A través de los Andes. Estrategias sociales y redes de poder entre Córdoba y Huancavelica en el siglo XVIII

(Through the Andes. Social strategies and power networks between Córdoba and Huancavelica in 18th Century)

María Victoria Márquez
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Fulbright Fellow, Ohio State University, Estados Unidos.

Ingresó: 1 de abril de 2010
Aceptado: 24 de agosto de 2010

Resumen

Palabras claves: Redes de poder coloniales; Córdoba siglo XVIII; Funcionarios borbónicos; Azogue; Estudio comparativo

Abstract

We research on the participation and use of bureaucratic and administrative fields by the colonial elite in the eighteenth century. For that purpose, we study the case of a family of important interregional traders -the-Mendiolaza- whose interests were established in different parts of the Andean region. This offers a comparative look on the strategies deployed by a same social network. This article is focused on two places, Cordoba and Huancavelica, as these were the main areas of the family activities, but also they were interesting contrasting regions whose realities could hardly be compared. While Córdoba was a borderland jurisdiction, dedicated mostly to mules raise and trade, located far from the major centers of the colonial power, Huancavelica was a mining town, under royal jurisdiction because it was the only American mercury-producing area, subject to the influence and interests of the viceregal court of Lima. The paper notes that marriage alliances, compadrazgos and friendships that shaped power strategies were as effective as the very exercise of a position in the colonial administration. For the specific case under discussion,  it is also established  that the systematic support to the controversial measures of the Bourbon government -and to its officials- was an essential aspect to their own consolidation within the local spaces of power in which they settled.

Keywords: Colonial networks of power; Elite of eighteenth-century Córdoba; Bourbon officials; Quicksilver; Comparative study

En este artículo analizaremos el caso de una familia de la élite cordobesa del siglo XVIII que tuvo su origen y desenvolvimiento en el contexto de transformación borbónica. Como advertencia señalaremos que el presente artículo surge a partir de una investigación mayor donde, tomando como objeto este mismo entramado familiar, analizamos una complejidad de problemas relativos a sus estrategias de reproducción social. El estudio presentado aquí, en torno a la participación y los usos de los espacios burocráticos y administrativos, consiste en un recorte de ese trabajo más complejo y amplio, que se plantea desde la perspectiva de la historia social y económica. Desde este enfoque tendremos sobre todo en cuenta la incidencia de los vínculos interpersonales entre los actores sociales estudiados, para identificar su participación en diferentes instituciones coloniales, especialmente las de carácter político-administrativas, y su posible influencia en un plano diferente y yuxtapuesto al de dichas instituciones formales, donde el establecimiento de alianzas matrimoniales, los compadrazgos y las amistades configuraron estrategias de poder tanto o más eficaces como el ejercicio concreto de un oficio.

Nos proponemos reconstruir los diversos recorridos de los miembros de la familia Mendiolaza en su relación con los espacios y las redes de poder político coloniales. Con este fin contrastaremos en particular, los casos de Joseph Joaquín de Mendiolaza en Córdoba y de su hermano Gaspar Alejo en Huancavelica, quienes sostuvieron actividades económicas conjuntas a lo largo del siglo, aún actuando desde ámbitos muy distantes, y establecieron importantes vinculaciones con los poderes locales. Como veremos, mientras ambos desplegaron en sus ámbitos, prácticas y estrategias diversas para insertarse en instituciones y campos relevantes de toma de decisiones, un momento igualmente clave sería para ellos la década de 1760. Sería ésta un resultado de los cambios políticos que los Borbones comenzaban a implementar con mayor energía en el espacio colonial y de las estrategias de poder de las elites criollas, que dichos proyectos metropolitanos estimularon.

A fines de la década de 1720 llega a Córdoba Joseph Joaquín de Mendiolaza, natural de la provincia de Guipúzcoa en España, dejando en manos de su hermano Pedro Antonio la administración del mayorazgo ubicado en la Villa de Idiazábal- en la misma provincia vasca- y que le correspondía por primogenitura¹. Entre el Tucumán y el Alto Perú, él y su hermano Gaspar Alejo de Mendiolaza participaron en la trata de mulas, aunque en la década de 1760 Gaspar Alejo aparecería establecido en Huancavelica como "vecino y asentista de azogues", desde donde continuó vinculado a los negocios de Joseph Joaquín. éste se había casado en 1729 con la criolla Doña Theresa de las Casas y Ponce de León, descendiente de antiguos linajes de Córdoba, ya que era hija legítima del Maestre de Campo Don Ignacio de las Casas y Zeballos y de Doña Theresa Ponce de León. Este matrimonio establecido en la jurisdicción tuvo nueve hijos legítimos: Joseph Ignacio, Nicolás Adrián Phelipe, María de la Cruz, Francisco de las Llagas, María Mercedes, Lorenzo, Francisco Xabier Eusebio, Phelipe Neri y Lorenza. Cada uno de ellos tendría un rol particular en el entramado de parentesco y negocios. Como pudimos observar en una investigación más amplia, esta trama familiar jugó el papel de plataforma para una estrategia empresarial compleja. Estamos hablando de una red social cohesionada por el parentesco, con una clara jerarquía interna reflejada en mecanismos propios de control, distribución y acceso al crédito tanto social como político y económico, que hizo viable durante décadas una dinámica de negocios propia. Entre sus integrantes formaron una trama donde cada uno alternativamente y según las circunstancias, hacía de comerciante de larga distancia, de fletador, de apoderado, de funcionario de la Corona, o de "vecino" estableciendo lazos políticos en las ciudades de residencia, de manera tal que en conjunto lograron controlar cada paso del circuito comercial que recorrían en pos de sus intereses particulares.

En Córdoba, los Mendiolaza se contaron entre los comerciantes más prósperos de la ciudad, especialmente entre 1730 y 1780, dedicados al tráfico de larga distancia que articulaba la economía local con el espacio mercantil regional. Sus intereses transitaron dos rubros estratégicos para la economía del espacio peruano: las mulas y el azogue. Sobre una compleja dinámica comercial basada en la trata de estas mercancías luego expandirían sus intereses en términos de cantidad, diversidad y de alcance geográfico² . El gran alcance de los intereses de esta familia en distintas regiones del Tucumán y el Perú, les permitió participar en diversas instancias político-administrativas, no sólo en Córdoba sino en los diferentes espacios en los que consolidaron sus intereses económicos y sociales.

El siglo XVIII y las élites criollas

El importante arribo de inmigrantes del norte peninsular a las colonias fue parte de este proceso de extensión de estas redes sociales activadas con dicha redistribución de poderes que realizaron los primeros Borbones entre las élites regionales de España. Estos inmigrantes, y en particular aquellos vinculados al comercio, se integraron a las redes sociales locales previas mediante estrategias diversas, predominantemente a través de alianzas matrimoniales que les permitieron alcanzar estatus y riquezas semejantes a los de las élites tradicionales. Sabemos que tales pautas fueron comunes a las élites de Hispanoamérica colonial; sin embargo, la coyuntura histórica y las particularidades de las estructuras regionales influyeron sobre los mecanismos de integración e inserción de quienes llegaban desde la península. Es en este contexto en que la familia guipuzcoana que estudiamos es un ejemplo concreto.

En el ámbito colonial la etapa más decisiva de la política de reformas de los Borbones transcurrió durante los reinados de Carlos III (1759-1788) y de su hijo Carlos IV (1788-1808), cuando se definieron con mayor precisión los intereses económicos de la Corona con respecto a sus dominios americanos y se diseñaron nuevas modalidades administrativas para una explotación más eficaz de sus riquezas. En este sentido, las primeras metas fueron reactivar e incentivar la extracción de metales preciosos procurando devolver eficiencia al sector minero americano⁴. Las políticas reales se centraron, asimismo, en hacer más eficaz la recolección de esos metales en el ámbito colonial y facilitar su transferencia a España. Para ello fue preciso que la Corona reorganizara y centralizara la administración colonial, además de ajustar sus recaudaciones fiscales. Esto significó un intento de avance del poder real sobre las prerrogativas de las élites americanas, especialmente aquella de las cabeceras políticas coloniales cuya influencia se extendía sobre la administración local y regional gracias a complejos entramados de relaciones sociales.

