ARTÍCULOS

La huelga azucarera de 1923 en Tucumán. Trabajadores, política y demanda de derechos

 

María Ullivarri¹

¹ CITRA-CONICET/UMET. Correo-e: ulliva@gmail.com

Recibido: 23/10/2017
Aceptado: 6/3/2018

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Resumen

La huelga azucarera de 1923 es uno de los acontecimientos más estudiados de la historia del mundo del trabajo de la provincia de Tucumán. La mayoría de las interpretaciones ahondan en la cuestión política. Sin embargo, resulta muy difícil pensar una huelga sólo como el resultado de la manipulación de un gobernador enfrentado a los industriales. Por eso prefiero recorrer un camino distinto para encontrar un resultado más alentador, preguntándome por la subjetividad y la agencia de los propios trabajadores. En este artículo, nos detendremos entonces en el análisis de este conflicto laboral y político para, a partir de ahí, intentar pensar, por un lado, las dificultades de la construcción de políticas laborales en el área rural. Y, por otro, las formas en las que los trabajadores del azúcar articularon vínculos políticos y cómo construyeron su demanda de derechos.

Palabras clave: Industria azucarera; Tucumán; Huelga; Política.

Abstract

The sugar strike of 1923 in Tucuman. Workers, policy and demand for rights

The sugar strike of 1923 is one of the most studied events in the history of the working class of Tucumán, a province of the north of the Argentina. Most interpretations delve into the political question. However, I find it very difficult to think of a strike only as the result of a conflict between a governor and the owners of the mills. That is why I prefer to search a different way to find a more encouraging result, starting with the question of subjectivity and the agency of the workers themselves. In this article we will emphasize the analysis of this conflict of a labor and political nature, to try to think on the one hand, the difficulties of the construction of labor policies in the rural area. And, on the other, the ways in which sugar workers articulated political ties and how they built their demand for rights.

Key words: Sugar industry; Tucuman; Strike; Politics.

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Introducción

Desde su despegue, a mediados del siglo XIX, la industria azucarera de la provincia de Tucumán, a 1300 kilómetros de Buenos Aires, fue modelando las estructuras sociales, políticas y económicas locales. Fue también construyendo patrones de dominación cultural, respaldados con normas y prácticas que reproducían la hegemonía de la empresa en los espacios de producción y también en los espacios de reproducción. Sin embargo, las subjetividades obreras a veces entraban en tensión con las lógicas y los consensos cotidianos del ingenio. Uno de esos momentos de conflicto, se desató al comenzar la zafra de 1923, luego de que el gobernador tucumano Octaviano Vera firmara un decreto que dejaba a criterio de la libre negociación de las partes, el cumplimiento de dos leyes provinciales sancionadas unos meses antes.
Las dos leyes que perdieron su carácter de obligatorias, si eso era legalmente posible, eran un reclamo central para el conjunto de trabajadores azucareros. Una de ellas era la de jornada legal de 8 horas y la otra era la ley de salario mínimo para la industria azucarera. En ese sentido, la idea de que las leyes constituían un espacio inapelable de derechos puede ser uno de los ejes que sostuvo el conflicto. Los otros dos ejes estaban inscriptos en los problemas internos dentro del mismo gobierno y en la situación de crisis económica que atravesaba la provincia. En esa trama que involucraba negociaciones económicas, conciencia de derechos y acuerdos políticos, la huelga azucarera de 1923 se convirtió en un conflicto muy complejo de resolver, por lo menos sin pérdidas.
En Tucumán la temporada de conflictos era corta. Aunque en los años veinte algunas buenas zafras podían extenderse hasta septiembre, era de mayo a agosto el momento indicado para discutir los asuntos azucareros. El inicio de la cosecha era siempre el momento más tenso, no sólo porque llegaban los trabajadores temporarios o porque había posibilidades de paralizar tareas nodales del proceso productivo. Esos meses de otoño también se caracterizaban por la intensidad de las discusiones sobre el precio de la caña entre cañeros e industriales, y porque simbólicamente era el inicio del año activo en la provincia.
En Tucumán, mayo y junio siempre fueron meses de jornadas áridas, pero las de 1923 fueron particularmente conflictivas, porque la discusión por estas leyes generó una de las huelgas azucareras más importantes de la historia de la industria. En este artículo, nos detendremos en el análisis de este conflicto laboral y político para, a partir de ahí, intentar pensar cómo los trabajadores del azúcar articularon vínculos políticos y cómo construyeron su demanda de derechos. Pero también para mirar las dificultades que conllevó la implementación de derechos laborales en áreas rurales.
La huelga azucarera de 1923 fue estudiada por varios autores. Daniel Santamaría (1984) la abordó centrándose en la clave política y ubicándola como una consecuencia directa de los problemas internos del radicalismo tucumano y sus disputas con los industriales azucareros. En clave de análisis político centrado en la estrategia de la UCR, Ariel Campero (2017) señaló que la irrupción de los trabajadores fue un hecho necesario para la construcción de la identidad política de un radicalismo tucumano con aspiraciones de armar una organización con tinte local. Desde una mirada centrada en los intereses azucareros como objeto de estudio, María Celia Bravo (2009) analizó la huelga a partir del vínculo entre cañeros, el radicalismo y los industriales, entendiendo que los primeros fueron los más perjudicados con las leyes obreras, pero también los que de ese conflicto salieron fortalecidos. Mientras que la mirada sobre otro actor involucrado, los empresarios, está presente en los trabajos de Alejandra Landaburu (2008; 2014).
La mayoría de las interpretaciones ahondan en la cuestión política y allí la huelga aparece colocada al servicio de los conflictos entre gobierno e industria. Sin embargo, resulta muy difícil pensar una huelga sólo como el resultado de la manipulación de un gobernador enfrentado decididamente con los industriales. Por eso prefiero recorrer un camino distinto para encontrar un resultado más alentador, preguntándome por la subjetividad y la agencia de los propios trabajadores (Ortner, 2005; Thompson, 1984). En ese sentido, entendemos a ésta no sólo como una forma de resistencia, de subversión o de resignificación, en oposición a la dominación y la subordinación, sino también en un sentido más extenso, como "sentido de sí", que engloba aspiraciones, intereses, proyectos propios que tiene, a través de la acción y la intención orientada hacia un propósito, un profundo impacto en la subjetividad.
Considero importante subrayar que la tarea es compleja, porque rastrear los indicios de la actividad obrera en el área azucarera tucumana es un trabajo muy arduo. Allí las referencias son vagas, las acciones se invisibilizaban y las fuentes a través de las cuales recuperar la experiencia de los trabajadores de la campaña tucumana son escasas. Asimismo, el mundo azucarero estaba compuesto por una población con elevados niveles de analfabetismo, por tal motivo, existen muy pocos registros directos a través de los cuales aproximarse a sus sistemas de representación, a sus percepciones y a sus prácticas.
Cuanto más, pueden encontrarse algunos rastros en las fuentes indirectas, siempre mediadas por la lente de individuos, de organizaciones o del Estado. Debido a ello, nuestro principal material de análisis es la prensa periódica, aunque también indagamos en papeles sindicales, revistas industriales y documentos oficiales.

