La Tablada Nacional: contextualización histórica y usos del espacio

El origen de La Tablada Nacional se remonta a finales del siglo XIX, en un contexto de fortalecimiento de la oligarquía rural y de la ganadería industrial, donde la recién nacida Asociación Rural ejerció la presión política necesaria para que el Departamento de Montevideo adquiriese el predio en el que se instaló La Tablada. El predio elegido para tal fin se encontraba ubicado al noroeste de la ciudad, delimitado por el arroyo Pantanoso y a unos 8 kilómetros del Cerro de Montevideo, el principal destino del ganado comercializado para la industria salazonera y para el abastecimiento de la ciudad (^{Marín Suárez y Tomasini, 2019}).

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, se construyeron e instalaron las primeras infraestructuras de La Tablada: se levantó el edificio originario, una oficina de Correos y Telégrafos, un restaurante y un hotel y, en 1916, se inauguró la estación de tren de La Tablada, que impuso cambios significativos en el transporte del ganado. A partir de la década del 20, con la consolidación de la industria frigorífica mayormente norteamericana, La Tablada pasó a posicionarse como principal mercado de ganado del país y en 1925 el gobierno departamental realizó la principal reforma del edificio, cuya fisonomía se mantuvo hasta el cierre del CCDyT (^{Marín Suárez y Tomasini, 2019}).

En mapeos colectivos realizados entre vecinos y vecinas de la zona y ex troperos⁷ de La Tablada (^{Marín Suárez et al., 2019}), se identificó que la consolidación de este polo económico fue delineando un tejido socioeconómico que dio lugar al nacimiento de un barrio. La circulación de personas, animales y dinero fue generando alrededor de La Tablada Nacional, y del oficio de la tropería, toda una serie de actividades económicas subsidiarias: expendios, “boliches”, herrerías, marroquinerías, forrajerías, carnicerías, bares, vendedores de panes y maniceros a caballo.

Era lindo. Era más tranquilo. Y todos eran la gente que trabajaba acá. Todos dependían de La Tablada. Porque luego había lo que se llamaba la ronda (Pimienta asiente). Así más o menos a las 5 o 6 de la tarde, nosotros que estábamos ahí en pleno (calle) Niña, veíamos pasar… cuando tú veías que pasaba uno de ponchito azul de abrigo, de lana, y la botita en la mano, porque iban de alpargata, pero con la botita en la mano, ese iba a hacer la ronda. La ronda era pasar la noche.⁸

Violencia clandestina y reconfiguración barrial

El 19 de diciembre de 1974, mediante el decreto 1.031/794, firmado por el gobierno militar, se ordenó el cese del funcionamiento de La Tablada Nacional a partir del 10 de enero de 1975. Esta medida responde al decreto n.° 423/968 que autorizaba a los establecimientos adquirentes de ganado a recibir directamente las reses, sin previo pesaje por La Tablada Nacional. Ya en 1969, el artículo 82 de la Ley 13.737 había establecido que los frigoríficos y las plantas industriales debían equiparse de balanzas industriales para realizar las operaciones de compraventa. Estas medidas se enmarcan dentro del proceso de la aguda liberalización económica que comenzó a consolidarse a partir de 1967 en el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Momento en el cual comienza lo que se ha denominado como “camino democrático de la dictadura” (1967-1973) (^{Rico, 2013} p.198). Es en este contexto en el que debemos situar el proceso de cierre y desmantelamiento de La Tablada Nacional, cuya gestación se explica en paralelo al desarrollo de la centralización de las operaciones de compraventa en los frigoríficos y al control directo de varios de estos establecimientos por parte de algunos oficiales de las Fuerzas Armadas que participaron activamente en la represión desplegada en la red de CCDyT.

En 1975, con el cierre definitivo de La Tablada Nacional y la apertura en el mismo predio de un lavadero de camiones para absorber parte de los troperos desocupados, los militares se apoderan del edificio, so pretexto de alojar allí un taller mecánico de camiones militares (^{Marín Suárez y Tomasini, 2019}). Aquel rincón rural al noroeste de la ciudad había mutado por completo. El fin de la actividad ganadera se había llevado consigo todas las otras actividades subsidiarias que nacieron con ella, principalmente la de la tropería. Las vacas, las rondas y las tropillas dieron paso a los camiones militares y soldados de uniforme que paseaban por los agónicos “boliches” y almacenes que se mantenían en el barrio (^{Garcia Correa et al., 2021}; Marín Suárez et al., 2020).

Algunos autores (^{Rico, 2013}; Yaffé, 2012) señalan que en el período 1975 - 1979 la represión alcanzó sus mayores niveles de intensidad, crudeza y sofisticación, consolidándose una etapa de “abierto terrorismo de Estado”. El modelo represivo aplicado en este momento, se caracterizó por la equiparación de las tecnologías represivas con los distintos países que conformaron el Plan Cóndor y, sobre todo, por la centralidad que comenzaron a tener los CCDyT en el sistema represivo. En este sentido, se habla de una “fase concentracionaria clandestina” que va desde 1975 a 1983 (^{López Mazz, 2006}; ^{Marín Suárez et al., 2020}), cuya coordinación y mando estaba a cargo del OCOA. En 1977 este organismo se asentó definitivamente en la antigua Tablada Nacional, donde puso en funcionamiento su base de operaciones y el principal CCDyT que tuvo a su cargo: la “Base Roberto”. Este recinto de tortura se mantuvo operativo por lo menos 7 años, se calcula que unas 400 personas fueron secuestradas y 13⁹ de las personas que aún se encuentran desaparecidas fueron vistas por última vez en este lugar.

