1. Introducción

La relación entre Estados Unidos y Argentina ha sido históricamente compleja, con altibajos y momentos de tensión. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, quien gobernó Argentina desde 1983 hasta 1989, la relación entre estos dos países experimentó importantes cambios, incluyendo una recomposición inicial de relaciones tras los eventos de la última dictadura militar-como la Guerra de Malvinas-la confrontación en cuestiones como la política exterior estadounidense respecto a Latinoamérica y la compleja esfera económica, en especial el tema de la deuda externa argentina, herencia de la última dictadura militar. Será este último tema el cual nos ocupará en mayor medida, analizando como se pasó inicialmente de un intento por “politizarlo” a una posición de aceptación o alineamiento con la postura sostenida desde Washington al respecto y reforzada mediante los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

En este trabajo nos enfocaremos principalmente en la temprana renegociación de la deuda externa-comprendiendo el período que va desde 1983 hasta 1985-inserta claro está, en una coyuntura atravesada por la Segunda Guerra Fría-así definida por Halliday-los últimos años del mundo bipolar y la proximidad de lo que se ha dado en llamar “el fin de la Historia”. Para ello, veremos primero el contexto internacional en el cual debió insertarse la presidencia de Raúl Alfonsín; segundo, abordaremos brevemente los aportes del Autonomismo puigiano, los cuales usaremos en nuestro análisis; tercero, veremos los elementos generales de la temprana relación Buenos Aires-Washington con el ascenso de Alfonsín al poder; cuarto, los intentos por negociar la deuda externa y de lograr una articulación regional para afrontar la misma; quinto, buscaremos usar los aportes del Autonomismo para analizar el contexto, y quinto, presentaremos la breve conclusión del trabajo.

2. Contexto histórico internacional

La llegada de Raúl Alfonsín al poder en 1983 marcó un hito en la historia de Argentina. Fue el primer presidente elegido democráticamente después de más de siete años de dictadura militar. Su llegada al poder también coincidió con el inicio de una nueva era en la política de Estados Unidos, marcada por la presidencia de Ronald Regan, quien ocupaba la Oficina Oval desde 1981 y permanecería allí hasta 1989.

El contexto histórico era uno de fuerte polarización ideológica, con Washington a la cabeza del bloque occidental-el mundo capitalista desarrollado y sus aliados en la OTAN-y la Unión Soviética encabezando el bloque oriental-los países del socialismo real y aquellos encumbrados en el Pacto de Varsovia. Todo ello en el marco de lo que ^{Fred Halliday (1989)} ha denominado “Segunda Guerra Fría”.

Según la cronología establecida por Halliday, se puede dividir a la Guerra Fría en 2, con 4 fases en total. La primera Guerra Fría va de 1946 a 1953; la segunda fase, de antagonismo oscilatorio va de 1953 a 1969; la tercera, de distensión, 1969-1979 y la Segunda Guerra Fría va de 1979 hasta el final de la misma.

En esta primera fase, encontramos elementos que van elevando las tensiones entre Oriente y Occidente, como la llamada Doctrina Truman, pronunciada en 1947, la cual señalaba el compromiso estadounidense por proteger a aquellos pueblos oprimidos por el comunismo y contener a éste. Encontramos otras iniciativas estadounidenses emprendidas en este período, como el Plan Marshall-apuntado a la reconstrucción y recuperación económica europea-y la creación de la OTAN (Organización del Tratado del Tratado del Atlántico Norte), una alianza militar, ambas con el objetivo de contener la expansión del Comunismo en una Europa devastada y limitar el influjo soviético. La URSS respondería a la OTAN con la creación del Pacto de Varsovia sólo un año después.

Desde 1949 se asiste a sucesos que supusieron complicaciones para el bloque occidental: el desarrollo de la armas nucleares por la URSS, o la victoria maoísta por sobre el Kuomintang-aliado estadounidense regional-en China y la creación de la República Popular China el 1 de octubre. Se puede agregar a esto los enfrentamientos producidos durante la Guerra de Corea.

