COMENTARIOS DE LIBROS

Comentario a Juan S. Pegoraro: Los Lazos Sociales del Delito Económico y el Orden Social

 

Por Mariano H. Gutiérrez

Eudeba, Buenos Aires, 2015

 

 

Esta obra condensa de forma ordenada los aportes al pensamiento sobre el sistema penal de quien es director de esta Revista, Juan S. Pegoraro. Resume así toda una trayectoria de largos años de reflexiones, que atraviesa distintas problemáticas, en la que se van tejiendo lecturas críticas sobre diversos temas que hacen al sistema penal: su relación con el orden social capitalista y la desigualdad, la construcción de la legitimidad el poder de castigar, la existencia de lazos sociales en el delito económico, y la crítica a los principales enfoques de la sociología y del pensamiento jurídico sobre la cuestión criminal, el delito y el sistema penal. La obra también está organizada por etapas, que van llevando al autor progresivamente a sus conclusiones. Principalmente podemos advertir al lector dos grandes partes. Una primera parte, más teórica y de exposición crítica conceptual, y una segunda, de análisis propios, donde el autor expone su tesis.
Los principales debates de la discusión teórica se dan en cuatro temas cruciales para todo el pensamiento sociológico y político de fines del siglo XIX hasta ahora: el Capitalismo, La Sociedad, el Estado, y el Delito.
Desde la misma introducción de lo que significa el Delito Económico Organizado, algo muy distinto a lo que ha estudiado la criminología tradicionalmente, nos enfrentamos con el problema de cómo pensar al capitalismo, y principalmente a su presupuesto, la acumulación originaria. Ya Marx ha señalado que la conducta ilegal se encuentra presente en los primeros movimientos que permitieron esa acumulación (como el cercamiento de los campos) y que, al mismo tiempo, la legislación criminal, se ha encargado de garantizarla (como en el caso del robo de leña en la campiña renana). Pegoraro nos propone aquí pensar que el capitalismo no ha requerido de únicamente una acumulación primaria u originaria, si no que su subsistencia, recreación y expansión requiere mecanismos para generar y recrear permanente esa acumulación. Esa acumulación originaria-continua encuentra su principal mecanismo en los DEO, es decir en el comportamiento de estructuras organizadas para extraer y acumular capital, en las cuales el delito es una forma natural y cotidiana de hacer efectiva esa extracción. Dicho más paradojalmente: estructuras que por un lado, tienen el poder de influir en la ley o crearla, pero que aun así, en su propio comportamiento están en contradicción con la misma ley. Este factor de ilegalidad es facilitado por el trabajo de ocultamiento o invisibilización de esos delitos complejos, trabajo al que colaboran las miradas (académicas, policiales o mediáticas) que enfocan exclusivamente en los delitos de sectores populares, y hace sonar la alarma por el factor "disolvente" o amenazante para la sociedad de este segundo tipo de delitos.
Este mecanismo requiere de varios supuestos que el autor denuncia y deconstruye. Y aquí damos paso a las otras discusiones teóricas. Primero el de una concepción particular de las relaciones intersubjetivas que se totalizan bajo el nombre de "sociedad". El concepto de "sociedad" con el que sigue trabajando casi toda la sociología es inevitablemente organicista. Supone que hay algo así como un sistema común, al que los individuos están unidos por valores comunes o por un afecto común, la famosa "affectio sociatatis". Esta mirada tiene el problema (y cumple la función) de invisibilizar que esas relaciones constituyen una estructura altamente desigual donde la distribución del poder es tan heterogénea, que pensar en un todo armónico es imposible. Es decir, lo que prima es el conflicto, y no meramente el conflicto intersubjetivo, sino el conflicto estructural, que deviene, justamente de la desigualdad de poder que se da en muy distintas dimensiones, pero principalmente, entre la de aquellos que tienen y los que no tienen, los que gozan de su posición en ese orden social, y los que la sufren. Por otro lado, pensar a la "sociedad" a partir de un "todo" cuya vocación es la armonía, la paz del conjunto, la virtud de la vida colectiva, siempre coloca a la expresión visible de este conflicto en el lugar de la anomalía, de la excepción: el delito, principalmente aquel asociado a la violencia interpersonal o a las estrategias de supervivencia de los pobres y los marginados. En consecuencia, el gran problema y la gran limitación de la sociología, por la que resulta cómplice del derecho penal y de la criminología, es no poder pensar al delito más que como residuo, expresión anómala o excepcional, y en su lugar perder de vista todo lo que hay en él de normal, cotidiano, y sobre todo de productivo: produce también lazos sociales. Aún más, el delito económico organizado produce no sólo lazos sociales afectivos, sino que contribuye, produce y reproduce estructura social, verticalización, transferencia de capitales y poderes. Deviene casi imposible pensar en esta dimensión productiva del delito en general desde el paradigma de la "sociedad", que lo archiva en el cajón de las anomalías llamativas. Aún más difícil resulta con este paradigma conceptual pensar en el rol de los DEO en la estructuración del orden de esa sociedad. De allí que se necesite dejar de hablar de la sociedad para partir nuestras indagaciones a partir del "orden social". El concepto de "orden social" se libera de la impronta de sujeto colectivo totalizante, y por tanto del organicismo y armonicismo, que lleva implícito el de la "sociedad", y permite ver en él a la desigualdad, no como algún defecto presente en mayor o menor medida en tal o cual sistema social, sino como una característica instrínseca del ordenamiento social en sí. Y a partir de esa problematización, permite entender el rol productivo de los delitos en esa estructuración desigual del orden.