Como se señala en el análisis multiescalar sobre este CCDyT (^{Marín Suárez et al., 2020}) el edificio de La Tablada Nacional proporcionaba excelentes condiciones espaciales para el operar clandestino de OCOA: se encontraba situado en medio de un predio de 64 hectáreas, estrechamente vinculado a importantes vías de comunicación de la ciudad, y se trataba de un edificio civil, en el que la presencia militar había sido normalizada desde 1976 y asociada al funcionamiento del taller mecánico de camiones militares. Sin embargo, La Tablada, a partir de 1977, se había constituido como un auténtico “espacio de excepción” (^{Agamben, 1998}). A pesar de la profilaxis que otorgaba el edificio, este no era un espacio extraterritorial, sino un espacio colocado fuera del ordenamiento jurídico normal inserto en la trama cotidiana de aquel barrio que se reconfiguraba al ritmo de la crisis económica que vivía el país, de las secuelas del cierre de la principal actividad económica que le dio origen y de la instalación del CCDyT. El uso concentracionario del lugar trazó un nuevo mapa en el que el espacio vivido y producido como una unidad a través de los flujos de personas, bienes y animales, comenzó a fragmentarse y se produjo una zona de frontera delineada por las prácticas de la violencia clandestina. Mientras que el edificio comenzó a ser el lugar temido, el área restringida y militarizada por donde no se debía transitar, ya sea por prohibición o por miedo, sus contornos se transformaron en un “espacio vacío” (^{Oslender, 2006}). Esta reconfiguración espacial dio origen a la frontera entre el adentro y el afuera del edificio, que más tarde terminó por consolidarse y legalizarse con las vallas perimetrales del sistema penitenciario tras la dictadura.

Democracia, cárceles y memorias

A finales de 1984, aún con los penales acogiendo presos y presas políticas, Uruguay volvía a tener elecciones generales que marcaban el regreso a la vida democrática. Al cabo de unos meses, los militares realizaron un traspaso administrativo del predio y el edificio al Ministerio del Interior. En 1986, en el marco del decreto N° 293/986¹⁰ La Tablada Nacional volvió a ser catalogada como MHN. Dicha recatalogación no resultó un obstáculo, ni una contradicción, para que se ejecutasen las refacciones necesarias para la instalación del Centro de Educación Juvenil La Tablada, dependiente del Instituto Nacional del Menor (INAME). La inauguración de este centro, se enmarca en un proceso reformista de las condiciones de reclusión de adolescentes, sobre finales de los ochenta en Uruguay que prometía garantizar la más absoluta seguridad y la atención personalizada por parte de educadores especializados. Las sucesivas fugas y motines que los menores organizaron en respuesta a las múltiples formas de violencia recibida, desnudaron estas promesas, y en el año 2000 la cárcel cerró sus puertas, bajo el pretexto de que La Tablada no ofrecía la seguridad que se pretendía (^{Marín Suárez y Tomasini, 2019}).

Al cabo de dos años, se realizaron nuevas reformas para dar inicio a otra fase represiva: el Establecimiento de Reclusión La Tablada. Luego de su cierre (2012), en el marco de las excavaciones arqueológicas realizadas por el equipo de Antropología Forense (GIAF) en los años 2014 y 2015, se revelaron las pésimas condiciones infraestructurales de las celdas, que corroboraban las denuncias e informes sobre las condiciones de sanidad y las carencias alimenticias que sufrían los presos (^{Marín Suárez, 2017}). En los casi 25 años de funcionamiento carcelario, las obras ejecutadas transformaron y agudizaron su apariencia penitenciaria; los vallados perimetrales del edificio y la construcción de una estructura para la guardia policial fueron consolidando el imaginario de “la cárcel de La Tablada”, en el que las diferencias entre las sucesivas etapas represivas y concentracionaria quedaron diluidas.

Luego de más de dos décadas de funcionamiento penitenciario en este monumento histórico, en 2015, se creó mediante la Ley 19.367 el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Una vez más La Tablada albergaba las promesas de las reformas en las condiciones de reclusión de los menores. Así, el predio y el edificio fueron cedidos a INISA, con el objetivo de abrir un centro de privación de libertad. Una tercera valla perimetral dibujó el perímetro del edificio y se construyeron nuevos muros para multiplicar las celdas existentes. Se levantaron los pisos originales, y se edificaron nuevos entrepisos, dejando cada vez menos huellas materiales de las consecutivas violencias allí ocurridas. En paralelo al inicio de las obras, la Red Pro Sitios venía trabajando en la redacción de la ley de sitios de memoria. En este proceso tuvo origen y gran protagonismo, la comisión de memoria por La Tablada (COMETA), integrada por personas que habían sido secuestradas en la “Base Roberto”, familiares de detenidos-desaparecidos y “activistas de la memoria” (sensu^{Guglielmucci, 2013}).

Es este nuevo escenario de lucha por la recuperación de los espacios represivos de la dictadura, la instalación de la cárcel para menores en un edificio que ya había sido señalizado como CCDyT, y al que estaban asociadas varias causas de tortura y desaparición, comenzó a ser vista como una contradicción democrática inaceptable. Fue entonces por la vía de la Justicia donde los integrantes de COMETA, en diálogo con el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el INDDHH e integrantes del equipo interdisciplinario, lograron encauzar este reclamo. En el mes de octubre de 2017, la Justicia dictaminó la cautela y la “orden de no innovar” sobre el predio y el edificio de La Tablada Nacional. Este recurso jurídico fue solicitado en el marco de la causa de desaparición de un militante comunista que fue visto por última vez en la Base Roberto. A la luz de los años, podemos decir que, al impedir la continuidad de las obras y quitar a La Tablada de la órbita de interés y funcionalidad del Estado, este dictamen habilitó su posterior recuperación, una vez declarada como Sitio de Memoria en abril de 2019 (García et al., 2021). A través de la plantación de árboles y de la colocación de carteles nomencladores con la leyenda “Área cautelada por resolución judicial. Decreto 427/2017”, la cautela judicial quedó inscrita en el espacio de La Tablada Nacional, constituyendo una de las primeras marcaciones sobre el lugar (^{Marín Suárez, et al., 2019}; ^{García Correa et al., 2021}).

