1. Introducción

De regreso a la democracia, en 1983, se vivió una singular coyuntura en la cual, para una gran parte de la sociedad “lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modelos auténticos de representación de la voluntad ciudadana” (Romero, 2001, p. 260-280). Así, la preocupación por la estabilidad de las instituciones democráticas y por la defensa de los derechos humanos tuvo una clara prioridad frente a las demandas específicas de género; aunque las reivindicaciones en favor de la patria potestad compartida y del reconocimiento del divorcio llevaron a la movilización colectiva en la década de 1980 en defensa de los derechos civiles y políticos femeninos [¹].

En la década del 90´ en el contexto de políticas neoliberales y un nuevo orden internacional impuesto, junto con las nuevas medidas económicas enfocadas a sostener la hegemonía del capital financiero y la entrada a la globalización, se generó una transformación sustancial en la lucha de las mujeres. Algunas comenzaron a asumir posiciones de liderazgo. El “techo de cristal”[²] fue roto por mujeres sin trayectoria de militancia política o sindical. Ellas desarrollaron liderazgos y habilidades de negociación, participaron en nuevas cooperativas y se relacionaron con partidos políticos, grupos académicos y con movimientos sociales a fin de hacer visibles sus derechos como trabajadoras. Incluso comenzaron a participar de los Encuentros Nacionales de Mujeres, y les dieron voz a los reclamos sobre derechos laborales y otros específicos de las mujeres, en torno a la legalización del aborto, la distribución de anticonceptivos y las medidas para erradicar la violencia contra la mujer (^{Di Marco, Palomino, 2003}, p. 55-64).

Es en esa misma década cuando se inaugura un vasto marco jurídico internacional que ha avalado la proliferación de los mecanismos de inclusión de las mujeres. Entre ellos: el Plan de Acción para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994-2001), Mar del Plata, 1994; la Plataforma de Acción para las Mujeres surgida de la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas para las Mujeres: Igualdad, Desarrollo y Paz, suscripta en Beijing en 1995; la Convención de Belém do Pará, en 1994, y el documento regional surgido de la reunión celebrada por la CEPAL, en febrero de 2000, en la ciudad de Lima, conocido como el Consenso de Lima; por el cual todos los Estados de la región se comprometieron a acelerar la implementación, a escala nacional y local, de las obligaciones asumidas a nivel internacional.

Esta serie de compromisos no se dan de manera aislada, sino que forman parte de un movimiento de carácter mundial cuyo primer hito fue la I Conferencia Mundial de la Mujer realizada en México, en 1975; las subsiguientes celebradas en Copenhague y Nairobi, hasta llegar a Beijing, en 1995. De esta última surge la Plataforma de Acción de las Mujeres, que propone una serie de estrategias para alcanzar la igualdad entre mujeres y varones.

La Ley 24.012 de Cupo Femenino del año 1991 y laLey 26.571 de Paridad de Género implementada por primera vez en las elecciones nacionales de 2019 se ven impregnadas por el desarrollo de estos marcos jurídicos internacionales y regionales.

En las elecciones presidenciales argentinas de 2007, por primera vez se presentaron tres candidatas mujeres: Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrió y Patricia Walsh. Como resultado de la contienda electoral de 2007, el triunfo de la primera presidenta electa argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ubicó a la Argentina dentro de los siete países del planeta que en el 2008 tenían jefa de Estado; es decir, dentro del 5% de países dirigidos por mujeres.

Por otro lado, centrándonos en el Poder Legislativo, durante 2008, la Argentina, por primera vez, ocupó el cuarto lugar en el ranking mundial que mide la representación parlamentaria femenina[³]. Fue la mejor posición de toda Latinoamérica, con el 40% de legisladoras, una proporción similar a la que exhibía Finlandia, y por encima de países como Holanda y Dinamarca.