La segunda fase-antagonismo oscilatorio-estuvo caracterizado por el fracaso de los intentos por suavizar y/o moderar la confrontación, aunque con ciertos logros ocasionales. Se pasó del acuerdo de Corea o la Cumbre de Ginebra de los líderes de ambos bloques en una primera ronda de negociaciones en 1955 a crisis como la provocada por la invasión soviética a Hungría en 1956 o la de Egipto por Israel, Francia e Inglaterra, lo cual echó por tierra lo trabajado, así como el fracaso de la cumbre de París de 1960 o la crisis de los misiles de Cuba en 1962, junto al establecimiento del Teléfono rojo (^{Halliday, 1989})

La llegada de Nixon a la Casa Blanca marca el inicio de la fase de distensión entre Este y Oeste, la cual duraría hasta 1979.

Finalmente, llegamos a la Segunda Guerra Fría, marcada por el incremento de la carrera armamentística y la intensificación de la confrontación ideológica. La confrontación estadounidense respecto a la URSS ponía el foco en los Derechos Humanos, la economía soviética y su estancamiento, así como en el gasto que la misma destinaba a la carrera armamentística y a la extensión de su poderío.

A nivel económico en general, esta nueva etapa de la confrontación bipolar estaba marcada por la crisis que sacudió al sistema capitalista hacia 1973. La misma era un resultado de los problemas estructurales atravesados por el capitalismo, el cual ahora enfrentaba el final del boom económico de la segunda posguerra y la caída de la tasa de ganancias en las principales economías capitalistas, acompañada de un creciente desempleo y alta inflación. La soluciones tomadas desde Washington durante los ’70s y ’80s significaron el final de los compromisos políticos que habían mantenido con vida al sistema de Bretton Woods.

El triunfo de las recetas neoliberales-que hasta no hacía mucho eran consideradas marginales, pero habían encontrado un fructífero laboratorio de pruebas en Chile tras el golpe del general Augusto Pinochet en 1973-también señaló el final del consenso general que habían mantenido con vida al Estado de Bienestar allí donde éste había existido en mayor o menor medida. El Estado ahora debía retirarse de áreas de interés público y dejar sectores como educación, salud y energía en manos de capitales privados, reduciendo su gasto público en el proceso.

La llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca precisamente se da en esa coyuntura, y el mismo será uno de muchos gobiernos que promoverán políticas neoconservadoras y neoliberales en el mundo occidental. De hecho, especialmente durante su segundo mandato, será cuando la función de los organismos financieros-que hasta entonces habían tenido un rol casi nimio en la regulación del dinero mundial-pase a ser una de disciplinamiento, por lo cual puede decirse que el FMI en particular ahora operaba con el poder necesario para ser una especie de ministerio de finanzas mundial (^{Arrighi, 1999}, p. 398)

Más allá de las condiciones que precedieron y acompañaron al ascenso de Reagan, es necesario entender que Washington ejercía desde hacía ya mucho tiempo un dominio prácticamente indiscutido sobre el continente americano, siendo un hegemón regional dotado con una capacidad de proyectar tanto poder militar duro (hard power) como de ejercer un poder blando (soft power) sobre la región que consideraba su “patio trasero”.

En relación a lo anterior, la forma de abordar a Latinoamérica bajo el gobierno de Reagan se puede agrupar dentro del abordaje que su administración manejó en relación al Tercer Mundo. Así, su gobierno apoyó a las guerrillas locales en aquellos países en conflicto, buscando desestabilizar a los nuevos estados revolucionarios, para reducir los posibles vínculos de estos con la URSS y asegurar el predominio estadounidense en la región en relación a Moscú.

3. Los aportes del Autonomismo y su utilidad para el análisis del caso

En este caso que veremos, consideramos importante los aportes de la escuela autonomista a fin de poder abordar la cuestión de la renegociación de la deuda externa no solo argentina, sino también latinoamericana.

