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Surgimiento de las estadísticas criminales en Argentina. La influencia de los discursos criminológicos en la producción y análisis de datos de la Ciudad de Buenos Aires (1885-1921)

The emergence of the criminal statistics in Argentina. The influence of criminological discourses in the production and analisys of data on the City of Buenos Aires (1885-1921).

 

Hernán Olaeta*

Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de Quilmes, Argentina olaeta@gmail.com

Recibido: 22/03/2015
Aceptado: 15/05/2015

 

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Resumen

Para el fin del s. XIX y principios del s. XX, en Argentina se vivieron profundos cambios sociopolíticos que propiciaron la instalación de un discurso positivista con influencias en el gobierno local y el campo científico-académico, particularmente en el campo criminológico. En este marco, la estadística criminal se transformó en una herramienta de legitimación de saberes y prácticas bajo el imperativo de estudiar científicamente la delincuencia. Si bien los datos eran limitados y tenían problemas de consistencia, su confección e interpretación respondían a una visión de lo que se entendía como problema criminal. Este artículo aborda los alcances de las ideas positivistas en las primeras producciones de estadísticas oficiales en materia penal y en los análisis de los principales referentes de la criminología local como también los antecedentes en la conformación del primer organismo rector en la materia.

Palabras clave: Estadísticas criminales; Positivismo; Inmigración; Oficinas estadísticas; Criminología positivista.

Abstract

By the end of 19th and the beginning of 20th century, Argentina experienced important social and political changes in which a positivist speech took place and influenced local government as well as the academic and scientific field, specifically in criminology. In this context, criminal statistics became an instrument to legitimize knowledge and practices under the imperative of studying crime through a scientific angle. Even when the existing data was limited and not all consistent, it was useful to display a perspective of what was understood as "criminal problem". This article deals with the scope the positivist ideas had in the origins of the criminal statistics office and the analysis of the first referents of local criminology.

Key words: Criminal statistics; Positivism; Immigration; Statistical offices; Positivist criminology.

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No hacemos política, hacemos Sociología. (Dellepiane)

En la segunda mitad del siglo XIX se fue consolidando una nueva forma de detectar y ocuparse de los problemas sociales caracterizada por su adscripción a discursos de raigambre científica. La estadística moderna, en este marco, se convirtió casi en el paroxismo de la objetividad y el saber neutro (Kaminsky-Kessler-Kosovsky, 2007), abarcando cada vez más campos de conocimientos. Asimismo, la recopilación de datos por parte del Estado se fue transformando en una fuente ineludible de saberes legitimados. El conocimiento criminológico no fue ajeno a este proceso y, en particular, el nacimiento de los estudios y estadísticas sobre delincuencia se desarrolló bajo esta visión.
En la Argentina de fines de siglo XIX, tanto la producción de estudios sobre delincuencia como la conformación de las oficinas estatales en materia estadística, estuvieron influenciados por estos nuevos saberes surgidos en el continente europeo. Sin embargo, no existió una importación lisa y llana de conceptos y prácticas de otros países sino más bien se produjo un recorrido específico en el que se terciaron trayectorias personales de referentes locales y largos procesos de resistencias y disputas institucionales lo que que en definitiva delineó un perfil propio en la producción y análisis de datos oficiales (Plotkin y Zimmermann, 2012; Sozzo, 2011).
Un repaso sobre los antecedentes en la elaboración e interpretación de estadísticas oficiales sobre criminalidad nos permite problematizar sobre el alcance que tuvo la influencia de los discursos criminológicos de origen positivista en las explicaciones de los hechos delictivos y en la labor de las oficinas dedicadas a la elaboración de datos. En este sentido, se trata de poner de relieve el contexto en el que surgen los primeros reportes estadísticos así como también las interpretaciones que surgieron de los primeros datos y el proceso de creación del primer organismo oficial encargado del tema.
En este artículo se focalizará sobre la Ciudad de Buenos Aires abarcando un período que va del año 1885 a 1921. Para efectuar este recorte se tuvo en cuenta el momento histórico en el que surgieron las primeras estadísticas criminales y a su vez comenzó la demanda, tanto desde el ámbito académico como político, para la creación de un organismo nacional en la materia¹. En este repaso se tendrá presente en primer término el contexto histórico existente en aquel momento, particularizando en la relevancia que tuvo el pensamiento positivista en el plano académico, legislativo y en las prácticas de las agencias del sistema penal.

Los discursos criminológicos en la Argentina

A partir de la creación de oficinas estadísticas en el Estado -lo que Daniel (2009) denomina la construcción del "aparato estadístico nacional"-, en el último cuarto del siglo XIX se comienza a producir una recopilación periódica y con cierta exhaustividad de información "oficial" sobre la nación, básicamente sobre población y recursos. Por entonces, los datos sobre delincuencia eran muy limitados y no abarcaban todo país. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, aparecen reportes sobre registros policiales con cierta asiduidad lo que permitió a los criminólogos de la época tomarlos como referencia para sus análisis.
Pero antes de abocarnos a las primeras publicaciones en la materia es importante repasar someramente el contexto en el que esto ocurre ya que se trata de un período histórico signado por una serie de acontecimientos que tuvieron una marcada influencia en ese proceso de elaboración y lecturas de estadísticas criminales.
En primer lugar, Argentina vivió en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX un fuerte proceso migratorio que provocó un abrupto crecimiento de la población extranjera en las principales ciudades del país, en particular en Buenos Aires. Según los primeros censos nacionales ya en el año 1895 un cuarto de la población era nacida en el extranjero, llegando al 30% en el año 1914 (INDEC, 2001). Entre el año 1870 a 1914 ingresaron al país alrededor de 6 millones de personas provenientes de otros países (Caimari, 2004). Se trató de un proceso migratorio que no respondía a la concepción de las elites de la primera mitad del siglo –con Sarmiento y Alberdi como sus exponentes más paradigmáticos-, que imaginaban a poblaciones virtuosas que irrigarían de "civilización" al vasto suelo argentino. Por el contrario, al perfil de inmigrantes que fundamentalmente huían de la pobreza se le sumaria la concentración en los grandes centros urbanos. El problema poblacional se convirtió así en uno de los temas más recurrentes en la agenda de gobierno, incluyendo los supuestos peligros que generaba la presencia de ese caudal de población foránea. Este crecimiento poblacional hace que se pongan de manifesto en la ciudad diferentes problemas, como la escasez de trabajo y de vivienda, pero también tuvo su influencia en la generación de los primeros conflictos obreros y protestas políticas. Los inmigrantes, así, pasaron a constituirse en un grupo de sujetos a los que era conveniente controlar y vigilar, frente al peligro potencial que representan.
La respuesta más confrontativa que generó este fenómeno se pudo observar no solamente en la labor del sistema penal sino también en el plano normativo a través de la sanción de la ley de vagancia (1889) y, años más tarde, la de residencia (1902). Esta reacción se puede vincular al contexto político existente y, en particular, a la visión de la denominada generación del ochenta, cuyo brazo político fue el Partido Autonomista Nacional. En este sentido, el proceso de formación del Estado argentino (Oslak, 1982) se produjo a partir de un sistema de hegemonía política y un aparato institucional de gobierno de perfil netamente conservador (Botana, 1979).
Asimismo, la instalación del modelo de país promovido por la elite conservadora también tuvo sus consecuencias en la cuestión criminal y, en ese sentido, la rápida influencia de los discursos positivistas fue posibilitada en gran medida por este contexto. Siguiendo a Salvatore (2001, 2010) podemos afirmar que la instalación de la criminología positivista en Argentina tuvo relación con la imposición de una ética de trabajo, en particular en amplios sectores de clase trabajadora inmigrante. En esta perspectiva, Rouvroy y Manuli (2012) sostienen que la criminología fue una de las disciplinas tomadas de Europa para mantener el orden del modelo agroexportador instaurado a finales del siglo XIX².
Pero en este proceso histórico en el que se incorporaron nuevos conceptos criminológicos al plano académico y en la dirigencia política local también se produjeron acontecimientos puntuales que, de alguna manera, propiciaron estos cambios. Uno de ellos fue la epidemia de fiebre amarilla desatada en Buenos Aires y otras ciudades del país en 1871³. El brote de esta enfermedad en la mencionada ciudad se dio en el año 1871, provocando más de 10.000 muertes en pocos meses, muchos más enfermos y el consiguiente colapso en el sistema de salud. La contaminación fue favorecida por la existencia de aguas contaminadas, el hacinamiento y el clima húmedo. La vivienda y el taller se transformaron en los principales ámbitos de preocupación sanitaria. Este problema no era nuevo; ya desde finales de siglo XVIII se hablaba del "foco infeccioso" relacionado al medio urbano, produciéndose modificaciones en el diseño y la organización de la Ciudad⁴.
Los procesos de cambios urbanos impulsados por ideas higienistas fueron complejos tanto por las discusiones teóricas relacionadas a los saberes epidemiológicos que surgieron en aquel momento como por las resistencias económicas o políticas que se produjeron⁵. La preocupación por el aire será uno de los pilares en la concepción higienista de saneamiento urbano y lucha contra las pestes. Esto llevó a una fuerte regulación del espacio público, por ejemplo mediante la localización de plazas y otros espacios verdes pero también a través del control de los conventillos y casas de inquilinato (Paiva, 2000). La gran preocupación por la idea de contagio y propagación de enfermedades propiciaba la reforma hospitalaria y las prácticas alienistas que apuntaban a un control de la población, lo que, llevado a las prácticas, fue dirigido fundamentalmente a los inmigrantes y a los movimientos sociales.
La epidemia de fiebre amarilla, además, fue relevante a los fines de desentrañar ciertas tensiones institucionales y políticas porque mostró las fricciones existentes entre la Municipalidad y el gobierno nacional así como el rol de los médicos y los policías en el desempeño de su labor social y la construcción de su imagen. La Policía tenía facultades para controlar las condiciones de salubridad de las casas, lo que se realizaba fundamentalmente en hogares precarios, pero también se ocupaba del cuidado de las residencias abandonadas huyendo de la epidemia. A su vez, a nivel institucional, existía una pluralidad de agencias que se ocuparon del tema: en el ámbito local la Comisión Municipal de Higiene, en el ámbito nacional el Consejo de Higiene Pública, pero también existía una red de parroquias que practicaban asistencialismo y una Comisión Popular de Salubridad creada fundamentalmente por sectores opositores (Galeano, 2008). El tratamiento a esta epidemia se dio en un clima de crecientes tensiones políticas, críticas desde la opinión pública y resistencias tanto desde sectores económicos como desde la propia población, lo que se podemos observar en la reacción de los representantes de los saladeros y la de enfermos contra los médicos, por ejemplo.
En este marco, y fruto de luchas y tensiones institucionales, se fue consolidando un discurso de salubridad basado en la necesidad de tratar la epidemia con medidas médicas que apuntaban a la erradicación de las "zonas de contagio". De esta manera, se impone la figura del nuevo experto que, en un claro paralelismo ciudad-organismo, se ocuparía de diagnosticar y de diseñar las medidas de saneamiento contra las diferentes enfermedades y amenazas que no eran solamente individuales sino también sociales. En este marco, la delincuencia representaba una nueva patología urbana de gran preocupación que demandaba de todos los esfuerzos científicos para combatirla, empezando por un buen diagnóstico⁶.
La producción científica y literaria también comenzó en aquel momento a ocuparse de temas relacionados con la miseria material y espiritual de los individuos y, en particular, de la criminalidad, considerada como una forma de "degeneración". Así, se comienza a construir conceptualmente una diferenciación entre "clases laboriosas" y "clases peligrosas", juntando categorías socioeconómicas, antropológica y morales, lo que constituyó la base para las variables del determinismo sociobiológico y psiquiátrico, buscando de este modo garantías seudocientíficas para la instalación de una densa red de instituciones policiales y de control social (Leckerman, 2004). En la legitimación de estos conceptos también fue preponderante la gran divulgación que tuvieron las ideas del positivismo criminológico en nuestro país a través de revistas, cátedras universitarias, actividades de sociedades civiles y la labor de oficinas del Estado⁷. En efecto, los conceptos de este nuevo saber criminológico fueron nutriendo las prácticas de las agencias estatales que apuntaban a la reforma social. De esta manera, el saber criminológico va a modelarse a través de la observación clínica y estadística de la delincuencia realizada fundamentalmente por las agencias del Estado.
Si con Drago, Dellepiane o Gomez, como veremos, se hacía hincapié en el problema de la ciudad a la hora de analizar el crimen, luego con De Veyga, Ramos Mejía o Ingenieros se afianza la visión más "patológica" (individual o social) centrada en la medicina legal, la neurología y la psicología. Este modelo interpretativo desplazó laóptica hacia la visión médica de los problemas sociales, constituyéndose un verdadero Estado médico-legal (Salvatore, 2010) preocupado por las enfermedades individuales y sociales⁸.
Pero entendemos que interpretar el alcance que tuvieron las ideas criminológicas positivistas en la Argentina representa una tarea compleja ya que convivieron en este proceso histórico posturas dispares entre los autores más relevantes y largas tensiones teóricas, políticas e institucionales en la construcción de estos discursos. El caso de Ingenieros y Gori plantea un buen ejemplo de cómo convivieron, dentro de lo que en sentido amplio podemos definir como "el positivismo en Argentina", personalidades que, aun con diferencias, tuvieron algunas visiones políticas sumamente críticas que le valieron consecuencias muy perjudiciales⁹.
Las ideas criminológicas positivistas en Argentina, en suma, fueron propiciadas por un grupo heterogéneo de referentes, con divulgadores provenientes de diferentes disciplinas y con distintas concepciones políticas. Por lo tanto analizar el impacto de este pensamiento presenta muchas y dispares aristas. Esto se hace extensivo a la conformación de las agencias del Estado que producían conocimiento criminológico en donde, además, interviene otra cuestión preponderante que fue la influencia de las elites estatales surgidas producto de los saberes institucionales y las trayectorias personales de sus miembros (Plotkin y Zimmermann, 2012). En este artículo profundizaremos acerca de uno de los tópicos en los que se observa estas ambivalencias que fue la producción e interpretación de estudios y estadísticas criminales.