Regulación y política en el azúcar

Antes del petróleo, el azúcar era el commodity más importante a nivel mundial. Su producción movía la economía de muchos países y articulaba un circuito de intercambio global. A partir de 1830 la industria azucarera experimentó un importante grado de industrialización que llegó a su apogeo en 1920 (Bosma y Giusti, 2010). Ese nivel de tecnificación logrado en las fábricas, sin embargo, no se tradujo en cambios en la recolección de la materia prima, que siguió dependiendo de uso masivo de mano de obra.
Algo similar ocurrió en la provincia de Tucumán. Estos cambios técnicos a nivel mundial acompañaron el despegue económico de la actividad, que fue también el resultado de una alianza entre élites y poder político (Girbal, 1994).En ese sentido, la historiografía coincide en señalar que la industria azucarera fue un emprendimiento económico y también político, ya que su viabilidad estuvo asociada al importante papel que asumieron algunas élites del interior del país en la construcción del Estado Nacional (Guy, 2010;Campi 2002; Sánchez Román, 2001).
A nivel local, industria azucarera y gobierno provincial convivieron, no siempre de manera armoniosa, pero si entendiendo que los intereses de uno estaban estrechamente vinculados con los intereses del otro. A medida que este vínculo se fortalecía, el azúcar se iba convirtiendo en la rueda maestra de la economía provincial, haciendo girar los engranajes de una cadena de proveedores y trabajadores (Sánchez Román, 2001).
La intervención estatal fue una de las aristas que permitió, tanto su desarrollo, como su viabilidad y esto, de alguna manera, garantizó el éxito del modelo azucarero tucumano (Sánchez Román, 2001). A raíz de esta dinámica, la plana industrial estaba acostumbrada e incluso demandaba un activo papel del Estado en materia de aranceles aduaneros, transporte e impuestos. Al Estado –provincial y nacional–habían recurrido siempre los empresarios para obtener un cuerpo legal que permitiera el funcionamiento de la actividad y su organización. Sin embargo, los cambios en la dinámica política introducidos por la sanción de la ley Sáenz Peña, dieron forma a una nueva distribución de poder regional en manos de gobiernos de la Unión Cívica Radical (UCR) sin voluntad de congraciarse con la industria (Lenis, 2016). Estos comenzaron a poner en peligro la estabilidad del juego de alianzas y favores que había caracterizado al mundo azucarero y estuvieron más atentos a las críticas que esta industria recibía. Gran parte de esas críticas estaban vinculadas al régimen de protección aduanera del que gozaban y que garantizaba precios rentables al producto en las plazas consumidoras. Por otro lado, fueron también las condiciones de vida y trabajo de los obreros las que dispararon innumerables quejas sobre una industria amparada por el Estado.
La producción del azúcar en Tucumán se realizaba en unidades productivas que articulaban el campo y la fábrica. Algunos ingenios tenían plantaciones de caña, pero mayormente se proveían de materia prima de terceros. De hecho, una de las características particulares de la industria azucarera tucumana fue la convivencia de parques industriales, latifundios y minifundios en consonancia con diferentes modos de tenencia de la tierra: aparceros, colonos, arrendatarios y propietarios pequeños y grandes. Esta articulación productiva convertía a los 29 ingenios de la provincia en escenarios laborales y sociales muy heterogéneos.
Producir azúcar demandaba mucha mano de obra, principalmente en la época de zafra. Esta característica estructuró la actividad, ya que a pesar de las innovaciones tecnológicas que fueron marcando el avance de la industria, hasta los años sesenta la cosecha siguió realizándose con utilización intensiva de trabajo humano, de manera muy similar a como se hacía en desde el siglo XVI (Guy, 2010). En virtud de ello, tradicionalmente se implementaron medidas coercitivas para contratar, retener y disciplinar a los trabajadores.
El uso intensivo de mano de obra y las dificultades constantemente señaladas por los industriales para proveerse de ella en un mercado de trabajo acotado, los condujeron a echar mano de mecanismos de contratación coercitiva. En sus inicios fueron las leyes de conchabo² y luego, a través de conchabadores, se comenzó a buscar mano de obra de otras provincias.³ Esta modalidad de contratación para el trabajo temporario era una característica de la industria. La proporción de trabajadores permanentes era un promedio de 35% de la planta, frente al 65% que representaban las golondrinas. En esa misma dirección, "también algunos pequeños propietarios solían proletarizarse durante la cosecha para complementar los ingresos familiares de la parcela" (Santamaría, 1984, p.23). El número promedio de trabajadores durante las zafras se estima en 60.000 zafreros. Santamaría (1984) señala que, del total 87% eran hombres, 7% mujeres y 6% menores.⁴
A todos ellos, a través de un sistema represivo estructurado en torno a los capataces y mayordomos y muchas veces también a la policía y a la Iglesia, se les intentaba imponer una estricta disciplina laboral, mantenerlos alejados del alcoholismo, disminuir su ausentismo y, al mismo tiempo, limitar sus diversiones y su autonomía fuera de los espacios de trabajo. La amonestación de las formas de sociabilidad y de las conductas populares implicaba un esfuerzo por potenciar la productividad del trabajo, la acumulación de capital y la defensa del orden y las jerarquías sociales, y a la vez, el rechazo a las manifestaciones propias de los trabajadores (Campi, 2004).
La lenta introducción de mejoras en las formas de contratación, como la eliminación del conchabo, no implicó que las restantes modalidades de explotación laboral, como la duración de la jornada de trabajo de doce horas, las proveedurías, el pago con vales, los malos tratos, las irregularidades en el pesaje de la caña, etc., fueran reguladas. En ese sentido, muchas de las dificultades para controlar el mundo azucarero tenían que ver con que la viabilidad fiscal y económica de la provincia dependía de los aportes de los productores azucareros. En ese sentido, el sector era muy sensible al incremento de las cargas fiscales y laborales que usualmente conllevaban largos y tensos conflictos, ya que el precio del azúcar estaba regulado, de modo que no era sencillo para los productores trasladar el incremento de costos al precio del producto.

El universo del ingenio

Los territorios del azúcar estaban construidos sobre la base de representaciones que caricaturizaban al obrero azucarero. Se afirmaba que solía ser un hombre vago, que no aspiraba "al mejoramiento y al bienestar" y que en cambio "desconoce los principios de la higiene, viste de harapos a sus hijos cuyo trabajo explota, y analfabeto en su mayor parte, odia la escuela que se los reclama, y que le exige cubrir su desnudez, gastando en ellos una mínima parte de lo que destinan al consumo de alcohol."⁵ Ejemplos como este pueden citarse muchos. En la Revista Azucarera solía comentarse el mal manejo que hacía el obrero del dinero, ya que "no conoce tampoco los pasatiempos saludables."6Incluso investigadores sociales de la Universidad destacaban que "La indolencia es la característica del poblador de nuestra campaña […]. De nada servirá que el obrero tenga mejor salario si le ha de emplear, como hasta ahora, para alcoholizarse" (Figueroa Román, 1943, p. 151).
En estas representaciones encontraban justificación los vales, las proveedurías y los magros salarios, así como también las medidas disciplinarias aplicadas sobre los trabajadores. Sin embargo, estas imágenes no se agotaban en las miradas desde arriba. En 1923 el editor del periódico anarco comunista tucumano Tierra Libre, J. Viñas Osorio, describió a los trabajadores de cuyas luchas daba cuenta, relatando que era "comúnmente analfabeto, las supersticiones religiosas están profundamente arraigadas en esos pobres espíritus, el alcohol hace día a día estragos incalculables, los caudillos políticos son los que más dominio ejercen sobre esa pobre gente."⁷
La composición presentada a los lectores no era alentadora, pero visibiliza dos ejes que atravesaban la vida del trabajador azucarero. Por un lado, las duras condiciones de vida y trabajo y por otro, la mirada casi antropológica que tenían algunos dirigentes del anarco comunista Federación Obrera Local Tucumana (FOLT) respecto a los peones de los ingenios. Esa mirada que privilegiaba los elementos educacionales, culturales y morales de los trabajadores en lugar de las caracterizaciones socioeconómicas (Suriano, 2001) daba pie a una distancia cultural que por momentos se volvía inexpugnable.
La consolidación de espacios de lucha parecía ser, en esas condiciones, muy difícil. Y también lo era porque la característica general de estas unidades productivas de fábrica y pueblo era el control directo de la fuerza de trabajo. Este atravesaba todas las esferas de la vida de los trabajadores y estaba destinado a sostener una suerte de hegemonía cultural dirigida por la empresa, enfocada a inculcar valores relacionados con la disciplina laboral, la austeridad y la religiosidad (Leite Lopes, 1976; Centurión, 2000; Santos Lepera, 2008;Campi, 2009).Por eso los anarquistas señalaban, cuando podían, que el trabajador de la campaña "no conoce en su inmensa mayoría, otras ideas y conocimientos que los que les han inculcado sus amos y los frailes de todas las creencias […]donde el caciquismo y el azote imperan soberanos."⁸
Todos los habitantes del ingenio debían adaptarse a la organización del tiempo y a la disciplina laboral impuesta por la fábrica.
Los turnos en los ingenios dependían del tipo de trabajo. En la fábrica se trabajaba 12 horas, la cosecha se hacía a destajo, por lo general en jornadas de sol a sol. ⁹ La jornada de las mujeres en el área de embolsado era de 12 o 13 horas, de lunes a domingo. Los niños trabajaban 12 horas en cosecha, pelado, desyerbe y arado. El trabajo era duro, y los salarios cubrían una amplia escala, pero alcanzaban niveles por debajo de la supervivencia entre los zafreros que cobraban por tonelada de caña hachada, pelada y despuntada. En el caso de trabajo de fábrica, las investigaciones estiman que los salarios reales de estos trabajadores estuvieron conectados hasta 1910 de manera muy estrecha con la evolución del precio del azúcar (Correa Deza 2007; Correa Deza y Campi, 2010). A partir de entonces, siguieron la tendencia nacional, aunque con niveles sensiblemente inferiores a los de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires.¹⁰ Pero los salarios también estaban regulados por prácticas del ingenio, como la vivienda, la leña, la ración, los vales, etc., de manejo exclusivo de la empresa, y a través de los cuales podían disminuirse el dinero en mano de los trabajadores. Asimismo, el ingenio controlaba la provisión de alimentos a través de las proveedurías, frecuentemente denunciadas por sus altos precios. En el caso de los trabajadores de cosecha, aparecen, además, reiteradas denuncias de alteración de balanzas que reducían el peso de la caña cosechada.
La vida en el pueblo del ingenio estaba pensada para amoldarse a las necesidades de la producción, pero ello implicaba mucho más que los ritmos de la fábrica o del campo. Los espacios de la vida privada también eran vigilados por las compañías azucareras. Las empresas fomentaban organizaciones mutuales de trabajadores que ellos consideraban plausibles, con el fin de consolidar una "ética del trabajo" acorde a sus valores, como así también el fomento de actividades culturales, deportivas y también en la provisión de beneficios sociales.¹¹
Estas pautas de dominación, como afirma Hale (1994) lograban que la gente obedezca, no sólo porque era muy difícil actuar sindicalmente en esos escenarios donde las realidades del poder lo impedían (Scott, 2000), sino también porque las ideas hegemónicas presentes en la conciencia de la gente volvían esas "realidades" naturales. Algo similar señala Ascolani (2009) para los trabajadores del área cerealera pampeana, afirmando que para un análisis de la realidad obrera se necesita comprender una "normalidad" en labores que hoy parecerían insoportables. Esa costumbre o hábito explica también la apatía con la que frecuentemente los obreros rurales veían las demandas laborales difundidas por los activistas sindicales. Parecía ser, decían desde Tierra Libre, que "nacidos y criados en los dominios del establecimiento y educados y desarrollados en un ambiente de jesuitismo y de esclavitud, consideran lo más natural la situación en que viven. [...] Cuando se les habla de organizarse, lo primero que hacen es comunicarlo al gerente o administrador."¹²
Sin embargo, en esas comunidades obreras los patrones de dominación y control convivían tensamente con las prácticas constantes de resistencia a ellos.¹³ De ese conjunto de manifestaciones de resistencia, también podemos rescatar la utilización de los sistemas legales para garantizar la protección de sus hogares y, en ese sentido, la huelga azucarera de 1923 fue un ejemplo de eso.
Hasta 1923, quienes llevaban adelante las huelgas en el mundo del azúcar no eran sindicatos organizados con trayectoria gremial. Aunque existieron algunas formas de organización de la mano de dirigentes obreros o de sindicatos de las áreas urbanas, principalmente vinculados a la FOLT o a la Unión Sindical Argentina (sindicalista), que enunciaron programas reivindicativos y lograron coordinar los reclamos; todos los actos de oposición de los trabajadores habían encontrado siempre dificultades más allá de la protesta puntual.
Los cronistas obreros comentaban que "todas las intentonas que se han hecho para organizarse sindicalmente contra la voracidad de estos verdugos han sido infructuosas en el sentido de estabilizarlas en el tiempo." ¹⁴ Los ingenios cerraban las puertas y prohibían la concurrencia. Los trabajadores que repartían volantes hacían propaganda u organizaban conferencias, terminaban presos. Cuando lograban armar algún acto, "resultaba deslucido."¹⁵
En consecuencia, si bien existieron "intentonas", la dificultad principal era sostener la organización y darle continuidad. Algo de ello tenía que ver con las características de la industria, sus modos de administración, las distancias que separaban a los trabajadores de los campos y colonias, la temporalidad y estacionalidad del trabajo, las distancias, la urgencia de las tareas realizadas en un tiempo relativamente corto con trabajo a destajo, etc. Pero la propia heterogeneidad del mundo obrero también constituía un nudo problemático, ya que los trabajadores encontraban en aquellos más calificados, -carpinteros, electricistas, metalúrgicos- ciertas resistencias a entablar acciones. Esa complejidad funcional dio forma a un conflicto político y laboral muy particular, sobre el que nos detendremos a continuación.