Dentro del paradigma autonomista, el pensamiento de Juan Carlos Puig y Helio Jaguaribe es central. Sin ser necesariamente exhaustivos, presentamos una breve descripción de algunos conceptos centrales en la obra de ambos.

En el caso de Puig, dicho autor considera que “[…] la autonomía otorga las posibilidades de adoptar políticas más justas y equilibradas […) (^{Puig, 1986}, p.40) en contraposición de la subordinación ante la potencia dominante. Además, Puig consideraba fundamental la existencia de elites autonomizantes, capaces de determinar los márgenes de acción potencial para su país, ajustando las decisiones en materia de política exterior (Puig, 1988, p. 28)

Puig, como señala ^{Simonoff (2020}, p. 75), observó que el sistema internacional se estructura del siguiente modo: hay un complejo equilibrio de poder y de división de funciones, existiendo los repartidores supremos (que toman las decisiones macro y vigilan su cumplimiento); los repartidores inferiores (que garantizan aquellas decisiones y tienen ciertos márgenes de maniobra, etc.) y los recipiendarios (quienes son el resto de la población del planeta).

Por su parte, ^{Jaguaribe (1979)} considera que la Autonomía no es una conquista estable y permanente, sino que depende de una serie de condicionantes estructurales: la viabilidad nacional y la permisibilidad internacional. La primera corresponde a la disponibilidad de un mínimo indispensable de recursos humanos y naturales, mientras que la segunda está relacionada con la capacidad de un país para neutralizar los riesgos ocasionados por otros actores con suficiente poder de coacción.

Además de los anteriores requisitos, Jaguaribe menciona aquellos de tipo dinámico y funcional como necesarios para la condición de Autonomía. Los mismos requieren el poseer una capacidad tecnológica elevada, o buenas relaciones intraimperiales, que incluyan términos de intercambio favorables.

Es necesario señalar que la Autonomía y la Integración aparecen interrelacionadas en las concepciones de ambos autores, al operar como reaseguro ante los intentos de la potencia hegemónica por imponerse sobre Latinoamérica. (^{Simonoff y Lorenzini, 2019}, p. 96) La integración regional incrementaría los costos de una intervención directa de la potencia hegemónica, y aumentaría los recursos y mercados por vías colectivas.

Para Puig la Integración está presente en las formas comercialista y solidaria. La primera reforzaría las asimetrías, al asentarse en lo económico y la interdependencia. La segunda tiene acento en lo cultural y político, partiendo del reconocimiento de un mismo status y/o valores. Las estrategias solidaristas servirían para ampliar la base de recursos de cada país integrante del bloque. (^{Simonoff y Lorenzini, 2019}, p. 103)

4. Alfonsín y la relación con Washington

Según ^{Rapoport (2005)} la relación con Estados Unidos fue adquiriendo una mayor importancia, junto a la relación con el resto de la tríada compuesta por Europa occidental y América Latina. Aun así, hubo una serie de condicionantes internos y externos que hicieron que la política exterior argentina en este período relegase a los segundos, pasando a predominar el lazo con Washington.

Desde su asunción, el presidente Alfonsín había dejado en claro su intención por mantener una relación madura con la antedicha potencia hegemónica. El mismo siguió una política exterior de marcado corte idealista, apoyada en los principios del krausismo que habían inspirado a la política exterior de Hipólito Yrigoyen

Fieles a la perdurable doctrina que expuso y aplicó Hipólito Yrigoyen, en el campo de las relaciones internacionales, sostendremos en nuestra política exterior los principios de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad de los Estados soberanos y la solidaridad latinoamericana. (^{Alfonsín, 10 de diciembre de 1983})

Pese a estas declaraciones, encontramos opiniones como las de ^{Escudé (1995)}, quién considera que la política exterior de la administración de Alfonsín siguió simplemente el mismo patrón de relacionamiento exterior que había caracterizado a la Argentina desde 1942 hasta 1989-lo que él denomina “Argentina subordinada”-y que incluía excesivas confrontaciones externas, las cuales debían ser remediadas.