En el 2021, por segunda vez se hizo uso de la Ley de Paridad implementada en 2019 para el armado de las listas; aunque había provincias que aún no adherían a esta ley nacional: Tierra del Fuego, Corrientes y Tucumán. La paridad se presentó como una alternativa a las cuotas, y persiguió la garantía de efectiva igualdad para varones y mujeres en las posiciones de poder, a fin de vincular la presencia paritaria con un propósito de cogestión.

Los datos dejan en evidencia que si bien hubo un crecimiento cuantitativo la paridad no se ha logrado. Actualmente (2023), según los datos del Congreso Nacional, en la cámara de diputados el 43 % de las bancas están ocupadas por mujeres y en el Senado el 45%. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la inclusión de las mujeres en otros ámbitos de la administración pública con ausencia de medidas que garanticen la participación femenina.

2. La inclusión de las mujeres en la política exterior

Al igual que en otros ámbitos del espacio público, la política y las relaciones internacionales están marcadas por la percepción de que lo masculino corresponde a lo público y por lo tanto al Estado; mientras el ámbito en que se desarrollan las mujeres es lo privado, invisibilizando su papel social y económico. Prueba de ello es la desigual presencia femenina existente en la política exterior como indicador de la persistencia de un fuerte patrón hegemónico masculino.

La toma de decisiones de política exterior históricamente estuvo vinculada con el poder de los Estados, propio del paradigma del realismo clásico desarrollado por ^{Morgenthau (1949)}. Desde este enfoque, las distinciones de género han sido dejadas de lado al analizar el proceso de toma de decisiones de la política exterior (Aggestam, 2019), del mismo modo que las mujeres han quedado ampliamente subrepresentadas en sus ámbitos de ejecución, tanto en la diplomacia y las negociaciones internacionales como en los cargos jerárquicos dentro de los ministerios de Relaciones Exteriores (Lombardo Estay, 2022; ^{Salomón, 2022}).

Las estadísticas poco alentadoras y los claroscuros en un ámbito que históricamente ha sido patriarcal; muestran un escaso número de mujeres diplomáticas que han sorteado dificultades, convirtiéndose en Embajadoras y Cancilleres.

De acuerdo a datos obtenidos de distintos Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto (2021), el número de mujeres que son funcionarias del Servicio Exterior en la mayoría de los países latinoamericanos se encuentra por arriba del 30%. Según estos números, Costa Rica lidera el ranking con 47,20% de mujeres en 2021, luego le sigue Ecuador con 39,81% de mujeres en 2021, Argentina con 35% de mujeres en 2020, Bolivia con 34,97% de mujeres en 2018, México con 32,02% de mujeres en 2021, y por último Perú con 28% en 2020.

Sin embargo, la posición ocupada por estas mujeres -en una carrera ordenada por jerarquías- ponen en evidencia que a medida que se asciende en el escalafón, hay un aumento proporcional en la sobrerrepresentación de hombres y una disminución gradual de la cantidad de mujeres (Putnam, 1976; Bashevkin, 1993) o la existencia de un techo de cristal en donde las mujeres tienen acceso a puestos de bajo y mediano estatus. La discriminación aumenta en la punta de la jerarquía constituyéndose una barrera de acceso a estos puestos (Hermsen and Cotter, 2001).

En el caso de Argentina según datos ministeriales (2021) existen un 24.5 % de embajadoras, un 22 % de ministras, un 38% consejeras, un 47.50% primeras secretarias, un 36% segundas secretarias y un 40% terceras secretarias.

Razón de esta disminución gradual de la alta diplomacia femenina, es que se debe tratar de repensar a las mujeres como sujetos históricos y su incorporación en los espacios de formación de las futuras diplomáticas -como el instituto de formación de los servicios exteriores (ISEN [⁴])- garantizando su presencia activa.