Un elemento privilegiado entre las prácticas de poder y dominio del espacio político y administrativo colonial de las élites indianas fue la venalidad de los cargos, es decir, la posibilidad de pagar para acceder a un cargo en la burocracia colonial del que se obtenían réditos económicos y sociales⁵. Precisamente, en el clásico trabajo de Brading sobre las élites mineras de Nueva España, el autor subraya algunos elementos que resultan esclarecedores para pensar el caso que nos ocupa. En esa sociedad de Antiguo Régimen, la élite política era casi la misma que la élite económica, por tanto había una circulación de ideas e intereses de una esfera a la otra. Brading remarca además el valor instrumental que dicho mecanismo de venta de cargos comportaba para estos sectores. Un ejemplo claro en el ámbito capitular era el de los regidores propietarios⁶. ésta fue una característica habitual de la burocracia colonial que fortaleció el poder de los criollos frente a la Corona desde el siglo XVII hasta mediados del XVIII. Los Borbones reconocieron la eficacia de estas redes y apuntaron a desarticular sus conexiones con la administración y la recaudación colonial. Así, se suprimieron la mayoría de los cargos venales y se implantó un nuevo funcionariado proveniente de la península, con formación generalmente militar y desvinculado de los intereses de la región⁷. Desde mediados del siglo XVIII ese aparato administrativo se pobló de nuevos funcionarios más afines a los proyectos metropolitanos. La presencia del nuevo funcionariado destinado a devolver eficacia a los engranajes político-administrativos, desde una perspectiva beneficiosa para el dominio real, interpeló a los poderes locales arraigados en las instituciones coloniales. El caso de los Mendiolaza nos permite un análisis de esas tensiones en torno a las élites y el poder colonial teniendo en cuenta los posibles cambios en su relación con la administración, a partir de dos contextos regionales diferenciados como Córdoba y Huancavelica.

Ampliamente difundidas en el espacio colonial, articuladoras de regiones y muchas veces puentes vitales entre el Nuevo Mundo y España, las redes sociales configuraban los fundamentos dinámicos de variadas estrategias sociales y de poder de las élites criollas y españolas. Estos entramados se constituían tanto sobre vínculos de parentesco como en relaciones clientelares. Siguiendo los términos de Imízcoz Beúnza, entendemos que las redes clientelares se constituían sobre "vínculos asimétricos" que permitían articular agentes de status no equiparable entre quienes se producían intercambios de influencias, favores y servicios mutuamente beneficiosos⁸. Estos mecanismos de interacción y de capitalización de lazos sociales fueron claves de construcción y conservación de poder político y económico, comunes entre los sectores dominantes de las sociedades de Antiguo Régimen. Paralelamente, desde la historia política, François-Xavier Guerra sintetiza las características más sobresalientes que nos permiten comprender el papel insoslayable de las redes de sociabilidad en el mundo del Antiguo Régimen. El ejercicio del poder en el Antiguo Régimen se sostenía en una noción de gobierno entendida como "relación de autoridad". Su práctica estaba descentralizada a través de los distintos sectores sociales vinculados entre sí, de acuerdo al orden jerárquico estamental establecido. Los grupos actuaban como "autoridades corporativas", nos dice Guerra, desde los que integraban poderes formales e institucionalizados hasta los que lo hacían en instancias más informales pero no menos importantes, a saber, las grandes familias con sus clientes y redes de intereses⁹.

En el caso que nos ocupa, definimos a los Mendiolaza como parte integrante de una red social basada en las relaciones de parentesco, afinidad y clientelismo entre sus miembros, inserta en tejidos sociales más amplios: los de las élites de Córdoba, el Tucumán y el espacio andino. Con ello, intentaremos reconocer los espacios de negociación creados en cada una de esas instancias, entre las élites dominantes, la burocracia- especialmente antes de las reformas administrativas más fuertes- y el Estado colonial; y las perspectivas específicas de las élites comerciantes en esos marcos de disputa por el poder. En este sentido, la unidad fundamental en esta trama social de Antiguo Régimen fue la familia. Una entidad estructurante del conjunto social, flexible e inclusiva, que mantuvo una correlación con las aspiraciones de los sectores dominantes poniendo a disposición de sus miembros instrumentos claves para la conservación del patrimonio y para la reproducción de las diferencias sociales: el apellido y el linaje, el matrimonio y la herencia¹⁰. Estos instrumentos representaban para sus miembros la relación con la producción de riquezas y con el poder político, así como el compromiso con la reproducción de los privilegios conquistados, la transmisión del capital simbólico expresado en la genealogía y "la casa": la "herencia inmaterial"¹¹.

Los lazos de familia fueron un elemento central en la conformación y dinámica de la elite española en América desde los primeros tiempos del dominio colonial, con lo que dieron lugar a una estructura social corporativa y estamental, a partir de sus propios espacios de sociabilidad y de poder. Este esquema tuvo su expresión más acabada en los ámbitos urbanos, donde las familias notables¹² establecieron residencia, dirigieron las funciones de los Cabildos, administraron sus negocios privados y tejieron sus alianzas. El uso estratégico de estos elementos operó también generando mecanismos de renovación y de ascenso social en épocas posteriores. En este punto, conocer a las otras familias con las que los Mendiolaza establecieron parentescos políticos y rituales, las prácticas matrimoniales, constituyen unos indicadores significativos sobre los alcances sociales y simbólicos de dichas uniones. Es fundamental entender que aquellos mecanismos se sostenían en los vínculos interpersonales: las redes de relaciones sociales, que daban a los poderosos la capacidad de movilizar recursos de todo tipo en su favor y que constituían el espacio donde las jerarquías adquirían su carácter práctico¹³. Sabemos que las alianzas familiares podían conceder cierto grado de movilidad social a un comerciante con aspiraciones de mejorar su status o a un inmigrante peninsular "recién llegado" a las Indias. Esto incluía acceso a la participación institucional o disponibilidad de crédito y oportunidades de negocios de menor riesgo; por ejemplo, la posibilidad de diversificar las inversiones en el ámbito financiero, en inmuebles urbanos, en haciendas, en minería, entre otras cosas. Estos mecanismos ya han sido observados para otros espacios regionales próximos a Córdoba¹⁴.

Una familia y sus estrategias

El ascenso social y económico de los Mendiolaza se acentuó a mediados de la década de 1740, precisamente cuando comenzaron a sentirse en Córdoba las repercusiones del nuevo auge minero altoperuano. Los dos hermanos Mendiolaza, Joseph Joaquín y Gaspar Alejo, se constituyeron en las cabezas de la organización familiar y económica que empezaba a adquirir relevancia, cuya base comercial seguiría siendo en las décadas por venir, el tráfico de mulas entre Córdoba y los mercados andinos.

Por entonces, hacía más de diez años que Joseph Joaquín había logrado establecerse e insertarse en la élite local de Córdoba, gracias a su matrimonio con Teresa de las Casas y Ponce de León. Estas vinculaciones eran de suma importancia en una sociedad como la cordobesa, donde la inserción social de un individuo entre los sectores dominantes era condición imprescindible para acceder a ciertos recursos- económicos, simbólicos y políticos-. En este caso, Joseph Joaquín consolidó una posición tal, que le permitió controlar una instancia relevante para el curso de sus negocios: la adquisición de crías de mulas en el Litoral y su invernada en Córdoba¹⁵.

Nos interesa reconocer cuáles fueron los mecanismos que desplegaron cada uno de los hermanos Mendiolaza para sostener sus intereses comerciales, en dos sociedades tan distintas como eran las de Córdoba y la de Huancavelica. Decíamos que alrededor de 1775 se inició la etapa de implementación más contundente de las reformas borbónicas en el Virreinato del Perú. Hasta entonces, Córdoba era un espacio periférico en diversos planos de la realidad colonial- geográficos, demográficos, económicos, administrativos, etc.- donde la élite local disponía de un amplio margen de acción y negociación por el poder. Huancavelica, por el contrario, al ser el único centro productor de mercurio en toda la América colonial, había sido desde el siglo XVI, un lugar de suma importancia para la Corona. Allí, el contexto social donde se daban las negociaciones por el poder fue más heterogéneo que el de Córdoba y los intereses en juego eran, obviamente, mucho mayores.

