ARTÍCULOS

Las formas de las represalias violentas en Argentina. Las acciones colectivas de violencia punitiva (2009-2015)*

The forms of violent retaliations in Argentina. Collective actions of punitive violence (2009-2015)

 

Leandro Gamallo

Universidad de Buenos Aires – CONICET / leandrogamallo@gmail.com

Recibido: 17/04/2017
Aceptado: 20/05/2017

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Resumen

Este artículo analiza la evolución de las acciones colectivas de violencia punitiva en Argentina durante el período 2009-2015 y describe las diversas formas en las que se producen. Mediante el procesamiento estadístico de una base de datos construida con todos los episodios registrados en la prensa nacional y local se muestra su crecimiento y se analizan algunas dimensiones de las accio nes colectivas implicadas en su concreción poniendo en correspondencia algunos de sus atributos. La hipótesis del trabajo sostiene que la extensión de estas acciones está relacionada con las transformaciones en la acción colectiva en la Argentina reciente, específica mente la instalación de la violencia colectiva como un formato inscripto en el repertorio de protestas populares y la consolidación de la demanda de justicia y los reclamos contra la impunidad como una de las demandas más convocantes. Desde el punto de vista de las formas, el artículo muestra tres tipos distintos de acciones colectivas de violencia punitiva: los linchamientos, los ataques y los estallidos.

Palabras clave: Linchamientos, estallidos, acción colec tiva, violencia colectiva, violencia punitiva.

Abstract

This article analyzes the evolution of collective actions of punitive violence in Argentina during the period 2009-2015 and describes the different ways in which they occur. Based on the statistical processing of a database built with all the episodes recorded in both national and local press, we can make two assertions. First, the collective actions of punitive violence in  Argentina  have grown in recent years. Second, based on the attributes of this collective actions, we can define 3 distinctive pattern or classes. The hypothesis of the work argues that the increase of these actions is related to the transformations in collective action in recent Argentina, specifically the installation of collective violence as a performance inscribed in the  repertoire of grasroots protests and the consolidation of demand for justice along with claims against impunity as one of the most popular demands. From the point of view of the forms, the article shows the three types of collective actions of punitive violence: lynchings, attacks and outburts.

Key words: Lynching, outbursts, collective action, collective violence, punitive violence.

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Introducción

Eventos catalogados como “ajusticiamientos populares”, “estallidos”, “puebladas” y “linchamientos”, entre otras denominaciones, se han multiplicado desde los inicios de la primera década del siglo XXI en Argentina. Dichos términos se han usado indistintamente para nombrar, por ejemplo, golpizas a supuestos delincuentes en la vía pública, incendios intencionales de casas de presuntos violadores, ataques a comisarías barriales luego de un delito y hasta destrozos generalizados en edificios públicos como réplica a un homicidio. Estas acciones violentas se han producido en distintas localidades del país con intensidad y repercusión disímiles, pero con un elemento común: surgen luego de un agravio inicial al que un colectivo de personas responde violentamente. Este artículo se propone describir y explicar los atributos principales de estos acontecimientos, conceptualizados como acciones colectivas de violencia punitiva. Éstas constituyen eventos en los que un colectivo de personas pretende repudiar, sancionar y/o demandar una sanción en relación a un agravio previo a partir de acciones de violencia dirigidas hacia los considerados responsables (directos o indirectos), sus bienes y/o sus familiares. En otras palabras, se trata de acciones colectivas en las que se provoca intencionalmente un daño físico sobre cuerpos y/o cosas con el objeto de expresar la represalia y/o la disconformidad con respecto a un hecho de violencia previo. La noción de acciones colectivas de violencia punitiva (en adelante, ACVP) fue construida por González et al. (2011) en una publicación original que constituye un antecedente directo de esta investigación. Dicho trabajo tiene la gran virtud de presentar los primeros datos sistemáticos sobre acciones de este tipo en Argentina, pero la desventaja de haber definido el concepto de manera restringida, exaltando atributos empíricos que fueron hallados en la investigación a nivel conceptual. Así, por ejemplo, en aquel artículo las ACVP se delimitan como acciones en las que participan familiares, amigos y vecinos de la víctima de un delito en las que generalmente se proponen expulsar al victimario y su familia mediante la destrucción de su vivienda (González, et al., 2011). Con esta definición parcial de los hechos, los autores han acotado el universo de casos posibles; dado que, por ejemplo, un hecho protagonizado por desconocidos de la víctima en respuesta a un delito no sería incluido dentro de las ACVP. A diferencia de aquel antecedente que suponía una forma determinada en las acciones, la hipótesis que nos guía sostiene que los modos en que se efectúan las represalias violentas en Argentina son heterogéneos. Por esta razón, nuestro objetivo es explicar su evolución y describir las distintas formas que asumen dichas acciones en Argentina desde el 1ro de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2015. Dado que los resultados de González et al. (2011) abarcan los años 1997-2008, la cobertura del período 2009-2015 permitirá relacionar y dimensionar los hallazgos en ambas investigaciones sobre diversos años.

A nivel conceptual, nuestra definición del objeto encierra ya una gran delimitación, al concebir que estos hechos son episodios que implican una acción colectiva coordinada entre individuos. A diferencia de algunos trabajos que han privilegiado abordajes en torno a la construcción de sentido común que habilita acciones de este tipo (Seghezzo, 2014; Hernández, 2014) o las coberturas mediáticas de los eventos (Baquero, 2016; Focás y Fernández, 2014), nos nutriremos aquí de las dimensiones teóricas y los desarrollos investigativos que han estudiado las transformaciones de la acción colectiva en la Argentina reciente. Dentro de ese campo de investigaciones buena parte de los trabajos se han dirigido a examinar las acciones contenciosas en el marco de identidades colectivas que luchan (“protestan”) estratégicamente por recursos económicos, políticos y sociales; relegando las acciones discontinuas, violentas, sin metas claras y explícitas. A un nivel general, esta investigación pretende contribuir al estudio de la violencia colectiva, preguntándose acerca de las posibles conexiones con las acciones reivindicativas estratégicas llevadas adelante por los movimientos sociales contemporáneos en Argentina: ¿Se trata de acciones sin ningún tipo de relación entre sí? ¿Posee la violencia colectiva un carácter meramente expresivo o contiene algún tipo de instrumentalidad en su lógica? ¿Son las ACVP una manifestación más de la protesta social? ¿Qué nos dicen acerca de las formas de la participación política en Argentina? En resumen, este artículo se propone examinar la evolución de las ACVP y describir dicho objeto en virtud de las dimensiones principales de la acción colectiva. Para llevar a cabo este propósito, adoptamos uno de los métodos más utilizados para su abordaje: la construcción de un catálogo de eventos (Tilly, 2000) conformado a partir del agregado de todas las ACVP recopiladas en la prensa periódica durante el período en cuestión. La búsqueda de las acciones a lo largo y ancho del país redundó en la construcción de una base de datos y su posterior procesamiento estadístico. Estas operaciones metodológicas nos han aproximado a las características globales del fenómeno, enmarcando cada uno de los episodios en un contexto más amplio de regularidades empíricas. La elección de los distintos periódicos utilizados como fuente de datos correspondió a un criterio de cobertura regional, tomando al menos un diario por región política del país.¹  Se registraron las acciones publicadas en el diario La Nación (a través de su página web: http://www.lanacion.com.ar/), de circulación y cobertura nacional y con sede en Buenos Aires, la capital del país. Posteriormente, se realizó una cobertura de medios provinciales. De este modo, se integraron al registro El Diario de Cuyo de San Juan (a través de su portal: http://www.diariodecuyo.com.ar/), El Patagónico de Comodoro Rivadavia (a través de su portal: http://www.elpatagonico.com/), El Litoral de Corrientes (a través de su portal: http://www.ellitoral.com.ar/), el portal de noticias Informate Salta (http://www.informatesalta.com.ar/) de la provincia de Salta, El Ancasti de Catamarca (a través de su portal: http://www.elancasti.com.ar/) y La Voz del Interior de la ciudad de Córdoba (a través de su portal: http://www.lavoz.com.ar/). En todos los casos el criterio de elección de los periódicos estuvo marcado por la posibilidad de navegar en los portales virtuales y encontrar en los archivos de los medios las acciones colectivas de años anteriores. La búsqueda completa significó la revisión de más de 30.000 noticias y el registro y análisis de todas las ACVP halladas en cualquiera de las publicaciones antedichas desde el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2015.

