Por otro lado, es imposible soslayar la influencia de la cultura en la conformación de las percepciones y los conceptos de seguridad, una evidencia reconocida incluso por el pensamiento realista, resultando claves en este punto los enfoques de Katzenstein, ver- tidos en trabajos individuales o en obras colectivas, sobre los determinantes de la política de seguridad de un Estado (Katzenstein, 1996; Jepperson, Wendt & Katzenstein, 1996) Una trascendencia no menor tuvo la identificación y comprensión de los procesos de “securitización”, que remiten al modo en que los temas ingresan a -y egresan de- las agendas de seguridad y se interrogan sobre el rol que desempeñan en este marco los actos discursivos gubernamentales (Waever, 1999)
La cuestión de los actos discursivos estatales y sus efectos en la conformación de las realidades de seguridad, son cuestiones susceptibles de ser abordadas también desde otras perspectivas analíticas. Una de ellas es la que constituye los “estudios críticos de seguridad” (CSS) a los que alude Buzan, específicamente en su corriente danesa o Escuela de Copenhagen, donde Waever sería una figura referencial (Krause y Williams, 1997) Por otro lado, el enfoque anglosajón también conocido como Escuela Galesa, donde se des- taca Booth, se aproxima al tema denunciando el carácter perimido de lo que él considera una visión ortodoxa basada en un trípode de “S” (en inglés): Estado como actor, Estabili- dad como tema central (en referencia a la promoción de orden en un ambiente jerárqui- co) y Estrategia en alusión al empleo del instrumento militar. Frente a la obsolescencia de esa perspectiva cobra valor la idea de “emancipación”, entendida como la liberación del individuo de las limitaciones físicas y sociales que le impiden hacer lo que elija hacer. Las preguntas que derivan de este planteo son cruciales: ¿Por qué existe determinada visión sobre seguridad? ¿A quién beneficia? ¿Qué ideologías o intereses sectoriales están  detrás de los discursos de seguridad? (Krause y Williams, 1997)
Otra perspectiva analítica que enfocó de lleno en los actos discursivos, en materia de seguridad, es el Posestructuralismo, sea con ese nombre o en un marco más amplio  de Posmodernismo. Desde un abordaje postestructuralista se subraya que las ideas (en tanto creencias, principios y actitudes que adquieren su sentido en los juegos del lengua- je en los cuales están articuladas) juegan un rol central en la construcción de “imagina- rios políticos y sociales” que guían el pensar y ordenan racionalmente el mundo. Aplicado esto al tema que aquí nos ocupa: ¿Quién establece lo que es aceptable o no aceptable, justo o injusto, conveniente o inconveniente en materia de seguridad? (Moriconi Bece- rra, 2013) Por otro lado, los discursos intensivos en materia de seguridad, aun con las mejores intenciones, pueden generar el efecto contrario entre sus destinatarios; es decir, mayor inseguridad, expresada tanto como un miedo al futuro que bloquea las capacida- des y actividades de los individuos, como un sentimiento que limita sus actitudes y apti- tudes (Kernic, 2008) Frente a este cuadro de situación, se propone un “volver a pensar” carente de preconceptos, ideas apriorísticas o axiomatizadas, y hábitos experienciales (Moriconi Becerra, 2013) Dicho de otra manera, reflexionar nuevamente sobre las cues- tiones de seguridad de manera creativa y libre de influencias exógenas.
Accesoriamente a lo planteado hasta aquí, los postulados constructivistas han tenido un importante efecto que no se circunscribe a las cuestiones de seguridad, siendo extensivo a todas las áreas de las Relaciones Internacionales. Esa consecuencia consiste en la erosión de cierto monopolio de las naciones centrales en lo relativo a producción teórica, facilitando la aparición de visiones alternativas, surgidas en otros contextos cul- turales,  políticos y  sociales  (Tickner,  2011; Acharia,  2008; Saint Pierre,  2013) Un  claro ejemplo en este sentido lo proporciona Ayoob (1997) al indicar que la definición tradicio- nal de seguridad con fuerte sesgo teórico realista carece de aplicabilidad para una vasta cantidad de naciones periféricas (“subalternas”, en sus términos); en esos lugares, alega el teórico, la seguridad se define en relación a las vulnerabilidades internas y externas que amenazan, o pueden amenazar, con debilitar significativamente las instituciones estatales o su presencia territorial. Esas vulnerabilidades, por su parte, se vinculan con diversos factores, entre ellos la legitimidad gubernamental a ojos de la sociedad, la co- hesión social y los medios de coerción a disposición del Estado, entre otros.
La vinculación del constructivismo con la Seguridad Humana mencionada en párra- fos precedentes se comprende a partir de la aparición de nuevos conceptos y abordajes que esa perspectiva teórica fomenta, o por lo menos facilita. Desde su aparición en el marco de la ONU, concretamente en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro- llo (PNUD), a partir del presente siglo la Seguridad Humana ha evolucionado desde su versión original con foco en el desarrollo, enfatizando en la seguridad contra amenazas crónicas y en la protección contra alteraciones súbitas del modo de vida, hacia perspecti- vas más vinculadas con amenazas violentas y la relativamente novedosa -y controvertida- idea de “responsabilidad de proteger”, popularizada con el acrónimo R2P (Fuentes y Rojas Aravena, 2005) Un ejemplo de estas lecturas se encuentra en los análisis sobre la cantidad de decesos por desnutrición (seguridad alimentaria) y enfermedades (seguridad sanitaria) registrados en Irak luego de las sanciones económicas aplicadas por la comuni- dad internacional a Irak, tras la Guerra del Golfo de 1990-1991 (Achcar, 2007). Con senti- do prescriptivo, se han enunciado principios de Seguridad Humana para regular los pro- cesos de resolución de conflictos armados, desarme, desmovilización y reconstrucción de instituciones políticas (Kaldor, 2002)
La primera perspectiva de la Seguridad Humana también ha registrado avances con el paso del tiempo, entendiendo que los nuevos elementos de inseguridad que afectan a las personas requieren de un enfoque integrado. En esa línea, propone una doble estra- tegia de protección y potenciación de los individuos, particularmente en ciertas áreas críticas: población inocente en conflictos violentos; migrantes y desplazados; inseguridad económica; salud y educación (Fuentes y Rojas Aravena, 2005) Algunas perspectivas (Querejazu Escobari, 2011) han elevado a la Seguridad Humana a la categoría de “núcleo de la gobernanza global” que se procura, basada en el desarrollo sustentable, el respeto  a los Derechos Humanos y las libertades individuales, la equidad social y la preservación ambiental. Sin embargo, como ha indicado correctamente Rivera Vélez (2008), este con- cepto padece una perniciosa “pretensión holística” que afecta negativamente su solidez  y dificulta su puesta en práctica para la obtención de resultados concretos.
