Introducción

La historiografía argentina ha estudiado productivamente los procesos de conformación de los mercados de tierras entre fines de la colonia y la consolidación del Estado nacional, condicionados por el devenir sociopolítico y económico.¹ También existe un conocimiento importante de las oficinas del Estado encargadas de formar registros catastrales e implementar una contribución directa (^{Bressan, 2018}; ^{Canedo, 2014}; ^{D’Agostino, 2014}; ^{Favelukes y Aliata, 2015}; ^{Gautreau y Garavaglia, 2011}; ^{Maizón, 2013}; ^{Mazzitelli Mastricchio, 2018}; ^{Pesoa Marcilla, 2017}), cuestión conectada con la configuración de las profesiones y las burocracias como usinas de gestores estatales, pero también expresión de la densidad y complejidad creciente de las relaciones sociales.² Otra vía de indagación, incluso, se ha ocupado de las formas jurisdiccionales de gobierno desde la colonia a la conformación nacional (^{Agüero, 2019}), cuando una cultura gubernamental apuntó a imponer argumentos y mecanismos ya no judiciales sino político-administrativos (^{Piazzi y Tío Vallejo, 2019}). Las relaciones entre estatalidad, saberes y territorio³ así, definen hoy un campo de reflexión prometedor al considerar que, la producción, organización y control del tercero configuró una condición de posibilidad material y simbólica de la primera, pero también que ésta lo construyó según sus objetivos coyunturales, de mediano o más largo plazo.

Se abordan los inicios de la normativización de la agrimensura y la creación del Departamento Topográfico (en adelante, DT) mendocino para dar cuenta de una experiencia con ciertas especificidades respecto tanto del caso referencial del ámbito rioplatense, dado por la institución refundada en Buenos Aires en 1852, cuanto en relación con las instaladas en otras provincias en los lustros siguientes. El objetivo es analizar cómo se desplegaron formas institucionales según la disponibilidad de recursos, cuánto pesó la tradición de experticia local en el reclutamiento del personal y de qué modo la práctica gubernativa se sirvió de sus saberes para cumplir funciones quizá no predominantes en otros casos. Se intenta revisar dos aspectos del “momento” post Caseros consensuado por la historiografía argentina teniendo en cuenta el caso porteño (^{Canedo, 2014}, pp. 7-9; ^{Favelukes y Aliata, 2015}, p. 27): por un lado, evidenciar cómo en Mendoza los esfuerzos de reordenamiento del territorio fueron anteriores a la caída de Rosas, continuando un impulso gubernamental previo demostrado en otros aspectos (^{García Garino, 2017}, pp. 83-87); por otro, relativizar la vinculación predominante de estas oficinas con la contribución directa ante la desaparición de las aduanas provinciales dispuesta por la Constitución nacional.⁴ El caso mendocino revela que si bien esto fue relevante en su fundación, junto con la garantía de los derechos de propiedad públicos y particulares ante la creciente valorización de la tierra tal como en otros contextos (^{Bressan, 2018}; ^{D’Agostino, 2014}; ^{Maizón, 2013}; ^{Mazzitelli Mastricchio, 2018}), estuvo acompañado por otras necesidades.

La hipótesis sostiene que el DT configuró un recurso institucional clave en la reorganización territorial provincial que buscó disciplinar los usos de los espacios públicos⁵ y de los recursos, junto con la realización de obras para fortalecer la hegemonía del modelo ganadero comercial. La acción del gobierno se habría apoyado para ello en modalidades político-administrativas en las que la voluntad ejecutiva trató de desplazar prácticas jurisdiccionales que reconocían la opinión y “derechos” de los vecinos gestionados con discursos y en escenarios judiciales.⁶ Si bien ya se ha avanzado en la demostración de esta hipótesis (^{Molina, 2019a}, ^2019b), se cree que la creación del DT y la normativización inicial de la agrimensura requieren un análisis específico que complete la mirada.

El recorte temporal reconoce momentos clave del objeto de estudio: 1850 refiere a la primera designación de agrimensores “de número”⁷ y 1860 conforma el año previo al terremoto de 1861 que señala un clivaje ineludible.⁸ Si bien puede parecer un marco demasiado acotado, se cree que la intensidad de la actividad institucional y de la producción documental lo justifican. Se utilizarán fuentes éditas e inéditas, estas últimas conservadas en la Sección Independiente del Archivo General de la Provincia de Mendoza redactadas desde el gobierno y sus oficinas, entendiendo que las prácticas escritas a través de las cuales se despliega la estatalidad configuran un discurso que también constituye a ésta misma. Así, la producción discursiva del Estado legitimaría su fuerza en éste mismo para transformar o mantener el sistema de relaciones sociales, pero también contribuiría cotidianamente a construir su ficción legitimadora (^{Muzzopappa y Villalta, 2009}).

La exposición tendrá tres partes. En la primera se atenderá al contexto de creación de los agrimensores de “número” y del DT, en la segunda a la reglamentación de sus actividades y en la tercera al elenco de agentes.

