra del Fuego, apoyada por un Estado nacional que buscaba afianzar su soberanía en la región. La clave “geopolítica” era central, especialmente desde la Guerra de Malvinas y las tensiones con Chile.18 El poblamiento de la isla se relacionaba con la oferta de puestos de trabajo, originada en el decreto-ley 19640 de 1972 (sancionado por la dictadura comandada por Lanusse), creando una zona aduanera especial. Siguiendo un recorrido similar al del noreste de Chubut (y al que se puede rastrear en experiencias símiles, como la de Manaos en Brasil), la zona franca fue orientada hacia leyes de promoción industrial, más eficaces para promover la radicación de nueva población (Azpiazu y Nochteff, 1987).
Tal vez pretendiendo imitar lo que parecía un experimento exitoso en Manaos (Bekerman y Dulcich, 2017; Ramírez, 2010), la posterior dictadura argentina (1976-1983) incentivó la creación de un parque electrónico en Tierra del Fuego (Sánchez, 2018; Mussi y Rodríguez Cybulski, 2011). Se trató de un polo ensamblador de tecnología foránea, sin reprocesamiento de recursos naturales de la región y, por lo tanto, sin capacidad de establecer encadenamientos productivos locales (Nochteff, 1984, 1992), construir cadenas de valorización (Rocca, 2012: 80) o establecer relaciones con las ramas económicas tradicionales de la isla (Schorr y Porcelli, 2014; Grigera, 2011).
Veksler (2000), sostiene, de manera similar a lo observado para el noreste de Chubut, que la implantación del parque industrial subsidiado y la masiva llegada de población generó un quiebre en la historia obrera regional. A partir de allí se conformó una nueva clase obrera, que inauguró una etapa diferente en la historia del sindicalismo y de las luchas fueguinas. La línea divisoria entre el antes y el después es evidente, y dependió de una decisión estrictamente externa a la dinámica regional: “la instalación de armadurías fabriles en virtud de la promoción económica establecida por la Ley 19640”.19