En todo caso, la Seguridad Humana no es el único concepto de relevancia que sur- gió al calor del impulso constructivista. Puede mencionarse también el de Seguridad Democrática, que incluso podría ser considerado una derivación del primero (específica- mente de los enfoques denominados seguridad política, seguridad comunitaria y seguri- dad personal), si se tiene en cuenta que también fue definido por el PNUD apenas un lustro más tarde que su predecesor (Mora, 2008) Imposible omitir en este punto la idea de Seguridad Multidimensional, surgida en el marco de la declaración de Bridgetown de la Organización de Estados Americanos (OEA) del año 2002 y consagrada como enfoque común del hemisferio americano en la Conferencia Especial de Seguridad celebrada por el mencionado organismo en México un año más tarde; tanto la interpretación de sus contenidos -de por sí amplios- como su traducción en doctrinas en los respectivos países han sido y continúan siendo objeto de profundas controversias, existiendo versiones críticas que plantean los inconvenientes de excesivas “securitizaciones” y, sobre todo, un empleo del instrumento militar en cuestiones de índole policial (Celi, 2015)
En este escueto repaso del impacto que tuvieron en el campo de la Seguridad In- ternacional las novedades registradas en el campo teórico de las Relaciones Internacio- nales a partir de principios de los años setenta, no puede excluirse una mención al Pos- modernismo. Junto con el Constructivismo, se encuentra en la perspectiva conocida como Reflectivismo, donde se ubican los abordajes teóricos no tradicionales. Aunque en ciertas circunstancias los ya mencionados enfoques postestructuralistas suelen ser asimi- lados a los planteos posmodernistas, estos últimos trascienden a los primeros a partir de su rasgo distintivo: la crítica al Estado, símbolo de la modernidad, como sujeto y objeto de la seguridad.
Consecuentemente, se pone en tela de juicio la suficiencia de la cartografía política tradicional de matriz westfaliana para explicar de manera efectiva el panorama de la Seguridad Internacional contemporánea; en cambio, se proponen nuevos conceptos y heterodoxas categorías de análisis geográfico, entendiendo que pueden describir y expli- car de mejor manera aspectos específicos del estado de cosas actual, o al menos com- plementar las perspectivas tradicionales (Bartolomé, 2016) Los abordajes novedosos a  los que hemos aludido, más allá de su heterogeneidad, coinciden en plantear cierta dilu- ción de las distinciones tajantes entre interior y exterior, como lo explicita Cooper (2000), siendo que: “hay amenazas sin fronteras y fronteras sin amenazas” (Aznar, 2012, p. 165)
Es decir, no se soslaya ni subestima la geografía, que mantiene una importancia nodal: “aún en la era de los misiles intercontinentales y las bombas nucleares” (Kaplan, 2012, p. 34), aunque se evita limitar su análisis al prisma westfaliano. Trabajos recientes indican que tras el fin de la Guerra Fría un sector de la comunidad académica perdió cierto respeto por la geografía debido a la caída del Muro de Berlín, un borde artificial que indujo a creer que los condicionantes geográficos son efímeros y consecuentemente, superables; tras un breve lapso de vigencia esta concepción naïve de la política interna- cional, que se ha asociado con influencias teóricas liberales, ha dado paso a una etapa en la cual se le concede un nuevo respeto a los mapas (Kaplan, 2012) Además, se le ha re- cordado a los cándidos que la geografía es una parte fundamental tanto del por qué  como del qué de las Relaciones Internacionales, sobre todo en materia de seguridad, agregando que en el siglo XXI la mayoría de los factores geográficos que ayudaron a moldear la historia continuarán incidiendo en el futuro de la política internacional (Mars- hall, 2017)
En esta línea de corte reivindicatorio se inscriben, por citar un caso, los alegatos en torno a la llegada de un “siglo de naciones” provocada por el fracaso de la implementa- ción de un “siglo (norte)americano”, novedad que devuelve todo su sentido a la noción de soberanía estatal (Sapir, 2008) Por otro lado, esas naciones soberanas, en función de sus intereses y capacidades -éstas últimas fluctuantes-, procurarán acceder a nuevos posicionamientos en el tablero internacional o consolidar los lugares ya obtenidos, habili- tando reediciones de la tradicional “Trampa de Tucídides” en términos de potencias revisionistas y “statusquoistas” (Losurdo, 2016) Como telón de fondo, todos esos actores deberán funcionar en un contexto caracterizado por el incremento poblacional y la re- ducción de los recursos naturales (en especial recursos energéticos), cuyo control será uno de los ejes claves de la diplomacia, e incluso una de las principales causas de conflic- tos armados interestatales, condición similar a la registrada a fines del siglo XIX (Gray, 2004; Klare, 2001)
Vale aclarar que cualquier revisión de los criterios cartográficos vigentes impacta  de manera directa en el campo de la geopolítica, siendo que -a grandes rasgos- ésta se centra en los modos en que las Relaciones Internacionales se definen en función de los factores geográficos (Marshall, 2017) Específicamente en materia de seguridad, la geo- política se vincula de forma directa y constante con la evolución de los conflictos arma- dos intra e interestatales, ya que a través de ellos se definen las fronteras territoriales y las soberanías nacionales (Pastor, 2005) La revisión en cuestión viene de la mano de las lecturas geopolíticas tipificadas como “críticas”, que trascienden la matriz estatal y las políticas de poder distintivas de la geopolítica clásica, alcanzando de esa manera temas de análisis otrora soslayados, donde campean actores no estatales y dinámicas transna- cionales; ejemplo paradigmático de lo antedicho es el abordaje geopolítico de la crimina- lidad organizada (Labrousse, 2011) o al terrorismo salafista (Martin, 2015; Larroque, 2016)