Evolución de las acciones: violencia colectiva y demandas de justicia

El relevamiento de las hemerotecas digitales de los periódicos mencionados arrojó un saldo de 250 acciones colectivas de violencia punitiva desde el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2015, un promedio de 38 episodios por año. Sin embargo, la evolución anual de los casos muestra una distribución desigual de los acontecimientos (Gráfico 1). Mientras que en el período 2009-2012 las ACVP fueron menores al promedio en todos los años, en el bienio 2013-2014 la frecuencia fue mayor a la media, representando esos dos años poco más de la mitad de los casos. El registro del año 2015 termina el 30 de junio, arrojando 21 eventos que, proyectados para la totalidad del año, darían por encima del promedio (42 casos).² El ascenso en el número de acciones es constante año tras año hasta 2014, año que constituye la moda del período, con 81 eventos.

Gráfico 1. Evolución de los casos de ACVP según años en Argentina (2009-2015(Hasta el 30 de junio)). Fuente: Elaboración propia en base a presa

Más allá de los ciclos coyunturales, el crecimiento sostenido de este tipo de acciones ya había sido mostrado por trabajos que también analizaron el fenómeno de manera cuantitativa (González et al., 2011 y Alvarito y Schvartzman, 2014; este último con datos solamente para la provincia de Buenos Aires). Si bien la comparación entre trabajos es compleja, dado que aquellas investigaciones parten de definiciones diferentes del objeto y se basan en fuentes de datos distintas a las nuestras, destacamos que González et al. (2011) habían registrado un crecimiento significativo de lo que ellos denominan acciones colectivas de violencia punitiva entre los años 1997 y 2008. La serie de acciones que examinan va de menos de 5 casos a fines de la década del 90 a casi 20 en 2008, ³ números similares a los registrados en el inicio de nuestro período (15 acciones en 2009). Coincidimos en la lectura hecha por estos autores acerca de la inscripción de estos eventos en las transformaciones experimentadas en la acción colectiva en Argentina. El desarrollo cada vez mayor de episodios de violencia colectiva nos refiere a los modos en que se expresan los conflictos en nuestro país. Las transformaciones en el repertorio de contienda popular –recordemos que Tilly (2000) acuña la noción de repertorio para describir el cúmulo de acciones colectivas “disponibles” en un territorio y época determinados– experimentadas durante la transformación regresiva de la estructura social argentina a fines del siglo XX dieron lugar a la emergencia y consolidación de este tipo de acciones con un carácter violento y expresivo, como los estallidos y saqueos (Farinetti, 2002; Merklen, 2010; Auyero 2002 y 2007; Serulnikov, 2017; entre otros). Este conjunto de mutaciones en el repertorio de contiendas no debe entenderse como un simple inventario empírico de acciones relativamente novedosas, sino como nuevos modos de socialización y participación política. Nos referimos fundamentalmente al proceso de inscripción política territorial y barrial de los sectores populares.⁴ Este proceso ha tenido consecuencias que, de manera extremadamente sucinta, podríamos resumir en dos sentidos. Por un lado, las identidades forjadas al calor del territorio conformaron una densa gama de relaciones sociales que promovió nuevas solidaridades surgidas a partir de la extensión de redes de supervivencia. Este tejido social en torno a la cooperación mutua se sedimentó en organizaciones político-sociales con un fuerte anclaje territorial. En ese marco de redes de contención que reemplazaron muchas veces a las funciones estatales, las acciones colectivas emergieron tanto con un matiz “estratégico” como en un sentido “expresivo”:

El barrio deja lugar al desarrollo de una politicidad de base territorial. Ahí puede ser un refugio y permitir, tanto simbólica como materialmente, la organización de la resistencia, y hasta de una proyección política. Eso depende de los contextos, pero no deja de ser cierto que el barrio sirve de base a la articulación de conductas que tienen por objeto “manifestar” en la arena pública, tanto a nivel individual como colectivo. Estas manifestaciones pueden tomar la forma de una lucha por el reconocimiento en la que reclamar “derechos”, aunque puede también actuar bajo la forma de una “violencia expresiva”, de “rechazo” o de revuelta. (Merklen, 2010: 175).

Así, pues, algunos de los episodios de violencia colectiva deben ser leídos en el marco de estas nuevas solidaridades populares que dan lugar a nuevas formas de expresar disconformidades. Sin embargo, el barrio se ha constituido como una categoría socio-espacial ambigua, dado que también ha aparecido como un espacio de fragmentación, dando lugar a conflictos internos, segregaciones y procesos de aislamiento. Desde esta perspectiva, el proceso de territorialización constituyó una instancia de repliegue que produjo un “retraimiento hacia el ámbito privado como consecuencia del fenómeno del miedo y la violencia” (Roberti, 2015: 34), generando estigmas y, sobre todo, fronteras espaciales y simbólicas en torno a la construcción de un otro amenazante. La presencia cruzada y contradictoria del Estado en esos territorios excluidos ha favorecido procesos de desintegración y dominación al interior de los barrios, surcados por múltiples violencias hacia dentro y hacia afuera. Desde este punto de vista, la violencia aparece no sólo como el resultado de la manifestación de una politicidad popular particular, sino también como la desintegración de relaciones sociales en un contexto de marginación y exclusión. En este sentido, las represalias colectivas violentas son el resultado de fragmentaciones internas que producen mayores niveles de conflictividad local (Saraví, 2004). Más allá de estos diversos puntos de vista, a nuestro juicio complementarios (la violencia suele ser tanto el efecto y la causa de cohesiones grupales como el resultado de fragmentaciones), resulta indudable que las ACVP se producen en el marco de las transformaciones en las formas de participación y movilización que emergieron entre finales del siglo XX y principios del XXI.

En segundo lugar, sostenemos que el crecimiento de estas acciones se articula también con otro proceso de transformaciones en la acción colectiva, en este caso, aquél relacionado con la relevancia cada vez mayor de las demandas de justicia y lucha contra la impunidad. Surgida como consigna de familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, los reclamos de justicia al Estado cambiaron su contenido a lo largo de los años hasta representar un conjunto diverso de asuntos públicos. Como han desarrollado varios autores (Pereyra, 2011; Galar, 2015; Cerruti, 2015; Gutiérrez, 2011; entre otros), dichas demandas han significado en la historia reciente tanto la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante última dictadura cívico-militar como el reclamo de mayor seguridad vinculado a la demandas de mayor presencia policial en los espacios públicos, pasando por las denuncias contra la violencia institucional de las fuerzas de seguridad o la atribución de la corrupción estatal como la principal responsable de distintos accidentes o tragedias multitudinarias. A pesar de denunciar temas radicalmente distintos, todas estas protestas han contribuido a cuestionar en el espacio público la administración de la justicia (en uno u otro sentido), poniendo en evidencia concepciones diferentes acerca de la prevención y sanción de determinadas violencias. Casi todas ellas, además, dieron lugar a la emergencia de un nuevo actor contencioso con legitimidad para hablar en la arena pública: los colectivos de “familiares y amigos de las víctimas”. En este sentido, todas estas luchas han revalorizado y actualizado la categoría de víctima como lugar privilegiado de enunciación de quienes demandan (Cerruti, 2015; Hernández, 2014; Alfieri, 2015). La enorme variedad de significados de estas demandas está presente de manera explícita o latente en diversos casos de ACVP que, como puede ya verse, contienen una vasta heterogeneidad de significados y formas de expresión.

