UNA DICTADURA FRAGMENTADA: CONFLICTOS INTRA-MILITARES Y LAS RELACIONES ENTRE LA ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE LA PRESIDENCIA DE VIDELA*

 

por Alejandro Avenburg**

* Agradezco los comentarios de Francisco Corigliano, Marcos Novaro y de un evaluador anónimo a diversas versiones de este trabajo. Agradezco, asimismo, a la Universidad de Buenos Aires por su apoyo mediante una beca UBACyT. Todas las opiniones, errores u omisiones son de exclusiva responsabilidad del autor.
** Candidato a Doctor en Ciencia Política, Boston University. E-mail: aleavenburg@gmail.com.

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Resumen

La presidencia de Videla estuvo atravesada por profundos conflictos al interior del régimen militar. En particular, disputas por diversos proyectos políticos se combinaron con una competencia de liderazgos generando una dictadura profundamente fragmentada. Este trabajo analiza los conflictos entre diversas facciones militares en torno a cómo responder a la política de derechos humanos del gobierno norteamericano. Por un lado, hubo una competencia entre Videla y Massera por lograr un apoyo de este país que serviría para establecer una hegemonía en el régimen militar de sus respectivas facciones. Por el otro, sectores duros del Ejército y la Marina llevaron a cabo secuestros y desapariciones que tenían como objetivo atentar contra los intentos de Videla de generar una alianza con el gobierno norteamericano. La respuesta de este país fue una continua búsqueda de canales de comunicación con el videlismo más allá de la cancillería, dominada por la Marina.

Palabras clave dictadura militar - Videla - política exterior - derechos humanos - Carter

The presidency of Videla was marked by deep struggles within the military regime. In particular, conflicts triggered by different political projects combined with a struggle among competing leaders, generating a deeply fragmented dictatorship. This paper analyzes the conflicts among these different military factions around how to respond to the U.S. human rights policy to Argentina. On the one hand, Videla and Massera competed for U.S. support in order to establish an hegemony oftheir own faction within the military regime. On the other hand, a hard-line faction in the Army and the Navy carried out kidnappings and disappearances aimed to mine Videla's attempts to establish an alliance with the U.S. government. The U.S. response was a continuing search for alternative channels of communications with Videla's faction beyond a Foreign Ministry dominated by the Navy.

Key words military dictatorship - Videla - foreign policy - human rights - Carter

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I. Introducción

Una de las preocupaciones centrales de la política exterior de la última dictadura militar fue la de neutralizar el aislamiento internacional al que había sido sometido el régimen de Pinochet en Chile. Para ello, el gobierno diseñó una estrategia represiva basada en el secretismo y en la aparente no responsabilidad de la Junta en los secuestros, mostrando a Videla como un moderado que trataba de combatir "excesos" de las fuerzas de seguridad. La coordinación dentro de las Fuerzas Armadas que esta estrategia requería pronto comenzó a resquebrajarse, en particular luego del incremento de las presiones norteamericanas a partir de la asunción de Jimmy Carter en 1977. Fue así que se inició una lucha interna entre distintas facciones del gobierno, motivada tanto por conflictos de liderazgo como por distintos proyectos políticos. Este trabajo se propone analizar cómo repercutieron las presiones norteamericanas en el desarrollo de estos conflictos. Mediante el análisis de documentos desclasificados del Departamento de Estado y el testimonio de funcionarios se argumenta que una de las consecuencias de dichas presiones fue una profundización de la competencia entre las diversas facciones militares. Al respecto, se analiza, en primer lugar, la competencia entre el presidente Videla y el almirante Massera por asegurarse el apoyo norteamericano y, en segundo lugar, la emergencia de un clivaje entre sectores "moderados" y sectores "duros" dentro del Ejército en torno a cómo responder a las presiones norteamericanas¹.

En la primera parte del trabajo se describe la estrategia concertada por todas las facciones militares de llevar a cabo la represión ilegal sin afectar al gobierno en el frente externo. A continuación, se muestran los intentos de Massera de conseguir apoyo norteamericano para un golpe interno contra Videla y se analiza la respuesta norteamericana a esos intentos. Seguidamente, se muestra la existencia de un patrón de secuestros de fuertes repercusiones internacionales que buscaban boicotear los intentos del "videlismo" de acercarse a la administración de Carter. Por último, se exponen algunas conclusiones.

II. El primer año de la Junta: divisiones y acuerdos al interior de las Fuerzas Armadas

La competencia de liderazgos y la coexistencia de diversos y contradictorios proyectos políticos fue una de las características centrales de la última dictadura militar². Si bien toda la cúpula militar había acordado el uso de detenciones ilegales, torturas y asesinatos para combatir a un enemigo vagamente definido como "la subversión", y que incluía a militantes de organizaciones guerrilleras, estudiantes, sindicalistas y opositores en general, en otros ámbitos los desacuerdos no tardaron en manifestarse. Dichos desacuerdos generaron fuertes internas dentro de la dirigencia militar, entendiendo por éstas a un agrupamiento de facciones con posturas contrapuestas. Estas internas se manifestaron tanto en el ámbito de la política económica, como en el sindical, y en el de los futuros planes políticos del Proceso³.

En el ámbito de la política económica, la orientación dada por el ministro Martínez de Hoz contó con el apoyo de Videla, del ministro del interior Albano Harguindeguy y de la Fuerza Aérea, y con la oposición de los sectores duros del Ejército así como del general Roberto Viola y de Massera. En el ámbito sindical los sectores duros (Menéndez, Suárez Mason) así como el ministro Harguindeguy y la Fuerza Aérea se proponían una reestructuración de los sindicatos con una dirección corporativista, en la que los mismos dependieran completamente del Estado. Por su parte, los moderados (Videla, Viola) favorecían un diálogo con los sindicatos existentes, aunque con un poder fuertemente reducido tras la represión de sus sectores más radicales (Novaro y Palermo 2003). En el ámbito de los futuros planes políticos del Proceso, los sectores moderados favorecían una dictadura relativamente corta, intentando integrar paulatinamente a la dirigencia política a un diálogo con el gobierno militar que diera lugar a una transición tutelada por las Fuerzas Armadas. Por su parte, los sectores duros promovían una dictadura larga, sin incorporar a la dirigencia política para dar lugar a un nuevo sistema de características elitistas y corporativas en el cual los partidos políticos jugarían un rol más restringido (Novaro y Palermo 2003).

En el plano de la política exterior no tardaron en manifestarse similares diferencias. Si bien en un comienzo los altos mandos coincidieron en apoyar una estrategia que evitara el aislamiento internacional al que había sido sometido el régimen de Pinochet en Chile, el incremento de las presiones norteamericanas, como veremos, acabó generando marcadas divergencias. Así, se produjo una división entre sectores moderados que promovían un acercamiento a los Estados Unidos -y a otros regímenes moderados de la región- a través de concesiones puntuales, una retórica más moderada, y la perspectiva de acabar con la represión ilegal tan pronto como fuera posible, y sectores duros, que auspiciaban una alianza más estrecha con dictaduras de la región para contrarrestar las presiones norteamericanas.

Paralelamente se desarrolló una fuerte competencia de liderazgos entre Videla y Massera, quien buscó apoyo en los sectores duros del Ejército -como es el caso de los generales Guillermo Suárez Mason y Ramón Díaz Bessone- para lanzar su propio proyecto. Tanto Videla como Massera buscaron activamente el apoyo del gobierno norteamericano para inclinar la relación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas a su favor. Massera se sirvió de su influencia en la cancillería -la cual había quedado bajo el ámbito de la Marina de acuerdo a la repartición de ministerios acordada previo al golpe- y de sus propios contactos personales con funcionarios norteamericanos. Videla, por su parte, buscó garantizar un canal de comunicación a salvo de la influencia de Massera por medio del embajador argentino en los Estados Unidos Jorge Aja Espil -un aliado de Videla-, de los contactos del ministro Martínez de Hoz e incluso de sus propios contactos personales.

Durante el primer año del Proceso todos los mandos militares implementaron una estrategia concertada de preservar la imagen del presidente Videla -y la de la Junta Militar en su conjunto- del daño que causaría la represión ilegal⁴. Fue así que utilizaron las detenciones secretas e ilegales para ocultar la responsabilidad gubernamental. Según esta estrategia el gobierno debía quedar siempre en una posición en que pudiera argumentar una "negación plausible", es decir, pudiera negar su responsabilidad en la represión ilegal con algún grado de verosimilitud (ver al respecto Avenburg, en prensa).