En esta reflexión sobre la dimensión espacial de las cuestiones de seguridad, ad- quiere una importancia capital el fenómeno de la globalización. La globalización incide profundamente en el campo de la Seguridad Internacional, sin que deba ser considerada una amenaza en sí misma, como ha llegado a plantearse. Como ya hemos considerado (Bartolomé, 2016), sería más correcto entenderla como un “potenciador” (IEEE, 2013) o “conductor” (Williams, 2013) de otras amenazas o riesgos, tal cual lo son el cambio climático, la urbanización descontrolada o la proliferación de ideologías radicales, entre otros. Es interesante en este sentido el enfoque de Keohane respecto a la “globalización de la violencia informal”, indicando la necesaria revisión de una forma obsoleta de en- tender la seguridad, enmarcada únicamente en ámbitos geográficos estáticos; agrega este teórico institucionalista que la globalización de la violencia informal no es estricta- mente novedosa, aunque se potenció enormemente con el abaratamiento de los costos de transporte y comunicaciones, facilitando que el territorio deje de ser concebido como un límite natural, para ser asimilado como una plataforma de proyección (Sánchez Ca- barcas, 2011)
Hay otros efectos indirectos de la globalización en el campo de la seguridad, más allá de la referida potenciación de amenazas transnacionales. Eventos muy lejanos pue- den incidir de manera inmediata en cualquier área del mundo, a la vez que cuestiones locales adquieren rápidamente repercusión internacional (Rojas Aravena, 2011) Además, la globalización incide en el empoderamiento de algunos actores y el debilitamiento de otros; en la influencia en rivalidades tradicionales; y en la generación de profundos cam- bios políticos, económicos y sociales susceptibles de derivar -a través de rechazos y resis- tencias- en cuadros de violencia e ingobernabilidad (Lutes, Bunn y Flanagan, 2008)

Hoy la Seguridad Internacional ha dejado atrás su enfoque tradicional, de aristas westfaliana y clausewitziana, ampliando sus contenidos como correlato directo de los impactos recibidos desde la Teoría de las Relaciones Internacionales. En este contexto, numerosas y heterogéneas cuestiones integran su agenda, por demás dinámica. A tal punto es amplia y heterogénea la agenda de la Seguridad Internacional contemporánea, que diferentes estudiosos proponen novedosos conceptos para describirla y explicarla, sirviendo como ejemplos las ideas de “inseguridad difusa” (Méndez Gutiérrez del Valle, 2011) e “incertidumbre estratégica” (Tello, 2010) En este contexto, entre los temas que se destacan por su importancia, en un breve listado que no pretende en modo alguno ser exhaustivo, consideramos la solidez institucional del Estado, las mal llamadas “nuevas amenazas”, la legitimidad de las intervenciones armadas individuales o colectivas, y la fisonomía de los conflictos armados actuales. Debido a que en trabajos recientes nos hemos concentrado especialmente en esta última cuestión (Bartolomé, 2017), en este caso repararemos en las tres primeras.
Se ha alegado que la solidez de los Estados modernos está en crisis, producto de la interacción de diferentes factores, entre ellos la emergencia de nuevos actores, en un contexto de globalización; el avance de procesos de descentralización política; el fortale- cimiento de entidades políticas supraestatales¸finalmente, el resurgimiento de particula- rismos identitarios (Méndez Gutiérrez del Valle, 2011) En términos de seguridad, la refe- rida solidez estatal está asociada a la caída sostenida de los niveles de gobernabilidad, que en determinado punto afectan negativamente el control efectivo del territorio y el monopolio de la violencia, sendos atributos básicos del Estado moderno en términos weberianos. Las primeras conceptualizaciones en torno a la remanida figura de “Estado Fallido”, surgida en las postrimerías del siglo pasado, abordaron esas situaciones, aunque luego cedieron frente a otros conceptos más flexibles y menos controversiales (Zapata Callejas, 2014) Así cobra relevancia la idea de “Estados débiles”, que en la lectura de Sohr (2000) pueden dividirse además en “Cuasi-Estados” y “Estados Ficticios”, y que en visio- nes más avanzadas guardan estrecho vínculo con indicadores de naturaleza económica, política, social y de seguridad (Rice & Patrick, 2008). La idea de “Estados Fracasados” es ambigua, fluctuando desde el derrumbe del gobierno central y la eclosión de enfrenta- mientos armados internos, para Hobsbawn (2006), hasta cuadros más complejos que involucran mayor cantidad de factores, para Holsti (citado en Aznar, 2012) A su turno, la pérdida de control de territorio por parte de la autoridad estatal ocupa un lugar nodal en las respectivas nociones de “Estados Frágiles” de Woodward (2006) y Kaldor (2002), aunque la teórica británica también repara en el empleo del aparato estatal por parte de las élites en beneficio propio, ignorando el interés público.