 

Clínica criminológica

Los estudios sobre criminalidad iniciados a fines de siglo XIX no se limitaron a los reportes estadísticos elaborados sobre la base de registros policiales, judiciales o penitenciarios. También se inicia en esta época una tradición en trabajos empíricos relacionados con lo que se denominó la "clínica criminológica", que fueron desarrollados principalmente en unidades policiales y penitenciarias (también en hospitales psiquiátricos hubo iniciativas similares) y que se basaban en estudios de "casos", es decir en la observación de los "internos". El primer antecedente se remonta al año 1899, cuando De Veyga fue designado director la Oficina de Antropometría que luego, en virtud al Reglamento de la Jefatura de la Policía de 1901, pasó a denominarse Servicio Policial de Observación y Reconocimiento del Depósito de Contraventores Varones-Sala de Observación. De esta manera, a través de la unión de conceptos médicos con labor policial, se inició la investigación criminológica clínica. Era necesario buscar un laboratorio vivo, el "antro sombrío" donde caían los "detritus sociales", en palabras de de Veyga, para conocer el origen de la criminalidad. Este Servicio fue dirigido por Ingenieros durante los primeros años y no solamente apuntaba a la observación de "delincuentes" sino también de vagabundos o personas que presentaban signos de alienación mental, lo que provocó que sus tareas se dividieran entre los individuos más débiles o necesitados de tutela, por un lado, y los inadaptados y peligrosos por otro (Dovio, 2011). Además, sobre la base de los estudios llevados a cabo en el Servicio se elaboraron trabajos de investigación como por ejemplo los que realizó por el propio de De Veyga clasificando tipologías de vagabundos y de lunfardos de acuerdo a modalidades delictivas. La transformación del depósito en espacio de observación supone un cambio radical en la tecnología aplicada, ya que una función policial de control y represión de la marginalidad funda un espacio de producción de conocimiento (Vezzetti, 1985).
En el ámbito nacional, durante el año 1906, a solicitud de Antonio Ballvé, director de la Penitenciaria Nacional, el Ministerio de Justicia crea una Oficina de Psicología y Antropometría dentro de la Penitenciaría Nacional, cuya dirección asume Ingenieros el 9 de junio de 1907. Esta oficina se convierte en un Instituto de Criminología destinado al estudio de los delincuentes en sus aspectos orgánicos, psicológicos, desarrollo físico, intelectual y moral. Aparecen las historias clínicas en las que se vuelcan todo este bagaje de información sobre los infractores de la ley penal privados de libertad en la cárcel. De esta manera, se establecen las bases a nivel nacional de la clínica criminológica con fines terapéuticos penitenciario.
Al penetrar estas nuevas concepciones en el ámbito institucional se crearon espacios de "investigación" -observación, experimentación y tratamiento de delincuentes y "anormales"- que sirvieron de base para la instalación del estado médico-legal en la Argentina de principios de siglo XX (Salvatore, 2010). De esta manera, de las cárceles, de las comisarías y de los hospitales provendría la evidencia científica para las investigaciones criminológicas que darían la respuesta a los problemas sociales. Este conocimiento tuvo una enorme divulgación en congresos, universidades, revistas y libros especializados y en gran medida sirvió de base para la aplicación de políticas públicas. Con Ingenieros como principal exponente de este perfil de experto y funcionario, las instituciones policiales y, particularmente, las carcelarias, recibirán un adoctrinamiento en estos conceptos que lo mantendrán por largo tiempo.
Si bien es evidente que no se trata de un marco conceptual completamente unívoco, lo cierto es que se fue instalando un esquema de trabajo en agencias estatales que respondía a esta lógica clasificatoria cientificista. La producción de estadística criminal representó un claro ejemplo de esta tendencia que llegará a su máxima expresión con la conformación de una oficina nacional encargada de recopilar oficialmente datos para informar a los jueces sobre los antecedentes penales de los arrestados y para elaborar estudios criminológicos¹⁰.
Es decir, en este período se fue conformando un esquema institucional a través de la creación de instituciones y la incorporación de representantes del positivismo en su dirección. Los "laboratorios sociales" (Dovio, 2011) eran dependencias públicas que mediante un supuesto método clínico registraban, clasificaban y analizaban las conductas desviadas, siempre teniendo como marco las reglas que responden a un "encuadre ideológico sostenido por las elites dirigentes" (Huertas Garcia Alejo, 2008: 13). En el caso de la cárcel, que fue uno de los principales espacios en los que se llevaron a la práctica conceptos y estudios vinculados a la delincuencia, se convirtió además en un ámbito de gran difusión de estos trabajos¹¹. Algunos autores, como Salessi (1995), sostienen que es el Estado el que fue cooptando positivistas y no al revés, pero lo cierto es que una red de organismos públicos eran dirigidos por funcionarios que responden a este perfil teórico y eso influyó en la producción de conocimiento.
Pero la adopción de este marco conceptual en las agencias del Estado no fue una simple traslación de ideas del positivismo europeo sino fruto de un complejo proceso que incluyó una "dimensión creativa e innovadora" (Sozzo, 2011: 29) por parte de los referentes locales¹². También las oficinas de producción de conocimiento tuvieron su propio recorrido en este aspecto, incorporando conceptos positivistas europeos en su organización pero siendo permeables a otras influencias y prácticas locales que redundaron en una particular conformación. Así será ostensible la gravitación de las trayectorias personales y de las elites intelectuales en la orientación y destino de las instituciones. Podemos decir en palabras de Cesano que "la implantación de una matriz científica en nuestro medio local se produce a partir de mediatizaciones y la relación entre un contexto local y las redes trasnacionales ha sido, igualmente, objeto de preocupación" (Cesano, 2011: 13). Así, el perfil teórico de grandes exponentes del positivismo local –como Ingenieros, Moyano Gacitua, Lancelotti, Dellepiene- representó un suerte de "eclecticismo estatificado" (Dotti, 1990) en el que se superponían diferentes tradiciones criminológicas con argumentaciones propias comprometidas con el contexto local.