Tomando lo anterior en cuenta, planteamos que en cada una de las dos zonas donde se afincaron los hermanos, éstos privilegiaron distintos mecanismos de articulación y acceso a los espacios de poder. Así, desde su llegada a Córdoba, Joseph Joaquín recurrió a las alianzas matrimoniales con familias poderosas del medio local y al uso de las tramas de parentesco, prácticas que lo ligaron a partir de la década de 1750 a una importante familia en ascenso: los Allende. Por su parte, en Huancavelica, Gaspar Alejo de Mendiolaza también tendió imprescindibles lazos con las familias de la élite local pero, en cambio, accedió a otro ámbito de poder más relevante para su estrategia social, como fue el de las relaciones políticas y los vínculos con la administración colonial. Planteamos por otra parte, que estas divergencias respondieron a las especificidades históricas, políticas y sociales, de cada una de las jurisdicciones.

Córdoba: familias en ascenso y estrategias conflictivas

La recuperación del comercio interregional de Córdoba se percibiría después de 1740, como efecto del nuevo ciclo de crecimiento de la economía minera altoperuana¹⁸. Por entonces, se observa una importante presencia de vecinos de otras regiones que se afincaron en la ciudad, así como traficantes salteños de paso comprando mulas, principal rubro mercantil de esta jurisdicción. Entre los nuevos vecinos se destacaban los de origen peninsular, llegados con la corriente migratoria mencionada más arriba, a quienes Arcondo definió como el grupo de los mercaderes tratantes "que trafican con mulas, como un renglón adicional al de otros bienes generalmente importados... quienes ligados a otros de Buenos Aires realizan tareas de consignación como residentes en Córdoba"¹⁹. El caso que nos ocupa en esta investigación presenta una dinámica similar, aunque es anterior a la etapa de mayor afluencia de españoles a la jurisdicción de Córdoba, a fines del siglo XVIII. Como reseñamos al comienzo, Joseph Joaquín de Mendiolaza y su hermano Gaspar llegaron desde Guipúzcoa en la década de 1720, y pronto se integraron a la élite criolla mediante alianzas matrimoniales y el establecimiento de negocios conjuntos.

Al estudiar la Córdoba dieciochesca, Arcondo recupera la importancia de dichas alianzas familiares entre vecinos establecidos y recién llegados, como "conexiones locales que los convertían en personas de confianza de la sociedad civil y de las órdenes religiosas", porque eran éstas las que regulaban el crédito siempre necesario para llevar adelante el comercio²⁰. Junto al control sobre los medios de producción y circulación, la intervención en la administración formaba parte fundamental de las estrategias de los miembros de dichas "familias principales", quienes a través de remates públicos obtenían el cobro de impuestos civiles y eclesiásticos. Asimismo, ser alcaldes y regidores en el Cabildo de la ciudad u ocupar cargos eclesiásticos y militares era un factor que redundaba en beneficios económicos individuales y permitía consolidar el prestigio de toda la parentela. Alrededor de las figuras más poderosas se conformaban camarillas que se perpetuaban en el poder de la ciudad, transmitiéndose los cargos y el control del espacio político local entre individuos que estaban dentro de la misma red social.

Siguiendo con Arcondo²¹, éste plantea que la presencia de nuevos actores en el escenario local tuvo su correlato en el elenco de funcionarios de Cabildo, y señala la disminución del peso político de los llamados vecinos feudatarios quienes poseían tierras e indios de encomienda. Como dato significativo señalemos que hacia 1760 sólo quedaban dos encomenderos y éstos no aparecían entre los capitulares; lo cual respondía a las transformaciones ocurridas en el sistema de encomienda bajo el gobierno borbónico²². Es decir que a lo largo del siglo XVIII hubo algunos cambios en las redes de poder de Córdoba. Ya desde 1720 figuraban vecinos no identificados como feudatarios, aunque sí estaban emparentados con las viejas familias: los Echenique y Cabrera, los Arrascaeta o los de las Casas y Cevallos. Entre 1730 y fines de la década de 1760 predominaron los Echenique, mencionados por Arcondo. Como veremos, en la segunda mitad de ese siglo, los Allende- socios y parientes políticos de los Mendiolaza- serían otro clan que emergió de las alianzas entre comerciantes peninsulares enriquecidos al promediar el siglo, establecidas con los sectores más tradicionales de la Córdoba de los grandes invernadores y encomenderos.

Sobre el espacio político local en aquellas décadas, sabemos que antes de la implementación de la Real Ordenanza de Intendentes (1782-1785) la actividad del Cabildo como institución político-administrativa de la ciudad conservaba una relativa autonomía frente a instancias superiores del gobierno colonial. Hasta entonces, la ciudad de Córdoba y su jurisdicción habían pertenecido a la Gobernación del Tucumán, el Gobernador residía en Salta y su presencia era poco frecuente en Córdoba, donde sólo había una figura representativa de su autoridad: el Teniente de Gobernador ²³. Tal escenario pareciera indicar que el nuevo esquema de control borbónico actuó a manera de parte aguas entre las viejas prácticas políticas de las élites locales. Sin embargo, en trabajos recientes se viene recuperando la situación previa a la de las reformas borbónicas más drásticas que recayeron en el Perú, las décadas intermedias del siglo XVIII, como un momento de crecientes controles metropolitanos sobre la sociedad colonial y de consecuentes conflictos con las élites criollas²⁴ . Nuestras indagaciones en torno a los Mendiolaza nos revelan una posible imagen de esa coyuntura y de eso trataremos más adelante.

En efecto, el Cabildo era el órgano tradicional de gobierno de la ciudad. En la práctica esta institución funcionaba como un espacio instrumental para la élite local, de ahí que la existencia y las dinámicas de las redes de poder de la jurisdicción fueran especialmente visibles en ese ámbito²⁵ . Tal era el nivel de arraigo de estos mecanismos, que al establecerse dicho sistema de Gobernaciones Intendencias, el Cabildo pudo perder peso como institución, pero eso no significó una exclusión real de la élite local del espacio político. El primer gobernador designado, el marqués de Sobremonte, incluso pareció negociar con las familias más importantes, y más bien logró cooptar, no coartar, el apoyo político de los poderosos locales, ampliando las funciones administrativas, y con ello la disponibilidad de cargos públicos para individuos de dichas familias²⁶ .

Al recuperar lo planteado más arriba, sabemos que la participación en la administración no pasaba exclusivamente por la posesión de un cargo, sino que existían canales de participación informal; las alianzas y principalmente el uso del parentesco fueron los principales mecanismos para llevar adelante estas acciones. En su trabajo sobre la conformación de un espacio político en la jurisdicción de Córdoba durante el primer período de implementación de la Gobernación Intendencia (1783-1797), Edgardo Dainotto²⁷ recoge asimismo esta noción para caracterizar las prácticas del Cabildo cordobés y de las "oligarquías municipales" que lo constituían. Desde este lugar de autoridad, las redes de poder que dominaban la jurisdicción empleaban los dispositivos de gobierno en pro de sus intereses. En palabras de dicho autor "el Cabildo había logrado manipular la legislación regia para que tuviese una incidencia selectiva y muy acotada en la vida social indiana"²⁸.

Entre 1745 y 1750 se lo registra como Alcalde Ordinario, Alcalde de Aguas y tres veces Procurador de la ciudad. Pero además de tales cargos electivos, uno de los empleos más importantes que ejerció Joseph Joaquín fue el de cobrador de sisa, entre 1748 y 1756³⁰. Recordemos que éste era un impuesto extraordinario que gravaba diversos productos mercantiles que salían de la jurisdicción, cuyos fondos tenían por finalidad el mantenimiento de las fronteras de Gobernación del Tucumán, aunque muchas veces se los destinaba para otros gastos de urgencia. Mediante este oficio, obtenido por remate, el cobrador obtenía un rédito monetario individual, pero además lograba una cuota de poder extra como representación de los intereses de los grupos económicamente dominantes, en particular de los muleros.