A partir de febrero de 1976 el embajador norteamericano Robert Hill escuchó en conversaciones privadas con Massera, con el general Roberto Viola, con el subsecretario general de la presidencia Ricardo Yofre, con el ministro de economía Martínez de Hoz, y con el canciller César Guzzetti que los secuestros ilegales eran obra de fuerzas de seguridad que escapaban al control de la Junta Militar y que no representaban una política del gobier-no⁵. A su vez, diversos funcionarios se referían a una supuesta debilidad de Videla para controlar a las fuerzas de seguridad y a los "excesos" que éstas cometían (Avenburg, en prensa).

Cabe destacar que gran parte de los dirigentes políticos y periodistas e incluso los mismos diplomáticos norteamericanos creyeron ese argumento (Avenburg, en prensa). Así, en mayo de 1976 el embajador Hill reportó a Washington:

La mayoría de los observadores coinciden en que Videla está bien intencionado pero que no ha sido capaz -o aún no ha intentado- hacer valer su autoridad. De esta forma, los comandantes individuales e interventores están haciendo en buena medida lo que quieren. Aún hay esperanza de que Videla tome firmemente el control para garantizar la línea moderada. Si no, la situación podría empezar a deteriorarse rápidamente⁶.

Un segundo aspecto de la estrategia del gobierno militar consistió en la idea de "ganar tiempo" mientras se desarrollaba la campaña represiva. Para ello el gobierno contó con el visto bueno del secretario de Estado Henry Kissinger, quien se oponía a la creciente influencia de sectores del Congreso norteamericano que proponían la finalización de la ayuda económica y militar a los regímenes represivos (ver al respecto Sikkink 2004, Schmidli 2011). Cuando en junio de 1976 Kissinger se reunió con el canciller argentino César Guzzetti en Santiago de Chile durante la Asamblea General de la OEA le dijo:

Me doy cuenta de que ustedes no tienen otra opción que restaurar la autoridad gubernamental. Pero también es claro que la ausencia de procedimientos normales será utilizada en su contra. Van a tener que hacer un esfuerzo internacional para que sus problemas sean comprendidos. De no hacerlo ustedes también van a ser objeto de ataques. Si hay cosas que tienen que hacer háganlas rápido. Pero deben volver rápidamente a los procedimientos normales⁷.

La idea de la saliente administración Ford -y del influyente Kissinger- era que la Argentina debía llevar a cabo una represión rápida para volver inmediatamente a los procedimientos legales, y el gobierno militar argentino así lo entendió. Cuando en octubre de 1976 en Nueva York, en ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado mantuvo una nueva reunión privada con Guzzetti, el argentino le aseguró que el gobierno militar estaba haciendo fuertes progresos en su lucha contra el terrorismo, y que para fin de año las organizaciones subversivas ya habrían sido derrotadas. Kissinger le respondió con su estilo directo:

Cuanto más rápido puedan acabar con éxito mejor. El problema de los derechos humanos está creciendo. Su embajador puede ponerle al tanto. Nosotros queremos una situación estable, no le vamos a causar dificultades innecesarias. Si pueden terminar antes de que el Congreso reanude sus sesiones será mejor. Ayudaría si pudieran restaurar cualquier libertad posible⁸.

III. La alianza entre Massera y los duros y la búsqueda de apoyo norteamericano

Las primeras grietas dentro del gobierno militar comenzaron a observarse hacia fines de 1976 cuando el gobierno ya había logrado estabilizarse en el poder. Massera inició una alianza con algunos generales del Ejército para intentar deponer a Videla, para lo cual buscó asegurarse el apoyo norteamericano. Con este objetivo Massera mantuvo diversas reuniones con representantes de este país para intentar convencerlos de que había que reemplazar a Videla para garantizar la restauración del imperio de la ley.

La primera de esas reuniones fue con el subsecretario de Estado Charles Bray, quien se encontraba de visita en la Argentina. Massera intentó convencer a Bray de que Videla era un presidente débil e indeciso y que pronto sería reemplazado por un general de la línea dura del Ejército -con el apoyo de la Marina y la Fuerza Aérea- y que el nuevo gobierno sería más respetuoso de los derechos humanos⁹. Incluso sugirió que un nuevo gobierno publicaría las listas de todos los detenidos, lo cual -aseguró- era bloqueado por el ministro del interior Harguindeguy¹⁰. El diplomático de la embajada Wayne Smith -quien había participado de la reunión- envió un cable a Washington afirmando que desconfiaba de que un eventual gobierno de Massera y de los duros mejorara la situación de los derechos humanos¹¹.

A comienzos de 1977 el ministro de planeamiento Ramón Díaz Bessone insistió con la búsqueda de apoyo norteamericano en una reunión con el embajador Hill, a quien le aseguró que antes de mediados de año Videla sería reemplazado¹². Algunos días más tarde fue Massera quien se comunicó con el embajador con el mismo mensaje, asegurándole que el nuevo gobierno sería más respetuoso de los derechos humanos y lograría poner a los halcones a raya, y agregó que el nuevo presidente sería un general del Ejército, mencionando como posibles candidatos a Suárez Mason, Díaz Bessone o Galtieri¹³. El embajador envió un informe a Washington en el que consideraba poco probable que Videla fuera desplazado por sus propios ca-maradas de armas pero agregó:

La descripción de Massera de la falta de unidad en el Ejército es sin embargo consistente y tal como él afirma, es difícil ver cómo se puede traer verdadera coherencia a este gobierno sin un liderazgo más fuerte. Por el otro lado, varios de los líderes "más fuertes" que podrían reemplazar a Videla serían probablemente desastrosos para la Argentina y sobre todo para sus relaciones con los Estados Unidos y con Europa Occidental¹⁴.

IV. Los moderados y el frente externo

Ante la ofensiva de sus adversarios internos, Videla se propuso afianzar el apoyo norteamericano mediante una serie de iniciativas en el frente externo. Así, un equipo de sus colaboradores liderado por el secretario general de la presidencia José Villarreal y por su subsecretario, el abogado radical Ricardo Yoffre, comenzaron a proyectar una serie de visitas presidenciales al exterior con el objetivo de contribuir a la imagen de Videla como un líder "moderado"¹⁵.

Los funcionarios de la cancillería argentina recibieron órdenes de Massera de boicotear esas visitas bajo el pretexto o bien de que el país a visitar era una "cueva de subversivos y marxistas", o bien de que "la visita iba a ser usada para humillar a nuestro presidente con la campaña antiargentina que elementos subversivos desarrollan en el exterior" (Cisneros y Escudé 2000: 283). Massera había comprendido que los planes políticos de apertura del videlismo eran el principal obstáculo para su propio proyecto. Tal como afirma Uriarte (1992: 160): "Massera había comenzado a intuir que se avecinaban dos desemboques posibles para el gobierno de la Junta Militar: el 'liberal', que básicamente consistía en una alianza de Viola con Villarreal y Yofre y la UCR, y el 'corporativista', que configuraba una vaga alianza entre los comandantes de Cuerpo y todo cuanto hubiera de totalitario y corporativista en el país". Massera tenía la pretensión de encarnar el liderazgo de esta última corriente, orientándola hacia una dirección obrerista en alianza con el peronismo.

La primera visita de Videla fue a Perú, en marzo de 1977. Perú estaba gobernada entonces por el general conservador Francisco Morales Bermúdez, quien lideraba un proceso de transición hacia la democracia tutelado por las Fuerzas Armadas. Luego de su encuentro con Morales Bermúdez, Videla improvisó una conferencia de prensa en la que se manifestó a favor del diálogo político y del debate de ideas, y declaró que se había terminado la etapa del silencio. Las declaraciones fueron desautorizadas por la Marina, a través del subsecretario de Información Pública capitán de navío Carlos Corti, quien declaró antes los mismos periodistas: "Esto es lo que él piensa, pero nosotros no estamos de acuerdo" (Uriarte 1992: 156). A lo que se sumó el ministro Harguindeguy, quien aclaró que el fin del silencio "no significa la apertura del diálogo con las agrupaciones políticas" (Clarín, 18 de marzo de 1977, citado en Novaro y Palermo 2003: 194). Tras el regreso de Videla, Massera le exigió la renuncia de Villarreal y Yofre, a lo que Videla se negó (Uriarte 1992).