Fuente: Archivo fotográfico Grupo Interdisciplinario en Materialidad y Memoria.

Figura 2 Jineteada organizada por la Asociación Tradicionalista Troperos de La Tablada en diciembre de 2021, realizada en el Ruedo de La Tablada. En primer plano podemos ver a los asistentes que observan las destrezas de los jinetes, y al fondo las traseras del antiguo edificio principal sede del CCDyT 

La participación de colectivos vecinales comenzó a ser cada vez más protagónica en los procesos y movimientos que dieron lugar a la recuperación del Sitio. Los proyectos de extensión universitaria desarrollados en torno a La Tablada Nacional colaboraron en la construcción de estos lazos, a través de jornadas de colectivización de las distintas memorias, mapeos colectivos orientados a la proyección del sitio, talleres de memoria con los diferentes grupos y el fortalecimiento de los espacios de reunión (^{Marín Suárez et al., 2022}; ^{Marín Suárez et al., 2019}; ^{García Correa et al., 2021}). Los actores vecinales más activos en este proceso, a través de su participación y colaboración en los homenajes y actos recordatorios, el facilitamiento de los vínculos con otros grupos de vecinos y mediante el ofrecimiento de mano de obra para acciones de marcación como el área cautelada o el memorial, fueron “los troperos”. La Asociación Tradicionalista de Troperos de La Tablada, sin embargo, representa lo que Valeria ^{Garbero (2020}) denomina “memoria larga”, que emerge sobre los procesos de conformación de los barrios, evoca relaciones sociales más estrechas y colaborativas entre vecinos, posibilidades laborales más amplias y el apego a valores tradicionales. Este tipo de memorias coincide con los años de niñez y juventud y articula sentidos nostálgicos, algo idealizados, investidos de una carga emocional muy importante (^{Garbero, 2020}). Los relatos de La Tablada como el “lugar más campero del Uruguay”, como ese rincón gaucho que resiste los avatares del crecimiento urbano y la marginalidad, estructuran la memoria de este grupo, que ha encontrado en la figura y la cultura del caballo el vehículo de su identidad.

Poco después de que colaborasen en la marcación del área cautelada, y tras un reclamo de largo aliento que este colectivo tenía sobre el predio, solicitaron al grupo de sobrevivientes y familiares reapropiarse del área ubicada en las traseras del edificio principal, donde antiguamente estaban situados los baños de ganado, para refuncionalizarla como un Ruedo de jineteadas y fiestas criollas. El Ruedo fue la primera recuperación que se hizo del predio por parte de la asociación tradicionalista de Troperos. En febrero de 2020 este colectivo decidió dejar de formar parte de la Comisión de Sitio, al no poder solventar las agudas diferencias que mantenían con buena parte de los integrantes de familiares y sobrevivientes.

Los barrios de La Tablada

Como se mencionó más arriba, el principal oficio vinculado a La Tablada, y el más perjudicado con las transformaciones introducidas en el movimiento de ganado, fue la tropería. Gran parte de estos trabajadores procedía del interior del país y muchos de ellos comenzaron a instalarse en los alrededores de La Tablada. El mundo-vida (^{Seamon, 1979}) alrededor de La Tablada Nacional estaba estructurado en torno a la centralidad económica, social y territorial que suponía este enclave, la vida social era espacializada entre las estructuras ganaderas, los comercios, el tránsito de animales, las rondas, las payadas y los caballos. En otros casos, incluso trabajadores rurales que se habían visto desplazados hacia la ciudad encontraron en La Tablada y sus alrededores un paisaje familiar, similar a aquel del cual se habían visto desplazados: “Vine de Flores en el 45, trabajé un poco en el centro en alguna cosa. Y después ya me quise ir para afuera, y me arrimé a una cabaña de troperos que había acá cerca. Y de acá ya sentí el olor a las vacas y me vine (risas)”¹¹. A comienzos de la década del 70 en aquel “espacio vacío” producido por el cierre del mercado, fueron llegando unas pocas familias que comenzaron a construir sus viviendas dentro del predio, en los terrenos más próximos a la ribera del Arroyo Pantanoso. Estos primeros pobladores dieron origen al barrio Rincón de La Tablada, que de forma sostenida ha crecido hasta el presente. Hasta la década de los 90, eran muy pocas las familias que habitaban el barrio. Sobre finales de los noventa y los primeros años de la década del 2000, coincidentemente con una de las mayores crisis socioeconómicas que atravesó Uruguay, la cantidad de viviendas creció exponencialmente, extendiéndose hasta las abandonadas estructuras del lavadero de camiones y de la antigua vía férrea. Construido a la sombra de los pasajes administrativos que se hicieron del predio entre diferentes ministerios, este barrio asentado sobre terrenos “no regularizados” porta en su historia varios intentos de desalojo, tanto en dictadura como en democracia. Manuela, una de las primeras habitantes, narra el primer intento de desalojo por parte de los militares, durante el periodo de funcionamiento del CCDyT: “Nos dijeron que venían con una maquinaria y nos tiraban todo abajo.”

La lucha por la defensa y la mejora de las viviendas, así como de las condiciones de habitabilidad y la regularización de las tierras se ha convertido en un eje transversal de la memoria e identidad del barrio (^{García Correa et al., 2021}). Las formas más espontáneas de organización de los primeros habitantes del barrio fueron dando lugar a otras, que comenzaron a ensayar las nuevas generaciones, quienes han pasado la totalidad de su vida en este barrio y sus familias se conocen desde hace más de tres décadas. Hace aproximadamente seis años un grupo de vecinos y vecinas comenzaron a juntarse para conformar lo que luego sería la comisión de fomento La Piedrita, cuya sede fue construida a través de la organización Un techo para mi país en el año 2018. Esta organización construyó otras casas en la zona, pero existieron marcadas diferencias con los miembros de La Piedrita sobre las formas de trabajo en el barrio que condujeron a la disolución del vínculo. Sin embargo, encontraron en sindicatos y organizaciones sociales, principalmente las brigadas de construcción solidaria del sindicato de la construcción (SUNCA), formas de apoyo y trabajo en sintonía con las suyas.