Así, pues, la emergencia y crecimiento de las ACVP se enmarca en un proceso de transformación de las acciones colectivas en la Argentina reciente, fundamentalmente en algunas de sus dimensiones. Teniendo en cuenta las formas de la acción, debemos tener en cuenta la recurrencia a formatos violentos de acción (saqueos, estallidos y puebladas) como modo de expresar situaciones de disconformidad social de las últimas décadas. Teniendo en cuenta el cambio en las sujetos y demandas, las ACVP expresan la centralidad de la figura de la víctima (las relaciones con ella: los colectivos de familiares y amigos de las víctimas de diversas violencias) como lugar de enunciación de privilegio en los reclamos colectivos por justicia y contra la impunidad, demandas que han aumentado su protagonismo en el marco general de las protestas argentinas.

Lugares y factores precipitantes

Desde el punto de vista territorial, todas las provincias del país excepto Formosa, San Luis y Santiago del Estero presentan al menos un caso, mostrando que la distribución de las acciones tiene un carácter nacional. Agrupando las provincias por regiones se observa una mayor presencia de las acciones en la Región Pampeana y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); zonas que, sumadas, alcanzan a abarcar a casi la mitad de las acciones encontradas (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Distribución geográfica de las ACVP en Argentina (2009-2015*), según región. Notas: N=250,* Hasta el 30 de junio Fuente: Elaboración propia en base a prensa.

Tomando nuevamente como punto de referencia el trabajo de González et al. (2011) se observa otro dato similar, dado que en ese estudio se presenta una concentración de casos en la provincia de Buenos Aires (casi el 60% de los casos). En nuestro análisis dicha provincia está incluida tanto en el AMBA (los casos sucedidos en el gran Buenos Aires), como en la Región Pampeana. Ambas contienen el 46,8% de las ACVP. Según aquella investigación, este dato refleja el carácter urbano del fenómeno, a diferencia de otros países de América Latina en los que las acciones de violencia punitiva como los linchamientos suceden en zonas rurales (Mendoza Alvarado, 2003, para la descripción de casos guatemaltecos). Sin embargo, debemos tener en cuenta las condiciones específicas de urbanidad y cómo influyen las formas de organización y participación colectiva características de esos territorios en los modos en que se manifiestan las ACVP. Muchos episodios, por ejemplo, pueden ocurrir en las periferias de las grandes ciudades (fundamentalmente en el conurbano, el área que corresponde al perímetro urbano de la ciudad de Buenos Aires y se conoce como Gran Buenos Aires), lugares cruzados por distintos tipos de violencias sobre las cuales se producen y reproducen buena parte de las relaciones sociales de sus habitantes (Auyero y Berti, 2013); mientras que otros (con características distintas) se producen en los centros de las grandes capitales del país. Algunas ACVP, en cambio, ocurren en ciudades medianas y pequeñas del denominado “interior”. Como mostró Galar (2009), el impacto de algunos delitos violentos en dichas ciudades es con frecuencia mayor y hace que haya más reacciones colectivas en esos territorios, algunas de ellas violentas, como las denominadas “puebladas”.⁵

Las ACVP surgen, por definición, en respuesta a una acción previa considerada ofensiva. El agravio inicial es el factor precipitante (Smelser, 1995) de las acciones de violencia; es decir, el acto que detona el ataque, una acción particular –generalmente un delito– que afrenta a una comunidad de personas, sean éstos un pequeño grupo de transeúntes ocasionales, vecinos de un barrio o habitantes de una ciudad entera. Estas acciones pueden darse inmediatamente antes de la respuesta, cuando el colectivo generalmente atrapa de manera flagrante al agresor, o pueden haber pasado días, meses e incluso años desde la agresión original hasta la réplica. La importancia de estos hechos es central porque se instalan, en la terminología de Tilly (2007), como un mecanismo de activación de divisorias, gracias al cual las acciones se orientan a través de una división entre un nosotros, el colectivo que ejecuta la violencia, y un ellos, los sujetos u objetos atacados percibidos como responsables del agravio inicial. Más allá de que no suscribimos a la teoría del comportamiento colectivo de Smelser (1995), es necesario tener en cuenta la advertencia que dicho autor realiza en torno a los factores precipitantes, remarcando que éstos activan la violencia en un marco de tensiones previas. De este modo, las acciones destructivas suelen asentarse sobre conflictos latentes, ausentes en el ordenamiento social hasta que un suceso particular las activa. En muchos casos, el factor precipitante sólo puede comprenderse en el marco de antagonismos preexistentes, ejemplo de ello son los enfrentamientos entre un grupo de jóvenes y la policía o entre vecinos con una hostilidad previa entre sí.⁶ En otros casos, tanto los atacantes como los atacados se conforman de manera contingente, a veces con individuos sin ningún tipo de lazos previos. Aquí el agravio inicial no sólo detona la violencia, sino que conforma un colectivo de personas que coordina sus acciones para hacerle frente a un enemigo común. Uno de los ejemplos que podemos mencionar de este tipo de acciones se dio en enero de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que un taxi arrollara a una joven de 22 años, causándole la muerte. Inmediatamente después del incidente, un grupo de personas que fortuitamente transitaba por la avenida observó la colisión y atacó a golpes de puño y patadas al taxista, que fue rescatado por personal policial de la comisaría 17ª de esa ciudad (La Nación, 30/01/2013). En este caso no existía una divisoria previa entre los atacantes y el taxista, ésta emergió luego del factor precipitante. Tampoco existía un lazo anterior entre los que atacaban, sino que el colectivo se conformó para atacar al taxista y luego se disolvió. En otros casos, a pesar de que los atacantes y los atacados no se conocen previamente, es posible que el factor precipitante rehabilite tensiones entre clases o grupos rivales. Ejemplo de ello son algunos de los linchamientos producidos en 2014 en la ciudad de Buenos Aires, en los que los agresores manifestaban su “hartazgo” por haber experimentado robos previamente (Gamallo, 2017).

En la medida en que surgen como una reacción detonada por algunas situaciones en particular (y no por otras), los delitos que desencadenan la violencia colectiva nos hablan del universo moral de los que atacan, es decir, del tipo de actos que se consideran intolerables para determinadas comunidades y provocan la reacción violenta. Como puede verse en el gráfico 3, el factor precipitante principal lo constituyen los agravios contra la integridad física, es decir, distintos hechos de agresión, homicidios, accidentes de tránsito, ataques sexuales, etc. Esto concuerda con los resultados de la investigación de González et al. (2011) para los años 1997-2008 y se diferencia de lo mostrado en varios de los países de la región (Guatemala, Ecuador, México y Perú, entre otros), lugares en los cuales las acciones de violencia colectiva como los linchamientos son activadas luego de ataques contra la propiedad (Gamallo, 2014).

Gráfico 3. Factores precipitantes de ACVP en Argentina (2009-2015*) Nota: N = 232, *Hasta el 30 de junio Fuente: Elaboración propia en base a prensa.