 

Las reformas normativas en materia penal

Las ideas y prácticas impulsadas por positivistas argentinos desde fines de siglo XIX y primeras décadas del XX tuvieron en el ámbito del sistema penal una gran influencia (Nuñez, 2009), sin embargo esto no se bien plasmado completamente en el plexo normativo. La gran tarea de divulgación, como vimos, abarcó congresos y seminarios, la incorporación de nuevos contenidos en las cátedras universitarias y también la labor de las agencias del Estado. Este impulso llevó también a la formulación de nuevos proyectos de normas penales y administrativas. La reforma al Código Penal y Procesal Penal fueron seguramente las misiones más ambiciosas y, aunque nunca pudieron coronarse en forma completa, hubo modificaciones impulsadas en este período que marcaron un quiebre con la dogmática penal clásica que inspiraba la codificación.
Entre las principales iniciativas de cambios normativos de fondo se puede mencionar al proyecto de reforma del Código Penal elaborado por Rivarola, Piñero y Matienzo en 1891 y presentado al gobierno al año siguiente, es decir apenas unos años después de sancionado el Código Tejedor. Es interesante observar que en los debates generados a partir del proyecto, uno de los puntos que se discutía era la "traducción" que hacía el Estado de las conductas sociales dañinas y, específicamente, la relevancia de la estadística para dar cuenta de ellas. En gran parte de los referentes ya había un descrédito importante sobre el saber estadístico en materia criminal y precisamente una de los cuestionamientos era acerca del papel acotado de la estadística al registrar solamente las conductas tipificadas penalmente, poniéndose de relieve la tensión entre las categorías policiales y judiciales (Daniel, 2011)¹³.
Unos años después, en 1895, se presenta un nuevo proyecto diseñado por Segovia sin grandes consecuencias, al que le sigue en 1906 otro surgido de una comisión de expertos integrada por Piñero, Rivarola, Moyano Gacitua, Beazley, Saavedra y Ramos Mejía. Estas iniciativas incluían institutos novedosos como la condena condicional, la libertad condicional, la supresión de la pena capital e incluso el juicio por jurados; muchos de los cuales años después se incorporarían al Código Penal vigente. Detrás de estas iniciativas había una visión diferente del problema criminal que atacaba los fundamentos liberales del derecho penal moderno, en particular la idea de libre albedrío y de proporcionalidad de la pena. Tal como sostenía el legislador Julio Herrera (Marteau, 2003), la pena se planteaba con una misión mucho más noble que contraponer un mal con otro, debiendo apuntar a la resocialización (o, en su caso, la eliminación) del delincuente y la defensa de la sociedad. La prisión también era muy criticada por figuras del positivismo por el efecto "contraproducente" que producía en quienes pasaban por allí, lo que brindaba más argumentos para priorizar las condenas y libertades condicionales (Bunge, 1911).
Sin embargo, en términos generales, los proyectos de reforma tampoco seguían en forma completa los postulados mas reconocidos de la escuela positiva europea. Una de las explicaciones más interesantes sobre el motivo de esta prudencia legislativa surge del propio mensaje de elevación del proyecto de 1906 que expresaba que

los miembros de la Comisión, penetrados de que un Código Penal no es el sitio aparente para ensayos de teorías más o menos seductoras, han renunciado deliberadamente y desde el primer momento a toda innovación que no esté abonada por una experiencia bien comprobada, y que, cuando han adoptado alguna en esas condiciones, no se han preocupado de averiguar si ella se debe a la iniciativa y al patrocinio de los clásicos o de los positivistas

(Proyecto Código Penal para la República Argentina redactado por Comisión de Reformas Legislativas constituida por el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 19 de diciembre de 1904, Buenos Aires, Tipografía de la cárcel de Encausados, 1906, p. XIII). Siguiendo a Nuñez (2009) se puede interpretar que en este período de hegemonía del orden conservador, el positivismo criminológico no logró imponer sus ideas en el cuerpo legal y recién con la reforma del año 1922 se plasmarán algunas de sus propuestas más relevantes. Esta especie de disputa entre el pensamiento penal más clásico, inspirador del Código y muy presente en sectores de la academia, y las nuevas ideas provenientes de la escuela positivista que pretendía reformular la ciencia penal, se mantuvo durante muchos años también en el plano legislativo.
Pero donde menos logros tuvieron los representantes del pensamiento positivista de la época fue en lo referente a las normas de procedimiento penal. Es importante recordar que los Códigos Procesales, al ser leyes de forma, son potestad de las provincias, por los que cada estado local tuvo su propio recorrido legislativo al respecto. Sin embargo el Código Federal es un buen parámetro para evaluar lo acontecido a nivel nacional y, en ese aspecto, fue llamativo la cantidad de tiempo que el viejo cuerpo normativo de tipo inquisitivo inspirado en Obarrio permaneció casi inalterado. Recién a fines del siglo XX se plasmaría una reforma relevante en la normativa procesal aunque sin abandonar completamente el esquema continental. Las razones que explican esta aparente falta de eficacia para incorporar cambios al código de procedimientos son variadas ya que se relaciona con la poca cantidad de legisladores que respondían a este perfil teórico reformista, la propia división de opiniones entre pensadores positivistas sobre la cuestión inquisitiva o acusatoria o incluso, como vimos en relación al código de fondo, una especie prudencia ante la posibilidad de aplicar teorías muy novedosas para la época (Nuñez, 2009).

 

Primeros datos estadísticos en materia criminal

Los primeros reportes policiales surgidos en la segunda mitad del siglo XIX reproducían el "saber inductivo" de la policía en su labor en las calles, relatando mayormente tipologías criminales y relatos de casos (Galeano, 2013), pero luego fueron tomando mayor relevancia los informes numéricos más generales sobre el "movimiento de la delincuencia y arrestos". Si bien la Policía desde 1870 elaboraba algunas cifras básicas en las cartas de elevación de las Memorias al Ministro del Interior, recién en octubre de 1875 comenzó a funcionar la primera Oficina Central de Estadística de la Policía (Memoria, 1875). Esta oficina fue creada por el jefe policial Manuel Rocha en un anexo de la Biblioteca policial y la dirigió por primera vez Flores Belfort. Casi en paralelo, desde 1877, en las Memorias de la Penitenciaría Nacional se comenzó a registrar información sobre la cantidad de encausados y condenados, detallando su edad, estado civil, grado de instrucción y nacionalidad (Daniel, 2011).
Los datos provenientes del registro policial, aun con marcadas limitaciones en cuanto a su alcance y rigurosidad metodológica, resultaron la principal fuente de información para el análisis criminológico de la situación delictiva de la Ciudad. Pero la estadística criminal vino acompañada de otra serie de innovaciones tecnológicas producidas en las policía de la Capital a fines de siglo como lo fueron la utilización de la fotografía para la identificación de los delincuentes (y personas peligrosas) y la creación de la Oficina Antropométrica, luego remplazada por la de Dactiloscopía (García Ferrari, 2010).
Las limitaciones de las estadísticas criminales provenientes de registros policiales eran más notables aún en sus primeros reportes. En primer lugar hay que tener presente que los niveles de denuncia de hechos delictivos seguramente eran muy limitados¹⁴. Además, los recursos técnicos para llevar a cabo los procesamientos de datos e informes eran muy precarios y tampoco existían instancias de revisión o control. También había limitaciones en lo referido al tipo de datos recabado, ya que solo se consignaba el "origen" de los "delincuentes", de acuerdo a ciertas características personales prefijadas, y se registraban solo algunos tipos de delitos y desordenes, tomando como referencia los títulos del Código Penal y contravenciones policiales. Dentro del amplio espectro abarcado por las primeras estadísticas policiales encontramos información sobre "ladrones", "ebrios", suicidas o contraventores; es decir, los representantes de la "mala vida" de la ciudad.
La estadística que construye la Policía, por lo tanto, no hace más que ayudar a consolidar el modelo de criminalidad perseguido por las agencias de control social en un proceso de retroalimentación permanente: el Estado direcciona su labor de control hacia ciertas conductas y personas que son las que protagonizan los registros estadísticos de sus agencias. Esto se percibe no solamente en la evolución de las primeras tendencias delictivas, donde prevalecen los delitos contra la propiedad, sino también en las estadísticas sobre arrestos donde se nota la alta presencia de extranjeros imputados de conductas delictivas pero también de comportamientos socialmente molestas como"desordenes" o "ebriedad" (Blackwelder y Johnson, 1982).
Así como la producción teórica de muchos de los referentes locales del positivismo presentaba características propias que la alejaban en cierta forma de la tradición europea, la elaboración de estadísticas policiales y judiciales no fue un espacio de gran desarrollo autóctono. Como vimos, de la mano de De Veyga e Ingenieros hubo un importante trabajo de clínica criminológico y estudios de "casos", desarrollándose un tipo de investigación que implicaba un copioso trabajo etnográfico (Galeano, 2013)¹⁵. Pero, por otra parte, la labor de las agencias estatales en la elaboración de estadísticas cuantitativas no presentó demasiadas innovaciones, al menos en forma inmediata. Además, a diferencia de lo que realizaban los países europeos, paradójicamente tomados como referencia para la confección de "estadísticas morales", los reportes generales sobre criminalidad se limitaban a los registros policiales y muy poco a los judiciales. Esta debilidad era reconocida por los propios referentes estadísticos, como por ejemplo por Alberto Martinez que en la publicación del Anuario Estadístico Municipal de 1900 sostenía que "la verdadera estadística criminal está todavía por formarse entre nosotros, a pesar de los esfuerzos reiterados que en ese sentido han hecho algunos hombres progresistas" (Anuario Estadístico Buenos Aires, 1900: XXIX).
Esta crítica no era casual ya que la labor estadística de la Policía fue muy cuestionada casi desde sus inicios. El propio Latzina, quien fuera director de la Dirección General de Estadística de la Nación y un referente de gran prestigio en la materia, tenía una visión muy crítica de los datos policiales ya en plena década del ochenta e incluso intentó sin éxito cambiar el registro policial por nuevos boletines municipales (Daniel, 2011). A medida que se publican más informes policiales, y especialmente luego del incremento delictual registrado en la década del 90, también se multiplicaron las críticas a las estadísticas de esta fuente en gran parte de la academia. Uno de las miradas más agudas sobre los sesgos de esos datos provino de jurista Osvaldo Piñero que alertaba sobre lo parcial de las estadísticas policiales al consignar solo ciertos delitos dentro de categorías selectivas. En un artículo publicado en el diario La Nación a finales del año 1893 expresaba que solo se consignaban robos, hurtos y algunas estafas, dejando fuera la especulación, las operaciones de crédito engañosas y otras conductas lesivas que en (La Nación, 23/10/1893).
De todas maneras, a pesar de los cuestionamientos, dentro de las recopilaciones de datos realizada por la Municipalidad de Buenos Aires la información sobre criminalidad ocupó un lugar destacado, especialmente a partir de la década del ochenta. Este tipo de publicaciones municipales presentaban datos generales sobre delincuencia, fundamentalmente sobre cantidad de delitos registrados por la Policía, delincuentes aprehendidos y población carcelaria; pero no se extendían en análisis pormenorizados acerca de sus posibles causas y tratamiento. Las tareas de investigación científica las realizaban los criminólogos, quienes a partir de la herramienta técnica que significaba las estadísticas y del bagaje de conocimiento teórico, brindaban las explicaciones y las orientaciones de política criminal a seguir.
Pero además de las publicaciones municipales o de la propia policía, también hubo un importante campo de producción en instituciones penitenciarias. La mayor parte de estas publicaciones tenían que ver con investigaciones sobre "clínica criminológica" surgidas de las observaciones que se llevaban a cabo en los gabinetes o institutos criminológicos de las prisiones. También hubo un interesante trabajo de recopilación estadística que es útil destacar ya que se trató del primer censo penitenciario llevado a cabo en el país en el año 1906 bajo la dirección de Antonio Ballvé, director de la Penitenciaria Nacional. Fue un relevamiento muy ambicioso sobre las personas privadas de libertad en todo el país que incluía alrededor de 160 preguntas de acuerdo a un instrumento de recolección de datos elaborado por una comisión de ilustres¹⁶ que incluía una serie de categorías sobre características o "perfil" de los detenidos. El resultado no fue el esperado pudiéndose recolectar muy poca información y con bastante demora, pero finalmente en el año 1908 se elaboró un informe bajo la firma del director de la Penitenciaria Nacional que fue publicado en la Revista Archivos de Criminología con el título "El primer censo penitenciario de la República Argentina. Sus resultados generales"¹⁷. Más allá de los compromisos estos censos no tuvieron continuidad y hubo que esperar casi un siglo para que se retomaran oficialmente (Olaeta, 2012).