Precisamente, la sisa es un elemento interesante para reconocer esa dinámica de resistencias/negociaciones de los vecinos ante políticas de control y recaudación de las autoridades regias, que dominó la escena de las ciudades indianas al menos hasta fines del siglo. Cuando Joseph Joaquín asumió esta función, estaba vigente un auto del Virrey del Perú que gravaba una serie de mercancías, entre las que se incluía al ganado mular y vacuno. Dada la gran importancia de estos rubros para el comercio de Córdoba, el Cabildo resolvió que en esta jurisdicción se cobraría sólo al tabaco, yerba y aguardiente, eximiendo explícitamente a las mulas y a las vacas, así lo asentó Joseph Joaquín en el Libro de Sisa correspondiente³¹.

Vemos cómo se insertaba un comerciante entre los vecinos de la ciudad, accedía a una función administrativa y económica relevante en el contexto local y articulaba sus intereses particulares como gran tratante de mulas con los de la economía de la élite cordobesa. Mendiolaza y sus allegados- la trama de parentesco constituida por las familias Mendiolaza, Allende, Ascasubi y Arrascaeta- participaron tempranamente en diversos cargos. Además de los mencionados, los hermanos Allende habían tenido puestos de autoridad bajo el fuero militar: Thomas, Joseph y Santiago fueron Comandantes de Armas de la plaza en distintos años e incluso tuvieron algún papel en la defensa del Fuerte del Tío³². Como veremos, no fue hasta la llegada del Gobernador Manuel Fernández Campero a la ciudad, cuya actuación oficial se desplegó entre 1764 y 1769, que éstas figuras lograrían un espacio más claro en el Cabildo.

La gobernación de Campero fue sumamente conflictiva en distintas ciudades del Tucumán, entre ellas las de Córdoba, Salta y Jujuy. éste se contó entre los primeros funcionarios borbónicos que traían un mandato claro de establecer un nuevo ordenamiento en la sociedad colonial, con mayores controles y centralización del ejercicio del poder. Durante esos años, Campero estuvo al frente de los operativos de expulsión de los jesuitas ordenados en 1766, ejecutando la decisión real en gran parte de la gobernación excepto en Córdoba, adonde fue enviado Fernando Fabro desde Buenos Aires. Esta decisión de la Corona había creado ya severos conflictos en distintas regiones de América colonial, enfrentando especialmente a las autoridades borbónicas con las élites criollas, sustrato social de donde provenían los jesuitas americanos, que además se habían formado en los colegios y universidades de la Orden, por varias generaciones. A la crisis política que desencadenó este hecho, en Córdoba se sumó otro punto de conflicto que puso en tensión a la gestión de Campero y lo enfrentó al núcleo de poder que por entonces dominaba el Cabildo. Se trató de una disputa por el control de los fondos de la recaudación de la sisa, que el gobernador pretendía destinar a las expediciones o entradas al Chaco³³.

Inmerso en aquellas disputas, Fernández Campero trabó alianza con la familia Allende, encabezada por Thomas de Allende³⁴. Al amparo de este vínculo, el entramado de parientes, allegados, socios y clientelas de esta familia, entre quienes contamos a los Mendiolaza, pudo asumir el predominio político en la plaza de Córdoba y lo conservó, al menos, hasta la llegada de Sobremonte, alrededor de 1785. Aquel acercamiento político se efectuó como un juego de intercambios y negociaciones, por el que los Allende apoyaron las medidas del gobernador y lo custodiaron mientras éste pasó por Córdoba. Además, aportaron dinero a su causa: Campero reconoció ante el Virrey que

fue forzoso pedirle a D. Thomas de Allende, vecino de esta ciudad que de su propio caudal supliese lo necesario, lo que hizo con tal generosidad, que devolviéndole tres mil y más pesos que tenía suplidos para dichas expediciones... no los quiso recibir³⁵.

Thomas de Allende y su cuñado Gregorio Arrascaeta fueron durante mucho tiempo los apoderados de Fernández Campero en Córdoba y actuaron como sus fiadores en su juicio de residencia³⁶. A su vez obtuvieron interesantes beneficios, al igual que los hermanos Santiago y Joseph de Allende- yernos de Joseph Joaquín de Mendiolaza y de Marcos Ascasubi respectivamente- que remataron sus cargos de regidores de Cabildo pese a la disconformidad de sus opositores. En efecto, fueron impugnados y suspendidos a través de un recurso ante la Real Audiencia de La Plata, los cargos de regidores de Santiago de Allende, José Antonio de Allende y Joseph Prudencio Xigena Santisteban, que se remataron entre 1762 y 1764. Recién diez años después se les restituyó la vara de regidor³⁷.

También se les protegió de la justicia capitular. Precisamente, en 1764 Campero fue denunciado por dictar

... una inhibitoria a favor de Thomas de Allende vecino de esta ciudad para que ningún juez pueda conocer en las causas civiles y criminales ni de oficio ni a pedimento de partes, de éste, sus hijos, hermanos, yernos, cuñados, parientes, criados, allegados y comensales sin más conocimiento de causa que habiendo así pedido a dicho gobernador... bajo pena de dos mil pesos ensayados³⁸.

Aún más, Campero retiró de la escribanía judicial de Clemente Guerrero una serie de causas civiles y criminales- entre las que se incluían demandas contra los Allende- y las distribuyó para su resolución, entre vecinos próximos a su causa. Uno de ellos fue Joseph Joaquín de Mendiolaza, quien fue comisionado por el gobernador para tomar conocimiento y determinación sobre algunas de dichas causas judiciales retiradas del fuero capitular³⁹; y fue comisionado como Depositario en una causa sobre ciertos cueros confiscados a tratantes portugueses que contrabandeaban en la jurisdicción⁴⁰.

Es de destacar la situación de Francisco Joseph de Uriarte como una pieza importante en este engranaje, allegado de los hermanos Allende y esposo de María Mercedes, hija de Joseph Joaquín de Mendiolaza. Entre 1760-1770, Uriarte se desempeñó como Alcalde Ordinario, Regidor y Procurador. De Campero se dijo que "desde que llegó se parcializó con Thomas de Allende y con el tesorero Francisco de Uriarte principal aliado de D. Thomas"⁴¹; y de hecho, en 1768 el cuestionado gobernador recompensó la colaboración de Uriarte otorgándole en merced una quinta en las afueras de la ciudad⁴². Después de haber ejercido como Administrador de Real Hacienda desde 1761⁴³ Uriarte fue designado en 1764 Tesorero del ramo de sisa⁴⁴, tema central en las disputas entre los cordobeses y Campero; hasta ese año, el encargado de este impuesto había sido Juan de Alberro, uno de los principales opositores a las medidas del gobernador. Dado que Uriarte era letrado formado en Chuquisaca, su carrera en la administración colonial incluyó otros puestos notorios⁴⁵. La Audiencia de La Plata lo había designado Teniente del Protector de Naturales en Córdoba, cargo que desempeñó por más de veinte años hasta la creación de la Audiencia de Buenos Aires⁴⁶. Luego, fue también integrante de la Junta de Temporalidades, encargada de la administración de los bienes confiscados a los jesuitas, desde donde facilitó a su parentela el acceso a los bienes que habían pertenecido a la orden⁴⁷.