De esta manera Estados con debilidad extrema, fracasados o frágiles, aun sin pre- tenderlo, pueden servir como asiento de contrapoderes o “soberanías privadas” que se oponen a la soberanía estatal (Joxe, 2003), al carecer de poder efectivo para impedirlo. Esta situación se verifica actualmente con las organizaciones terroristas, agravando ese flagelo (Brito Gonçalvez & Reis, 2017) Un efecto semejante se registra con la criminalidad organizada, cuyo surgimiento se ve favorecido por entornos sociales y espacios geográfi- cos donde los Estados no cumplen con cierta eficacia algunas de sus funciones; en esos contextos, los criminales sustituyen al aparato estatal en el cumplimiento de esas funcio- nes, siendo usual que esa usurpación de funciones se extienda a otras áreas (De la Corte Ibañez y Giménez Salinas, 2015) Las organizaciones criminales despliegan “mecanismos de dominación social”, incluyendo la regulación de la violencia y la imposición de orden, que el Estado tácitamente puede tolerar, sea por el costo que tendría su intervención directa, por la incapacidad real para hacerlo, o incluso por el rechazo popular que podría generar su intromisión (Duncan, 2015) Como agravante de las situaciones descriptas, el asentamiento de organizaciones terroristas o criminales en el espacio geográfico de un Estado con debilidad extrema, fracasado o frágil promueve otro importante debate en términos de Derecho Internacional, en torno al grado de responsabilidades que le asiste al aparato estatal en cuestión, respecto a los territorios que no controla (Valasek, 2003)
En una retroalimentación negativa que conforma un círculo vicioso, la aparición y consolidación de la criminalidad conlleva erosiones adicionales a la gobernabilidad, por vía de la corrupción. En este punto, la afectación de las estructuras públicas a través de procesos de criminalización deriva en situaciones de “captura del Estado” en las cuales la organización criminal extiende su influencia corruptora sobre buena parte de la clase política, condicionando la formulación, interpretación y aplicación de las normas. En el caso específico de las drogas ilegales, el caso extremo de los procesos de criminalización exitosos es el de los llamados “narcoestados”, en los cuales la economía del país depende básicamente de los ingresos procedentes de las actividades criminales en su territorio  (De la Corte Ibañez y Gimenez Salinas, 2015)
Junto con el terrorismo y la criminalidad organizada, la eclosión de conflictos ar- mados también se ve favorecida por la extrema debilidad o fragilidad del Estado, o su virtual fracaso. Lejos de explicaciones lineales, una hipótesis de trabajo en este sentido postula que en países sin estructuras estatales robustas y estables, no se observan élites políticas eficaces y transparentes que no intenten valerse de los medios a su alcance para incrementar su poder y riqueza personal, sea accediendo al aparato estatal u oponiéndo- se al mismo; a tal efecto, utilizan recursos ideológicos con los que explotan clivajes cultu- rales, para conseguir seguidores y movilizar apoyos. En otros términos, una amalgama de codicia y ansias de poder, discurso ideológico y líneas divisorias étnicas y religiosas que se transforman en “líneas de ruptura” que separan amigos y enemigos, todo esto facilitado por la debilidad estatal (Műnkler, 2005)
En la etapa que Hobsbawn tipifica como el “segundo brote de barbarie” del siglo XX, correspondiente a los hechos de violencia y contraviolencia que signaron las últimas dos décadas de esa centuria, la desorganización civil y el derrumbe de los aparatos esta- tales fomentaron el incremento de la violencia, en clave cultural, particularmente étnica y confesional, derivando incluso en matanzas y genocidios sistemáticos (Hobsbawn, 2006) No es casual que un autor europeo apele al concepto de “guerras de caos” para referirse al grado de violencia que se observa en los conflictos armados resultantes de la ausencia de autoridad central, con proliferación de actores no estatales que persiguen metas criminales, políticas o religiosas, en los cuales la inseguridad lleva a la población a procurar protección al abrigo de identidades primarias, como las religiosas y étnicas (Dos Santos, 2016)
La cuestión de la legitimidad de las intervenciones armadas, unilaterales o colecti- vas, adquiere un lugar prioritario. Esta importancia comienza a configurarse entre fines del siglo pasado, cuando la OTAN interviene en Kosovo, y el trienio que comprende a los atentados terroristas del 11S y las ulteriores operaciones militares en Afganistán e Irak. Precisamente ambos eventos, los de 1998 y 2001-2003, volvieron a poner sobre el tapete la cuestión de las llamadas “guerras justas”. En esa controversia se perfilaron con cierta nitidez dos posiciones, la estadounidense que pretendía una flexibilización del Derecho Internacional y las instituciones existentes en la materia, que le garanticen un margen de acción más amplio para el empleo del poder, y la europea menos proclive al cambio, desde el momento en que le atribuye a ese Derecho Internacional e instituciones su éxito tras la Segunda Guerra mundial, entendiendo que un debilitamiento de ellas podría facili- tar el resurgimiento de pujas de poder en sus áreas de interés (Valasek, 2003)