 

La lectura de las estadísticas. Diferentes miradas sobre los mismos números. Moyano, Gacitúa, Lancelotti y Dellepiane

La interpretación de las primeras estadísticas criminales por parte de los criminólogos más reconocidos de la época fue una muestra de la disparidad de criterios y las contradicciones que existían en la lectura de la realidad a través de aquellos números y, en última instancia, en la base conceptual que sustentaban las explicaciones del fenómeno criminal. Estas distintas lecturas también permiten observar las virtudes y limitaciones que tenían estos reportes¹⁸.
Entre los primeros trabajos de relevancia elaborados por académicos reconocidos en los que se citaban datos estadísticos sobre delincuencia, aparece la figura de Norberto Piñero¹⁹ que, en el año 1888, sostenía que había un aumento del delito, citando para ello fuentes policiales no demasiado claras que tomaban como referencia el período 1881-1886 (Sozzo, 2011). Esta información era usada para argumentar acerca de las causas de la delincuencia y su relación con la inmigración (Piñero, 1888). Asimismo, Piñero, al igual que otros criminólogos, reconocía algunas limitaciones en los datos policiales por dejar fuera muchos crímenes, como los fraudes y la usura. Esto, además, tenía relación con un aspecto muy destacado en aquella época para explicar la criminalidad tal como era la ostensible generalización de la decadencia moral de los ciudadanos que ya no era exclusiva de los sectores populares (Galeano, 2013).
Otro autor que utilizó estadísticas criminales en sus publicaciones fue Cornelio Moyano Gacitúa, reconocido docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de larga trayectoria en la justicia penal, llegando a ser juez de la Corte. Tanto por su actividad como jurista como en relación a su actividad como docente e investigador, tuvo una vasta producción sobre derecho penal y criminología. Su adscripción al positivismo tuvo sus matices, incluso modificándose al cambiar su rol de "científico" a "jurista", en especial relacionado a la cuestión de la inimputabilidad y a la responsabilidad penal de los individuos (Cesano, 2011)²⁰. Sin embargo, la utilización de la metodología científica para estudiar el problema de la delincuencia –por ejemplo, cuantificando por medio de estadísticas los factores de la criminalidad- al igual que la selección de temas de interés criminológico, tenían una marcada influencia del positivismo europeo (Cesano, 2011). En lo que respeta a la interpretación y utilización de información estadística es importante señalar su publicación, en el año 1905, La delincuencia argentina ante algunas cifras y teorías. En este libro. Moyano Gacitua analiza el fenómeno delictivo, en particular relacionándolo con el tema migratorio²¹. Este análisis "racial" lo efectuaba basado en una gran cantidad de números que, si bien en muchos casos adolecían de rigor técnico, eran bastante abarcativos de toda la nación, algo poco frecuente en los textos de la época que se solían limitar a Buenos Aires. Lo que intentaba demostrar el autor era la relación causal entre inmigración y delito, recurriendo a los reportes estadísticos policiales y judiciales, y tomando como el principal indicar de referencia la variación en la cantidad de "arrestados" (Moyano Gacitua, 1905). Su foco estaba puesto en la "raza latina" como la de mayor "residuo de alta criminalidad de sangre" y, a contramano de uno de los postulados de la época, sostenía que los delitos violentos eran peor en el campo que en la ciudad. Entendía que la migración urbana, más que provocar menos criminalidad, producía un cambio de tendencia hacia otros tipos delictivos.
Miguel Lancelotti fue otro autor que realizó publicaciones sobre temas criminológicos con una especial referencia a datos estadísticos. Este jurista y criminólogo, nacido en Italia, se doctoró en jurisprudencia en el año 1903 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Uno de sus primeros temas de interés, por el cual incluso publicó algunos artículos, fue la criminalidad de los poderosos, pero luego se dedicó a un estudio más amplio sobre la evolución de la delincuencia a la luz de la estadística criminal. En esa línea de investigación, publica "La criminalidad en Buenos Aires de 1885 a 1910. Al margen de la estadística", en el año 1912, y "La criminalidad en Buenos Aires: al margen de la estadística (1887-1911)", en 1914. Allí analizaba la situación delictiva de la ciudad en un largo período, valiéndose para ello de cifras provenientes fundamentalmente de la Policía de la Capital y del Censo Municipal. En este último libro, Lancelotti trabajaba con datos presentados mayormente en valores absolutos, aunque en algunos casos utilizaba tasas o "proporciones" que tomaban en cuenta la población residente. Siguiendo la tradición estadística de entonces, utilizaba clasificaciones delictivas que seguían los lineamientos del Código Penal, detallando a los ilícitos de acuerdo a los Títulos o Capítulos que incluían múltiples conductas penadas. Así, los cuadros se agrupaban en "Delitos Contras las Personas", "Contra la propiedad", "Contra la Moral, Garantías y Orden Público"²². Asimismo, utilizaba agrupamientos temporales -meses y años- e información básica de los imputados (aprehendidos), como cantidad total, edad y sexo.
A pesar de sus limitaciones, del trabajo de Lancelotti surgieron interesantes hallazgos metodológicos y analíticos. En este sentido, planteaba el problema de los sesgos existentes en los datos policiales, lo que va a ser retomadas recién muchos años después y, en algunos casos, omitiendo estos antecedentes. Una cuestión fundamental que advertía el autor en ese aspecto era el problema del delito no registrado, lo que después se denominó "cifra negra" de la criminalidad²³. Sostenía que

en los cómputos de la referencia no han entrado sino una mínima parte de los delitos realmente cometidos. Solo se refieren a la criminalidad aparente, pero no a la criminalidad real. Por más prolijas que sean las estadísticas jamás pueden registrar todas las acciones delictuosas que por uno o por otro concepto deberían caer bajo la acción de la justicia. Sabido es que esta no logra conocer ni la tercera parte de los delitos que realmente se cometen, sea porque no se descubren, por que no se denuncian a la policía, sea por cualquier otra razón. (Lancelotti, 1914: 30, 31)