El noroeste de Chubut y su transformación

A partir del desarrollo industrial y la generación de puestos de trabajo se produjo la masiva llegada de migrantes a la zona, y la región vivió un cambio acelerado. No es verdad que hasta allí no hubiesen existido conflictos u organización obrera: huelgas, movilizaciones, cortes de vías, boicots y otras acciones, habían marcado su historia (Pérez Álvarez, 2015). Eso se ocultaba, tras una falsa mirada que proyectaba una región sin conflictos. La llegada del polo de desarrollo se produjo, en parte, por dicho imaginario: su arribo, paradojalmente, demolerá todo sueño de un noreste chubutense sin confrontación.
A mediados de los ‘60 los obreros que se afincaban en la región comenzaron a desarrollar procesos de lucha y organización. Hacia 1966, durante la dictadura de Onganía, hubo acciones de trabajadores de la construcción por mejores salarios o el pago en término de los mismos.20 La Asociación Obrera Textil (AOT) regional, el sindicato de los obreros textiles, adhirió a la primera huelga general contra esa dictadura convocado por la CGT nacional.
En 1969 trece condenados por el Cordobazo fueron trasladados al penal de Rawson, considerado de máxima seguridad. Cinco gremios regionales conformaron una Comisión de Solidaridad, aunque la mayoría de esos sindicatos se inscribían en el “participacionismo” que apoyaba la dictadura. Por ello surgieron problemas en el vínculo: cuando el dirigente Agustín Tosco solicitó difundir una declaración denunciando las condiciones de detención, el referente de la CGT regional (Gilberto Hughes) prefirió remitir el pronunciamiento al jefe de policía.
Mientras la CGT se alineaba en esa postura, otros gremios avanzaban hacia posiciones más combativas: la UOCRA realizó una huelga solidaria con los trabajadores de El Chocón,21 en agosto de 1969. En 1970 ese sindicato se sumó a las huelgas nacionales de abril, octubre y noviembre, generando disputas con empresas locales. Reclamaban el respeto a la legislación laboral y el apoyo estatal contra los abusos empresariales, denunciando que no les pagaban salarios familiares, horas extras, días de enfermedad, aguinaldo y vacaciones.
La AOT se vio arrastrada a un largo conflicto por su base obrera, aunque su intención explícita era sostener una praxis colaboracionista. Más de 600 trabajadores fueron suspendidos por las textiles Tycora y Cualicrón, fábricas “pioneras” instaladas en Puerto Madryn (Pérez Álvarez, 2017). El sindicato formuló reclamos y convocó una huelga (de cierre de comercios) junto a la Cámara de Industria, dándole al conflicto un carácter regional. La dirigencia sostuvo el reclamo por vías institucionales y las empresas finalmente cerraron sin que se produjeran conflictos en la calle.
Hacia fines de 1970 integrantes del gremio municipal, de la construcción, transporte, administración pública y agrupaciones textiles opositoras, denunciaron la connivencia de algunos dirigentes sindicales con el gobierno, y reclamaron acciones de lucha. En noviembre de 1970 se realizaron elecciones en la CGT regional, expresándose la división del movimiento obrero. Logró más votos el sector que planteaba una postura combativa, pero la votación fue anulada por la dirección nacional y se impuso a la línea encabezada por Gilberto Hughes,22 de Luz y Fuerza, y Ayala, de la AOT.
A inicios de la década del ‘70 comenzó el proceso de organización de nuevos sindicatos en la administración pública. El SOYEAP23 enfrentó a la intervención del Estado provincial, que había congelado los salarios desde 1966. En 1971 los docentes se sumaron a algunas huelgas nacionales desde el Centro de Maestros del Valle del Chubut y la Asociación de Docentes Provinciales. Durante marzo de 1972 se formó el Sitravich,24 definido como “clasista” y basado en asambleas (Gatica, 2007).
El 2 de julio de 1971 trasladaron a Rawson las primeras presas políticas pertenecientes a organizaciones político-militares: fueron siete mujeres. La vida cotidiana de la región se alteró, avanzando en su creciente militarización. El gobierno creó una brigada especial de la policía provincial, extendiendo el espionaje sobre las personas que participaban en actividades políticas, estudiantiles, gremiales o culturales.25
Militantes de la región conformaron la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos y Sociales: ese grupo denunció que para el 29 de septiembre ya eran 84 los detenidos políticos en Rawson.26 Es fundamental destacar el sentido político de estas comisiones, que no se explica desde la suposición de que estas prácticas surgieron de la nada, de un pueblo “sin historia” que habría sido “despertado” por el arribo de los presos políticos: esa praxis fue viable por el acumulado de experiencias desarrolladas regionalmente (Binder, 2012).
A su vez se consolidaba la implantación de la industrialización subsidiada. En ese proceso se profundizó la división de tendencias dentro de la clase obrera: una, probablemente mayoritaria, buscaba acordar con el gobierno y presentaba sus demandas sectoriales en clave regional, pretendiendo articularlas con sus patronales. La otra postura proponía articular sus demandas a partir de una alianza entre fracciones obreras. Apoyándose en medidas de confrontación, sus reclamos apuntaron contra las patronales y el gobierno de turno. Esta línea centró sus demandas en clave laboral, en lugar de reclamar subsidios para los empresarios en pos del “crecimiento regional”.
Durante 1972 esas perspectivas fueron explicitadas. En Trelew y Rawson se consolidaron las prácticas colectivas en los barrios y aumentó su actividad política; el crecimiento de las ocupaciones de tierras era explosivo. Para finales del ‘72, más de 11.000 personas (casi un 40% de la población) se distribuían en 2.000 viviendas precarias, construidas en terrenos ocupados, que carecían de servicios básicos (Pérez Álvarez y Picolo, 2016).
A fines de abril el SOYEAP realizó una masiva movilización de empleados públicos, que fue reprimida por la policía provincial con chorros de agua y gas lacrimógeno. Los trabajadores sostuvieron el reclamo, hasta que los representantes sindicales fueron recibidos por el gobernador y se alcanzó un acuerdo. Tras esto el sindicato convocó su primera huelga en repudio al ataque sufrido, consiguiendo una alta adhesión.
El “Operativo vigilante”, se inició en la madrugada del 11 de octubre de 1972, cuando llegó al aeropuerto de Trelew un avión con miembros del V Cuerpo del Ejército (Pérez Álvarez y Picolo, 2016). Se allanaron más de 100 domicilios y fueron secuestradas dieciséis personas. Durante la mañana la emisora local difundió el “comunicado Nº 1”, en el que se informaba que “Esta actividad ha sido desarrollada para garantizar el orden y la tranquilidad pública de la comunidad de Trelew, que ha sido perturbada por la acción de elementos vinculados a actividades subversivas”. Grupos populares se empezaron a juntar en las calles: “En la esquina de San Martín y Pellegrini, a veinte pasos del Distrito Militar, una aglomeración de quince personas quiso marchar hacia el aeropuerto para forzar la liberación de los rehenes” (Martínez, 2009: 143).
Una hora más tarde los partidos políticos convocaron una reunión. Al mismo tiempo se inició una asamblea popular en el principal teatro de la ciudad, votando una huelga general para el viernes 13 de octubre (Binder, 2019). Los estudiantes realizaron un piquete en la entrada al Colegio Nacional, evitando que algunos profesores rompiesen la huelga. La CGT regional rechazó la medida de fuerza27 y tampoco adhirió a las acciones del 16, 20 y 27 de octubre. Sus dirigentes fueron acusados de delatar a las personas detenidas.
Se realizó una “Marcha del Silencio”, en homenaje a las madres de presos políticos. El lunes 16 el gobernador solicitó la libertad de los detenidos, temiendo por el nivel que había adquirido la rebelión popular: la dictadura liberó a diez de ellos. Por la noche se reunió la asamblea, con más de 3.000 asistentes, y aprobó continuar el reclamo por la liberación de todos. La manifestación “congregó a más de 4.000 personas que tomadas de la mano y en apretada caravana coreaban estribillos alusivos por la libertad de los detenidos”.28
Una nueva huelga general fue convocada para el día 20, mientras eran liberados otros cuatro detenidos. La asamblea continúo, aunque ya sin tanto dinamismo, hasta conquistar la libertad de Mario Abel Amaya, quien recién pudo regresar el 13 de noviembre. Fue recibido en el aeropuerto y trasladado hasta el Teatro Español en una gran caravana popular; allí tachó su propio nombre de la lista de detenidos: era el único que faltaba.
En el noreste de Chubut transcurría la historia, como siempre lo había hecho. Quizás el problema era que mucho de lo que sucedía era invisible, u ocultado, ante los ojos de represores y “extraños”. Como sostiene Scott (2000) develar esas redes ocultas suele explicar mucho más sobre la política del pueblo que aquello fácilmente visible.