En una actualización de sus postulados casi tres décadas después de su primera versión (1977), Walzer ha alegado que la doctrina de la Guerra Justa no defiende ninguna guerra en concreto ni renuncia al acto bélico en sí mismo, sino que plantea que existen guerras que sí se pueden librar y hay Estados que efectivamente contemplan el empleo de la fuerza; de cara a esa situación, urge actualizar el cómo y el cuándo, para incorporar nuevos formatos y desafíos (Walzer, 2004) Los contrapuntos en torno a estas cuestiones son enormes. Walzer admite que una guerra librada contra la amenaza terrorista técni- camente podría tipificarse como justa aa; otros autores subrayan que cada vez más el terrorismo se aproxima en intensidad a una guerra, justificando y tornando legales accio- nes militares de Estados que en otras épocas hubieran sido inaceptables (Brito Gonçalvez & Reis, 2017) Esta lectura registra importantes coincidencias con los planteos en torno a un “cambio de escala” del terrorismo y la guerra contemporánea, en términos de violen- cia, que se describirán más adelante (vide infra)
Contrario sensu, se han tomado en consideración las acciones libradas por Estados Unidos en el marco de la llamada Guerra contra el Terrorismo para rechazar empleos del poder militar basados en actitudes unilateralistas justificadas en presuntos excepciona- lismos, que se racionalizan en términos de independencia y soberanía nacional (Barber, 2004) Una tercera postura, no acepta el concepto de Guerra contra el Terrorismo, inde- pendientemente de la identidad de sus protagonistas, postura que inhibe considerar a esa conducta como justa; por ejemplo, se ha tildado a esa presunta guerra como una expresión metafórica, siendo que el enemigo no está en condiciones de generar una derrota (Hobsbawn, 2006), o como la asunción schmittiana de “guerra como estado (de cosas)”, una contienda permanente e indefinida en la cual el enemigo existe aunque hayan cesado las hostilidades y las operaciones militares (Pastor, 2005) Talal Asad (2008) incluso pone en tela de juicio la eventual superioridad moral de determinadas guerras frente al fenómeno terrorista, concluyendo que la idea de “guerra justa” es utilizada por Estados victoriosos para justificar su propio comportamiento; entre sus argumentos, desarrolla la idea de “escala de crueldad” según la cual la generación de muerte a civiles, la destrucción de áreas urbanas y la ruptura de la vida cotidiana generada por el Estado suele superar a la provocada por el terrorismo.
En cualquier caso, el terrorismo configura una amenaza concreta. El debate en tor- no a la legitimidad de las intervenciones armadas se torna aún más agudo en situaciones donde no se registra una amenaza externa tangible, sino en todo caso un cuadro de inestabilidad externa -a la fuente de intervención- que podría eventualmente afectar la estabilidad interna, globalización e interdependencia mediante. En esta línea, el empleo del instrumento militar podría evitar que problemas externos se transformen en inter- nos, lo cual implica un desplazamiento del concepto defensa en favor del concepto pro- tección (Joxe, 2003) Inevitablemente la cuestión deriva en los ataques armados de tipo preemptivo, o anticipatorio, que -al contrario de los ataques preventivos- no pueden ser interpretados como una necesidad imperiosa de autodefensa dirigida contra amenazas directas, inmediatas y específicas (Fontenla Ballesta, 2007)
La legitimidad  de las intervenciones   armadas,  unilaterales  o  colectivas,  también
tiene vínculo directo con la ya mencionada y controvertida idea de “responsabilidad de proteger” (R2P), según la cual los Estados soberanos tienen la responsabilidad de prote- ger a sus ciudadanos de catástrofes -naturales o antropogénicas- evitables; en caso de no hacerlo, la comunidad internacional debe ejercer ese derecho (Fuentes y Rojas Aravena, 2005) Ese ejercicio adopta la forma de una intervención humanitaria que encuentra su primer caso paradigmático en la Operación Fuerza Aliada desarrollada por la OTAN (sin resolución de respaldo de Naciones Unidas) en Kosovo, donde el móvil fue proteger los derechos de una minoría étnica y su persecución sistemática, imponiendo el respeto a los Derechos Humanos, entendiendo que la comunidad internacional no puede permanecer impasible frente a una limpieza étnica que tiene la capacidad de detener (Sohr, 2000) De acuerdo a ciertas perspectivas críticas, la génesis de esta lectura remite a la aparición del concepto de enlargement de la mano de Anthony Lake que, en sus criterios de discrimi- nación del espacio internacional, incluye regiones en crisis donde debe implementarse la ayuda humanitaria, como antesala de un posterior arraigo de la democracia y el sistema económico de libre mercado (Joxe, 2003) Versiones escépticas alertan que las operacio- nes humanitarias y la R2P podrían configurar el formato a través del cual determinados actores dotados de las capacidades necesarias, intenten expandir su modelo -o realizar una “promoción de estabilidad” en áreas donde tienen intereses, en un esquema de Seguridad Cooperativa (Cohen, 2001)-, decidiendo cuándo y cómo aplicar las resolucio- nes de Naciones Unidas, o incluso actuando sin ellas. “Quién nos protege de la Responsa- bilidad de Proteger?”, plantea Losurdo (2016, p. 353) a modo de corolario.