Las causas inmediatas de las ACVP en Argentina muestran especificidades, dado que el tipo de delito más producido (atentados contra la propiedad) no es el que más respuestas colectivas violentas genera, objetando una asociación lineal entre delito y ACVP. Los hechos argentinos parecen estar más asociados a un tipo de condena especial sobre el agravio inicial. Dicho de otra manera: el caso argentino muestra que ni muchos delitos son la causa de la violencia, ni cualquier delito provoca la reacción colectiva. Ésta aparece, con frecuencia, como respuesta a hechos considerados “aberrantes”, acciones que violan principios básicos de los valores colectivos compartidos por una comunidad, tal como fue mostrado en el trabajo que abarca años anteriores (González et al., 2011). Esto se ve acentuado en los casos de violencia como respuesta ante agravios contra niños, casi un cuarto de los casos registrados. En estos eventos se sanciona no solamente una agresión en general, sino específicamente los atentados contra sujetos socialmente percibidos como vulnerables e indefensos. Un caso emblemático de este tipo se dio en la ciudad de Ayacucho en julio de 2011; ciudad en la que, en circunstancias confusas, se produjo la muerte de una beba de tres meses. Tras declaraciones de la madre en las que afirmó que la habían asesinado tres ladrones encapuchados que habían entrado a robar su casa, 4000 vecinos se trasladaron hacia la comisaría local y hacia la casa del propio intendente produciendo destrozos con piedras y enfrentamientos con la policía. Luego de unos días, y a partir del resultado de las pericias, la madre confesó que había inventado la versión tras la desesperación de encontrar a su hija muerta ahogada en su casa (La Voz del Interior, 28/07/2011). El recurso de la madre de construir un relato que victimizaba a su niña esperando encontrar eco en una reacción social de repudio es una manifestación del rechazo socialmente instalado hacia las acciones de violencia contra niños. Teniendo en cuenta que ambas categorías representan agresiones (tanto contra adul-  tos como contra niños), pueden agruparse de manera general dentro de “atentados contra la integridad física”. De esa suma obtenemos que casi un 60% de los casos se ve motivado por esta razón. El hecho de que las agresiones físicas sean el factor que más detona la violencia colectiva es también indicador de que estas acciones se enmarcan en contextos más amplios en los que la violencia es la forma en la que grupos e individuos tramitan sus conflictos y sus intereses. Este tipo de ACVP parece responder a la lógica de la represalia observada por diversos estudios sobre violencia en los márgenes urbanos latinoamericanos, en los que se comprueba que “muchos actos violentos tienen por finalidad vengar una ofensa (física o verbal), ya sea individual (una piña en respuesta a un insulto) o colectiva (un linchamiento en respuesta a un intento de violación)” (Auyero y Berti, 2013: 74). El tercer factor que detona las respuestas colectivas son los atentados contra la propiedad: robos, hurtos, estafas, etc. Estos representan un 25% del total de las acciones registradas. Pese tener mayor cobertura mediática, las acciones en respuesta a ataques contra la propiedad son una fracción minoritaria, algo que no tiene correspondencia con respecto a la proporción de delitos denunciados. Según Kessler, “los delitos contra la propiedad comprenden aproximadamente entre el 55 y el 70% de los hechos totales registrados por la justicia; aquellos contra las personas se ubican en torno al 15%” (Kessler, 2014: 275). Buena parte de los casos de ACVP producidas por robos en Argentina se asientan sobre el “hartazgo” ante un “sentimiento de inseguridad” (Kessler, 2011) percibido como intolerable. Sin embargo, cabe suponer que algunas respuestas ante robos se produzcan más como venganzas colectivas entre grupos o individuos rivales y conocidos. En esos casos la lógica de la violencia no se ve impulsada por un aparente hartazgo ante un hecho de “inseguridad”,⁷  sino por una dinámica de intercambios violentos (Gamallo, 2017) que involucra la “devolución” de este tipo de delitos con eventos de igual o mayor violencia.

El cuarto hecho desencadenante son las acciones llevadas adelante por las fuerzas de seguridad, de las cuales la enorme mayoría se trata de agresiones contra la integridad física. Hemos decidido agruparlas en una categoría aparte porque la violencia estatal presenta particularidades. Contra el prejuicio que afirma que las respuestas violentas emergen ante una “ausencia del Estado”, observamos que, por el contrario, muchas de los eventos de violencia colectiva son en respuesta precisamente a acciones llevadas a cabo por fuerzas de seguridad que actúan en su nombre. Esto tiene una raíz histórica en las prácticas de disciplinamiento político llevadas adelante por el Estado en distintos momentos de la historia reciente, en particular las desplegadas por las fuerzas estatales durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) que otorgaron impunidad y autonomía para reprimir y aniquilar a sectores disidentes de la población civil (Izaguirre, 2009; Marín, 2007). En las últimas décadas, los gobiernos democráticos han procurado detentar una mayor subordinación de las distintas fuerzas estatales. No obstante, desde la recuperación democrática los abusos policiales hacia la población civil no se han detenido, especialmente hacia a los habitantes de barrios precarios.⁸ Una de las consecuencias de dichos abusos son las respuestas violentas de las poblaciones que sufren esa violencia institucional de manera cotidiana, incluso con mayor énfasis con que responden al delito.

Un último factor detonante de violencia lo constituyen los comercios ilegales de droga en los barrios. Si bien no constituyen un ataque violento en sentido estricto, son un delito repudiado en algunos territorios por las consecuencias que trae su instalación. Su presencia había sido ya registrada por González et al. (2011), quienes observan un solo caso ligado a estas circunstancias entre 1997 y 2008. Su frecuencia dentro de nuestra base de datos es también marginal (tan solo dos casos), pero muestra que el narcotráfico, más precisamente el narco-menudeo, trae aparejados múltiples conflictos violentos en los barrios.

Los blancos de los ataques y las acciones colectivas involucradas

Una vez que se produce el agravio desencadenante el colectivo ataca personas y/u objetos determinados. Según nuestros registros, las acciones pueden dirigirse directamente hacia el considerado responsable, hacia algún bien ligado a él (o al hecho trágico) o hacia el Estado en alguna de sus personificaciones: generalmente la fuerza policial, pero también hacia edificios públicos como intendencias, bancos, tribunales, así como funcionarios públicos que actúan en su nombre como jueces, intendentes, entre otros. Las acciones violentas contra personas representan el 49% de los casos (ver Gráfico 4). Se trata de los eventos denominados como linchamientos, es decir, el ataque colectivo hacia el cuerpo de un individuo o individuos en inferioridad numérica con respecto a sus atacantes luego de que se lo consignara como responsable de una agresión previa. En estos casos la violencia colectiva “devuelve” la agresión inicial directamente hacia el supuesto responsable, es decir, intenta dañar a quien presuntamente ha dañado.

Gráfico 4. Objeto de los ataques de las ACVP en Argentina (2009-2015*). Nota: N = 230, * Hasta el 30 de junio. Fuente: Elaboración propia en base a prensa.

A diferencia de lo detectado por González et al. (2011), para quienes las ACVP se dirigían, casi por definición, contra la casa de los supuestos agresores, en nuestro análisis los ataques a personas son las acciones más frecuentes. Un ejemplo de este tipo de acciones ocurrió el 1 de mayo de 2014 en la ciudad de Corrientes. En dicha ocasión, un joven que caminaba por la ciudad fue sorprendido por un individuo que le habría arrebatado el celular y se dio a la fuga. Un grupo de personas se percató del hecho y acudió en defensa del joven, persiguiendo al arrebatador hasta que metros más delante de la acción inicial lo redujeron a patadas y trompadas. La Policía, al ser alertada del hecho, acudió al lugar y evitó que la muchedumbre continuara agrediendo al joven (El Litoral, 2/5/2014). En este caso, un colectivo formado ocasionalmente por personas se solidariza con el damnificado y activa una agresión contra el hipotético ladrón como si el agravio original los hubiera afectado a ellos también. Esta lógica de agrupamiento de las identidades entre “nosotros” y “ellos” se reconfigura siempre en función de la legitimidad que logren los sujetos en sus acciones. En todos los casos, dicha legitimidad se construye en torno a los roles que configuran las víctimas de los episodios, es decir que el colectivo atacante saldrá en defensa de la víctima de la violencia previa y atacará al considerado victimario. El núcleo de las agresiones reside en identificar las representaciones sociales que asocian determinados roles con la categoría de “victimas” y configura a otros el rol de victimarios, construyendo adhesiones en torno a aquéllas y hostilidades contra éstos.⁹ Un ejemplo que ilustra este tipo de solidaridades en la conformación de los grupos atacantes y la identificación del enemigo a ser atacado se dio en la provincia de Catamarca. Allí, el 1 de mayo de 2014 un joven fue agredido por cuatro personas que pretendían robarle sus pertenencias. Al observar esta situación un transeúnte quiso auxiliarlo, pero le aseguraron que el damnificado en realidad había acabado de robar y que estaban ajusticiándolo e intentando lincharlo por ese motivo. Con dicha “información” el hombre se sumó a la golpiza (El Ancasti, 12/5/2014). Resulta interesante el mecanismo por el cual los atacantes intuyeron la manera de sumar voluntades a su ataque: la activación de divisorias acusando de ladrón a quien en realidad estaba siendo robado.