Pero el núcleo central de la publicación de Lancelotti consistía en dar respuesta científica a una preocupación común a los autores de la época que era el marcado crecimiento delictivo que comenzó a finales de siglo XIX. El autor observaba que el incremento que se daba en el período 1887-1911 se manifestaba en una proporción de 1 a 1,7 (de 1.877 a 13.312 hechos), es decir, en forma mucho mayor al crecimiento poblacional que en dicho período había sido en una proporción de 1 a 1,3 (de 437.875 habitantes a 1.428.042) y que, por lo tanto, quedaba descartado como factor explicativo preponderante. El autor planteaba un diagnóstico de la situación delictiva existente en la Ciudad de Buenos Aires tomando especialmente en cuenta los niveles de reincidencia de los autores, su edad y el problema de los "fugados", es decir aquellos delincuentes que no habían sido identifcados y detenidos²⁴. Por otra parte, al no existir en ese momento un registro nacional de reincidentes –cuestión que reclamaba en consonancia con otros criminólogos-, acudía a datos provistos por la Policía de la Capital para sostener que alrededor de la mitad de los detenidos eran reincidentes, abonando así su hipótesis acerca de la existencia de un elevado número –estimaba que eran alrededor de 25.000 personas- de "delincuentes que han hecho del delito su medio de vivir" (Lancelotti, 1914: 17).
Es interesante que en su descripción del problema criminal el autor no solamente recurría a datos oficiales sino que también detallaba una serie de afirmaciones críticas que no surgían –al menos no hay citas de referencias- de información oficial alguna. Así por ejemplo, planteaba los inconvenientes que tenía la justicia para sentenciar delincuentes pero especialmente la Policía por la falta de efectivos, lo que la dejaba, en sus términos, "impotente para contrarrestar el mal" (Lancelotti, 1914: 18). También realizaba una expresa crítica a la ley penal y la "ausencia absoluta de todo criterio científico" (Lancelotti, 1914: 59) en ella, al igual que al régimen y condiciones de vida de los establecimientos carcelarios, a excepción de la Penitenciaria Nacional que era reivindicada por su visión científica más acorde a los nuevos postulados en la materia.
Asimismo, a la alarma por el fuerte aumento en los niveles de reincidencia y en la criminalidad de menores (aprehendidos por la Policía), también se sumaba una interesante observación sobre el preocupante incremento de hechos violentos -crímenes"primitivos"- ya que esto desmentía el instalado precepto positivista que estipulaba que a medida que avanzaban las sociedades crecían los delitos mas complejos y menos violentos como los fraudes mientras que disminuían los hechos de sangre²⁵.
Lancelotti no se detenía en el simple diagnóstico de la situación sino que también abordaba los posibles causantes de este incremento del delito registrado oficialmente. De esta manera, se refería en forma crítica a los problemas de la vida en las ciudades que sometían a las personas a una lucha despiadada, "donde las necesidades se multiplican y la satisfacción de las mismas se impone, cuando no por el trabajo honesto, por el delito." (Lancelotti, 1914: 37). Y directamente emparentado con esto mencionaba el problema de la inmigración, tanto local (del campo) como extranjera aunque entiende que estadísticamente no se demostraba la relación directa entre esto y el crecimiento delictivo²⁶. También plantea una serie de causales puntuales del aumento del delito empezando por las que considera como las dos grandes cuestiones: la educación deficiente, es decir no la falta de educación sino la mala educación, y el abandono moral en el que vivía gran parte de la población, en especial los niños. Si bien nuevamente había poco sustento estadístico para justificar estas afirmaciones, para mostrar su preocupación por los "menores" él usaba datos de la Policía que mostraban que casi un tercio de los aprehendidos entre los años 1903 y 1912 eran menores de edad. Asimismo, en su enumeración de factores delictivos, también describía los problemas en las instituciones encargadas del control (policía, justicia y servicio penitenciario), el alcoholismo -destacando los aportes de Ramos Mejía en el tema- y los problemas económicos. En este aspecto, manifestaba una preocupación por los delincuentes profesionales encargados de cometer los más complejos delitos contra la propiedad, compartiendo el planteo de Dellepiane que, como veremos a continuación, relaciona el incremento del delito con la crisis económica y política que vivía el país, pero haciendo una importante salvedad al desconocer el "delito por necesidad" que, según el autor, puede ser excepcional y de ninguna manera explica la delincuencia.
Por último nos referiremos a Antonio Dellepieane, quien fue profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e inauguró en 1918 la primera cátedra de Sociología. Escribió varios libros y artículos sobre historia argentina, derecho penal y criminología. En este tema se destaca su tesis "Las causas del delito", ganadora del premio Florencio Varela y publicada en el año 1892 y "El idioma del delito", de 1894. En las publicaciones de Dellepiane se exponen conceptos propios de la escuela positivista pero también innovadores lecturas criminológicas que en muchos casos se desviaban de la tradición europea. Es de los pocos autores que relacionó sus argumentos con datos de la realidad, consultando a tal fin información estadística en forma bastante rigurosa.
En "Las causas del delito" quedó claramente expuesto su marco conceptual al resaltar la necesidad de utilizar el método de investigación positivista de descubrimiento de la verdad basado en la observación, experimentación, comparación, inducción y deducción. Siguiendo a Ferri, defendía la necesidad de no acotar el estudio simplemente al delito sino avanzar en el conocimiento profundo de la acción individual (el "hombre delincuente" dirá también), ampliando así el conocimiento de la ciencia penal a otras disciplinas como la Psicología, la Antropología y la Sociología. Su convencimiento en la efectividad de las investigaciones penales basadas en métodos inductivos o "experimentales" lo llevó a utilizarlas para analizar la criminalidad en Argentina (en el capítulo "Rasgos Generales de la Criminalidad Argentina y la Criminalidad en Buenos Aires en el período 1881-1891")²⁷.
Dellepiane reconocía el problema que acarreaba la falta de un organismo de alcance nacional que recopilara y publicara datos oficialemente²⁸. Al igual que en Lancelotti, trabajaba como fuente de información con los registros de la Policía de la Capital, recopilados y publicados por el Gobierno Municipal, bajo la dirección del Dr. Latzina²⁹. Con esta base realizaba algunos análisis con resultados que permiten ilustrar cierta originalidad en las conclusiones.
En términos generales, Dellepiane aborda lo que denominaba el "cuerpo social argentino" a través del estudio de sus "condiciones étnicas, económicas y sociológicas" ya que entendía que era su "estado de cultura" o "de instrucción" lo que determinaba los rasgos de la criminalidad local (Dellepiane, 1892:250). El componente étnico de la población argentina fue uno de los puntos analizados, dividiéndolo en grupos poblacionales según su "origen": europeos, criollos descendientes de europeos, criollos descendientes de uniones entre europeos con indígenas, indígenas, negros y mulatos. Si bien, acorde con el pensamiento de la época, la relación entre la "raza" y la criminalidad la consideraba una hipótesis consistente, focalizaba más en la influencia de la nacionalidad. A tal fin, siguiendo los lineamientos de Latzina y tal como también realizara Lancelotti, analizó una serie de cuadros que vinculaban el número de "delincuentes aprehendidos" con su nacionalidad, es decir, un "índice criminal" consistente en el porcentaje de "delincuentes" sobre el total de la población proveniente de cada país. Este cuadro, mostraba en un orden decreciente la incidencia de la nacionalidad en el delito y, si bien los "orientales" (uruguayos) tenían el porcentaje de participación más alta, los argentinos lo seguían, desplazando a los españoles, ingleses, italianos y otros. Por lo tanto no parecía surgir una relación directa entre estas variables o, al decir de Dellepiane, "la calidad de nuestra inmigración es generalmente buena" (Dellepiane, 1892: 259). De todas maneras, esta aparente desacreditación no le impide insistir con algunos prejuicios contra los extranjeros mencionados en otras partes de la publicación.
Otra variable que analizaba Dellepiane, aunque con pocas referencias estadísticas, fue la condición económica de la población, resaltando la excelente situación argentina de la época con frases como "la vida es fácil y cómoda", "el clima es benigno", "el pobre no tiene que pensar, como en Europa, en aprovisionarse" (Dellepiane, 1892: 260). Pero, sostenía el autor que las buenas condiciones y la idiosincrasia de nuestro país demostraban que muchos de los "vicios" de la ciudad, tal como la prostitución, la vagancia y la delincuencia, eran un producto importado, una enfermedad extraña a nuestra sociedad. Lo interesante es que estos juicios de valor tampoco se sustentaban en cifras -más bien la única información relacionada parecía contradecirlo-, lo que parece demostrar que, mas allá de la reiterada reivindicación al conocimiento científico, existían preconceptos muy instalados en la época que evidentemente condicionaban su escritura.
Si bien las principales referencias estadísticas son de la Ciudad de Buenos Aires, las explicaciones sobre la delincuencia argentina son generales, distinguiendo lo que acontece en las grandes ciudades de lo que ocurre en el interior. Nuevamente, tomando como referencia conceptos que no parecen surgir de datos, sostenía que en las campañas la moralidad era otra. Así describía el perfil del "paisano argentino", destacando sus grandes cualidades, como la perspicacia, el sentimiento de honor, la valentía o su alma poética pero también sus defectos, en particular aquellos que desataban su pasión criminal como el juego y el alcohol. Sostenía que el gaucho no tenía instinto criminal, más bien su carácter estaba conformado por la altivez, el orgullo y la virilidad. Al bandolerismo rural entonces, lejos de la violencia criminal, lo consideraba una costumbre favorecida por la deficiencia policial, lo espaciado de las poblaciones y las facilidades para eludir la acción de la justicia. También hablaba de la vagancia en las campañas y la distinguía de la de la ciudad; el vago rural era casi caricaturizado como"movible, trashumante y ambulatorio" y básicamente más sencillo que el de ciudad (Dellepiane, 1892: 273).
En la búsqueda de respuestas al crecimiento delictivo, y en consonancia con lo observado por otros autores, Dellepiane descartaba el aumento poblacional porque, si bien fue importante, no alcanzaba esa escala de incremento. Los factores primordiales de la situación de emergencia que observaba los relaciona con la "decadencia moral" y, particularmente, con dos acontecimientos graves que sucedieron por esos años: la crisis económica-financiera y la crisis política cuyo punto culmine fueron las revueltas de julio de 1890. Para diagnosticar el espíritu de época y el alcance que provocaron los cambios sociales en la población, el autor planteaba el problema de la "crisis moral" ("culto excesivo de los placeres frívolos y malsanos", "deseo inmoderado de llegar pronto", el incremento del juego, etc.). Esto, sostenía, sumado a la "atracción que la abundancia y el bienestar de que el país disfrutaba, ha podido ejercer sobre la población delincuente de las naciones europeas (...) determinando una corriente inmigratoria de criminales" y así, entiende, se tendrá "suficientemente explicada el alza de la delincuencia de la Capital durante los años 88 y 89" (Dellepiane, 1892: 284,285). Es decir, para Dellepieane esta situación de descalabro moral producía una inercia que, conjuntamente con el problema de la crisis económica, explicaba que las tasas de delitos no disminuyeran. Pero, para reforzar la influencia del contexto social, también realizaba un paralelismo entre la guerra y "el movimiento revolucionarios del 26 de julio de 1890" para achacarle a este una vital influencia en el crecimiento de la delincuencia. Es interesante como desde algunos medios de comunicación también se abonaban gran parte de este tipo de explicaciones. Un ejemplo es el que menciona Daniel (2011) sobre un editorial del matutino La Nación del 22 de abril de 1895 en el que se aseguraba que las "causas económicas, como lo corrobora el ejemplo argentino, ejercen en todas partes una poderosa influencia en la alimentación, por así decir, de las penitenciarias" (La Nación, 22/05/1895), quedando demostrado a través de las estadísticas que la crisis llevaba al delito.
Pero donde se percibe claramente la formación teórica del autor es en la referencia expresa que hace al contenido científico y no político de estas observaciones. Sostenía Dellepiane que "No formulamos alabanzas ni vituperios; simplemente constatamos fenómenos. No nos sentimos infamados por el estrecho sentimiento de partido, sino por la noble pasión de la ciencia. No hacemos política, hacemos sociología" (Dellepiane, 1892: 289). Tengamos en cuenta que gran parte de los delitos y contravenciones que se vieron incrementados en la década del ochenta fueron contra el orden público (ebriedad y disturbios, por ejemplo), es decir aquellos en los que la labor policial resulta especialmente influyente en su registro (Blackwelder y Johnson, 1984). Sin embargo, a partir de una observación estadística basada en registros oficiales se pretendía convertir una afirmación de indudable contenido político en una observación científica. Como se ve, la oscilación permanente entre la manipulación del dato "neutro", que era muy escaso, y las ideas preconcebidas, que eran muy notorias, fue una característica destacada en los primeros análisis criminológicos basados en estadísticas.
El problema puntual de la escasez de información y la necesidad de revertir el cuestionamiento a los datos existentes se pretendió subsanar con la creación de un organismo estadístico nacional en materia criminal. Sin embargo el camino no fue sencillo.