Había diferencias de interpretación del escenario internacional si comparamos la política exterior alfonsinista con la reaganiana. En primer lugar, si para los segundos las amenazas a combatir provenían del bloque oriental y estaban concentradas en torno a la URSS, para los primeros esta concepción era inválida. Ya en su discurso inicial, y en los lineamientos seguidos bajo el canciller Dante Caputo, la República Argentina rechazaba la división este-oeste y cualquier tipo de jerarquización del escenario internacional, y afirmaba su repudio por el colonialismo e imperialismo sin importar su origen. Mostraba su apoyo por el no alineamiento y las aspiraciones de los países en vías de desarrollo.

Estas diferencias de interpretación han sido llamadas “disenso metodológicos” por ^{Roberto Russell (1995}, p. 4), y precisamente abarcaban áreas como democracia, desarrollo y seguridad. Otros aspectos del disenso se manifestaron en la intervención estadounidense en Centroamérica-enmarcada en su forma de abordar al Tercer Mundo en su confrontación bipolar con la URSS-y la defensa del gobierno argentino del Principio de No Intervención, manifestada luego en la participación argentina en el Grupo de Contadora.

Aun así, dichas diferencias no excluían la posibilidad de construir una relación madura, a la cual volveremos brevemente.

Por otro lado, había ciertos aspectos en los cuales ambas administraciones demostraban coincidencias. Lo que se ha dado en llamar “convergencias esenciales” comprende principios y valores compartidos: democracia, pluralismo, dignidad, derechos humanos, libertad, etc. (^{Rapoport, 2005}, p. 731)

5. Negociación e incertidumbre

Los presidentes Alfonsín y Reagan se encontraron por primera vez en 1984, cuando el mandatario argentino se trasladó a Estados Unidos para entablar un encuentro con su par estadounidense, en medio de una Asamblea General de las Naciones Unidas. A partir de esta visita es que varios autores señalan que la administración argentina dará un giro en su relación con el país del norte, “madurando” la relación en cierto sentido.

El hacerse con el apoyo del hegemón regional era clave, teniendo en cuenta las principales preocupaciones del gobierno argentino. En primera instancia, consolidar la recién recuperada democracia, y en segunda instancia, la renegociación de la deuda externa, que se había disparado durante los últimos años bajo la dictadura del Proceso.

La primera preocupación se desprendía de la forma en que la administración Reagan se manejaba en relación al resto del continente americano en particular y al Tercer Mundo en general, favoreciendo a regímenes que se alineasen automáticamente con sus designios, o implantando regímenes moderados que tampoco presentasen una voz claramente opositora a Estados Unidos y sus intereses. Además, a nivel interno, el gobierno radical necesitaba consolidar la recientemente recuperada democracia tras siete años de un gobierno militar, el cual además había confrontado indirectamente con Estados Unidos al lanzarse infructuosamente a la Guerra por Malvinas.

La segunda era una preocupación de comparable o igual magnitud y la que nos ocupa en nuestro análisis aquí. La situación económica era cuanto menos difícil: la economía argentina se hallaba en recesión, con una inflación del 400%; la deuda externa era de unos US$46.200 y las reservas internacionales estaban prácticamente agotadas. Tal como señala ^{Brenta (2021)} la dictadura había incrementado la deuda externa pública unas 7,4 veces, mientras que la privada se incrementó unas 3,4 veces.

De lo antedicho se desprendía que, a fin de lograr cancelar las obligaciones contraídas y demás, eran necesarios unos enormes excedentes comerciales, aunque esto se dificultaba debido a que los precios de los productos exportables argentinos-materias primas principalmente-se hallaban en baja, en un claro deterioro de los términos de intercambio internacional, junto a la baja competitividad de las manufacturas nacionales frente a las producidas en el vecino Brasil o en Asia.