En relación a las llamadas “nuevas amenazas” debe decirse que no existe consenso
en cuanto a cuáles son exactamente los alcances del concepto. Algunas lecturas erróneas entienden que las nuevas amenazas tienen que ver con un discurso que surge en Estados Unidos para el disciplinamiento geopolítico de América Latina (Ramos, 2015) En realidad, su origen remite a la Comisión Palme y su referencia a cuestiones no necesariamente nuevas que se añaden a las amenazas tradicionales de la época de la Guerra Fría y que son vistas a través del prisma de seguridad (Kalil Mathias, 2015; Saint Pierre, 2013) En esta línea de pensamiento, en las últimas décadas ciertas amenazas han sido profunda- mente transformadas por diferentes factores, entre ellos la citada globalización. A modo de ejemplo, se indica que en otras épocas las amenazas a la seguridad eran estáticas, predecibles, homogéneas, con cierta rigidez y resistentes al cambio; hoy, en cambio, se caracterizan por su dinamismo, su cambio constante, su operación en red y la escasa predictibilidad que proporcionan (Schreier, 2009)
Producto de la vaguedad conceptual imperante, las jerarquizaciones en este campo abundan y presentan importantes diferencias entre sí. En lo personal, consideramos particularmente relevantes al terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva (ADMs) y el conjunto de cuestiones que suelen englobarse vaga- mente como “ciberamenazas” o incluso “ciberguerra”. En este último caso, a partir de la adaptación de los postulados de una especialista en este campo, la referencia apunta a tipos de conflictos en los que el ciberespacio es el campo de batalla, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) constituyen la principal arma, las Infraestructuras Críticas4 son particularmente vulnerables y, finalmente, cuentan con ventaja las es- tructuras en red (Quintana, 2016) En este sentido, no sólo se ha vuelto estratégicamente relevante el ciberespacio, sino que se evidencia la perentoria necesidad de un nuevo cuerpo de teorías y doctrinas estratégicas que se refieran a la forma y el grado de res- puestas “cinéticas” a los ataques virtuales (Kissinger, 2016)
En cuanto a los otros tres fenómenos mencionados, han sido caratulados como “la trinidad de amenazas preeminentes”, subrayando su transnacionalidad; su capacidad para mutar en función de las circunstancias; el uso en beneficio propio de las fronteras y soberanías estatales, que constituyen barreras al accionar de los gobiernos nacionales; y su operatoria en red (Schreier, 2009) De esa trinidad, merece una especial consideración el terrorismo pues, al contrario de las otras dos amenazas preeminentes, no cuenta con una definición consensuada de la comunidad internacional, plasmada en una convención de las Naciones Unidas. Coexisten literalmente cientos de definiciones, de diferente tipo, en buena medida porque su consideración más que técnica, es moral (Silva, 2017) Con esta vaguedad conceptual, sí resulta claro que el terrorismo es más una dinámica que  una estructura, y más una lógica de acción que un mero método (Brito Gonçalvez & Reis, 2017)
Otro enfoque (Sepúlveda, 2007) coinciden en otorgarle una particular relevancia al
crimen organizado y el terrorismo, destacando del primero su degradación de la capaci- dad estatal para garantizar la ley y el orden, facilitando la eclosión de nuevos conflictos y acciones terroristas; en el segundo caso, en tanto, enfatiza en el intenso empleo de me- dios de comunicación para visibilizar sus acciones ante la opinión pública, así como en el riesgo latente de empleo de ADMs. Ese eventual uso podría entenderse como el corolario de un incremento progresivo de la letalidad del fenómeno terrorista, sobre el cual -ya anticipamos en pasajes anteriores- se ha opinado que en los últimos tiempos ha experi- mentado un “cambio de escala” en términos de violencia que lo asemeja en cierto punto con la guerra contemporánea (Ruggiero, 2009)
La revolución registrada en las TICs se halla detrás de la operación en redes del crimen organizado y el terrorismo. En el primer caso, configuran el sustento de su cons- tante propagación hasta alcanzar una escala virtualmente global, en lo que un autor ha dado en llamar “diáspora criminal”, proceso que puede adoptar formatos de expansión, trasplante o representación (Garzón, 2013) La propagación de las actividades criminales transnacionales hasta alcanzar una escala global está acompañada por su creciente in- terpenetración con las actividades económicas lícitas, al punto de tornarse virtualmente imposible discriminar entre ambas esferas. Esto ha llevado a sugerir como otra especifi- cidad de la criminalidad organizada, teniendo presente su presencia en los conflictos armados contemporáneos, su manejo tanto del capital financiero como de la violencia (Joxe, 2003) En la esfera terrorista, en tanto, ya con la irrupción de Al Qaeda comenzó a registrarse cómo este fenómeno adoptaba las estructuras celulares de los carteles de la droga y de las corporaciones de negocios virtuales, comenzando a semejar una suerte de multinacional global (Gray, 2004)
Tres apuntes se desprenden de esta novedad, siempre en referencia a la organiza-
ción de Osama bin Laden: en primer lugar esa multinacional, como resultado de sus enormes capacidades, no sólo prescindió del patrocinio estatal sino que -inversamente- se encontró en capacidad de patrocinar Estados, cuya conducta sutilmente logró contro- lar o al menos influenciar, como precisamente se constató en el caso del régimen talib de Afganistán (Ortega, 2002); segundo, se asistió de facto a la mundialización de la acción terrorista por parte de un actor que nucleaba entidades que llevaban a cabo acciones violentas en diferentes países, acompañando la acción central en el teatro principal (Verstrynge, 2005); en tercer lugar, los mecanismos por los cuales esas entidades autó- nomas se incorporaron a la red globalizada del terrorismo guardan semejanza con un sistema de “franquicias” en el cual Al Qaeda pasó a ser una marca, con un pequeño núcleo central operando como una suerte de casa matriz (Liogier, 2017)
Hoy, con la organización Estado Islámico o Daesh habiendo desplazado del centro de atención a Al Qaeda, las redes terroristas cubren el globo y están sólidamente conec- tadas sin ser dirigidas verticalmente, exhiben alto grado de coordinación entre sus nodos aunque éstos mantienen importantes márgenes de autonomía, y se muestran capaces de articular estrategias complejas pese a no tener estructuras centralizadas (Badai i Dalma- ses, 2015) El próximo paso de este proceso evolutivo consistiría, consumada la derrota  de Estado Islámico y su pérdida del control territorial de su ecúmene en Medio Oriente, en su desplazamiento del plano físico a un espacio virtual desterritorializado mucho más vasto, manteniendo su influencia en la opinión pública y sus nodos mediante la difusión de su ideario a través de las TICs (Liogier, 2017)
En las diferentes manifestaciones de este novedoso terrorismo globalizado se ob- servan dos particulares formas de asimetría, que se suman a las ya referidas preceden- temente y que virtualmente anulan las ventajas militares, económicas y políticas de los actores estatales. Por un lado, una “asimetría de información”, que subraya que las so- ciedades saben menos sobre las redes terroristas que pueden agredirlas, que las redes sobre las sociedades susceptibles de ser su blanco; por otra parte, y específicamente para el caso del terrorismo de raíz religiosa, una “asimetría de creencias” que apunta a la creciente dificultad en prevenir el accionar terrorista de organizaciones propensas al martirologio (Sánchez Cabarcas, 2011)

La flexibilización de los límites y contenidos del campo de estudio de la Seguridad Internacional, con la consecuente ampliación y complejización de su agenda, ha genera- do diferentes efectos de importancia, en lo que hace a su tratamiento. Desde el punto de vista de quien suscribe este trabajo, cuatro de esas repercusiones se destacan especial- mente por su relevancia, consistiendo la primera de ellas en la revalorización de la co- operación, como herramienta clave e imposible de soslayar, a la hora de lidiar con las amenazas y riesgos que presenta el tablero global.