 

Creación de una oficina estadística en materia criminal

El pensamiento positivista desempeñó un papel preponderante en su capacidad de plantear una interpretación verosímil de las realidad nacional y también en el manejo y articulación institucional de diferentes agencias -como las educativas, judiciales o sanitaria- tramando un sólido tejido de prácticas sociales en el momento de la consolidación del Estado y la nación (Teran, 1987). Por lo tanto se trata de discursos que trascienden el campo específico de la criminalidad para transformarse en un programa más ambicioso, ni más ni menos que un proyecto de país.
En este marco, la conformación del aparato estadístico nacional (Daniel, 2009) requirió la creación de diferentes agencias oficiales encargadas de contabilizar en cifras las características salientes y la potencialidad de la nación. De esta manera, a partir de estos nuevos saberes provenientes de la estadística moderna proliferaron datos sobre población, recursos y otras características nacionales que ameritaban su divulgación. Pero en la producción de conocimiento por parte del Estado se producen procesos de constitución de espacios de combate por la acumulación de capital simbólico o "campos" (Bourdieu, 1993). En ese sentido los saberes del Estado son un "meta campo" que da sentido y legitimidad a las formas de interacción social. Por su parte, a partir de demandas del propio Estado, y campos disciplinarios en construcción, se produce conocimiento social que se transforma en saberes, conformándose elites estatales que producen, transmiten y aplican esos conocimientos (Plotkin y Zimmermann, 2012). En este proceso de acumulación de saberes por parte del Estado tuvieron un peso sustancial las trayectorias individuales de los técnicos en materia estadística y, en ese sentido, resultaron fundamentales sus pertenencias a cátedras universitarias, sus encuentros en congresos internacionales e, incluso, las relaciones de parentesco y amistad que forjaron sus vínculos (Plotkin y Zimmermann, 2012).
Las pujas institucionales y las trayectorias individuales tuvieron su influencia también en la creación del primer organismo nacional sobre estadística criminal. A partir de la acumulación de datos iniciada por organismos estatales a finales de siglo XIX fue surgiendo la necesidad de contar también con información sobre una de las temáticas de mayor preocupación política de la época tal como era la criminalidad. La Dirección General de Estadística, creada en 1894, ya tenía la potestad de incluir datos sobre el tema y contaba con apoyo de ciertas elites académicas, lo que se vio reflejado en la Primera Conferencia Nacional de Estadísticas llevada a cabo en Buenos Aires durante octubre de 1925. Allí se ratificó a la Dirección como el organismo encargado de recopilar los datos en todas las materias, aunque se hizo una especial mención al Centro de Estudios Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires como organismo asesor en materia de estadística criminal y responsable de elaborar el instrumento de recolección del proyectado segundo censo carcelario de la nación (Daniel, 2011). Sin embargo desde otras elites académicas e institucionales se pujaba por la creación de un organismo de otro perfil y con otros interlocutores. En efecto, la conformación de una oficina nacional de registro de reincidentes y estadística criminal vendría a ocupar un lugar que estaba siendo demandado por gran parte de los referentes criminológicos y funcionarios de gobierno. Sin embargo, la conformación del Registro no sucedió rápidamente.
Entre los primeros antecedentes de relevancia de conformación de un organismo con fines estadístico criminales, destacamos a Ernesto Quesada quien redactó un anteproyecto de ley para la creación de un "Archivo Criminal de Reincidencia" en 1901. El organismo no se creó pero la importancia de contar con una oficina estadística de estas características se hizo cada vez más visible. Así, en el Congreso Penitenciario Nacional³⁰ celebrado en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1914, se presentó un documento firmado por Miguel Lancelotti y Rodolfo Rivarola que daba cuenta de las deficiencias en los reportes existentes. Allí se establecían las pautas básicas para el funcionamiento de una oficina estadística central, con un fuerte hincapié en la necesidad de crear un registro de reincidentes de alcance nacional. Pero, como se mencionara anteriormente, ya existía un organismo estadístico (la Dirección General de Estadística) con amplias funciones, lo que podía generar una superposición de tareas, tal como fuera objetado en el mismo Congreso. Sin embargo la propuesta de Lancelotti y Rivarola contó con amplio apoyo, entre otros de Juan Vucetich³¹. Entre los lineamientos recomendados por los autores para la confección de la estadística criminal, se sostenía que se debían registrar datos sobre la cantidad de hechos delictuosos (total de infracciones, consumadas y tentativas), las principales resoluciones dictadas en los procesos penales e información de las personas que recibieron condenas (edad, estado civil, "estado de familia", profesión/ocupación, grado de instrucción, domicilio, nacionalidad y reincidencia). También, en consonancia con la policía francesa, se recomendaba el método del "boletín individual" para cada acusado con su ficha identificatoria, huellas dactilares, "historia delictuosa" y testimonio de la sentencia.
Más adelante, la comisión reformadora del Código Penal que encabezara Rodolfo Rivarola en el año 1916 también planteó el problema de la falta de un registro de alcance nacional ya que el juez solo contaba con información sobre delitos anteriores cometidos por el imputado en su jurisdicción (Moreno, 1922). Bunge (1911) también planteaba algo similar, resaltando como los jueces en la práctica no tenían este recurso vital para evaluar el monto de una condena.
Otro artículo que se interesaba en esta cuestión, publicado en 1918, fue escrito por Humberto Barraza, Hector Gonzalez, Augusto Regalía y Pedro Delheye y se tituló "Reincidencia y Estadística Criminal. Cuestiones prácticas y constitucionales. Elementos y bases para un proyecto de ley". Allí también se presentaban los fundamentos teóricos que impulsaban la creación de una agencia estadística nacional en materia penal, reproduciendo los principales postulados positivistas. Incluso, incluía la redacción de un proyecto de ley para la creación de la Oficina de Reincidencia y Estadística Criminal, a partir de un análisis "sociológico" de la situación delictiva y muy preocupados por la idea de incorporar orden y progreso en el país. Se planteaba una fuerte reivindicación de la lucha contra el delito a través de herramientas científicas, entendiendo que se podía demostrar en términos fácticos una disminución en el crimen como consecuencia directa e inmediata del estudio racional y riguroso realizado por la ciencia penal. También sostenían que si bien era necesario un Código Penal, este resulta impotente para la tarea de "saneamiento social", dado que el crimen, al surgir de la anormalidad de algunos individuos, requería la actuación de la ciencia penal antes que la abstracción jurídica. Es decir, se reconocía el límite del derecho penal nominal y la necesidad de trabajar en forma "científica" en las verdaderas causas de la delincuencia, para lo cual era necesaria la investigación criminológica más que la norma. El proyecto de ley presentado se centraba en la figura del reincidente, representante del "delincuente profesional", persona catalogada como manifiestamente anormal y de la cual, según los autores, había que ocuparse prioritariamente. En ese sentido, la creación de oficinas de reincidencia en todo el territorio nacional permitiría contar con información completa sobre antecedentes penales de los delincuentes y distinguir los casos más graves. Así, sostenían que aplicar el agravante de reincidencia era imprescindible y permitiría utilizar un elemento precioso de juicio, como consideraban a la estadística, que era vital para ejercer labores que tiendan al "mejoramiento social".
En suma, la necesidad de contar con una oficina de reincidencia y estadística criminal tenía un doble interés: uno práctico, como era el aplicar judicialmente el agravante penal de reincidencia en todo el territorio nacional, y uno científico, que era contar con información útil que sirviera de fuente insospechable para inspirar la legislación. También, como vimos, existía un creciente desprestigio en los reportes estadísticos que publicaba la Policía, algo que incluso fue manifestado por el director de la agencia municipal de estadísticas en 1925 al expresar que no consideraba justificada "la extensión que en Anuarios anteriores se había dado al capítulo Movimiento Policial y Criminal" (Anuario Estadístico Buenos Aires, 1915/1923: 21).
En el terreno legislativo también hubo marchas y contramarchas para el tratamiento de una ley en la materia y un lento proceso hasta su aprobación³². Finalmente, la creación del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelarias en el ámbito del Ministerio de Justicia quedó establecida por la ley 11.752 del año 1933. Esta norma estipulaba que todos los tribunales a quienes corresponda la ejecución de una sentencia penal remitirían al Registro un testimonio de su parte dispositiva acompañado de la ficha de impresiones digitales del condenado, la fecha de comisión del delito, los nombres completos y apodos de los condenados, su nacionalidad, fecha de nacimiento, su profesión u oficio y condenas anteriores. La ley también preveía que los jueces, antes de dictar una prisión preventiva o una sentencia, debían solicitar informes al Registro sobre los antecedentes penales del procesado a los efectos de apreciar la peligrosidad del autor del hecho, prescribiendo además que el organismo "suministrará las informaciones que requieran para atender sus necesidades de investigación las policías de la Capital Federal y de las gobernaciones nacionales". En definitiva, una evidente demostración al derecho penal de autor que renunciaba a los principios y garantías liberales instaurados desde el iluminismo penal para centrarse en el tratamiento individual.
Pero, si bien la ley preveía nominalmente la creación del Registro con función de estadística, ningún artículo detallaba su alcance, lo que también se hizo extensivo a lo sucedido en el debate parlamentario del proyecto normativo. Durante la discusión del proyecto de ley en el Congreso Nacional se hacía hincapié en la creación de esta institución pensada como auxiliar del sistema de justicia penal y para combatir el delito pero sin especificar su función estadística³³. Es decir que no se dictó norma específica ni se discutió en el Parlamento la función de estadística criminal y penitenciaria del organismo, cuestión que recién sería abordada con la reglamentación de la ley el 7 de abril de 1934, mediante el Decreto Nº 35.437. Allí se establece en el artículo 13 que,

en base a las informaciones existentes en el Registro, se formará la Estadística Criminal y Carcelaria orientada para conocer el movimiento de la delincuencia en el país a fin de que sirva para su estudio consiguiente y para propender por medio de la legislación a los métodos preventivos o represivos necesarios.