El segundo viaje del presidente fue a Venezuela, una de las pocas democracias en el continente, entonces gobernada por Carlos Andrés Pérez. Este socialdemócrata era uno de los líderes latinoamericanos más cercanos a Carter, por lo que el videlismo buscaba a través de él un mejor acceso al presidente norteamericano. Videla concretó su visita a finales de mayo. El presidente argentino fue recibido por Carlos Andrés Pérez y mantuvieron un encuentro privado en el que discutieron sobre la cuestión de los derechos humanos en Argentina y un eventual retorno a la democracia¹⁶. Al finalizar el encuentro, en declaraciones a la prensa Carlos Andrés Pérez manifestó su deseo de que se produjera un pronto retorno a la democracia en la Argentina; Videla por su parte manifestó que el objetivo de las Fuerzas Armadas era el retorno a la democracia pero que para ello sería necesario primero consolidar el orden y la autoridad, y se negó a hablar de un posible calendario para la transición. Ante las preguntas de la prensa venezolana, Videla admitió la posibilidad de que las fuerzas de seguridad estuvieran cometiendo "excesos" en su lucha contra la subversión, pero negó que ésta fuera una política del gobierno¹⁷.

En el viaje de Videla a Venezuela tuvo un rol clave el embajador argentino en ese país, el dirigente radical Héctor Hidalgo Solá quien se perfilaba como un actor importante en una posible transición tutelada. Luego de la visita de Videla el embajador declaró que aspiraba a una pronta evolución hacia la democracia y que iba a hacer "lo posible para ser el presidente de la Argentina" (citado en Yofre 2007: 68). Pero el 18 de julio de 1977 sería secuestrado y desaparecido, lo que significó un duro golpe para el sector videlista

V. La asunción de Carter y los contactos con Martínez de Hoz

En enero de 1977 asumió la presidencia de los Estados Unidos el demócrata Jimmy Carter. La nueva administración daría un giro en la política exterior norteamericana otorgándole a los derechos humanos un lugar central, contando para ello con el apoyo de importantes sectores del Congreso, de sectores afines del Departamento de Estado y de organismos no gubernamentales (Schoultz 1981, Sikkink 2004, Schmitz y Walker 2004). La administración demócrata comenzaría a negar asistencia militar y apoyo a créditos destinados a la Argentina en los organismos multilaterales denunciando la situación de los derechos humanos en el país.

La presión de la administración de Carter introdujo un nuevo clivaje en los conflictos al interior del gobierno militar: el de cómo responder a dichas presiones. Hasta la asunción de Carter, si bien no eran inexistentes las diferencias entre duros y moderados en cuanto a cómo debía responderse a las "críticas externas", se trataba más bien de una diferencia de matices. Los moderados podían en sus conversaciones con los diplomáticos norteamericanos reconocer que había un "problema" a resolver en relación a los derechos humanos. Los duros, por su parte, se enfrascaban en el argumento de que la Argentina estaba peleando una guerra justa y que la "incomprensión" de las democracias occidentales no debían torcerla de sus objetivos internos, a la vez que acusaban a las organizaciones de derechos humanos que influían en las decisiones en Washington de estar infiltradas por el "marxismo internacional". Pero todos parecían obrar en acuerdo con la estrategia hacia el exterior que había sido acordada antes del golpe: mantener la represión en secreto, desvincular a los miembros de la Junta de los grupos de tareas y ganar tiempo con promesas en el frente externo mientras se acababa con la "guerra antisubversiva".

A partir de 1977, con la creciente presión internacional, las diferencias ideológicas entre los sectores duros y moderados tendieron a acrecentarse y cada uno defendió la necesidad de encauzar al Proceso de acuerdo a su propia idea. Los duros sostenían a rajatabla la legitimidad de la lucha antisubversiva y veían cualquier intento de concesión de Videla a los norteamericanos como una claudicación. En esta línea, el brigadier Ramón Agosti declaró en mayo de 1978 que el Proceso defendería sus ideales "hasta con la soledad más absoluta si es necesario" (Clarín, 19 de mayo de 1978, citado en Novaro y Palermo 2003: 285 nota al pie 38). En el mismo sentido el canciller argentino Oscar Montes denunciaría en septiembre de 1978 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el terrorismo "es una vasta conspiración" para aislar a la Argentina del resto del mundo ante lo cual el país ejercía el "legítimo derecho de defensa", agregando luego que "los grupos terroristas, escudados en una pretendida campaña de defensa de los derechos humanos, recurren a intencionadas acusaciones para presentar a esos países como violadores de tales derechos" (Troncoso 1985: 68).

Los moderados, por su parte, buscaban mantener un diálogo abierto con la administración norteamericana a través de concesiones menores en materia de derechos humanos y de continuas promesas de una pronta finalización de la "guerra antisubversiva" y una posterior transición a la democracia. A la vez, los moderados continuaban amparándose en la supuesta voluntad de Videla de terminar con la represión ilegal y la continua oposición de los duros.

La administración norteamericana, por su parte, buscaría mantener un diálogo directo con Videla más allá de la cancillería, dominada por la Marina. Lo haría buscando interlocutores de confianza del presidente argentino, con la esperanza de que un diálogo directo con Videla pudiese mejorar la situación de los derechos humanos.

Estos intentos, en verdad, habían comenzado poco tiempo después del golpe de Estado. Ya en mayo de 1976 el embajador Hill se había reunido con Yofre y le había ofrecido que él se convirtiera en un canal reservado a través del cual el gobierno norteamericano pudiera mantener una comunicación fluida con Videla. Yofre aceptó la propuesta y prometió comunicarla al presidente¹⁸. Sin embargo, no se observan registros en los documentos del Departamento de Estado de que este canal reservado prosperara.

En 1977 la diplomacia norteamericana buscó abrir un nuevo canal a través del ministro de economía Martínez de Hoz, otro estrecho aliado de Videla¹⁹. En mayo el ministro viajó a Guatemala para asistir a una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Martínez de Hoz tenía buenas conexiones con altos funcionarios de los Estados Unidos y su plan económico contaba con mucho prestigio en ese país, de modo que su viaje fue aprovechado para intentar destrabar tres créditos que el gobierno argentino había solicitado: uno en el Banco Mundial y otros dos en el BID. El ministro se reunió con el secretario del tesoro Michael Blumenthal para solicitarle el apoyo norteamericano²⁰. Si bien Blumenthal alabó el programa económico de Martínez de Hoz, le explicó que la situación de los derechos humanos preocupaba al gobierno norteamericano y le recomendó que pospusiera toda solicitud ante los organismos financieros ya que el gobierno norteamericano no podía apoyar préstamos en beneficio de países acusados de violaciones a los derechos humanos²¹. Martínez de Hoz aceptó posponer las solicitudes en el BID pero se negó a retirar la solicitud en el Banco Mundial, un crédito en el que el gobierno argentino tenía especial interés²².

El ministro también se reunió con el director del Consejo de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski, quien le aconsejó que para facilitar el apoyo del gobierno norteamericano a la solicitud, la Junta debía realizar gestos unilaterales que aliviaran la situación de los derechos humanos²³. El ministro aceptó la propuesta, y luego de su regreso a Buenos Aires se comunicó con el diplomático norteamericano Maxwell Chaplin para adelantarle que el gobierno argentino anunciaría el restablecimiento del derecho constitucional de opción -para que los detenidos puedan abandonar el país-, que se procesaría en cortes civiles a acusados de actos de terrorismo y que se prohibiría temporalmente la circulación de la revista de ultraderecha Cabildo, cuyo último número, de fuerte contenido antisemita, había llevado al Consejo Judío Americano a pedir su prohibición²⁴.

Martínez de Hoz se presentaba así como un canal ideal para la diplomacia norteamericana. La gestión de créditos era un tema sensible para el gobierno argentino, y el ministro de economía tenía capacidad de acceso directo e influencia en las decisiones presidenciales. Tras la comunicación Chaplin escribió a Washington:

Estamos impresionados por el grado en que Martínez de Hoz ha sido capaz de obtener respuestas aparentemente positivas del gobierno argentino en áreas sensibles de los derechos humanos (aunque lo haya hecho con el objetivo de obtener un voto favorable por parte de los Estados Unidos), y no creo que estas respuestas deban ser subestimadas por su limitado alcance²⁵.

Dos días antes de que sometiera a votación el crédito en el Banco Mundial el gobierno argentino anunció públicamente las medidas que Martínez de Hoz había adelantado a Chaplin. Se informó que se publicaría una lista de 342 detenidos bajo el Poder Ejecutivo Nacional que serían liberados, que se procesarían alrededor de 1.000 acusados bajo cargos de subversión en las cortes federales y militares, que el presidente Videla había ordenado al ministro del interior analizar la posibilidad de reinstaurar el derecho de opción y que se prohibiría la circulación de los números de junio y julio de la revista Cabildo. La Opinión, que ya estaba intervenido por las autoridades militares tras la detención de su director Jacobo Timerman, fue el único diario que difundió el anuncio del gobierno al cual enmarcaba en los intentos del gobierno de "contrarrestar la imagen negativa que se estaba difundiendo sobre la Argentina en el extranjero"²⁶.