Ganadería comercial e intervención sobre el territorio

Desde la década de 1830 la economía provincial consolidó la vieja opción de la ganadería comercial asociada a la agricultura forrajera para reemplazar una actividad vitícola deprimida ante la competencia de los vinos extranjeros que entraban por Buenos Aires. Como ha explicado Rodolfo Richard Jorba (¹⁹⁹⁸), se retomó una práctica antigua y se la convirtió en el norte de la producción provincial (p. 30), generando el desplazamiento de los viñedos por campos de alfalfa para la cría y engorde de vacunos, dentro de un circuito mercantil en el cual Mendoza constituía un eslabón clave entre el litoral rioplatense y el valle central chileno. Para 1850, el espacio productivo reflejaba esto: las viñas casi habían desaparecido del paisaje, siendo el 2 % de la superficie cultivada, los alfalfares ocupaban el 80% (^{Richard Jorba, 1998}, p. 28), mientras la economía provincial experimentaba una notable y progresiva recuperación (^{Bragoni, 2011}, p. 212).

Esto fue estimulado por el gobierno provincial con legislación⁹ y obras de infraestructura. La extensión y complejización del sistema de riego se volvió blanco de las políticas públicas: se contrató la construcción de dos acequias en los territorios más orientales de la jurisdicción para regar estancias en las que los animales se recuperaran del largo periplo desde Buenos Aires y Santa Fe, y se apuntó a la desecación de pantanos. Los tres puntos cenagosos del oasis norte (la Ciénaga del Norte, la del Bermejo y la de Rodeo del Moyano), fueron abordados con diverso éxito por un intervencionismo gubernamental que atravesaba ámbitos hasta entonces regulados por negociaciones personales.¹⁰ Estos esfuerzos, sin embargo, no se conectaban solo con la ampliación de los cultivos, sino también con la garantía de tránsito para las mercancías por el antiguo camino real que unía la ciudad con el centro-este de la Confederación argentina y el valle central chileno. En este contexto, en 1855 se aprobó una ley de patentes e impuesto territorial que impuso un canon sobre la propiedad inmueble y el ganado, mientras que en 1857 se dispuso que los terrenos que pagaran prorrata por riego debían hacerlo doble, considerando que la disponibilidad hídrica suponía mayor productividad en una zona de clima semiárido (^{García Garino, setiembre, 2018}).

Simultáneamente se tomaron medidas para una reespacialización política de los territorios. A fines de 1850, se definió un ámbito jurisdiccional en torno de la refundada Villa de Corocorto (que pasó a llamarse La Paz) (^{Ahumada, 1860}, pp. 206-207), en 1854 se anexó a la Subdelegacía de San Martín parajes que pertenecían a la Comisaría del 4° Departamento de campaña, mientras que en el 6° Departamento de campaña se unieron poblaciones de la margen derecha del río que hasta el momento habían correspondido a la Subdelegacía de Valle de Uco (^{Ahumada, 1860}, pp. 279-280). Meses después se creó un nuevo 7° Departamento que reafirmaba los límites orientales del decreto anterior, y se designó un comisario más en este sector (^{Ahumada, 1860}, p. 290). Una resolución legislativa expropió la Hacienda de Uspallata, al oeste del casco urbano sobre la cordillera, para repartir terrenos, delinear una plaza y establecer el edificio de la Aduana “con las oficinas, almacenes necesarios” y un corralón (^{Ahumada, 1860}, pp. 286-288); se designó un subdelegado para “imprimir desde el principio el órden [sic] y arreglo policial y de aguas”, e impulsar los trabajos (^{Ahumada, 1860}, pp. 308-309), aunque luego la obra fue suspendida (^{Ahumada, 1860}, p. 326). Se crearon las Villas de San Vicente y Luján (^{Ahumada, 1860}, pp. 293-294), se restableció la Subdelegacía de Las Lagunas (^{Ahumada, 1860}, pp. 298-299), y se suprimió la de San Rafael (al sur, sobre el río Diamante), estableciendo que su población podría acudir por la primera instancia judicial ante el subdelegado de San Carlos (^{Ahumada, 1860}, pp. 327-328), nominándose luego un comisario para que cumpliese ésta y desempeñase funciones fiscales (^{Ahumada, 1860}, pp. 339-340). En 1858 se crearon dos nuevas villas departamentales, Maipú y Guaymallén, cabeza de sendas subdelegacías (^{Ahumada, 1860}, pp. 356-357), y una más meridional, la de Tupungato, escindida de la de San Carlos (^{Ahumada, 1860}, pp. 371-372). En 1859, en fin, se dividió la Subdelegacía de San Martín en dos: el Departamento homónimo y el de Junín (^{Ahumada, 1860}, pp. 372-373).

Figura 1. Subdelegacías y villas de Mendoza a comienzos de la década de 1850 

Fuente: Elaborado por Matías Ghilardi sobre la base de Inés Sanjurjo de Driollet (2004, p. 333).

Otras disposiciones apuntaron a la delineación de las trazas urbanas y vías de comunicación. En 1854 se estipuló el ancho que deberían tener las calles de las nuevas poblaciones, las de los suburbios y los carriles divisorios entre los departamentos, previendo la apertura de cruces a distancias regulares en caminos principales (^{Ahumada, 1860}, pp. 282-283). Los argumentos de estas medidas y las de disciplinamiento de la irrigación hincaban en el desorden y malos hábitos con los que habían crecido las poblaciones y que las autoridades consideraban debía remediarse.¹¹ En este contexto de complejización socioeconómica articulado con una mayor intervención territorial del gobierno¹² en materia de obras públicas, reordenamiento de los cuadros administrativos¹³ y control burocrático,¹⁴ se nombraron los primeros agrimensores oficiales y se creó el DT.