Al respecto, los datos surgidos de la investigación cuantitativa en el ISEN (Lucero, M. 2022) dejan en evidencia el predominio de varones en comparación con las mujeres desde 1970. Sin embargo, existen fluctuaciones en las brechas de género que se reducen en la mitad de la década del ochenta, que se mantiene casi constante durante los años noventa. Algunas de las primeras aproximaciones a una explicación sobre el proceso de reducción de la brecha comienzan en torno a 1986 y la convergencia de condiciones favorables a nivel internacional, como el impacto de la tercera ola del movimiento feminista; la declaración dela Década de la Mujer por Naciones Unidas –entre 1975 y 1986–y los diferentes tratados y conferencias internacionales.

En el 2020 las cifras de ingresantes al ISEN arrojan la mayor disminución de la incorporación femenina en los últimos 22 años, aún acompañadas con un mayor ingreso de varones. La brecha de género se dilata por motivos de gestión interna de quien lidera la cancillería en ese momento (Lucero, M. 2022).

Y si se trata del máximo puesto en el escalafón de la carrera diplomática; tan solo dos mujeres han logrado ocupar la conducción de la Cancillería argentina: Susana Myrta Ruiz Cerutti y Susana Malcorra.

Susana Myrta Ruiz Cerutti ocupó el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 6 años después del retorno de la democracia. El 26 de mayo al 8 de julio de 1989, durante la presidencia del Dr. Alfonsín se convirtió en la primera mujer en la historia argentina en alcanzar el cargo de canciller, y la primera mujer en ocupar un cargo ministerial desde 1983. Este cargo le llegó como corolario de una carrera diplomática que se inicia al egresar del ISEN en 1968 con medalla de oro y diploma de honor; en la que se había desempeñado anteriormente como representante permanente argentina ante la ONU y en la OEA, participante en misiones para resolver el conflicto del canal de Beagle, vicecanciller y en la que continuaría como embajadora argentina en Suiza, Liechtenstein y Canadá. ​Entre 1999 y 2000 fue Representante Especial para Asuntos de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur con el rango de embajador y luego fue designada secretaria de relaciones exteriores, durante la presidencia de Fernando De la Rúa. Desde el 2001 es consejera legal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Susana Malcorra ha sido la segunda mujer designada como Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, desde diciembre del 2015 hasta junio del 2017. Accedió a este puesto con la experiencia de más de once años en las Naciones Unidas. Desde abril del 2012 y hasta diciembre de 2015, fue Jefa de Gabinete del Secretario-General, Ban Ki-Moon. Previamente, había liderado el Departamento de Apoyo a las Actividades del Terreno de las Misiones de Paz, con sede en Nueva York, con el nivel de vicesecretaria general de las Naciones Unidas. En septiembre de 2004 se había incorporado en el Programa Mundial de Alimentos en Roma, donde fui vicedirectora ejecutiva y COO (Chief Operating Officer). Con anterioridad a su carrera en las Naciones Unidas se desempeñó en el ámbito privado. Desde diciembre de 1992 trabajó en Telecom Argentina, de la que se retiró en 2002 como Chief Executive Officer (CEO). Antes había trabajado en IBM Argentina, en la que ingresó a poco de recibirse de ingeniera en la Universidad de Rosario.

3. La Política Exterior Feminista ¿Hacia un cambio de paradigma?

La Política Exterior Feminista (PEF) en los últimos años inaugura un nuevo paradigma en la sociedad internacional con la bandera de lucha de igualdad de géneros en políticas internacionales [⁵ ]. La discusión y las propuestas para una PEF buscan reforzar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en ese ámbito, así como ampliar y fortalecer sus derechos y su empoderamiento económico (^{Deciancio, M., y Loza, J., 2023})

Estas experiencias fueron cobrando cada vez más resonancia internacional, luego de que, en el 2014, el gobierno sueco [⁶] tomara la decisión de aplicar principios feministas a su política exterior, seguido por Noruega, en 2016; Canadá, en 2017; Francia, en 2018; México, en 2020 [⁷]; España, en 2021 (y se sumaron Luxemburgo y Reino Unido anunciando un enfoque feminista en su política exterior), y, más recientemente, Alemania, Argentina, Chile y Colombia (en 2022), que también anunciaron la incorporación de perspectivas de género a su política exterior (^{Deciancio, M., y Loza, J., 2023}, p. 2).

