Introducción

La dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976, al mando de Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, constituyó un proyecto político económico orientado al restablecimiento de la acumulación de capital en una Argentina en crisis. Una de las variables para que los capitales alcanzaran nuevamente su tasa de ganancia fue el avance sobre las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, para lo cual se implementó un plan sistemático de desarticulación de las fuerzas sindicales y políticas que representaban a la clase trabajadora. La tortura y la desaparición de personas fueron las herramientas privilegiadas (^{Franco, 2011}).

El llamado “terrorismo de Estado” se combinó con el plan económico liderado por el ministro de Economía José Martínez de Hoz, quien en su alocución del 2 de abril de 1976 expuso los lineamientos de la política que se vislumbraba como imprescindible para revertir la crisis: “eliminación del déficit fiscal e inflación, condena del Estado interventor, defensa de la empresa privada y del mecanismo de mercado como principio básico, orientador de la economía” (Clarín, 02/04/1976). El discurso refiere a la intención de dar paso a una redefinición del papel del Estado, guiado por el lema “achicar el Estado para agrandar la Nación”, interpretado en ciertos ámbitos como la resignación de capacidades estatales y la progresiva pérdida de su autonomía relativa (^{Castellani e Irmain, 2018}).

El proceso llevado adelante fue caracterizado de distintas maneras por la literatura especializada. Mientras la perspectiva “liberal” ofrece una mirada de las políticas implementadas como la respuesta necesaria a la herencia del peronismo y el consecuente agotamiento del modelo de acumulación “intervencionista” (Llach y ^{Gerchunoff, 2007}), en las antípodas, la “desarrollista” o “populista” considera que se trató de una revancha oligárquica. El agotamiento del modelo anterior solo sería una excusa de la clase dominante para cooptar al Estado con el fin de implementar un nuevo patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera y la desindustrialización del país (^{Basualdo, E., 2006}; ^{Schvarzer, 1996}; ^{Pucciarelli, 2004}).

El nuevo régimen de acumulación habría sido implementado por el personal político representante de la fracción de la burguesía más concentrada: la oligarquía diversificada (^{Azpiazu y Schorr, 2010}; ^{Rapoport, 2000}; ^{Castellani, 2010}). Se habría tratado de la estrategia del sector de la clase capitalista especuladora/financiera contra la burguesía nacional, con el fin de liquidar la alianza entre esta última y la clase trabajadora, basada en un modelo de crecimiento progresivo.

Una serie de estudios han puesto en tensión las interpretaciones descriptas, al sostener que no hay razones para hablar de desindustrialización y cambio de modelo de acumulación. Proponen que se trataría de un momento en que el Estado propició la concentración y centralización del capital bajo las mismas formas de acumulación existentes (^{Grigera, 2011}; ^{López, 2006}).

Un punto de vista menos difundido, guiado por los desarrollos de El capital (^{Marx, 2008}), sostiene que, durante la última dictadura militar, el Estado no impulsó cambios en la forma de acumulación de capital. En cambio, se trataría de la necesidad de adecuación de sus rasgos a la drástica caída del recurso del que depende el sostenimiento de la mayoría de los capitales que operan en Argentina: la renta de la tierra (^{Iñigo Carrera, 2007}).

En este cuadro de situación, ¿cómo se expresaron los capitalistas industriales ante el intento de redefinición del papel del Estado impulsado por el plan de Martínez de Hoz? A diferencia de la prolífica obra acerca de las políticas estatales y las performances económicas del empresariado en el período que nos convoca, tal como señala ^{Acuña (1990}), poco se ha atendido a las manifestaciones políticas de uno de los principales sujetos.