La respuesta del gobierno norteamericano fue una abstención en la votación del Banco Mundial. En la explicación de la decisión el delegado norteamericano hizo notar que en las últimas semanas había habido indicios de una mejora en la situación de los derechos humanos, a la vez que expresaba la esperanza de que futuros progresos hicieran posible que los Estados Unidos dieran su apoyo a futuros pedidos de crédito para la Argentina²⁷. En declaraciones públicas luego de la votación, el ministro Martínez de Hoz afirmó que la abstención norteamericana era un alentador signo de que la situación argentina comenzaba a ser comprendida y se congratuló de que sus propios esfuerzos hubieran impedido un voto negativo²⁸. El crédito fue finalmente otorgado a la Argentina: diecinueve de los veinte delegados presentes dieron su apoyo al pedido.

Durante las semanas posteriores a los anuncios, los diplomáticos norteamericanos en Buenos Aires se abocaron a reunir información más detallada sobre las medidas con vistas a que el mismo presidente Carter las reconociera públicamente como un logro de su política de derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo a los contactos de la embajada con los organismos de derechos humanos y con la Iglesia, nada había cambiado en la situación de la mayoría de los detenidos que figuraban en la lista de amnistiados. Maxwell Chaplin envió el 22 de junio un cable a Washington informando que la embajada no había logrado confirmar que efectivamente se hubiera producido una liberación de 342 detenidos ya que, en numerosos casos, familiares de los detenidos incluidos en las listas habían asegurado que ellos aún estaban detenidos sin ninguna perspectiva de ser liberados. A su vez, el diplomático informaba que no se habían producido avances en los supuestos intentos de reinstaurar el derecho de opción. Chaplin cerró su informe considerando que la evidencia reunida parecía mostrar que se trataba nada más que de una "cortina de humo estadística" para aparentar progresos en el área de los derechos humanos²⁹.

Tras la insistencia del secretario de Estado Cyrus Vance para que Chaplin reuniera más información al respecto³⁰ el diplomático se contactó con Martínez de Hoz para indagar sobre las medidas anunciadas. El resultado fue frustrante: Martínez de Hoz le aseguró primeramente que todas las medidas anunciadas por el gobierno habían sido implementadas, pero ante la insistencia del norteamericano pidiendo detalles, se limitó a responder que no podía dar más información ya que el asunto estaba fuera de su área. La conversación concluyó sin que Chaplin pudiera obtener ninguna aclaración sobre los anuncios. Finalizado el encuentro reportó a Washington: "La respuesta argentina en esta instancia no es particularmente alentadora. La táctica de expresar interés en temas de derechos humanos no produjo resultados positivos, parece que se trata de un área en la que pocos quieren ser culpados o recibir créditos"³¹.

VI. Videla y el frente interno

Mientras tanto, las luchas internas dentro del régimen se intensificaron. A comienzos de 1977 el ministro de trabajo Horacio Tomás Liendo, un aliado de Videla, organizó una comitiva conjunta con dirigentes sindicales para concurrir a las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre los dirigentes que concurrirían a la reunión de la OIT se encontraba el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Oscar Smith, uno de los interlocutores con los que Liendo intentaba llevar a cabo una política de diálogo con los sindicatos. Días antes de emprender su viaje, Smith fue secuestrado y desaparecido por comandos del I cuerpo de Ejército bajo la dirección del general Suárez Mason. El secuestro de Smith estuvo destinado a poner un límite a la capacidad de los moderados de determinar una política sindical sin un acuerdo con los halcones del Ejército, cuya posición era en este caso avalada por la Marina y por la Fuerza Aérea (Uriarte 1992).

En abril de ese año fue secuestrado el periodista de La Opinión Edgardo Sajón, quien se había desempeñado como secretario de prensa y difusión durante la presidencia de Alejandro Lanusse. El secuestro de Sajón fue una maniobra proveniente del I cuerpo de Ejército para limitar el avance de los sectores del gobierno más interesados en una apertura política (Novaro y Palermo 2003, Uriarte 1992). Algunas semanas más tarde fue secuestrado por el mismo sector el director de La Opinión Jacobo Timerman, un hecho que tuvo fuertes repercusiones internacionales. Posteriormente fue puesto en prisión el ex presidente Lanusse acusado de participar en hechos de corrupción en la empresa Aluar. La prisión había sido dictada por el juez Eduardo Marquardt siguiendo instrucciones del gobernador de la Provincia de Buenos Aires general Ibérico Saint Jean, un halcón y estrecho aliado de Suárez Mason³². Cabe destacar que desde hacía tiempo los halcones intentaban atacar a Lanusse por haber habilitado durante su presidencia la participación electoral del peronismo y por sus críticas a que la lucha contra la subversión se hiciera "por izquierda". En julio, a la desaparición de Héctor Hidalgo Solá se sumó una bomba colocada en la casa del subsecretario Yoffre quien salvó su vida porque no se encontraba allí en ese momento. En un cable enviado desde la embajada norteamericana en Buenos Aires a Washington Chaplin dio cuenta de la situación alertando sobre un "incremento del uso de la violencia y de las técnicas contraterroristas ilegales por parte de grupos oportunistas dentro de algunos sectores militares y de fuerzas de seguridad (...) motivados por razones de política interna no directamente conectadas con la lucha contra la subversión"³³. Y puntualizaba que los recientes secuestros de Hidalgo Sola, Oscar Smith así como el caso Aluar eran resultado de la incapacidad de los moderados de mantener la situación bajo control³⁴.

VII. El intento de abrir un nuevo canal a través del diálogo Videla-Carter³⁵

En este contexto, el gobierno norteamericano decidió redoblar sus esfuerzos a través de un contacto directo con Videla. El presidente Carter tenía interés en mantener un diálogo directo con el presidente argentino, la información de los cables de la embajada afirmando que se trataba de un líder moderado con el que los Estados Unidos debían trabajar en uno de los peores casos de violaciones a los derechos humanos lo había llevado a buscar una instancia personal con la cual obtener una impresión de primera mano (Patricia Derian, entrevista, 2006). Así se abrió un canal directo de contacto entre Carter y Videla a comienzos de septiembre de 1977, durante la firma del Tratado del Canal de Panamá. Se trató del único encuentro personal entre ambos presidentes. La reunión había sido lograda gracias a las gestiones del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez y del secretario general de la OEA el argentino Alejandro Orfila (Yoffre 2007).

Nuevamente los encargados de planificar el viaje y diseñar una estrategia por el lado argentino fueron Villarreal y Yoffre³⁶ (Uriarte 1992). La Marina, por su parte, intentó boicotear el acercamiento entre Videla y Carter con el argumento de que Videla quedaría en una posición de humillación y subordinación frente al presidente norteamericano. El periódico Convicción, creado por Massera y en los hechos un vocero de la Marina, publicó una editorial muy agresiva en la que comparaba la convocatoria de Carter con el silbato de un patrón de estancia para congregar a sus peones (Uriarte 1992). Además, ese arma encontró oportuna la llegada de Videla a Washington para anunciar que no participaría en los ejercicios militares conjuntos con los Estados Unidos UNITAS en represalia por la reducción de la asistencia militar anunciada por el gobierno norteamericano en febrero de ese año. Claramente se trataba de otra maniobra de la Marina para minar las posibilidades de un acercamiento entre Videla y el gobierno norteamericano. La oposición de la cancillería no pasó desapercibida para los diplomáticos norteamericanos, que veían los riesgos que implicaba el intento de acercamiento de Videla al gobierno de los Estados Unidos. En las vísperas del viaje presidencial a Washington, Chaplin pidió al Departamento de Estado que se evitaran las críticas abiertas argumentando que un trato excesivamente hostil podría impulsar a los halcones a intentar hacerse del gobierno³⁷.

Algunos días más tarde, el presidente recibió otro golpe. El 8 de septiembre -cuando Videla ya se encontraba en Washington- fue secuestrado Alfredo Bravo, secretario general del sindicato docente CTERA, por un comando al mando del jefe de policía de la provincia de Buenos Aires coronel Ramón Camps. Videla entendió que el secuestro era un desafío a su liderazgo y desde Washington intentó contactarse con sus ministros para lograr su liberación (Ricardo Yofre, entrevista, 2006, Seoane y Muleiro 2001)³⁸. La evidencia de que su secuestro obedecía en parte a una guerra de facciones quedó reforzada con el propio testimonio de Alfredo Bravo en septiembre de 1979 ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bravo declaró allí que en su primera sesión de torturas sus interrogadores insultaban al presidente Videla, el "flaco" como lo llamaban, porque no tenía el coraje necesario para manejar el país³⁹.