Si bien son mucho menos frecuentes, hay ataques a personas producidos un tiempo después del delito original. En estos casos el colectivo no reacciona ante un agravio que observa, sino que organiza una movilización con posterioridad al hecho. Estos linchamientos son entre personas conocidas, generalmente vecinos, dado que el grupo atacante debe conocer dónde vive o donde trabaja el individuo al que deciden golpear. Es el caso del ataque a un presunto violador en la ciudad de Córdoba sucedido el sábado 2 de mayo de 2009. En esa ocasión, decenas de vecinos se concentraron en la vivienda del sujeto, le propinaron una golpiza y amenazaron con quemar su vivienda ante la presencia policial, que logró persuadirlos del hecho. Sin embargo, el grupo atacante cortó una calle de las inmediaciones y quemó cubiertas en reclamo por lo ocurrido e incluso se enfrentó con la policía (La Nación, 4/5/2009). Estos episodios suelen involucrar mayores grados de organización, en tanto implican una movilización colectiva, el conocimiento del domicilio del supuesto agresor y, en el caso mencionado, una acción reivindicativa como es el corte de una calle e incluso un enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Existe otro conjunto de acciones que están dirigidas contra objetos relacionados con el agresor original: sus propiedades, casa, automóvil, etc. Éstas representan el 23% de los casos. A pesar de no ser la causa principal de ACVP la presencia de una cantidad importante de casos de este tipo refleja la particularidad de los casos en Argentina, en la medida en que en otros países no hay registros de acciones de este tipo. Como vimos, pueden ser organizadas colectivamente varios días después de la agresión originaria. Como mencionamos recién, este tipo de acciones suelen requerir mayores grados de coordinación con respecto a los ataques producidos inmediatamente después del agravio detonante, en la medida en que implican la movilización de personas hacia una localización determinada. Un ejemplo de este tipo de acciones se produjo en la ciudad de Joaquín V. González, provincia de Salta, cuando un grupo de decenas de habitantes de esa localidad atacó la vivienda de los acusados de violar a una niña de 9 años y pretendió quemarla días después del hecho, luego de conocer los resultados de las pericias genéticas sobre el cuerpo de la niña (La Nación, 29/5/2013). Muchas veces estas acciones presentan reivindicaciones explícitas vinculadas a la exigencia de castigo institucional para los acusados, la expulsión del indicado del barrio o la exigencia de mayor presencia policial. Incluso, según González et al. (2011), el objetivo de los ataques y quemas de viviendas es tanto atacar al agresor original como escenificar lo que para estos autores es una acción de protesta social. Hay también unos pocos casos en los que los destrozos exceden el radio original y se producen saqueos, enfrentamientos con la policía y ataques a bienes que no tienen ninguna relación con la agresión inicial, como quemas aleatorias de automóviles, comercios, etc., derivando dichas acciones en la forma estallido. En otros episodios pueden destruirse objetos que hayan tenido que ver con el incidente inicial, sin tener que ver con alguna personificación en particular. Es el caso, por ejemplo, de los destrozos de juegos de plazas ocurridos el 18 de septiembre de 2013 en la ciudad de Santa Fe. Vecinos del barrio Fonavi San Jerónimo incendiaron todos los juegos de la plaza del barrio luego de que una niña de cinco años se cayera de un tobogán de una altura de tres metros. Cuando acudieron los bomberos a apagar el fuego los atacaron a piedrazos, rompiendo el parabrisas del autobomba e hiriendo al conductor (La Nación, 19/9/2013).

Hay, finalmente, una serie de eventos (28%) en los que la violencia se dirige principalmente hacia el Estado en alguna de sus personificaciones (policías, intendentes, jueces, edificios públicos, etc.). Dado que el rol de las fuerzas policiales de cualquier Estado es prevenir, dispersar y/o reprimir la violencia civil, éstas intervienen prácticamente ante cualquier enfrentamiento entre privados. Por esta razón, las policías muchas veces aparecen, según el punto de vista del grupo que responde, “defendiendo” a los atacantes primarios y son ellas mismas también objeto de los ataques colectivos. En este sentido, la violencia hacia la policía puede ser parte de una ampliación de las acciones iniciadas a partir de un agravio en particular, como el caso de los enfrentamientos con la fuerza luego de la violencia hacia un presunto ladrón o un ataque a una vivienda.¹⁰ En muchos otros episodios, la violencia colectiva contra instituciones estatales (municipios, dependencias, etc.) refleja un malestar social contra las autoridades políticas disparado por un hecho puntual.

La gran mayoría de los ataques a la policía se producen luego de un accionar policial considerado agraviante: en el 83% de las acciones detonadas por acciones policiales la violencia fue dirigida hacia alguna personificación del Estado, policial o política. Estas acciones aparecen como “lógicas”, en la medida en que los colectivos devuelven las agresiones hacia los directamente comprometidos o hacia las autoridades políticas responsables. Sin embargo, de todos los ataques al Estado, sólo el 39% proviene de un accionar policial previo (ver Tabla 1). La mayoría de las veces (60%) que se ataca al Estado es por agresiones previas contra la integridad física hechas entre privados. Aquí parece primar cierta lógica de protesta, en la medida en que no hay una devolución hacia el agresor, sino un ataque al Estado, a quien se le atribuye responsabilidad por lo ocurrido por la impunidad con respecto a la agresión original o por no haber brindado la seguridad suficiente. Por esta razón, puede ocurrir que estas acciones sean protagonizadas por organizaciones sociales, partidos políticos o agrupaciones que organizan una acción colectiva reivindicativa en demanda de “justicia” o en reclamo contra la “impunidad”. Cuando esas manifestaciones incluyen un ataque a instituciones estatales se convierten en ACVP, aunque aquí el principio no sea vengar la violencia hacia el agresor sino demandar violentamente una condena efectiva por parte del Estado. Un ejemplo de este tipo son las acciones ya repasadas en la ciudad de Ayacucho o las manifestaciones por la absolución de los imputados de un caso de violencia relevante (violencia de género, trata de personas, etc.) que culminan con destrozos de las instalaciones públicas.

Tabla 1. Factores precipitantes de ACVP según objeto de los ataques en Argentina (2009-2015*)

N= 228. * Hasta el 30 de junio. Fuente: Elaboración propia en base a prensa

De este modo, el análisis de los objetos atacados en función del hecho que los desencadena revela algunas regularidades. En el caso de los atentados a la integridad física como causa de la violencia, ésta se distribuye de manera relativamente homogénea entre los ataques a personas (37,4%), los ataques a bienes (31,3%) y los ataques a funcionarios y/o edificios públicos (31,3%), por lo que puede decirse que los agravios a las personas pueden disparar cualquier tipo de ataque. Por otra parte, los atentados contra la propiedad han generado en casi todos los casos (95%) ataques a los individuos que los perpetraron. Ninguna de las acciones generadas por robo terminaron con hechos de violencia hacia el Estado. Es decir que, a diferencia de las agresiones y crímenes aberrantes, los atentados contra la propiedad no generan protestas violentas hacia las autoridades. Sin embargo, no todos los ataques a personas están generados por robos: sólo la mitad, mientras que la otra mitad fue provocada por daños físicas previos. Por otra parte, los ataques a bienes suelen ser provocados por agravios contra la integridad física (86,5%) y sólo una minoría son catalizados por robos o por un accionar policial.