Los trabajos sobre la dictadura se centran, en general, en los cambios en la estructura económica, las políticas públicas y otras determinaciones (^{Viguera, 1998}). Entre las excepciones se encuentran los estudios de los think tanks: usinas de pensamiento financiadas por el capital para la elaboración de estrategias políticas y la articulación de su intervención como lobby (^{Heredia, 2004}; ^{Ramírez, 2007}). También se ha avanzado en el intento por dilucidar las acciones políticas de los capitales individuales más concentrados frente al Estado (^{Schorr, 2013}; ^{Sanz Cerbino y Sartelli, 2019}). La acción política de los capitales integrantes de la UIA fue analizada en relación con otros períodos históricos (^{De Ímaz, 1965}; ^{Cúneo, 1967}; ^{Freels, 1970}; ^{Acuña, 1996}; ^{Brennan y Rougier, 2013}; ^{Niosi, 1974}; ^{Dossi, 2009}; ^{Gaggero y Wainer, 2009}; ^{Beltrán, 2006}; ^{Coviello, 2014}; ^{O’Donnell, 1982}), pero no ha sido el eje central de indagaciones sobre la dictadura militar de 1976.¹ Dada la importancia de la corporación empresarial en la historia argentina y la vacancia de estudios, creemos pertinente acercarnos a analizar su comportamiento. Para ello, consideraremos si se expresaron conformes con el nuevo plan económico o no, y cuáles fueron las determinaciones económicas de su accionar.

La estrategia política de la clase capitalista suele inferirse de su devenir económico, obviando la intervención política en la lucha de clases frente a la clase obrera y el Estado. Sin embargo, el estudio sistemático de la acción política de la clase capitalista es clave para dilucidar su potencia, su influencia en la política estatal y en el devenir de la acumulación de capital en Argentina. Nos permite pensar si, como clase social, logra impulsar un programa económico a imagen y semejanza, o si existe una distancia entre las demandas capitalistas y las políticas que el Estado implementa.

Nuestro objetivo es explorar las manifestaciones políticas ligadas a sus motivaciones económicas, en tanto se trata de personificaciones del capital (^{Marx, 2008}). En este sentido, nos proponemos pensar la relación entre el tipo de demandas dirigidas al Estado (protección del mercado, racionalización del aparato estatal, tipo de cambio, tasas de interés) y las particularidades de la acumulación de capital de los capitalistas industriales radicados en Argentina, específicamente aquellos nucleados en la principal corporación empresarial, la UIA. Nos preguntamos si las solicitudes son homogéneas, y si las políticas desplegadas (apertura comercial, devaluación, congelamiento salarial, mantenimiento de estatidad de empresas píblicas, toma de préstamos internacionales) implicaron o no nuevas formas de injerencia del Estado en la acumulación de capital.

Metodología

La pregunta formulada conlleva como metodología el análisis de información acerca de la UIA, sus agrupaciones internas -Movimiento de Unidad Nacional (MUI), Movimiento de Empresarios del Interior (MEDI), Movimiento Industrial Argentino (MIA)-, así como de las principales cámaras industriales integrantes de la entidad en el período histórico escogido (alimentación, automotriz, metalúrgica, siderúrgica, textil, papelera, química y electrónica). Trabajamos en la interpretación del discurso presente a partir de diferentes soportes lingüísticos: declaraciones públicas de los representantes de la entidad y sus cámaras, expresiones vertidas en el ámbito interno-institucional, así como información publicada en periódicos y en revistas especializadas en economía y política de la época. Asimismo, recabamos detalles de las políticas económicas implementadas, dado que nuestro interés es reconstruir qué opiniones han despertado entre los capitalistas industriales.

Nos servimos de la técnica de análisis documental de periódicos de circulación masiva (Clarín, La Nación, La Opinión, Cronista Comercial, Somos), en tanto constituyen el lugar privilegiado donde hallar información no disponible en las fuentes institucionales. No obstante, estas últimas, en caso de estar disponibles, son insoslayables. Por tal razón, consultamos las Memorias y Balances y el Informe Industrial. También se utilizó bibliografía especializada (^{Basualdo, V., 2006}; ^{Iñigo Carrera, 2007}) y publicaciones oficiales-estatales (boletines oficiales).

Las fuentes han sido relevadas y se ha clasificado la información útil para nuestra investigación según temas y subtemas (características del Estado y régimen político, tipo de cambio, tasas de interés, aranceles y salarios). Se analizaron los principales enunciados del discurso empresarial y se los cotejó con otras fuentes accesibles a fin de asegurar su fiabilidad.

La estrategia de análisis parte de pensar el discurso político como acción y como expresión de relaciones sociales (^{Marx, 2008}). Consideramos que la acción particular de los agentes voluntarios se encuentra definida por su ser social, por ser vendedores o compradores de fuerza de trabajo. En este sentido, la acción política de la UIA y de las cámaras industriales está determinada por garantizar la reproducción inmediata de sus capitales socios. Para tal fin, dirigen sus demandas al Estado nacional, representante del capital social, en cuanto fragmento del capital mundial (^{Iñigo Carrera, 2003}). No obstante, esta determinación general no implica que no existan tensiones en el interior de la corporación, entre capitales con diferentes intereses particulares, más aún si consideramos la heterogeneidad en su composición social.