El encuentro Videla - Carter tuvo lugar en la Casa Blanca el día 9 de septiembre y tuvo como temas centrales la situación de los derechos humanos y la no proliferación nuclear. Carter le presentó a Videla una lista de 3000 detenidos políticos preparada por el Comité Argentino por los Derechos Humanos (con sede en Washington) y se interesó particularmente por el caso de Jacobo Timerman y por la situación de la familia Deutsch cuyos miembros - padre, madre y las tres hijas- habían sido secuestrados el 27 de agosto en la ciudad de Córdoba. Videla, por su parte, prometió a Carter que para la Navidad de ese año estaría normalizada la situación de los derechos humanos y agregó que estaba dispuesto a aceptar visitas de especialistas en derechos humanos pertenecientes a organizaciones internacionales. Al finalizar la reunión ambos presidentes acordaron continuar con la comunicación en relación a los derechos humanos por medio de un canal directo e informal⁴⁰.

Con una carta enviada a Carter el 11 de octubre el presidente Videla le comunicó que dos de los integrantes de la familia Deustch se encontraban detenidos y serían sometidos a juicio por un Tribunal Militar -lo que significaba que habían sido "blanqueados"- y que los otros tres integrantes serían puestos en libertad⁴¹. El 3 de noviembre Carter respondió la carta enviada por Videla expresando su satisfacción por las noticias referidas a la familia Deutsch y su esperanza de que el presidente argentino pudiera resolver la situación de los derechos humanos para la Navidad de ese año⁴².

En la Argentina, mientras tanto, se agudizaba la interna entre Videla y Massera por los duros comentarios que habían aparecido en el diario Convicción en referencia al viaje del presidente a Washington. Entre los diplomáticos norteamericanos se especulaba que la Marina fuera responsable de la desaparición de Bravo. En referencia a esta posibilidad y a la reacción del presidente frente a su desaparición Chaplin informó en un cable a Washington de finales de septiembre:

No sabemos si Videla en su fuero interno culpa a la Marina por actos tan extraordinarios como el de la desaparición de Bravo, pero quien organiza este tipo de actos está en problemas: Videla dijo el 21 de septiembre a un grupo de corresponsales norteamericanos y argentinos que rodarían cabezas porque él personalmente tomaría acciones contra los perpetradores. Continuó diciendo que por demasiado tiempo se había tenido que hacer responsables de estos hechos, y que durante su visita a los Estados Unidos esto le había llevado a soportar un grado de humillación que ya no está dispuesto a tolerar⁴³.

VIII. El veto interno a la estrategia de Videla

En diciembre de 1977 Videla se propuso llevar a cabo algunas medidas de alivio para presos políticos bajo la autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, lo que se mostraría al gobierno norteamericano como el cumplimiento de las promesas hechas a Carter. Así, el gobierno anunció la liberación de 389 detenidos y que se concedería el derecho de opción a otros 10 detenidos.

Dichas concesiones, sin embargo, se vieron opacadas por una serie de resonantes secuestros. A principios de diciembre un grupo de tareas perteneciente a la Marina secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, lo que en el entorno de Videla se interpretó como un intento de desacreditarlo⁴⁴. Posteriormente, luego de la amnistía de Navidad, 5 detenidos que habían sido beneficiados por dicha amnistía fueron secuestrados y asesinados inmediatamente luego de su liberación⁴⁵. En todos los casos, los presos estaban detenidos en el penal de La Plata y habían sido secuestrados minutos después de ser liberados durante la medianoche, por lo que resultaba claro que existía una complicidad entre los asesinos y las autoridades del penal.

Los relatos sobre estos secuestros se difundieron rápidamente entre los familiares y entre los detenidos alojados en el penal de La Plata. En ese momento se encontraba alojado en ese penal Alfredo Bravo, quien había sido "blanqueado" dos semanas después de su secuestro. La mujer de Bravo se reunió con el ministro Harguindeguy para garantizar la seguridad de su marido y éste le aseguró que tanto él como Videla habían intentado que Alfredo Bravo figurara en la reciente lista de liberados de fin de año, pero que habían tenido una fuerte oposición dentro de las Fuerzas Armadas⁴⁶, en particular de parte del primer cuerpo de Ejército quienes, admitió Harguindeguy, habían secuestrado a Bravo. El ministro reconoció que este sector podría intentar asesinar a Bravo si se lo liberaba y confesó que para el gobierno era más fácil garantizar su seguridad personal mientras él permaneciera en prisión; aunque agregó que no había ninguna razón para considerar que Alfredo Bravo fuera un "subversivo" y que solamente "los locos" del primer cuerpo de Ejército querían mantenerlo en prisión. Reconociendo el enorme costo político que significaba mantener preso a Bravo y que una eventual liberación podría poner en peligro su vida, Harguindeguy le propuso a la Sra. Bravo que su marido solicitara ser considerado para el derecho de opción, de este modo, podrían liberarlo y garantizar su vida al mismo tiempo⁴⁷.

La Sra. Bravo se reunió posteriormente con el coronel José Ruiz Palacios, viceministro del interior, para informarle que su marido no estaba de acuerdo con la idea de solicitar el derecho de opción porque significaba reconocer implícitamente una detención que había sido hecha sin acusación alguna. Ruiz Palacios insistió con la solución del derecho de opción, argumentando que era la mejor solución para la situación de Bravo y que Harguindeguy había tenido una muy dura pelea con Suárez Mason para lograr sacarlo de su estatus de detenido ilegal y convertirlo en un detenido bajo custodia del Poder Ejecutivo Nacional⁴⁸. Algunas semanas más tarde el subsecretario Yoffre le repitió a la Sra. Bravo que mientras que en el Ministerio del Interior estaban a favor de la liberación de su marido, temían que tras su liberación fuera asesinado por grupos de línea dura que estaban fuera del control del Ejecutivo⁴⁹. Finalmente, Bravo obtendría la libertad condicional el 16 de junio de 1978. Videla había logrado garantizar la seguridad personal del líder docente acordando con el coronel Camps que le sería dado el grado de general a condición de que se garantizara que nada le sucedería a Bravo tras su liberación (Uriarte 1992). La liberación de Bravo pudo mostrarse como un logro de Videla en un caso que era de sumo interés para los Estados Unidos.

IX. Massera nuevamente tras el apoyo de los Estados Unidos

Entre fines de 1977 y comienzos de 1978 Massera redobló sus esfuerzos por conseguir el apoyo norteamericano. El almirante había entendido que el encuentro Videla-Carter lo había dejado en seria desventaja para sus aspiraciones, por eso decidió ofrecerse como un canal alternativo, intentando convencer a la diplomacia norteamericana de que Videla era demasiado débil para imponer una normalización de los procedimientos represivos, y que sólo él podía tener el poder y la voluntad necesarios para generar ese cambio.

A finales de 1977 el almirante envió a dos oficiales superiores de la Armada a los Estados Unidos en misión privada para establecer contactos con figuras de ese país que tuvieran acceso al presidente Carter. Allí se reunieron con el senador demócrata por Nueva York Jacob Javits y con el presidente del Consejo de Asuntos Hemisféricos Lawrence Birns para transmitirles que la Marina estaba a favor de la publicación de las listas de presos políticos y de desaparecidos, de transferir todos los casos tratados en cortes militares a las cortes civiles, y de establecer un plan para el retorno a la democracia y para reencauzar las relaciones con los Estados Unidos. Los oficiales argumentaron que la publicación de las listas era imposible por la cerrada oposición del Ejército y por la incapacidad de Videla de imponer a su fuerza sus decisiones, y que para impulsar un cambio de tendencia era necesario que el gobierno norteamericano dejara de enviar señales de apoyo a Videla -citando como ejemplo la cumbre entre Videla y Carter en Washington-. Y propusieron que bajo la apariencia de una misión de intercambio militar Massera fuera invitado a los Estados Unidos y se reuniera con el presidente Carter, para que pudiera transmitirle personalmente al presidente norteamericano su posición (Uriarte 1992).