Tanto los primeros habitantes como las generaciones subsiguientes, manifiestan una similar preocupación por “la falta de participación”. “Somos siempre los mismos”. En las diferentes conversaciones y entrevistas, miembros de La Piedrita, hacen especial hincapié en la falta de compromiso y participación de los vecinos. Muchas veces las razones que exponen son la falta de interés o de conciencia sobre el trabajo en equipo, el egoísmo o una actitud pasiva frente a los reclamos colectivos. En los últimos años han recibido reiterados robos y destrucciones de su sede, hasta quedar solo algunas de sus paredes exteriores. El cansancio y la angustia provocada por esta situación los ha conducido a abandonar muchas de las actividades que allí emprendían, y concentrar sus energías en negociaciones con la Intendencia de Montevideo para la entrega de materiales destinados a la reconstrucción de la sede.

Algunos de los miembros de La Piedrita, como por ejemplo uno de sus referentes más jóvenes y nieto de uno de los primeros habitantes del barrio, se incorporaron desde los comienzos al proceso de recuperación del Sitio de Memoria. Su participación aparece como una posibilidad para la construcción de un espacio orientado a mejorar la calidad de vida del barrio, y forma parte del entramado de redes sociales y políticas que este grupo ha desplegado en su accionar político y comunitario. Asimismo, siempre se han presentado como habitantes legítimos de un territorio no regularizado, enfatizando la memoria barrial y la defensa de sus viviendas, como fundamento de su identidad.

A diferencia del Rincón, el asentamiento La Vía no tiene una historia de tan larga data. En el marco del trabajo de campo a través de entrevistas, recorridas, charlas informales y análisis de fotografías aéreas, hemos podido identificar que este conjunto habitacional ha comenzado a crecer en 2018, pero entre 2019 y 2021 se registró la mayor expansión. Los relatos sobre el origen del barrio no están vinculados al mercado de ganado ni al lavadero de camiones. La llegada de los nuevos habitantes aparece más bien vinculada al despojo, a la huida y a la necesidad. Según hemos podido constatar durante el trabajo de campo, la ocupación de tierras en la zona de La Vía se hace mediante el pago de dinero o a cambio de bienes, como autos o motos, que se pagan a un puñado de familias que son quienes habilitan y controlan los loteos y construcciones. En una entrevista realizada¹² a una vecina de La Vía que vive allí desde el año 2018, nos decía:

(…) era bien poquita la gente que estaba, pero después se empezó a poblar, a poblar, a poblar, y quedó estas condiciones sí. (…). Y después de eso, que te marcan un pedacito de terreno si lo ven libre, ha pasado con montón de gente allá adelante, y se lo venden.”

“Pero así, para meterte si vos venias, si tuvieses un pedazo de terreno porque no tenías y precisabas ponerte a hacer un enrejado, no te dejaban. (…)

A pesar de los escasos metros que dividen el Rincón y La Vía, se delineó una frontera espacial entre ambos barrios, a tal punto que los movimientos cotidianos de sus habitantes se han visto modificados. Algunas personas que viven en el Rincón dejaron de transitar por la zona de la vía y viceversa, incluso quienes viven en La Vía no hacen uso de la única plaza pública ubicada en la calle principal del Rincón de La Tablada. En esta misma entrevista, nuestra interlocutora analizaba el relacionamiento entre los habitantes de ambos barrios:

Es un barrio solo, pero… La Piedrita dicen que allá es una cosa y acá es otra, lo dividieron en dos al barrio porque los de acá no quieren a la gente allá, y los de allá no quieren a la gente de acá. No me preguntes por qué… porque allá hay casas de material, todas son de material, de La Piedrita para allá, son todas de material ¿viste? Hay muy poquititas de “bajos recursos” vamos a decir. Pero no se llevan, no me preguntes por qué, pero no se llevan.

Resulta interesante cómo la entrevistada, al concluir que existe una profunda división de lo que es un sólo barrio, se posiciona casi como analista externa de esa fragmentación, confesando desconocer la razón de dicha separación y señalando la diferencia material que existe entre el Rincón y La Vía: los materiales con los que son construidos las casas y el nivel adquisitivo de los habitantes. Asimismo, un antiguo vecino del Rincón, en una recorrida que realizamos en mayo de 2020, señaló en varias oportunidades las diferencias entre “el barrio” y “la vía” se explicaban, según él, por el tiempo diferencial que llevan asentados allí, así como por la informalidad y precarización de sus trayectorias laborales. De este modo, La Vía es representada como “el asentamiento”, al cual han llegado en los últimos años familias que fueron “corridas” de “otros barrios”, y como un asentamiento desprovisto de arraigo territorial y afectivo con el lugar. Sus habitantes al ser de “otros barrios” traen consigo otros códigos y otras historias. Estos “rumores” sobre los orígenes de los nuevos vecinos operan como estructuradores de historias y discursos que terminan situándolos como outsiders (^{Elias y Scotson, 2016}). La afluencia de nuevos habitantes supone una amenaza a los valores y a la identidad del barrio, sobre la base de su tiempo diferencial de residencia en el lugar (^{Elias y Scotson, 2016}).