En el presente trabajo, hemos distinguido las demandas más relevantes y constantes de los capitalistas hacia el Estado, y hemos intentado explicar a cuáles ideas/necesidades más generales de la acumulación de capital respondieron. Es decir, cruzamos las demandas enunciadas con las particularidades de los capitales estudiados y exploramos qué necesidad de la acumulación del capital de los capitales individuales se expresó en su discurso.

Crisis del capital y políticas estatales

El momento histórico que nos interesa reconstruir se caracterizó por la caída de la tasa de ganancia, el avance del capital hacia nuevas formas de organización de la producción basadas en la robotización de la línea de montaje, que revolucionaron las condiciones de acumulación de capital, y la expansión de los mercados financieros a nivel mundial. En ese proceso se fragmentó a la clase obrera, por un lado, en una porción más calificada, capaz de avanzar en la computarización de los procesos productivos (científicos) y, por el otro, en un segmento descalificado, aquellos que operaban en la cadena de montaje en la producción de maquinarias.

Esta fragmentación de la clase obrera fue geográfica. Los sectores más calificados quedaron en los países históricamente centrales, mientras que las nuevas formas de producción permitieron la incorporación de porciones de la clase obrera con calificaciones reducidas. El capital relocaliza la producción en espacios nacionales de acuerdo con las cualidades de su clase obrera, en una búsqueda por abaratar la fuerza de trabajo. Primero se incorporó Japón, que llegó a desarrollar desde procesos con componente manual (textil) a electrónica. Sin embargo, cuando la clase obrera se encareció, el capital volvió a buscar nuevas fuentes de trabajo barato. Fue entonces que se expandió al resto del sudeste asiático. Así, la acumulación de capital asentada en la baratura de la fuerza de trabajo y en el crédito (que posibilita la realización de las mercancías y la renovación del ciclo) permitió la recuperación de la tasa de ganancia. No obstante, en general, cuanto más expande su producción para apropiar la tasa de ganancia aumentada, más avanza en la superproducción general.

La sobreproducción generalizada de capital se manifiesta bajo la forma de una insuficiencia de la oferta de mercancías primarias. El petróleo y las mercancías agrarias cobraron protagonismo mediante la suba de precios, lo que ocasionó el alza espectacular de la renta de la tierra agraria en Argentina ocurrida en 1974, durante el tercer gobierno peronista. Poco tiempo después, el avance hacia la crisis de sobreproducción tomó la forma de un abrupto descenso de los precios de mercancías primarias y, con ello, de la renta de la tierra (^{Iñigo Carrera, 2007}).

La caída de la renta de la tierra supone la crisis de los mecanismos de distribución/apropiación de la renta expandida de los años anteriores. Dado que el conjunto del capitalismo argentino se sostiene sobre la base de la distribución de la riqueza extraordinaria proveniente de la renta, significó una crisis económica y política profunda (junto a la caída de la renta, cayó la tasa de ganancia y la producción de valor). Debía ajustarse la economía a los bajos niveles de renta. La dictadura militar iniciada en 1976 asumió, así, el rol de adecuar la economía a los niveles necesarios para sobrepasar la crisis. Esto significaba eliminar capital obsoleto mediante un proceso de concentración y centralización, reducir salarios y aumentar la productividad del trabajo (^{Baudino y Mussi, 2015}).

Con ese objetivo, por una parte se adoptó un plan político de clausura de las organizaciones políticas y sindicales, reforzada con la desaparición física de los militantes políticos de izquierda, su silenciamiento y/o exilio. Por otra parte, desde la gestión del Ministerio de Economía al mando de Martínez de Hoz se adoptó una serie de medidas relativas a la apertura comercial, la reforma financiera, la desregulación de la inversión extranjera, el control del proceso inflacionario y el congelamiento salarial. A su vez, se incrementaron las tarifas y la presión tributaria e incrementaron sustancialmente las deuda contraídas con el FMI (^{Rapoport, 2005}).