Al parecer, estas familias no habían obtenido total aceptación entre los vecinos más tradicionales de la ciudad. Uno de éstos, enemigo máximo de Campero, Juan Antonio de la Bárcena, decía de los Allende "que en tiempo alguno hubieran llegado a ocupar estos distinguidos empleos, a no haberlos patrocinado y protegido Campero, despojando y despreciando a las personas beneméritas..."⁴⁸. Más aún, parece ser que se hablaba de ellos con el despectivo apelativo de pelucones⁴⁹. Vemos que desde esa década de 1760, para apropiarse de los espacios de poder, los Allende y sus redes clientelares reforzaron la presión sobre los sectores tradicionales, quienes aparentemente los desestimaban, exponiendo una diferencia elemental de status simbólico relativo al linaje. Esto nos mueve a pensar que quizás comenzaba a acentuarse cierta diferenciación en el seno de la élite local, que esta vez trascendía lo meramente faccioso, y que en este juego se ponían de manifiesto diversos "niveles de notabilidad"⁵⁰. Es decir, que la integración que habían forjado los comerciantes peninsulares en la sociedad local a través de alianzas matrimoniales y sociedades mercantiles, no había devengado tan rápidamente en estimación social por parte de los miembros más tradicionales ni tampoco en acceso al núcleo político más concentrado de poder local.

Hacia 1783, después de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, la ciudad fue convertida en cabecera de la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán y debió acoger a los funcionarios enviados desde la península. Dainotto plantea que a raíz del establecimiento del sistema de Intendencias, destinado a fortalecer el poder regio en la región, en Córdoba mermó el potencial clientelístico-político de las familias de la élite arraigadas en el Cabildo. Sin embargo, las clientelas mismas, es decir, las redes de poder no fueron completamente desarticuladas. En todo caso, se produjo una redistribución del poder institucional que favoreció notablemente a las autoridades regias, pero sin desplazar a estas camarillas⁵¹.

Desde nuestra investigación llegamos a la conclusión que este proceso ya había comenzado años antes. La historia política cordobesa, previa a Sobremonte, ha sido poco estudiada hasta el momento, pero nuestra reconstrucción de algunas relaciones y funciones ejercidas en el ámbito de poder de Córdoba nos permite avanzar y reflexionar sobre los cambios en las relaciones de fuerza entre los vecinos en los años antecedentes a la Gobernación Intendencia. Según podemos ver en este apartado, entendemos que hubo por entonces un movimiento en el escenario social y político local, que marginó a grupos más tradicionales e impulsó a otros, cuyo linaje era menos reconocido. Se trataba, como fue el caso de los Allende o los Mendiolaza, de aquellos comerciantes de origen peninsular que habían llegado a Córdoba en las primeras décadas del siglo XVIII. Ellos, como muchos otros, se habían aventurado a las Indias durante una etapa de reacomodamientos en las redes sociales que configuraban los lazos del dominio colonial. En Córdoba, los conflictos entre la élite capitular y el gobernador Campero permitieron la emergencia de otras figuras que habían logrado hasta entonces desarrollarse como grandes tratantes de mulas, pero que no necesariamente habían alcanzado el pleno reconocimiento social ni una participación decisiva en la administración local.

Debemos señalar que la etapa de la Gobernación Intendencia comenzó cuando la familia Mendiolaza estaba en pleno proceso de desarticulación debido a los efectos negativos que tuvieron las sublevaciones indígenas del Perú en los mercados de la región andina y sobre todo en la red mercantil de la familia⁵². Hacia la década de 1780-1790 serían especialmente los Allende quienes mantendrían preeminencia e influencia en el Cabildo de Córdoba y en general en el espacio político de la jurisdicción.

De Córdoba a Huancavelica: comerciantes en una sociedad minera

Como a toda organización comercial a gran escala en este contexto colonial, el factor que hizo posible la empresa de los Mendiolaza fue el acceso al metálico. Para ello fue central el papel de Gaspar Alejo de Mendiolaza, primero en las provincias andinas a través de la venta de mulas que adquiría su hermano Joseph Joaquín en Córdoba, y desde 1750 mediante su inserción en la estructura de la minería peruana en torno a Huancavelica y al transporte del azogue.

Los contrastes sociales en la Huancavelica del siglo XVIII al parecer eran muy fuertes, y el manejo estratégico de los vínculos políticos era indispensable para obtener réditos económicos o para mantenerlos. Las redes sociales más provechosas se tendían en torno a los funcionarios de la Superintendencia y de la Real Hacienda, de los ministros de la Audiencia de Lima- de la que dependía la jurisdicción de Huancavelica- y del Virrey de turno. Estos entramados de poder se ponían en juego en ocasiones decisivas, por ejemplo, cuando se renovaban las concesiones de la Corona para la explotación y el transporte del azogue; o también para evitar controles del Estado ante prácticas ilegales.

La inserción de los Mendiolaza en la élite de Huancavelica respondió a esas características del medio, donde los espacios de negociación por el control de los recursos estaban atravesados por el poder colonial. Las redes sociales de Gaspar Alejo y sus sobrinos- Nicolás y Francisco- se sostenían en particular en sus lazos con funcionarios de la Corona. Desde esa posición participaron éstos en el Gremio de Mineros y llevaron adelante las tareas relativas al Real Trajín de Azogues: concesión Real para realizar el transporte de los quintales de azogue producidos en Huancavelica a las distintas Cajas Reales del Perú, que estaban encargadas de abastecer a los productores de plata.

Un episodio transcurrido durante la Gobernación de Antonio de Ulloa (1758-1764) en Huancavelica, nos revela los alcances del poder de Gaspar Alejo de Mendiolaza en la región, las redes sociales que le permitieron renovar la lucrativa concesión del Real Trajín durante tantos años y los conflictos políticos que lo asediaron. El principal involucrado en este asunto fue Juan de Alasta, sobrino político de Gaspar Alejo de Mendiolaza, originario de Navarra, establecido en Huancavelica desde 1753 y casado con una mujer de la élite local. Nos interesa identificar su figura, ya que formaba parte importante de los negocios de su tío y fue él quien se constituyó como un puente de comunicación con las autoridades locales y virreinales.

Juan de Alasta era uno de los principales productores de mercurio para cuando Antonio de Ulloa asumió la administración de la jurisdicción y llegó a ser Procurador del Gremio de Mineros en esos años. Este minero y su tío Gaspar Alejo de Mendiolaza apoyaron al gobernador en sus intentos de reorganización y normalización tanto de la explotación minera en Huancavelica, como de los mecanismos de supervisión técnica de esta producción. La cercanía de Alasta y Mendiolaza con el Gobernador y Superintendente de Minas les granjearía poderosos enemigos. En el proceso de inspección de la actividad minera, Ulloa descubrió irregularidades que implicaban a funcionarios de menor rango, como el veedor y el sobrestante, en complicidad con particulares proveedores de servicios y materias primas necesarios para la producción del azogue. Este asunto derivó en la cesación de tales funcionarios y en una causa judicial de consecuencias muy complejas: iniciada por el Gobernador contra dichos funcionarios, fue aprovechada por los detractores del sistema de Superintendencia nucleados en torno al Virrey Amat para cuestionar la idoneidad y responsabilidad del mismo Ulloa frente al cargo que ocupaba⁵⁷.

De esta misma índole fue otro importante episodio que involucró directamente a la familia Mendiolaza. Parte del Gremio de Mineros, cercana al Virrey Amat, acusó a Juan de Alasta de haber utilizado fondos pertenecientes a esa institución- por entonces él era su Procurador- para pagar un soborno de alrededor de 300.000 pesos fuertes a Antonio de Ulloa, quien debía entonces abogar ante esferas superiores de gobierno por una reducción del quinto real sobre la extracción del azogue. La acusación era muy delicada puesto que no sólo indicaba una operatoria ilegal entre el Gobernador y el Procurador del Gremio, sino una defraudación contra la Real Hacienda, en tanto dicha tasa fue efectivamente abolida en 1760⁵⁸. Al rehusarse a admitir las acusaciones ni presentar la documentación contable del Gremio de Mineros que tenía a su cuidado, Alasta fue detenido en Lima por orden del Virrey en 1764.