Institucionalizando la gestión territorial y espacial

En 1850 el ejecutivo decretó que las mensuras de tierras debían ser realizadas por persona competente para tener validez (art. 1°), designando a tres agrimensores “de número” (art. 2°) pero dejando expedita la presentación a futuros candidatos evaluados por una comisión ad hoc (art. 3°), y previendo que en caso de desavenencia el gobierno nombraría otro “especial” (art. 5°). Estos peritos serían responsables por sus errores, debiendo pagar daños y perjuicios (art. 4°), obligándoselos a acompañar su actuación con un plano (art. 6°). Se fundamentó la medida en los servicios que los saberes otorgaban al bien público al evitar la conflictividad entre los particulares y el fraude al fisco, ambos problemas favorecidos por la “falta de conocimiento en persona de capacidad é inteligencia” (^{Ahumada, 1860}, pp. 210-211). Los incluidos en el decreto fueron José Galigniana, Pablo Pescara y Manuel Argañaraz.¹⁵

Días después, se nombró al segundo “ingeniero de la Ciudad y Villa de San Vicente”, para vigilar el cumplimiento del Reglamento de Policía de 1828 sobre edificaciones y veredas, con vistas a uniformar el espacio público y mejorar el tránsito, habilitándolo para planificar, presupuestar e inspeccionar obras a pedido del gobierno, el Jefe de Policía o el Juez de Aguas (art. 2°) (^{Ahumada, 1860}, pp. 211-212). El decreto lo equipaba como empleado público, incluyendo su sueldo anual ($120), aun cuando los replanteos de las construcciones particulares debían serle compensados por los vecinos (art. 3°). Esta nota marcaba una particularidad vinculada con los agrimensores, quienes, si bien estaban legitimados en su titulación por el Estado provincial, eran pagados por los interesados, lo que no cambió luego cuando el archivo de mensuras comenzó a servir para la conformación de un capital informacional, situación que repetía y repetiría la de otras provincias (^{Bressan, 2018}, p. 16; ^{Gautreau y Garavaglia, 2011}, p. 89; ^{Maizón, 2013}, p. 90).

En mayo de 1853, otro decreto creó la “Comisión Topográfica y de Estadística” fundándose en la “necesidad urgente” de un “Departamento” que dirigiese las obras públicas; la delineación de pueblos, caminos, calles y edificios; la traza de planos y mapas; y arreglase el ejercicio de agrimensores y “artesanos” (^{Ahumada, 1860}, pp. 260-262). Esto colocaba a Mendoza en la vanguardia rioplatense tras Buenos Aires, en donde se restableció en 1852 el DT (creado en 1826), y Uruguay, que lo tenía desde 1831, pues las fundaciones en otras provincias fueron posteriores: Córdoba, Entre Ríos¹⁶ y Santa Fe en 1862; San Juan y Salta en 1864; Santiago del Estero en 1869 (^{Bressan, 2018}, p. 5; ^{Canedo, 2014}, p. 2; ^{Maizón, 2013}, p. 90). Era diseñada como una oficina para organizar la intervención gubernamental sobre el territorio, jerarquizando la actuación de funcionarios vigentes (^{Cirvini, 1989}, p. 42), bajo cuyo control quedaba el cuerpo de agrimensores legitimados (y a legitimar) por la titulación oficial.

La institución integraba al Director de obras públicas¹⁷ como Jefe, dotándolo con $ 40 mensuales, y al Ingeniero de la ciudad “con el sueldo de su empleo”, aunque sumaba un “Redactor de la mesa de Estadística” que se nombraría luego (art. 1°), y preveía la incorporación de un oficial auxiliar con fondos públicos y empleados honorarios a determinar (art. 2°).

Tabla 1. Organigrama y sueldos del DT según decreto de 1853 

[*]. El decreto establecía que mantendría el sueldo de su empleo como Ingeniero, fijado por el decreto de su nombramiento de 1850 (^{Ahumada, 1860}, pp. 212 y 260).Fuente: Elaboración propia.

Si se compara esta jerarquía de empleados con la del DT de Buenos Aires se observan dos cosas que, no por obvias, hay que dejar de remarcar: la oficina mendocina contaba con un personal mínimo en el que la acumulación de funciones era sancionada por la norma al incorporar dos funcionarios vigentes para hacerse cargo de nuevas tareas; y la distancia del monto de los sueldos, pues si el Presidente del DT en Buenos Aires cobraba $3000 y el Ingeniero 1° $2000 mensuales (^{Canedo, 2014}, p.16), en Mendoza el Jefe recibiría un monto anual que no llegaba a los $500 por año, mientras que el Ingeniero debía desempeñar dos puestos por el mismo sueldo de $120 anuales. Comparada con el personal y los salarios de Entre Ríos posteriores también la escasez mendocina era notable, ya que allí para 1864 el plantel incluía Presidente (con $150 por mes), dos Vocales (con $100 mensuales cada uno), cuatro Delineadores ($75) y un Portero ($20) (^{Mazzitelli Mastricchio, 2018}, p.14).