El plan repercutió en la adopción de ciertos rasgos de la forma de Estado liberal, frente a la forma intervencionista vigente hasta ese entonces (^{Jessop, 1990}), aunque la persistencia del lugar de las empresas estatales y las diferentes formas de transferencias de riquezas del Estado a las clases sociales como parte central del entramado económico puso cierto límite a dicha caracterización.

Los capitalistas industriales y el Estado

Sujeto y representaciones políticas

Al momento del derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón, la UIA se encontraba disuelta e integrada en la Confederación General Económica (CGE). Las entidades -históricamente rivales- se fusionaron en 1974, en pleno gobierno peronista y durante la gestión de José Ber Gelbard, dirigente de la CGE e impulsor del Pacto Social, al mando del Ministerio de Economía. Frente a la crisis política y económica, luego de la muerte de Juan Domingo Perón, los empresarios industriales exsocios de la UIA se reagruparon en las organizaciones MEDI, MUI y MIA. Estas organizaciones parecen ser fruto de la heterogeneidad social existente en la UIA desde años atrás, consistente en nuclear tanto a grandes como medianos y pequeños capitales industriales que operaban en el mercado nacional. Dicha multiplicidad se tradujo en tensiones políticas e incluso en la alianza con la CGE, alentada por las tendencias desarrollistas en el seno de la UIA (^{Baudino, 2012}b).

El gobierno militar intervino la CGE, sus cámaras y federaciones, y al cabo de un año decidió su disolución, expropiando todos sus bienes. Además, dejó sin efecto la fusión en la CINA de la CGI-UIA. En contraposición a la suerte corrida por la CGE, se le devolvió la personería jurídica a la UIA y se restituyeron sus bienes, aunque su funcionamiento estuvo condicionado por la intervención militar, que se extendió hasta 1981.

De todos modos, la intervención no afectó a las agrupaciones internas, con las que los representantes del gobierno militar debían negociar permanentemente (^{Schvarzer, 1991}).

Dado que recién en 1981 encontramos nuevamente a la UIA funcionando como entidad gremial, observaremos sus expresiones políticas, además, a través de sus líneas internas. Por esta razón, recorreremos en forma piramidal las demandas de los asociados: el punto de mayor representatividad, la UIA, las organizaciones internas y, en la base, las cámaras.

La composición social de la UIA conservaba su rasgo heterogéneo. Se nutría de dirigentes de empresas y cámaras industriales de diversos tamaños y orígenes. Las líneas internas que protagonizaron la escena desde 1975 expresaban, de algún modo dicha heterogeneidad, que, como mencionamos, llevaba largo tiempo vigente, y será la marca de la entidad a futuro (^{Dossi, 2012}; ^{Ostiguy, 1990}).

Aunque no son muy cristalinas las razones que aglutinaban a cada sector, se observa que mientras el MIU y el MEDI convocaban a empresarios de diferentes regiones del interior del país, el MIA reunía cámaras de las principales ramas de la producción (automotrices, metalúrgicos, textiles) más allá de su pertenencia geográfica (Cuadro 1). La bibliografía, además, traza una diferencia programática entre las agrupaciones, e identifica al MIA con las corrientes liberales y exportadoras y relaciona a MEDI y MUI con el mercado-internismo (^{Dossi, 2012}).

Cuadro 1 Composición de la UIA y sus líneas internas 

La UIA representaba a capitales de las ramas industriales más significativas: automotriz, metalúrgica, alimentación, siderurgia, textil, papel, química y electrónica. Todas ellas se encontraban agrupadas en cámaras que actuaban como expresión de los intereses sectoriales. Además de hablar a través de las cámaras industriales, muchos capitales individuales hicieron públicas sus opiniones políticas durante el período estudiado, razón por la cual los incluimos en nuestro universo de análisis (Cuadro 2).

Cuadro 2 Cámaras empresariales y capitales individuales según industria 

Los sectores industriales mencionados gozaron, durante la última dictadura militar, de distintas fortunas. Con excepción de las industrias químicas, que crecieron un 8%, y las industrias metálicas básicas, todas las demás ramas mostraron saldos negativos. Desde el -6,1% de la industria de la alimentación hasta los textiles, con una pérdida del -29%, las industrias nucleadas en la entidad tuvieron performances tendientes a la baja.