El caso mexicano se presenta como emblemático a nivel regional; su Política Exterior Feminista se convierte en la primera desde el Sur. Por otro lado, rompe con el binarismo interior/exterior que caracteriza habitualmente a las políticas exteriores feministas definidas por los otros países mencionados. Las medidas de su política exterior incluirán la promoción de la paridad, la eliminación de la violencia de género y darán más visibilidad al trabajo de las mujeres en la Secretaría de Relaciones Exteriores (Rubio Grundell, Grecco y otras, 2021)

“Más que continuar con la tendencia a “añadir mujeres y agitar”, sería estratégico que realmente produzcan una transformación real de la acción exterior, reorientándolas realmente hacia la transformación de las estructuras de poder que, a nivel internacional, regional, nacional, (re)producen las desigualdades de género, desigualdades atravesadas por otras discriminaciones” (Centro de Política Exterior Feminista, 2020)

El puntapié para el avance de esta agenda de política exterior con perspectiva de género se sitúa en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Podemos reconocer como antecedente también la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas, dado que promovió un marco institucional para la inclusión de mujeres en procesos internacionales de toma de decisión.

Posteriormente, el documento “Definiendo la política exterior feminista” (Thompson y Clement, 2020), que publicó el Centro Internacional para Estudios de la Mujer (ICRW, por sus siglas en inglés), logró sistematizar los contenidos de esas políticas y apuntó a efectivizar una coherencia entre las políticas internas y los compromisos internacionales que asumen los países respecto de la igualdad de género (^{Deciancio y Loza, 2021}).

En el caso de Argentina, a partir de la creación de la Mesa de Coordinación del Gabinete Nacional argentino para la transversalización de las Políticas de Género, dependiente de la Jefatura de Gabinete (Míguez y Deciancio, 2023), se llevaron adelante una serie de políticas específicas. Entre ellas, la creación de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género dentro de la Cancillería y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad marcaron el cambio fundamental, acompañado de la creación de direcciones especiales en distintos ministerios, el nombramiento de mujeres en cargos clave de la política exterior y la designación de embajadoras en embajadas estratégicas en el ámbito específico de la Cancillería.

Sin embargo, la PEF no se presenta de manera monolítica tal como la caracteriza en una tipología la Dra. Ana Laura Rodríguez Gustá (2008) quien distingue cuatro grandes categorías de políticas sensibles al género y permite categorizar las políticas exteriores feministas. El primer tipo de políticas identificadas por la autora son las denominadas “políticas de acción afirmativa”, estas implican una clara política de acceso de mujeres a las instituciones con el fin de asegurar su participación en los procesos de toma de decisión política, al garantizar, su mayor presencia numérica en las jerarquías. Estas políticas no suponen un impacto sustantivo, es decir no incorporan perspectiva de género en la elaboración de las políticas per se (^{Rodríguez Gustá, 2008}).

Un segundo tipo son las “políticas para las mujeres”, estas buscan compensar las desigualdades que sufren las mujeres, pero no cuestionan la asimetría de poder de la división sexual del trabajo y los roles asignados a hombres y mujeres. En tercer lugar, se encuentran las “políticas con perspectiva de género” que, si bien proponen acciones para transformar las desigualdades de género y ponen en marcha acciones de largo plazo relacionadas con políticas sectoriales más amplias e interacción con organizaciones de mujeres y movimientos feministas, no suelen ser abarcar las áreas de política más masculinizadas ni reconocer los sesgos de género en la estructura del Estado. Por último, están las “políticas de transversalización de género” que buscan transformar los estándares asociados con la masculinidad y la feminidad, así como su desigual valoración cultural, de modo tal de cambiar las inercias de género sedimentadas en el aparato estatal y perpetuadas mediante sus regulaciones e intervenciones (^{Rodríguez Gustá, 2008}).