La disposición ratificaba la de 1850 sobre agrimensores al establecer que sólo los de “número” podían emitir mensuras válidas, encargando a la Comisión el control de la idoneidad de los nuevos candidatos (art. 5° y 6°) y de los documentos por ellos emitidos (art. 10°). El mismo acto normativo ampliaba la nómina de habilitados con Nicolás Villanueva, Gerónimo Espejo, Gerónimo Galigniana, José María Reina, Santiago Lizárraga y Domingo Moyano (art. 7°). Ya no solo debían realizar un plano por cada mensura sino que tenían que presentar copia a la Comisión para su evaluación (art. 8°), limitándose los márgenes de error en la confección: sería considerada delito toda operación que después de rectificada diese un error mayor a “dos por ciento en los sitios o solares menores de una cuadra, un cuatro por ciento desde una cuadra á una legua cuadrada, y un seis por ciento, desde una legua cuadrada para arriba” (art. 9°). La precisión matemática reemplazaba en la norma los deslindes basados en consensos negociados (^{Garavaglia, 2011}, pp. 54-55, ^{Molina, 2019a}, pp. 12-13).

Las otras atribuciones de la institución implicaban su rol de tribunal en asuntos contenciosos sobre la materia e informante de gobierno y juzgados; el deslinde de tierras públicas y privadas, y su distribución; la delineación de calles, caminos, plazas y pueblos; la formación de planos y mapas; y la propuesta de obras públicas que luego debía inspeccionar. En todo debía llevar libros y registros, tarea clave para luego “recoger, organizar y publicar todos los datos estadísticos de la Provincia”. Se diseñaba, en principio, un departamento general, a diferencia del modelo porteño que optó en 1852 por distinguir las funciones topográficas, de infraestructura y estadísticas (^{Canedo, 2014}, p. 9).

Como se ve, el decreto fundador conectó su labor en el deslinde de terrenos, especialmente públicos,¹⁸ y con la espacialización política de los territorios según su relevancia en la producción ganadera y el comercio (fundación y asentamiento de pueblos, calles, caminos, desecamiento de ciénagas), pero también con la información que la experiencia de gobierno local iba ofreciendo sobre las necesidades de acceso a la justicia. En este sentido, el análisis de las prácticas judiciales de aguas en San Martín ha mostrado una creciente litigiosidad reflejo de una mayor valorización de las tierras (^{Molina, 2019c}). De hecho, Beatriz Bragoni (²⁰¹¹) ha marcado cómo las localidades vigorizadas por la especialización en cultivos para la cría y engorde de ganado revelaron un claro crecimiento demográfico, dando cuenta de un movimiento migratorio interno e interregional vinculado a las expectativas que generaban los departamentos orientales de la provincia para el trabajo rural y el acceso a la tierra (p. 240).¹⁹ Definir lo público, como muestra el caso cordobés de unos años después (^{Maizón, 2013}, pp. 91 y 95), y contribuir con el equipamiento institucional del territorio se convertía en la preocupación central de la oficina.

Un detalle no menor, sin embargo, fue la doble denominación de Comisión Topográfica y DT presente en el decreto de creación, pues mientras la primera se conectaba con un concepto del paradigma jurisdiccional (“comisionar” en tanto otorgamiento de capacidad judicial específica para una tarea),²⁰ la segunda designaba un ámbito dentro de una organización político-administrativa (de hecho, desde 1828 aludía a los cuadros en los que se dividía el espacio provincial).²¹ Esta inestabilidad nominativa se conservó en la aprobación de los planos enviados por los agrimensores y en los informes elevados al gobierno,²² aunque desde la esfera del ejecutivo resultó común “Departamento” en los decretos que lo implicaban²³ y en la partida presupuestaria.²⁴ Ello parecía expresar su dificultosa institucionalización.

En efecto, los vaivenes iniciales por las renuncias de sus autoridades²⁵ dificultaron la estabilización de las tareas, en especial la formación de archivos.²⁶ La designación de José Galigniana como Jefe o “Encargado” a mediados de 1854 (cargo al que sumó las responsabilidades de Ingeniero), permitió mejorar la coordinación de las actividades, la planificación ordenada de las labores y el registro de bienes y papeles. Su informe de 1855²⁷ iniciaba con un apartado titulado “Oficina”, donde detallaba cómo su primer paso había sido “reglamentar [la]” y nutrirla con los elementos necesarios para “fundar su archivo”. Consignaba la confección de un índice de partidas que recogían lo que pasaba “por este ministerio”, sumado a planos y croquis de diferentes puntos de la provincia y los presentados por los agrimensores.