Cuadro 3 Evolución del sector industrial por rama de actividad (en millones de pesos de 1970) 

En términos de posición de los capitales en el mercado, la composición social de sus socios estaba caracterizada por convocar a un grupo minoritario de los capitales más concentrados del ámbito nacional, en alianza con un vasto sector conformado por capitales chicos. Es en este ámbito que vemos las disputas entre capitales que compiten por el mercado interno. Sin embargo, si se adopta una mirada internacional -vital para comprender una realidad que excede las fronteras nacionales-, la falta de competitividad del conjunto de los capitales dirigentes de la entidad los unifica como pequeños capitales (^{Baudino, 2012}a) y permite pensar la recurrente necesidad de políticas de protección y transferencia estatal, como expondremos a continuación.

La acción de los capitalistas en relación con el Estado

Los socios de la UIA vertieron sus primeras impresiones de las medidas estatales adoptadas través de sus líneas internas (MUI, MIA y MEDI). En términos generales, acordaban con el diagnóstico de los problemas económicos y políticos, así como con los principales lineamientos del plan. El MUI, en su declaración individual de 1976, y en la realizada junto al MEDI en 1977, enfatizaba los inconvenientes ocasionados por la existencia de un “Estado sobredimensionado” que ocasionaba gastos fiscales excesivos, tanto en la administración como en las empresas estatales. El MIA se rehusó a firmar las solicitadas de sus pares de la UIA, quizás para preservar las buenas relaciones con el ministro Martínez de Hoz cuando aún la situación política y económica habilitaba ciertas esperanzas en el plan. No obstante, enunció opiniones similares respecto de la cuestión del aparato estatal en la voz de su presidente, Edmundo Paul.

Las corrientes internas identificaban también problemas derivados de la alta inflación (444% respecto del año anterior)², la caída de las ventas y las elevadas tasas de interés. Estos indicadores se mantuvieron en valores similares durante los primeros años de la gestión de Martínez de Hoz, a los que se suman las consecuencias de la apertura del comercio exterior, sobre la que se expidieron en varias oportunidades.

Pese a las coincidencias existentes entre las declaraciones de los distintos sectores, aparecen algunas pistas acerca de diferentes ponderaciones del rol estatal. Mientras el MEDI reclamaba una mayor protección en materia arancelaria, el MIA abogaba en sus declaraciones por la disminución de la intervención estatal en la economía (Cuadro 4). Sus impresiones iban a tono con ciertos miembros del equipo ministerial, como Álvaro Alzogaray, y del empresariado, como el Consejo Empresario Argentino, quienes acusaban al excesivo intervencionismo estatal de ser el causal del déficit y la inflación (^{Canelo, 2008}).

Recién en 1981, la UIA, ya restituida plenamente a sus socios, sancionó la política económica implementada: “La conjunción del fuerte retraso que se impuso al tipo de cambio con la rebaja de la protección arancelaria y el encarecimiento del crédito determinaron un quebranto masivo de los establecimientos fabriles argentinos” (UIA, 1981).

La crítica coyuntura política y económica parecía haber acicateado la urgencia de pronunciarse en disidencia desde la institución. A partir 1980, vieron la luz con más fuerza las tensiones entre las fracciones castrenses, debido a la inminente sucesión presidencial. Sectores militares expusieron sus desacuerdos con el plan económico de Martínez de Hoz, que ya había mostrado sus efectos en la concentración de la estructura industrial, el retraso cambiario y las altas tasas de interés.

El cambio de marcha de la economía mundial en 1980 agudizó las dificultades económicas internas. El incremento de las tasas de interés afectó la disponibilidad de crédito internacional, en un momento de alta dependencia. El cierre del Banco de Intercambio Regional (BIR), que afectó los depósitos de miles de pequeños y medianos ahorristas y ocasionó la fuga de depósitos, así como la posterior devaluación del peso del 10%, terminaron de sellar la suerte del plan Martínez de Hoz (^{Rapoport, 2005}).

Cuadro 4 Declaraciones de la UIA y sus líneas internas sobre la política económica de la dictadura militar 

Al mismo tiempo que observamos las ponderaciones generales sobre el plan económico puesto en marcha, distinguimos apreciaciones en relación con aspectos puntuales sobre los que nos interesa detenernos. Las consideraciones acerca del tipo de cambio y los aranceles estuvieron presentes desde 1976 en las declaraciones tanto del MUI (Cuadro 4) como de varias de las cámaras industriales analizadas. Como señalamos, en 1976 se implementaron políticas de apertura comercial al exterior. En 1979, se consideró la reducción de los aranceles aduaneros como estrategia para frenar el aumento de la inflación, y se estableció un cronograma descendente. Un año después, se terminaron por eliminar los aranceles de los bienes no producidos en el país y se pautó una escala de impuestos para aquellos bienes importados que compitieran con los nacionales de un máximo del 55%.