Tampoco la PEF es aceptada ampliamente y produce disidencias; sobre todo por sus inconsistencias valorativas y con su postura respecto a los feminismos. No sólo por su implementación en los países nórdicos sino también en el caso mexicano.

“En este sentido, considero que se produce un vaciamiento y utilitarismo del término feminismo, con una clara preocupación económica neoliberal sobre la brecha de género, más preocupada por incorporar consumidoras al mercado que por su autonomía económica. Por otro lado, de la enunciación de políticas destaca la ausencia de un interés por la interseccionalidad, referida tanto a las identidades sexo-genéricas diversas, como a las etnias y a las comunidades originarias. En el caso sueco, nos encontramos con un Estado que se define como feminista pero que contradice una de las principales banderas del feminismo que es mantener la activa militancia contra el uso de la violencia.” (^{Lucero, M., 2020}, p.11)

En esta misma línea, México promueve una política exterior feminista, siendo uno de los países con más alta tasa de feminicidio y transfeminicidio en América Latina, según el Índice Paz, Mujer y Seguridad (2019), cuando en su territorio es incapaz de impedir la vulneración de los derechos a las mujeres, e incluye los derechos de las comunidades originarias.” (^{Lucero, M., 2020}, p.13)

Razón de ello, autoras entre las que se incluyen Dulce Daniela Chaves, Juan Martín Barbas y Mariel Lucero (2021) hayan interpelado el concepto de Política Exterior Feminista y presenten una propuesta alternativa que se aleja del encuadre de la PEF y que ponga el acento en el abordaje de la política exterior desde una perspectiva de género, con gradualidad en su aplicación, y agenda feminista

4. Las mujeres pieza clave de la política exterior en los procesos de paz.

“A pesar de las excelentes iniciativas y los avances logrados, queda mucho por hacer. Cuando las mujeres participan en las negociaciones, la paz es más duradera; pero normalmente quedan excluidas y relegadas a espectadoras. Y son los hombres los que deciden el futuro de todos”, sostiene Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Cuando estalla un conflicto, las negociaciones y los procesos de paz formales e informales ofrecen oportunidades cruciales para restaurar el marco político y de seguridad de un país, así como su panorama socioeconómico general. Con la inclusión de las mujeres, estos procesos amplían el electorado que contribuye a la resolución del conflicto y generan una mayor apropiación social de los acuerdos de paz. Así se contribuye a garantizar que estos acuerdos no sean únicamente pactos elitistas de cortas miras, y que cuenten con el respaldo global de las naciones.

La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue aprobada por unanimidad, el 31 de octubre de 2000, para incluir la perspectiva de género en las negociaciones de resolución de conflictos armados y llama a todos los países para permitir una mayor representación de las mujeres en todos los niveles, tanto en la resolución del conflicto como en el proceso de paz, designando a más mujeres como representantes y ampliando su papel en las operaciones de mantenimiento de la paz, entre los observadores militares, policía, derechos humanos y el personal humanitario.

Hasta la fecha, la implementación de la resolución 1325 ha sido dispareja: únicamente 74 países, han puesto en marcha algunos planes para impulsar el papel de la mujer e misiones de la paz. ONU Mujeres trabaja para lograr la participación plena y equitativa de las mujeres en las negociaciones y los procesos de paz formales e informales dirigidos a resolver conflictos. Sin embargo, a nivel internacional y nacional, la participación de las mujeres en los procesos de paz ha sido mínima.

En los procesos de mediación liderados por las Naciones Unidas, ONU Mujeres ofrece su experiencia a los gobiernos, las organizaciones de las Naciones Unidas y los grupos de la sociedad civil para fomentar el liderazgo de las mujeres. En 2011 se impartió capacitación sobre técnicas de mediación, negociación y promoción a más de 200 expertas en paz y seguridad de 25 países.