El mismo ejercicio debemos hacer, reclama el autor, en otros conceptos que conllevan una limitación y un sesgo analítico similar, como el del Estado. La generalización de la definición weberiana del Estado (la asociación de dominio que pretende el monopolio legítimo de la violencia en un territorio determinado), suele enfocarse exclusivamente en la discusión sobre los alcances de esa violencia, las condiciones de esa legitimidad, la necesidad o no de monopolizar efectivamente esa violencia; y no así en la primera parte de la definición: "asociación de dominio". Haciendo hincapié o partiendo de ese primer requisito se abre todo un campo de indagaciones para repensar al delito -tanto el establecido legalmente como el efectivamente perseguido y el tolerado o ignorado-, como productos políticos, decisiones o resultados de la condiciones de esa "asociación" para ejercer el dominio. En definitiva, nos permite pensar en la legitimidad del poder de castigar, como un producto histórico y político.
Se trata entonces de hacer una reconstrucción histórica crítica de los principales discursos sociológicos (o también los puramente criminológicos) que han constituido al delito como una excrecencia, un residuo o una anomalía, que no han reparado en sus efectos funcionales para un determinado orden social, y por tanto no han podido ver qué tan presente se encuentran esas conductas en el funcionamiento normal y cotidiano del orden social, para demostrar las limitaciones y efectos encubridores de estos enfoque.
Finalmente, y ya en la parte de desarrollo propio, donde el autor despliega su propia hipótesis de análisis de un proceso histórico actual, apunta a demostrar que la construcción de desigualdad en contextos históricos específicos como el del neoliberalismo, se da tanto mediante mecanismos legales (o "legalizados") como mediante una variedad de mecanismos ilegales, delictivos u, al menos, que deben permanecer ocultos. Dicho de otra forma, incluso dentro del capitalismo, la construcción de un orden social aún más desigual, como el que propone el neoliberalismo, -que supone la transferencia de riquezas y poder de los sectores bajos y medios a los sectores altos- es permitida, por varios mecanismos específicos. Entre ellos la cooptación de las estructuras estatales por parte de intereses privados (empresariales), mediante mecanismos tales como la "puerta giratoria", el ingreso de CEOS y ejecutivos de empresas a cargos en la función pública y su vuelta a la actividad privada, lo que lleva a poner a funcionar las estructuras estatales a favor de estructuras empresarias (por ejemplo, organizadas bajo el nombre de "el mercado") e incluso a lograr posicionar como una misma cosa los intereses públicos y sus intereses empresariales. Al mismo tiempo esas grandes empresas suelen estar involucradas de forma regular en fraudes de distinto tipo, que permiten estas grandes transferencias de activos; actividades que suelen permanecer invisibilizadas a la mirada pública, o que aún de ser detectadas y sancionadas, -como ya adelantara Sutherland, un autor muy presente en esta tesis- suelen ser tolerados por el sistema penal y tratados por la vía civil o administrativa. Finalmente, particularmente, en el caso del sistema financiero, muchos de estos actores están involucrados con el lavado de activos a gran escala, de fondos provenientes de los delitos usualmente perseguidos por el sistema penal, como por ejemplo el narcotráfico, participando entonces de sus ganancias, pero no de sus riesgos penales. Así se tejen múltiples relaciones y efectos por los que el Delito Económico Organizado deviene no sólo funcional, si no, más aún una fuente principal de acumulación de riqueza y de construcción de jerarquías. No sólo permite organizar mediante vías ilegales esa transferencia de riquezas, si no que el mismo sistema se nutre doblemente del sistema penal ordinario, invisibilizándose al poner al frente de la mirada al delito popular, pero también nutriéndose de sus ganancias.
La tesis parece indicar que, si en el capitalismo, la criminalización de los ilegalismos populares y la habilitación o la tolerancia de los DEO, es una forma ordinaria y cotidiana de acumular capital y construir poder, el neoliberalismo es la intensificación de estos mecanismos, lo que supone mayor represión de los ilegalismos populares (y auge de los discursos de la defensa social que trabajan con el miedo y criminalizan ese tipo de delitos) e intensificación de la habilitación o tolerancia a los DEO como formidable mecanismo de transferencia de capitales y de recreación de la acumulación originaria perpetua.
El texto de cada capítulo del libro es interrumpido por citas que a modo de epígrafes intempestivos, convocan al lector a alguna reflexión, y por viñetas del artista crítico español "El Roto" que tienen el mismo efecto; y cierra con un "Foyer" donde se listan casos de grandes y medianos delitos complejos cometidos por empresas, inversionistas y banqueros de todo el mundo occidental que contextualizan y dan actualidad, encarnadura, a esas reflexiones.
Si el libro en su conjunto parece llevar la marca y ser un producto bien elaborado de la criminología crítica latinoamericana, por su reconstrucción histórica crítica de los discursos expertos, por su denuncia sobre la construcción política del delito y su persecución, por poner el eje en la relación entre la política penal y el orden social, también se posiciona como una reconstrucción en clave marxista y foucaultiana del problema del Delito de Cuello Blanco de Sutherland. Pero más allá, trata de hacer de aquello que la criminología crítica veía como objeto de denuncia, un elemento analítico en sí mismo. Es decir, siguiendo la senda de Marx y Foucault, trata de superar el agotamiento al que lleva la mera denuncia para convertirla en herramienta analítica, y explotar así mucho más su potencial crítico. De alguna manera parece como la última obra posible de aquella primera generación de la Criminología Crítica Latinoamericana, y al mismo tiempo como su superación, su reconversión de herramienta de denuncia a herramienta de análisis, convocando nuevas miradas que, en esa misma clave crítica, permitan asegurarle fecundidad y trascendencia.