ADIMRA (metalurgia), que en un principio declaró que “la industria estaba dispuesta al sacrificio y patriótica colaboración que era indispensable ofrecer para salir del marasmo y afrontó sin titubear la agudización del proceso recesivo que venía de arrastre” (M. y B. de ADIMRA, 1977), demandó al Estado que detuviera la progresiva sustitución del plan “Compre Argentino” por importaciones de insumos para proveer a las empresas estatales (M. y B. de ADIMRA, 1979). La misma preocupación por la apertura de las importaciones expresaron los industriales textiles y electrónicos: “Una política arancelaria como instrumento de la política de precios implica enfrentar al aparato productivo a condiciones de competencia que no puede tolerar” (La Opinión económica, 17/07/1977; ADITA).

En la misma tónica, ADEFA propuso la integración nacional de la industria automotriz, que incluyera las autopartes, el cierre a las importaciones y la implementación de un sistema de listas positivas en las que se explicitaran los términos de acceso a los mercados internos. Mientras tanto, la Cámara de Industriales Siderúrgicos (CIS), aunque también esperaba que se cumpliera el “Compre Argentino”, pretendía que se redujeran los aranceles a las importaciones de insumos, bienes de capital y partes (Cuadro 5).

En una línea un poco más acorde con las nuevas políticas económicas, COPAL proponía un régimen orientado a las exportaciones, que estandarizara las protecciones arancelarias dispersas y así redundara en la “racionalización” de la provisión de insumos necesarios para la producción industrial.

Esta contradicción entre cámaras/industrias expresa algo usual: la solicitud de que se proteja la industria propia y se libere la importación de componentes que abaraten los costos de producción.

Cuadro 5 Declaraciones de cámaras industriales y capitales individuales sobre la apertura del mercado externo 

En materia salarial, observamos también posiciones encontradas, aunque se trató de declaraciones puntuales ante la posibilidad de otorgar aumentos luego de una brusca caída del salario real (30%) por la que ningún capitalista se mostró disconforme. Noel, capital de la rama de la alimentación, sostuvo que “sería lamentable desperdiciar el esfuerzo realizado propiciando aumentos salariales que se aparten de un plan orgánico cuyos primeros resultados están comenzando a vislumbrarse”, en coincidencia con la Cámara de Industriales de Artefactos para el Hogar (La Nación, 22/08/1976). En oposición, la empresa metalúrgica Vasalli S. A. solicitó a Videla el aumento de los salarios.

La necesidad de achicar un Estado sobredimensionado vuelve a aparecer en varias oportunidades. Las agrupaciones internas MUI y MEDI, como mencionamos, expresaron la urgencia de la reducción del gasto público, especialmente en administración y empresas estatales (La Nación, 10/04/1977). En una línea similar, la COPAL (alimentación) solicitó la racionalización de la administración estatal (Informe Industrial, 01/1979). Una revisión de la cuestión fiscal da cuenta de cuán lejos estuvo el régimen militar de cumplir con las demandas de achicamiento del Estado por parte de los capitalistas y el propio Martínez de Hoz.³

El CIS (Centro de Industriales Siderúrgicos, dirigido por ACINDAR) y CLIMA (Centro de Laminadores Industriales Metalúrgicos Argentinos) protagonizaron un enfrentamiento sobre el carácter estatal o la privatización de SOMISA (empresa siderúrgica bajo la órbita del Estado). El conflicto ilustra muy bien las necesidades de acumulación de capitales individuales distintos y sus contradicciones.

El CIS sostenía que las empresas estatales debían retraer su protagonismo excesivo en la industria siderúrgica y dejar paso a la empresa privada, en una clara disputa por el mercado en un momento en que integró su producción y comenzó a competir directamente con SOMISA. Por el contrario, los industriales metalúrgicos de CLIMA defendían el “derecho” del Estado de abastecer insumos (palanquilla) al mercado a través de SOMISA. Mientras CIS pretendía quedarse con el mercado interno de insumos siderúrgicos, los metalúrgicos procuraban continuar beneficiándose de los bienes subsidiados que compraban al Estado (^{Baudino y Mussi, 2015}).