El equipamiento técnico que había recibido evidenciaba una discreta disponibilidad de instrumentos: 3 reglas largas, 2 planchas de álamo, plumas, lápices, esponja, papel y algo de mobiliario. A su vez, el inventario de su antecesor había enunciado planos de villas y caminos, datos para la formación de la cartografía provincial, un registro clasificado de la documentación interna, reglamentos de la penitenciaría y una escuela de artes y oficios.²⁸ Luego hubo pocas adquisiciones, exceptuando insumos básicos,²⁹ pero esta carencia instrumental no era un mal exclusivo de la oficina mendocina, pues se ha mostrado cómo conformó una queja recurrente de los miembros del DT porteño (^{Canedo, 2014}, pp. 11-14), aunque cada cual en su propio contexto de recursos. Así, el presupuesto provincial para 1857 garantizó un mínimo para gastos, un aumento del sueldo del Encargado a $ 45,54 (pues reunía las funciones del Ingeniero) y la incorporación de un Oficial con $18,216.³⁰

Los informes de los Jefes del DT revelan que, aún con mínimos recursos, varias tareas se realizaron.³¹ Si la delineación de calles, caminos y acequias, junto con la desecación de ciénagas, fue un foco privilegiado (^{Molina, 2019b}), también lo fue la representación cartográfica, articulando la recuperación, copia y registro de planos, mapas y croquis antiguos, con nuevas gráficas, en un procedimiento por “rompecabezas” basado en el esfuerzo intergeneracional ya marcado para el caso de Buenos Aires (^{Pesoa Marcilla, 2017}, p. 170). Esta intervención material y simbólica también incluyó la inspección de edificaciones urbanas y la delineación, planteo y verificación de la construcción de espacios públicos: teatro, tablado para la jura constitucional, delineación de villas.

Asimismo, sus responsabilidades incluyeron el examen de las mensuras, la evaluación de los candidatos a agrimensor y los dictámenes para procesos judiciales. En relación con lo primero, si bien los documentos permiten apreciar un incremento del registro de propiedades y la conformación de un archivo para su conservación,³² su impacto en la cuestión fiscal pareció no ser determinante, pues recién se establecerían comisiones para el avalúo de bienes inmuebles a los fines de imponer impuestos directos en 1871, aunque en ellas no se previó la incorporación de agrimensores, conformándolas, en cambio, con vecinos (^{García Garino, 2018}). Durante el periodo de estudio, entonces, se observa que las funciones del DT conectadas al catastro y el fisco, clave en la experiencia porteña (^{Favelukes y Aliata, 2015}), no habrían sido prioritarias en Mendoza, en donde la discusión por la proporcionalidad de los impuestos y las estrategias fiscales habrían corrido por otros carriles, como ya se dijo.

Respecto de los nuevos agrimensores, fue en la práctica en donde se definieron los criterios de evaluación técnica. Durante 1856 se habilitó a dos peritos, uno sin rendir, que adjuntó documentación del Instituto Nacional de Santiago, el cual certificaba su aprobación de los cursos de aritmética, álgebra, geometría (elemental y descriptiva), trigonometría, geografía descriptiva y topografía,³³ y otro ante un tribunal que avaló sus saberes sin precisar cuáles eran estos.³⁴ Por la misma época, también Eusebio Galigniana solicitó la prueba, pero esta vez el “presidente especial” del DT requirió al gobierno el programa al que debían sujetarse los candidatos,³⁵ y se le pidió a aquel que se preparase en base a ello.³⁶ Su examen se concretó algunos años después, obteniendo su título³⁷ en un momento en que al parecer ya resultaban claros los conocimientos exigibles a los potenciales peritos. En efecto, en 1858 la reglamentación del Instituto Literario de la Santísima Trinidad había previsto la preparación técnica para rendir como tal, la cual implicaba la aprobación del curso de matemáticas con un programa que incluía casi las mismas materias que había certificado el referido ente chileno (^{Cirvini, 1989}, pp. 29-30). Para 1860, el título otorgado a Manuel Segundo Argañaraz fue el de “agrimensor, tasador y partidor”, dejando bien precisados funciones y saberes necesarios.³⁸

¿Qué ocurrió con la mesa de “Estadística” prevista en la instalación del DT? En setiembre de 1852 Juan Llerena había sido contactado por el ejecutivo para desempeñarse como “redactor” de una oficina homónima y brindar al gobierno nacional información sobre la provincia. En virtud de ello, presentó un plan de obra con todas las materias que entonces se vinculaban con ese saber,³⁹ pero al final no pudo concretar el proyecto. Al año siguiente, el decreto creador del DT incluyó la referida mesa, aunque en 1856 todavía se hallaba en proceso de organización.⁴⁰ Sí resulta interesante que su práctica tambaleante se acercó al modelo institucional porteño en el cual se diferenciaron burocráticamente las labores estadísticas de las del DT (Canedo, 2014, p.8), pues ni éstas ni quienes se desempeñaron en ellas se cruzaron, al menos en el periodo en estudio.⁴¹ Los agrimensores se configuraban, así, como un elenco definido en estrecha relación institucional con aquel.

