COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Osvaldo Guariglia (comp.), ¿El ocaso de la democracia?, Buenos Aires, Prometeo, 2014, 178 pp.

Este libro reúne seis artículos acerca de los límites y la proyección de las democracias constitucionales modernas y los derechos humanos en el contexto de la globalización y del surgimiento de agentes internacionales paraestatales. Los destacados académicos e investigadores cuyos trabajos componen ¿El ocaso de la democracia? ofrecen no solo un diagnóstico de problemas sino también originales herramientas conceptuales para su solución.
En "La democracia sitiada", Osvaldo Guariglia advierte el riesgo de que los órdenes nacionales democráticos devengan oligarquías como consecuencia del accionar de grupos que acumulan poder y desplazan la deliberación ciudadana a un lugar secundario. Guariglia considera que dicha acumulación es resultado de una serie de medidas internacionales de flexibilización económica y financiera. Ellas, por una parte, han desarticulado el estado de bienestar y sumido a grandes masas de la población en el desempleo y, por la otra, han hecho posible que grandes grupos inversores pongan en jaque gobiernos democráticos. Según el autor, las democracias se encuentran encerradas en lo que el economista Dani Rodrik denominó "el trilema político de la economía mundial". Esto es, ante la hiperglobalización que socava el estado de bienestar, o bien los países sufren el rechazo y las protestas de sus ciudadanos o bien se aíslan como estados nacionales en la forma de democracias populistas conducidas por un líder y un partido hegemónicos. Esto tiene la consecuencia de que los poderes legislativo y judicial se vuelvan fuentes de sustento del partido dominante y que la democracia populista se revele una forma corrupta de oligarquía. Guariglia considera, pese a todo, que una posición moderada que haga compatible la globalización con las políticas democráticas en la forma de una mayor democratización de los espacios deliberativos internacionales es un primer paso necesario para salvaguardar la vigencia de los regímenes democráticos.
A lo largo de "La anomia y la teoría política de la oligarquía" Guariglia retoma el análisis anterior y complementa la noción de "anomia boba" que propuso Carlos Nino como teoría política para la Argentina. El autor sostiene que las crisis económicas debilitan a los sectores bajos y promueven la concentración de la riqueza en pocas manos, de manera que estos fenómenos dan lugar a distintos tipos de oligarquías según la configuración institucional de los países. Mientras que en los Estados Unidos toma forma una "oligarquía civil" que utiliza la democracia para sus propios fines, la Unión Europea se despliega como un superpoder sin control de responsabilidad. A su vez, en los países en vías de desarrollo, como Rusia o la Argentina de la década del noventa, el eventual triunfo de un grupo sobre los demás da lugar a una "oligarquía sultanística". En todos los casos, estos regímenes generan ciudadanos pasivos a la espera de las prebendas que les correspondan según la ideología impuesta por el grupo dominante. Guariglia concluye que el ciudadano anómico de Nino no es producto de un mero pragmatismo individual, sino que es una pieza institucional de los regímenes oligárquicos.
En "Liberalismo político, deliberación pública e igual respeto" Mariano Garreta Leclercq ofrece un argumento original en defensa de la "regla de diálogo racional" que Charles Larmore, a partir del principio de igual respeto, propuso como guía de la deliberación pública en el marco del liberalismo político rawlsiano. De acuerdo a dicha regla, cuando en la deliberación política los interlocutores recurran a creencias controvertidas, deben retroceder a un terreno neutral de creencias compartidas para justificar sus propuestas. El autor señala, sin embargo, que la defensa que Larmore y, en cierta medida, Rawls mismo hacen de ella, con el objeto de evitar comprometer al liberalismo político con posiciones escépticas respecto a la vida buena, depende de un concepto filosóficamente controvertido y objetable de justificación de creencias. El argumento de Garreta Leclercq advierte que la justificación de medidas políticas depende no solo de creencias epistémicamente justificadas y metas compartidas, sino principalmente de actos de aceptación de ciertas creencias. Esto es, la decisión voluntaria de asumir que cierta creencia es infalible o que la posibilidad de que tenga consecuencias dañinas, en caso de error, es nula. En el contexto de una sociedad pluralista, aceptar como infalibles ciertas creencias sobre la buena vida implica proponer medidas políticas que no están justificadas ante los demás y cuyos riesgos, en caso de error, no han aceptado. Esto es, en suma, faltarle el respeto a los demás. Por contraposición, afirma el autor, si el debate político se rige por la "regla de diálogo racional", las decisiones a las que se llegue estarán fundadas en creencias epistémicamente justificadas y los costos de implementación de las mismas habrán sido igualmente asumidos por todos los que participan en él.