Ningún Sitio de Memoria es una isla. La Tablada Nacional en la configuración de la ciudad

Existe un acuerdo acerca de que los sitios de memoria no pueden ser entendidos exclusivamente como objetos conmemorativos, sino como espacios territoriales que deben integrarse en los tejidos donde están insertos (^{Pulgar, 2010}). En tanto espacios públicos, resignifican los lugares en pos de la nueva diferenciación territorial que le imprime una nueva carga simbólica, lo cual nos permite pensar la participación política de los vecinos, y el impacto de las políticas de memoria en la vida cotidiana de los habitantes de los alrededores de los sitios de memoria (Fabri, 2018). Como sostienen ^{Montañez y Delgado (1998}), el territorio se construye a partir de la actividad espacial de agentes que operan en diversas escalas. La “actividad espacial” (Massey, 1995, como se citó en ^{Montañez y Delgado, 1998}) hace referencia a la red espacial de relaciones y actividades, así como a conexiones espaciales y de localizaciones con las que opera un agente determinado: un individuo, una organización o grupo de poder, o una empresa multinacional. La capacidad y el alcance de la actividad espacial de los agentes es desigual y convergente en cada lugar, por lo tanto, la apropiación del territorio y la territorialidad producen una geografía del poder caracterizada por la desigualdad, la tensión y el conflicto. En este sentido, entendemos necesario ampliar la escala del análisis, para considerar los sitios de memoria no solamente insertos en la trama urbana, sino como territorios construidos por una multiplicidad de agentes, incluso aquellos que no están directamente vinculados a los procesos de recuperación, pero sí lo están a través de sus decisiones y prácticas políticas y territoriales. El ejercicio de análisis de los sitios de memoria como territorios insertos en ciudades, cuyos planificadores diseñan planes y proyecciones sobre esos territorios, nos invita a preguntarnos por las maneras en dialogan las políticas públicas de memoria con las proyecciones de ciudad.

Las 64 hectáreas que constituyen el Sitio de Memoria se inscriben como agente territorial esencial y suelo potencialmente transformable hacia un doble objetivo por el que queda categorizado como “Protección ambiental principalmente en áreas de uso industrial”. En los distintos marcos de planificación urbana presentes desde el Plan Montevideo (1998) y otros planes especiales vinculados a esa zona de la ciudad, como los desarrollados para el Plan Pantanoso (2007), el plan maestro de la Unidad Agrícola de Montevideo (UAM) (2015) y el proyecto ROU-UPM¹³(2017), el conjunto en su carácter como zona de transición de suelo rural a urbano se proyecta sirviente de las categorías no habitacionales. Desde un abordaje de la recuperación ambiental el primero y del cordón industrial metropolitano los otros dos, estos planes proponen la ejecución de nuevas vías de acceso para tránsito pesado que atravesarían el predio de la Tablada en su tercio inferior, modificando por completo su rol metropolitano como lugar de paso y servicio. Concretamente, las proyecciones urbanas planteadas en el Plan Pantanoso prevén, para el tramo que ocupa el predio del Sitio de Memoria La Tablada (APT 31), no sólo el atravesamiento de una vía de tránsito pesado por medio de las estructuras ganaderas, sino más preocupante aún, el desalojo de las viviendas agrupadas en los barrios Rincón de La Tablada y La Vía.

Como señalan ^{Yanes, de Austria y Marín (2021}), estas operaciones deslegitiman materialmente la ubicación de ambos barrios y de las estructuras patrimoniales ganaderas, a la vez que rompen con el marco de protección social y paisajística que promueven la declaratoria del MHN como la de Sitio de Memoria, desarticulando su unidad territorial y paisajística. Si bien, el Plan Pantanoso reconoce el “valor patrimonial de La Tablada como Sitio de la Memoria”, solo se contempla el edificio principal, y lo aísla del resto del predio.

Los planificadores urbanos, siempre han estado dominados por el primario elemento de trabajo que es la mesa de dibujo. Al tomar decisiones acerca de una parcela concreta de terreno sobre un mapa de planificación lo hacen acorde a su propia evaluación intuitiva del dibujo de la forma espacial y bajo sus elementales nociones de los factores sociales y económicos, o directamente bajo presiones políticas. De manera que, la extremadamente compleja organización social que se encuentra debajo de esa leyenda de colores de usos y derechos asociados, queda sin vislumbrarse (^{Harvey, 1973}). En este caso, los planificadores del Plan Pantanoso reconocen las figuras de MHN y la de Sitio de Memoria Histórica, que es la que aquí nos interesa subrayar: “se considera fundamental articular la instalación y desarrollo de un sitio de memoria en la Tablada, con el proceso de transformación profunda del territorio propuesto en el plan, y con la vocación del entorno, definido como Suelo no Habitacional previsto para usos industriales y logísticos”¹⁴. Sin embargo, como podemos observar, las proyecciones trazadas sobre la zona de La Tablada y su transformación en suelo no habitacional, nos habla del reconocimiento de un sitio de memoria cerrado hacia dentro del muro del edificio y orientado a la conmemoración y a la transmisión de un sentido de memoria.

A pesar de que la ley de sitios, en su artículo 19, establece que estos espacios serán objeto de protección especial frente a intervenciones del Estado o particulares, esta normativa no impide que el desarrollo siga trazando los futuros de la ciudad. Hemos podido observar que en La Tablada convergen “actividades espaciales” desiguales, que proponen y producen futuros distantes para sus habitantes. Como señalan Colombo y Salamanca (2018), en los procesos de diseño y construcción de espacios de vida a veces se piensa en aquellos que lo habitarán y otras en aquellos que serán excluidos ¿Será la categoría de Sitio de Memoria una plataforma sobre la cual producir una alternativa que subvierta los destinos propuestos por los planificadores de ciudad? ¿Será posible construir una memoria lo suficientemente abierta como para integrar otros sentidos de la violencia, del pasado y del presente, capaz de generar una alternativa a la idea de sitio de memoria como espacios anclados en un pasado determinado?