Este análisis comienza a revelar cierta lógica en las acciones, en la medida en que parece haber una correspondencia relativa entre los hechos desencadenantes y los blancos elegidos para realizar los ataques colectivos. Las correspondencias entre el agravio inicial y los objetos de la violencia colectiva pueden graficarse a partir del siguiente esquema:

Figura 1. Resumen de la relación entre factor precipitante y objeto de la violencia colectiva en las ACVP en Argentina (2009-2015 (hasta el 30 de junio))

Una vez analizados los hechos que desencadenan la reacción colectiva y los objetos atacados es necesario detenernos en el conjunto de acciones específicas a las que apelan los colectivos. Más precisamente, es necesario responder a cómo se produce la violencia colectiva punitiva en Argentina. Una de las variables centrales para entender el grado de coordinación de las acciones colectivas de violencia es la presencia de movilización hacia alguna localización en particular. Como vimos en investigaciones pasadas (Gamallo, 2014) la existencia del traslado de las acciones del grupo hacia algún blanco o localización determinada es un buen indicador del nivel de organización del colectivo, en la medida en que vuelve observable la capacidad de identificar un agresor y trasladarse colectivamente hacia dicho lugar. Además, la coordinación de una movilización revela la activación de recursos para la acción colectiva (por ejemplo, la difusión y convocatoria a las actividades), así como la presencia de roles concretos al interior de los grupos organizadores. Recordemos que la forma movilización refiere a una performance central del repertorio de acción colectiva contemporáneo: numerosos agrupamientos se movilizan generalmente hacia edificios estatales para manifestar su disconformidad y reclamar en relación a alguna privación relativa. En los casos en los que no hay movilización, esto significa que el colectivo agrede al sujeto u objeto en la localización en que se encuentra, sin desplazarse hacia ningún lugar en particular. Este atributo será indicador de un grado de coordinación escaso de las acciones colectivas.¹¹ Las acciones se distribuyen prácticamente en mitades según la presencia de movilización colectiva, dado que el 52% de ellas contienen el traslado colectivo de individuos y el 48% no presenta movilizaciones (Tabla 2). El dato es revelador de las dinámicas colectivas de las ACVP en Argentina. A diferencia de lo mostrado por el examen de González et al. (2011), en el que las acciones aparecían con un grado de coordinación elevado, al punto que los autores afirmaban que constituían eventos escenificados con características que los asemejaban a rituales violentos, nuestra descripción de los hechos presenta que casi la mitad de las acciones no presentan movilización y, por lo tanto, constituyen acciones escasamente coordinadas.

Tabla 2. Objeto de las ACVP en Argentina según movilización de los atacantes (2009-2015*) N=229. *Hasta el 30 de junio. Fuente: Elaboración propia en base a prensa.

Observemos la correspondencia entre las acciones y los objetos atacados para acercarnos más a la lógica de las mismas. Como muestra la Tabla 2 , los ataques a personas se producen sin ningún tipo de movilización, es decir, en el lugar en el que se encuentra el presunto agresor original (el 85% de los casos). Ésta es la forma que han adquirido muchos de los denominados linchamientos en Argentina: generalmente de modo espontáneo y repentino, se producen luego de un delito detectado de manera flagrante en la vía pública, sin que ese colectivo conformado transitoriamente se traslade a ningún lugar en particular. Los ataques a personificaciones o bienes del Estado y a bienes privados requieren en casi todos los casos de una movilización precisamente hacia estos edificios. Por esta razón, buena parte de estas acciones implican un mayor nivel organizativo. Incluso suele haber en esos ataques demandas específicas hacia el Estado que incluyen acciones contenciosas como el corte de calles y negociaciones con las autoridades.

De modo que, teniendo en cuenta los agravios que precipitan las acciones, los objetos atacados y la presencia de movilizaciones en los ataques, el esquema de las acciones colectivas de violencia punitiva en Argentina es el siguiente:

Figura 2. Esquema de las ACVP en Argentina según la correspondencia entre los agravios iniciales, los objetos de la violencia y la presencia de movilización en las acciones colectivas (2009-2015 (hasta el 30 de junio))

Por último, es necesario saber qué tipo de acciones se desplegaron para realizar el ataque, exceptuando la dimensión de la movilización que ya analizamos, es decir, debemos analizar cómo se produjeron las agresiones colectivas. En este ejercicio hemos encontrado una gran heterogeneidad y se nos ha presentado una gran dificultad para poder agrupar el conjunto de las acciones que, como hemos mostrado en algunos ejemplos, van desde los ataques más espontáneos y efímeros hasta expresiones descontroladas de violencia sobre distintos tipos de objetos y personificaciones. Hemos decidido finalmente hacerlo a partir de una dicotomía entre aquellas ACVP que presentan acciones en el marco de ataques y aquellas que se dan bajo la forma estallido, una dicotomía que construyeron Pérez (2013) y Álvarez et al. (2017), para el análisis de las acciones de violencia colectiva de pasajeros de trenes en Argentina. Dichos autores han establecido las diferencias entre distintos tipos de manifestaciones de violencia colectiva a partir de diversos indicadores que poseen como atributo los estallidos y están ausentes en los ataques. Éstos son la masividad en la participación de los eventos; el desborde de las acciones, en relación a la intensidad y relevancia cada vez mayor que cobra la violencia colectiva en una dinámica súbita y desorganizada que caotiza el orden social durante su desenvolvimiento; una duración prolongada de las acciones que trasciende el impulso inicial del ataque y una ampliación de los espacios de realización que conlleva un incremento en los objetos y/o personificaciones atacadas por parte el colectivo (Pérez, 2013). De este modo, los estallidos presentan una lógica ampliada que incorpora tanto destinatarios de la violencia que no se encontraban en el inicio del hecho como nuevos protagonistas entre los manifestantes y mayores espacios de realización de las acciones (Pérez, 2013). En contraposición, los ataques son acciones protagonizadas por pocos individuos (un indicador de este atributo es que se puede determinar su número exacto), la violencia se restringe a algunas acciones puntuales y por lo general aisladas, de corta o mediana duración, cuyo radio de desarrollo no se amplía demasiado y en el que las acciones tienden a reducirse a agredir al objetivo inicial y luego se disuelven.

Dado este ordenamiento analítico-conceptual, nos propusimos identificar si los modos en que se desenvolvieron los hechos de nuestra base constituyeron, a grandes rasgos, ataques o estallidos. Los resultados arrojaron una escasa proporción de estallidos, tan sólo el 14% contra el 86% de los eventos que no asumen esta forma (Tabla 3). Ahora bien, en el cruce de los tipos de objetos atacados y los tipos de acción involucrados observamos, como era de esperarse, que la violencia contra individuos es, en su gran mayoría (96%) un ataque simple, en la medida en que son episodios en los que no participan muchas personas, con un carácter más efímero y, como acabamos de ver, sin movilizaciones que desplacen las acciones hacia otras localizaciones. Cuando bienes privados son el blanco de las acciones, en su gran mayoría (89%) se suceden mediante acciones simples. Sin embargo, un 11% presentan acciones que desbordan la dinámica violenta del ataque original, involucrando más participantes y prologando las acciones en el tiempo y el espacio, constituyendo estallidos cuyos blancos principales son fundamentalmente casas de presuntos violadores, atacantes, etc. Los ataques al Estado, en cambio, presentan en un tercio de los casos acciones que se convierten en estallidos a partir de la participación de un gran número de personas que activan violentamente agresiones contra diversos objetos y personificaciones durante un período prolongado de tiempo. Dicho de otra manera, en casi el 70% de los estallidos los objetos de la violencia son fundamentalmente edificios o representantes del Estado nacional, provincial o local.

Tabla 3. Objeto de los ataques de ACVP según el desarrollo de la forma estallido en Argentina (2009-2015*)

N=230. *Hasta el 30 de junio. Fuente: Elaboración propia en base a prensa

Nuestra tipología: linchamientos, ataques y estallidos

El análisis de los datos permite afirmar que los modos en los que se dan las acciones no son aleatorios. Hay relaciones entre las variables presentadas en sentidos determinados, de modo que ciertos hechos desencadenan agravios a objetos específicos y de maneras puntuales. Así, pues, hemos construido una tipología de las ACVP en Argentina (Figura 3). Una tipología que se construye, a la manera de los tipos ideales de Max Weber (1987), abstrayendo algunas de las regularidades empíricas que hemos encontrado a lo largo de nuestra exposición. Estos tipos construidos no significan la plena certeza de que esas formas se darán siempre de esa manera, ni tampoco que sean las únicas posibles. Se trata de una tipología “estructural y articulada” en el sentido en que “pretende ser una abstracción simplificada, general y flexible de una forma de entender el análisis de datos desde una perspectiva metodológica atributiva” (López Roldán, 1996: 26). Esta tipología será analizada a partir de dos grandes dimensiones retomadas del análisis que Tilly (2007) realiza para construir su tipología de la violencia colectiva: el grado de coordinación de las acciones, entendido como el nivel de organización y planificación entre los participantes, y la relevancia de los daños a corto plazo, entendida como la intensidad de la violencia, no sólo en relación a la cantidad de daños sino a la proporción de acciones que están mediadas por interacciones violentas dentro del episodio general

Figura 3. Tipos de acciones colectivas de violencia punitiva en Argentina (2009-2015(hasta el 30 de junio.))