En "Responsabilidad, inclusión y gobernanza global: una crítica de la concepción estatista de los derechos humanos" Cristina Lafont argumenta en favor de una concepción "pluralista" de los derechos humanos. De acuerdo a ella, la obligación de respetar los derechos humanos es universal y alcanza a todo agente sin necesidad de sostener, con ello, un gobierno mundial. La autora desafía el supuesto dilema entre una concepción estatista, de acuerdo a la cual los gobiernos nacionales son primariamente responsables de la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, y una concepción globalista que hace a la protección de los derechos humanos de todas las personas responsabilidad de un gobierno mundial de difícil, y tal vez indeseable, implementación. Para ello critica algunos supuestos de la concepción estatista. Específicamente, ataca la adscripción "monista" de la obligación de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos a los distintos gobiernos. Según Lafont, esta reconstrucción de la práctica se vuelve autofrustrante en el escenario global. Allí, distintas organizaciones internacionales, sin responsabilidad por la protección de los derechos humanos, son capaces de tomar medidas que directa o indirectamente interfieran o hagan imposible dicha protección por parte de los estados. La autora propone, en cambio, concebir esa responsabilidad de manera pluralista. Esto es, atribuir la obligación global de no impedir la protección de los derechos humanos a todo agente, mientras que se atribuyen obligaciones especiales de promover los intereses de sus representados a ciertos agentes particulares como podrían ser los representantes de diversos países en foros u organizaciones internacionales, corporaciones transnacionales y demás.
Julio Montero, en "Los derechos humanos dentro y fuera de las fronteras", propone una versión revisada de la concepción estatista de los derechos humanos que hace frente a las críticas de Lafont. Se basa en los siguientes puntos: primero, los derechos humanos resguardan intereses especialmente importantes de las personas, segundo, estos son derechos que las personas tienen frente a todo agente que pretenda ejercer una autoridad política sobre ellas y, tercero, esos derechos generan razones para que otros agentes, especialmente los de la comunidad internacional, emprendan medidas para asegurar que toda autoridad política respete los derechos humanos de su población. Montero procede a mostrar, por una parte, que la concepción estatista es adecuada al desarrollo y la historia de la práctica de los derechos humanos y, por la otra, que es capaz tanto de responder a las objeciones conceptuales esbozadas por Lafont como de presentar sensibles ventajas sobre la concepción pluralista de la filósofa. En este sentido, el autor sostiene que, en la concepción estatista, la comunidad internacional sí tiene responsabilidad por los derechos humanos, si bien esta es secundaria frente a la responsabilidad primaria de los estados. También afirma que al vincular la protección de los derechos humanos con el ejercicio de la autoridad política, la concepción estatista atribuye responsabilidad a los estados cuando estos actúan fuera de su territorio. Finalmente, Montero señala que la concepción estatista es capaz de asignar deberes positivos de promoción de los derechos humanos a la comunidad internacional y las instituciones de gobernanza global manteniendo el lugar distintivo de los derechos humanos frente a otros derechos morales generales.
En el capítulo que cierra este libro, "Desacuerdo moral y estabilidad en el liberalismo igualitario", Facundo García Valverde analiza críticamente la justificación que Martha Nussbaum ofrece de su versión del enfoque de las capacidades enmarcada en el liberalismo político rawlsiano. Para ello, García Valverde reconstruye las premisas clave del liberalismo político y luego examina si la propuesta de Nussbaum se adecúa a él. El autor indica que esta justificación del enfoque de las capacidades parece prescindir de ideas metafísicas y de una concepción de persona controvertidas así como, caritativamente leída, presenta una aplicación puramente política. Sin embargo, adolece de dos problemas fundamentales para cualquier posición liberal política. Por una parte asume su propia lista de capacidades para resolver el problema de las preferencias adaptativas en el contexto de la formación de consenso ante desacuerdos morales. Esto es, cae en una clara petición de principio. Por la otra, se compromete con una posición liberal perfeccionista basada en la autonomía individual y desconoce la concepción liberal política de la legitimidad. Así, al asumir un ideal sobre la buena vida, la propuesta de la filósofa estadounidense es incapaz de asegurar su estabilidad en el marco teórico rawlsiano.
En suma, este volumen resulta imprescindible para cualquiera que quiera adentrarse en las propuestas filosóficas más actuales sobre la democracia y sus problemas fundamentales.

Martín Oliveira
Universidad de Buenos Aires
CONICET