Territorios múltiples

Las formas en que los sujetos recuerdan y disputan los significados sobre lo que sucedió, los efectos que emanan de las materialidades, así como las prácticas y usos de los espacios luego de la violencia, también son parte de los paisajes mutados. En este sentido, entendemos necesario analizar las reconfiguraciones espaciales introducidas, así como las proyectadas, en La Tablada integrando no sólo los eventos reconocidos legal y socialmente como violentos, sino también las formas en que esos espacios se habitan y se evocan, así como la capacidad de los sujetos para imaginar acciones posibles en el espacio. La historia del La Tablada no se agota en el periodo del terrorismo de Estado y la violencia política, sino que contiene y se superponen varias capas históricas, múltiples formas de violencias, diversos tipos de memorias y formas de recordar, así como una pluralidad de agentes que habitan, transitan e imaginan el espacio. “Siempre hay cabos sin atar en el espacio, cabos que le proporcionan su apertura hacia el futuro y dotan a la dimensión espacial de la cualidad de permitirnos pensar y orientarnos, tomar posiciones en esa apertura” (Massey, 2013 p.11). En esta línea, y retomando los aportes de ^{Haesbaert (2011}, 2012) podemos pensar el caso de La Tablada Nacional desde la noción de “multiterritorialidad”, para indicar la superposición, la imbricación y la convivencia conjunta de territorios. Al mirar el territorio desde este enfoque, nos es posible resaltar los aspectos temporales, dinámicos y en red del territorio, abordándolos desde la multiescalaridad y la multidimensionalidad de los procesos de territorialización y desterritorialización implicados en la actualidad del sitio de memoria. Por ello entendemos que la figura de Sitio de Memoria y su materialización a través de la Comisión de Sitio, como órgano de gobierno y gestión de la totalidad del predio y el edificio, produce nuevos efectos y procesos sobre la multiplicidad de territorios coexistentes. Los procesos que dieron lugar tanto a la declaración de Sitio como a la cautela judicial se produjeron “desde afuera” de la cotidianidad de estos territorios. Como ya hemos señalado en otro trabajo (^{García et al., 2021}) el proyecto de sitio de memoria introdujo un quiebre, a la vez que una posibilidad, en la historia del lugar. Lo cual hace pensar que el nuevo hito espacial que abrió la declaración del sitio, en estrecha vinculación con la cautela judicial, aterriza sobre este tejido múltiple y complejo de territorios condicionando las relaciones socioespaciales, por lo que necesariamente requiere anudarse.

La memoria en torno el pasado reciente y al terrorismo de Estado, la preeminencia de las “víctimas directas” en la estructuración de las mismas y los imperativos del recuerdo han caracterizado a los procesos de memorialización, y constituyen el soporte discursivo y político de la figura del Sitio de Memoria. ¿Cuánto hay de las geografías de la desigualdad y la injusticia espacial que caracteriza a este espacio de vida, en las narrativas producidas y circuladas en el paradigma de la memoria, la verdad y la justicia? La multiplicidad del espacio nos obliga a reconocer la posibilidad de un futuro abierto y distintas formas de evolución posibles, y justamente la esencia de la democracia consiste en la posibilidad de alternativas y de contestación política. Sin multiplicidad no hay espacio y tampoco hay democracia (^{Massey, 2012}).

Proteger, impugnar, construir: La cautela judicial como una figura plástica y política

A través de la descripción y el análisis de algunas situaciones etnográficas intentaré graficar las maneras en que la cautela judicial y la orden de no innovar es representada y modelada por los diferentes actores, así como los modos en que se manifiesta su carácter impugnatorio y los efectos que esta figura emana en la producción del espacio y en la construcción del sitio de memoria.

l analizar la solicitud de la cautela nos encontramos con un primer argumento, que no es otro que la potencial destrucción de las pruebas materiales de los crímenes allí cometidos que la modificación del lugar podría ocasionar. Por lo cual se solicitó que la prohibición de innovar se extendiera hasta tanto finalice la investigación en curso. Asimismo, se enfatizó la importancia de preservar estos lugares como “imperativo de cumplimiento de los estándares internacionalmente aceptados en relación a estos sitios para mantener la memoria de las conductas cometidas por un estado terrorista cumpliendo así con garantizar la no repetición de tales violaciones”¹⁵. Además de resaltar la importancia de mantener este lugar como prueba judicial y testimonial, la solicitud hace hincapié en que esas modificaciones intervendrían en lo que constituirá a futuro un sitio de memoria.

Cabe señalar al menos dos aspectos que surgen del análisis de estos argumentos jurídicos. En primer lugar que tanto el edificio como el predio, desde el cese del funcionamiento del CCDyT, habían sido modificados en forma considerable, durante las obras ejecutadas por INISA como en los periodos carcelarios. Incluso, la contradicción y el repudio que generó la construcción de una cárcel de menores en donde había funcionado un CCDyT no lo habían generado las previas etapas de encierro. En cuanto al predio, sabemos que desde el cierre del mercado el “afuera” del edificio se había convertido en tierras sin dueño para ser habitadas. En segundo lugar, cabe destacar que, en 2017, la ley de sitios aún no había sido sancionada y se encontraba en pleno proceso de redacción y de lobby político para lograr alcanzarla. La discusión por la recuperación de los espacios represivos de la dictadura había logrado cuajar, no tanto en la agenda pública, pero sí en la agenda política de los grupos que llevarían adelante las demandas: organismos de derechos humanos, grupos y activistas de la memoria, investigadores, el Museo de la Memoria y la INDDHH. Y estos grupos supieron hacerlo agenda de algunos parlamentarios que se comprometieron con esta causa, de modo que la solicitud aparece como una estrategia posible para que el Estado desestime la continuidad con las obras.