La ruptura de la historia en Tierra del Fuego

Para el caso fueguino la investigación histórica ha relevado pocos hechos de conflictividad social en la etapa previa a la industrialización subsidiada. Sólo los conocidos conflictos que atravesaron la región magallánica, a ambos lados de la frontera, se constituyen como un antecedente de relevancia, ingresando luego en un aparente “sopor”, donde “Ni siquiera la irrupción del peronismo, con su proceso de sindicalización masiva, provocó modificaciones de importancia a ese perezoso devenir histórico fueguino”.29 No sólo era una región donde la historia no transcurría; en Tierra del Fuego la historia “dormía”.
Las primeras expresiones del “despertar” surgieron del comienzo de la actividad petrolera, en el norte fueguino. Durante la década del ‘60 la Compañía Petrolera Tennessee Argentina empezó a operar en esa región y eso provocó cambios económicos, entre ellos la provisión de gas a Río Grande y el aporte de regalías al gobierno territorial. Veksler afirma que en 1962 se produjeron los primeros reclamos gremiales, citando al dirigente petrolero Leonidas Grao:

ese tiempo le estábamos pidiendo que nos pagaran los viajes, las asignaciones familiares, y otros derechos más que se pagaban en otras partes y ellos no querían pagar. Se formó el sindicato (…) fue reconocido por el Ministerio de Trabajo y les mandamos los telegramas a los americanos con las listas de las comisiones internas.30