También se disponía que la estadística se confeccionara sobre la base de la información surgida de las sentencias y las particularidades agregadas en la ficha dactiloscópica. Por último, se establecía que anualmente se publicaría un informe estadístico discriminando los delitos en su carácter específico: contra las personas voluntarios, contra las personas por culpa o imprudencia, contra la propiedad, contra la libertad, la honestidad y el estado civil, contra la Administración y los Poderes Públicos.
En la práctica la fuente de datos de la estadística criminal, judicial y carcelaria siguió en manos de las policías, los poderes judiciales y las penitenciarias, lo que cambió en el trayecto fue la composición del organismo que recolectaba los datos y armaba los informes. Esa función, antes solamente en manos de agentes municipales –o provinciales- pasaría ahora a estar impulsada por personal del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente por la Dirección Nacional de Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal creada en 1933.
Ahora bien, desde su inicio la principal función práctica del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal fue de auxiliar de la justicia penal mientras que su tarea estadística fue, durante muchos años, muy limitada. Las publicaciones de informes estadísticos durante los primeros años de funcionamiento del Registro fueron muy acotadas, tanto en su alcance territorial como en el tipo de información recopilada. Si observamos las Memorias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública presentadas al Congreso Nacional de los años 1934, 1935 y 1936, vemos que solamente aparecían cuadros estadísticos que daban cuenta del movimiento general de expedientes por tribunal en los que había intervenido el Registro. Es decir, se informaban las comunicaciones recibidas y emitidas de tribunales con competencia penal e institutos penales, pero sin especificar más detalle sobre tipos de resoluciones y delitos imputados. También había algunas cifras sobre detenidos en penitenciarias nacionales pero elaboradas por la Dirección de Institutos Penales del Ministerio y no por el Registro. Recién en la década del sesenta se comienzan a recopilar y publicar con cierta periodicidad datos sobre sentencias condenatorias dictadas en todos los tribunales con competencia penal del país, siguiendo luego, a partir del año 1971, la recolección periódica de datos sobre hechos delictuosos (delitos registrados por las policías y fuerzas de seguridad) y, desde 1972, aunque con varios baches en el medio, sobre población penitenciaria³⁴.

 

Algunas reflexiones finales.
Luces y sombras de discursos positivistas en Argentina

La publicación de las primeras estadísticas criminales y la conformación de un organismo encargado de llevarlas a cabo se dieron en un particular contexto social y político y bajo la influencia de los discursos criminológicos de fines de siglo XIX. De todas maneras, fruto de diferentes trayectorias personales e institucionales, el proceso de la producción y análisis de datos sobre criminalidad tuvo una particular versión local, con sus propias innovaciones y desarrollos conceptuales (Sozzo, 2011). En ese sentido, si bien los planteos del positivismo criminológico surgen en Europa, una lectura lineal sobre la importación de ideas a la realidad local nos impediría observar con claridad los matices, las contradicciones y tensiones que acompañaron este proceso histórico de adaptación teórica (Cesano, 2011).
Ahora bien, analizar las implicancias del pensamiento positivista presenta múltiples aristas. Arropar ideas –y decisiones políticas- bajo al amparo de verdades incontrastables no fue una característica única del pensamiento positivista. En todo caso, lo que se cambiaría serían los fundamentos para direccionar lecturas y acciones que, en el caso de los representantes del positivismo local, tomaban a la ciencia como legitimadora. Así, las explicaciones sobre la etiología criminal basada en datos que repasamos en este artículo tienen la característica de presentarse como verdades científicas, desprovistas de ideología y de pasiones partidarias (Dellepiane, 1892).
Por otra parte, en el caso particular de la investigación criminológica, hay que tener en cuenta que el pensamiento positivista argentino planteó la necesidad de abordar rigurosamente el estudio de comportamientos sociales, alejados de prenociones y dogmas jurídicos o religiosos y con una fe inquebrantable en el saber científico como garante de verdades. Muchos de estos axiomas fueron en aquel momento reformistas, propiciando un desarrollo del conocimiento científico hasta ese momento inexistente en el Estado y en el campo académico. La nueva criminología buscó develar, con su propio criterio e intencionalidad, los problemas de orden de la Argentina moderna, basada en información surgida fundamentalmente de la observación clínica provenientes de las prisiones, destacamentos policiales y hospicios, en las que se estudiaba a los "subalternos institucionalizados" (Salvatore, 2001).
A través de algunas producciones comentadas aquí se pudo ver el esfuerzo de los autores para explicar con rigor científico los vaivenes de la delincuencia en nuestro país, incluso con ciertas incongruencias entre aseveraciones y datos. También se observaron en las publicaciones ciertas falacias teóricas y sesgos metodológicos que invalidan gran parte del análisis, sobre todo la casi excluyente utilización de información registrada por las agencias estatales para conocer el fenómeno a estudiar, lo que produce que en realidad se estudien los procesos de criminalización a través del conocimiento sesgado de ciertas organizaciones más que el delito en sí mismo (Kituse, Cicourel, 1963). Esta aparente ingenuidad metodológica hace que todo el esfuerzo argumental en definitiva termine justificando solo lo que el Estado ve –o quiere ver- en relación al vasto fenómeno criminal que pretende abarcar. Como mencionáramos, los datos que elaboraban la Policía y las Penitenciarias constituían la principal fuente que utilizaban los criminólogos para explicar el delito; es decir, se construyó un circuito autoreferencial donde las agencias estatales de control social eran las que perseguían y registraban el delito, es decir, las que definían el objeto de estudio de las investigaciones científicas, condicionando así las interpretaciones de los investigadores (Bourdieu, 1993). Sin embargo, los diferentes matices existentes en las ideas de muchos de los autores que aparecen enrolados en esta corriente llevan a tener una especial prudencia a fin de no caer en calificaciones genéricas y reduccionismos analíticos. Así, por ejemplo, en esta variedad conceptual vemos como conviven aspectos innovadores, como el desarrollo de estrategias de investigación criminológica, con otros conservadores y reaccionarios, como el racismo y la xenofobia en muchas de las conclusiones
La huella que han dejado los conceptos positivistas en las burocracias estatales y, en especial, en las oficinas estadísticas en materia criminal es indudable. Así, se le dio impulso por primera vez a la investigación criminológica y a la conformación de sistemas de información oficial en materia penal en Argentina. Además, más allá de lo cuestionable metodológica e ideológicamente de sus conclusiones, se sostuvo la necesidad de llevar a cabo estudios sociales antes de aventurarse a la implementación de soluciones. Pero este desarrollo se realizó bajo un marco conceptual y una idea de país específico, con categorías de análisis muy ligadas a comportamientos y características personales y con una preminencia de métodos de investigación de tipo cuantitativos.
Por último, los organismos estadísticos tuvieron su propio recorrido acorde con las diferentes coyunturas y tiempos políticas pero con un constante letargo en la implementación de cambios metodológicos, conceptuales y organizacionales. Así, el esquema positivista que guió la creación de organismos en materia de investigación criminológica y la mirada de los autores mencionados en este artículo para abordar el estudio de la criminalidad, sigue presente en ciertas prácticas de oficinas estatales. La fe en el conocimiento científco, el esquema etiológico para estudiar la criminalidad, la predilección por estudios con enfoques metodológicos de tipo cuantitativos, el uso de variables de análisis vinculadas al derecho penal y las prácticas penales (policiales) y la utilización de la estadística oficial como principal herramienta para el conocimiento de la cuestión criminal son ejemplos de cómo esta matriz de investigación criminológica tiene su influencia en la actualidad.
Entendemos que es relevante reflexionar acerca del papel precursor de los positivistas argentinos en el desarrollo de la investigación social, aplicada tanto en el ámbito académico como estatal. Por supuesto que este ejercicio no debe perder de vista las implicancias políticas ni las huellas paradigmáticas dejadas por este pensamiento en las agencias del Estado y la propia academia. Asimismo, analizando las diferentes miradas de renombrados autores de aquel período se pone de manifiesto las limitaciones que conlleva pensar este movimiento como una simple importación de ideas y la necesidad de problematizar sobre la conformación de una versión positivista vernácula que, compartiendo ciertas bases y esquemas generales, tuvo su propia impronta en el ámbito local. En ese aspecto, tanto la constitución de oficinas estadísticas como la producción e interpretación de los datos sobre delincuencia, se construyeron sobre la base de trayectorias y visiones personales así como de resistencias y tensiones institucionales que dieron como resultado una producción particular, fruto de su tiempo y su contexto.

Notas

1 Asimismo, hay dos circunstancias importantes relacionadas con estos años; 1885 es el período que se toma como referencia en la mayor parte de los estudios históricos sobre el tema (Blackwelder y Johnson,1984) mientras que durante el año 1921 se sanciona el Código Penal de la Nación.

2 Esta relación entre los discursos criminológicos y la instauración de un modelo económico basado en el esquema agroexportador y la integración a la economía de mercado también fue estudiada desde una perspectiva criminológica por Rosa del Olmo (1981) quien sostiene que no es casual que los planteamientos de la Escuela Positiva surjan en Argentina y que ello tiene su explicación si se examina la historia del país y sus condiciones sociopolíticas, sus vinculaciones externas con Europa y el papel que desempeñó dentro de la división internacional del trabajo. Ese lugar destacado exigía un esfuerzo para equipararse a los llamados países desarrollados y es lo que dio nacimiento a la proyectada Argentina Moderna.

3 Es importante destacar en primera instancia que, más allá de la gravedad que tuvo esta epidemia, este brote no fue el primero que se dio en el siglo XIX. Tal vez la reiteración de este tipo de emergencias propició la instalación de las ideas de higienización de los espacios y el lenguaje sanitarista de la administraciones políticas de la ciudad (Galeano, 2008).

4 Esto aparece claramente reflejado en Buenos Aires a partir de las reformas administrativas de 1821 que incorpora medidas sanitaristas como la instalación de todo elemento peligroso en los márgenes (Aliata, 2006).

5 Es de destacar que una novedad de relevancia fue la aparición a fines de siglo XVIII y durante el XIX de la medicina colectiva basada en saberes estadísticos y topográficos sobre las condiciones de vida de la población (Galeano, 2008).

6 Señala Foucault (1990), y resulta útil para pensar lo que sucedía en la ciudad por entonces, que los mecanismos disciplinarios sobre los cuerpos a través de la subdivisión de la población, la sumisión de los individuos a la visibilidad y la normalización de los comportamientos, convertía al control policial en un ejercicio espontáneo a través de la disposición espacial de la ciudad.