Fuente: Archivo fotográfico Grupo Interdisciplinario en Materialidad y Memoria

Figura 3 Jornada de colocación de carteles sobre el tercer vallado perimetral del edificio con el texto “Área cautelada por la justicia. Decreto 427/217”. Año 2020 

Lo que nos interesa señalar es el contexto sociopolítico en el que se sitúa la solicitud de esta medida, así como las maneras en que los actores la moldean y hacen de ella una figura plástica y sumamente política, en la medida que mediatiza las relaciones entre los diferentes actores, y produce prácticas de territorialización. A partir de ahora vamos a referirnos a la cautela judicial y a la orden de no innovar como “la cautela” para problematizarla como una categoría nativa, situarla en la trama de relaciones sociales, políticas y territoriales e inscribirla en sus contextos de uso. Como pudimos ver, la cautela tiene una primera función de protección de la materialidad y de garantía de la memoria, a la vez que logró detener la construcción de la cárcel de menores en un futuro sitio de memoria, por la presunción de que haya sido utilizado como lugar de ocultamiento de cuerpos. De manera que, además de proteger, la cautela impugna, rebate, refuta, ataca un proyecto carcelario. A lo largo del trabajo de campo he podido identificar que además de la función originaria de impugnación/protección, la cautela es utilizada por los diferentes actores como mediadora de las tensiones existentes entre ellos, en relación a la multiplicidad de proyecciones sobre el sitio. Como estrategia política, fue desplegada por el colectivo de sobrevivientes y familiares, constituyéndose como los representantes legítimos de esta figura. Además, al tener una función de protección del suelo en que podrían estar enterrados “los compañeros”, se convirtieron en los guardianes de esa figura. En este sentido, la cautela porta un valor afectivo que muchas veces se activa frente a aquellos usos (o posibles usos) que puedan llegar a afectar la tierra cautelada. Así, es interpretada y leída por los diferentes grupos y actores (incluso por los agentes institucionales y gubernamentales) a partir de los sentidos, las representaciones, los intereses y los afectos sobre el espacio que hoy constituye el Sitio de Memoria La Tablada.

Pero si tomamos en cuenta la multiplicidad de territorios que constituyen el predio de La Tablada, resulta evidente que no todos los actores que habitan, producen e imaginan este espacio se encuentran en las mismas condiciones materiales, simbólicas y políticas para hacer uso de la funcionalidad de la cautela y de establecer los límites de su plasticidad. Para graficar las maneras en que la cautela es modelada y representada, las manifestaciones de su carácter impugnatorio y los efectos que emana en la producción del espacio, describiré tres situaciones etnográficas, relevadas en el campo, y algunos fragmentos de entrevistas en los que las personas reflexionan acerca de ellas.

Situación A: El CAIF

A finales del 2019, desde el equipo de extensión universitaria realizamos una jornada orientada al mapeo de los proyectos a futuro que cada colectivo imaginaba sobre el sitio. Los colectivos se agruparon en mesas: una compuesta por las asociaciones vinculadas “al barrio”, principalmente al Rincón de La Tablada; otra en la que estaba la Asociación Tradicionalista Troperos de La Tablada; una tercera mesa conformada por los representantes de la Obra Social Salesiana y otra mesa reunía a sobrevivientes y familiares. En esas primeras proyecciones, los representantes salesianos dejaron en claro que su proyecto en el sitio de memoria era la apertura de un Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF)¹⁶, esta demanda era compartida con el resto de colectivos vecinales. Según los relatos de los miembros de la institución, y de vecinos y vecinas, algunos de los principales factores que originan esta demanda de largo aliento son: el aumento sostenido de la población local y la situación de vulnerabilidad socio económica y sanitaria en la que viven (principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes); la gran cantidad de casos de abuso sexual a menores, identificados por los trabajadores del centro salesiano; las escasas propuesta socioeducativas para las infancias y las adolescencias.

En febrero de 2020, el edificio fue entregado a la Comisión de Sitio, y aquello que se esbozaba como un imaginario a futuro comenzó a dibujarse como una realidad, al menos en las discusiones que se daban en el seno de la Comisión. Con la obtención de las llaves del edificio, se concretaba la recuperación y había que echar a andar las negociaciones y activar los “contactos” que cada colectivo, a través de sus redes sociales y políticas, podía desplegar. Había que comenzar a “tocar puertas”.

En la primera reunión de esta nueva etapa, en la sede de la INDDHH y con la mediación de su directora, y a la que asistieron representantes de los diferentes colectivos, una de las sobrevivientes del CCDyT enfatizó que la construcción del CAIF en el Sitio de Memoria no sería posible, porque la cautela impedía cualquier modificación sobre el predio. Así, la discusión sobre este proyecto quedó saldada, los representantes salesianos decidieron abandonarlo, pero no así el proyecto de la construcción del Sitio. En una entrevista realizada al coordinador de la Obra Social reflexionaba así sobre aquella situación:

El primer diagnóstico que hicimos con el Padre José fue las distintas visiones de mundo y de la realidad que existen en ese grupo tan heterogéneo, ustedes ya lo saben… no hace falta describirlo. Entonces tratar de ser catalizadores de unidad, tratar de bueno, limar por acá, limar por allá, porque en realidad nosotros el interés que tenemos directamente, desde antes del sitio de memoria, y si el sitio de memoria se termina, va a seguir siendo el darle el servicio de la guardería, el darle del CAIF al barrio. Entonces eso fue un poco la propuesta de entrada a la pregunta: “¿ustedes qué proponen para este proyecto?”. Y bueno al plantear de tener un terreno para el CAIF, como son 63 hectáreas el campo que acompaña a la ex-cárcel, nosotros pensamos: bueno, nosotros con 2000 metros que tengamos… pero claro, un terreno cautelado, pahhh….cuando hicimos el planteo….si, si, nada, no había cura que respetara...nos mataron...si, si, nos tiraron con todo¹⁷.