aparecido en gran manera” (Sepúlveda, 2007, p.80) Esta situación provoca incertidum- bre, que se reduce a través de una adecuada labor de inteligencia correctamente inter- pretada por los decisores (Anguita Olmedo y Campos Zabala, 2008)
En línea con diferentes trabajos anteriores (Bartolomé, 2015; 2017), entendemos a la Inteligencia Estratégica como el producto de inteligencia para empleo del máximo poder decisorio, que trasciende a la inmediatez y la coyuntura para identificar en relación al Estado, con un horizonte temporal mayor, tanto amenazas reales o potenciales, como oportunidades. Los desafíos que presenta el actual tablero global exigen contar con ave- zados especialistas en cuestiones específicas, con alta capacidad interpretativa y profun- dos conocimientos culturales, incluso idiosincráticos, sobre la cuestión tratada. Especia- listas aptos para el trabajo en equipo, para poder integrar cuerpos constituidos con fina- lidades analíticas concretas. Y con alto grado de adaptabilidad al cambio, siendo que en  el campo de la inteligencia se pasa “de la prevención de lo conocido al management de lo desconocido“ (Schreier, 2009, p.4)
Frente a un escenario caracterizado por amenazas complejas que operan transna-
cionalmente, muchas veces empleando en su propio beneficio las fronteras y las sobe- ranías (en tanto obstáculos y barreras para la acción de los gobiernos), y se organizan en red, la cooperación en materia de inteligencia se ha vuelto imperativa (Anguita Olmedo y Campos Zabala, 2008; Schreier, 2009). Incluso se ha postulado como un ideal de difícil realización por el momento, la constitución de una amplia red de organismos de inteli- gencia para trabajar de cara a amenazas comunes y riesgos compartidos (Sepúlveda, 2007)
Finalmente, una cuarta consecuencia de la nueva agenda de Seguridad Internacio- nal refiere a la imperativa necesidad de contar con un nuevo tipo de recursos humanos para lidiar de manera eficaz con un ambiente tan heterogéneo, complejo  y dinámico. Este planteo excede a la simple profesionalización de los integrantes de las instituciones militares, pues ese concepto -surgido en los Estados modernos europeos del siglo XIX- suele circunscribirse a la apoliticidad del sector castrense, su marginación de los asuntos políticos y su distanciamiento de las instancias decisorias gubernamentales (Chaparro, 2008) Usualmente, las referencias en este sentido suelen asociarse con un nuevo perfil de soldado profesional, una cuestión que comenzó a ser objeto de estudio sobre todo a partir de las tesis de Moskos y su idea del “militar posmoderno” (Moskos, 2000) Su plan- teo, profundizado por otros autores, indica que en la actualidad los militares profesiona- les tienen que ser idóneos para interactuar con la esfera civil, desarrollar misiones no tradicionales, actuar en operaciones multilaterales e incluso integrarse en estructuras internacionales (siendo la OTAN el caso paradigmático); todo eso en un contexto de capacitación y actualización permanentes, y destrezas para el manejo de tecnologías avanzadas.
La referencia a recursos humanos aptos, empero, no se circunscribe a los militares de carrera. En ese sentido, el panorama de la Seguridad Internacional contemporánea también demanda funcionarios especializados en la conducción cívica de los asuntos de  la Defensa. Funcionarios cuyo cometido esencial consista en la definición de la política y la estrategia de la Defensa y los roles que le corresponden al instrumento militar en fun- ción del contexto externo vigente; in extenso, que puedan identificar los desafíos de seguridad, cómo enfrentarlos, que capacidades se requieren y cuáles son las fortalezas y debilidades de ellas (Daly Hayes, 2008) No es casual la alusión al “control cívico” en lugar del trillado “control civil” originado en escritos de Huntington y Janowitz de más de me- dio siglo de antigüedad, pues el segundo concepto no garantiza por sí mismo que los funcionarios civiles implementen decisiones correctas. De ahí que algunos especialistas en estas cuestiones (Bruneau, Boraz & Matei, 2008) se manifiesten en favor del concepto “Reforma del Sector Seguridad”, trascendiendo a las Fuerzas Armadas y su subordinación al poder político, para indagar en torno a las amenazas existentes, las doctrinas vigentes, los roles y misiones de los organismos estatales. Por otro lado, como se desprende de su denominación, este concepto no se restringe únicamente al sector Defensa y las Fuerzas Armadas, haciéndose extensivo a todo el conjunto de instituciones de seguridad, un abordaje compatible con la idea de Seguridad Nacional anticipada previamente.