Quien ha reconstruido e interpretado esta historia es Kendall Brown en el artículo que ya hemos citado más arriba. Para el autor, la persecución política que sufre Alasta no sólo es su vinculación con Antonio de Ulloa sino la figura de su tío Gaspar Alejo de Mendiolaza, "uno de los hombres más ricos de Huancavelica" quien era un fuerte opositor a los intereses de Lima en esas minas⁵⁹. Gaspar Alejo y su red de aliados políticos habían sido leales al Gobernador Antonio de Ulloa, con tal grado de compromiso que el mismo Mendiolaza había obrado como apoderado legal del Gobernador ante la Audiencia de Lima, cuando las tensiones con el Gremio de Mineros lo llevaron a dichas instancias judiciales. Brown relata cómo tales desavenencias entre facciones tuvieron su correlato en torno a un espacio de representación simbólica del status de las élites criollas. Se trataba de la llamada Compañía de Voluntarios, un cuerpo de milicias propio de la élite, considerado como la expresión máxima de status de los sectores dominantes de la Villa. Por esos años, Ulloa solicitó la admisión de nuevos integrantes, entre ellos los sobrinos de Mendiolaza, pero el Cuerpo rechazó con vehemencia el pedido, dando lugar a una serie de manifestaciones de resistencia a la autoridad del Gobernador⁶⁰. En adición, tras la destitución de Ulloa y su traslado anticipado a La Habana, Juan de Alasta fue su fiador en el juicio de residencia que había quedado pendiente y debió completar, excepcionalmente, en ausencia del interesado. En estas instancias, el Fiscal de la Audiencia fue Diego Holgado de Guzmán, con quien Gaspar de Mendiolaza tendría, por su parte, un extenso y engorroso pleito por injurias. Alrededor de 1766, año en que debía renovarse el Asiento para el Real Trajín, se inició un conflicto en torno a la licitación que derivó en un largo litigio entre Gaspar Alejo de Mendiolaza y el Fiscal de la Audiencia de Lima, Diego Holgado de Guzmán. En esa ocasión, además de Mendiolaza hubo otro postor, apoyado por Holgado, lo cual llevó al primero a ofrecer 50.000 pesos para mejorar la postura y ganar el remate. Sin embargo, se develó que la postura contraria a Mendiolaza había sido una maniobra falsa, ya que el postor no tenía el capital necesario para la empresa y además tenía causas criminales pendientes en Potosí. Los Oidores dieron mérito a la demanda de Mendiolaza, quien murió en el transcurso del juicio, pero no hicieron lugar al pleito en el juicio de residencia de Holgado⁶¹.

Estos sucesos nos permiten reflexionar sobre la configuración de las redes sociales establecidas por los Mendiolaza en el espacio de Huancavelica. Ellos habían logrado una importante acumulación de riquezas- cuestión en la que no hemos profundizado en este artículo- y habían alcanzado puestos de poder, especialmente durante el gobierno de Ulloa. Sin embargo, no pudieron controlar la corporación del Gremio de Mineros y tampoco lograron tender lazos importantes con las redes de la corte virreinal de Lima. Esto se evidencia en los graves problemas que tuvieron, tanto Alasta como Gaspar Alejo, durante la administración de Amat y Junient, dos hechos que seguramente respondían a la misma lucha faccional. Por esos años, el debilitamiento de los lazos con las redes de poder y el relativo fracaso de una estrategia de vinculación política con las autoridades limeñas fueron marginando el lugar ocupado por los Mendiolaza en el ámbito de los azogueros que, décadas atrás, habían sabido construir⁶². Las muertes sin descendencia de Gaspar Alejo y de sus potenciales sucesores en la región, Nicolás y Francisco, determinaron a la postre la interrupción del vínculo de la familia con el Real Trajín.

Conclusión

Hemos reconstruido las trayectorias de los hermanos Mendiolaza alrededor de los espacios de poder político-administrativo de las ciudades donde residieron y centraron sus intereses económicos más importantes. Dadas las características de las estrategias sociales desplegadas por esta familia y sus redes sociales creamos un contraste entre las situaciones de Córdoba y Huancavelica en el siglo XVIII. Pudimos identificar en este caso concreto, las prácticas de las élites criollas que ya habían sido observadas por otros autores en distintas regiones de la América colonial. Entre los mecanismos más importantes podemos señalar el uso de las tramas de parentesco como vínculos colmados de otros sentidos y a través de los que circulaban intereses que excedían ampliamente los lazos de familia. Al referirnos a las luchas por el acceso a espacios de toma de decisiones, como el Cabildo o la Real Hacienda, una de las formas más habituales que adquirían dichas redes eran las relaciones clientelares. Asimismo, la compra de cargos y oficios era corriente y permitía acceder a recursos fiscales y controlar ámbitos de interés para las propias actividades económicas del postor.

La riqueza de este trabajo reside en su índole comparativa. Debido a que se trata de la misma red familiar y comercial podemos recuperar estrategias sociales diversas, operadas según el contexto regional y las diferentes posibilidades de inserción en espacios de toma de decisión. Al mismo tiempo el estudio ofrece un punto de observación sobre las reformas borbónicas y su implementación en el Virreinato de Perú en dos espacios singulares, claramente disímiles desde el punto de vista de la experiencia colonial. En ambos casos se desprenden dos cuestiones clave. Uno de estos espacios es Córdoba, región periférica como se ha dicho aquí respecto de los centros de poder políticos y económicos del Virreinato, cuyo eje de articulación interregional es la trata de mulas, es decir, un rubro estratégico pero también subsidiario y complementario del motor de la economía de la sociedad colonial. Tanto los hermanos Allende como Mendiolaza y su cuñado Ascasubi eran ricos comerciantes avecindados en la ciudad desde hacía décadas y estaban integrados en la sociedad local mediante sus alianzas con familias tradicionales de Córdoba. Sin embargo, los sucesos de la década de 1760 revelan que no eran aceptados con tanta facilidad entre las figuras más notables, que recibían apodos despreciativos y que aún cuando participaban en el Cabildo, no tenían control de ese espacio. Allí las alianzas y apoyos brindados por los Mendiolaza a un Gobernador como Fernández Campero, dieron unos réditos tales que su trama familiar y comercial supo usufructuar. Por ejemplo, se obtuvo acceso privilegiado a tierras y animales procedentes de las Temporalidades, regidurías de Cabildo y otros beneficios similares. La coyuntura de conflictos generada por un funcionario como Campero, designado con el objetivo claro de imponer la autoridad real y reorganizar el espacio político, abrió un margen de negociación para estos sectores en ascenso, que ellos supieron aprovechar como lo han observado otros autores para las décadas siguientes.

En cuanto a Huancavelica, allí no había como en Córdoba una elite tradicional establecida, pues se trataba de un espacio muy inestable en todo sentido. No obstante, pudimos ver que la opción de Mendiolaza y sus sobrinos fue en la misma dirección que la de sus parientes en el Tucumán, al apoyar al conflictivo Gobernador Antonio de Ulloa, claro representante de los proyectos reformistas metropolitanos, frente a los embates del poderoso Gremio de Mineros y de las redes del virrey Amat que eran los poderes tradicionales en la región. Sin embargo, la estrategia fue menos exitosa que la de sus parientes, pues un conjunto de variables operaron entonces creando condiciones diferentes a las que se vivieron en Córdoba. Mendiolaza y sus sobrinos Juan de Alasta y Nicolás de Mendiolaza ya disponían de una posición privilegiada en la sociedad local a la llegada de Ulloa. Huancavelica, en tanto era un espacio de gran movilidad social que hacía de su elite un entramado inestable, había permitido crecer económicamente a estos comerciantes y les había proporcionado mayor reconocimiento que aquel logrado por sus parientes en Córdoba. Pero además, a diferencia de la trata de mulas, el mercurio de Huancavelica era un estratégico insumo necesario para la minería de la plata en el Perú y ello movilizaba grandes disputas de poder que incluían a sectores de la élite limeña, al Virrey y al poder real. En este plano, la apuesta de los Mendiolaza por apoyar al funcionario reformista fue mayor, puso en juego la fuente principal de riquezas e inserción en la economía regional de toda la trama familiar. En este proceso, los Mendiolaza consiguieron enemistarse con buena parte del Gremio de Mineros e incluso perder la renovación de la concesión del Real Trajín de Azogues que había impulsado la conformación de una notable dinámica mercantil interregional, en el propio seno del entramado de parientes y aliados. En este caso, aún cuando las estrategias fueron posiblemente más sutiles, sus efectos adversos fueron muy dañinos para la propia economía familiar.

