COMENTARIOS DE LIBROS

Comentario a Ezequiel Kostenwein (ed.): Sociología de la justicia penal

Ediar, Buenos Aires, 2017

 

Por Martin Schiavoni

Inicialmente cabe señalar que este libro constituye –tal como lo pone de manifiesto su director, Ezequiel Kostenwein– el producto gestado a partir de la puesta en funcionamiento del área Sociología de la Administración de la Justicia Penal, en el Instituto de la Cultura Jurídica, dependiente de la FDCS de la UNLP. Si tenemos en cuenta tanto que dicha área comenzó a funcionar apenas en el año 2015, como la calidad de su opera prima, pues entonces sólo nos queda estar atento, porque esta usina promete estar entre las más importante de nuestra geografía.

Ingresando de lleno en Sociología de la Justicia Penal, es menester señalar que la obra se divide formalmente en tres secciones. En la primera de ellas, titulada Justicia penal y críticas al imperio de castigar se ubican los trabajos de Gargarella y Zaffaroni. El primero de los autores mencionados, en su artículo El reproche estatal en una comunidad de iguales, retoma algunos tópicos sobre los que viene trabajando desde hace tiempo, acerca de la justificación (o no) del castigo penal, en el marco o contexto de sociedades altamente desiguales, como las nuestras. Para ello, luego de efectuar algunas consideraciones críticas a los fundamentos más tradicionales de la filosofía política –como las de tipo kantianas o retribucionistas, o bien las benthamianas o consecuencialistas–, Gargarella trabaja en torno a la idea de una concepción comunicativa sobre el reproche penal, entrelazando conceptos estructurales como democracia deliberativa y republicanismo y pensando siempre en una sociedad de iguales. Por otra parte, para transitar dicho sendero, Gargarella se basa en trabajos y opiniones desarrolladas por autores como Christie, Braithware o Duff –entre otros–. Todo ello le permite a nuestro autor concluir que las nuevas ideas sobre la justificación del reproche penal, que permitan superar el estado de situación actual, deberían cimentarse en normas que provengan de un acuerdo colectivo, solidificado por vínculos de colaboración y afecto. En simultáneo a ello, Gargarella describe alguno de los principales rasgos que definirían al reproche penal en una comunidad de iguales, entre los que destaca la extinción de los castigos brutales, la participación real y efectiva no solo de los interesados sino de la comunidad en la resolución del conflicto y el carácter integrativo y no excluyente del reproche penal.

Por su parte, Zaffaroni desarrolla las líneas centrales de su trabajo pivoteando sobre dos conceptos basales que emergen del propio título del artículo –Derechos Humanos y sistemas penales en América Latina–. En torno a la relación entre ambos conceptos, Zaffaroni estructura su estudio, trabajando sobre una dimensión descriptiva de la situación actual de los sistemas penales latinoamericanos, valorada o confrontada con los criterios que emanan de los instrumentos internaciones, para lo cual retoma el uso de algunos tópicos ya utilizados a lo largo de su extensa obra, tales como la genealogía de lo que denomina el ejercicio del poder controlador disciplinario militarizado ejercido sobre las mayorías y sobre los disidentes, y su justificación vía medios masivos de comunicación monopólicos al servicio del capital transnacional; o el genocidio por goteo desplegado por las agencias estatales; o la arbitrariedad selectiva del sistema penal formal. Dicha descripción permite deslegitimar el discurso jurídico-penal, pero no proporciona una conceptualización criminológica alternativa, ante lo cual –señala Zaffaroni– el desafío es pensar y articular, desde el margen latinoamericano, un marco teórico acorde a nuestra particular realidad, para lo cual entiende el autor que los instrumentos internaciones de Derechos Humanos deben desempeñar un rol determinante, en simultáneo a la construcción de una criminología que, si quiere no sólo ser crítica sino también efectiva y real, deberá imbricarse con otros saberes, tales como los provenientes de la antropología y la política social.

La segunda sección es encabezada por el dilatado artículo de G.I. Anitua, titulado Apuntes genealógicos sobre lo judicial. Un recorrido por los inicios del atributo de juzgar. A poco que se lo analice, se verá que el escrito de Anitua encastra a la perfección con el título de esta segunda sección Historias sobre el presente de la justicia penalya que justamente lo que hace el autor es desandar una extensa cronología pero no como simple ejercicio histórico, sino en pos de desentrañar cómo los hitos y procesos que Anitua destaca son los que posibilitan entender nuestro presente. Ese amplio recorrido le permite al autor concluir que los problemas en el funcionamiento del sistema de justicia penal pueden no ser síntomas de crisis sino características del propio sistema, con sus contradicciones y sus modelos ideales, presentes desde la consolidación de las estructuras estatales. Por último, cabe señalar que sólo aquel lector que se acerque por primera vez a un artículo de Anitua podrá sorprenderse con la profusión de bibliografía citada y con la plasticidad con la que el autor zigzaguea sólidamente entre diversas disciplinas, entre las que se encuentran el derecho, la sociología, la criminología, la filosofía política y la historia.

A continuación se ubica otro extenso artículo, perteneciente a Máximo Langer, intitulado Revolución en el proceso penal latinoamericano: difusión de ideas  legales desde la periferia. A lo largo del mismo, su autor explica las razones –o, por lo menos, algunas de las más relevantes– que posibilitaron una ola de reformas en los sistemas procesales penales latinoamericanos. Numerosos resultan los puntos de interés del artículo; así, por ejemplo, es destacable que Langer no se apoya solamente en bibliografía para construir su tesis, sino también en cuantiosas entrevistas realizadas a diversos partícipes de las reformas. De igual manera, resulta muy atrayente la problematización realizada por el autor acerca de los procesos de difusión de ideas, tanto sea desde las regiones centrales a la periferia como inversamente y la labor que desempeñaron los abogados latinoamericanos de la red de expertos actividades del sur.