En el marco de la Red Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Acción Preventiva, ONU Mujeres colabora con los equipos de las Naciones Unidas en los países para crear conciencia sobre la contribución de las mujeres a la prevención de conflictos nacionales y comunitarios, incluso a través del intercambio de conocimientos para informar los mecanismos de alerta temprana.

Según informes de la ONU [⁸], entre 1992 y 2019, solo el 13 % de los negociadores, el 6 % de los mediadores y el 6 % de los signatarios de los principales procesos de paz en todo el mundo eran mujeres. Y entre 1995 y 2019, el porcentaje de acuerdos con disposiciones sobre la igualdad de género pasó apenas del 14 % al 22%.

En el caso de Argentina, si bien desde 1958 las Fuerzas Armadas argentinas participan en misiones de paz en el mundo, los últimos 30 años son el hito de presencia de las mujeres en distintas operaciones de paz. En el marco de iniciativas tendientes al reconocimiento de la perspectiva de género en el ámbito de la Defensa Nacional y la Política Exterior, se destaca el “Plan de Acción para la Implementación de la Perspectiva de Género en el Marco de las Operaciones de Paz” de las Naciones Unidas aprobado en octubre de 2008 a través de las Resoluciones MD 1226 y 1407.

En 2017 bajo el liderazgo de Nilda Garré- primera mujer en asumir la conducción del Ministerio de Defensa- el número de mujeres asignadas en misiones de paz ascendió a 26 [⁹] y en términos porcentuales contó con el mayor número de mujeres, respecto de los 12 países que conforman la misión de paz en Haití. En marzo de 2021, se desplegaron en la República de Colombia 6 (seis) observadoras argentinas y observadores militares. En la actualidad el despliegue argentino en Chipre consta de aproximadamente 268 mujeres y hombres que conforman la fuerza de tarea, la unidad aérea y el Estado Mayor de la misión.

Conforme el Departamento de Operaciones de Paz a nivel mundial, las mujeres representaron el 4,7% de los contingentes militares y el 10,8% de los contingentes policiales en las misiones de la ONU. Su proporción aumenta fuera de los contingentes, entre los oficiales y observadores militares (16,7%) y los oficiales de policía (28,9%).

El 2023 nos encuentra con una política de Defensa argentina basada en la determinación de promover la efectiva implementación de la perspectiva de género en esas operaciones en sintonía con la Resolución 1325 y con el apoyo a las metas planteadas por ONU al respecto: para 2028 el objetivo es llegar al 15% de mujeres en los contingentes militares y al 25% entre los observadores militares y los oficiales del estado mayor.

La gran asignatura pendiente para los próximos años es la presencia de mujeres en los puestos de mando. Para Mary Schwoebel, profesora de estudios para la resolución de conflictos de la Nova Southeastern University (Florida), que participó en el entrenamiento de las tropas ugandesas desplegadas en Somalia, la presencia de mujeres entre los contingentes no es suficiente. Para que suponga una diferencia esas mujeres deben estar presentes en los puestos de mando a todos los niveles. La incorporación de mujeres a las misiones de paz ha ayudado a mantener una paz duradera. Por ejemplo, en Camboya, Kosovo, Timor-Leste, Afganistán o Liberia, las mujeres han demostrado una mayor eficacia para estas tareas que sus compañeros hombres.

De acuerdo con datos de la general noruega Kristin Lund, quien en 2014 se convirtió en la primera mujer al frente de una misión de paz, “siendo una mujer, durante mi destino en Afganistán, tuve acceso al 100% de la población, no sólo al 50%”. Las mujeres son imprescindibles en las misiones de paz debido a que tienen ellas tienen la habilidad de hacer conexión con niños y otras mujeres, lo que les permite construir redes de información y alerta temprana.