De saberes, trayectorias y vínculos

Si se comparan las modalidades del hacer y decir de la intervención territorial de las décadas anteriores con las del periodo abordado, se pueden observar claras diferencias en los argumentos gubernamentales (^{Molina, 2019a}). Estos últimos se apoyaban ahora en el rol que iban adquiriendo el DT y el grupo de agrimensores en labores que apuntaban a ordenar los espacios públicos (apertura y rectificación de calles, reutilización de caminos, alineamiento de edificaciones, desecación de ciénagas, apertura de desagües) y a secundar los esfuerzos de espacialización político-administrativa referidos (planeación de villas, delimitación de plazas; mensura, deslinde y distribución de terrenos; demarcación de arterias de comunicación inter e intra departamentales). La legitimidad adquirida por sus saberes entró en una relación dinámica con el Estado provincial en construcción, por cuanto éste necesitaba de ellos para efectivizar sus planes de ordenamiento y, simultáneamente, los sujetos que los poseían lograban una titulación que nutría su capital social y fortalecía el reconocimiento público del oficio. Si bien no se han hallado instrucciones para agrimensores como las que se dieron en Buenos Aires, las cuales fijaron criterios básicos de trabajo y evidenciaron voluntad de formalización e institucionalización (^{Gautreau y Garavaglia, 2011}, pp. 75-77), sí se fueron definiendo progresivamente los conocimientos requeridos para acceder al título, como se dijo, y hubo una mayor exigencia en el detalle de los informes, los cuales incorporaron recursos gráficos ya no solo como complemento sino como principal elemento de prueba (^{Molina, 2019a}, pp. 27-28).

La creciente presencia de agrimensores en los esfuerzos de territorialización provincial no implicó un elenco prolífico, pero da cuenta de un grupo que se fue consolidando al ritmo de sus vínculos con el DT como oficina. Esta articulación conformó un recurso práctico para ejecutar obras por un gobierno provincial con presupuesto escaso, situación distinta a Buenos Aires en donde tres entidades públicas diversas (DT, Consejo de Obras Públicas y Municipalidad) con sus propios recursos, iniciaban y sostenían por entonces múltiples labores (^{Favelukes y Aliata, 2015}, p. 30). De allí que en Mendoza los actores implicados parecen haberse alternado entre labores “administrativas” y de terreno.⁴²

Para el periodo se han individualizado 7 miembros del DT: Rivarola (Jefe y Director de obras públicas, 1853-1854), Pescara (Ingeniero de Ciudad y San Vicente en 1850, incorporado al DT en 1853, renunciante en 1854), Gerónimo Galigniana (Encargado interino, 1854), J. Galigniana (Encargado desde 1854), M. Argañaraz (Encargado en 1860), Rufino Álvarez (Oficial secretario en 1855) y E. Galigniana (Oficial secretario en 1855, quizá hasta 1859). No obstante, una perspectiva colectiva sobre el grupo de agrimensores permite obtener mejores pistas sobre el rol de los vínculos familiares en la adquisición de sus saberes y la relación del oficio con una potencial proyección pública. Este elenco más amplio incluyó, entonces, a Rivarola, J. Galigniana, Pescara, M. Argañaraz, Villanueva, Espejo, G. Galigniana, Reina, Lizárraga, Moyano, E. Galigniana, Álvarez, Ignacio Palacios, Eusebio Videla, Fernando Berghman y M. S. Argañaraz.

De ellos solo 4 rindieron ante tribunal para obtener su título (Álvarez, E. Galigniana, Berghman y M.S. Argañaraz) y otro lo obtuvo por certificación de conocimientos por una institución chilena (E. Videla), como se refirió. El resto fue nombrado por el ejecutivo en 1850 y 1853, legitimando una idoneidad públicamente reconocida. La excepción fue Palacios, de quien no se ha encontrado nombramiento ni validación profesional, aunque presentó mensuras desde 1853. De los 16 hombres del listado sólo 6 tuvieron una preparación más o menos sistemática, de los cuales solo 3 la habían obtenido fuera de Mendoza: Rivarola venía de la península itálica (^{Cirvini, 1989}, p. 55), Berghman de Bélgica⁴³ y Videla había estudiado en el Instituto Nacional de Santiago durante el exilio de su familia (^{Bragoni, 1999}, p. 202). Los 3 restantes pudieron estudiar para el examen, pero 2 eran Oficiales secretarios cuando decidieron rendirlo, mostrando que la pericia podía adquirirse en la práctica y la observación. Pero, además, 2 eran hijos de agrimensores (J. Galigniana y M. Argañaraz), con quienes pudieron adquirir su oficio.

Tabla 2. DT y agrimensores en Mendoza, 1850-1860 

Fuente: Elaboración propia.

Es probable que Lizárraga⁴⁴ y Moyano no pertenecieran a familias encumbradas, pero al menos el segundo había labrado una trayectoria pericial en cuestiones de tierras en su lugar de residencia. En efecto,⁴⁵ había sido nombrado para actualizar el padrón de regadío del 2° Departamento de campaña, tasar los bienes de un deudor de Temporalidades y del “sensualista del colegio”, e integrar la comisión para la obra del Zanjón.⁴⁶ Incluso, fue designado en reiteradas ocasiones como escrutador de la mesa electoral de su barrio, evidenciando el capital social que detentaba.⁴⁷