En primer lugar, los “linchamientos” son ACVP impulsadas fundamentalmente por robos y agresiones físicas a personas. En estos casos la violencia se descarga contra los individuos presuntamente responsables de la agresión inicial, provocando una represalia colectiva sobre los mismos. Dado que el colectivo suele detectar el factor precipitante de manera flagrante no se moviliza hacia ningún lugar en particular y las acciones se desarrollan en una localización aleatoria. Es por esto que los linchamientos representan las acciones con menor grado de coordinación, aunque puedan presentar alta relevancia e intensidad en la violencia dado que ésta se descarga sobre personas con consecuencias sobre su integridad física. Por otra parte, se trata de las acciones más frecuentes en el período: son el 47% de todos los eventos registrados (ver tabla 4). Estos datos presentan una importante diferencia con respecto a la investigación de los años anteriores (González et al., 2011), dado que allí se mostraba que los linchamientos alcanzaban aproximadamente menos del 10% de las ACVP.¹² A pesar de que en nuestros registros son el tipo de acción más frecuente, su presencia no ha sido homogénea a lo largo del período, mostrando una evolución creciente. En los primeros cuatro años del período (2009-2012) los linchamientos representaron tan sólo el 31,7% de las ACVP, mientras que durante 2013-2015 llegaron a ser el 55% de los episodios (ver tabla 4). Esto se debe, en parte, a la “ola de linchamientos” que se produjo tras el asesinato colectivo del joven David Moreira, luego de que supuestamente robara una cartera junto con un compañero y huyera en una moto. A partir de este hecho, sucedido el 22 de marzo de 2014 en la ciudad de Rosario, se sucedieron en todo el país una serie de agresiones a presuntos delincuentes, instalándose de manera inédita el problema en los medios de comunicación y en el debate público argentino (Hernández, 2014; Caravaca, 2014; Focás y Fernández, 2014; Bermúdez y Herrera, 2015; entre otros).

Tabla 4. Acciones colectivas de violencia punitiva según período de años en Argentina

N=230. *Hasta el 30 de junio. Fuente: Elaboración propia en base a prensa.

Las características principales de los linchamientos en Argentina marcan que, en su mayoría, se producen generalmente como respuesta a robos y/o agresiones ocasionales producidos en grandes centros urbanos. Los colectivos participantes suelen estar conformados espontáneamente por individuos que no se conocen previamente entre sí y ejecutan acciones de violencia en un contexto en el que tienen supremacía numérica con respecto al linchado. Las tensiones preexistentes, en ese marco, se construyen en torno a un extendido “sentimiento de inseguridad” (Kessler, 2011) o “temor al delito” (Pegoraro, 2002), que generaliza el “hartazgo” y la intolerancia hacia acciones de este tipo. A pesar de que en muchos episodios se producen agresiones de grupos pertenecientes a sectores medios y altos contra presuntos ladrones de extracción popular,¹³ un número considerable de casos están protagonizados por colectivos de sectores medios-bajos contra también sujetos provenientes de las clases trabajadoras poco calificadas. De este modo, la divisoria entre linchadores y linchados no refiere necesariamente a una pertenencia de clase, sino que parece estar ligada a un imaginario extendido que separa a “la gente trabajadora u honesta” contra los “pibes chorros” (Rodríguez Alzueta, 2014). Estos colectivos de personas son efímeros y se disuelven con la culminación de la acción. Las acciones realizadas son “simples”: golpes con el propio cuerpo a través de puños y patadas, no involucran el trasladado el cuerpo del linchado hacia ningún lugar en especial ni su retención para realizar negociaciones con las autoridades, es decir, no suelen presentarse demandas hacia las autoridades durante las acciones. En general, los linchamientos provocan lesiones leves o graves hacia los considerados responsables del factor precipitante y culminan con la mediación policial, ya sea para detener la golpiza o para garantizar que el presunto delincuente sea detenido. En algunas pocas ocasiones las agresiones producen la muerte del linchado, aunque esto no es lo más frecuente. Generalmente, las fuerzas de seguridad no detienen ni investigan a los responsables de los linchamientos, aunque en los últimos años algunos de los protagonistas de los episodios de violencia colectiva han sido imputados y condenados (Página 12, 30/5/2017). Todas estas particularidades hacen que las acciones tengan una lógica exclusivamente expresiva y retributiva: en las acciones de violencia se expresa la indignación por el incidente recientemente acaecido y, al mismo tiempo, se “castiga” con el propio cuerpo al supuesto ladrón. En este sentido, las características de los linchamientos en Argentina lo distinguen de las acciones más organizadas (en algunos casos ritualizadas) presentadas en otros países de América Latina, en las que los linchamientos se han configurado como un repertorio de acción instaurado para dar respuesta a diversas situaciones de violencia (Gamallo, 2014).

En segundo lugar, los “ataques” son acciones de violencia destinadas a agredir tanto bienes privados vinculados con los agresores originales como a alguna personificación o bienes del Estado. Suelen estar vinculados a delitos contra la integridad física socialmente considerados aberrantes como homicidios, violaciones o agresiones principalmente a víctimas jóvenes. En ambos casos (ataques a bienes de particulares o ataques al Estado), suelen presentar una movilización colectiva hacia ese lugar y, por tanto, implican un nivel de coordinación mayor. Puede ocurrir que se disparen enfrentamientos con la policía, pero éstos son restringidos y de corta duración. Por esta razón, los ataques pueden presentar una relevancia e intensidad de la violencia colectiva menor a los linchamientos, en los que se ataca directamente a los cuerpos (figura 4). A veces hay demandas explícitas hacia el Estado, especialmente cuando se lo ataca, y puede que el ataque derive en acciones reivindicativas pacíficas como cortes de calle. Los ataques al Estado pueden tener tanto un carácter retributivo como ser la expresión de un malestar más general precipitado por el hecho. Los ataques a viviendas presentan una lógica específica de represalia y pueden tener la intención de expulsar al agresor o exponerlo públicamente como un individuo indeseable en el territorio. Tal como mostraron González et al. (2011), los ataques a viviendas en Argentina se han instalado como una forma colectiva de responder a violencias previas. Muy frecuentemente son realizados desde las redes de organización territorial formales e informales que se hallan en los barrios precarios de los suburbios de las grandes ciudades.

Figura 4. Tipología de las ACVP en Argentina (2009-2015 (hasta el 30 de junio)) en función del grado de coordinación de las acciones y la relevancia de los daños a corto plazo.

En tercer lugar, los estallidos suelen estar impulsados ya sea por un accionar policial previo o por una agresión entre privados considerada un hecho aberrante. Estas acciones adquieren características particulares –masividad, radicalización, prolongación, ampliación de espacio y de destinatariosque convierten a estos hechos en acontecimientos sumamente disruptivos. Como hemos visto, estas acciones tienen un escaso peso cuantitativo en relación a la frecuencia de las otras (representan el 14% de las acciones totales, unos 33 casos durante el período); sin embargo, tienen una enorme repercusión política, mediática y social, no sólo en los escenarios en los cuales trascurren, sino a nivel general. También suele ocurrir que haya presencia de otras formas de violencia y de acciones reivindicativas como manifestaciones, cortes de vías. Dado que en estas acciones muchas veces hay demandas explícitas formuladas por el colectivo (demandas de “justicia” y lucha contra la impunidad, por ejemplo), puede ocurrir que participen de estas acciones organizaciones formales como partidos políticos, movimientos sociales, agrupaciones locales, etc. Por su masividad y niveles destructivos, los estallidos presentan el mayor grado de relevancia e intensidad de daños, aunque, dependiendo del caso, pueden tener niveles de coordinación menores con respecto a algunos ataques planificados. La forma estallido como formato de acción colectiva emergió en Argentina durante los años 90, inaugurando lo que para algunos autores constituyó una transformación en el repertorio de acciones colectivas contenciosas en Argentina (Farinetti, 2002; Auyero, 2002; Merklen, 2010; entre otros). Más allá de ser una de las formas de la protesta social en la Argentina reciente, presenta particularidades que la diferencian de las acciones colectivas más organizadas como las movilizaciones, cortes de calles, tomas de establecimientos, etc.