Las vísperas del conflicto

El escenario político y económico de la huelga comenzó a armarse en 1922. El gobernador Octaviano Vera asumió con una provincia endeudada, un elevado déficit fiscal y la recaudación tributaria en baja debido a la disminución de la producción de caña por la plaga del "mosaico".16 Ante el fantasma de una bancarrota el gobernador solicitó a los industriales azucareros un adelanto del pago de impuestos correspondiente a la cosecha de 1922. Estos accedieron, pero este aporte inicial no fue suficiente.
Como gran parte de los ingresos de Tucumán provenían de la industria azucarera, el gobernador señaló que la precaria situación por la que atravesaban las finanzas públicas exigía a la industria hacer un sacrificio y destinar parte de sus utilidades a mejorar la situación de la provincia.¹⁷
Con el fin de obtener más recursos, el nuevo presupuesto contempló un incremento de los impuestos pagados por la actividad.¹⁸ De esta forma, las discusiones sobre una patente adicional a la molienda, que incrementaban un 40% los costos de producción desencadenaron el conflicto.
Con una industria poco dispuesta a ceder beneficios, la tensión avanzó en varios frentes y los legisladores aliados de los industriales no dieron quórum para tratar el asunto en la Legislatura. En ese contexto, en enero de 1923 el gobernador logró garantizar la sesión bajo presión y amenazas. En esa jornada se aprobaron las leyes de presupuesto, y también se sancionaron dos leyes provinciales: la ley 1.348 de salario mínimo y la 1.346 de jornada legal de ocho horas diarias o 48 semanales.¹⁹
La ley de Jornada obligaba a agregar un turno extra a la fábrica y a contratar un promedio de nueve mil trabajadores más. La existencia de un salario mínimo implicaba una erogación importante para los industriales, cañeros y colonos, que se sumaba al incremento de impuestos incorporado al presupuesto. Por tal motivo, estas tres medidas fueron interpretadas por los industriales como un ataque directo. Si bien la demanda por una jornada de 8 horas y un salario digno, eran parte de un conjunto de reclamos del mundo azucarero, que había logrado visibilizarse a través del esforzado trabajo de la FOLT, la USA y de parte de un sector del radicalismo, el marco que impulsó la sanción de estas leyes puede pensarse, tal como lo señala la bibliografía más clásica (Santamaria, 1984; Landaburu, 2014; Campero, 2017; Bravo, 2009) como un escenario de enfrentamiento entre el gobernador y los industriales.
El conflicto alcanzó dimensión nacional cuando los dueños de ingenio pidieron ayuda al presidente Alvear. El gobierno mandó un delegado, Rogelio Araya, al que los empresarios llamaron "fiador moral". De esta forma, el tono de la contienda intentó presentarse con matices de moralidad de las cuales el propio Araya intentaba despegarse. Lo cierto es que había venido para evitar que el conflicto se convirtiera en un problema mayor para lograr un acuerdo entre el gobierno nacional y los industriales. En los cálculos, de la casa rosada, el gobierno provincial era sacrificable.
La delegación porteña concertó el pago de un peso por tonelada de caña ese año y otro el año siguiente, cubriendo con eso la totalidad de los $2 exigidos por el gobierno en la ley de presupuesto. Asimismo, pidió un aumento de salarios para los trabajadores. Por su parte, el gobernador se comprometía a firmar un decreto donde dejaba las leyes obreras sujetas a la libre negociación entre las partes, declarando la neutralidad del estado en materia de aplicación.
El 22 de mayo, el gobernador firmó el decreto acordado y lo hizo en contra de la opinión de parte importante de sus aliados, los radicales "sovietistas", que habían sostenido las leyes obreras. Uno de ellos dijo no estar sorprendido por el desenlace, y declaró en un reportaje en La Protesta que Vera en realidad nunca había estado cómodo con las leyes, y que sólo las usó para enfrentarse a los industriales luego de que estos le rechazaran el ampuloso presupuesto.20El decreto garantizaba la neutralidad del gobierno respecto las leyes obreras. Esto quería decir que "dejaba liberada su aplicación a patrones y obreros, a cuyo efecto el gobierno guardará la más absoluta neutralidad, limitándose a hacer guardar el orden, respetar la propiedad privada y garantir ampliamente la libertad de trabajo y de industria."²¹
Una vez firmado, el poder ejecutivo provincial exigió que el acuerdo, especialmente el de salarios, quede registrado por escrito. Se debía garantizar un salario de 3,50 por día o 2,70 por tonelada, más vivienda, asistencia médica y leña, que llevarían el jornal a 4,50. El abogado de los industriales lo rechazó, señalando que aceptaban pagar lo solicitado, pero se negaban a hacer una presentación formal de la propuesta. El gobierno objetó la posibilidad de acordar de palabra y las negociaciones se suspendieron el 30 de mayo, pero con el decreto firmado.²²
Aunque un grupo de trabajadores logró reunirse con el gobernador, que les pidió "no ser exigentes," los industriales acusaron a Vera de incitar la huelga que estaba iniciándose para protestar por el decreto.²³
En un telegrama interno del Centro azucarero local al nacional, incluso llegaron a decir que el gobernador había confesado su "plan de violencia y atropellos".
Dos días después, el Centro Azucarero denuncia a la policía provincial y pide al ministro del Interior que intervenga la provincia. La Prensa publicó el 2 de junio de 1923 una nota firmada por los empresarios azucareros Alfredo Guzmán y Eudoro Avellaneda, donde informaban a su coterráneo, el ministro del Interior José Nicolás Matienzo, que Tucumán se había convertido en una "toldería donde el trabajo es un delito y el delito un título de honor y prestigio."²⁴
A principios de junio se habían perdido ya veinte días de zafra y ese no es un dato menor, porque en la fabricación de azúcar el tiempo era fundamental. Desde el momento en el que la caña estaba lista, hasta que se cortaba, se trasladaba, se molía, hervía, se colaba y se dejaba secar, el trabajo debía ser regido por una urgencia muy específica movida por la descomposición de lo orgánico. Era esa urgencia la que permitía transformar con mayor eficiencia el líquido del trapiche en cristales sólidos. Por eso, una huelga implicaba no solo la parálisis de la producción, sino también la descomposición de la materia prima o la disminución de su rendimiento sacarínico, si se dilataba la cosecha o llegaba la temporada de heladas. Una huelga antes de comenzar la zafra implicaba que el trabajo de todo un año iba a rendir mucho menos.

La huelga

Las negociaciones entre el gobierno y los industriales fueron tensando la relación entre la industria y los trabajadores. El primer esbozo de conflicto empezó con disturbios en el ingenio Santa Ana, al sur de la provincia.²⁵ Pero luego de la firma del decreto gubernamental del 22 de mayo, los conflictos se extendieron. El centro de los disturbios fue el Departamento Cruz Alta que, con nueve fábricas azucareras y aproximadamente cincuenta mil habitantes, era el más rico de la provincia. La segunda huelga se produjo en el ingenio Los Ralos, esta vez con participación directa de la FOLT. Los trabajadores lograron articular un sindicato y la huelga empezó en la fábrica y se fue extendiendo a las colonias. La noche del 28 de mayo, los obreros de los Ralos lograron aislar toda comunicación de la ciudad con el ingenio e intentaron, sin éxito, tomar por asalto la fábrica.²⁶
Luego el conflicto avanzó hacia el ingenio Cruz Alta, donde, según informó el delegado de la FOLT, los dirigentes anarquistas fueron rechazados por los trabajadores, que prefirieron "a políticos y policías de la peor calaña" para que dirijan el conflicto.²⁷
A los pocos días los ingenios Lastenia, San Andrés, San Juan, Florida, Cruz Alta, Concepción, Los Ralos y Luján estaban en huelga. En todo el departamento, sólo el ingenio Ranchillos seguía trabajando. Esto implicaba más o menos 15 mil obreros, de los cuales, según el diario La Razón, "mil actuaban como propagandistas" o estaban activos²⁸.

Figura 1. Mapa de los ingenios tucumanos y zona de conflicto

La logística de la huelga estaba sostenida sobre grupos de trabajadores que se movían por los caminos internos del departamento, llevando las noticias de un lugar a otro.
La ausencia de sindicatos dificultaba la unificación de la protesta, sin embargo, la coordinación parecía funcionar a través de grupos distribuidos por las fábricas y coordinados por comisarios y funcionarios locales.
La imagen de hombres a caballo surcando los caminos entre ingenios fue utilizada por la prensa para hilvanar una campaña contra la huelga. El diario La Prensa publicaba las dramáticas cartas que enviaban los industriales, donde contaban que "no se trata, pues, sino de una asonada sin ideales, sin programa, la vieja enfermedad que se llamó montonera y renace tan oscura e inorgánica como hace cien años […]. En este momento una turba desenfrenada de más de 500 hombres recorre el departamento Cruz Alta destruyendo plantaciones, arrasando viviendas, amenazando hacer lo propio con las fábricas con la complicidad de los agentes, de la autoridad o por lo menos frente a la pasividad complaciente de ellas".²⁹
La voz de los periódicos fue acompañando el reclamo industrial y apuntado sobre la complicidad del gobierno. El Orden, un diario local,acusaba directamente a los diputados Miguel Aráoz, Grande Alurralde y Joaquín Apolinario, "cuyas jiras por Los Ralos y Colombres en los últimos días tuvieron por objeto preparar el plan."³⁰ El mismo Centro Azucarero informó al ministro del Interior, que existían "elementos subversivos" trabajando en la zona y que no había habido ni un gesto del gobierno provincial para evitar el conflicto.³¹ La idea central que esta organización patronal intentaba instalar, era que no había una huelga, sino que se trataba de "agitación obrera promovida por activistas del gobierno."³²
Esta hipótesis incluso era manejada porel periódico anarquista La Protesta, que estimaba que la huelga tenía razones políticas.³³ Se preguntaba "¿cuándo dejarán los trabajadores de esos feudos capitalistas, de servir de instrumentos a políticos trapalones y sinvergüenzas?".³⁴ En la misma línea desde la FOLT se editorializaba sobre la ingenuidad de trabajador de ingenio "Cree en el político que se le acerca en tiempos de elecciones a hablarle de los que hará con él si lo vota y triunfa; cree en el cura que le promete un paraíso en la otra vida; en el almacenero que lo roba y le vende artículos adulterados; cree, en fin, en lo que le dicen aquellos que lo han reducido a la miseria, al dolor, a la ignorancia y a la sumisión que lo tiene postrado."³⁵
A pesar de los testimonios y a falta de las voces más cercanas a los trabajadores, es difícil considerar la total pasividad del mundo obrero y tampoco podemos pensar que el gobierno y el radicalismo, eran una voluntad unívoca. Esa dificultad no excluye que nos preguntemos ¿quiénes eran estos huelguistas que ocupaban los caminos? La información es parcial, pero entendemos que la cultura del territorio azucarero daba a sus habitantes un sentido de pertenencia a partir del cual se desarrollaban sus experiencias. Eran esas inscripciones de la pequeña localidad las que conformaban la identidad en las comunidades rurales de la provincia. Estos espacios de vida y trabajo pasaban a constituir un marco de referencia y una red de sentidos y de relaciones sociales (De Haan, 1997).
El caudillo, el comisario, los miembros de las comisiones de Higiene y fomento y los trabajadores del ingenio estaban vinculados por lazos de vecindad, parentesco o amistad. El espacio geográfico muchas veces se convertía en espacio social, donde las experiencias podían ser movilizadas con fines prácticos. La denuncia sobre la participación de trabajadores, comisarios y funcionarios en los piquetes y los asaltos nos obliga a pensar en los territorios de ingenio como espacios de comunidad, donde trabajadores y pequeños agentes locales del gobierno participaban de las protestas. La materialidad de la existencia, las relaciones de producción y los vínculos políticos daban uniformidad a un universo heterogéneo. En ese sentido, la formación de comunidades laborales puede ser pensada en estos territorios de fábrica con villa obrera (Leite Lopes, 1979) o Company Towns (Torres y Borges, 2012; Vergara y Dinius, 2011), no como el resultado de las necesidades del capital, sino como el productode una construcción activa, conflictiva y consolidada por un entramado de relaciones sociales que, como señala Andrea Andújar, debe ser analizada "a la luz de lo que hicieron, idearon y comprendieron todos los sujetos que formaron parte de ella" (Andújar, 2015, p.75).
Durante los gobiernos radicales la policía fue una institución muy politizada debido, principalmente, a su rol determinante en la maquinaria electoral en los poblados del interior provincial (Bravo, 2009). Por eso, parte del entramado político radical estaba asentado en el trabajo continuo de los comisarios en los pueblos. Algo de esa situación también vinculaba a los funcionarios locales con el trabajo de fabricar relaciones. Ese cotidiano político puede ser pensando como un espacio donde se forjaron vínculos de comunidad y reciprocidad política entre obreros y funcionarios (Quirós, 2011), debido a que tradicionalmente la propia condición de referente se construye como articulación entre el trabajo político y trabajo social, o trabajo para la comunidad a la que pertenece. No podemos dejar de pensar que había algo de disconformidad política en la dirección policial de la huelga, pero no podemos negar que la participación conjunta estaba relacionada con alguna idea de comunidad obrera que estaba muy trabajada por los mismos ingenios.
Las formas y los sentidos que adquirieron esos espacios de disputa nos son inaccesibles. Pero los indicios de las acciones de los trabajadores quizás nos permitan reconstruir algo de esas intenciones, intereses y proyectos propios que pretendemos rescatar. La huelga es la irreverencia contra las representaciones estigmatizantes de la patronal, contra la hegemonía del ingenio y puede ser pensada como la muestra más clara de la aspiración por garantizar derechos conquistados. Por eso, durante la huelga podemos ver actos de descontento contra la industria, destrozos, sabotajes y violencia. Pero también aparecen protestas contra el gobierno en la repetición de las silbatinas contra los funcionarios y ministros veristas que pretendían hablar en los actos obreros. Esa manifestación de repudio expresa una forma de descontento que engloba no sólo la novedosa presencia del trabajador en el acto, sino también la voluntad de desarmar los lugares de resignación asignados a los trabajadores azucareros. Algo de la voz obrera también puede rescatarse de los rumores.
En ese sentido, la huelga estuvo caracterizada por rumores de conflicto que iban pasando de ingenio a ingenio. El rumor, señala James Scott (2000), es una forma poderosa de comunicación popular que construye información ambigua y sirve como una forma de movilización. El anonimato le permite circular a través de la reapropiación y la exageración, y es en este proceso que gana riqueza en tanto transcribe las aspiraciones y los temores de aquellos que lo reproducen (Guha, 1999). Y, en un escenario complicado para elaborar acciones de protesta, resultó una manera efectiva de visibilizar tensiones.³⁶ En este caso, el uso del rumor dio forma a la estrategia que apuntaba no sólo a confundir a la policía, sino también, sirvió para dejar en evidencia lo "salvaje" y descontrolado del movimiento huelguístico. Representación que fue utilizada también por la prensa para atacar al gobierno. En ese sentido, los rumores llegaron a hablar de que los huelguistas estaban "armando gente para masacrar a los obreros."³⁷
Pero fuera de los rumores, a medida que los días pasaban, las acciones se iban recrudeciendo. En el ingenio Cruz Alta, apenas se retiró el Escuadrón de Seguridad, los huelguistas destruyeron las instalaciones eléctricas, una grúa, vidrios, el laboratorio e hirieron al técnico del trapiche.³⁸ La prensa informó también que los huelguistas habían perseguido a un juez que se presentó en el lugar. Se denunciaron amenazas a funcionarios y también secuestros de administradores y contratistas en los caminos y en los piquetes. Incluso se avisó del rapto del cónsul alemán que concurría a un ingenio Cruz Alta, administrado por un ciudadano germano.³⁹ También fueron atacados los ingenios Los Ralos, Luján, Santa Lucía, Santa Ana, La Florida y Wenceslao Posse. Luego se registraron incidentes en colonias del ingenio La Providencia y del San Juan. El 4 de junio la policía recibió telegramas sobre posibles ataques al Ingenio San Antonio "por varios miles de obreros."⁴⁰
"La policía evitó una masacre" utilizando "medios pacíficos y persuasivos", comentaba La Gaceta.⁴¹ La Prensa de Buenos Aires hablaba de "grupos armados". Las notas periodísticas comentaban sobre "una turba de 4000 hombres" en el ingenio San Antonio. De otro tanto en el ingenio Santa Lucía, donde a horas de la madrugada se cortó la electricidad "obligando a los obreros por la violencia a que abandonen el trabajo en la fábrica."
Los relatos de la situación presentaban escenas de violencia extrema y desbordada. En esa dirección, uno de los ataques al Cruz Alta dirigidos por los comisarios locales fue relatado de esta forma "dos soldados recorrían uno de los callejones próximos al ingenio sorprendiendo a los comisarios Melían y Mendoza que con un grupo de gente armada se encaminaban hacia el establecimiento […]. Los soldados del Escuadrón dieron una carga a galope tendido y como se les hiciera fuego, contestaron de la misma manera, entablándose así entre la misma policía un recio tiroteo que se prolongó durante un largo tiempo."⁴² Por su parte, la Revista Azucarera comentaba que en Los Ralos, donde los acontecimientos fueron graves, "el comisario de la localidad, Pedro Quiroga, cumpliendo órdenes terminantes del gobierno ofició de agitador para convencer a los trabajadores que estaban en el perfecto derecho de exigir una jornada máxima de trabajo y salario mínimo."⁴³ La FOLT, sin embargo, desmintió esta versión, esgrimiendo al carácter autónomo de la protesta en el ingenio Los Ralos.
"No hay garantías de ningún tipo", afirmaban los industriales, mientras se quejaban vigorosamente sobre la pasividad del gobierno frente a "los hechos de fuerza por parte de elementos subversivos."⁴⁴ Parte de esa argumentación tenía que ver con la participación directa de comisarios locales en los acontecimientos. Estos organizaban piquetes y dirigían las acciones, por eso se sospechaba que trabajaban con la facción disconforme de la UCR, los "sovietistas", pero no habían podido presentarse pruebas. El Orden afirmaba que no sólo agitaban, sino que también habían entregado a los trabajadores panfletos y carteles y que todo ese material había salido del Departamento Provincial de Trabajo.⁴⁵ La Vanguardia, por su parte, afirmaba con mucha contundencia que "elementos del propio gobierno encabezaban a diario asaltos".⁴⁶
El 4 de junio y en ese escenario de rumores de ataques, llegó el contraataque. Los industriales pararon la producción y decretaron un lockout patronal "porque no quedan garantías a la vida y a la libertad".⁴⁷ Los ingenios se fueron sumando lentamente y también lo hicieron los cañeros agrupados en el Centro Cañero. De esta forma, el día 6 ya se había logrado paralizar casi toda la producción. El Centro Azucarero afirmó que había muy pocas probabilidades de arreglo, y que, por consiguiente, consideraba oportuno evitar los ataques a las fábricas. El administrador del ingenio Corona explicó que cerraban "en previsión de nuevos asaltos con que amenazan los agitadores pagados con fondos del erario público."⁴⁸
Esta situación tomó de sorpresa al gobierno, que no parecía haber estado esperando este desenlace. Al parecer tampoco los trabajadores esperaban esa respuesta, pero se movieron rápido, "amenazando" a los ingenios. La prensa comenzó a informar sobre los "agitadores" que andaban siempre rodeados de obreros y que por eso resultaba muy difícil detenerlos.⁴⁹ La identificación de un grupo responsable parecía dejar más tranquilo al poder. O por lo menos alejaba el conflicto del espacio laboral, para convertirlo en un problema de orden público.
El juez Jorge Terán, donde se posaban ojos críticos por sus dificultades para terminar el conflicto, señaló a la prensa "que ni la misma justicia puede proceder" al pretender aprehender al principal imputado como "agitador", Juan Garro y a sus compañeros.⁵⁰ El juez evitó las detenciones, "al darse cuenta de que para hacerlo tenía que librar una lucha con los huelguistas, que no tienen culpa en el delito."⁵¹ Pero quién era Juan Garro que había logrado "congraciarse con los obreros", como decía la prensa local. La situación no está clara. En La Gaceta, se insinuaba que correspondía a conocido anarquista, pero la FOLT no lo reconocía como uno de sus miembros.
La Vanguardia lo acusaba de ser un agente del verismo, en tanto no era conocido en el movimiento obrero local.
El Centro Azucarero salió a responder que "La medida se ha colmado, vivimos sobre un volcán, la sedición adueñada de la campaña y aún amenazados de que esas hordas en cualquier momento caigan a la capital como una invasión de vándalos, entregándose al saqueo, al pillaje y a todo género de atropellos. ¡Qué vergüenza para Tucumán!"⁵²
Los esfuerzos por describir un territorio asediado estaban directamente relacionados con la dimensión del miedo, que fue central también en la estrategia empresarial. Los temores construidos por la huelga daban a la trama una tensión dramática que magnificaba las acciones. El primero de esos temores era que la huelga pudiese extenderse de los límites del departamento Cruz Alta y se convirtiera pronto en una huelga general. Por eso cuando La Prensa comenzó a reportar tiroteos en el ingenio Santa Lucía, ya en el departamento de Monteros, las alarmas aumentaron. El ingenio fue asaltado luego de dejarlo sin luz y obligar a los obreros que trabajaban, a abandonar la fábrica.⁵³ Posteriormente, también se registraron tiroteos en el ingenio San José, que estaba muy cerca de la ciudad capital y donde la policía detuvo a varias personas.⁵⁴
El miedo a que la huelga se extienda hasta la ciudad, o como lo denominaba la prensa, el "fantasma" de que los huelguistas pudiesen entrar a San Miguel de Tucumán, con consecuencias que "no se podrán prever", comenzó a instalarse con fuerza.⁵⁵ Las paredes de la ciudad habían amanecido pintadas con "leyendas injuriosas". Al gobierno lo acusaban de haberse entregado a los industriales y a los industriales los acusaban de "cuanto se puede acusar a persona alguna."⁵⁶ El miedo también crecía porque se rumoreaba que los otros gremios urbanos, e incluso los obreros municipales, los de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo y los de Luz y Fuerza, se plegarían a la huelga. Esto no sucedió, pero la inminencia de un conflicto más grave puede haber acelerado el desenlace.

Los sentidos de la huelga

Los miedos, los rumores y los conflictos fueron dando forma un escenario político complejo y desbordaron ampliamente los espacios azucareros. En una entrevista del diario La Gaceta, el dueño del ingenio Bella Vista relató que "requerido el auxilio de la policía como la he solicitado para mi establecimiento, se me enviaron dos agentes de investigaciones y estos se limitaron a incitar a los obreros a la huelga y al exceso."⁵⁷ La nota daba cuenta de una suerte de estado de subversión que implicaba el apoyo de la policía local a los reclamos de los huelguistas.
Sin embargo, tuvo un efecto práctico, Vera decidió reemplazar al jefe de policía inmediatamente y al comisario Mendoza, de Pozo Alto, por un jefe militar.⁵⁸ Luego, se procedió a la militarización de la zona de conflicto. A principios de junio el gobierno había destacados 85 soldados del Escuadrón de Seguridad, 65 efectivos de las comisarías seccionales y 58 del Cuerpo de Bomberos, todos armados y munidos de la orden de "evitar cualquier atropello tanto por parte de los industriales como los obreros".
Las dimensiones de la huelga y el lockout habían paralizado la actividad económica de la provincia y estaba poniendo muy nerviosos a los empresarios. En un intento de centralizar la administración del orden, el nuevo jefe de policía y el ministro de gobierno dejaron en claro que la represión de la huelga no podía ser llevada adelante por privados y amenazaron con instruir sumarios contra las fábricas que armasen a sus empleados para luchar contra los piquetes de la huelga (Santamaría, 1986). La FOLT había denunciado un año antes que el gobierno permitía a los ingenios "a tener tantas armas como considere necesario."⁵⁹
De alguna manera, este despliegue de poder parecía mostrar un gobernador más dispuesto a encontrar una solución con los industriales y a imponer la voluntad sobre los trabajadores. De hecho, la prensa se hacía eco de rumores sobre reuniones entre delegados del gobierno y de los trabajadores, para tratar de llegar a una solución, esto es, que acepten $3,50 en fábrica y $2,90 en surco, que era la propuesta inicial que los industriales no habían querido poner por escrito.
En este sentido, la oferta era la misma que contemplaban las leyes iniciales, porque en los decretos de promulgación de esas leyes se reconocían los usos y costumbres de la industria y se descontaba del total de $4,20, los conceptos de vivienda y asistencia médica. El salario quedaba entonces en $3,50, pero se incorporaban la obligatoriedad de pago en moneda nacional, ratificando la prohibición del vale y la moneda falsa (Ostengo, 1969). No es posible encontrar rastros de esos espacios de negociación entre trabajadores y gobierno, pero la prensa se refería a la intransigencia de la "propaganda ácrata", que insistía en la necesidad de mantenerse firmes y no aceptar otro arreglo que no sea el $4.20 en efectivo y 8 horas de trabajo.
Por eso, el gobernador Vera, para intentar agilizar las negociaciones por otra vía, publicó un manifiesto dirigido "Al pueblo obrero de los ingenios" tendiente a dar una "explicación oficial" al conflicto. La idea era "desvirtuar la propaganda de agitadores profesionales que están engañando a la clase trabajadora sobre la interpretación de las leyes obreras recientemente sancionadas". Por eso, el gobernador hacía llegar a los obreros "la verdadera interpretación de las mismas" y les pedía "que lean, mediten y acaten la forma como están interpretadas". Terminaba con un "Obreros en huelga, les invito al orden y al trabajo", prometiéndoles garantizar sus derechos. Si no acataban, amenazaba con "tomar medidas enérgicas para volver a la tranquilidad y al trabajo"⁶⁰ En definitiva, les pidió que levanten la huelga y que confíen en él. Al mismo tiempo, les solicitó que se mantengan alejados de los "sovietistas", quienes "están alterando el espíritu de las leyes obreras con la prédica que ellos hacen en perjuicio de los mismos obreros". Explicó que pedir el salario íntegro "era desconocer las costumbres de la industria azucarera" y los beneficios de vivienda, leña y asistencia médica que eran formas indirectas de salario. Los invitaba a volver al trabajo o el gobierno "tomará medidas enérgicas para volver a la tranquilidad"⁶¹
El tono de amenaza hacia los trabajadores fue elogiado por la prensa. Pero esta también destacó los esfuerzos de Vera por negociar personalmente, señalando la importancia de "llevar a la conciencia de las masas obreras las enseñanzas necesarias que las capaciten a comprender cuál es la legislación que más conviene a su trabajo." ⁶² En ese sentido, los esfuerzos estaban centrados en explicar que la jornada rural de 8 horas no existía en ninguna parte del mundo.⁶³
Esta afirmación formaba parte de todo un entramado discursivo hegemónico que pretendía instalar que cualquier sentido de demanda lindaba lo disparatado. Y de esta forma, se apuntaba a caracterizar el conflicto como un atrevimiento de los trabajadores y, fundamentalmente desde la prensa -como ya señalamos- como una estrategia del radicalismo "sovietista" y el gobierno, tendiente no sólo a disputar poder con los industriales, sino también a dirimir los conflictos internos del partido. Por su parte, los industriales estaban convencidos de que ellos, "al impugnar la validez" de las leyes, "no solo defendieron sus legítimos intereses sino que hicieron una obra de verdadero patriotismo, oponiéndose a la imposición de una medida arbitraria."⁶⁴ En esa línea La Nación llamaba a este conflicto "la huelga artificial", esto es, una huelga "para satisfacer propósitos de política."⁶⁵ Desde la presidencia, no obstante, el análisis era otro y el conflicto era mirado como un problema más económico que político. De esta forma, Alvear se evitaba cualquier discusión sobre las continuas demandas de intervención federal.⁶⁶
La idea de que los trabajadores eran arrastrados a un conflicto que no les pertenecía, fue desmentida durante todo el proceso por el diputado Miguel Aráoz. Este legislador refutó en la Cámara de Diputados de la Nación las imágenes de forajidos recorriendo Cruz Alta, "agitados por el alcohol, por el espíritu del mal y por la incitación de personas extraviadas y perversas" que "no saben que quieren".⁶⁷ Con una mirada muy lejana a la de "buen salvaje" que presentaba la mayoría de los medios, incluso La Protesta, sobre los trabajadores azucareros, el diputado explicaba en el Congreso que "los obreros de Cruz Alta son los obreros más evolucionados mentalmente en Tucumán: son obreros que en su inmensa mayoría saben leer y escribir. No solo eso, sino que tienen una cantidad de asociaciones que les permiten reuniones frecuentes; están a un paso de la ciudad, leen revistas y están al tanto del movimiento social del mundo.
Entonces, nada más natural que esos obreros aspiren a un legítimo mejoramiento."⁶⁸ La Vanguardia acompañaba el pedido del diputado y acusaba a "la prensa burguesa de no haberse detenido ni un minuto a meditar que si la presión oficial ha provocado un levantamiento, ello se debía a la sorda, a la latente rebeldía de las masas trabajadoras explotadas sin misericordia."⁶⁹ La Protesta, por su parte, presentaba la huelga como una gran paradoja "los trabajadores de los feudos azucareros, para conseguir las mejoras que las leyes aparentaban querer conseguir para ellos, han tenido que declararse en huelga. Y este hecho solamente los coloca al margen de las leyes."⁷⁰ De esta forma, dejaban al descubierto el disparatado camino que habían seguido las leyes y el desorden institucional que implicaba tratar de transformar mediante un decreto el sentido de obligación de toda ley.
Finalmente, Vera recurrió a la fuerza. Ni las negociaciones ni los manifiestos habían alcanzado a lograr algún tipo de acuerdo. A Tucumán llegó el comandante de la V Región Militar, general José Belloni para ponerse a disposición del gobierno. Este militar le aseguró al gobernador que podía garantizar la libertad de trabajo, prometiendo custodia a los trabajadores que así lo deseen.⁷¹ Luego se dirigió a la casa de Alfredo Guzmán, presidente del Centro Azucarero local, para comunicarle que Vera había aceptado el ofrecimiento de la intervención de las fuerzas federales para reanudar la molienda.
El 6 de junio empezó la represión y los trabajadores resistieron. Las crónicas hablan de un escenario de enfrentamientos en todos los caminos del departamento. Inmediatamente se comenzaron a clausurar locales y se prohibieron las reuniones en Cruz Alta. La orden había salido del gobierno de Vera, que al mismo tiempo continuaba intentando convencer a los trabajadores para que volvieran al trabajo, aceptando la oferta patronal.⁷² Se cerraron todos los "locales comunistas" y se pidió la detención de todos los "obreros peligrosos".⁷³ Los números de detenciones son diversos, los diarios locales dicen que fueron 25, mientras que La Vanguardia habla de 60 detenidos.⁷⁴
El primer choque se relata como una contienda entre 1500 y 2500 obreros que esperaban en el paraje de Colombres, a medio camino entre los ingenios Cruz Alta y Los Ralos. La Prensa narró que el mayor Hernández, al frente de 35 hombres del cuerpo de Bomberos y del Escuadrón de Seguridad, le salió al cruce y dio orden de dispersarse. Los grupos de obreros llevaban "palos, látigos, cuchillos y algunos revólveres" y "respondieron agresivamente."⁷⁵ Los disparos empezaron apenas se terminó el grito de alerta y también los sablazos. Los manifestantes corrieron a dispersarse por los cañaverales. Y aunque estos episodios de enfrentamiento se repitieron durante todo el día en otros caminos del departamento, al parecer los huelguistas no eran ni la sombra del "ejército" que la prensa se esforzaba en caracterizar. Sin embargo, en los registros que el diario La Prensa hace del operativo, se da cuenta del secuestro de cuatro revólveres, cien cuchillos, siete puñales, 19 hierros en forma de estoque, un hacha, 19 palos y nueve látigos.⁷⁶
El plan de represión parecía justificarse en la presencia de "elementos ácratas". Señala Bellonique desarrollaban un "plan anárquico a la sombra del pacífico movimiento obrero."⁷⁷ Por su parte, La Gaceta explicaba que, el conflicto "no ha tenido una solución amistosa y definitiva debido a la insistencia de los obreros que no querían aceptar otra condición que el pago de los $4,20 de salario en efectivo."⁷⁸ De alguna manera las explicaciones sobre las motivaciones de la huelga no podían poner un por qué a la resistencia de los trabajadores, ni mucho menos a los del Ingenio Los Ralos que mantenían ocupado el ingenio. Los trabajadores exigían el cumplimiento de dos leyes que mejorarían la situación de sus hogares. Por eso, las batallas fueron feroces, se despejaron los caminos y al día siguiente se terminó el lockout. No hubo heridos, dicen algunas crónicas, pero sí lesionados. La Protesta, en cambio, informa de muchos heridos.⁷⁹
Los huelguistas depusieron su actitud, pero presentaron una denuncia en el juzgado contra la policía por asalto y abuso de autoridad.⁸⁰ Atrás de estas maniobras había abogados vinculados al radicalismo, porque la presentación de denuncias no constituía un repertorio tradicional de los trabajadores del azúcar. Sin embargo, ese movimiento tenía algo de sentido, porque el gobierno se "lanzó a la caza" y ordenó "proceder sin contemplaciones", como señalaba La Protesta.
El saldo final del conflicto puede ser interpretado como un "régimen de convivencia" que les permitió a los trabajadores obtener parte de lo que habían defendido, esto es un aumento salarial y la jornada de 8 horas. Análisis históricos señalan que la curva salarial de la rama muestra un incremento en 1923(Correa Deza, 2007), para luego sufrir una fuerte caída, del orden del 30%, en 1925. En esta rama de actividad los acuerdos eran siempre endebles, pero Santamaría (1984) afirma que las leyes de 1923 tuvieron un efecto fundamental, esto fue aumentar la participación del factor trabajo en el costo industrial.
Terminado el conflicto los industriales se protegieron con una demanda de inconstitucionalidad que realizó el Centro Azucarero Nacional. Los considerandos de esta demanda fueron publicados en un folleto.⁸¹ La posición era muy clara "Los obreros son libres de elegir su profesión, de cambiar de oficio, de vender su trabajo al mejor precio que obtengan, libres de negarse a hacerlo, libres de marcharse; a su vez los patrones- empresarios, industriales, etc.- son libres de paga a sus trabajadores los salarios que con ellos convengan o estipule."⁸² Un tiempo después, en 1929, en 1933 y en 1940, se intentaron reglamentar salarios mínimos en la provincia.
La apelación a la inconstitucionalidad de las leyes de salario mínimo se convirtió en un mecanismo frecuente de defensa corporativa empresarial sobre el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia en 1929 cuando declaró inconstitucionales dos leyes de salario mínimo de la provincia de Mendoza.⁸³

A modo de cierre

El carácter perecedero de la materia prima imprimía a los conflictos azucareros con paralización de fábrica, una intensidad distinta a la provincia.
La urgencia era política y económica, pero también daba cuenta de la existencia de comunidades rurales con voluntad de sublevarse a partir de una conciencia de derechos que bregaba por garantizar el cumplimiento de leyes. En esta huelga, la claudicación del gobierno demostró que no era sencillo reglamentar el trabajo en los espacios azucareros, ni que era unívoca la voluntad estatal de hacer cambios profundos en la estructura de beneficios del mundo obrero en los campos provinciales. La victoria empresaria les permitió a los industriales volver a apoyarse en la idea del carácter privado e individual de las relaciones laborales.
Pensar un conflicto de provincia a veces resulta un ejercicio sin demasiado público, pero en este caso el interés de la prensa nacional y de los funcionarios nacionales responde a varios niveles de problemas. En primer lugar, el abastecimiento de azúcar estaba amenazado; en segundo lugar, la huelga muestra un proceso de encarnizada disputa entre radicales antipersonalistas y en tercer lugar considero que la atención prestada y la naturaleza de los conflictos permite pensar está huelga como parte de un conjunto de conflictos que se dieron de forma simultánea en el país durante los últimos años de la década de 1910 y los primeros de 1920 (Pianetto, 1984, 1991; Lobato, 2003; Horowitz, 2001). Sus conclusiones, en todo caso pueden servir para pensar parte la cuestión social debatida en la época.
En ese sentido, a partir de un conflicto puntual se pueden empezar a pensarlas dinámicas y los modos de articulación entre las estructuras de gobierno, los agentes económicos y las demandas obreras del mundo rural tucumano, en conjunto con la forma de instalar esas mismas demandas. Esto quizás nos sirva para reflexionar acerca de modo en el que el proceso de avance de la política social en espacios rurales se fue construyendo en el país, las formas en las que fue discutido el bienestar y el lugar que los actores involucrados, los trabajadores, tuvieron en ese proceso. Mucho más se ha escrito sobre el avance de políticas sociales en las áreas urbanas, y eso sirve para contrastar con crudeza las dificultades que ese proceso tuvo en estos universos culturales rurales o periurbanos, donde las lógicas del poder estaban tejidas de manera muy distinta. En esa clave, el Estado se concentró en intentar garantizar algún tipo de legislación laboral en territorios muy cerrados y luego, con mucho menos énfasis, se desligó de la tarea de garantizar la aplicación. En ese sentido, el triunfo parecía estar más centrado en lograr la discusión de los beneficios que en velar, luego de aprobados, por su cumplimiento. Frente a eso, el bienestar era disputado por las empresas quienes decían garantizar la "asistencia social" de sus trabajadores.
En la provincia de Tucumán, la acción del Estado estuvo siempre muy condicionada por los intereses azucareros, cuyo rol protagónico en la historia provincial volvía dificultosa la tarea de legislar sobre sus prácticas y sobre las relaciones laborales que eran consideradas de índole privado. Y si bien la industria se había consolidado a la par de la intervención y regulación estatal, había sabido delimitarle al Estado muy bien las fronteras de lo posible.
Los intentos de garantizar derechos por la vía legislativa, sea por las razones que fueran, y la receptividad de un sector del radicalismo a las demandas obreras, convirtieron a los gobiernos de la UCR en la principal amenaza de los azucareros. En esa dirección, la inmediata reacción de los industriales y sus posibilidades de acción corporativa y atrincheramiento judicial muestran con mucha contundencia los mecanismos políticos implementados por las industrias para evadir las normativas vigentes. Por su parte, los trabajadores estructuraron sus propias formas de lucha y fueron poco a poco consolidando vínculos políticos, adentro y afuera de su comunidad, y estructuras organizativas que no por lábiles o efímeras, dejan de ser importantes.
La comunidad azucarera de Cruz Alta organizó una resistencia encarnizada con el fin de garantizar las leyes que habían obtenido. Es difícil encontrar sus rastros y sus voces, sin embargo, conformaron relaciones comunitarias, políticas y gremiales que les permitieron sostenerse para garantizar el reclamo de sus derechos adquiridos. El mundo del azúcar nunca fue un espacio cómodo para organizar la protesta, pero fue un territorio donde la resistencia se mantuvo constante y, cada tanto, desbordaba en huelgas masivas porque, como señaló unos meses antes la revista Tierra Libre a los obreros azucareros "La vida miserable que llevamos, hay que hacerla bella."⁸⁴

Notas

² La ley de conchabos estuvo vigente en la provincia entre 1888 y 1896. Establecía el conchabo obligatorio a quienes no tuvieran "oficio, profesión, renta, sueldo, ocupación o medio lícito con qué vivir". En caso de no contar con la librera que acredite su condición de asalariado, los hombres podían ser detenidos y acusados por vagancia. Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes del Período Constitucional de la de la Provincia de Tucumán, Vol. XIII, 1918.

³ El mercado de trabajo tucumano tenía una oferta relativamente inelástica y una demanda en constante crecimiento. Se sugiere que era debido a la composición casi exclusivamente nativa de la mano de obra (Campi, 2004). Un comportamiento muy diferente tenía el factor trabajo en la región pampeana, donde la presencia de un importante flujo de trabajadores europeos otorgó gran elasticidad a la oferta de mano de obra (Cortés Conde, 1979). Otra explicación al fenómeno de la estrechez del mercado de trabajo se asocia a la estructura de la tenencia fragmentada de la tierra donde muchos campesinos independientes encontraban una escapatoria al trabajo asalariado (Campi, 1999). De hecho, una de las características particulares de la industria azucarera en Tucumán fue la convivencia de latifundios y minifundios en consonancia con diferentes modos de tenencia de la tierra: aparceros, colonos, arrendatarios, propietarios pequeños y grandes.

⁴ Es muy difícil estimar la cantidad exacta de mano de obra que trabajaba en las plantaciones porque la mayor parte de la fuerza laboral estaba constituida por trabajadores migrantes (Guy, 2010).

⁵ Informe sobre analfabetismo en la provincia. Reproducido en La Gaceta, 02/11/30

⁶ Revista Azucarera, mayo 1922, p. 132.

⁷ Tierra Libre,06/1922, p. 3

⁸ Tierra Libre, 12/1922, p. 2

⁹ El ingenio El Paraíso había implementado una jornada diaria de dos turnos intercalados de 6 horas. De esta forma, se conseguía aumentar el rendimiento y reducir los problemas por fatiga.

¹⁰ La mayoría de los estudios hacen referencia principalmente a los trabajadores de fábrica cuyo jornal, oscilaba entre los $2,50 y $4,20, dependiendo de su calificación y labor. El salario de los trabajadores a destajo es tanto más difícil de estimar porque estaba sujeto a muchos factores que alteraban su composición, aunque se estima osciló entre los $2 y $2,8 por tonelada (Ullivarri, 2010). Si trabajaba con toda la familia en la cosecha, podía llegar a $5 por día. Tierra Libre, 06/1922 y La Vanguardia, 12/06/1923.

¹¹ Algunos ingenios ofrecieron servicios como visitas médicas, seguro de trabajo y algún tipo de jubilación, pero no aceptaban que estas mejoras fueran respaldadas por una legislación de cumplimiento forzado. Los empresarios sólo consentían las prestaciones sociales a título de concesiones. En ese universo de beneficios, el principio de autoridad no era negociable para las empresas, que no aceptaban ninguna forma de organización autónoma de los trabajadores y rechazaban sistemáticamente los reclamos presentados.

¹² Tierra Libre, 06/1922.

¹³ Las formas de insubordinación iban desde quema de cañaverales, sabotajes, robos, ausencias, pero también formas sutiles de subversión como la ignorancia fingida o la falsa docilidad (Gutiérrez, 2010) o protestas que se expresaban a través de canales no institucionalizados como denuncias en periódicos de circulación local. Otras veces la resistencia se planteó más frontal, conatos de paro, quejas sobre precios excesivos en proveedurías, protestas por el peso de la caña cosechada, pedidos de aumento de salarios y también huelgas.

¹⁴ Tierra Libre, 12/1922.

¹⁵ Tierra Libre, 07/1922.

¹⁶ El mosaico es una enfermedad de la caña de azúcar. Producida por un virus, afecta las hojas y dificulta la fotosíntesis de la planta. El resultado suelen ser cañas pequeñas y de baja productividad.

¹⁷ Revista Azucarera, Número 240, 1922, p. 341.

¹⁸ Los montos y las discusiones pueden verse en el trabajo de María Celia Bravo (2004)

¹⁹ La ley de salario mínimo establecía que los obreros mayores de 18 años debían ganar $4,20. Santamaría (1984) afirma que el decreto establecía un descuento de 70 centavos en concepto de vivienda y asistencia médica. Eso dejaba un salario de 3,50 por día. En las tareas a destajo, los trabajadores arreglarían un jornal con los patrones. Si no hubiese acuerdo, la decisión quedaría en manos del Departamento Provincial de Trabajo.

²⁰ La Protesta,06/06/1923.

²¹ Cámara de Diputados, año 1923, Volumen 2, p. 633.

²² La Gaceta,31/05/1923.

²³ La Vanguardia, 12/06/1923.

²⁴ La Prensa, 02/06/1923.

²⁵ La Protesta, 03/06/1923.

²⁶ La Vanguardia, 12/06/1923.

²⁷ La Protesta, 03/06/1923.

²⁸ La Razón, 02/06/1923.

²⁹ Nota firmada por Alfredo Guzmán y Eudoro Avellaneda, La Prensa, 02/06/1923.

³⁰ El Orden, 26/05/1923.

³¹ La Prensa, 22/05/1923.

³² Revista Azucarera, número 244, p. 129.

³³ La Protesta, 30/05/1923.

³⁴ La Protesta, 01/06/1923.

³⁵ Tierra Libre 02/1923 p.2

³⁶ Un estudio interesante sobre el valor del rumor como disparador de acciones es el de Georges Lefebvre (1974) sobre el Gran Pánico de 1789. En él el autor analiza cómo en un ambiente de tensión social, política y económica, un rumor de "complot aristocrático" contra el Tercer Estado pudo disparar acciones violentas o revolucionarias.

³⁷ La Gaceta, 03/06/1923.

³⁸ La Protesta, 30/05/1923.

³⁹ Revista azucarera, número 244, p. 126.

⁴⁰ La Gaceta, 05/06/1923

⁴¹ La Gaceta, 05/06/1923

⁴² El Orden, 26/05/1923.

⁴³ Revista Azucarera, número 244, p. 126

⁴⁴ La Prensa, 22/05/1923

⁴⁵ El Orden, 26/05/1923

⁴⁶ La Vanguardia, 05/06/1923

⁴⁷ Circular a los administradores de ingenio emitida por el Centro Azucarero. Publicada en La Gaceta, 05/06/1923

⁴⁸ La Prensa, 05/06/1923

⁴⁹ La Gaceta, 05/06/1923

⁵⁰ El Orden, 01/06/1923 y El Orden, 29/05/1923

⁵¹ La Gaceta, 05/06/1923

⁵² Manifiesto del Centro Azucarero, La Gaceta, 05/06/1923

⁵³ La Gaceta, 05/06/1923

⁵⁴ Revista Azucarera, número 244, p. 135; La Vanguardia, 05/06/1923.

⁵⁵ La Gaceta, 05/06/1923

⁵⁶ La Gaceta, 05/06/1923

⁵⁷ La Gaceta, 05/06/1923

⁵⁸ La Prensa, 03/06/1923 y La Gaceta, 01/06/1923

⁵⁹ Tierra Libre, 06/1922, p.1

⁶⁰ La Prensa, 06/06/1923

⁶¹ La Gaceta, 06/06/1923

⁶² La Prensa, 06/06/1923

⁶³ La Prensa, 06/06/1923

⁶⁴ Revista Azucarera, número 244, p. 137

⁶⁵ La Nación,30/05/1923

⁶⁶ La Gaceta, 06/06/1923 y La Vanguardia, 05/06/1923

⁶⁷ Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1923, Volumen 2, p. 633

⁶⁸ Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1923, Volumen 2, p. 635

⁶⁹ La Vanguardia, 04/06/1923

⁷⁰ La Protesta, 03/06/1923

⁷¹ La Gaceta, 06/06/1923

⁷² El Orden, 05/06/1923

⁷³ La Prensa, 09/06/1923 y La Gaceta, 08/06/1923

⁷⁴ La Vanguardia, 06/06/1923

⁷⁵ La Prensa, 07/06/1923

⁷⁶ La Prensa, 07/06/1923 y La Gaceta,06/06/1923

⁷⁷ La Prensa,10/06/1923

⁷⁸ La Gaceta, 06/06/1923

⁷⁹ La Protesta, 06/06/1923

⁸⁰ La Gaceta, 06/06/1923

⁸¹ La apelación a la inconstitucionalidad de las leyes de salario mínimo era un mecanismo frecuente de defensa corporativa empresarial (Bravo, 2009 y Lenis, 2009). En 1929, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos leyes de salario mínimo de la provincia de Mendoza y que hizo extensiva la inconstitucionalidad a las primeras leyes sobre la materia sancionadas en Tucumán en 1923. El argumento señalaba que al tratarse de una locación de servicios por pagarse un "precio" por tonelada (precio por servicio) se trataba de una relación contractual entre partes cuya regulación se encuadraba dentro del Código Civil. De modo que sólo el Congreso de la Nación poseía facultades para modificar las disposiciones de dicho Código y no a las Legislaturas provinciales.

⁸² "El Salario Mínimo, Exposición del Centro Azucarero Nacional. Inconstitucionalidad de la ley. Fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos", Folleto editado por el Centro Azucarero Nacional, Buenos Aires, Ferrari Hnos.,1923, p.3.Asimismo, sostenían que una medida de esa naturaleza igualaba a los trabajadores, ya que los más aptos y laboriosos resultaban equiparados con aquellos menos idóneos y "torpes". En este sentido, se afirmaba que la ley restaba incentivo a los trabajadores más preparados y calificados, porque al equiparar los ingresos de los obreros, no discriminaba la especificidad y diversidad de las tareas realizadas, que se expresaba de manera clara en la uniformidad del salario a percibir. Este argumento no tenía en cuenta, o prefería no hacerlo, que el proyecto de ley sí establecía como criterios para fijar la remuneración, el tipo de tarea desarrollada y el grado de calificación, por lo tanto, se desprendía que no todos los trabajadores empleados en las firmas azucarera percibirían los mismos ingresos.

⁸³ En ese momento la Revista Azucarera publicó íntegro el fallo. El argumento señalaba que al tratarse de una locación de servicios por pagarse un "precio" por tonelada (precio por servicio) se trataba de una relación contractual entre partes cuya regulación se encuadraba dentro del Código Civil. De modo que solo el Congreso de la Nación poseía facultades para modificar las disposiciones de dicho Código y no las legislaturas provinciales.

⁸⁴ Tierra Libre 01/1923 p.2

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