Resulta claro que eran dos las parentelas prioritariamente conectadas con la gestión hídrica y de tierras, ambientando fuertes lazos de endotecnia:⁴⁸ Pescara y Galigniana. Pablo era primo de Juan de la Rosa Pescara y sobrino nieto de José Pescara, ambos eximios tomeros e inversionistas en tierras paupérrimas luego valorizadas con acceso al agua (^{Molina, 2016}). Es probable que él lograse adquirir un conocimiento más sólido o sistemático que sus familiares, pues fue nombrado no solo agrimensor sino también Ingeniero. Entre los Galigniana se hallaban el incansable José, su hijo Eusebio y su hermano Gerónimo, una parentela con saberes acumulados sobre la materia. De hecho, el primero ya había cumplido antes de su nombramiento muy distintas labores: había sido comisario especial de aguas de la ciudad, empadronado terrenos labrados no declarados, integrado comisiones de planificación de un cuartel militar y el Zanjón, comisionado a Corocorto para inspeccionar canales y acequias, e incorporado al grupo informante sobre desagües en San Martín. Incluso, había construido una de las acequias de Mallea en el sector oriental de la provincia⁴⁹ y se había desempeñado como perito del gobierno en la mensura y tasación de terrenos baldíos.⁵⁰

Otros agrimensores tenían un saber más pulido conectado con la instrucción propia de las familias de linaje, evidenciado en las trayectorias previas a sus designaciones. Tanto Villanueva como Reina participaron en la sociabilidad literaria y la prensa local de la década de 1820,⁵¹ fueron varias veces legisladores⁵² y cumplieron labores que implicaban conocimientos nutridos. El primero, además, había adquirido pericia en la gestión contable e impositiva, lo que explica su participación en comisiones sobre la materia⁵³ y en la Administración de Aduana,⁵⁴ desarrollando también experiencia en edificación e hidráulica.⁵⁵

Espejo, por su parte, recibió formación técnica en el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Andes, el cual debía reunir información para el cruce de la cordillera, relevar ocularmente la montaña, confeccionar croquis y realizar mediciones (^{Micale, 2017}, s. p.), sumando, entonces, a su saber el capital simbólico otorgado por la gesta libertadora.

Así, si un grupo restringido manejaba cierta formación técnica, la mayoría debía su pericia a una adquisición empírica de saberes, entre los cuales la gestión del agua, las mediciones y tasaciones de terrenos, y la ejecución de obras públicas se articulaban intensamente. Esta diversificación de tareas era propia de una época en la cual la especialización profesional de los oficios de agrimensor, ingeniero e hidrómetra no se había desarrollado. Como ocurría en otros contextos, los primeros eran considerados “expertos en agricultura”, ocupándose de mensurar tierras, dividir herencias, calcular distancias y obras, redactar informes técnicos y resolver litigios (^{Faus Prieto, 2012}, p. 84).Una vez más, la situación era bien distinta a la de Buenos Aires, en donde los estudios superiores y las formaciones profesionales parecían tener más peso cuantitativo y cualitativo, tanto al momento inicial del DT como en su restablecimiento de 1852 (^{Canedo, 2014}, p.8; ^{D’Agostino, 2014}, pp. 22-23). Ni qué decir del caso cordobés posterior, donde la entidad universitaria creó un ámbito de profesionalización cuya tensión con la titulación otorgada por el DT mostró la tensión competitiva de modelos formativos diversos (^{Maizón, 2013}, p.95).

También resulta clara la preeminencia de naturales de la provincia, pues excepto Rivarola y Berghman, procedentes de Europa, Lizárraga de Lima y Argañaraz de Córdoba, el resto era nacido en ella. Esto también conviene remarcarlo, pues si las experiencias de otras provincias se conectaron con extranjeros que introdujeron tecnologías novedosas (^{Bressan, 2018}), en Mendoza el peso de la tradición local parece haber sido prioritario en los comienzos del DT.⁵⁶

En cuanto a las posibilidades de ascenso social y posicionamiento público que permitía el título se debe considerar que, si el oficio estaba vinculado a ciertas parentelas de linaje (Galigniana)⁵⁷ o era ejercido por miembros de la elite (Videla, Reina, Villanueva),⁵⁸ también hubo agrimensores de procedencia no encumbrada (Espejo, M. y M. S. Argañaraz, Lizárraga, Moyano, Álvarez,⁵⁹ Berghman), que ejercieron el oficio como recurso laboral.⁶⁰ Y si las trayectorias públicas previas pudieron ser clave para el reconocimiento oficial al inicio de la institucionalización, este desempeño no implicó luego un trampolín a posiciones más altas, pues sólo 3 fueron legisladores, Espejo (1854-1855), Reina (1853-4 y 1855-6) y Villanueva (1852-3 y 1854-5) (^{García Garino, 2017}, pp. 449, 452 y 454), teniendo en cuenta que estos dos últimos ya lo habían sido antes. Esto muestra una relativa tendencia a la especialización en el oficio, redundando quizá en una creciente pericia y reconocimiento del Estado.