7 No es objetivo de este artículo ampliar sobre este punto pero baste mencionara las publicaciones policiales, como "Revista Policial" fundada en 1871 y la "Revista Criminal" de 1873, dirigida por Pedro Bourel o bien la revista "Criminología moderna" fundada por Pietro Gori en 1898, la Revista Médico Quirúrgica, la Revista de Ciencias Políticas fundada por Rivarola en 1910 o, sin dudas la de mayor prestigio y difusión que fue "Archivos de Criminología, Medicina Legal y Psiquiatría, fundada por De Veyga e Ingenieros en 1902 y dirigida por este hasta el año 1913 (Sozzo [2011], Caimari [2004], Dovio [2011].

8 "Sus observaciones clínicas produjeron recomendaciones políticas y penales que implicaban a la vez una rearticulación del objeto problemático (los obreros, los inmigrantes, la pobreza, la niñez abandonada, el anarquismo, la prostitución) dentro del proyecto de progreso y un posicionamiento de intervención diferente: segregación de poblaciones, tratamiento individualizado, aislamiento y rehabilitación, evaluación y seguimiento de la conducta individual" (Salvatore, 2010:237).

9 Gori, por ejemplo, vio impedida su designación como titular de la cátedra de Lengua Italiana en la Universidad de Filosofía y Letras a pesar de haber obtenido la mayor calificación y fue prohibido por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho en ciclos de charlas sobre Criminología. Por su parte, Ingenieros también sufrió un injusto revés en el concurso de profesor titular para la Facultad de Medicina en 1911 (Rouvroy, T. y Manuli, M., 2012).

10 La permanencia de estos modelos de funcionamiento en oficinas estatales es notable. Los tiempos que llevan los cambios conceptuales y técnicos en las burocracias estales no suelen coincidir con lo que sucede a nivel académico y esto será notable en el caso de los organismos con función estadística en la Argentina, lo que hará que este modelo permanezca, con ciertas alteraciones, durante gran parte del siglo XX.

11 Los detenidos en la Penitenciaría Nacional, por ejemplo, trabajan en una imprenta en la que se publicaban revistas que se expandieron por todo el país y el extranjero (Salessi, 1995).

12 En lo que se refiere a los temas de interés dentro de la producción local, un rasgo distintivo de la criminología vernácula fue el particular análisis de la inmigración y su influencia en la delincuencia.

13 Las diferencias entre conceptos "jurídicos" y "policiales" va a acompañar todo el desarrollo de la investigaciones criminológicas ya que se trata de lógicas institucionales que apuntan a cuestiones diferentes y que, por lo tanto, tienen diferentes demandas de información y diferentes procesos de construcción de datos.

14 Tengamos presente que los sumarios policiales se inician por una denuncia ante la institución policial, lo que depende en gran medida de su relación de confianza con la población, o de oficio, es decir fruto de la propia labor policial operativa que detecta ciertas conductas delictivas en fragancia. En ambos casos es evidente que existe un claro direccionamiento hacia cierto tipo de delincuencia que es la que más se denuncia y la que cuenta con más intervención de la Policía en la vía pública.

15 De todas maneras estos estudios, que podemos definir como surgidos de estrategias de investigación de tipo cualitativas, tenían el inevitable sesgo de surgir casi en su totalidad de observaciones efectuadas en lugares de encierro o instituciones totales (Goffman, 1998), lo que no hacía más que retroalimentar el proceso de criminalización.

16 Estaba integrada, entre otros, por Moyano Gacitua, Diego Saavedra, Rodolfo Rivarola y Francisco Latzina.

17 El censo abarcó todo el territorio nacional: provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy; y los entonces territorios nacionales de Misiones, Formosa, Chaco, La Pampa central, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin ahondar en los resultados de este primer censo, a modo ilustrativo podemos mencionar que en aquel año había 65 establecimientos de ejecución penal y un total de 8.011 personas privadas de libertad: 7.741 varones (3.066 condenados y 4.675 encausados) y 270 mujeres (140 condenadas y 130 encausadas). El relevamiento también incluía información sobre delitos imputados a los procesados y condenados y la desagregación por el tipo de pena que se encontraban cumpliendo (presidio, penitenciaria, prisión o arresto).

18 Son muchos los autores que utilizan estadísticas en sus publicaciones y sería muy extenso dar cuenta de su totalidad por lo que mencionaremos algunos casos que entendemos representan las posiciones de mayor interés a los fines de este artículo.

19 Norberto Piñero, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue quien inaugura el primer curso de Derecho Penal de orientación positivista en el año 1887, publicando al año siguiente "Problemas de criminalidad", uno de los primeros libros sobre criminología en América Latina.

20 Junto a la indudable influencia de ciertas posturas de la escuela positivista italiana, también hay marcadas referencias en la obra de Moyano Gacitúa de otros pensadores como Tarde, de Lacassagne o Joly.

21 Si bien el componente étnico de la población era el principal, Moyano planteaba una explicación pluricausal de la delincuencia, incluyendo otros factores como la geografía del lugar, el clima, la instrucción y profesión de los pobladores.

22 Pensemos por ejemplo en la variedad de conductas que incluyen los delitos contra las personas (desde pequeñas lesiones hasta homicidios) o la discrecionalidad de la categoría "delitos contra la moral, las garantías y el orden público" cuyos registros de casos dependen directamente de la labor policial en la calle.

23 El problema de los delitos que no registran las estadísticas ya había sido abordado, aunque no en forma exhaustiva, por Quetelet y por Ferri en sus análisis de las tablas de criminalidad europeas (Mosher, C,, Miethe, T. y Philips D, 2002).

24 "Es esta, indiscutiblemente, la prueba más palmaria de la falta de seguridad y de garantías a que están expuestos los habitantes del municipio. Buenos Aires a este paso será, dentro de pocos años, un presidio suelto." (Lancelotti, 1914: 20).

25 Lancelotti estuvo influenciado inicialmente por Sighele en relación a la idea de "proceso evolutivo del delito", pero irá moderando este concepto reconociendo más expresamente los efectos dañinos de las sociedades modernas.

26 Para justificar esta afirmación recurre a las estadísticas municipales elaboradas por Laztina sobre nacionalidad de los aprehendidos que no demostraban una mayor participación de extranjeros en el delito.

27 Por supuesto, al igual que el trabajo de Lancelotti, el rigor metodológico y el sesgo en la información es evidente; basta señalar para eso la errónea equiparación entre "delincuencia" y "personas aprehendidas por la Policía". Es decir, le cabe el mismo cuestionamiento de recurrir únicamente a información que da cuenta de la actuación policial y judicial o lo que luego se denominará los "proceso de criminalización" (Anitua, 2004).

28 Dellepieane planteaba la necesidad de limitarse a la información policial de ciudades que la tengan, entre las que menciona Córdoba, Rosario y la Capital. Pero, debido a que las dos primeras jurisdicciones tenían datos muy nuevos al momento de la publicación y que esto podía generar hipótesis aventuradas, decidió centrarse únicamente con los datos de Capital.

29 Continuando con la costumbre muy instalada entonces de comparar países y culturas, la criminalidad de la Ciudad de Buenos Aires es confrontada en su análisis con la de ciudades europeas, destacando sus similitudes y diferencias y arriesgando hipótesis explicativas.

30 El Congreso Penitenciario se desarrolló en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y presidido por el Dr. Norberto Piñero.

31 Los dichos de Vucetich desestimando la objeción sobre la existencia de un organismo estadístico ya fue receptada incluso por el diario La Nación del 6 de mayo de 1914 (Daniel, 2011).

32 Los motivos del letargo son múltiples; Nuñez (2009) incluso lo relaciona con la "extraña parálisis legislativa que caracterizó a los gobiernos radicales de las primeras décadas del siglo XX" (Nuñez; 2009: 20. Sobre el tema, también se puede consultar Kent. Jorge (1991).

33 Sostenía el Dr. Castillo: "Después de la sanción de las reformas al Código Penal (...) se hace indispensable ofrecer a los jueces una fuente de información segura, centralizada, sobre una de las circunstancias personales del procesado, la reincidencia, que constituye, indudablemente, un índice inequívoco de la mayor peligrosidad del delincuente" (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Período Ordinario. 25 de abril al 31 de agosto de 1933, Tomo 1, Honorable Senado de la Nación).

34 Pero la conformación de sistemas de información estadística con mayor rigurosidad técnica y periodicidad recién se produjo en el año 2000 a raíz de una nueva reforma a la ley de Reincidencia (ley 25.266) por la que se faculta a la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación a llevara cabo la estadística oficial del país en materia de criminalidad y funcionamiento del sistema de justicia. Allí se da nacimiento al Sistema Nacional de Estadísticas Criminales que recopila en forma estandarizada, uniforme y periódica datos de las policías, los poderes judiciales y las cárceles de todo el país (Olaeta, 2012).

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72. Terán, O.: Positivismo y nación en la Argentina, Puntosur, Buenos Aires, 1987        [ Links ]

73. Terán, O.: Historia de las ideas en la Argentina, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2008        [ Links ]

74. Timmerman, L.: "Un juicio sobre memorias anuales de la Policía", en Revista Policial, Buenos Aires, 1932, Numero 813, 1/1/32.         [ Links ]

75. Vezzetti, H.: La locura en Argentina, Paidos, Buenos Aires, 1985        [ Links ]

76. Zaffaroni, Raul.: Estructuras judiciales, Ediar, Buenos Aires, 1994.         [ Links ]

Otros Documentos consultados

Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Período Ordinario: Sesiones del 25 de abril al 31 de agosto de 1933, Tomo 1, Honorable Senado de la Nación.

Diario La Nación, 23 de octubre de 1893, 1 y 2.

Diario La Nación, 22 de mayo de 1895, pp. 3.

INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo): Revista Informática, 2004, Nro. 12. Memoria del Departamento General de Policía, Imprenta de La Tribuna, 1876, Buenos Aires, XVIII-XIX.

Memorias presentadas al Honorable Congreso por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública: Dr. José Salinas, Años 1921-1922, tomo I, Talleres Graf. Arg. De L. J. Rosso y Cia,, Buenos Aires.

Memoria Presentada al Honorable Congreso de la Nación por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública: Dr. Celestino Marcó, Año 1922, Departamento de Justicia, Tomo I, Talleres Gráficos Argentinos, L. J. Rosso y Cia., Buenos Aires.

Memoria presentada al Honorable Congreso de la Nación por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública: Dr. Antonio Sagarna, Año 1923, Departamento de Justicia, Talleres Gráficos de la Penitenciaria Nacional, Buenos Aires.