Finalmente, señalemos la relevancia de esas décadas previas a 1780, en las que se produjeron complejos y violentos conflictos de poder, y la necesidad de profundizar en el estudio de estas coyunturas que nos permitirán avanzar en el conocimiento de las formas del poder en la sociedad colonial y de los diferentes intentos, aparentemente aquí poco exitosos, de la política borbónica de recuperar posiciones en ese ámbito.

Citas y Notas:

1. Los datos que exponemos aquí figuran principalmente en el testamento de Joseph Joaquín de Mendiolaza, reproducido en el pleito por la sucesión de sus bienes. Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (en adelante AHPC), Escribanía II, Año 1784, Leg. 62, Exp. 5. Otro pleito relacionado con la sucesión de Joseph Joaquín sobre el que se construye este trabajo se halla en el Archivo Histórico Nacional de España (En adelante AHN), Madrid, Consejos, 20331, Exp. 1.

2. Tratamos aspectos estrictamente económicos de la dinámica familiar de los Mendiolaza a lo largo del siglo XVIII en Márquez, María Victoria, "Grupos de mercaderes cordobeses en el espacio peruano. La incidencia de las reformas borbónicas y las sublevaciones indígenas", XXI Jornadas de Historia Económica, Universidad Tres de Febrero, Caseros, 2008. [en línea] http://xxijhe.fahce.unlp.edu.ar/

3. López-Cordón, María Victoria, "Instauración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del sistema ministerial", en Manuscrits, N° 18, Universidad Autónoma de Barcelona, 2000, pp. 93-111.         [ Links ] Andujar Castillo, Francisco, La Corte y los Militares en el siglo XVIII, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, 2001.         [ Links ] Guerrero Elecalde, Rafael, "El "Partido Vizcaíno" y los Representantes del Rey en el Extranjero. Redes de Poder, Clientelismo y Política Exterior Durante el Reinado de Felipe V", en Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2004, pp. 1075-1089 [en línea] www.ehu.es/grupoimizcoz.

4. Bakewell, Peter, "La minería en la Hispanoamérica colonial", en Bethell, Leslie (ed.), Historia de América Latina, Tomo III, Universidad de Cambridge, Editorial Crítica, Barcelona, 1990, pp. 49-91.         [ Links ]

5. Burkholder, Mark, "Burócratas", en Socolow, Susan y Louisa Hoberman (ed.), Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial, Fondo de Cultura Económica, México, 1992 [1986], pp. 105-140.         [ Links ]

6. Brading observa que casi todas las casas mercantiles y empresas mineras mexicanas tenían un pariente regidor. Brading, David, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), Fondo de Cultura Económica, México, 1997 [1971], pp. 424-428.         [ Links ]

7. Desde una mirada general sobre las sociedades hispánicas en el Antiguo Régimen: Imízcoz Beúnza, José María, "Comunidad, red social y elites. Un análisis de la vertebración social en el Antiguo Régimen", en Elites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Media. (Estado de la cuestión y perspectivas), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1996, pp. 13-50.         [ Links ] Para la América colonial estos elementos son presentados en el clásico trabajo en torno a las Audiencias: Burkholder, Mark y D. Chandler, De la impotencia a la autoridad. La Corona española y las Audiencias de América 1687-1808, Fondo de Cultura Económica, México, 1984.         [ Links ] Para clientelismo y uso estratégico de la compra-venta de oficios en el Río de la Plata durante los siglos XVII y XVIII, ver: Moutoukias, Zacarías, "Burocracia, contrabando y autotransformación de las élites: Buenos Aires en el siglo XVII", en Anuario IEHS, Nº 3, Tandil, 1988, pp. 123-159;         [ Links ] Moutoukias, Zacarías, "Familia patriarcal o redes sociales: balance de una imagen de la estratificación social", en Anuario IEHS, Nº 15, Tandil, 2000, pp. 133-151.         [ Links ]

8. Imízcoz Beúnza, José María, 1996, ob.cit., p. 39.

9. Guerra, F. X., "De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía", en Guerra, F. X. y Annick Lempérière (comps.), Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, FCE, México, 1998, p. 115.         [ Links ]

10. Chacón Jiménez, Francisco, "Hacia una nueva definición de la estructura social en la España del Antiguo Régimen a través de la familia y las relaciones de parentesco", en Historia Social, N° 21, Valencia, 1995, pp. 75-104.         [ Links ]

11. Imízcoz Beúnza, José María, 1996, ob.cit., pp. 31-33.

12. Balmori, D., St. Voss y M. Wortman, Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1990 [1984], pp. 9-21.         [ Links ]

13. Imízcoz Beunza, José María, 1996, ob.cit., p. 30.

14. Mata, Sara, "Familias de elite en Salta a fines de la colonia. Negocios y relaciones de poder", en Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, Nº 10, 2001, pp. 139-175.         [ Links ] López, Cristina, "Redes familiares, cambios económicos y permanencias sociales en Tucumán", en Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, Nº 11, 2003, pp. 131-167.         [ Links ] Tarragó, Griselda, "Elite, parentesco y comercio en Santa Fe en el siglo XVIII", en Anuario, Universidad Nacional de Rosario, Nº 16, 1994, pp. 175-187.         [ Links ] Tarragó, Griselda, "Fundar el linaje, asegurar la descendencia, construir la casa. La historia de una familia en Indias: Los Diez de Andino entre Asunción del Paraguay y Santa Fe de la Vera Cruz (1660-1822)", en Imizcoz Beúnza, José María (dir.), Casa, familia y sociedad (País Vasco, España y América, siglos XV-XIX), Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004, pp. 239-270.         [ Links ]

15. Algunas referencias: AHPC, Registro 1, Año 1729, Libro 116, Fs. 106; Año 1734, 19 dic., Fs. s/d. También en AHPC, Fs. 33 r.

16. Referencias a negocios conjuntos en el rubro de mulas entre los hermanos Mendiolaza: AHPC, Registro 1, Año 1744, Libro 127, Fs. 138. En 1745 Francisco de Loza Bravo, importante invernador cordobés, se obligó a llevar hasta Guachipas unas 6.800 de las 8.034 mulas que tenía en su guarda, propiedad de Gaspar Mendiolaza. Por ellas, acordaron un pago de 3 reales por cabeza. AHPC, Registro 1, Año 1745, Libro s/d, Fs. 171; AHPC, Escribanía I, Año 1748 (1745), Leg. 303, Exp. 3.

17. AHN, Consejos, Año 1767, 20331, Exp. 1; AHPC, Escribanía I, Año 1788, Leg. 407, Exp. 4 y 8.

18. Garzón Maceda, Ceferino, Economía del Tucumán. Economía natural y economía monetaria. Siglos XVI-XVII-XVIII, UNC, Córdoba, 1968.         [ Links ] Arcondo, Aníbal, El ocaso de una sociedad estamental, Córdoba entre 1700 y 1760, UNC, Córdoba, 1992 [1968].         [ Links ]

19. Arcondo, Aníbal, 1992, ob.cit., pp., 242-244.

20. Arcondo, Aníbal, 1992, ob.cit., p. 243.

21. Arcondo, Aníbal, 1992, ob.cit., p. 264.

22. Desde 1762 "ante la desaparición de las encomiendas... los indios pasaron a ser tributarios de la Corona, con la obligación de pagar una tasa anual de cinco pesos, que era recaudada en el Cabildo". Punta, Ana Inés, Córdoba borbónica: persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-1800), Universidad Nacional de Córdoba, 1997, p. 150.