Las gestiones de Massera comenzaron a encontrar un eco en los Estados Unidos. El Consejo de Asuntos Hemisféricos afirmó en un comunicado: "Bajo el mando del almirante Emilio Massera, la Armada Argentina se está convirtiendo en la rama militar argentina más receptiva ante la política de derechos humanos de la administración del presidente Carter" (citado en Troncoso 1985: 88). Hasta el mismo presidente Carter pareció apoyar la iniciativa de Massera cuando a finales de enero declaró en una conferencia de prensa:

Creo que estamos teniendo éxito (en el campo de los derechos humanos) en una forma lenta, tediosa. Esta mañana me he enterado, aunque no pueda garantizar su veracidad, de una noticia de prensa relacionada con los actuales líderes militares de la Argentina. Un grupo que los desafía, creo que de la Marina, dijo que la base del éxito futuro del gobierno era un mayor compromiso con la causa de los derechos humanos. Y ellos piensan que nosotros deberíamos apoyarlos porque son los más convencidos de que la cuestión radica en los derechos humanos (citado en Uriarte 1992: 191).

El Departamento de Estado, enterado del giro que estaba tomando la administración Carter en su política frente a la interna militar, decidió intervenir. El subsecretario de asuntos latinoamericanos Terence Todman le solicitó al funcionario de esa oficina John Bushnell que preparara un informe sobre la posibilidad de que la Armada se transformara en el principal socio de la administración norteamericana. Bushnell le respondió con un memorando en el que afirmaba:

463

Alejandro Avenburg

Se nos ha pedido que comentáramos nuestras impresiones sobre la posibilidad de que el comandante de la Marina argentina Massera no sea después de todo uno de los villanos en el drama argentino. Massera ha trabajado activamente en los últimos tiempos para difundir la noción de que él es el miembro más democrático de la Junta Militar y el que mostraría un mayor respeto por los derechos humanos. Él se ha salido de su camino para acercarse a sindicalistas, políticos peronistas y líderes judíos. También ha tratado de convencer a los funcionarios norteamericanos que visitaban la Argentina de que la Marina no es responsable de abusos por tener un rol periférico en la lucha contraterrorista. Pero esto es una tontería. La fuerza de 1000 hombres que constituye la Marina de Massera es la más activa de todas en la lucha contraterrorista. Tenemos información creíble de que la Marina ha sido responsable de la represión a curas y de que la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires ha sido utilizada como un centro de torturas. Ninguna de estas actividades podría escapar al conocimiento de Massera ya que de todas las fuerzas de la Argentina la de Massera es la más estrechamente cohesionada (...) La imagen que él parece estar cultivando con éxito no es la que mejor se adecúa a los hechos tal como los conocemos⁵⁰.

La embajada se sumó a los intentos de evitar un giro "masserista" en la política de Washington. El recientemente nombrado embajador Raúl Castro indicó en un cable enviado algunos días más tarde: "La embajada ha estado recientemente recogiendo indicaciones de que muchos argentinos creen que el gobierno norteamericano se ha inclinado a dar apoyo al almirante Massera porque cree que el almirante quiere mejorar la situación de los derechos humanos en la Argentina"⁵¹, y dichas declaraciones "han llevado a interpretaciones inadecuadas distorsionando la posición norteamericana frente a los miembros individuales de la Junta"⁵²; una orientación que el embajador consideraba con preocupación y desalentaba; y alertaba sobre el peligro de que funcionarios del gobierno argentino comenzaran a acusar a los Estados Unidos de interferir en los asuntos domésticos.

También el Consejo de Asuntos Hemisféricos se opuso a considerar a Massera como un canal alternativo de la política de Washington. Su director Lawrence Birns le escribió a Carter para relatarle su encuentro con los dos oficiales y la aspiración de Massera de recibir una invitación por parte del gobierno norteamericano y transmitió su propia opinión: "Nuestra organización se opondrá a cualquier invitación que se le haga (a Massera) hasta que la Marina argentina dé una dramática indicación de que intenta mejorar drásticamente sus antecedentes sobre derechos humanos" (citado en Yoffre 2007: 94).

Las gestiones de allegados a Massera para lograr el apoyo norteamericano sin embargo continuaron. A principios de febrero de 1978 el contraalmirante Allara se dirigió al embajador Castro para sondear un posible apoyo del gobierno norteamericano a Massera, ofreciendo su cooperación para cualquier gestión que el gobierno de Carter necesitara hacer y dejando en claro que las decisiones de la cancillería argentina dependían enteramente de Massera⁵³. Algunas semanas más tarde el propio almirante entabló contacto con el diplomático Tex Harris. Massera le aseguró que su propia fuerza había sido la inspiradora de la decisión de otorgar una amnistía en Navidad y de publicar las listas de todos los detenidos y que la Marina era el arma más interesada en un pronto retorno a la vida democrática. Y agregó que estaba trabajando para que se publicara una lista de todos los desaparecidos además de la ya publicada lista de detenidos⁵⁴.

Los intentos de Massera no lograron cambiar la percepción de la diplomacia norteamericana, que continuó renuente a dar muestras de apoyo a su proyecto. Así lo muestra un informe interno del Departamento de Estado de mayo:

Mucho se ha dicho sobre la pelea entre Videla y el comandante de la Marina Emilio Massera, quien ha tratado de ganar un lugar entre las autoridades norteamericanas como un impulsor del respeto a los derechos humanos que no puede actuar por las presiones de los duros del Ejército. La autoproclamada sensibilidad en materia de derechos humanos del almirante no evitó que sus subordinados de la Armada cometieran abusos en sus esfuerzos contraterroristas. Las maquinaciones de Massera respecto a los derechos humanos y sus críticas públicas a otras políticas del gobierno son asuntos de conveniencia política destinados a promover sus ambiciones presidenciales. Él ha sido un factor de perturbación, pero el hecho es que aún el Ejército es por lejos el arma dominante, y sus generales están lejos de renunciar al apoyo a Videla en favor de las ambiciones personales de Massera⁵⁵.

La visita del subsecretario de Estado David Newsom en mayo fue escenario de nuevas disputas. El día anterior a la visita, el general Viola se comunicó con el embajador Castro para solicitarle que la visita de Newsom a la cancillería fuera sólo "cosmética" y que lo sustancial de las discusiones se dejara para el encuentro con el presidente y sus asesores -participarían de la reunión también el coronel Miguel Mallea Gil y el general José Villarreal- dejando claro que el presidente estaba dispuesto a dedicar al subsecretario todo el tiempo que él creyera necesario⁵⁶.

Massera, por su parte, no quiso desaprovechar la oportunidad que la visita ofrecía y transmitió a la embajada su "disgusto" porque el norteamericano no hubiese solicitado un encuentro con él. Luego de que diplomáticos de la embajada consultaran al presidente Videla y que éste diera el visto bueno a dicho encuentro, el subsecretario accedió a incluir una reunión con Massera en su visita⁵⁷. En dicha reunión Massera volvió a presentarse como un promotor de los derechos humanos y le aseguró a Newsom que le había enviado a la Junta una propuesta de publicar las listas de todos los muertos en la "guerra contra la subversión"⁵⁸. Algunos meses más tarde Massera le acercaría a Harris una carta privada que le había enviado a Videla con este mismo pedido, para luego solicitarle al norteamericano una invitación formal del gobierno de Carter⁵⁹. Ante la falta de respuesta de la diplomacia norteamericana, Massera volvería a intentar conseguir una invitación el 15 de septiembre, un día antes de su pase a retiro, mediante una carta escrita al presidente Carter en la que le solicitaba una reunión personal para intercambiar opiniones sobre el estado de las relaciones argentino-norteamericanas⁶⁰.

A pesar de los intentos de Massera, el gobierno norteamericano se negó sistemáticamente a abrir un canal de diálogo con él. Como vimos en las opiniones de Bushnell, el almirante no era visto como un líder confiable en Washington por varios motivos. En primer lugar, el Departamento de Estado tenía suficiente información como para saber que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) era un gran centro de torturas dependiente de la Marina y que Massera estaba totalmente involucrado. Por otro lado, los diplomáticos norteamericanos consideraban al almirante como un líder ambicioso, astuto e impredecible, que fácilmente podría virar hacia un populismo antinorteamericano en caso de llegar al poder. En este sentido Videla era una garantía, dada la preocupación norteamericana de que los dictadores pudieran utilizar las presiones norteamericanas para azuzar una reacción nacionalista contra "la injerencia externa". Era claro que Videla difícilmente utilizaría esa carta en su política exterior, y que Massera aprovecharía la menor oportunidad para hacer uso de ella. Pero por sobre todas las variantes a considerar, evidentemente los norteamericanos aún mantenían una expectativa abierta en Videla y sus continuas promesas, por lo que creían que sería un mejor interlocutor que Massera para tratar los temas de derechos humanos.