Los hechos descritos nos muestran que la cautela es utilizada por sus “representantes naturales” como mecanismo de impugnación de un proyecto “imposible”, porque iba en contra de la protección del predio. A través del recuerdo de esa situación, el entrevistado señala como dicha impugnación continúa produciendo efectos y sentidos sobre la construcción colectiva del sitio de memoria, sobre la “unidad” y las diferentes “visiones del mundo” que confluyen en este grupo. Al resaltar que la demanda del CAIF antecede al sitio de memoria y que seguirá a pesar de él, el entrevistado pone de relieve que la figura del Sitio de Memoria aterriza sobre ese tejido al cual debe anudarse para poder constituirse como una posibilidad comunitaria y de restitución de lo político (^{Guglielmucci y López, 2019b}).

La cautela, entonces, puede ser entendida como lo que ^{Malinowski (1969/1985)} denominó “dispositivo jurídico”. Este dispositivo jurídico que primero operó estratégicamente como un freno a las obras de cárcel, continúa funcionando como mecanismo para impugnar ciertas prácticas, sentidos o imaginarios que aparecen como peligrosos o inadecuados, en virtud de lo que debe ser o lo que se debe hacer en un sitio de memoria. La eficacia práctica de este dispositivo radica en su naturaleza jurídica, en la creencia y sostenimiento de que subvertirla implica quebrantar la ley. Por esa razón funciona como límite impuesto e indiscutido. La riqueza que supone adoptar un abordaje “clásico” viene dada por la búsqueda que ésta propone: “El verdadero problema no es estudiar la manera como la vida humana se somete a las reglas - pues no se somete -; el verdadero problema es cómo las reglas se adaptan a la vida” (^{Malinowski, 1985}p.70).

Al recordar los sucesos que dieron lugar a la solicitud de la cautela judicial, su solicitante reflexiona:

Y después yo a veces siento como que… “no se pueden hacer todas las cosas que uno quisiera hacer, porque está cautelado”, como que también no se le valora a la cautela. "Bueno en algún momento va a dejar de estar cautelada". Bueno, no se puede hacer todo lo que uno quisiera. Pero todo lo que se puede es mucho más de lo que se podía si hubiera sido un centro de jóvenes...que... No sé qué hubiera pasado.¹⁸

En este fragmento podemos ver cómo la entrevistada enfatiza el valor originario que tuvo la cautela como habilitadora de la recuperación. El hecho de considerar que la cautela es un obstáculo para “hacer cosas” en el Sitio, es considerado por ella como una desvalorización de la cautela en tanto protectora de la prueba, impugnadora de la cárcel y posibilitadora del Sitio. En este sentido, la cautela aparece como incuestionable, ya no solamente por su naturaleza jurídica sino por el valor que se le es otorgado.

La temporalidad de la cautela está marcada por las investigaciones que le dieron lugar. Hasta tanto no culminen, esta medida estará vigente ¿De qué maneras afecta el hecho de que la cautela no tenga una fecha de caducidad para quienes habitan sobre el suelo cautelado? ¿Cómo es representada la cautela por esas personas? ¿Cómo media la cautela entre sus promotores y guardianes y quienes deben asumirla como una realidad por el hecho de vivir dentro del predio?

A continuación, presentaré dos situaciones en las que se observan los efectos que las construcciones discursivas sobre la cautela, como figura de protección, producen sobre las visiones a futuro de los habitantes del asentamiento, así como la superposición de sentidos que se produce entre la cautela y el sitio de memoria.

Fuente: Archivo fotográfico Grupo Interdisciplinario en Materialidad y Memoria

Figura 4 Mapeo colectivo sobre proyectos a futuro en el Sitio de Memoria, realizado en la sede de la Asociación Tradicionalista Troperos de La Tablada cuando aún no se había obtenido el comodato. Octubre de 2019 

A modo de cierre

A lo largo de este trabajo he intentado mostrar, en forma resumida, algunas de las complejas dimensiones que presenta este caso a través de mi experiencia de campo y del diálogo interdisciplinario y colaborativo que mantengo con mi equipo de trabajo. A través de la descripción y el análisis de sus fases históricas, de algunos de los actores y de varias de las contradicciones administrativas, jurídicas y territoriales, procuré dar cuenta de cómo estas configuraciones históricas han sedimentado este espacio múltiple. Primero la cautela judicial y luego la declaración de Sitio de Memoria abrieron un nuevo capítulo en la historia del lugar y están reconfigurando las relaciones socioespaciales, produciendo nuevos efectos sobre sus pobladores y posicionándose ante la mirada de los planificadores de la ciudad. Los desafíos presentes y futuros de los constructores del Sitio también son múltiples, pero aquí he intentado enfatizar uno que, a mi modo de ver, resulta central: ¿Cómo construir una memoria que se no cierre exclusivamente a los procesos reconstructivos del pasado anclada en el dolor de la víctimas, sino una memoria productora de procesos transformadores y resistentes? El reto entonces está en la búsqueda de una memoria transformadora que sea capaz de articular el pasado reciente y el presente histórico a través de la integración y no de la obliteración del resto de tensiones y violencias que este nuevo Sitio de Memoria encarna.

Otras fuentes consultadas:

Decreto 1.031 de 1974. Ministerio de Agricultura y Pesca. Dispóngase el cese del funcionamiento de la Tablada Nacional (Tablada Norte y Tablada de Porcinos). 19 de diciembre de 1974.

Decreto N° 423 de 1968.Tablada Nacional. Pesaje de Ganado. Autorización. 28 de junio de 1968.

Ley 13.737. Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Ejercicios 1966 y 1967. 09 de enero de 1969

Resolución 293 de 1986. Dejar sin efecto varias resoluciones del Poder Ejecutivo, vinculadas a la desafectación de bienes inmuebles como Monumentos Históricos. 4 de marzo de 1986.

Ley 19.367. Créase el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, como servicio descentralizado que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social. 31 de diciembre de 2015.

Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (2019). Informe Técnico Equipo de Investigación Histórica, febrero de 2019.