Lo que quedaba fuera de discusión era el hecho de que se hacía necesario el arreglo con los bancos extranjeros en la cuestión de la deuda externa, puesto que un repudio o suspensión parcial de los pagos habría derivado en múltiples inconvenientes para la economía argentina a futuro. (^{Rapoport, 2005}, p. 738)

La evolución del manejo de la deuda externa experimentaría una politización inicial, en particular durante el período en que se desempeñó Bernardo Grinspun al frente del Ministerio de Economía de la República Argentina. La gestión llevada a cabo por el antedicho había provocado cierta incertidumbre en la gestión de Reagan y a otros actores internacionales interesados en la cuestión de cómo la Argentina respondería a los compromisos de deuda previos.

Primero, es necesario entender que se había planeado bajo la administración del antedicho ministro en el frente interno. Se planteó una política económica de tipo keynesiano: se incrementaron los salarios de suma fija- tratando de motivar el consumo interno y el aumento de la demanda-y las tarifas de los servicios públicos, fijando pautas para el incremento de precios, salarios, tipos de cambios, controles de precios, junto con la creación del Plan Alimentario Nacional, el incremento del presupuesto educativo y la reducción del gasto militar, combinando un enfoque nostálgico hacia el pasado y optimista hacia el futuro (^{Pesce, 2004}, p. 7) enfocado generalmente en la reactivación del aparato productivo, una política antimonopólica y la regulación de importaciones, ordenando así el sector externo y reestableciendo el equilibrio interno, buscando desacelerar la inflación.

En cuanto al frente externo, bajo la gestión del ministro Grinspun, se había decidido el no realizar pagos financieros hacia el exterior hasta el 30 de junio de 1984. Se buscó alcanzar un acuerdo por el cual los pagos al exterior no fuesen superiores al 10-15% de las exportaciones.

Lo que era claro es que las políticas implementadas-tanto internas como externas- estaban yendo a contramano del consenso neoliberal que se había estado propagando desde hacía unos años atrás, lo cual explicaba la incertidumbre generada en Washington, con un Reagan quién había hecho campaña argumentando que el “gobierno no era la solución, sino el problema”, aduciendo que las fuerzas del mercado debían encargarse del restablecimiento del curso económico sin una mano gubernamental conduciéndolas.

Volviendo al tema de la deuda externa que nos ocupa, nos encontramos que, tanto el ministro Grinspun como el presidente Alfonsín, señalaban que el mismo no era uno meramente económico, sino que era de naturaleza política, debido al origen, características, desarrollo y los efectos de ésta sobre la economía de los países deudores, lo cual requería de soluciones políticas.

Se buscaron alternativas al respecto, como un acuerdo con los acreedores externos al margen de las negociaciones con el FMI. Sin embargo, los antedichos rechazaban la política económica interna llevada a cabo por el ministro y pedían un acuerdo previo con el antedicho organismo financiero antes de proceder en futuras negociaciones.

La intención de “politizar” y “regionalizar” la cuestión de la deuda tomaría forma en el denominado Consenso de Cartagena. Este tomó forma en enero de 1984, en la CELA (Conferencia Económica Latinoamericana), la cual fue realizada en la ciudad de Quito, Ecuador. Durante la misma, el canciller Caputo expuso lo siguiente

La democracia argentina no acepta la trampa en la que el sistema financiero internacional y las minorías a él asociadas la han colocado al generar esta agobiante deuda externa. Los estados nacionales han sido usados para apañar a estos grupos especuladores. El destino del continente está en salir fuera de esta trampa. (…) La crisis que sufrimos quizás tenga como contrapartida la creación de una oportunidad invalorable para convertir finalmente en realidad la integración de América Latina y del Caribe. (Caputo, 14 de enero de 1984)

A fines de junio de 1984 se reunieron en la ciudad de Cartagena los cancilleres y ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, formando el Grupo de Cartagena, emitiendo luego un documento titulado el Consenso de Cartagena, el cual debía funcionar como un mecanismo de consulta y seguimiento regional.