Como en  todo proceso de formación gremial hubo despidos, negociaciones y disputas, pero el sindicato logró construirse.
Algunos conflictos de relevancia surgieron al calor del regreso al régimen constitucional, hacia 1973. Ese año se realizó una importante huelga petrolera con reclamos de aumento salarial: alrededor de mil trabajadores movilizados lograron sus exigencias. Aún más relevante fue la ocupación de la fábrica de terciados C.A.M.I., en Tolhuin. Durante casi tres meses los obreros ocuparon la planta y la pusieron a producir bajo su control, reclamando conformar una cooperativa obrero-estatal. La medida surgió reclamando el atraso salarial, y un centenar de obreros –con más de un 80% de trabajadores de nacionalidad chilena– gestaron una experiencia que les permitió comprender que eran capaces de dirigir la planta, optimizando los índices de productividad, superando los problemas de excesivo consumo de alcohol y mejorando la habitualmente tensa relación entre argentinos y chilenos. Sin embargo el Ministerio de Trabajo no apoyó el reclamo, y los obreros fueron buscando otros empleos o aceptando las indemnizaciones.
La dictadura militar que se instauró en 1976 encontró, en Tierra del Fuego, un movimiento obrero aún débil pero en crecimiento. Estaba conformada la CGT y existían algunos gremios activos, como el SUPA, SUPE, Luz y Fuerza, Taxis, ASOEM,31 ATE. Durante la dictadura aún no hemos registrado hechos de relevancia: seguramente los avances en investigación evidenciarán algunos procesos.32 La reapertura constitucional de 1983 generó mayor activación sindical, volviendo a conformarse la CGT con un movimiento sindical en ascenso, al abrigo de la instalación de industrias subsidiadas.
Desde 1972 la transformación de Tierra del Fuego estaba en carpeta, pero hasta fines de esa década no se plasmó en la realidad. La dictadura de Lanusse instituyó franquicias fiscales y aduaneras para la isla (Cimillo y Roitter, 1989), eximiendo el pago de impuestos nacionales para promover su poblamiento, con argumentos vinculados a la soberanía y la seguridad nacional (Pérez Álvarez, 2016). Recién a fines del ‘70 e inicios del ‘80 comenzaron a instalarse plantas electrónicas, proceso que transformaría la región. Televisores, electrodomésticos e hilado de fibras artificiales, fueron las actividades implantadas, todas sin posibilidad de establecer vínculos con las ramas económicas tradicionales. Se promovió una industria incapaz de generar encadenamientos productivos locales, o de establecer cadenas de agregación de valor no dependientes de los estímulos fiscales (Filadoro, 2007).
Para mediados de los ‘80 ya se habían radicado 158 plantas, que empleaban casi 6.000 trabajadores directos y en blanco (Censo Económico, 1985; Roitter, 1987). Se produjo un crecimiento demográfico vertiginoso que construyó una nueva sociedad: el censo de 1970 registra 13.434 habitantes, una década después, 27.358 y casi 70.000 en 1991; es decir, se cuadruplicó la población en sólo dos décadas (González Passetti, 2014).
Los buenos salarios nominales, que se prometían para atraer mano de obra, no eran tan beneficiosos en términos relativos. Los altos costes de la canasta familiar, y los clásicos problemas de vivienda33 provocados en los polos de desarrollo (que planifican las ciudades para las industrias pero no para los trabajadores), generaban una sensación de injusticia al evidenciarse que la mejora de la calidad de vida sería más difícil de lo imaginado.
Es probable que ese enojo ante lo que se vivenciaba como una promesa incumplida y un hecho injusto (Andújar, 2016), fuese el motor para profundizar el conflicto. Allí ocurrió la verdadera mutación, la “irrupción de la historia”. La afluencia de trabajadores de diversas regiones del país y de Chile, que aportaron su experiencia política y sindical, transformó la región. Se consolidaron agrupaciones y entidades gremiales, impulsando acciones de lucha que adquirieron impacto nacional.
Durante 1982 se produjo una masiva movilización exigiendo la continuidad de la ley de promoción, cuando el ministro de economía nacional evaluaba modificar las exenciones impositivas. La reacción fue contundente, diversos sectores articularon sus reclamos en clave regional y de soberanía nacional, remitiendo en sus discursos a la importancia de poblar el territorio.
A pesar de ello, el reclamo cotidiano en la región era el salarial. Las medidas en una planta daban ejemplo a otras, y la experiencia se transmitía. La escasez de fuerza de trabajo, y la necesidad que tenían los empresarios de retener a los migrantes ya instalados, era un factor favorable a las demandas operarias. Obreros que llegaban con experiencia política y gremial (varios de ellos enviados por sus partidos para construir en la región) incentivaban la elección de delegados y la formación de comisiones internas y corrientes sindicales.
Durante octubre de 1983 se produjo una huelga por más de 20 días, que se extendió al conjunto de los metalúrgicos y logró la mayoría de sus reclamos. En las acciones tuvieron peso las asambleas y los delegados de base, elementos que desafiaban la conducción tradicional de la UOM.34 Tras ese proceso se conformó la UOM local, imponiéndose una intervención nacional que intentó derrotar esa perspectiva de un sindicalismo combativo.