En efecto, la compulsa de fuentes muestra cómo los gobiernos se sirvieron del DT para comisiones diversas, en las que los honorarios y la dieta los pagaban particulares o autoridades según correspondiese.⁶¹ A Pescara se le ordenó el arreglo de calles y acequias en San Martín,⁶² y a Galigniana se lo designó para delinear edificios,⁶³ caminos⁶⁴ y desagües,⁶⁵ expropiar terrenos,⁶⁶ construir y nivelar calles o reglamentar la edificación.⁶⁷ La participación en los tribunales evaluadores reflejó cómo la institución reproducía la legitimación estatal de saberes a través del elenco más amplio de agrimensores, pues fueron evaluadores Villanueva, Pescara, Videla, Argañaraz, Reina, Palacios, Berghman y G. Galigniana. Este elenco más amplio, a su vez, también fue convocado en innumerables ocasiones para obras hidráulicas,⁶⁸ edilicias y delineación de los espacios públicos,⁶⁹ acompañando un proceso de territorialización que otorgó lugar privilegiado a los poblados y cultivos conectados al comercio ganadero, como se ha mencionado.

Conclusiones

El trabajo ha intentado mostrar cómo la configuración del Estado provincial mendocino se apoyó sobre el DT y un elenco de agrimensores para sus múltiples intervenciones tanto en la traza urbana y rural como en las cuestiones vinculadas a la irrigación y el gobierno territorial. Se comisionó a su encargado para delinear y rectificar calles y caminos, replantear y ampliar acequias, desecar ciénagas, planificar plazas y villas, diseñar edificios, expropiar terrenos para obras. Esta hiperactividad se inició en 1850, cuando comenzaron a tomarse medidas que repensaban el espacio provincial según las necesidades crecientes de la ganadería comercial, la cual valorizaba zonas del oriente provincial y del recorrido caminero hacia Chile. La continuidad de esta tendencia “pre-Caseros” se evidenció también en el elenco de agrimensores, pues la titulación oficial reconoció trayectorias previas de pericia en la gestión hídrica y de tierras, más conectadas con la endotecnia que con los estudios superiores o el arribo de extranjeros profesionales como evidencian otras experiencias provinciales y la de Mendoza luego del terremoto de 1861.

El DT se convirtió en el núcleo institucional de un grupo poseedor de saberes más amplio, pues si solo algunos agrimensores ejercieron puestos en él, todos se articularon con la oficina por las mensuras que debían presentar, la participación en su tribunal evaluador o la actuación en comisiones diversas. Se perfiló desde su creación como una entidad definida dentro del organigrama de gobierno que, junto con el elenco de hombres del que se nutría, se diferenció funcionalmente de otras como la mesa de Estadística. Esta se concentró, en su tambaleante inicio, en el acopio de datos para la gestión de gobierno, reflejado esto en que ninguno de sus redactores (al menos los detectados) actuó como agrimensor en el periodo. Ello habla de una relativa especialización con la cual se desplegaron ambas oficinas, aun cuando el decreto fundacional integraba esta última en el DT.

Los agrimensores se convirtieron de algún modo en intermediarios entre un orden estatal que fundamentaba su accionar y las comunidades sobre las que pretendía desplegarse. Así, la estatalidad se esbozaba como potencia instituyente al intentar disciplinar los usos tradicionales de los espacios públicos y los recursos hídricos, como también quizá las formas de propiedad vigente, expresado ello en el requerimiento de mensura emitida por perito titulado o la imposición de expropiación para la delineación de obras públicas (^{Molina, 2019a}). Pero la dialéctica entre saberes y estatalidad mostró en el caso mendocino una dinámica sugerente si se la compara con otros casos provinciales. Por un lado, si bien el proceso constituyente nacional y provincial pudo favorecer el impulso gubernamental sobre el territorio, éste fue previo a Caseros y, de hecho, los vínculos con las autoridades nacionales en infraestructura no tuvieron demasiado peso hasta que el terremoto de 1861 sobrepasó las posibilidades técnicas y presupuestarias locales. Por otro lado, si el registro de propiedades con finalidad fiscal estuvo presente, la labor predominante del DT pareció estar orientada a las edificaciones y delineaciones públicas y, con ellas, a la acumulación de planos y croquis que “produjeran” el espacio provincial; de hecho, ni en esta época ni en los lustros siguientes, los agrimensores y el DT fueron convocados a comisiones de avalúo fiscal. No obstante, en investigaciones futuras deberían incorporarse nuevas fuentes para apreciar su impacto efectivo en las prácticas y representaciones en torno de la propiedad de la tierra, las transferencias público-privadas y la conflictividad entre particulares, en la línea de lo trabajado ya por D’Agostino (²⁰¹⁴) para el caso de Buenos Aires.

Como se ve, este trabajo no termina de responder las cuestiones planteadas al inicio, pero permite vislumbrar que las oficinas de acopio informacional de los Estados provinciales parecieron desplegarse con dinámicas diferentes según los recursos materiales y humanos disponibles, respondiendo a necesidades coyunturales específicas como fue, en el caso mendocino, el tema del modelo ganadero comercial y la espacialización política vinculada con él. Ello resulta bastante claro a quien observe dónde se hallaban las ciénagas desecadas, qué caminos se rectificaron y el impulso de qué poblaciones fue secundado. En definitiva, quizá haya que prestar más atención al modo en que diversos trayectos de estatalidad instituyen diferenciadamente las sociedades, viéndose asimismo afectados por estas, sus necesidades y sus propias experiencias históricas.