Cuando en septiembre de 1978 Videla se reunió en Roma con el vicepresidente de los Estados Unidos Walter Mondale -durante la ceremonia de asunción del Papa Juan Pablo II- ambos gobiernos acordaron formalmente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizaría una visita a la Argentina el siguiente año bajo las condiciones requeridas por el organismo⁶¹. El acuerdo fue una victoria temporal del sector videlista del gobierno que pareció mostrar que su continua búsqueda de acuerdos con el gobierno norteamericano rendía sus frutos. Gracias al acuerdo, el gobierno norteamericano suspendió la aplicación de la enmienda Humphrey-Kennedy que determinaba la finalización de la asistencia militar y de la venta de armas a la Argentina. Asimismo, el acuerdo fue una victoria para Massera, ya que permitió liberar un crédito del Eximbank que requería la compañía norteamericana Allis Chalmers para construir una fábrica de turbinas en beneficio de Astilleros Argentinos, que dependían de la Marina. Massera tenía especial interés en ese proyecto ya que permitiría a la Marina desarrollar una actividad industrial a una escala similar a la de las actividades desarrolladas por el Ejército (Tex Harris, entrevista, 2007). La confluencia del interés de ambos líderes militares fue uno de los factores fundamentales que permitieron llegar al acuerdo entre el gobierno argentino y la CIDH (Novaro y Avenburg 2009).

Sin embargo, fue el sector videlista en particular el que pagó el precio más alto una vez realizada la visita de la CIDH. El informe publicado por la Comisión daba por cierta la responsabilidad gubernamental en las desapariciones y asesinatos y requería el esclarecimiento de dichos crímenes. Lo cual pareció dar la razón a los duros en su estrategia aislacionista: ahora ellos podían argumentar que la estrategia videlista de ceder ante las presiones norteamericanas había creado un enorme problema para el gobierno militar. El informe marcó la derrota fundamental de la estrategia de la "negación plausible". A partir de allí, el problema de cómo garantizar la impunidad futura para quienes habían participado de la represión ilegal se convertiría en un tema central para el gobierno militar.

X. Conclusiones

El interés del gobierno norteamericano por las violaciones a los derechos humanos en la Argentina comenzó aún antes de la asunción de Carter a la presidencia. Como vimos, ya en 1976 este tema predominaba en la agenda norteamericana, si bien el secretario de Estado Kissinger se ocupó personalmente de apoyar al gobierno militar argentino frente a las presiones del Congreso. En un contexto de relativa anuencia del gobierno norteamericano y de reciente acceso al poder del gobierno militar, las diversas facciones dentro de las Fuerzas Armadas lograron mantenerse unidas en torno a la estrategia de "negación plausible", es decir, la estrategia de negar la responsabilidad de la Junta en su conjunto en las detenciones ilegales y asesinatos.

Con la intensificación de las presiones en las vísperas y posteriormente a la llegada de Carter al gobierno, la fragmentación y competencia entre facciones al interior de la dictadura se profundizaron.

En primer lugar, la diplomacia norteamericana se convirtió en un terreno de competencia entre sectores videlistas y sectores masseristas por mostrarse como los mejores canales para la implementación de la política de derechos humanos norteamericana. Ambos líderes estaban interesados en garantizarse el apoyo norteamericano para volcar la relación de fuerzas interna a su favor en contra de facciones rivales. En el caso de Videla, la búsqueda de apoyo norteamericano se basó en concesiones muy limitadas en materia de derechos humanos, en esencia, en la liberación de prisioneros que eran de especial interés para los Estados Unidos (Timerman, Alfredo Bravo, la familia Deustch) y en la liberación de un número limitado de detenidos legales (como es el caso de la amnistía de Navidad de 1977). A su vez, Videla buscó el apoyo norteamericano mediante continuas promesas de una pronta finalización de la "guerra antisubversiva" y de un rápido retorno a la democracia; esas promesas se complementaban con señales como es el caso de los viajes internacionales y sus declaraciones públicas. Massera, por su parte, buscó el apoyo norteamericano asegurando a los diplomáticos de este país que estaba promoviendo la publicación de las listas de todos los detenidos y que Videla era demasiado débil para garantizar la terminación de la represión ilegal. La respuesta norteamericana fue la promoción de canales paralelos a la cancillería para llegar directamente al presidente Videla (a través de Yofre, de Martínez de Hoz y de los contactos personales del propio Videla con Carter), quien según la visión norteamericana era un interlocutor más confiable.

En segundo lugar, las promesas y limitadas concesiones de Videla dieron lugar a una estrategia de veto interno por parte de facciones rivales llevando a cabo secuestros resonantes para dar una imagen de debilidad del presidente. Así actuaron en el caso del secuestro de Bravo y de varios de los prisioneros liberados durante la amnistía de diciembre. A esto se sumó la profundización de un nuevo clivaje ideológico al interior del régimen entre sectores que querían evitar una ruptura con el gobierno norteamericano y sectores que auspiciaban un aislacionismo "en defensa de la soberanía". Entre los primeros se encontraban tanto Videla y sus colaboradores. Entre los últimos se encontraban sectores duros del Ejército y la Fuerza Aérea. La Marina, por su parte osciló entre una actitud más hostil frente a las presiones norteamericanas y una actitud de acercamiento, guiada por las ambiciones del propio Massera.

 

Notas

En este trabajo por motivos expositivos mantendremos la denominación de sectores "moderados" (liderados por los generales Videla y Roberto Viola) y sectores "duros" (liderados por los generales Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez) que se utilizaba en aquel período, si bien esa distinción debe ser obviamente relativizada, dada la responsabilidad de ambos sectores en la represión ilegal. En la siguiente sección se describen las distinciones ideológicas entre ambos sectores.

Para un análisis pormenorizado de estos enfrentamientos ver Fontana (1987), Novaro y Palermo (2003) y Novaro (2011). Para un análisis de cómo estos conflictos se manifestaron en el ámbito de la política exterior ver Russell (1987, 1988).

Una buena síntesis de los principales actores militares y los diversos agrupamientos que se daban en torno a distintos temas puede encontrarse en Novaro y Palermo (2003).

⁴ Sobre el tema de la imagen como una preocupación central de la última dictadura ver Martín (2010).

⁵ Telegrama 1751 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Ambassador's Conversation with Admiral Massera", 16 de marzo de 1976, SADP; Telegrama 3851, embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Gems from General Viola", 10 de junio de 1976, SADP; Cable 3460, embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Conversation with Undersecretary ofthe Presidence", 25 de mayo de 1976, SADP; Cable 6098, embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Economy Ministers Reaction to Human Rights Situation in Argentina", 17 de septiembre de 1976, SADP; Cable 6130 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Other Aspects of September 17 Conversation with Foreign Minister. Ref: Buenos Aires 6100", 20 de septiembre de 1976, SADP

Telegrama 3142, embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Junta's Moderate Line in Doubt", 11 de mayo de 1976, página 1, SADE

Memorando de la conversación entre Henry Kissinger y César Guzzetti, Santiago de Chile, 6 de junio de 1976, páginas 4, 10 y 11. Disponible online en: http:// www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB133/index.htm, ingresado el 26 de febrero de 2009.

Departamento de Estado, Memorando de Conversación, "Secretary^ Meeting with Argentine Foreign Minister Guzzetti", 7 de octubre de 1976, páginas 3 y 4, SADE

Embajada de Estados Unidos, "Memorandum of Conversation", 7 de diciembre de 1976, SADPLo cual estaba en abierta contradicción con lo que el subsecretario había escuchado en su reunión con Harguindeguy. En dicha reunión Harguindeguy le aseguró que el gobierno argentino comenzaría a publicar periódicamente las listas de todos los detenidos y que para abril de 1977 las listas completas estarían publicadas. Cable de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Conversation with Argentine Interior Minister", 9 de diciembre de 1976, SADP.

Cable 8000 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Admiral Massera Speaks of Divisions in Armed Forces", 9 de diciembre de 1976. Cable 0284 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Ambassador Hill's Luncheon with Minister ofPlanning (Major General) Diaz Bessone", 13 de enero de 1977, SADP

Cable 0683 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Admiral Massera Talks Again ofDivision within The Armed Forces", 28 de enero de 1977, SADP

Ibíd., página 4.

Ya en los inicios del régimen militar Villarreal y Yofre habían visto al ámbito externo como un área propicia para promover una faceta moderada del régimen convocando a dirigentes políticos para ocupar embajadas en el exterior. Los dirigentes políticos convocados fueron el radical Héctor Hidalgo Solá en Venezuela, el socialista Américo Ghioldi en Portugal, el radical Rubén Blanco en el Vaticano, el demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda en Italia y el desarrollista Oscar Camilión en Brasil.