Sin embargo la base obrera siguió actuando, pese a los límites que la estructura sindical pretendía imponer. En 1985 se tomó la fábrica Hitachi contra el despido de un operario, y la represión de la policía generó una masiva marcha de repudio. Durante 1986 se desarrolló una huelga metalúrgica, exigiendo aumento salarial y mejores condiciones en las fábricas. La reacción patronal, avalada por el Ministerio de Trabajo que había ilegalizado la medida, fue anunciar 700 despidos. Finalmente se llegó a una conciliación que frenó las cesantías.
El año 1988 fue clave. Los obreros de Río Grande ocuparon fábricas y realizaron marchas y huelgas reclamando la actualización de su convenio laboral. Se exigía triplicar el básico, sumando adicionales por zona desfavorable. Ese reclamo avanzó hasta la huelga por tiempo indeterminado desde el 11 de abril: las acciones fueron contundentes y lograron impacto nacional. El 19 de mayo una asamblea aprobó la propuesta patronal, que cumplía con casi todos los reclamos tras 40 días de lucha. Los ataques represivos fueron constantes, así como los anuncios de despidos; sin embargo las asambleas, la autodefensa y el activismo de base aparecieron como herramientas claves para sostener la unidad.
La mayor irrupción de masas en la isla se produjo en los ‘90, una vez superado el contexto de la Guerra Fría y en el nuevo marco de hegemonía neoliberal. Ciertas cronologías del conflicto social a nivel nacional (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2004) destacan al “Santiagazo” de fines de 1993 (Santucho, 2003) como inicio del ciclo de rebelión contra el neoliberalismo. Sin embargo la protesta de Semana Santa de 1995 en Tierra del Fuego, fue más bien olvidada por los estudios sobre el tema.35
La cruel represión que allí se descargó sobre los cuerpos obreros en rebeldía ya tenía antecedentes regionales. En 1992, por ejemplo, la policía reprimió a los trabajadores portuarios, que reclamaban el respeto al convenio colectivo. La sintonía con el Santiagazo –y con el conflicto de 1994 en ALUAR (Pérez Álvarez, 2011, 2019)– se evidencia al observar que el proceso que culminó en los hechos de abril del ‘95 comenzó durante mayo del ‘94.
Los obreros metalúrgicos de Ushuaia reclamaban la equiparación salarial con Río Grande, demanda que implicaba abonarles el triple del básico establecido por convenio nacional. La acción escaló desde un conflicto particular en una planta, que desató la solidaridad de la mayoría de las otras fábricas metalúrgicas; la respuesta del gobierno y la patronal fue profundizar la represión. Los operarios de Ushuaia y Río Grande reaccionaron con grandes movilizaciones: el intento de asustarlos fracasaba, y el pulso pasó a estar del lado obrero. Los empresarios amenazaron con más de 2.500 despidos, que constituía el virtual cierre del parque industrial, y la UOM ratificó las medidas de lucha. Las noticias adquirieron visibilidad nacional, en simultáneo con las sesiones de la Asamblea Constituyente que cerraba el contubernio entre Menem y Alfonsín (Cheresky, 1996). La patronal finalmente cedió ante la fuerza obrera y aceptó la mayoría de los reclamos.
Los sucesos de 1995 se conectan íntimamente con los del ‘94. Ante el aumento de los costes laborales, algunos empresarios aprovecharon la ausencia de control estatal para generar cierres fraudulentos, estafando a los obreros y el Estado. Fue el caso de Continental, ocupada por los trabajadores que reclamaban la continuidad laboral bajo control estatal. La respuesta, otra vez, fue la represión: el 11 de abril de 1995 se desalojó la fábrica.
Los manifestantes se dirigieron a Casa de Gobierno, donde se enfrentaron con la policía provincial, mientras los sindicatos convocaban a la huelga para el día siguiente. El enfrentamiento continuó frente a la jefatura policial, donde habían trasladado los detenidos. La policía debió retroceder frente a la ofensiva obrera, que avanzaba utilizando piedras y otros elementos de autodefensa. Algunos efectivos comenzaron a disparar con balas de plomo: el obrero Víctor Choque, de 32 años, fue asesinado por un balazo policial, siendo el primer muerto en una manifestación desde 1983.
El repudio recorrió el país; el velorio se constituyó en la movilización más grande de la historia regional, con unas 10.000 personas en una ciudad que apenas llegaba a los 40.000 habitantes. El crimen estatal profundizó el ciclo de rebelión: al otro día se convocó una huelga general nacional, por parte de la UOM, CTA y MTA.36
Los discursos de los gobernantes hicieron referencia a la supuesta región sin historia, la Tierra del Fuego apacible y sin sobresaltos, que desde su lugar de poder siempre habían supuesto. De repente, ante la irrupción de la clase obrera, la industrialización subsidiada parecía la culpable. El gobernador Estabillo expresó su dolor porque “mi Tierra del Fuego ha cambiado”. La promoción industrial habría traído un “engañoso bienestar a la isla”, generando “una trampa” y destruyendo “una tierra apacible” (Nieto, 2006: 85).
La industria había creado la clase obrera. Y la clase había destruido, con sus luchas, todos los diques de la historia fueguina, transformando también la historia nacional y avanzando en quebrar la hegemonía neoliberal.