Sin embargo, la misma no prosperó. Los factores que terminaron por hundir esta iniciativa argentina eran dos: primero, la heterogeneidad de los países deudores latinoamericanos, y segundo, la decisión tanto de Brasil como de México por negociar conjuntamente dicha cuestión.

Eventualmente, y sumado a una inestable y poco fortuita situación económica interna, el gobierno argentino terminaría amoldándose a las reglas del juego y del “sentido común” económico imperante, promovido desde los organismos de crédito internacionales y por la intelectualidad económica del período, se verá con la implementación del Plan Austral-tras la llegada de Juan Vital Sourrouille a la cartera económica en 1985.

6. Como los aportes del Autonomismo nos permiten comprender la situación

Aplicando los elementos provistos por la teoría Autonomista, tal como la desarrollaron Puig y Jaguaribe, podemos llegar a ofrecer una explicación acerca del fracaso en la renegociación o intento inicial por “politizar” la cuestión de la deuda externa, así como el abordar dicha problemática recurriendo al apoyo conjunto del resto de países deudores latinoamericanos.

Dentro de los condicionantes estructurales para alcanzar o ejercer la Autonomía, mencionamos que se encuentran la viabilidad nacional y la existencia de elites autonomizantes. En el caso del primer condicionante o factor, debemos tener en cuenta la situación económica delicada con la cual se encontró el gobierno del presidente Alfonsín al asumir. Hemos mencionado que la inflación era del 400%, la deuda externa dejada por la última dictadura era de US$46.500 millones y las reservas del Banco Central se hallaban agotadas prácticamente.

A esto debemos agregar lo que ^{Pesce (2004)} considera de suma importancia, que es el hecho de que el gobierno dictatorial dejó sentadas las bases para el futuro modelo económico neoliberal-el cual termina de ejecutarse en los ’90-significando un punto de inflexión histórico en la historia reciente argentina, con la consecuencia principal e inmediata de que la Junta provocó con sus políticas económicas el deterioro del nivel de vida de sectores medios y clases populares, así como una involución en los factores ligados tradicionalmente ligados al desarrollo económico y productivo en la Argentina. De este modo, vemos cómo el capital financiero pasó a ocupar un lugar central en detrimento del capital físico; se inició un proceso de desindustrialización y la transferencia de recursos del grueso de la población al Capital, y simultáneamente desde las Pymes a las grandes empresas.

La literatura consultada (^{Pesce, 2004}; ^{Rapoport, 2005}) coincide en que el gobierno radical habría hecho un diagnóstico erróneo acerca de la situación económica interna, incurriendo en un exceso de optimismo respecto a la posibilidad de aplicar una serie de medidas económicas de corte keynesiano.

La existencia de elites autonomizantes es el segundo factor necesario en la realización de este planteo, pero el gobierno del presidente Alfonsín y su equipo económico se encontraron con un profundo cambio en los núcleos del poder económico nacional, los cuales privilegiaban claramente sus propios intereses por encima de la estabilidad de la naciente democracia y la recuperación económica. Así, la banca pujó por el pronto y mayor pago de los servicios de deuda; las empresas ajustaron sus precios según la inflación; los tenedores de divisas intentaron proteger su capital depositándolo en plazas más seguras, etc. (^{Rapoport, 2005}, p. 741)

La permisibilidad internacional era otro factor de importancia. Durante la década de los ’80, los términos de intercambio para las exportaciones agropecuarias nacionales se deterioraron, contrariando el optimismo inicial que se había tenido debido al panorama favorable para las commodities argentinas hacia 1980. En esta área también influyeron el proteccionismo estadounidense y su disputa con la Comunidad Económica Europea, y la competencia creciente de otros países exportadores de productos agropecuarios, generando un exceso de oferta de los mismos. La escasez de divisas que se esperaban obtener por el comercio internacional incrementaría las tensiones inflacionarias y presionaría sobre el mercado cambiario.