¹⁶ Cable 5093 de la embajada de los Estados Unidos en Caracas, "Argentine President's Visit to Venezuela", mayo de 1977, SADP

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Cable 3460, embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Conversation with Undersecretary of the Presidence", 25 de mayo de 1976, página 5, SADP

¹⁹ Cisneros y Escude (2000: 295) observan que los contactos del ministro excedieron las atribuciones propias de un ministro de economía y se extendieron a cuestiones puramente políticas como era la cuestión de los derechos humanos.

El voto norteamericano tenía un peso preponderante en los organismos multilaterales: representaba el 30 por ciento en el BID, un 16,39 por ciento en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial y un 23,68 por ciento en la Corporación Financiera Internacional del mismo organismo (Rodríguez Caillava 2004: 71).La enmienda Harkin obligaba al gobierno norteamericano a votar negativamente a esas aplicaciones en caso de que se determinara que en la Argentina había un patrón permanente de violaciones a los derechos humanos.

Cable 128010 del Departamento de Estado, "Secretary Blumenthal's Bilateral Meeting with Argentina", 1 de junio de 1977, SADP.

Cable del Departamento de Estado, "Meeting with Martinez de Hoz, Argentine Economic Minister", 4 de junio de 1977, SADP

²⁴ Cable 4444 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "GOA Demarche on Human Rights", 15 de junio de 1977, páginas 1 y 2, SADP

²⁵ Ibíd., página 2.

²⁶ Citado en Cable 4638 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "GOA Notes Human Rights Improvements", 22 de junio de 1977, SADP

Cable 139085 del Departamento de Estado, "US Statement on Argentina in World Bank", junio de 1977, SADE

Cable 04630 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Martinez de Hoz Explains U.S. Loan Abstention", junio de 1977, SADE

Cable 4638 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "GOA Notes Human Rights Improvements", 22 de junio de 1977, página 4, SADE

Cable 162292, Vance para la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "GOA Notes Human Rights Improvements", 12 de julio de 1977, SADE.

Cable 5522 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "US Interest in Human Rights Improvements", 27 de julio de 1977, página 4, SADE

³² Uriarte (1992: 159) afirma que los casos de 'Timerman, Graiver y Aluar marcaron el fin definitivo del monopolio de la violencia por el Estado que tan insistentemente había sido reclamado por el Ejército durante la última época del impotente gobierno de Isabel Perón, e inauguraron la etapa de la competencia política, judicial, económica y militar abierta entre los distintos dominios de una Argentina feudalizada".³³ Cable 5581 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "The Human Rights Situation", 29 de julio de 1977, páginas 1 y 2, SADP.

³⁴ Ibíd.

³⁵ Algunos acontecimientos descriptos en esta sección, como el encuentro entre Videla y Carter, están basados en Avenburg (en prensa).

El encuentro, sin embargo, fue desaconsejado por Aja Espil ya que entendía que la reunión quedaría opacada por la multitudinaria presencia de mandatarios latinoamericanos -todos habían sido invitados a la firma del tratado-; para el embajador había que reservar el encuentro para otra ocasión que lo tuviera como acontecimiento central (Seoane y Muleiro 2001, Yofre 2007).

Cable 6564 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Videla Visit: Videla's Position on the Eve ofhis US Visit", 2 de septiembre de 1977, SADP

El secuestro de Alfredo Bravo respondería a un patrón que se repetiría con el tiempo. Ante un avance de los contactos entre el gobierno y representantes extranjeros, se producía un resonante secuestro para impedir que se avanzara en ese camino. En agosto de 1978 en ocasión de la visita a Buenos Aires del secretario general de la ONU Kurt Waldheim fue asesinado Horacio Agulla, un reconocido periodista asesor de Roberto Viola (Novaro y Palermo 2003). Luego, durante la presidencia de Viola se produjo un hecho similar cuando el entonces canciller Oscar Camilión viajó a Washington con el fin de recomponer las relaciones con los Estados Unidos, luego de la asunción de Ronald Reagan en 1981. Tras finalizar su visita, el ministro dio una conferencia de prensa en la que reconoció que la Argentina solamente podía esperar recomponer sus relaciones con los Estados Unidos luego del restablecimiento de las instituciones democráticas -ése era el mensaje que había recibido en su reunión con el vicepresidente George Bush-. Cuando el ministro emprendía su retorno a Buenos Aires fueron secuestrados dos personas por las fuerzas de seguridad, una de los cuales era el reconocido dirigente peronista Julio Bárbaro. Tanto Camilión como Viola lo interpretaron como una respuesta directa a las manifestaciones del ministro en Washington. La respuesta del presidente fue comunicarse con el jefe de policía para interceder por su liberación, que se produjo algunos días después (Camilión 1999).

Testimonio de Alfredo Bravo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington D.C, disponible en el Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Carta de Carter a Videla del 3 de noviembre de 1977, SADE La minuta de la reunión entre Videla y Carter no se encuentra desclasificada, sin embargo, se ha podido reconstruir lo conversado en dicha reunión indirectamente a partir de referencias existentes en otros documentos, entre ellos la correspondencia entre Videla y Carter que tuvo lugar con posterioridad al mismo.Carta de Videla a Carter del 11 de octubre de 1977, página 1, SADE

Cable 262832 del Departamento de Estado, "Letter to President Videla from President

Carter", 3 de noviembre de 1977, página 2, SADE

Cable 7119 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Troubles in the Junta", 22 de septiembre de 1977, páginas 3 y 4, SADP

Tal como lo confesó en una conversación privada el ministro Harguindeguy a la mujer de Alfredo Bravo. Cable de la embajada de Estados Unidos, "Memorandum ofConversation. The Detention ofAlfredo Bravo", 21 de febrero de1978, SADP Ver también el testimonio de Ricardo Yofre citado en Seoane y Muleiro (2001: 336 y 337).

Al respecto ver Cable de la embajada de Estados Unidos, "Dissappearances and Other Human Rights Matters", 13 de febrero de 1978 y Telegrama de la embajada de Estados Unidos, "Dissappearances ofReleased Prisoners", 6 de abril de 1978, SADP Ver también Avenburg (en prensa).

A principios de diciembre Harguindeguy había confiado al embajador Castro que el Ejecutivo estaba revisando una lista de 675 detenidos que serían liberados para la Navidad de ese año (cable 9282 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Ambassador Discusses Human Rights Issues with Harguindeguy", 7 de diciembre de 1977, SADP). El número final de amnistiados fue de 389, probablemente el nombre de Bravo figuraría en la lista inicial de detenidos que fue posteriormente rechazada.

Es notorio que el Poder Ejecutivo optara por una solución similar en otro caso de gran repercusión. Ante la decisión de la Corte Suprema de ordenar la liberación de Jacobo Timerman, y dado que éste se negaba a utilizar el recurso del derecho de opción por el implícito aval a su detención que significaba, el conocido periodista sería expulsado del país luego de que le fuera retirada su ciudadanía (Mochkofsky 2003).

Cable de la embajada de Estados Unidos, "Memorandum of Conversation. The Detention ofAlfredo Bravo", 21 de febrero de 1978, SADP.

Cable 2682 de la embajada de Estados Unidos, "Status ofAlfredo Bravo Detention", 11 de abril de 1978, SADP.

Departamento de Estado, Breafing Memorandum, "Is the Argentine Navy on the Side of the Angels", 27 de enero de 1978, páginas 1 y 2, SADP

Telegrama 1182 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "US Shift Toward Massera", 15 de febrero de 1978, página 1, SADP

Ibíd., página 4.

⁵³ Telegrama 0766 de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Amb Discusses Human Rights, Right ofOption and Beagle Chanel with Dep Fonmin Allara", 1 de febrero de 1978, SADP.

⁵⁴ Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, memorando de Conversación, "Argentine Reatification ofTreaty ofTlatelolco and U.S. Government Policy Towards Argentine Navy", 17 de marzo de 1978, SADP.

⁵⁵ Departamento de Estado, "Argentina: Human Rights and Bilateral Relations", 17 de mayo de 1978, página 6, SADP⁵⁶ Cable 3965 de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, "Newsom visit to Argentina", 23 de mayo de 1978, SADP.

⁵⁷ Departamento de Estado, memorando del encuentro entre el subsecretario David Newsom y el almirante Emilio Massera, 24 de mayo de 1978, SADP

⁵⁸ Ibíd.

Telegrama 4929 de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "Navy Human Rights Initiatives and Massera Visit to Washington", 27 de agosto de 1978, SADP Consejo de Seguridad Nacional, Pastor a Brzezinski, "Letter from Admiral Massera", 5 de octubre de 1978, SADP.

En relación a la visita de la CIDH y el problema de las condiciones impuestas por la comisión ver Novaro y Avenburg (2009).

 

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