Reflexiones finales

Los trabajadores de Tierra del Fuego y del noreste chubutense resquebrajaron, a través de su acción colectiva, la intención de construir modelos de sociedad donde la transformación social pareciese inviable. Esos proyectos eran propios de un diseño de país gobernado por dictaduras, que anclaban su política en la doctrina de seguridad nacional, en el marco del seguidismo a EE.UU. durante la Guerra Fría.
La organización y lucha obrera evidenció que, pese a los anhelos de los poderosos, la historia siempre ocurre: los hechos de 1972 en Trelew o de 1994-1995 en Ushuaia, pueden parecer una repentina irrupción de la historia en sitios donde “no pasaba nada” para el observador externo. En verdad eran resultado de una acumulación de experiencias en común, de redes enhebradas de manera oculta al poder, que se expresaron en esas rupturas.
El anhelo de implantar una sociedad totalmente diseñada desde arriba es un sueño clásico de las clases dominantes. Otra de sus quimeras es encontrar el final de la historia: ese momento a partir del cual no pasará más nada, y donde el orden social en el cual ellos son privilegiados pase a convertirse en permanente e incuestionable. El problema es que la historia no reconoce puntos finales: son los derrotados del momentáneo presente, quienes no permiten que se cancele la perspectiva de futuro. El aparente “vacío” histórico era una construcción ideológica de las élites, así como una expresión de la dificultad de las clases subalternas para irrumpir colectivamente y expresar sus demandas.
En el noreste del Chubut, luego de 1972 siguieron años de escasa conflictividad, donde el proyecto de un orden social sin grandes conflictos parecía, al menos coyunturalmente, exitoso. Tierra del Fuego fue un caso contrastante. La conformación de una clase obrera industrial joven y heterogénea, lejos de limitar su acción, potenció su dinámica. En el extremo sur de Argentina la sociedad pareció acostumbrarse a vivenciar formas de lucha y organización más combativas que las tradicionales en el resto del país. Ese nivel de conflictividad parece ser un rasgo que se mantiene hasta los años recientes. Un artículo que trabaja el período 2006-2012, destaca que “La Tierra del Fuego reciente tiene como uno de los rasgos distintivos, y que la caracteriza socialmente, la particularidad de contar con los niveles de conflictividad laboral más altos del país” (Oyarzo y Rebón, 2013: 20).
Cierro el artículo retomando un debate metodológico que clásicamente se nos plantea a quiénes investigamos cómo se conforman, destruyen y reconstruyen relaciones sociales en territorios no tradicionalmente abordados en Argentina; o sea, a quienes trabajamos en espacios extra pampeanos, asimilados a una supuesta “historia regional”, que sería una disciplina menor (o “auxiliar”) de la pretendida historia nacional.
Así una investigación que aborde las provincias del centro de Argentina, es asimilada sin demasiados debates como “nacional”. De hecho muchos estudios aceptados como parte del canon historiográfico de Argentina, son producciones “nacionales” que abordan procesos sociales desarrollados únicamente en la provincia o la ciudad de Buenos Aires.
Esta situación no es un simple discurso o una práctica retórica: hace a las configuraciones de poder cristalizadas en el desarrollo capitalista de Argentina. La centralidad económica de la región pampeana, y el peso clave de Buenos Aires en lo político, social e ideológico, se manifiestan en todos los ámbitos sociales, entre ellos en la producción historiográfica. Este sentido común historiográfico es parte de la configuración económica-social de Argentina, legitima esa situación y tiende a perpetuarla en el tiempo. Es tarea del conjunto de los cientistas sociales desmontarlo, develar lo oculto y construir conocimiento acerca de la totalidad del país, de las interrelaciones entre sus partes y de las síntesis contradictorias que se desarrollan.
Este trabajo muestra que la clase obrera argentina se compone de múltiples fracciones, y que una de esas complejidades clave es la regional: en cada región la clase se conformó de diferentes maneras y sufrió distintos procesos. En esos territorios donde supuestamente “no pasaba nada”, el accionar de los trabajadores transformó la historia nacional: el noreste del Chubut dando uno de los golpes claves a la dictadura de Lanusse, y Tierra del Fuego apedreando los espejismos de la hegemonía neoliberal.