Así, pese a la acción de un sector de los capitales de la rama partidarios de la privatización de los capitales estatales, este proceso no se concretó durante la dictadura. La competencia económica y política entre capitales exige una fuerza capaz de organizar sus intereses colectivos y limitar los daños que pudieran ocurrir por la búsqueda unilateral de un único conjunto de intereses capitalistas (^{Jessop, 1990}). En este sentido, el Estado mantuvo a SOMISA en actividad, ya que cumplía la función de compensar la baja productividad del capital en Argentina. Como parte del capital social nacional, actuaba para permitir la reproducción de capitales individuales que no podían adecuarse por sí mismos a los requerimientos de la rama a escala internacional. SOMISA logró expandir el mercado interno de productos siderúrgicos debido, en parte, al carácter estatal de su propiedad. Favorecía a la industria nacional mediante la transferencia de riqueza, al vender por debajo de su precio de producción. La ganancia contenida en las mercancías no la realizaba, y se las apropiaba el capital industrial que consumía los productos (^{Mussi, 2014}).

Cuadro 6 Declaraciones de cámaras industriales y capitales individuales sobre el redimensionamiento del Estado 

En suma, las demandas de los capitales de la UIA al Estado se relacionaron con la obtención de protección del mercado interno, la posibilidad de comprar insumos a precio subsidiado (por la vía de exenciones impositivas o mercancías de empresas estatales a precios inferiores a los del mercado), a la vez que se reclamaba la racionalización del aparato del Estado.La heterogeneidad en la composición social se tradujo en tensiones respecto de la privatización de empresas estatales como SOMISA. Sin embargo, al tratarse en su gran mayoría de capitales débiles frente a la competencia extranjera, todos requerían de protección y transferencias estatales para poder reproducirse, al igual que en períodos históricos anteriores (^{Baudino, 2012}b). La ausencia de declaraciones en contra de la caída de los salarios reales y, luego, en varios casos, también de aumentos salariales, responde a la necesidad de reducir costos para recuperar una tasa de ganancia en decadencia.

Conclusiones

El objetivo del presente trabajo fue dar cuenta de la acción política del capital industrial representado en la UIA durante la última dictadura militar, específicamente ante el momento de la implementación del plan económico dirigido por Martínez de Hoz. En nuestro análisis, pudimos observar posturas algunas veces unívocas y otras encontradas entre los actores estudiados. Detectamos críticas a la apertura económica, al retraso cambiario, al aumento salarial y al crédito inaccesible. También, hallamos la solicitud de racionalización del aparato estatal pero, a la vez, de la preservación de empresas estatales como SOMISA y la continuidad del programa “Compre Argentino”, en el que el Estado debía privilegiar proveedores nacionales antes que extranjeros.

El aporte del trabajo consiste en la reconstrucción en detalle de las posiciones políticas de los industriales que han sido señalados como el “poder fáctico” de la última dictadura militar. La mayoría de las veces, se ha procedido a realizar generalizaciones según los resultados económicos de la época. Sin embargo, la indagación pormenorizada pone en evidencia una distancia entre las demandas de los capitalistas nucleados en la UIA y las políticas estatales implementadas.

De hecho, mientras se procedía a flexibilizar el ingreso de mercancías importadas, los capitalistas industriales más comprometidos con el mercado interno insistían en sus históricos reclamos de protección y transferencia al Estado. La debilidad de la gran mayoría frente a la competencia extranjera explica que no haya habido una comunión con estos puntos del plan económico. Esto también permite pensar que el plan aperturista de la dictadura no tenía como fin primordial beneficiar a un sector particular de la burguesía, sino garantizar la reproducción del capital social, es decir, del capital en su conjunto, como relación social, más allá de que muchos capitalistas no se vieran favorecidos.

El punto anterior se refuerza si pensamos que las intenciones iniciales de achicamiento estatal por la vía de las privatizaciones fueron dadas por tierra aun a costa de “desilusionar” capitales de la talla de Techint.

La disonancia existente entre la política económica de Martínez de Hoz y las demandas de los capitalistas industriales estudiados echa luz, además, sobre los límites de su acción política e influencia en el Estado.