23. Este cargo funcionaba como representante del Gobernador en Córdoba y en otras jurisdicciones integradas en la Gobernación del Tucumán. Otro funcionario destacado en Córdoba durante buena parte del siglo XVIII, al parecer articulado a la autoridad del Gobernador del Tucumán pero con jurisdicción principalmente militar, fue el Teniente de Rey. Este cargo fue suprimido definitivamente en 1776 por Real Orden. Punta, Ana Inés, 1997, ob.cit., pp. 236-237. Sobre el Teniente de Rey en Córdoba también ver: Zinny, Antonio, Historia de los Gobernadores de las Provincias Argentinas, Vol I., Editado por La Cultura Argentina, Administración General, Buenos Aires, 1920, p. 202.         [ Links ]

24. Lorandi, Ana María, Poder central, poder local: funcionarios borbónicos en el Tucumán colonial. Un estudio de antropología política, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2008.         [ Links ]

25. Dainotto, Edgardo, Cooptación y formas de control social en Córdoba del Tucumán. Intendencia de Sobremonte, 1783-1797, Trabajo Final de Licenciatura, Universidad Nacional de Córdoba, 2006 (Inédito), p. 18.         [ Links ]

26. Punta, Ana Inés, 1997, ob.cit., pp. 235-245.

27. Dainotto, Edgardo, 2006, ob.cit., p. 27.

28. Dainotto, Edgardo, 2006, ob.cit., p. 51.

29. Marcos Ascasubi adquirió su oficio de Regidor Propietario en 1730, AHPC, Escribanía II, Leg. 18, Año 1730, Exp. 4. Actuó en el Cabildo durante más de veinte años, y bajo ese cargo fue juez mensurador de tierras. Cuando murió en 1755 el Cabildo afirmó que éste había ejercido esa función "desde tiempo inmemorial". Punta, Ana Inés, 1997, ob.cit., p. 241.

30. Punta, Ana Inés, 1997, ob.cit., p. 142.

31. Punta, Ana Inés, 1997, ob.cit., p. 96.

32. Arcondo, Aníbal, 1992, ob.cit., p. 220. Saguier, Eduardo, "Esplendor y derrumbe de una élite contrarrevolucionaria: el clan de los Allende y su ajusticiamiento en Cabeza de Tigre", en Anuario de Estudios Americanos, XVLIII, Sevilla, 1991, pp. 349-389.         [ Links ]

33. Quien ha indagado recientemente en torno a la figura de Fernández Campero y su conflictiva actuación en la Gobernación del Tucumán es Ana María Lorandi. Lorandi, Ana María, "La guerra de las palabras. Córdoba contra el gobernador Fernández Campero", en Cuadernos de Historia, CIFFyH-UNC, N° 7, 2005, pp. 97-128;         [ Links ] Lorandi, A. M., Poder central, poder local. Funcionarios borbónicos en el Tucumán colonial. Un estudio de antropología política, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2008.         [ Links ]

34. Lorandi, Ana María, 2008, ob.cit., pp. 108-109.

35. Lorandi, Ana María, 2008, ob.cit., p. 115.

36. Romero Cabrera, Lilians B., La 'Casa de los Allende' y la clase dirigente (1750-1810), Junta Provincial de Historia, N° 13, Córdoba, 1993.         [ Links ] Lorandi, Ana María y Silvia Smietniansky, "La conspiración del silencio. Etnografía histórica de los Cabildos del Tucumán colonial (1764-1769)", en Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, N° 41, 2004, pp. 65-90.         [ Links ]

37. Colección Documental Monseñor Pablo Cabrera (En adelante CDPC), Nº 3209, Año 1768; Nº 3153, Año 1772; Nº 3154, Año 1773.

38. Lorandi, Ana María, 2008, ob.cit., p. 111.

39. AHPC, Crimen Capital, Año 1764, Leg. 19, Exp. 6. Una de estas causas fue la que enfrentó en 1762 a Santiago de Allende y a su hermano Joseph contra el presbítero José Ignacio Noble Canelas, a quien acusaron por injurias. Lamentablemente de este litigio, sólo se conserva su carátula. AHPC, Escribanía I, Año 1762, Leg. 347, Exp. 9.

41. Lorandi, Ana María, 2008, ob.cit., p. 112.

42. Colindante con la quinta de Felipe de Haedo, próxima a los ejidos. AHPC, Escribanía II, Año 1791, Leg. 76, Exp. 22.

43. CDPC, Doc. Nº 3724.

44. No por casualidad sus fiadores fueron José de Allende y Joseph Joaquín de Mendiolaza. AHPC, Registro 3, Año 1764, Fs. s/d; Crimen Capital, Año 1764, Leg. 19, Exp. 13; Escribanía II, Año 1766, Leg. 34, Exp. 6.

45. El paso de Francisco Josef de Uriarte por la administración colonial se puede consultar en: Luque Colombres, Carlos A., "Abogados de Córdoba del Tucumán", en Cuadernos de Historia V, Instituto de Estudios Americanistas, Universidad Nacional de Córdoba, 1943, pp. 34-35.         [ Links ]

46. AHPC, Escribanía II, Año 1785, Leg. 64, Exp. 10.

47. Los Allende serían muy cuestionados por su participación en la administración y el remate de parte de los bienes que quedaran incautados a la orden ignaciana. Entre otras instancias, una acusación de corrupción recayó en Santiago de Allende quien al parecer obtuvo beneficios exclusivos de su cercanía a Uriarte y al mismo Fernando Fabro. Lorandi, Ana María, 2008, ob.cit., pp. 99, 124.

48. Ana María, 2008, ob.cit., p. 99.

49. Furlani, Alfredo, "Un intento pacificador de los jesuitas en el siglo XVIII", en Jesuitas 400 años en Córdoba, Tomo 4, Junta Provincial de Historia de Córdoba, 2000, pp. 242-244.         [ Links ]

50. Balmori, D., St. Voss y M. Wortman, M., 1990, ob.cit., p. 308.

51. Dainotto, Edgardo, 2006, ob.cit., p. 72.

52. En este artículo hemos dejado fuera todo aquello relativo a los vínculos de los Mendiolaza con las redes del comercio del Alto Perú que dieron fundamento a toda la dinámica económica de la familia.

53. Sintetizamos los aspectos centrales de este contexto en base a un conjunto de trabajos que iremos citando oportunamente.

54. Brading, David, 1997, ob.cit., pp. 351-378.

55. Algunos aspectos de la gestión de Antonio de Ulloa en Huancavelica son tratados por Brown, Kendall W., "The Curious Insanity of Juan de Alasta and Antonio de Ulloa's Governorship of Huancavelica", en Colonial Latin American Review, Vol. 13, N° 2, December 2004, pp. 199-211.         [ Links ]

56. Navarro Abriles, María del Carmen, "La mina de mercurio de Huancavelica (Perú): entre los intentos de reforma de Antonio de Ulloa y el continuismo de Carlos de Beranger (1758-1767)", en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Nº 4,Universidad de Barcelona, 1997.         [ Links ]

57. Archivo General de Indias, Lima 842 a 845, Ulloa, 1763.

58. La mayoría de los autores indican el carácter faccioso del Gremio de Mineros, característica que ya era señalada en un viejo artículo de Palacio Atard, Vicente, "El asiento de la mina de Huancavelica en 1779", en Revista de Indias, Nº 18, Madrid, 1944, pp. 611-630.         [ Links ]

59. Brown, Kendall, 2004, ob.cit., p. 202.

60. Brown, Kendall, 2004, ob.cit., pp. 203-204.

61. AHN, Consejos, Año 1767, 20331, Exp. 1.

62. Por su parte, provisto posiblemente de sus propias relaciones con el poder local, Juan de Alasta continuó hasta 1784 en el negocio del trajín de azogues. Este personaje vivió al menos hasta 1793 y, según Brown, a su muerte era sumamente rico: tenía "minas de plata y molinos, casas, viñedos y suficientes recursos para dejar sumas considerables a una hija, a una capilla en Acoria y a los franciscanos, además de crear un asilo para los ciegos de Huancavelica". Brown, Kendall, 2004, ob.cit., p. 207.