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NOTAS

1 Las delimitaciones del territorio definido como “Patagonia Argentina” están en permanente debate. En general se define a Patagonia como el territorio integrado (contando desde el sur) por Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. Demarcaciones actuales integran también la provincia de La Pampa. Otras miradas suman al sur de Buenos Aires (López Pascual, 2016, 2017). En este artículo se analiza el territorio definido como ‘Patagonia Sur’, integrado por las tres provincias nombradas en primer término, las más alejadas del centro metropolitano del país y que sufren condiciones climáticas más extremas.

2 En particular me refiero aquí a la cúpula de las Fuerzas Armadas, cuyo poder se entrelazaba con el empresariado más concentrado. La instalación de estos proyectos se realizó durante un período de dictaduras militares o de gobiernos formalmente constitucionales pero condicionados por el poder militar.

3 El libro compilado por Beatriz Figallo Lascano (2018) presenta varios artículos que destacan esta relación; destacamos aquí los trabajos de Souza Ismara, Cerra y la misma Figallo Lascano.

4 Se trata de demarcar una tendencia, que no inhabilita la necesidad de adentrarse en estudios particulares que analicen la especificidad del abordaje que cada dictadura, o cada gobierno constitucional del período, dieron a sus proyectos para Patagonia (cf. Ruffini, 2007, 2014). La falta de atención a la propia historicidad regional fue una marca constitutiva de los diversos proyectos diagramados para transformar la región.

5 Wolf (2000) sostiene que son los grupos dominantes los que intentan dividir esa historia general para volverla opaca a la comprensión de los grupos subalternos. Por eso nuestra tarea es evidenciar que todas las sociedades se hallan inmersas en el decurso histórico: “Sólo entendiendo estos nombres como hatos de relaciones, y colocándolos de nuevo en el terreno del que fueron abstraídos, podremos esperar evitar inferencias engañosas y acrecentar nuestra comprensión” (Wolf, 2000: 15). Por su parte, Fontana (2002) destaca la exclusión de los pueblos no europeos de la historia universal, y la omisión de las mayorías, particularmente las mujeres y las clases subalternas, en la historia de cada país. Observamos que se pretendió construir una narrativa que presentaba a Patagonia por fuera del proceso histórico. De modo semejante a como Fontana critica la visión que muestra a sociedades de América, África o Asia, cual dormidas en el tiempo hasta que la colonización las introdujo en la modernización, esta región parecía sumergida hasta que un acontecimiento extrínseco la “despertó” a la historia.

6 Durante fines de los años ‘50 en el noreste de Chubut se formó la Comisión en Defensa de las Franquicias. En un pronunciamiento, que hacía eje en la necesidad de “poblar el enorme desierto”, como medida que “asegura la soberanía sobre el suelo”, se reclamaba “al pueblo de la Nación, que tenga paciencia y espere el fruto del experimento” (Diario Jornada, 22.07.1957, p. 3).

7 Es difícil citar trabajos que den cuenta de esta perspectiva, porque esa narrativa no se construyó en producciones historiográficas, sino a partir de un corpus más inabarcable y sistemático. Discursos de élites y autoridades políticas, expresiones de comunicadores sociales en medios masivos, declamaciones de autoridades educativas, etc. La escuela funcionó como difusor de esa perspectiva: en Chubut, durante la escuela primaria, se narra la “historia” provincial desde un texto titulado “Chubut: pura naturaleza”. Toda naturaleza, nada de sociedad: por tanto, nada de historia, menos aún de conflicto o lucha.

8 Hasta la publicación de Bayer (1974), estos hechos sólo eran resguardados en algunas tenaces memorias. La región sur de Santa Cruz, epicentro de esa dinámica, no recibió inversiones desarrollistas de relevancia, pese a las varias promesas y proyectos formulados en ese sentido (Luque et al., 2000).

9 Subregión integrada por los departamentos administrativos de Rawson y Biedma, de Chubut. Fue la zona con mayor desarrollo industrial, en las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Eran los puntos más cercanos al límite norte habilitado por la promoción impositiva, expresando la lógica expectativa de los empresarios privados de conseguir ganancias a corto plazo.

10 Su nominación formal es Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur e integra un territorio que incluye desde la Isla Grande de Tierra del Fuego al Polo Sur, incorporando a su jurisdicción nominal la Isla de los Estados, Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Península Antártica (cf. De Lasa y Luiz, 2015). Fue el último territorio nacional provincializado, en 1994 (de Antueno, 2015; Perren y Pérez Álvarez, 2011). Este trabajo aborda el territorio de la Isla Grande y, más específicamente, las ciudades de Ushuaia y Río Grande, núcleos de radicación de las industrias.