Además del factor económico y lo que ello significaba para el afrontamiento de los pagos de servicios de deuda externa, debía tomarse en cuenta la política internacional-marcada por lo que Halliday denominó “Segunda Guerra Fría”-caracterizada precisamente por el incremento de la confrontación internacional entre los bloques occidental y oriental, así como por la política de intervención estadounidense sobre el Tercer Mundo, que buscaba disciplinar cualquier intento de ruptura o transgresión hacia el orden sostenido desde Washington.

Por otro lado, tenemos la cuestión de la integración regional, la cual aparece en la literatura de los antedichos autores como interrelacionada con la noción de Autonomía y como un reaseguro ante las intervenciones del hegemón estadounidense y sus agentes, representados en los organismos de crédito internacionales. El gobierno del presidente Alfonsín y su gabinete buscaron impulsar diversas instancias multilaterales de negociación, siguiendo una tradición inspirada en los principios del krausismo.

Una de las iniciativas, el Grupo de Cartagena, precisamente se planteaba como una instancia para la negociación conjunta de los países deudores latinoamericanos, planteándose la extracción de riquezas y su transferencia desde estos hacia los países centrales, y el carácter eminentemente político de la deuda misma. Lo que podría haber sido una posibilidad para renegociar en términos mucho más favorables los pagos de los servicios de deuda terminó siendo una posibilidad sin realizar, debido precisamente a la prevalencia de negociar cada país latinoamericano por su cuenta. En semejante contexto, la capacidad de oponer resistencia ante la agenda impuesta desde la potencia hegemónica se reducía notoriamente.

Entonces, y tomando en cuenta todos estos factores antedichos, debemos volver a la estructuración del sistema internacional puigiana: la República Argentina, sin capacidad de articular una iniciativa de integración regional para resistir y proyectar alternativas para la renegociación de la deuda, así como afectada por la complicada situación económica interna, se vio con escasas posibilidades de negociación ante el repartidor supremo y hegemón regional-representado por Estados Unidos y su agenda económica promovida desde el Fondo Monetario Internacional-y reducida al rol de mero Estado recipiendario en este complicado contexto, adoptando luego una serie de medidas económicas que se amoldarían a las medidas ortodoxas que iban ganando tracción en aquel período.

7. Conclusión

A lo largo de este trabajo hemos presentado cómo, inicialmente al menos, la administración del presidente Alfonsín busco lo que se ha denominado “politizar” la cuestión de la deuda externa, tratando de aplicar una serie de políticas económicas internas que le permitiesen reactivar el aparato productivo nacional, así como tratando de articular una estrategia de negociación multilateral.

La segunda en particular habría permitido incrementar la capacidad de negociación y de resistencia argentina-así como del resto de los países latinoamericanos nucleados dentro del Grupo de Cartagena-ante los designios del Repartidor supremo-Estados Unidos y la agenda neoliberal promovida desde los organismos de crédito internacionales.

Sin embargo, y como vimos, las condiciones estructurales que habrían permitido el ejercicio de una política exterior autónoma no se encontraban, y el gobierno mismo habría sufrido de diagnósticos erróneos en cuanto a la situación económica interna y el panorama exterior.

Podemos agregar que, pese a las dificultades o errores de diagnóstico hechos por el equipo económico y la cancillería inicialmente, la búsqueda de instancias multilaterales de negociación por parte del gobierno de Alfonsín encontró mayores frutos con la firma de la declaración de Foz de Iguazú el 30 de noviembre de 1985, en conjunto con su par brasileño. José Sarney. Éste dejaría sentadas las bases para el establecimiento del Mercosur, abriendo las posibilidades para una posible integración económica y política entre los países del Cono Sur.