5. Reflexiones finales

En la década de 1990 a nivel internacional se inaugura un vasto marco jurídico que ha avalado la proliferación de los mecanismos de inclusión de la mujer. Entre ellos: el Plan de Acción para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994-2001), Mar del Plata, 1994; la Plataforma de Acción para las Mujeres surgida de la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas para las Mujeres: Igualdad, Desarrollo y Paz, suscripta en Beijing en 1995; la Convención de Belém do Pará, en 1994, y el documento regional surgido de la reunión celebrada por la CEPAL, en febrero de 2000, en la ciudad de Lima, conocido como el Consenso de Lima; por el cual todos los Estados de la región se comprometieron a acelerar la implementación, a escala nacional y local, de las obligaciones asumidas a nivel internacional. Esta serie de compromisos formaron parte de un movimiento de carácter mundial cuyo primer hito fue la I Conferencia Mundial de la Mujer realizada en México, en 1975; las subsiguientes celebradas en Copenhague y Nairobi, hasta llegar a Beijing, en 1995.

De esta última surge la Plataforma de Acción de las Mujeres, que propone una serie de estrategias para alcanzar la igualdad entre mujeres y varones. La Ley 24.012 de Cupo Femenino del año 1991 y la Ley 26.571 de Paridad de Género implementada por primera vez en las elecciones nacionales de 2019 se ven impregnadas por el desarrollo de estos marcos jurídicos internacionales y regionales.

Sin embargo, en aquellos espacios de la administración pública con ausencia de medidas que estimulen una mayor representación femenina la evolución cuantitativa no se consolida de la manera esperada y los 40 años de la vuelta a la democracia argentina, nos llevan a reflexionar sobre la participación de las mujeres en la política exterior.

Si bien en las últimas décadas la adhesión a tratados internacionales que velan por una mayor equidad de género y una menor discriminación hacia las mujeres ha permitido un tímido crecimiento de la presencia de mujeres en la política exterior. La inexistencia de cuotas que fomenten la equidad de género en el ingreso a la carrera diplomática- al igual que la mayoría de los países latinoamericanos- ha impactado negativamente en el número de mujeres que logran incorporarse en la carrera diplomática y avanzar en los escalafones más altos de la misma, prueba de ello es que solamente dos mujeres en Argentina lograron convertirse en cancilleres.

Por otro lado, un nuevo paradigma de Política Exterior Feminista (PEF) emerge en la agenda internacional y regional y se presenta con promesas de equidad de género en varias dimensiones. Sin embargo, no se puede hablar de una única Política Exterior Feminista sino de distintas maneras de ejercerla y por el otro es bueno destacar el debate crítico respeto a esta propuesta que invisibiliza a los feminismos y engendra contradicciones en su implementación tanto en las realidades europeas como en las latinoamericanas.

Un capítulo aparte lo merece el rol de las mujeres en las misiones de paz, porque ha sido uno de los espacios donde han logrado resignificarse como protagonistas y convertirse en piezas claves de la política exterior en los procesos de construcción de paz.

En el caso de Argentina, si bien desde 1958 las Fuerzas Armadas argentinas participan en misiones de paz en el mundo, los últimos 30 años son el hito de presencia de las mujeres en distintas operaciones de paz. En 2017 bajo el liderazgo de Nilda Garré- primera mujer en asumir la conducción del Ministerio de Defensa- el número de mujeres asignadas en misiones de paz ascendió a 26 y en términos porcentuales contó con el mayor número de mujeres, respecto de los 12 países que conforman la misión de paz en Haití. En marzo de 2021, se desplegaron en la República de Colombia 6 (seis) observadoras argentinas y observadores militares. En la actualidad el despliegue argentino en Chipre consta de aproximadamente 268 mujeres y hombres que conforman la fuerza de tarea, la unidad aérea y el Estado Mayor de la misión.