Luego, en La comprensión de la justicia penal como espacio político, Binder continúa profundizando varias de las ideas con las que ya viene trabajando desde hace algunos años, en aras de dotar de sentido o perspectiva política a los análisis que hacen eje en la justicia penal. Partiendo de la base de que la política constituye un elemento natural de la justicia penal, Binder intenta construir puentes que enlacen o conecten la edificación de un marco teórico compartible que no solo posibilite la realización de investigaciones empíricas sino que sirva para la construcción de los saberes que necesitan los operadores judiciales. En este sendero –dentro de los varios que Binder admite como posibles– el autor se concentra en la utilización del arsenal teórico elaborado por Pierre Bourdieu, focalizándose en algunos conceptos claves del sociólogo francés, tales como campo, habitus o capitales.

Roberto Bergalli, a lo largo de su artículo Administración de justicia penal y cuestión judicial delinea algunos trazos que permitan preparar el terreno y el ámbito disciplinario a través del cual debería discurrir una sociología del control penal. Para ello, mientras historia sobre la cuestión judicial latinoamericana, entrelaza algunos tópicos que considera relevantes, tales como la independencia judicial, su relación con el poder político o la formación de los juristas –y su influencia en sus ideologías–.

Mariano Gutiérrez clausura la segunda sección, con su trabajo Coyuntura y frentes de tormentas, una documentada y medulosa investigación sobre la política criminal de la provincia de Buenos Aires, durante el período 1996-2014. Discurre el artículo sobre los corsi e ricorsi que atravesaron la política criminal bonaerense en el período señalado, vaivenes que, según Gutiérrez, configuran algunos curiosos –y perversos, se agrega aquí– juegos circulares, tales como “sortear una crisis política por ‘inseguridad’, aplicando una reforma de ‘mano dura’, para luego promover las condiciones de la crisis política por vía de la violencia institucional, lo que da lugar a la reforma, a la que finalmente se le imputa ‘ineficacia’ frente a la inseguridad”, lo que genera que el círculo se retroalimente. A la par de la anterior, Gutiérrez brinda otras conclusiones tan interesantes como alarmantes, tal como la extremadamente laxa o flexible política criminal de los diferentes gobiernos, regidas no por ideologías, sino por necesidades políticas, y ni siquiera únicamente electorales sino principalmente de “gobernabilidad”, esto es, estabilidad y legitimidad pública de un ciclo de gobierno.

La tercera y última sección –Lógicas, prácticas y competencias dentro de la Justicia Penal– contiene cuatro artículos, todos los cuales focalizan algún/os aspecto/s de las prácticas actuales del proceso penal de la provincia de Buenos Aires. Inaugura la sección el artículo de Pablo Ciocchini, titulado Cambiando todo para no cambiar nada. Las reformas en el proceso penal bonaerense, el que, combinando teoría y trabajo de campo, ausculta la incidencia de los discursos reformistas técnicos y gubernamentales acerca de la necesidad de erradicar o menguar la demora judicial –en virtud de resultar irrespetuosa de los lineamientos emanados de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos– y su impacto en términos reales en la administración de justicia penal, especialmente en lo referente al desarrollo y/o utilización de los juicios orales.

Prolonga la sección el artículo Apresurando decisiones. La justicia penal ante las exigencias de celeridad, de Ezequiel Kostenwein. En el mismo, el director del libro analiza meticulosamente, también aunando teoría y trabajo de campo, las mutaciones generadas al interior del procedimiento penal bonaerense, a partir de la instauración del célere proceso de flagrancia, con especial énfasis en la utilización de la prisión preventiva, desagregando y examinando analíticamente la concesión o rechazo de dicha medida de coerción en función de diversos argumentos.

Luego, a lo largo de El desafío judicial de “conocer” el impacto de sus prácticas, Gabriel Bombini bucea en las profundas y oscuras aguas de las registraciones judiciales; con mayor especificidad, el autor analiza –con cuantiosos datos estadísticos– el uso del encarcelamiento, a partir de la puesta en marcha, en la provincia de Buenos Aires, de la ley de desfederalización parcial de la ley de estupefacientes –Ley 23.737–. A través de dicha inmersión, Bombini intentará responder, con las serias limitaciones que poseen registraciones de este estilo, tal como lo explicita el autor, a tres preguntas cruciales para cualquier administración de justicia penal: qué se encarcela, cómo se encarcela y a quiénes se encarcela.

Culmina la sección el artículo de José Garriga Zucal, Algunos fiscales son antivigi. El autor, quien luego de atravesar diversos estadios académicos en el ámbito de la antropología, se doctora en dicho campo curricular, nos propone un muy interesante abordaje, atravesado por tales conocimientos. Tal como lo explicita desde el subtitulo, Garriga Zucal se propone estudiar las relaciones o interacciones entre funcionarios judiciales y policías para lo cual inicialmente efectúa un análisis sobre la manera en que los propios policías interpretan su oficio –construido fundamentalmente en base al concepto de “sacrificio” y sobre la alteridad “policía-civil”, según concluye el autor– y cómo dicha interpretación incide en la vinculación con los funcionarios judiciales.

Para concluir: en el párrafo final de la Presentación al libro, su Director refiere que la intención de la obra era echar luz sobre alguna de las particularidades que configuran a la institución del Estado encargada de decidir la inocencia o culpabilidad de sus ciudadanos. Pues bien, a nuestro criterio, la calidad y profundidad de cada uno de los trabajos que componen el libro permitan asegurar que tal objetivo fue largamente cumplido.