Conclusiones

Algunos de los conceptos centrales de las teorías de la acción colectiva nos proporcionaron las dimensiones fundamentales para entender las formas concretas en que se presentan las ACVP en Argentina. El comportamiento de cada una de esas variables y, fundamentalmente, sus relaciones entre sí nos permitieron agrupar algunas características en determinados “tipos” de acción colectiva de violencia punitiva. Así, pues, la tipología construida refleja las heterogeneidades concretas que presentan las ACVP, sistematizadas a partir de haber encontrado generalizaciones empíricas.

Nos preguntábamos al comienzo acerca de las relaciones entre nuestro objeto de estudio y las acciones colectivas estratégicas enmarcadas en episodios de protesta social. El crecimiento registrado de los episodios refleja que, lejos de ser acciones del pasado que se presentan como una excepcionalidad en nuestros días, las ACVP son acciones que forman parte de la movilización popular contemporánea. En cuanto al contenido, su presencia revela la centralidad de las demandas de justicia y de lucha contra la impunidad en Argentina, así como la relevancia de las víctimas como figuras de enunciación relevantes de demandas sociales. En cuanto a sus formas, se inscriben sobre el escenario de los nuevos repertorios, dentro de los cuales la violencia colectiva ha ocupado un lugar protagónico. En este sentido, las ACVP son una parte, cuantitativamente pequeña pero cualitativamente significativa, de las formas de lucha y expresión colectivas junto con otras formas de acción más institucionalizadas, más organizadas y más estratégicas.

Sin embargo, las ACVP presentan particularidades que las distinguen del abanico de acciones estratégicas llevadas a cabo mayoritariamente por las organizaciones formales que componen los movimientos sociales argentinos. El caso de los linchamientos tal vez sea el tipo de ACVP más alejado de las acciones colectivas contenciosas, en la medida en que no suelen contener ninguna demanda colectiva hacia el Estado y no dejan saldos organizativos de ningún tipo. Similares a lo que Tilly (2007) denominaba “reyertas”, la forma predominante que tienen los linchamientos en Argentina los coloca en el límite entre las acciones de enfrentamiento individual y las dinámicas de la violencia colectiva: se tratan mayormente de acciones espontáneas, reactivas y efímeras, protagonizadas por individuos sin relaciones preexistentes. Las particularidades de esta forma hacen que sea “usada” tanto por sectores medios y medios-altos contra presuntos delincuentes como por sectores populares contra figuras similares. Los ataques, sin embargo, muestran grados de coordinación más elevados, suelen apoyarse sobre mecanismos de organización informal marcadamente territoriales en los suburbios populares y han ido instalándose como una respuesta colectiva posible ante situaciones críticas vinculadas a la perpetración de un crimen considerado aberrante. Enmarcados entre la simple represalia y la protesta al Estado, los ataques a viviendas pueden contener acciones colectivas escenificadas (González et al., 2011) que expresen la disconformidad social ante una situación de violencia previa. Los estallidos, por último, se asientan sobre un formato de protesta utilizado con frecuencia durante los años 90: la violencia colectiva contras las autoridades estatales. Actualizados en función de la demanda de justicia y la lucha contra la impunidad, los estallidos de justicia muestran acciones colectivas inscriptas generalmente en un escenario de conflictividad latente precipitado por un hecho puntual que simboliza un agravio relevante para una comunidad de personas. Así, pues, las ACVP se articulan con otras performances de expresión de sectores heterogéneos de la sociedad argentina. En la medida en que se insertan en conflictos locales y/o generales, los participantes dotan de significados particulares sus acciones de violencia contra blancos determinados. Sumergirse en esos significados será tarea de futuras investigaciones, tendientes a profundizar el conocimiento de estas acciones colectivas que no están aisladas con respecto a las formas cotidianas de participación política de nuestro país y nuestro continente.

 

Notas

* Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que constituyó mi tesis de doctorado, la cual fue realizada gracias a una beca doctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

¹ Hemos considerado el criterio de la ficha técnica de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (2010a) que divide a la República Argentina según “regiones estadísticas”. Esas regiones son: Región Gran Buenos Aires o Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), integrada por la Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Gran Buenos Aires (La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Merlo, Lanús, Moreno, Florencio Varela, General San Martín, Tigre, Avellaneda, Tres de Febrero, Berazategui, Malvinas Argentinas, Morón, Esteban Echeverría, San Isidro, San Miguel, Vicente López, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, Ezeiza y San Fernando); Región Pampeana, integrada por las provincias de Buenos Aires (exceptuando Gran Buenos Aires), La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba; Región Noreste (NEA), integrada por las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco; Región Noroeste (NOA), integrada por Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy; Región Cuyo, integrada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis y Región Patagonia, integrada por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

² La confección de la base comenzó a finales del año 2015, por eso los registros llegan hasta mediados de dicho año. Dado el pico de casos en 2014 resultó necesario continuar la serie para verificar si se trataba de un período de ascenso en las acciones o la moda estadística.

³ Lamentablemente los números exactos de cada año no fueron publicados en el trabajo.

⁴ Svampa (2009) y Merklen (2010) resumen esta transformación narrándola como el paso de “la fábrica al barrio”.

⁵ El autor registró en dichas localizaciones una mayor cantidad de acciones colectivas de protesta (en su mayoría pacíficas) en demandas de seguridad y en respuesta a delitos violentos en comparación con el Área Metropolitana de Buenos Aires entre los años 2002 y agosto de 2009, teniendo como fuente de datos la prensa periódica nacional con sede en Buenos Aires (Galar, 2009).

⁶ A través de un estudio cualitativo del estallido social sucedido en Baradero en marzo de 2010 tras la muerte de dos jóvenes en un accidente provocado por una camioneta de la policía de tránsito de dicha ciudad, hemos mostrado cómo un hecho puntual actualiza y refuerza tensiones previas, en este caso, referidas al control de tránsito (Gamallo, 2017).

⁷ Nos referimos a lo que mediáticamente se conoce como “episodios de inseguridad”, es decir, delitos cometidos al azar sobre las propiedades o las personas.

⁸ “El trato de las policías hacia las poblaciones de los barrios pobres asume diversas formas tradicionales. Se manifiesta, en primer lugar, a través de la falta de respuesta cuando se requiere su presencia. En segundo término, a través del hostigamiento y la imposición de controles arbitrarios cuyos desti natarios principales, aunque no únicos, son los jóvenes. Los abusos se repiten también en los grandes operativos, de formato incidental o puntual (allanamientos, razzias, acciones de saturación), que ya forman parte del repertorio ordinario de prácticas policiales en estos barrios. Además, se registran situaciones cotidianas de connivencia policial con redes delictivas que restringen la capacidad de los vecinos de defenderse de otro tipo de violencias, que cuentan con la impunidad que sigue a la complicidad policial” (CELS, 2013: 140).

⁹ Como han mostrado Hernández (2014) y Cerruti (2015), entre otros, la figura de la víctima ha cobrado en las últimas décadas una centralidad social y política que anteriormente no poseía en Argentina. Buena parte de las disputas se producen en torno a la capacidad de ser nombrado como víctima de algún proceso social, político, jurídico, económico, etc.

¹⁰ En estos casos no hemos catalogado a las fuerzas del orden como los objetos del ataque para el procesamiento estadístico de nuestra base de datos, aunque es necesario tener en cuenta su presencia para entender las dinámicas de la violencia de las acciones. La razón de esta decisión metodológica se justifica en la escasa proporción de casos que presentaban esta dinámica y en la dificultad de trabajar con variables con categorías múltiples.

¹¹ Como afirma Tilly (2007) aunque sea ínfimo es necesario algún grado de coordinación entre los actores de la violencia colectiva.

¹² Lamentablemente los datos referidos a las formas de acción no están presentados en términos porcentuales.

¹³ Ver algunos de los casos trabajados en Gamallo (2017).

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