11 La idea de continuidad entre la función conquistadora de los cuarteles militares y la tarea que debían cumplir las industrias subsidiadas por el Estado, se sintetizaba en discursos, como el del Secretario de Turismo de la dictadura que comandaba Onganía, en su visita a la región: “Las industrias en la Patagonia, son como los fortines de Roca en el desierto, es decir atalayas del progreso y de la civilización, puntos de arranque para el desarrollo” (declaraciones de Rodolfo Baltiérrez, en Diario Jornada, 21.09.1971, p. 3).

12 Que ocupó ilegalmente la cúspide del Estado nacional argentino entre 1966 y 1971.

13 Diario Jornada, 14.04.1969. Mensaje desde la Casa de Gobierno de Rawson, por Radio Nacional.

14 Aunque era un segundo lugar alejado del centro tradicional: Chubut ocupó el segundo puesto en producción de medias (15%, contra 83% del área metropolitana), tejido de punto (11% contra un 81%) e hilado de fibras textiles (6,4% contra 76%). Datos de Cimillo (1985: 12-13).

15 Trabajados en Bayer (1974), Martinic (1988), Piado (2010), Arriagada (2010), Luque y Martínez (2005).

16 Confederación General del Trabajo.

17 Sindicato Unidos Portuarios Argentinos; Unión Personal Civil de la Nación; Asociación de Trabajadores del Estado; Sindicato Unido de Petroleros del Estado; Unión Obrera de la Construcción.

18 Así lo recordaba un entrevistado durante la investigación, Jorge Portel: “se inscribía en el marco geopolítico de la cultura militar que había que incrementar la población local para tener un posicionamiento distinto. En aquel momento los conflictos del poder son los que hoy también existen ¿no? o sea: los ingleses en Malvinas…, los chilenos acá en el contexto local ¿no?”.

19 En Veksler (2000); disponible en: [http://historiatdf.com.ar/rebeliones.htm], consultado el 25.03.2020. Una síntesis de las características de esa promoción industrial, actualizada hasta prácticamente el presente, en Garófalo (2004) y Sánchez (2018).

20 Ver Diario Jornada, 18.11.1966, citado por Binder (2012).

21 Importante hidroeléctrica que estaba en construcción en la provincia de Neuquén.

22 Hughes, quien fuera dirigente sindical de la Unión Ferroviaria y de la CGT en el período previo, ahora seguía siéndolo desde su nueva inserción laboral como empleado de la Cooperativa Eléctrica de Gaiman y afiliado de Luz y Fuerza. Ayala, de la AOT, se había formado junto a él y sería consecuente con su práctica colaboracionista y de buscar acuerdos con el gobierno y las patronales.

23 Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública.

24 Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (cf. Gatica 2007).

25 Como lo denuncia el Partido Justicialista en un comunicado (Diario Jornada, 01.10.1971, p. 9).

26 Diario Jornada, 30.09.1971, p. 8.

27 Firman: Cesar Ubaldo Ayala (AOT), subdelegado regional y Gilberto Hughes (LyF), delegado regional. (Diario Jornada, 13.10.1972, p. 9).

28 Diario El Chubut, 17.10.1972, p. 9.

29 Veksler (2000); disponible en: [http://historiatdf.com.ar/rebeliones.htm], consultado el 27.03.2020.

30 Ibíd.

31 Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales.

32 “Cabe mencionar que la violación a los derechos humanos no está debidamente estudiada en Tierra del Fuego, de hecho, encontramos una ausencia plena en términos académicos de este segmento de la historia reciente” (Hermida, 2018: 69).

33 Afirma Gómez Lende (2007: 7): “La expansión demográfica implicó serios problemas sociales y ambientales ligados a un crecimiento urbano planificado por el mercado. La contaminación, el hacinamiento, los derrumbes y la erosión se transformaron en fenómenos vinculados a la radicación masiva de población y la valorización y especulación inmobiliaria crecientes”. Cf. Hermida (2013).

34 Unión Obrera Metalúrgica, agrupa a los obreros de las industrias procesadoras de productos metálicos.

35 La conexión la destaca un entrevistado, Horacio Catena, que en esos años era obrero metalúrgico: “Fue la primer lucha después del “santiagueñazo” que instaló los piquetes nuevamente, con un cuerpo de delegados muy joven, muy joven. Yo tenía veinticuatro años”, destacando el avance que conquistó ese proceso de lucha: “Para mí fue un salto cualitativo. Fue el primer aumento salarial que se le saca al Plan Cavallo”.

36 Central de Trabajadores de la Argentina y Movimiento de los Trabajadores Argentinos, ambos agrupamientos sindicales desgajados de la CGT.

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