A lo largo del presente trabajo, hemos intentado identificar tanto los rasgos pre- ponderantes de la Seguridad Internacional contemporánea, como su impacto en térmi- nos de agenda. En este sentido, lo primero que se observa es que efectivamente se han modificado los límites temáticos de este recorte disciplinar en relación a los tiempos de la contienda bipolar normalmente denominada Guerra Fría. Esa modificación ha tenido un sentido expansivo y consistió en una ampliación que se expresa en la incorporación de nuevos actores y una gran cantidad de cuestiones que exhiben un alto grado de hetero- geneidad entre sí. Los temas que monopolizaban este campo de estudio siguen estando presentes y gozan de vigencia, aunque carecen del estatus monopólico de otros tiempos. Resulta claro que la ampliación temática de la Seguridad Internacional es resultado directo de la insuficiencia para explicar una realidad pródiga en amenazas que exhiben las tradicionales perspectivas westfaliana y clausewitziana, focalizadas en el uso estatal de la fuerza y entendiendo a la guerra como un conflicto armado librado en forma abier- ta entre dos o más Estados a través de sus ejércitos regulares. En este proceso desempeñaron un papel clave las novedades registradas en el campo de las teorías de las Relacio- nes Internacionales a partir de principios de los años setenta, producidas a su vez por los vertiginosos cambios registrados en el escenario global. En un listado que no pretende en modo alguno ser exhaustivo, entre esas novedades se incluyen la idea de transnacionali- dad y los enfoques de Interdependencia Compleja, en ambos casos con Nye y Keohane como principales referentes; el Constructivismo, con su rechazo a la inmutabilidad de los conceptos y su particular valoración de los factores culturales y sociales; otros enfoques críticos insertos en la Escuela de Copenhage; el Posestructuralismo, con su énfasis en el rol central de las ideas en la construcción de imaginarios políticos y sociales; y el Posmo- dernismo y su propuesta de nuevos conceptos y heterodoxas categorías de análisis ge- ográfico, que trasciendan la cartografía política tradicional. En relación a este último punto, el impacto se extiende incluso al ámbito de la geopolítica, que trasciende sus
abordajes tradicionales para alcanzar tópicos hasta entonces desatendidos.
Bajo la influencia de la Teoría de las Relaciones Internacionales, la ampliación de contenidos de la Seguridad Internacional ha redundado en la incorporación de numero- sas cuestiones a su agenda, cuya amplitud y heterogeneidad ha llevado al empleo de novedosos conceptos para describirla y explicarla. La legitimidad de las intervenciones armadas individuales o colectivas, las mal llamadas “nuevas amenazas” y la solidez insti- tucional del Estado, se inscriben en esta perspectiva.

Importa la solidez institucional del Estado en relación al concepto de gobernabili- dad, cuya erosión acentuada deriva en cuadros de debilidad extrema, fragilidad o fraca- so, favorables al asiento de organizaciones terroristas y criminales, así como al estallido de conflictos armados que suelen expresarse en términos culturales, con desmedidos niveles de violencia. Encuadrados bajo el cliché “nuevas amenazas”, el terrorismo, el crimen organizado y la proliferación de armas de destrucción masiva constituyen fenó- menos cuyo agravamiento no es ajeno al fenómeno de la globalización ni a la evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs); ambos factores susten- tan tanto su creciente transnacionalidad, hasta alcanzar una escala global, como su ac- cionar en red.
El trabajo ha permitido confirmar que la prioridad de la cuestión de la legitimidad de las intervenciones armadas, unilaterales o colectivas, se vincula en primer lugar con la cuestión de las llamadas “guerras justas” y los casos que pueden ser interpretados bajo ese prisma -particularmente en relación al terrorismo-, y en segundo término con la idea de “responsabilidad de proteger” y su traducción en intervenciones humanitarias. No cabe duda que las aristas más conflictivas giran en torno al empleo discrecional de de- terminadas situaciones que pueden efectuar actores estatales dotados de las capacida- des necesarias, para realizar intervenciones que en realidad se vinculan con intereses propios, o no consensuados por la comunidad internacional.
En suma, frente a una agenda de Seguridad Internacional que se presenta hete- rogénea y dinámica, a partir de la flexibilización de sus límites y contenidos, entendemos que adquieren un nuevo valor la cooperación, como herramienta clave e imposible de soslayar, a la hora de lidiar con las amenazas y riesgos que presenta el tablero global; modernos enfoques integrales de Seguridad Nacional, que van más allá de la mera cues- tión de la Defensa y el empleo del instrumento militar; una Inteligencia Estratégica capaz de reducir los altos niveles de incertidumbre existentes; y recursos humanos especial- mente capacitados.
La cooperación, imprescindible en un contexto donde ningún actor puede proveer el “bien público global” seguridad, parece encontrar su clave en la previa conformación de Comunidades de Seguridad. En tanto, una concepción de Seguridad Nacional ajustada a las demandas del siglo XXI proyecta sus metas más allá del ámbito local para contribuir a la estabilidad global. Una eficaz Inteligencia Estratégica demanda, como requisito pre- vio, recursos humanos con alto grado de especialización y estructuras proclives a la co- operación. Por último, el alegato en favor de recursos humanos capacitados trasciende a los militares profesionales -a los cuales incluye- para alcanzar a funcionarios especializa- dos en la conducción cívica de los asuntos de la seguridad, idóneos en la identificación de desafíos y amenazas, y en el diseño e instrumentación de medidas para enfrentarlas con eficiencia.

Referencias: