Introducción

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre el movimiento obrero de la región del Gran La Plata² entre 1969 y 1972. Como objetivo específico se propone abordar la dinámica gremial y la conflictividad laboral de un actor particular dentro del movimiento obrero regional (los trabajadores del sector público) en el contexto del proceso de protesta social que tuvo lugar en Argentina durante las décadas del sesenta y setenta.

Lo distintivo de este ciclo de protesta social reside en que el movimiento de oposición política a la dictadura militar instaurada en 1966 derivó en un fenómeno de radicalización política y social cuyos principales protagonistas fueron el movimiento obrero y el movimiento estudiantil (^{Tortti, 2006}; ^{Bonavena et al, 1998}), y que se materializa de manera más nítida en los grandes levantamientos de masas que se producen a partir del mes de mayo de 1969. Si bien estamos de acuerdo con esta caracterización general del periodo, consideramos, sin embargo, que tanto la emergencia del movimiento de protesta social y de radicalización política, como su posterior desarrollo y dinámica, no suelen estar estudiados en profundidad ya que muchas veces quedan sin problematizar las situaciones locales específicas, las líneas divergentes, la fluidez de las distintas estrategias, trayectorias e identidades políticas, y la diversidad de enfrentamientos inter e intraclase.

Consideramos necesario generar un aporte que permita visualizar el rol de los trabajadores no vinculados al sector privado de la economía y que, sin embargo, protagonizaron al igual que aquellos el proceso de protesta social y de radicalización política experimentado en la sociedad argentina. Más aún cuando se trata de un sector importante en la dinámica de la conflictividad laboral en la región, junto a otros grupos de trabajadores del sector público. El proceso de luchas de estos gremios explica, desde el punto de vista cuantitativo, casi la mitad de los conflictos registrados durante todo el periodo 1969-1972 en la región del Gran La Plata (^{Nava, 2018}a).

En nuestra opinión, cualquier abordaje que intente comprender el papel del movimiento obrero en el ciclo de protesta social que se inició en Argentina durante las décadas del sesenta y setenta debe necesariamente enfocar su análisis también en la dinámica laboral que tuvieron los trabajadores de lo que en términos generales se puede denominar sector estatal o sector público. Sector sobre el cual, por añadidura, el programa económico de la dictadura militar iniciada en 1966 puso especial énfasis.³ A pesar de esta centralidad y de la existencia de una nutrida bibliografía referida al movimiento obrero y/o a las políticas sociales y económicas bajo el periodo de la “Revolución Argentina”, las características y dinámica que presentaron las organizaciones de trabajadores del sector público en general no son un objeto de estudio demasiado desarrollado, por lo menos desde el campo del análisis historiográfico o sociológico.⁴

Procuramos en este abordaje analizar la naturaleza y dinámica que presentó la conflictividad laboral dentro del colectivo de trabajadores estatales en la región del Gran La Plata durante el “ocaso” de la “Revolución Argentina” (1969-1972), enfocándonos en el caso particular de los trabajadores no docentes de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata), más específicamente en los agrupados en el sindicato ATULP (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata). El caso de ATULP nos interesa en especial, no solo por su activa militancia y el protagonismo registrado en la actividad huelguística del movimiento obrero regional (al menos en el aspecto cuantitativo), sino también por las particularidades que los distanciaban de los demás trabajadores de la administración pública y les otorgaba cierta centralidad en el panorama laboral del Gran La Plata. En este sentido habría que señalar que su ámbito de actuación, la Universidad, presentaba una centralidad no menor en la dinámica política y social de la ciudad de La Plata que ya desde las primeras décadas del siglo xx era reconocida por su estatus de ciudad universitaria. Por añadidura, los trabajadores no docentes de la UNLP compartían el mismo ámbito laboral junto a otros dos sectores sociales (los docentes universitarios y los estudiantes) igualmente activos en el ciclo de protesta social que se inicia en 1969, aunque en distinto grado, y con los cuales van a establecer distintos tipos de vínculos (Bonavena, 2006; ^{Barletta, 2001}; ^{Nava, 2018}b).⁵

El proceso de conflictividad laboral de los trabajadores no docentes se abordará tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, a partir fundamentalmente del análisis de fuentes hemerográficas. El procedimiento utilizado para la elaboración de la base de datos estuvo basado exclusivamente en la recolección y codificación de material periodístico, en particular del diario El Día de la ciudad de La Plata.⁶ La utilización de periódicos como fuente para elaborar índices de protesta social se ha convertido en los últimos años, y no solo en Argentina, en una práctica sociológica muy extendida y desarrollada (^{Silver, 2005}; ^{Franzosi, 2017}).⁷

El objetivo en este artículo es entonces analizar los rasgos generales de la conflictividad de un actor en particular de los trabajadores del sector público, preguntándonos particularmente sobre cuáles fueron los mecanismos causales que articularon su militancia, qué características y dinámicas tuvieron las formas de organización y lucha, y qué tipo de vínculos desarrollaron con los demás sectores del movimiento obrero.

Panorama general de la conflictividad laboral de los trabajadores de la UNLP

Los trabajadores universitarios de la UNLP se destacaron por su protagonismo y constancia en la dinámica de la conflictividad laboral del movimiento obrero regional, en general a lo largo de todo el periodo 1969-1972 y a pesar de situarse en un contexto general particularmente adverso para el sindicato. A la dura derrota durante lo que se conoció como la “huelga larga” en los años 1964 y 1965 (^{Godoy, 1995}, p. 60), que dejó un saldo de numerosas cesantías y traslados, se le sumaba la situación particularmente represiva que se vivía en la UNLP luego de las intervenciones a las altas casas de estudio dictadas por el gobierno de Onganía y la intervención al propio sindicato de ATULP entre 1966 y 1967 por parte del Gobierno provincial. Dichas circunstancias no solo determinaron un reflujo en la combatividad de las bases sino cierta debilidad organizativa del mismo gremio. A pesar de estas dificultades, dicha tendencia parece revertirse claramente a partir de 1969. Cerca del 20% de la totalidad de los paros llevados a cabo por el movimiento sindical del Gran La Plata en todo el periodo 1969-1972 fueron realizados exclusivamente por los trabajadores agrupados en ATULP (en total 34). Aunque fueron disímiles los grados de adhesión y combatividad.

Si nos enfocamos en la conflictividad laboral en su acepción más general,⁸ los trabajadores no docentes de la UNLP llevaron a cabo un total de 210 acciones en el periodo 1969-1972. Si bien se acompaña la tendencia general observada en el conjunto del movimiento obrero (ciclo ascendente desde mediados de 1969 con un pico en 1971 y retraimiento en 1972), lo cierto es que la conflictividad de los no docentes se mantuvo a un ritmo relativamente constante a lo largo de todo el periodo. En parte esto fue consecuencia de la persistencia y regularidad que tuvieron los motivos por los cuales estos trabajadores se movilizaron. Mientras el año 1969 representa el 17,6% de las acciones, los años 1970, 1971 y 1972 explican el 29,0%, 33,3% y el 20% respectivamente.

La importancia que presentó la conflictividad de los trabajadores no docentes universitarios no solo estuvo determinada por el aspecto cuantitativo, sino por las características que adquirió la misma. Si bien la mayor parte de las acciones registradas corresponden a manifestaciones verbales o escritas (32,9%), dicho porcentaje es sensiblemente menor a la media observada para el conjunto del movimiento obrero regional: 43,6% (^{Nava, 2018}a). Lo que evidencia un mayor nivel de militancia en los distintos procesos de lucha. No obstante ello, y a pesar de haber mantenido una relación poco fluida con las autoridades universitarias, las instancias de negociación no fueron desestimadas del todo: las entrevistas, negociaciones, gestiones, etc., representan el 18,6% del total.

De todos modos, lo que distinguirá el accionar de este sector laboral, dentro del panorama gremial de la región, es en primer lugar la proclividad a desarrollar una dinámica asamblearia bastante intensa, en la medida en que las asambleas, reuniones, plenarios, etc., explican el 26,7% de las acciones. Las cuales, además, tal como se desprende de algunos informes de inteligencia policial,⁹ no se agotaban en un mero mecanismo burocrático, sino que daban cuenta de una intensa dinámica participativa y deliberativa (DIPBA, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta Huelgas y Conflicto, Legajo S/N 38). Gran parte de las medidas de fuerza concretadas en nuestro periodo de estudio se decidieron por medio de asambleas generales en las que se sometía a votación la alternativa de iniciar o no dichas medidas. Sin embargo, a diferencia de otros casos, no estamos en presencia de corrientes “clasistas” o combativas en los cuerpos de delegados o comisiones internas, que desafiaran a la conducción del gremio.

Otra característica distintiva de este colectivo laboral fue la propensión a impulsar medidas de fuerza propiamente dichas. El 15,8% del total de las acciones realizadas se corresponden a paros, ya sean estos parciales o totales; lo que representa un valor que casi duplica la media para el movimiento obrero en general: 8,5% (^{Nava, 2018}a). A pesar de que dichas medidas no siempre presentaron la misma magnitud y envergadura, tenían la virtud de evidenciar un importante impacto político y público como consecuencia del lugar que ocupaba la Universidad en la sociedad platense. Particularmente en La Plata, el Comedor Estudiantil se transformaba en un lugar estratégico. En 1971 el Comedor atendía a casi 6000 personas por día, de manera que toda interrupción de las tareas por parte de sus trabajadores tenía una amplia repercusión inmediata y obligaba a las autoridades a intervenir de manera directa, ya que, además, en general, las medidas de fuerza (por lo menos en el periodo que nos ocupa) suscitaban la solidaridad de los distintos sectores del movimiento estudiantil. Como sostiene ^{Alessandro (2011}), una de las características que hacían del Comedor un espacio central era que, a diferencia de otras dependencias académicas, en ausencia de personal docente se desarrollaba en él un vínculo de mayor cercanía entre trabajadores no docentes y estudiantes que a su vez fortalecía las relaciones de solidaridad. Para el movimiento estudiantil platense la existencia del Comedor Universitario era una conquista de gran centralidad, ya que le permitía a una gran parte de la población activa estudiantil poder continuar con sus estudios. Todas estas circunstancias les otorgaban a los trabajadores no docentes cierta situación estratégica, por el impacto que tenían las medidas de fuerza efectivamente llevadas a cabo.

Otro rasgo distintivo de las luchas de ATULP fue el carácter activo evidenciado en la movilización en las calles y en la ocupación, en algunas ocasiones, de distintas dependencias universitarias. Si bien el porcentaje de actos, concentraciones, movilizaciones fuera del lugar de trabajo (3,9%) no es sensiblemente superior a la media (3,6%), lo que se destaca es que casi un tercio de los paros incluyeron distintos tipos de movilizaciones (4,8% del total de las acciones), es decir que se desarrollaron bajo la modalidad del “paro activo”.

Por añadidura, la lucha de los trabajadores universitarios evidenció un importante nivel de politización. Si bien el porcentaje de acciones que tienen como finalidad expresa las demandas de orden político (17,1%) no es sensiblemente mayor a la media (^{Nava, 2018}a), la particularidad es que la mayor parte de ellas están motorizadas fundamentalmente contra la política represiva del régimen, por la libertad de los presos políticos y gremiales, y en solidaridad con la lucha de otros sectores obreros y del movimiento estudiantil. A diferencia de otros casos en el contexto regional, aquí el perfil más netamente antidictatorial, e inclusive antiimperialista, se solía expresar de manera más pública y directa. Se enmarcaban de esta manera las luchas reivindicativas en un contexto sociopolítico general.

Además, ATULP era uno de los gremios más activos de la zona en promover distintas instancias de unificación con los demás sectores en conflicto de la región (tales como la Comisión Coordinadora de Gremios Estatales en 1971), alineándose particularmente con el grupo de los considerados “gremios combativos”. Y no solo con otros sectores del movimiento obrero, sino particularmente con sectores del movimiento estudiantil, a pesar de mantener una relación históricamente no muy fluida y signada por diversas tensiones. Más allá de ciertas disidencias y tensiones que se arrastraban desde hacía varios años, y que continuaron bajo nuestro periodo de análisis, se establecieron algunos lazos de consideración. Esta articulación con el sector estudiantil potenció el traslado de la protesta a la vía pública, aunque dicha circunstancia determinó asimismo la intervención rápida y enérgica de las fuerzas represivas en su intento de evitar movilizaciones callejeras. Sin embargo, el autoritarismo y la represión (bajo diversas modalidades), que adquirió un momento particularmente álgido durante la presidencia de Lanusse, en verdad contribuían a aglutinar aún más el accionar de sectores del movimiento obrero y estudiantil, otorgándoles una bandera en común bajo el repudio a la “política represiva”.¹⁰ Los vínculos entre sectores del estudiantado y los trabajadores universitarios fueron sensiblemente más importantes del que se puede observar para el movimiento obrero en general. En el 7,1% del total de acciones realizadas por ATULP participaron distintos sectores del movimiento estudiantil, (las llevadas a cabo fundamentalmente hacia el año 1972) mientras que del total de conflictos llevados a cabo por el conjunto del movimiento obrero regional (y no solo ATULP), las acciones en las que participan obreros y estudiantes representan solo el 2,5%.

Más allá de este importante nivel de politización que presenta la conflictividad de los trabajadores no docentes, concentrada fundamentalmente durante los años 1970 y 1971, deberíamos destacar otros dos aspectos igualmente relevantes.

En primer lugar, que los conflictos intragremiales tuvieron una centralidad mayor de la que presentan para el caso del movimiento obrero en general, sobre todo a medida que nos acercamos al final del periodo. Dicha circunstancia es expresión del fuerte diferendo entre las dos organizaciones que se disputaban la representatividad de los trabajadores universitarios: ATULP y SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación).

En segundo lugar, a pesar del tendencial proceso de politización de las luchas, no deberíamos pasar por alto que, en su mayoría (más específicamente el 76,7%), estuvieron motorizadas por demandas de orden meramente económico corporativo, acompañando en este sentido la tendencia que registramos a nivel regional (^{Nava, 2018}a). Aquí podríamos divisar cierta influencia del hecho de que estos trabajadores se encontraban todavía en vías de institucionalización o sindicalización. Sostenemos esto en función de que, al interior de las luchas corporativas, una de las demandas que sobresale es la referida específicamente al proyecto y discusión alrededor del escalafón y estatuto (39,1%), seguida en orden de importancia por la solicitud de aumentos salariales o regularización en el pago de estos (36,7%), siendo prácticamente inexistentes los reclamos en defensa de la fuente de trabajo, contra despidos o racionalización, etc.

Antes de proseguir con el análisis del proceso de conflicto nos detendremos en estos dos aspectos: los motivos alrededor de los cuales se ordenaba la conflictividad y la dinámica sindical en particular.

Los motivos de la conflictividad

En el apartado anterior sostuvimos que la demanda detrás de la cual se organizaba gran parte de la actividad gremial de los trabajadores no docentes era la obtención de un escalafón y estatuto propio y único: marcos regulatorios de la actividad laboral equivalentes a los convenios colectivos de los trabajadores industriales o de servicios. Una demanda que se podría caracterizar como fundacional para las entidades que representaban a los trabajadores no docentes, ya que se remite a los orígenes mismos de las asociaciones a mediados de siglo (^{Raimundo, 2014}, p. 96). El objetivo era lograr un instrumento legal que garantice la estabilidad y regule las funciones laborales específicas. Estas demandas formaban parte de la lucha más general de los distintos sectores de trabajadores estatales por el reconocimiento de los distintos derechos que regulaban su actividad frente a la patronal: en este caso los organismos autárquicos del propio Estado. Al reclamo corporativo, ATULP añadió la exigencia política de conformar una comisión mixta (gobierno-sindicatos) para la elaboración de la normativa en cuestión. Además, continuamente manifestaron su rechazo a todo sistema de superremuneración para los cargos más elevados.

A mediados de 1970, y luego de arduas y prolongadas negociaciones entre FATUN (Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales) y el CRUN (Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales), finalmente logran consensuar un proyecto de escalafón. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional (de ahora en más, PEN) expresó su resistencia a través de una política dilatoria que demoraba su convalidación. No obstante, como consecuencia de la presión ejercida por las diversas medidas de lucha llevadas a cabo en varias universidades del país, el Gobierno Nacional finalmente lo aprobó en marzo de 1971.

Dicha aprobación no implicó en modo alguno el fin del diferendo, en la medida en que para que tuviera aplicabilidad se debía modificar la estructura orgánico-funcional de las universidades, con lo cual el eje de la actividad sindical de ATULP se dirigió a la elaboración de aquella, nuevamente bajo la exigencia de la participación gremial. El punto conflictivo aquí era que, si no se modificaban las estructuras administrativas antes de realizar el reencasillamiento, la diferencia de categorías existentes con otras universidades postergaría al personal no docente de La Plata. Hacia fines de 1970 los directivos de ATULP y el rector de la UNLP (Héctor Gatti) acordaron conformar una comisión mixta que estudiaría el proceso de reencasillamiento. Sin embargo, la labor de la comisión fue obstaculizada por una disputa intergremial entre ATULP y SOEME. Si bien ambas reivindicaban su derecho de representación, ATULP, en particular, rechazaba cualquier tipo de intervención de SOEME en la comisión. La disputa intergremial alcanzó tal intensidad que hacia 1972 el propio secretario general de la CGT (Confederación General del Trabajo), José Rucci, intervino a favor de SOEME.

SOEME establecía su accionar sindical en los mismos términos en los que ATULP ubicaba sus luchas. Por un lado, denunciaba la forma en la que se estaba efectuando la adecuación de estructuras del nuevo escalafón, como consecuencia justamente de lo que consideraban una falta de “participación real” del personal no docente. Por el otro, según dicha organización, el nuevo escalafón aprobado, con el acuerdo de ATULP, determinaba aumentos del 40% para el 70% de los empleados, mientras que en el caso de los funcionarios de mayor jerarquía los aumentos alcanzaban un 190% (El Día, 27/05/1971). Esta última cuestión es la que, en verdad, generó un mayor enfrentamiento entre las dos organizaciones, al punto de que SOEME llegó a acusar a la conducción del gremio de que “disfrazados de sindicatos ‘combativos’ posibilitaron la escala salarial más injusta conocida en la historia de la Universidad”, estableciendo una relación de connivencia con el “gobierno administrativo de la Universidad”, una instancia “paralela”, y muchas veces más “efectivo y determinante que el gobierno político de la misma” (El Día, 25/03/1972).

A la disputa por el estatuto se agregaron además las demandas salariales, en el contexto de un deterioro del salario real como consecuencia del congelamiento salarial impuesto en 1967 (^{O`Donnell, 2009}). En el caso de las altas casas de estudio, esta cuestión se complejizaba, ya que por la nueva ley orgánica de las Universidades Nacionales (dictada en abril de 1967) estas no solo gozaban de autonomía académica, sino también de autarquía financiera y administrativa. No obstante, sus recursos dependían de los presupuestos aprobados por el PEN. Ante el persistente pedido de aumento salarial de los trabajadores no docentes, el argumento utilizado por las autoridades universitarias era que la política particularmente salarial escapaba a su ámbito de actuación específica, dependiendo exclusivamente de lo pautado por el Gobierno Nacional. Dicha circunstancia determinó, en parte, que la demanda corporativa de aumentos salariales se terminara politizando. ATULP ubicará muchas veces sus críticas a la política social y económica más general del Gobierno Nacional, aunque tampoco ahorraban críticas hacia las autoridades universitarias, con las cuales mantuvieron una relación de enfrentamiento frontal a lo largo de todo el periodo.

El tercer foco de disputa que marcó la dinámica de la conflictividad sectorial residió en ciertas problemáticas propias y, en principio, acotadas a una dependencia en particular: el Comedor Universitario. Los trabajadores de dicha dependencia motorizaron varias medidas de fuerza orientadas a mejorar unas condiciones laborales deterioradas por las necesidades que tenían las autoridades universitarias de ajustarse a los lineamientos nacionales respecto a la “racionalización administrativa”.¹¹ En particular, los trabajadores del comedor demandaban la contratación de mayor cantidad de personal y la ampliación de la capacidad física del establecimiento que pudiera alivianar el recargo de tareas ante el crecimiento de la cantidad de comensales. Pero por sobre todo reclamaban que se hicieran extensivos al comedor la totalidad de los feriados establecidos para el resto del personal universitario, ya que el personal del comedor trabajaba los días feriados y sábado a la noche sin que se les abonaran los francos compensatorios. Como ya sostuvimos, los trabajadores del Comedor Universitario gozaban de cierta situación estratégica, que les otorgaba no solo un mayor grado de poder de negociación, sino que además la cercanía establecida con el movimiento estudiantil les otorgaba un perfil más netamente político a sus medidas de fuerza.

Dinámica gremial

Ya hemos señalado que durante nuestro periodo de estudio dos organizaciones se disputaron fuertemente la representatividad gremial de los trabajadores universitarios de la UNLP: ATULP y SOEME. Disputa que no solo estaba determinada por cuál de las organizaciones gozaría del derecho exclusivo de representar a este colectivo de trabajadores, sino que también estaba teñida por el hecho de que ambas asociaciones sostenían programas sindicales y políticos en alguna medida antitéticos.

La experiencia de estos dos sindicatos se ajusta a lo que algunos autores han considerado como un proceso de “sindicalización nueva” que tuvo lugar entre la década del sesenta y del setenta (^{Fernández, 1986}), y que, por lo menos en el caso que nos ocupa, todavía se encontraba en vías de consolidación. Si tenemos en cuenta que el plantel del personal de la UNLP estaba constituido aproximadamente por 2500 trabajadores, la existencia de estas dos organizaciones nos daría la pauta del grado de atomización y división sindical. Más aún, según ^{Godoy (1995}, p. 101), para el año 1971 el número de afiliados ascendía a 451 trabajadores, con lo cual la tasa de sindicalización se ubicaba alrededor del 21,6%. Mientras que, según los cálculos efectuados por Fernández (1986), por ejemplo, la tasa de sindicalización promedio para el periodo 1966-1973 se ubicaba en alrededor del 35,7%, alcanzando picos de 79% y 66,3% para el caso de los sectores “Electricidad, Gas y Obras Sanitarias” y “Transporte y Telecomunicaciones” respectivamente. Por añadidura, dicha atomización y división sindical estaba asimismo incentivada, del algún modo, por las propias autoridades tanto universitarias como nacionales.

No obstante la existencia de estas dos organizaciones, es necesario reconocer que ATULP no solo fue el sindicato más representativo, sino que además fue efectivamente el más activo por lo menos en nuestro periodo de estudio. A pesar de que, como reseña ^{Godoy (1995}), los incipientes orígenes de ATULP se pueden remontar hacia la década del treinta, recién hacia el año 1965 logra que la Dirección General de Asociaciones Profesionales les otorgue la Inscripción Gremial, para finalmente obtener la Personería Gremial entre fines de 1968 y principios de 1969. La ausencia de Personería Gremial implicaba que no gozaba del derecho legal de representar los intereses profesionales de sus afiliados ante el Estado y las autoridades universitarias. Resultando vulnerable en las negociaciones llevadas a cabo, ya que aquellas se mostraban reticentes a establecer canales de diálogo y negociación. Al carecer de Personaría Gremial además se dificultaba la puesta en marcha de medidas de fuerza, debido a que las mismas perdían legalidad y por tanto sus ejecutores eran pasibles de ser sancionados.

Esta vulnerabilidad se veía agravada además porque las autoridades universitarias frecuentemente se mostraban proclives a establecer sanciones y represalias contra los trabajadores y sus representantes, tales como cesantías y descuentos por los días de paros, entre otras. Quizás no menos importante, por lo menos para el funcionamiento cotidiano y social del sindicato, era que, al no contar con la Personería Gremial, la patronal tampoco estaba obligada a ser agente de retención del cobro de las cuotas, ni de otorgar licencias gremiales con goce de sueldo, lo que evidentemente dificultaba y limitaba la labor de los representantes gremiales.

Por todo ello, la obtención de la Personería Gremial le permitió a ATULP reorganizar el sindicato y otorgarle un nuevo dinamismo a su actividad gremial. Desde 1965 la vida política del sindicato estuvo dominada por una lista única, la Celeste y Blanca, conducida por Ernesto Ramírez e identificada en términos generales con el peronismo. No obstante, un símbolo distintivo del sindicato fue el dinamismo y diversidad en su vida sindical (^{Raimundo, 2014}, p. 228).

Si la relación que ATULP mantenía con las autoridades de la UNLP distaba de ser armónica, lo mismo sucedida al interior del campo gremial. En verdad, ATULP mantuvo históricamente una relación conflictiva y signada por la desconfianza tanto con la CGT local como con las “62 organizaciones” (^{Godoy, 1995}), y agudizada fundamentalmente a partir del alineamiento de SOEME con estas organizaciones. Si bien Godoy sostiene que en 1968 la Comisión Directiva se encontraba identificada con la CGTA (Confederación General del Trabajo de los Argentinos), y aclara no obstante que esta identificación no estaba dada porque “[…] hubiera identificación política ni ideológica, sino simplemente porque habían expresado luchar honestamente, abandonando los conciliábulos ministeriales” (Godoy, 1995, p. 79), a lo largo de nuestro período ATULP no participó en ninguna de las débiles instancias organizativas y deliberativas que impulsó la CGTA regional, como tampoco de las medidas de fuerza convocadas por dicha organización.

En general ATULP no adhería a las huelgas generales llevadas a cabo por la CGT nacional, las que, además, en los pocos casos en que sí lo hizo, tuvieron una repercusión parcial entre los trabajadores no docentes. En un discurso que expresaba cierto tono “antiburocrático”, ATULP solía manifestar públicamente severas críticas para con la dirección de la central sindical, a la que acusaba de estar “orquestada por burócratas” (El Día, 21/04/1970). La actitud de rechazo para con la central sindical, no fue obstáculo para que mantuviera y desarrollara distintos lazos de solidaridad y apoyo con los diversos sectores obreros que se encontraban en lucha (aunque intentando siempre materializarlo por canales alternativos a las instancias de centralización clásicas). Como ejemplo podemos mencionar su participación en la Coordinadora de Gremios Estales o el caso de los trabajadores de Petroquímica Sudamericana a quienes les cedió el local en numerosas ocasiones para que pudieran llevar a cabo distintas asambleas. También alcanzó a participar en mayo de 1971 del Plenario de Gremios Combativos realizado en la provincia de Córdoba, del cual también lo hicieron 117 sindicatos de todo el país (^{Brennan y Gordillo, 2008}, p. 138).

De todos modos, la dinámica gremial de ATULP se enfocó primordialmente en el plano universitario local, que, como ya sostuvimos, tampoco estuvo exento de luchas internas. La otra organización que le disputó la representatividad sindical a ATULP fue SOEME. Esta organización había sido fundada en 1952 y mantuvo un abierto enfrentamiento con ATULP, aunque en verdad evidenció una menor inserción sindical en el ámbito propiamente universitario. SOEME no circunscribía meramente su radio de acción a dicho ámbito, como era el caso de ATULP, sino que agrupaba a los auxiliares no docentes de la educación (y de los institutos de menores) en todos los niveles: nacional, provincial, privados, municipal, universitarios. Hasta el año 1971, tanto SOEME, como UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), se encontraban excluidos de la UNLP como ámbito de actuación. Sin embargo, en dicho año el Ministerio de Trabajo deja sin efecto dicha exclusión para el caso de SOEME, medida que no dejó de ser fuertemente criticada y resistida por ATULP. Esta exclusión era resaltada en ocasiones por los mismos dirigentes de SOEME, quienes remarcaban dicha condición para rebatir las acusaciones de practicar una suerte de oficialismo en el ámbito universitario.

A pesar de que en términos generales tendió a privilegiar la institucionalización del conflicto y su canalización en instancias de negociación y diálogo con las autoridades universitarias, o por lo menos con un sector de ellas (al punto, como dijimos, de ser catalogada como una organización “oficialista”), la actividad sindical de SOEME no resultó ser demasiado lineal.

Sus reivindicaciones también estuvieron centradas en el aspecto salarial y en la discusión alrededor del escalafón propio. Y aunque se manifestó públicamente en contra de la oposición frontal ensayada por ATULP y de todas las medidas de fuerza impulsadas por ella, el argumento utilizado se ubicaba en torno a cuál era la táctica más conveniente en la coyuntura política en particular. Sin poner en duda los reclamos salariales y estatutarios, juzgaba peligroso ubicar el centro de la lucha sindical en el plano meramente universitario local y no el plano más general de la política económica nacional. El sindicato apuntaba a la necesidad de unificar las luchas de los distintos sectores del movimiento obrero, evitando aislarse del mismo y del resto de los sectores castigados por la política del régimen. La lucha particular de los trabajadores no docentes, según expresaba este sindicato, debía articularse a la lucha de todo el conjunto del movimiento obrero nacional en contra del proyecto socioeconómico de la dictadura militar, en la medida en que la lucha aislada de cada sindicato en particular le facilitaba al gobierno la desarticulación y absorción de los conflictos.

En el caso de SOEME se puede observar cómo se conjuga un rechazo sustancial al esquema económico y político de la dictadura militar con una táctica de lucha que privilegiaba la negociación con las autoridades universitarias. En consonancia con esta tesitura, el accionar reivindicativo de esta asociación estuvo direccionado menos al plano universitario local, y más a la búsqueda del fortalecimiento y reactivación de las distintas instancias de centralización sindical tales como las “62 organizaciones” y las CGT locales, de las cuales participó de manera más comprometida, a diferencia de lo que sucedida en el caso de ATULP. El accionar de SOEME se orientó más a buscar primero la “unidad” para poder pasar luego a la acción y a la oposición frontal, mientras que la actividad de ATULP parecía apuntar más a buscar la unidad y su consolidación en la misma acción.¹²

Los paros de los trabajadores no docentes de la Universidad 1969-1972

Ya sostuvimos que los trabajadores nucleados en ATULP llevaron a cabo 34 medidas de fuerza en lo que atañe al periodo 1969-1972. A diferencia de lo que podíamos observar en el caso del movimiento obrero regional no hay una tendencia lineal creciente, en la medida en que el año 1971 es justamente el momento en el que menos medidas de fuerza se concretan. De los 34 paros realizados, 6 tienen lugar en el año 1969, 10 en 1970, sólo 5 en 1971 y 13 en 1972. De todos modos, si utilizamos como criterio de periodización la sucesión de las distintas presidencias, encontramos que casi la mitad de los paros se producen bajo la presidencia del General Lanusse (47,1%), mientras que el 29,4% y el 23,5% tienen lugar bajo las presidencias de Levingston y Onganía respectivamente.

Sin embargo, el matiz que deberíamos introducir es que no todos presentaron la misma fisonomía. En primer lugar, la gran mayoría de estas huelgas (21 de ellas) se corresponden a paros parciales, mientras que las trece restantes son paros totales. Una de las particularidades que presentan es que el 30,4% se desarrolla bajo la modalidad activa (es decir, que incluyen movilizaciones, actos, etc.). Este porcentaje casi duplica la media para el movimiento obrero regional (17,6%). A pesar del grado de combatividad que nos indica este dato, en ningún momento estas formas de lucha desbordaron en su totalidad los marcos pautados por el sistema institucional y legal. Tampoco este tipo de acciones se desarrollaron al margen del control de la dirigencia gremial, que en ningún momento se vio desbordada por listas o agrupaciones opositoras. El otro matiz que deberíamos introducir se refiere al hecho de que estos paros no concitaron los mismos grados de adhesión y combatividad.

Las primeras medidas de fuerza tienen lugar a fines de 1969. Para esta época ATULP intentaba revertir la desarticulación sufrida luego de la derrota del proceso de lucha de 1964 y 1965, y la escaza predisposición a la lucha por parte de las bases. A mediados de septiembre, en el contexto de reactivación del movimiento obrero en el plano nacional y regional, ATULP lleva a cabo distintas asambleas de las que participan representantes de la FULP (Federación Universitaria de La Plata) y de varios centros de estudiantes. En ellas se decide concretar un plan de lucha y movilización en repudio a la política salarial de la Universidad y del Gobierno Nacional. Ambos habían acordado otorgar un 8% de aumentos en los haberes, que rápidamente había sido absorbido por el incremento de la inflación. Sin embargo, la situación de debilidad comentada determinó que el plan de lucha se circunscribiera a una serie de paros sorpresivos de una hora. A pesar de no tener una relación histórica muy fluida, en los casos de Ciencias Médicas y Bellas Artes, los Centros de Estudiantes respectivos adhirieron a la medida de fuerza por medio del levantamiento de cursos. Lo que da cuenta de los esfuerzos de ambos sujetos por estrechar lazos de solidaridad y unidad.

Luego de que una delegación de ATULP (apoyada por una movilización de 60 a 70 trabajadores) mantuviera una frustrada entrevista con el rector a principios de noviembre, en la que este reiteró que el aspecto salarial escapaba a su ámbito de resolución, y a pesar de las advertencias del propio rector de que aplicarían sanciones al personal que realizara paros o medidas de fuerza, en una nueva asamblea se decidió continuar con el plan de lucha con duras críticas para con la gestión de Héctor Gatti. Nuevamente, la relación de fuerzas en la que se encontraba el sindicato determinó que esta segunda etapa del plan de lucha se circunscribiera a sólo dos paros sorpresivos de una hora.

El saldo de este plan de lucha fue en cierta medida ambivalente. Por un lado, y en parte como producto de la lucha a nivel nacional que llevaba a cabo FATUN, la UNLP a fin de año concedió un nuevo aumento de 5000 pesos en moneda nacional. Sin embargo, por otro lado, el sindicato denunció que las autoridades estaban tomando represalias en la liquidación de los sueldos de diciembre y enero, lo que redundó en nuevos conflictos a partir del año siguiente. A principios de 1970 el eje de la actividad sindical de ATULP vuelve a centrarse en el problema del escalafón y la política salarial. Acompañando la iniciativa de FATUN, adhirió al paro nacional de todas las universidades del país ante la negativa del CRUN de hacer lugar a las observaciones acerca del escalafón sancionado. En la UNLP el paro recibió la solidaridad de varias organizaciones y centros estudiantiles, entre ellos de la FURN (Federación Universitaria de la Revolución Nacional) y FULP. Si bien la información periodística relativiza el nivel de adhesión, para ATULP esta había alcanzado el 80%. La particularidad de esta medida de fuerza fue su carácter activo. A pesar del amplio y estricto operativo policial en torno al edificio central de la Universidad, se logró concretar un breve acto, en lo que fue la primera movilización callejera donde convergieron obreros y sectores del movimiento estudiantil, aunque la misma no resultó particularmente masiva. La presencia de unas 80 personas entre obreros y estudiantes indica que la participación se restringió a la militancia más activa.

Luego de las medidas de fuerza que se desarrollaron en varias universidades del país, la FATUN logra que el CRUN acepte poner en estudio el escalafón, la posibilidad de elaborar un nuevo reencasillamiento del personal y la obtención de un aumento de emergencia. De todos modos, la dilación practicada por el PEN lleva a que nuevamente a fines de abril FATUN convoque a un paro de 48 horas, para los días 11 y 12 de mayo. ATULP en asamblea decidió adherir a la misma bajo la modalidad “pasiva”, es decir sin concurrencia a los lugares de trabajo y sin movilización. Habría que tener en cuenta que las autoridades universitarias de manera velada aplicaban diversas medidas de intimidación y amenazaban con sancionar al personal que se adhiriera a cualquier medida de fuerza. Además, en esta ocasión, la alianza y solidaridad de sectores del movimiento estudiantil no resultó demasiado profusa.

En la segunda mitad de 1970 esta tendencia parece revertirse paulatinamente. A pesar de las expectativas generadas por las modificaciones en el Ministerio de Educación Nacional, con la llegada en julio de 1970 de José Luis Cantini, nuevamente FATUN lanza un plan de lucha para el mes de agosto, al no encontrar eco a sus demandas por parte de las nuevas autoridades. Teniendo en cuenta la relación de fuerzas evidenciada en las anteriores medidas de fuerza y el proceso de reorganización del gremio, ATULP decide que el plan de lucha tome la modalidad de paros parciales sorpresivos de una hora, pero con un importante grado de acatamiento.

Ante la imposibilidad de concretar una audiencia con el nuevo ministro, FATUN redobla la apuesta y convoca a un paro de 72 horas para fines de agosto. De todos modos, en asamblea ATULP adhiere bajo una modalidad progresiva, aunque más pasiva, ya que el 26, 27 y 28 de agosto los paros fueron de una hora por turno, dos horas por turno y de 24 horas respectivamente en todas las dependencias de la UNLP. El informe oficial de la Universidad menciona un nivel de acatamiento bastante parcial, pero de mayor grado que los anteriores. Por su parte el gremio aseguraba que la adhesión había alcanzado el 87% de la totalidad del personal no docente. La última jornada tuvo un mayor impacto, en parte como consecuencia del paro estudiantil convocado por FULP y FURN, lo que da cuenta de cierta consolidación del grado de unidad entre los trabajadores no docentes y el movimiento estudiantil platense, el cual nuevamente realizaron una manifestación callejera que intentó ser disuelta por las fuerzas policiales, aunque sin éxito. Asimismo, ATULP comenzó a participar en distintas jornadas de lucha convocadas por el movimiento estudiantil. Como vemos, tanto la movilización callejera como las mismas medidas de fuerza eran instancias en las que la alianza obrero-estudiantil parecía desenvolverse de manera menos problemática.

Esta alza de la conflictividad de los trabajadores no docentes tiene lugar tanto en un contexto de intensificación de las luchas de distintos sectores obreros en la región, tales como los casos de los municipales, docentes provinciales, bancarios, correo y gráficos, como en un marco signado por una mayor militancia por parte de la CGT nacional que inicia un importante ciclo de huelgas generales (^{Nava, 2017}).

A finales de 1970 la intensificación en el nivel de conflictividad y militancia de los trabajadores no docentes universitarios se vuelve aún más evidente. A pesar de que la crónica periodística hablaba de un principio de entendimiento entre las autoridades universitarias de la UNLP y ATULP, las negociaciones se suspenden a nivel nacional, con lo cual FATUN decidió dar continuidad a su plan de lucha con un paro de 48 horas los días 3 y 4 de noviembre, continuado por otro de 72 horas (10, 11 y 12 del mismo mes). Si bien ATULP había iniciado un proceso de entendimiento con el rector de la Universidad local, adhirió no obstante al plan de lucha de FATUN, bajo la modalidad propuesta por esta, interpretando que cierto clima de desmovilización y apatía de las bases estaba siendo superado lentamente. Y efectivamente el paro de 48 horas se cumplió en forma prácticamente total, acentuándose su impacto por la adhesión de gran parte del estudiantado que se plegó a la medida de fuerza en solidaridad. Este último hecho determinó que algunos decanos cerraran las puertas de sus facultades para desactivar de algún modo la solidaridad activa por parte de los estudiantes y evitar que la medida de fuerza evidenciara mayores niveles de militancia.

Ante la evidencia del grado de movilización y voluntad de lucha de los trabajadores, las autoridades universitarias intiman al personal a abstenerse de iniciar nuevas medidas de fuerza bajo la amenaza de aplicar las “más graves sanciones” (El Día, 09/11/1970). Esta intimación produce de algún modo el efecto contrario, ya que en asamblea el gremio decide extender el paro original de 72 horas a 144 horas (es decir un paro de seis días, del 9 al 14 de noviembre). Como en la ocasión anterior presenta altos índices de acatamiento y una importante solidaridad estudiantil, como también de distintos sindicatos no docentes del país quienes interpretan que la actitud del rector de la UNLP implicaba un cercenamiento al derecho de huelga. El amplio acatamiento de los trabajadores, sumado a la inasistencia a clase por parte del estudiantado, determina que por primera vez el cese de actividades fuera prácticamente total en la UNLP. Además, en esta ocasión el paro adopta un carácter activo al concretarse una movilización junto al movimiento estudiantil que resulta ser una de las más masivas hasta el momento. En este punto podemos corroborar cierta tendencia en la conflictividad laboral por la cual muchas veces la intervención represiva sobre la protesta produce el efecto no solo de radicalizarla en términos inmediatos, sino también de ampliar el campo de solidaridades provenientes de otros sectores sociales.¹³

El alza de la conflictividad que se puede observar hacia fines de 1970 se extiende hasta principios de 1971, y acompañó en parte la tendencia general a nivel regional (^{Nava, 2018}a). Luego de prolongadas negociaciones finalmente el PEN aprobó el escalafón que habían elaborado en conjunto el CRUN y la parte gremial. Sin embargo, en marzo ATULP inicia una huelga de 72 horas, al discrepar con las cláusulas que reglamentaban el procedimiento para la aplicación del escalafón, interpretadas como un mecanismo interpuesto para dilatar el pago de los incrementos salariales. La medida de fuerza alcanzó un alto impacto, y sumó nuevamente la solidaridad del movimiento estudiantil, lo que determinó la paralización casi total de las actividades en el ámbito universitario. El paro continuó bajo la modalidad prevista a pesar de que la Secretaría de Trabajo intimó al gremio a levantar las medidas de fuerza. De todos modos, la contundencia del paro, que se replicaba en otras jurisdicciones tales como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Rosario, obligó al CRUN a efectuar una nueva propuesta para abreviar el trámite de aplicación del escalafón del personal no docente. Ante la nueva propuesta, ATULP dejó sin efecto la medida de fuerza en una multitudinaria asamblea.

El CRUN por añadidura dispuso un aumento como anticipo a todas las categorías del personal no docente, lo que implicó una importante victoria para el sector gremial, aunque de algún modo desactivó la conflictividad de los trabajadores de la Universidad local durante gran parte de 1971: el año de menor intensidad en términos de huelgas de los no docentes universitarios, por lo menos en términos cuantitativos, a contramano de la tendencia que se puede observar cuando se analiza el movimiento obrero regional en general.

Sin embargo, el clima de tranquilidad con el que concluía el año 1971 se vio sacudido por un confuso episodio en el rectorado que condicionó por completo la relación entre ATULP y las autoridades universitarias durante el siguiente año. Según el registro de la prensa el 18 de diciembre un grupo de trabajadores universitarios nucleados en ATULP irrumpió abruptamente en la presidencia de la casa de altos estudios provocando algunos destrozos y agrediendo a los funcionarios que se encontraban presentes. Los serios incidentes se produjeron en el marco de un paro de 48 horas con movilización decretados luego de que el Consejo Superior decidiera no abonar el pago de los haberes correspondientes a la retroactividad de junio, agosto y septiembre surgidos del nuevo reencasillamiento logrado.¹⁴ Ante los incidentes el Consejo Superior modificó su decisión inicial y accedió al reclamo de los trabajadores de ATULP, aunque al mismo tiempo dispuso la aplicación de severas sanciones (entre ellas acciones judiciales contra los directivos de ATULP, la ruptura del diálogo, la suspensión de licencias gremiales y el descuento de salarios al personal no docente que se plegó al movimiento de fuerza).

Este hecho intensificó el enfrentamiento entre los dirigentes gremiales de ATULP y las autoridades universitarias. Gran parte de la actividad de este sindicato a principios del año 1972 estuvo abocada a revertir las duras sanciones aplicadas por las autoridades de la UNLP, aunque ya en un contexto de ruptura total de los canales de diálogo y negociación entre ambos actores. Esta ruptura determinó cierto tipo de radicalización en la lucha gremial.

De todos modos, el ciclo de alza en la conflictividad durante 1972 se desarrolló en torno a la situación del Comedor Estudiantil. Desde allí el conflicto se extendió al resto de las dependencias de la UNLP y se logró articular la solidaridad de trabajadores de otras Universidades Nacionales. Todo lo cual profundizó el enfrentamiento entre las autoridades y los trabajadores. Como ya señalamos, el Comedor se había constituido en un lugar estratégico que tenía la capacidad, de algún modo, de arbitrar las relaciones de fuerza entre los trabajadores y la patronal.

El conflicto en el Comedor Estudiantil se inició en el mes de marzo. En reclamo de una serie de demandas (incorporación de personal, ampliación de espacios, elevación de categorías a los agentes de las áreas de comedor, cocina y mantenimiento, derecho a disponer de los feriados establecidos para el resto de la Universidad), el personal del comedor llevó adelante a partir del 23 de marzo una serie de paros progresivos y sorpresivos que alcanzan una alta adhesión, además de concitar la solidaridad de varias tendencias del movimiento estudiantil local. Actitud que provocó no solo la inmediata intervención de las autoridades universitarias (con amenazas de sanciones legales), sino también del Ministerio de Trabajo nacional que solicitó el levantamiento de las medidas de fuerza. Independientemente de estas intimaciones las medidas de fuerza continuaron con su carácter progresivo, a las que se sumaron el apoyo y solidaridad de los trabajadores de las Universidades de Buenos Aires y Bahía Blanca.

El conflicto se intensificó el 28 de marzo. Tras un acto y movilización obrera-estudiantil, un grupo de manifestantes ocupó las oficinas de la presidencia y ocasionaron distintos destrozos. Ante estos hechos las autoridades dieron por concluidas las negociaciones y se retiraron de la conciliación obligatoria. En contrapartida ATULP decidió en asamblea extender el paro de actividades a todas las dependencias de la UNLP, bajo la modalidad de paros progresivos por tiempo indefinido, con ampliación además del pliego de demandas. Según la prensa, la adhesión fue dispar, casi total en algunas dependencias y parcial en otras. Por su parte, el campo de alianzas se vio favorecido, ya que no solo se logró el apoyo del movimiento estudiantil de manera activa sino también de otros gremios estatales.

Sin embargo, a medida que se extendió la duración de las medidas de fuerza comenzaron a perder apoyo por parte de las bases. Asimismo, tampoco la relación de fuerzas le permitió imprimirle a la medida un carácter activo, ya que en algunas ocasiones no logran concretar actos o movilizaciones como consecuencias del despliegue de amplios operativos policiales. Ante este panorama, y luego de que se abrieran nuevos canales de negociación, ATULP decidió levantar las medidas de fuerza cuando los paros progresivos entraban en su día 22. De todos modos, el saldo gremial fue positivo, en la medida en que luego de extensas negociaciones con el propio Rector de la UNLP logró imponer gran parte de sus demandas.

No obstante ello, hacia mitad de año, nuevamente el personal del Comedor Estudiantil protagonizó un nuevo ciclo de luchas que se radicaliza en un contexto altamente represivo. Si bien hacia mediados de 1972 el proceso de apertura política iniciado por Lanusse se encontraba consolidado, ello no fue un obstáculo para la proyección represiva del Gobierno Nacional y provincial hacia determinados objetivos y sectores. El 26 de junio, luego de que se tomara nuevo personal por fuera de la bolsa de trabajo, los trabajadores del Comedor paralizaron sus actividades. Nuevamente en alianza con el movimiento estudiantil, el conflicto se radicalizó y generalizó a todas las dependencias universitarias. Tras diversos enfrentamientos en el Comedor y sus adyacencias, las autoridades deciden intervenirlo y cerrarlo. En respuesta, empleados afiliados a ATULP resolvieron adueñarse del edificio céntrico de la casa de altos estudios en reclamo de un aumento salarial de 45 mil pesos y en contra de la intervención al Comedor. Rápidamente se le sumaron estudiantes de distintas facultades. Las autoridades reaccionan sancionando con 5 días de suspensión al personal que adhirió a la medida de fuerza. La medida logró su cometido, ya que la adhesión a la paralización de tareas empezó a aminorar. Consciente de cierta merma en la combatividad de las bases, y ante la confirmación de las sanciones, ATULP decide llevar a cabo una “huelga de brazos caídos”. Si bien la alianza con el movimiento estudiantil se mantiene incólume, otros sectores del mundo académico hacen pública cierta preocupación por el cariz que el personal no docente le imprimía a sus acciones.

Como se puede observar, hacia fines de 1972, cuando la “apertura democrática” se encontraba en una etapa bastante avanzada, en términos generales la intensidad de la conflictividad laboral acusó un cierto declive.

Conclusiones

En un contexto general de intensificación de las luchas a lo largo de todo el periodo analizado, los trabajados universitarios de la UNLP consolidaron su proceso de organización sindical, a la par de que se generaron las condiciones de posibilidad para cuestionar y modificar de algún modo las relaciones de fuerza en su ámbito más inmediato de actuación gremial: el espacio universitario.

Los trabajadores no docentes de la UNLP se transformaron en uno de los actores determinantes en la configuración de la conflictividad laboral de la región, no solo en términos cuantitativos sino por las características propias que adquirió la misma. El incremento de la conflictividad de dichos trabajadores estuvo impulsado centralmente por demandas de tipo corporativo. Aunque tuvieron la virtud de politizarse impugnando aspectos centrales del régimen, en un movimiento de oposición frontal tanto hacia las autoridades universitarias locales como hacia las políticas socioeconómicas de la dictadura militar.

Una parte considerable de la conflictividad laboral que analizamos respondió a disputas que tenían su origen a nivel nacional y que se extendían e involucraban a todas las dependencias nacionales del espectro universitario. De todos modos, pudimos observar que los conflictos que en principio estuvieron acotados a problemáticas propias de una dependencia o lugar del trabajo, tal como fue el caso del Comedor Estudiantil, presentaron la virtud de extenderse a todo el ámbito de la Universidad local y de concitar la adhesión tanto de los demás trabajadores universitarios del país, como de otros sectores sociales, en particular del movimiento estudiantil.

Sin embargo, la militancia evidenciada en los distintos procesos de lucha no fue homogénea a lo largo de todo el periodo. En este sentido, si bien el deterioro de las variables económicas (la situación salarial y las condiciones laborales) puede explicar la dinámica cuantitativa de la conflictividad laboral del sector, lo cierto es que la debilidad organizativa determinó muchas veces los alcances de las medidas de fuerza llevadas a cabo. Una debilidad compensada por la “situación estratégica” de la que gozaban, con motivo de que su ámbito laboral especifico (la Universidad) no solo presentaba una centralidad no menor en la dinámica política de la capital provincial, sino que además en general las universidades tuvieron un lugar primordial en el proyecto político de más largo plazo de la dictadura militar. Todo lo cual, a la vez, les permitió acrecentar su capacidad de generar alianzas con otros sectores sociales tales como el movimiento estudiantil. Es en esta situación estratégica en donde radicaría la mayor fortaleza del poder de negociación de los trabajadores universitarios.

Si bien durante el ciclo de lucha las medidas de fuerza presentaron disimiles grados de adhesión y combatividad, en general resultaron exitosas en la consecución de sus demandas. En varias ocasiones las autoridades universitarias se vieron obligadas a aceptar parte de los reclamos de índole corporativo, fundamentalmente los referidos al escalafón y a las actualizaciones salariales. Lo cual se explica, en parte, por la reacción combativa ante las respuestas patronales intimidatorias (suspensión de la representación legal, descuentos salariales, amenazas de cesantías, suspensión de la representación legal, entre otras que afectaban la propia organización); una reacción consistente en intensificar los procesos de lucha y que canalizaba sus demandas por fuera de las instituciones de negociación vigentes, aunque nunca se apartara del marco institucional y legal más general.

Las disimiles estratégicas con que las autoridades universitarias y nacionales respondían a las disputas gremiales repercutieron en la dinámica particular que presentó la conflictividad laboral de este colectivo de trabajo. La bifurcación de la estrategia de la patronal para con los trabajadores universitarios -es decir entre una que intentaba generar cierta integración de la fuerza laboral por medio de la apertura de canales de diálogo y la concesión de ciertos reclamos, y otra que se enfocaba más en la aplicación de acciones coercitivas (sumada a la política represiva general de las fuerzas de seguridad orientada a evitar todo tipo de movilización en las calles) en momentos de profundización de la conflictividad- tuvo una incidencia dispar en la dinámica de la conflictividad laboral de los no docentes. La respuesta positiva frente a los reclamos de índole más propiamente gremial tendía a desarticular los procesos de lucha, sin embargo, la respuesta represiva derivaba en verdad en un proceso de radicalización tanto discursiva como en las formas propias del conflicto. Una radicalización que muchas veces no se correspondía linealmente con una mayor masividad de la protesta.

Finalmente, en términos de dinámica gremial, ATULP se caracterizó, en el marco del movimiento obrero regional, por haber intentado de manera más sistemática establecer distintos tipos de vínculos y alianzas no solo con el movimiento estudiantil, sino también con algunos de los sectores de trabajadores que se encontraban movilizados por reivindicaciones de similar tenor. Los trabajadores no docentes, a pesar de formar parte de los considerados sectores medios de reciente sindicalización, no opusieron demasiados obstáculos a identificarse en tanto que trabajadores asalariados ni a considerarse como parte más orgánica del movimiento obrero, independientemente de su reticencia para con ciertas instancias de representación clásicas del movimiento obrero argentino, tales como la CGT.